Horarios de 'check-out', dos lavadoras a la semana y sin “parejas ni amigas” en casa: la odisea de alquilar un piso en Palma
“No menores”, “no mascotas”, “no empadronamiento”, “parejas y amigas, fuera de casa”, “máximo cuatro meses”... Mientras el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una carrera imposible para miles de residentes en Balears, abocados a subsistir en infraviviendas, caravanas, tiendas de campaña y edificios abandonados, los principales portales inmobiliarios acumulan anuncios que reflejan hasta qué punto se ha normalizado la imposición de condiciones abusivas en una de las comunidades más tensionadas del país. Las publicaciones, además, ya no hablan de vecinos, alquiler estable o vivienda habitual: en su lugar proliferan conceptos como “co-living premium”, “community living”, “hotel ambience”, “digital nomads”, “expats” o “remote workers”, evidenciando cómo el archipiélago ha dejado progresivamente de alquilar casas para empezar a comercializar experiencias habitacionales temporales dirigidas a población móvil global y perfiles internacionales de poder adquisitivo medio-alto.
La crisis habitacional está devolviendo formas de vida compartida que parecían propias de otra época: habitaciones minúsculas, baños colectivos y ausencia de espacio privado. Uno de los anuncios localizados en Palma, concretamente en la zona de Marquès de la Fontsanta, condensa buena parte de las nuevas dinámicas del alquiler precario y altamente restrictivo que prolifera en las islas. La habitación, ofertada por 450 euros mensuales en un piso compartido “solo para mujeres”, se presenta como “ideal para azafatas (cero ruido)” y acumula una larga lista de condiciones impuestas a la futura inquilina: “No se hace empadronamiento”, “estancias cortas”, “parejas y amigas, fuera de casa”, “no se comparte el salón” y “dos lavados en semana: uno de blanco, otro de oscuro”. El anuncio exige además contrato laboral “en vigencia”, define el piso como “tranquilo” y pide a las interesadas que envíen “una breve descripción”.
Algunas publicaciones introducen filtrados sexistas como en el caso de una habitación en s'Arenal: la anuncia un particular hombre que apenas unas horas después de darla de alta en Idealista tuvo que modificar el contenido, que inicialmente señalaba que busca una “mujer sola” de entre 26 y 36 años, añadiendo entre exclamaciones “HOMBRES NO”. El propietario explica, además, que el baño es en suite y que la futura inquilina deberá compartirlo con él -“por eso el precio”, señala, planteando el importe, 450 euros, como una compensación por las limitaciones-. Exigía además que la joven “hable español” y sea “seria y amable”. El anunciante prohíbe expresamente traer invitados o mascotas y llega incluso a presentar como una concesión el acceso a espacios básicos de la vivienda como la cocina.
Tras una denuncia particular por discriminación, el propietario reformuló parcialmente el anuncio, eliminando algunas de las referencias más explícitas, como la de “HOMBRES NO” y suavizando el lenguaje con un “preferiblemente chica”. Sin embargo, conserva condiciones como el criterio de edad, el uso compartido del baño y la prohibición de invitados y mantiene como un valor añadido el “derecho a cocina y zonas comunes”.
Algunas publicaciones introducen filtrados sexistas como en el caso de una habitación en s'Arenal: la oferta un particular hombre que apenas unas horas después de darla de alta en Idealista tuvo que modificar el contenido, que señalaba que busca una "mujer sola" de entre 26 y 36 años, añadiendo entre exclamaciones "HOMBRES NO". El propietario señala que el baño es en suite y que la futura inquilina deberá compartirlo con él
En otro anuncio se ofrece una habitación en la calle Josep Darder de Palma por 1.200 euros mensuales, a los que se añaden otros 250 euros al mes por suministros y 90 euros adicionales por la entrega de llaves. El anuncio presenta la vivienda en términos propios de alojamiento temporal o turístico: “La vivienda dispone de un pequeño balcón con mesa y sillas, ideal para relajarse. Los acabados en madera, suelos modernos y detalles decorativos crean un ambiente cálido y agradable”. Las condiciones vuelven a reflejar el creciente nivel de filtrado y segmentación del mercado: la estancia mínima es de dos meses y la máxima de seis; el inquilino debe tener entre 20 y 40 años, no se aceptan mascotas y el empadronamiento queda “a consultar”. El anuncio fija además horarios concretos de “check-in” y “check-out”, reproduciendo dinámicas más propias de apartamentos turísticos u hospedaje temporal que de un alquiler residencial convencional.
