300 turistas diarios y 80 por barco: la Justicia respalda los límites a la masificación en el Parque Nacional de Cabrera

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha respaldado las restricciones de acceso que, durante la pasada legislatura, decretó el Govern balear al transporte turístico de visitantes al Parque Nacional de Cabrera con el objetivo de evitar aglomeraciones y garantizar la conservación de uno de los espacios naturales más frágiles del Mediterráneo.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la Sala desestima el recurso interpuesto por la empresa Excursions a Cabrera S.L., una de las pocas compañías que desde hace décadas operan en la Colònia de Sant Jordi, al suroeste de Mallorca, principal punto de salida hacia el archipiélago de Cabrera. Desde que éste fuese en 1991 declarado Parque Nacional Marítimo-Terrestre, el acceso turístico quedó sujeto a concesiones administrativas muy limitadas, consolidando un pequeño oligopolio de operadores locales en gran medida vinculados a sagas familiares ligadas a la pesca y al transporte marítimo, cuyas embarcaciones podían llegar a transportar a entre 80 y 150 pasajeros por viaje.

Este escenario, sin embargo, cambió en 2020: con motivo de la pandemia, el Ejecutivo de izquierdas presidido entonces por Francina Armengol aprobó una ley que, concebida como un paquete de medidas urgentes para impulsar la actividad económica, incluía una disposición transitoria que regulaba de forma provisional el acceso de visitantes al Parque Nacional de Cabrera en transporte colectivo mientras no se aprobara un nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del archipiélago. El artículo en cuestión sustituía el sistema de concesiones por autorizaciones administrativas anuales, introdujo un sistema de reservas previas para los visitantes y estableció un límite máximo de 80 personas por viaje.

Además, la ley fijó por primera vez un límite máximo diario de visitantes al archipiélago: 300 personas en la isla de Cabrera y 150 en las aguas adyacentes, con el objetivo de ordenar el acceso turístico y evitar aglomeraciones.

En 2021, la Conselleria de Medi Ambient autorizó a Excursions a Cabrera S.L. transportar a visitantes siempre que cumpliera tales restricciones. La empresa, sin embargo, decidió impugnar la resolución: consideraba que estaba sustentada en una regulación autonómica -la de 2020- que, bajo su criterio, alteraba el régimen del parque nacional sin respetar los trámites previstos en la legislación estatal de Parques Nacionales. Por este motivo, la empresa planteó llevar al Tribunal Constitucional las medidas implantadas por el Govern, un extremo que el TSJIB rechaza.

Los magistrados subrayan que la validez de las limitaciones impuestas no depende de esa norma autonómica y señalan que, incluso prescindiendo de lo dispuesto por la ley, las medidas podían adoptarse igualmente en aplicación del Plan Rector del parque, vigente desde 2006, y de las competencias de gestión de la dirección del espacio natural. El tribunal incide en que el propio PRUG establece que la organización de las visitas debe orientarse a mejorar la calidad de la experiencia y evitar aglomeraciones temporales o espaciales, por lo que considera razonable limitar el número de personas por desembarco, escalonar horarios o exigir comunicación previa de las llegadas para permitir al personal del parque organizar la recepción y el control de visitantes.

Una empresa histórica del negocio turístico de Cabrera

Las empresas que organizan excursiones turísticas hacia la pequeña isla conforman un pequeño ecosistema local que, con más de 100.000 visitantes anuales y billetes que pueden oscilar entre los 30 y los 70 euros por trayecto, mueve varios millones de euros cada año. Entre las navieras autorizadas para ello se encuentra Excursions a Cabrera S.L., cuyo origen se remonta a los años sesenta: como explica en su propia web, fue en 1965 cuando Miquel Serra Clar, mecánico de profesión y “gran amante del mar”, heredó junto a su esposa, Miquela Ferrer Salom, un pequeño llaüt llamado 'Largo Tiempo', con el que comenzaron a realizar travesías hacia Cabrera.

Con el auge del turismo, la familia empezó a organizar excursiones con pequeños grupos de familiares y amigos, lo que les llevó a adquirir la golondrina 'Debarivi', una embarcación de mayor tamaño con la que la compañía profesionalizó su actividad, ampliando su flota con el paso de los años y el incremento de turistas.

En 1991, el archipiélago fue declarado Parque Nacional por su extraordinario valor ecológico: el espacio protegido, cuya superficie abarca 90.794 hectáreas -89.478 de ellas correspondientes al medio marino- alberga ecosistemas marinos bien conservados, importantes colonias de aves y algunos de los fondos marinos mejor preservados del Mediterráneo occidental. Con ello, el acceso turístico quedó sujeto a concesiones administrativas muy limitadas, una situación que cambió en 2020 con la implantación de autorizaciones anuales y la regulación provisional de los accesos para evitar aglomeraciones a la espera de la aprobación del nuevo plan rector que regule los usos y actividades del archipiélago de Cabrera.

El PRUG actualmente vigente se remonta a 2006 y su actualización lleva años pendiente. Durante la pasada legislatura se inició la tramitación de un nuevo documento, pero el procedimiento caducó a finales de 2023. El Govern de Marga Prohens ha vuelto a poner en marcha la redacción de un nuevo plan, que, según el Ejecutivo, pretende reforzar la protección del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Cabrera mediante la declaración de casi 60.000 hectáreas como área de máxima protección, lo que la convertiría en la zona más extensa del Mediterráneo occidental amparada por este nivel de preservación.

Según la propuesta presentada, la zona de protección estricta abarcaría gran parte de las aguas incorporadas al parque tras su ampliación en 2019. El objetivo pasa por reforzar la preservación de ecosistemas marinos sensibles, favorecer la recuperación de especies vulnerables y consolidar Cabrera como un referente de conservación en el Mediterráneo. El nuevo PRUG deberá someterse todavía a diferentes fases administrativas -incluida información pública y consultas con organismos científicos y sectores implicados- antes de su aprobación definitiva. Cuando entre en vigor, será el instrumento clave para regular el uso del parque nacional y establecer el grado de protección de cada una de sus áreas.