El drama de los migrantes a quienes un policía local alquila trasteros para 'vivir': “Un día ocurrirá una desgracia”

La lluvia empapa la ropa tendida en el patio mientras, en las desvencijadas habitaciones, las goteras atraviesan el techo, humedeciendo los enseres que se acumulan unos sobre otros. No hay luz ni ventilación y cada habitáculo –algunos de ellos subterráneos– tiene poco más de diez metros cuadrados. Así sobreviven casi 70 familias migrantes en Palma víctimas del policía local detenido el pasado mes de noviembre por explotar, desde hacía al menos dos años, trasteros y locales comerciales sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad para, de forma fraudulenta, alquilarlos como infraviviendas a personas vulnerables a quienes cobraba ilícitamente entre 300 y 750 euros al mes. El funcionario está acusado de aprovecharse de la desesperación de estos inquilinos para embolsarse también unos 150 euros por su empadronamiento.

Ahora, los afectados buscan una solución a la emergencia habitacional en la que se encuentran. “Estamos luchando por un hogar digno. Hemos tocado todas las puertas y hemos levantado la voz por todas partes, pero de momento nadie nos ha atendido”, lamenta José Solano, uno de los perjudicados. En declaraciones a elDiario.es, recrimina que “se habla del policía local, de la multa que le han impuesto [el Govern balear le ha sancionado con el pago de 2.040.068 euros], pero de nosotros, que somos los afectados, no se acuerda nadie”. Como muestra de la grave situación en la que se hallan, asegura que “hay techos que están casi cayéndose. Un día ocurrirá una desgracia”.

Tras denunciar su problemática, la Policía Nacional y la Policía Local de Palma comenzaron a investigar los hechos. Una vez en el interior de las infraviviendas, ubicadas en la zona de Gomila así como en las proximidades de la calle Manuel Azaña, Foners, Lluís Sitjar y sa Indioteria, los agentes comprobaron que muchas de ellas carecían de iluminación y ventilación alguna, siendo el espacio de 'vivienda' de entre ocho y 15 metros cuadrados en los que se ubicaba un WC, una ducha, un hornillo y un frigorífico. En algunos de los trasteros también se encontró alguna bombona de gas con el consecuente riesgo para la vida en caso de escape.

El policía municipal tenía instalado, además, un dispositivo para el control del consumo de electricidad de los habitáculos, lo que le permitía manipular las facturas de la luz para que los 'inquilinos' pagaran más de lo consumido. De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo, el agente, una vez finalizaba su jornada laboral en comisaría, se encargaba de la gestión de los inmuebles. Aún hoy, el funcionario, según señalan los afectados, continúa “rondando por la zona” para cobrarles.

“Hay ancianos y niños viviendo en estas condiciones”

“Es una situación horrible. Un pandemonio. Y lo peor es que hay ancianos y niños viviendo en estas condiciones”, explica Solano mientras enseña las habitaciones en las que se hacinan. En cada una de ellas, las pertenencias se encuentran apiladas y apenas un camastro les sirve para el descanso. No hay ventanas y un patio común les permite colgar la ropa en los tendederos y poder vislumbrar la luz del día. El afectado, de origen dominicano, lleva 26 años residiendo en Palma y asegura que nunca se había encontrado con una situación parecida. Un anuncio publicado en el periódico fue la vía que, como al resto de víctimas, le puso en contacto con el policía ahora investigado, quien –añade– durante años se mostró “impune” en la zona.

Solano, quien preside además la Asociación de Dominicanos de Mallorca, asegura incluso que se vio abocado a denunciarle por un delito de odio: “Comenzó a atacarnos a los dominicanos, como una especie de persecución. Y somos personas a las que hay que respetar al igual que a todos los que hemos venido aquí para convivir, no importa de qué nacionalidad seamos. Yo ya soy un mallorquín más”, relata.

Por su parte, Jesús, otro de los afectados, cuenta que acabó en una de las infraviviendas ya que “era lo único que entonces había factible para alquilar”. Lleva dos años y medio entre las destartaladas paredes de los habitáculos alquilados por el policía detenido. Como los demás, se encuentran a la espera de que el Govern balear les dé una solución. “Lo único que queremos es vivir con un poco de dignidad, por lo menos”, explica Jesús, quien señala que padece depresión a raíz de lo sucedido y que trata de “vivir el día a día”.

Reuniones con los servicios sociales

Desde la Conselleria de Vivienda, Movilidad y Territorio aseguran a elDiario.es que están en contacto permanente con los servicios sociales para analizar las alternativas que se les pueden ofrecer. Según señalan, ya se han llevado a cabo reuniones y se ha contactado también con el Ajuntament de Palma y con el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) para abordar la problemática. “Estamos a la espera de ver cómo se resuelve un tema tan complejo como este”, inciden.

En el Parlament balear, el PSIB-PSOE interpeló el pasado mes de marzo a la consellera de Vivienda, Marta Vidal, para conocer cuáles son los pasos que se han dado hasta el momento. Varios de los afectados se encontraban en el hemiciclo. “La consellera fue muy clara”, señalan las mismas fuentes: “Estuvo hablando con ellos y les dijo que se clausurarían los habitáculos en los que viven, pero antes de eso hay que esperar que se articule una solución alternativa”.

Por su parte, José Solano confirma que Vidal se comprometió a ofrecerles una solución: “Se nos acercó y nos dijo que sí, que iba a buscar una solución rápida para los afectados, pero todavía estamos esperando. Nos llamaron de la Conselleria, pero cancelaron la cita, o nos dicen que tienen que ponerse de acuerdo con el Ayuntamiento, con la asistenta social...”. “El juicio mediático se le está haciendo al policía, pero nosotros somos las víctimas, no él, que nos ha engañado y ha defraudado también al Estado, porque ¿dónde se va ese dinero que cobra de la renta?”, abunda.