Precisamente, un informe elaborado por el Observatori DESCA en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales alerta de que muchas de las prácticas que se están normalizando en el mercado del alquiler pueden considerarse cláusulas abusivas o incluso infracciones en materia de consumo, aseverando que las administraciones tienen herramientas legales para perseguir estas prácticas. El documento señala expresamente como potencialmente abusivas las penalizaciones “desproporcionadamente altas” por retrasarse en abandonar una vivienda, las cláusulas que limitan derechos básicos del inquilino, la imposición de servicios accesorios no solicitados o los obstáculos “onerosos o desproporcionados” para ejercer derechos reconocidos legalmente. El informe también advierte sobre la proliferación de contratos de adhesión donde el consumidor “no ha podido influir sobre su contenido”, especialmente en contextos de fuerte tensión residencial como Balears, donde muchas personas aceptan condiciones cada vez más restrictivas ante la falta de alternativas habitacionales.
El estudio pone además el foco en el papel de las agencias inmobiliarias y empresas intermediarias y menciona expresamente prácticas como el cobro encubierto de gastos de gestión al inquilino mediante supuestos “servicios integrales”, la imposición de prestaciones accesorias no solicitadas o las conductas discriminatorias en el acceso a la vivienda.
El “no empadronamiento” como exclusión
Uno de los aspectos más controvertidos es la normalización de cláusulas como el “no empadronamiento”, muy frecuentes en anuncios de habitaciones y alquiler temporal pese a que el padrón constituye un derecho administrativo ligado a la residencia efectiva y no a la voluntad del propietario. La práctica choca frontalmente con la propia normativa estatal sobre el padrón municipal. La resolución publicada en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local recuerda expresamente que “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”, con independencia de la situación contractual o de los derechos existentes sobre la vivienda.
Uno de los aspectos más controvertidos es la normalización de cláusulas como el "no empadronamiento", muy frecuentes en anuncios de habitaciones y alquiler temporal pese a que el padrón constituye un derecho administrativo ligado a la residencia efectiva y no a la voluntad del propietario
Colectivos sociales, abogados y sindicatos de vivienda alertan de que esta práctica afecta especialmente a población migrante, trabajadores precarizados y personas en situación vulnerable, dificultando el acceso a sanidad, escolarización, ayudas sociales, arraigo o regularización administrativa. Joan Segura, portavoz de SOS Desahucios Mallorca, considera que la proliferación de anuncios donde se prohíbe el empadronamiento responde en gran medida al auge del alquiler temporal y de contratos utilizados de forma fraudulenta para evitar los derechos del alquiler residencial.
En declaraciones a elDiario.es, el activista relata casos recientes atendidos por el colectivo en los que el rechazo al padrón ha derivado en situaciones de presión y coacciones sobre familias vulnerables. Entre ellos menciona el de una mujer embarazada que alquilaba una habitación y cuyo propietario llegó a negar ante el inspector municipal que residiera allí para impedir su inscripción en el padrón.
Segura asevera, además, que el padrón se ha convertido en un elemento clave dentro de los conflictos relacionados con los contratos de temporada. “La mayoría de arrendamientos de temporada son un fraude”, asegura, señalando que muchos alquileres supuestamente temporales encubren en realidad residencias habituales que deberían regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos y reconocer derechos como la estabilidad contractual o el empadronamiento. A su juicio, impedir que el inquilino se empadrone dificulta posteriormente que pueda acreditar judicialmente que reside de forma permanente en la vivienda.
La mayoría de arrendamientos de temporada son un fraude
Contratos temporales y penalizaciones
Por su parte, el abogado Eduard Vila señala a este periódico que muchos propietarios alquilan viviendas “para todo el año” bajo fórmulas temporales y tratan de impedir que el inquilino se empadrone para dificultar posteriormente que pueda acreditar que reside allí de forma habitual. Según Vila, el padrón se ha convertido en una prueba clave en los conflictos judiciales vinculados al alquiler flexible y los falsos contratos de temporada. “La no prohibición del empadronamiento viene por aquí porque es una prueba muy importante para luego desahuciar a esa persona”, afirma.
