Política de tierra quemada

José María Aznar fue oficialmente presidente del PP a partir de marzo de 1990, cuando se celebró en Sevilla el congreso de refundación de Alianza Popular como Partido Popular. Pero oficiosamente lo era ya desde enero de 1989, ya que en el IX Congreso del PP –celebrado en enero de ese año tras la renuncia de Hernández Mancha y el retorno provisional de Manuel Fraga al liderazgo del partido para pilotar la refundación del mismo, que asume la denominación de Partido Popular–, José María Aznar fue elegido vicepresidente; y, tras los malos resultados del partido en las elecciones europeas de mayo, fue designado candidato a la presidencia del Gobierno para las elecciones generales del 29 de octubre de 1989.

A partir de este momento el PP ha aceptado los resultados de las elecciones a beneficio de inventario, es decir, los ha aceptado sin reservas cuando las gana, pero no cuando las pierde. Mucho antes de que Donald Trump actuara de esta manera, ya lo había hecho José María Aznar.

Lo hizo en las elecciones de 1989, en las que el PP impugnó el resultado electoral en las elecciones de Murcia, Pontevedra, Melilla y Barcelona. Las Audiencias Provinciales de Murcia, Pontevedra y Málaga (Melilla) anularon los resultados electorales. La de Barcelona, no.

Las sentencias de las Audiencias de Murcia y Pontevedra fueron anuladas por el Tribunal Constitucional que estimó el recurso de amparo interpuesta contra las mismas. No ocurrió lo mismo con la sentencia que anulaba el resultado de Melilla, circunscripción en la que se tuvieron que repetir las elecciones.

La investidura por tercera vez de Felipe González como presidente del Gobierno se produjo con un Congreso de los Diputados incompleto. De ahí que, una vez conocida las sentencias del TC y repetida la elección en Melilla, Felipe González planteara una cuestión de confianza, a fin de que fuera el Congreso de los Diputados en su integridad el que adoptara la decisión de convalidar la investidura.

Así debutó José María Aznar como candidato a la presidencia del Gobierno por el PP. Es también, por tanto, el punto de partida del PP como “partido de Gobierno”.

En las siguientes elecciones generales, las de 1993, el PP, que pensaba que las iba a ganar, se negó a aceptar el resultado dado a conocer la misma noche electoral. Dos pesos pesados del PP, Javier Arenas y Alberto Ruiz Gallardón, denunciaron a través de RTVE que se había producido un “pucherazo” y que no se podían dar por buenos los resultados certificados por la Administración Electoral y difundidos por el Ministerio de Interior.

Ante la ausencia de prueba alguna de que se hubiera producido un “pucherazo”, el PP tuvo que comerse las palabras de Arenas y Ruiz Gallardón y aceptar el resultado electoral oficial.

En las elecciones de 1996 y 2000, el PP consiguió una mayoría relativa en las primeras y otra absoluta en las segundas, sin que ningún otro partido interpusiera recurso alguno contra dichos resultados.

No ocurriría lo mismo con las elecciones de 2004, que el PP esperaba ganar, pero que las acabó ganando el PSOE con José Luís Rodríguez Zapatero como candidato a la presidencia del Gobierno.

El PP nunca aceptó el resultado por entender que, en lugar de haber sido su Gobierno el que había intentado manipular el atentado, atribuyéndoselo a ETA, había sido el PSOE el que lo había manipulado con mensajes telefónicos y manifestaciones ante las sedes del PP.

Para el PP, José Luis Rodríguez Zapatero fue un presidente que no había ganado en buena lid, aunque no llegó todavía a afirmar de manera expresa que carecía de legitimidad para actuar como presidente del Gobierno. Se proyectó sobre él una “sombra de ilegitimidad”, aunque no se fuera todavía más allá.