El “salvaje drama” de la vivienda y la especulación

“Todo el mundo sabe que, desgraciadamente, el problema de la vivienda en Balears es dramático. Y cada día se va poniendo más difícil”, incide el afectado. Desde hace años, Balears acusa con dureza los efectos de la especulación inmobiliaria, la voracidad de los fondos de inversión, la polarización económica y la turistización: el archipiélago es la comunidad autónoma que registra los mayores encarecimientos de los precios en la compraventa de inmuebles y donde más años de salario se requieren para poder afrontar la adquisición de un hogar. No sólo eso. Se trata, además, de la autonomía con mayor peso de compra por parte de extranjeros –principalmente alemanes y británicos–, con un 38,95% del total de operaciones inmobiliarias –sobre todo, viviendas unifamiliares en primera línea cuyos precios superan con holgura el millón de euros–, de acuerdo a los datos de la Estadística Registral Inmobiliaria.

Respecto al alquiler, Balears cerró 2023 con los precios más elevados –con un incremento del 17,1% respecto al año anterior–, de acuerdo a los datos de pisos.com. “Las altas mensualidades del alquiler no solo siguen dilatando los planes de emancipación de muchos jóvenes, sino que también suponen un varapalo para muchos inquilinos que, aun teniendo un buen sueldo, no encuentran una vivienda que se ajuste a su presupuesto”, señalaba el mismo portal. En el archipiélago, según un informe del Observatorio de Emancipación de las Islas publicado el pasado mes de marzo, los jóvenes tuvieron que dedicar el 108,1% de su salario al alquiler de vivienda durante el segundo semestre de 2022. Unas cifras que han retrasado la emancipación hasta la franja de entre los 30 y los 34 años.

En el caso de los inquilinos de las infraviviendas, el secretario de Derechos Sociales y Migraciones del PSIB–PSOE, Omar Lamin, recrimina que el policía local “se aprovechase de la parte más débil de la sociedad” al alquilar los habitáculos a personas trabajadoras, migrantes y vulnerables. En su opinión, lo sucedido es, sin embargo, “la punta del iceberg” de la problemática que azota a Balears en materia de vivienda y “la máxima expresión del salvaje drama de la especulación”. “Se han juntado muchísimos elementos”, subraya en declaraciones a este medio.

Lamin recuerda cómo en otros lugares, como en el caso de Eivissa, los precios inflados del alquiler y la compra han empujado a residentes y trabajadores de temporada a vivir en caravanas. También en varias zonas del extrarradio de Palma numerosas personas se han visto obligadas a vivir en vehículos de este tipo así como en furgonetas con aislantes en las ventanas. Los grupos de la oposición en las islas han reclamado en reiteradas ocasiones que Balears sea declarada zona tensionada para limitar los precios de los alquileres. Sobre ello, el Consell Consultiu avaló el pasado mes de septiembre el artículo de la Ley de Vivienda estatal relativo a la declaración de zonas tensionadas, constatando que no vulnera la Constitución y contradiciendo así la postura del Govern del PP, que apelaba a la ilegitimidad de la normativa al alegar que invade competencias autonómicas en este sentido.

La situación de la vivienda en el archipiélago balear está expulsando a la población local, que en ocasiones se ve obligada a abandonar las islas. El problema es transversal: afecta a trabajadores de todo tipo, desde profesionales del sector servicios hasta a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pasando por profesores o sanitarios, aunque golpea especialmente a las capas más vulnerables de la población, como los migrantes. La ausencia de políticas públicas eficaces para resolver la problemática –o el nulo interés en implementar los mecanismos legales existentes– ha agravado un problema para el que los ciudadanos intentan buscar soluciones individualmente, como la proliferación de las autocaravanas como alternativa habitacional.

Desahuciado uno de los inquilinos

En este sentido, el diputado socialista recrimina la falta de inversión política en esta materia y apela a la necesidad de seguir apostando por la vivienda de protección oficial. Asimismo, asevera que el actual Govern del PP –aupado al poder por Vox– ha podido imponerle la sanción de dos millones de euros al policía local detenido “al amparo de la Ley socialista de Vivienda”: “Si fuera por ellos, habrían permitido esta situación y habrían evidentemente actuado con absoluta impunidad”, abunda. El grupo municipal del PP en el Ajuntament de Palma, sin embargo, afea al PSOE que éste haga un “uso partidista” de la problemática de estos inquilinos “en lugar de buscar una solución dialogada”.

Desde la formación popular señalan que las regidoras de Servicios Sociales y Gobierno Interior, Lourdes Roca y Mercedes Celeste, respectivamente, se han reunido con los afectados para abordar su situación. El jueves de la semana pasada, uno de los perjudicados fue desahuciado por una comisión judicial. Tal como explican los conservadores, se le ha puesto en contacto con el servicio municipal de acogida de urgencia para ofrecerle una solución inmediata a su situación. En cuanto al resto de afectados, se les citó el pasado viernes en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) con el objetivo de analizar cada caso y facilitarles una alternativa a través del catálogo de servicios que ofrece el área de Servicios Sociales del Consistorio.

“Promesas, promesas”, tercia, sin embargo, José Solano: “Estamos esperando que la encargada de Servicios Sociales nos llame, pero no lo ha hecho”. Con todo, asegura que “seguirán luchando”. Cuentan con el apoyo de varias entidades, como Les Balears Acollim y otras englobadas en la Plataforma de la Inmigración Balears. Solano asegura que no descartan otras vías de protesta como la convocatoria de futuras manifestaciones. “Lo único que queremos es un hogar digno”, sentencia.