Los pactos de PP y Vox torpedean el impuesto de sucesiones, un arma contra la desigualdad de 3.200 millones al año

La derecha ha fijado en su agenda política de los últimos años la batalla fiscal. Y no cualquiera. Principalmente, contra los impuestos que gravan la riqueza. Los acuerdos cerrados durante los últimos dos meses entre PP y Vox confirman esta deriva y ponen trabas al futuro del impuesto sobre sucesiones en España. Las alianzas selladas en Extremadura, Aragón, Balears y la Comunitat Valenciana incluyen la eliminación de este tributo como centro de su política fiscal para la próxima legislatura o, al menos, limitar al máximo quiénes lo pagan. En Murcia, donde el PP hizo este viernes una oferta a Vox para gobernar juntos, el tributo ya está bonificado al 99% desde 2022. Esta batalla política contra el impuesto que grava las herencias contrasta con la defensa que hacen organismos internacionales como la OCDE.

El impuesto de sucesiones da a las comunidades más de 3.200 millones de euros anuales. Es un tributo estatal, pero que está cedido a las autonomías, quienes tienen capacidad de regularlo. Durante años, la derecha ha hecho batalla en las regiones que gobernaba en favor de su rebaja, como en Madrid, Andalucía o Castilla y León. Ahora se unen más nombres a esta lista tras un 28M que tiñó de azul el mapa, gracias en buena parte al apoyo de la extrema derecha.

PP y Vox han sellado acuerdos ya sea de gobernabilidad o de coalición en Extremadura, Comunitat Valenciana, Aragón y Balears. En todos estos documentos, los firmantes han incluido la eliminación prácticamente total del impuesto para las herencias entre padres e hijos o entre cónyuges. Además, lo rebajan para los parentescos más lejanos.

En realidad, sucesiones es un impuesto que ya está plagado de beneficios fiscales. Herramientas tributarias por las que se rebaja la factura final al contribuyente por diversos motivos. De hecho, en una mayoría de territorios se 'perdona' más dinero mediante estos beneficios del que se recauda efectivamente. Salvo en dos: Extremadura y Balears. Es decir, es un impuesto muy limitado.

Ahora, los nuevos gobiernos de la derecha en estas comunidades amplían la batalla, con el objetivo de reducir al máximo su recaudación. Es un impuesto que ha estado en el programa político de PP, Vox y Ciudadanos durante los últimos años, que han llegado a tildarlo de “confiscatorio”. Además, se ha divulgado el bulo de que este impuesto provoca que la gente tenga que renunciar a sus herencias. Los expertos y los datos certifican que no es cierto.

Ahora, PP y Vox lo posicionan entre las prioridades de sus distintos Gobiernos. En Extremadura y Balears, de hecho, lo situaban como una medida para cumplir “en los primeros 100 días” del Ejecutivo. Sin ir más lejos, en la comunidad que ahora preside Marga Prohens ya se ha aprobado la puesta en marcha de esta rebaja fiscal, que mermará 60 millones la recaudación y beneficiará a las rentas más altas. En las cuatro comunidades PP y Vox han pactado “eliminar” el impuesto de sucesiones mediante la bonificación del 100% a la mayoría de los contribuyentes.

La política de los partidos de la derecha española contrasta con el posicionamiento de organismos internacionales como la OCDE, que han defendido su uso. En un informe en 2021, la organización se posicionó a favor del impuesto de sucesiones, al considerarlo una herramienta para “abordar la desigualdad”. “Los impuestos a la herencia, en particular aquellos que tienen como objetivo niveles relativamente altos de transferencias de riqueza, pueden reducir la concentración de la riqueza y mejorar la igualdad de oportunidades”, aseguraba.

El informe daba algunos datos estadísticos para refrendar su propuesta de gravar más las herencias. Por ejemplo, en España, una persona que está entre el 20% más rico del país tiene un 54% de posibilidades de recibir una herencia. Si está entre el 20% más pobre, la probabilidad cae hasta el 13%. Además, la herencia media de los que están en ese primer grupo, más privilegiado, es hasta 60 veces más alta que la de alguien que está en el segundo grupo.