La propia normativa estatal deja claro, además, que los ayuntamientos “no [tienen] ninguna competencia para juzgar cuestiones de propiedad, de arrendamientos urbanos o, en general, de naturaleza jurídico-privada” y contempla incluso el empadronamiento de personas en situaciones precarias, infraviviendas o sin contrato formal si puede acreditarse la residencia efectiva. Diversas sentencias y estudios jurídicos consultados por este periódico alertan asimismo de la proliferación de cláusulas penales en contratos de alquiler temporal que imponen indemnizaciones diarias al inquilino si no abandona la vivienda al finalizar el contrato. Un informe sobre cláusulas abusivas elaborado por organismos de consumo recoge resoluciones judiciales que llegaron a analizar penalizaciones equivalentes “al triple de la renta diaria por día de retraso” y otras indemnizaciones superiores al precio ordinario del alquiler.
Vila advierte de que algunos propietarios utilizan este tipo de cláusulas para presionar a los inquilinos. “Muchos propietarios enchufan un contrato de temporada por contrato de año y luego reclaman la penalización como si fuera contrato de temporada”, denuncia. Según explica, algunos contratos llegan a establecer sanciones de hasta 75 euros diarios si el arrendatario no abandona la vivienda al finalizar el periodo pactado, lo que puede traducirse en reclamaciones de decenas de miles de euros. “Te dicen que tienen derecho a reclamarte 20.000 euros para meterte el miedo en el cuerpo”, resume.
Muchos propietarios enchufan un contrato de temporada por contrato de año y luego reclaman la penalización como si fuera contrato de temporada con penalizaciones de hasta 75 euros diarios
El auge del “coliving” y el alquiler flexible
El fenómeno coincide, además, con la expansión del “coliving”, el alquiler corporativo y nuevas fórmulas de alojamiento flexible orientadas principalmente a trabajadores remotos, perfiles internacionales y población temporal de alto poder adquisitivo. Detrás de este negocio emergen particulares, empresas y entramados societarios cada vez más profesionalizados. Entre ellos figura SOMOS Coliving, que comercializa Palma como destino para “digital nomads” y “remote workers” y oferta habitaciones desde 1.300 euros mensuales -hasta 2.400 euros en verano- en un edificio con coworking, limpieza, internet, terrazas y zonas comunes compartidas, previo proceso de selección mediante videollamadas de quince minutos para determinar si el residente “encaja” dentro de la comunidad.
“Aquí no solo compartes un edificio, sino una forma de vivir. Un lugar donde puedes socializar cuando quieras y encontrar tu rincón de calma cuando lo necesites”, puede leerse en la propia web de la empresa. La sociedad, sin embargo, no nació originalmente vinculada al “coliving”, sino como promotora inmobiliaria bajo el nombre de Obras Son Forteza SL antes de reconvertirse, en plena emergencia habitacional, al negocio del alojamiento flexible. Sus administradores solidarios son Leonor Oliver Vicens y Miguel Zourab Oliver Vicens, vinculados además a múltiples sociedades inmobiliarias y patrimoniales relacionadas con promoción, arrendamiento y explotación de activos residenciales en Mallorca, como Xebros SL, Holding Alberto 2021 SL, Son Espanyolet Gardens SL o Brastone Invest SL. elDiario.es se ha puesto en contacto con SOMOS Coliving para conocer su visión sobre el impacto del “coliving” en la transformación del mercado residencial de Palma, pero no ha obtenido respuesta.
Detrás de este negocio emergen particulares, empresas y entramados societarios cada vez más profesionalizados. Entre ellos figura SOMOS Coliving, que comercializa Palma como destino para 'digital nomads' y 'remote workers' y oferta habitaciones desde 1.300 euros mensuales y hasta 2.400 euros en verano
Redes empresariales y rentabilidad por habitación
Otro ejemplo es Almado Immoinvest, una firma inmobiliaria radicada en Palma y constituida en 2018 cuyo objeto social incluye arrendamiento de inmuebles, gestión inmobiliaria y alojamiento turístico. La empresa se presenta como una “small international living & working community in Palma” (“pequeña comunidad internacional para vivir y trabajar en Palma”) y comercializa habitaciones bajo fórmulas de alquiler flexible y alojamiento temporal orientadas a perfiles internacionales y trabajadores desplazados. En algunos de sus anuncios aparecen pisos compartidos entre hasta siete personas, alquileres temporales estructurados casi como productos turísticos y restricciones explícitas como “parejas sin menores”.
