El Gobierno se opone a la ley con la que Balears quiere ganar voz sobre sus aeropuertos

El Gobierno central ha expresado su rechazo a tramitar en el Conreso la ley balear de cogestión aeroportuaria aprobada por el Parlament autonómico al considerar que la asunción del control de los aeropuertos por parte de las islas podría provocar una reducción de los ingresos de Aena que tendría que ser compensada con financiación de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible.

Así consta en el escrito registrado en la Cámara Baja por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Institucionales, difundido este viernes por Més per Mallorca, en el que el Ejecutivo central argumenta que la norma podría tener un “efecto directo” sobre las tarifas aeroportuarias y el tráfico aéreo, con una repercusión económica “muy significativa” en la cuenta de resultados de Aena y, por tanto, en los dividendos.

La cogestión aeroportuaria es una demanda histórica en las islas que busca que la comunidad autónoma pueda participar en la toma de decisiones sobre unas infraestructuras que resultan estratégicas para un territorio dependiente del turismo y ampliamente condicionado por la insularidad. La reclamación se ha intensificado en los últimos años en paralelo al creciente debate sobre la saturación turística y la necesidad de limitar la llegada de pasajeros a las islas.

Sin embargo, frente a los argumentos esgrimidos por Balears, el Gobierno calcula que, si en 2026 los aeropuertos del archipiéago mantienen los 47,2 millones de pasajeros de 2025 en lugar de alcanzar los 49 millones previstos, los ingresos de Aena se reducirían en 32,5 millones de euros. Además, estima que mantener la tarifa aeroportuaria media de 2025 en lugar de aplicar la aprobada para 2026 supondría dejar de ingresar otros 32,9 millones.

Con estos mimbres, el Gobierno sostiene que la aprobación de la ley “es susceptible” de producir una disminución de ingresos que debería compensarse mediante una transferencia de capital de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, lo que supondría un aumento de los créditos de los Presupuestos Generales del Estado.

“Un veto aberrante”

Més per Mallorca ha reaccionado con dureza al escrito y lo ha calificado de “veto aberrante” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. La formación ecosoberanista, en declaraciones recogidas por Europa Press, considera que el Ejecutivo está utilizando un supuesto impacto presupuestario para impedir que el Congreso pueda siquiera debatir una iniciativa destinada a dar a Balears capacidad de decisión sobre la gestión de sus aeropuertos.

“Pedro Sánchez no solo dice que no a la cogestión: pretende impedir que se pueda debatir. Es un veto aberrante contra el autogobierno de Balears”, ha denunciado el coordinador de Més, Lluís Apesteguia.

Los ecosoberanistas cuestionan además que el veto pueda justificarse sobre la base de consecuencias futuras e hipotéticas, como una eventual reducción de los ingresos por tasas aeroportuarias o del valor de las acciones de Aena. El diputado de Sumar Més, Vicenç Vidal, ha acusado a Hacienda y a Aena de “inventarse un perjuicio económico para justificar una decisión política”.

Vidal ha defendido que permitir a las instituciones de Balears participar en las decisiones sobre el techo de vuelos no implica necesariamente reducir el número de operaciones. “La ley decide quién debe tener voz, no qué decisión se debe tomar”, ha argumentado.

El Govern defiende la cogestión para limitar el crecimiento

Por su parte, el Govern balear también ha defendido la ley aprobada por el Parlament, aunque su portavoz adjunta, Antònia Maria Estarellas, ha evitado valorar en profundidad el escrito del Gobierno central al asegurar que el Ejecutivo autonómico todavía no conoce su contenido con detalle. Estarellas ha insistido, no obstante, en que el Govern considera la cogestión aeroportuaria una herramienta necesaria para “poner límites al crecimiento de Aena” y alinear la gestión aeroportuaria con las políticas de contención que defiende el Ejecutivo autonómico.

“Es bien conocido que defendemos esta ley, esta cogestión, por la importancia de Aena en nuestra estrategia de contención de lo que es el crecimiento”, ha señalado. La portavoz ha confiado además en que las posibles discrepancias no se reduzcan únicamente a una cuestión económica: “No todo sea caja y que las trabas no sean en términos de tener más o menos recursos”.

La decisión sobre si la proposición de ley podrá iniciar finalmente su tramitación parlamentaria está ahora en manos de la Mesa del Congreso, que abordará el asunto el próximo martes. Los dos representantes de Sumar tienen previsto votar a favor de permitir su tramitación, por lo que el desenlace dependerá de los cuatro miembros del PP y de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol.

Més ha situado precisamente a Armengol en el centro de la decisión. “Deberá decidir si defiende el derecho de Balears a debatir sobre sus aeropuertos o si se pone del lado de Aena y del Ministerio de Hacienda”, ha advertido Apesteguia. Vidal ha recalcado que su formación no reclama al PSOE ni al PP que apoyen la ley, sino simplemente que permitan que sea debatida.

La votación pondrá además a prueba los compromisos que el PP balear aseguró haber alcanzado con la dirección nacional del partido. Antes de que el Parlament aprobara la norma, a finales de abril, la presidenta del Govern, Marga Prohens, había hablado con Alberto Núñez Feijóo para pedirle el respaldo del grupo parlamentario popular cuando la iniciativa llegara al Congreso. El portavoz del Govern, Antoni Costa, aseguró entonces que la propuesta contaba con el aval de Génova. El PSIB, en cambio, ha sostenido reiteradamente que el PP no terminaría respaldando la ley en Madrid.