El Govern balear, sin embargo, ha defendido que su rebaja de impuestos “beneficia a todos”. El acuerdo con Vox, que no forma parte del Gobierno pero sí es pieza clave en la gobernabilidad, ya incluía el objetivo de “convertir a las Islas Baleares en la comunidad con la carga más baja de España en este impuesto”.

En el fetiche de la derecha contra los impuestos que gravan la riqueza, el tributo de sucesiones siempre va acompañado del de Patrimonio. Esta figura grava las propiedades de las grandes fortunas, aquellas que, descontando deudas y su primera vivienda, tienen más de 700.000 euros, aunque en algunos territorios el mínimo es más bajo. Los acuerdos firmados entre PP y Vox durante las últimas semanas también ponen en entredicho su futuro.

Sin embargo, en este caso es más complicado. Al igual que con sucesiones, las comunidades tienen capacidad para implementar las bonificaciones que consideren. Madrid históricamente no lo ha cobrado y Andalucía se ha unido recientemente. Sin embargo, ante esta carrera a la baja, el Gobierno aprobó el año pasado y con vigencia para este ejercicio y el próximo el impuesto a las grandes fortunas. Se trata de un tributo estatal que, en la práctica, se pagará en las comunidades que no cobran patrimonio. De ese modo, quienes tienen más de tres millones van a pagar sí o sí el impuesto y no lo recaudará la comunidad, sino el Gobierno central.

Por ello, aunque en los cuatro acuerdos sellados entre PP y Vox para el Gobierno de comunidades autónomas incluyen su eliminación, algunos guardan matices. Por ejemplo, en Balears acordaron su reducción “progresiva”, aunque “supeditado a la derogación del Impuesto estatal de solidaridad de las grandes fortunas aprobado por el Estado”. O en Aragón abogan por reducirlo “en tanto no se produzca la derogación del impuesto”. Aquí, por tanto, los matices son más importantes que en la batalla contra sucesiones.

A la estela de Madrid

Balears, Extremadura, Aragón y la Comunitat Valenciana se unen así a la batalla fiscal que ha encabezado durante los últimos años la Comunidad de Madrid, especialmente con Isabel Díaz Ayuso al frente. Hubo presidentes autonómicos que llegaron a hablar de “dumping fiscal” por parte de Madrid. Aquel presidente, Ximo Puig, ya no está, y su sucesor, Carlos Mazón, apuesta por seguir la estela de otras comunidades gobernadas por el PP. Hay que tener en cuenta también a La Rioja o Cantabria, que no tienen pactos con Vox pero donde el PP también prometió en campaña rebajar este impuesto.

Esta batalla entre comunidades por ver quién tiene los impuestos más bajos coincide con la reapertura del debate de la financiación autonómica. Algunos de estos territorios reclaman un mejor reparto de los ingresos del Estado al tiempo que recortan en los impuestos que tienen cedidos. Mientras, la izquierda ha abogado en los últimos años por la armonización, buscando la implantación de mínimos estatales que evitaran que estos impuestos quedaran vaciados. Así lo ha vuelto a defender esta semana el consejero de Hacienda de Asturias, uno de los últimos gobiernos autonómicos en manos del PSOE. Guillermo Peláez abogó por “abrir el melón” de la armonización fiscal.

El año pasado un comité de expertos presentó a Hacienda su propuesta de reforma fiscal, que ha quedado guardada tras la guerra de Ucrania, aunque los dos partidos el Gobierno de coalición —ahora en funciones— abogan por recuperarla. En aquel documento, se abordaban los problemas de los impuestos de sucesiones y patrimonio. “La descentralización completa de la fiscalidad patrimonial personal puede provocar su reducción a la mínima expresión y, en el caso más extremo, su total desaparición, como con secuencia de la competencia fiscal entre territorios”, apuntó el comité, señalando la posible implementación de un mínimo en todo el país.

Esta armonización que proponían los expertos y que defienden los partidos de izquierda es uno de los puntos que deberían abordarse en una reforma de la financiación autonómica. Un frente añadido y complejo para este objetivo junto a qué hacer con la deuda de las comunidades o cómo repartir los ingresos de la recaudación del Estado.