Detrás de Almado Immoinvest SL aparece además una red empresarial vinculada al negocio inmobiliario, el arrendamiento y el alojamiento flexible en Palma. La sociedad tiene como administradores solidarios a Antoine Werner Beinhoff e Ines Melina Hoerner y como apoderada a Sarah Persephonie Kotsobolos. Los mismos responsables figuran vinculados a otras mercantiles prácticamente idénticas, como Calmado Immoinvest SL, registrada en la misma dirección de Palma y dedicada igualmente al “arrendamiento de toda clase de bienes inmuebles”, la promoción inmobiliaria y el “establecimiento de alojamiento turístico”. Registros empresariales internacionales sitúan además a Beinhoff conectado a sociedades patrimoniales e inmobiliarias fuera de España, especialmente en el ámbito germano-suizo. Tampoco Almado ha respondido a las preguntas formuladas por este periódico.
Otro ejemplo es Almado Immoinvest, que se presenta como una 'pequeña comunidad internacional para vivir y trabajar en Palma' y comercializa habitaciones con restricciones explícitas como 'parejas sin menores'
En otro anuncio difundido por otra empresa puede leerse: “¿Buscas una habitación moderna, luminosa y con todas las comodidades en pleno centro de la ciudad? ¡Este coliving recién reformado es justo lo que necesitas!”. El anuncio ofrece habitaciones individuales “desde 625 euros al mes” y habitaciones dobles “con baño privado en suite” por 825 euros mensuales, dirigidas específicamente a “jóvenes profesionales”, “trabajadores en remoto” y “nómadas digitales”, con contratos flexibles “desde 1 mes hasta un máximo de 11 meses” y prohibición expresa de mascotas.
Vivienda fragmentada, máxima rentabilidad
El negocio detrás de estos modelos resulta especialmente lucrativo. Un piso que en alquiler residencial convencional podría arrendarse por 1.500 euros mensuales puede acabar generando más de 4.000 euros si se divide en seis o siete habitaciones alquiladas individualmente. Cuanto más se fragmenta la vivienda, mayor es la rentabilidad potencial. En paralelo, proliferan en redes sociales y páginas especializadas comunidades dirigidas específicamente a teletrabajadores internacionales, “digital nomads” y población temporal desplazada a Balears.
Una de las páginas que mejor ejemplifica este fenómeno es Casa Aire Mallorca, que se presenta como un espacio de “coliving” orientado a perfiles internacionales y temporales. El lenguaje utilizado refleja perfectamente la transformación del mercado residencial en Palma: ya no se habla de vecinos, hogares o alquiler estable, sino de “experiencias”, “comunidad”, “flexibilidad” y estilos de vida compartidos vinculados al trabajo remoto y la movilidad global.
Un piso que en alquiler residencial convencional podría arrendarse por 1.500 euros mensuales puede acabar generando más de 4.000 euros si se divide en seis o siete habitaciones alquiladas individualmente
Los datos reflejan la magnitud de la crisis habitacional que atraviesa Palma y el conjunto de Balears. Según el Barómetro del Observatorio del Alquiler, las Islas registran el precio medio del alquiler más elevado de toda España, con 1.676 euros mensuales, por delante incluso de Barcelona y Madrid. A ello se suma una presión de demanda extrema: 147 personas interesadas por cada vivienda disponible en apenas diez días, una cifra que multiplica por casi diez el umbral que los expertos consideran compatible con un mercado equilibrado. En este contexto, el auge del “coliving”, el alquiler flexible y la fragmentación extrema de viviendas refleja una transformación mucho más profunda: la vivienda deja progresivamente de concebirse como un hogar estable para convertirse en alojamiento temporal, activo financiero y negocio de máxima rentabilidad habitación por habitación.
Las dificultades para acceder a una vivienda digna en Balears han llevado a miles de personas, entre ellas familias con menores, personas mayores, migrantes e incluso trabajadores excluidos del mercado inmobiliario, a buscar alternativas para poder sobrevivir. Vivir en una autocaravana es un fenómeno cada vez más extendido en el archipiélago, mientras en el aeropuerto de Palma, por ejemplo, se cifraba el año pasado en unas cuarenta el número de personas que pasan la noche a diario en el aeropuerto de Palma, de acuerdo a un recuento realizado en por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). Otros isleños se han visto expulsados de las islas y reemplazados por extranjeros de elevado poder adquisitivo -procedentes sobre todo de Alemania y del norte de Europa- mientras grandes grupos inversores -suecos, franceses y alemanes, principalmente- se expanden por ciudades y pueblos en busca de edificios de los que extraer el máximo rendimiento.
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