Con la mayoría absoluta de 2011 el PP se volvió a reconciliar con el resultado electoral, de la misma manera que lo haría con los resultados de las elecciones de 2015 y la de 2016, aunque la derecha no dispusiera de mayoría parlamentaria de investidura, que únicamente la pudo conseguir Mariano Rajoy con la abstención del PSOE.

Desde diciembre de 2015 el PP en un primer momento y el PP, Ciudadanos y VOX no han dispuesto de mayoría parlamentaria. Mariano Rajoy fue presidente del Gobierno entre 2016 y 2018 porque, como consecuencia del Procés, se levantó un cordón sanitario respecto del nacionalismo catalán. Cuando en 2018 dicho cordón sanitario se levantó, la mayoría alternativa de Gobierno se expresaría a través de una moción de censura que llevaría a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.

Dicha mayoría de Gobierno se ha visto reafirmada con más o menos margen, pero reafirmada, en todas las elecciones celebradas desde la moción de censura: las dos de 2019 y la de 2023.

Los resultados de todas ellas han sido impugnados por las derechas españolas, PP, Ciudadanos y VOX en las de 2019, PP y VOX en las de 2023. De iure por VOX que ha propuesto dos mociones de censura, con Santiago Abascal y Ramón Tamames como candidatos a la presidencia. De facto por el PP, que no se ha atrevido a proponer una, aunque ha estado mendigando al nacionalismo catalán el apoyo para proponerla.

El no uso del instrumento previsto en la Constitución para alcanzar la presidencia del Gobierno, no ha impedido que el PP haya calificado de “ilegítimo” al Gobierno presidido por Pedro Sánchez. No ha habido ni un solo momento desde la aprobación de la moción de censura en julio de 2018 en que el estigma de la ilegitimidad no se haya proyectado sobre el presidente del Gobierno.

Si exceptuamos las elecciones en que el candidato del PP se ha convertido en presidente del Gobierno, no ha habido ninguna otra desde que José María Aznar fue candidato a la presidencia del Gobierno en 1989, aún sin ser todavía oficialmente presidente del PP, en que el PP haya aceptado el veredicto de las urnas.

La no aceptación del resultado electoral se había producido únicamente en las elecciones generales, aunque no se puede perder de vista la maniobra turbia del “tamayazo” en las elecciones autonómicas madrileñas en 2003, que fue una suerte de no aceptación, pero vehiculada no a través de una impugnación formal del resultado electoral, sino de una operación de tinte mafioso, que permitió a Esperanza Aguirre convertirse en presidenta de la Comunidad.

Pero poner en duda la limpieza de las elecciones autonómicas antes incluso de la jornada electoral no se ha producido antes de las elecciones que se van a celebrar este domingo en Extremadura.

El robo en una sucursal de Correos de una caja fuerte en la que se custodiaban ¡124¡ votos emitidos por correo, está siendo utilizado por la dirección extremeña y nacional del PP como una prueba de que hay en marcha una campaña para adulterar las elecciones y robarle a los ciudadanos nada menos que la democracia.

El PP, insisto en que no solo la candidata extremeña, sino también el presidente nacional, no ha tenido la más mínima duda en poner en cuestión la integridad de la Administración Electoral, de Correos y de la Guardia Civil, que han dado información solvente de que no está en peligro de ningún tipo la regularidad del proceso electoral.

Sin prueba de ningún tipo. Más bien con prueba de todo lo contrario, el PP ha puesto en marcha una política de tierra quemada, que no puede ser presagio de nada bueno.

En lo que a garantía del resultado electoral se refiere, la Administración Electoral ha operado sin tacha alguna desde las elecciones del 15 de junio de 1977. Únicamente desde que José María Aznar en 1989 fue candidato a la presidencia del Gobierno se ha puesto en cuestión la integridad de la Administración Electoral lato sensu como garante de la regularidad del proceso. Hasta el momento en las elecciones generales y únicamente tras haberse celebrado y proclamado los resultados. Ahora se extiende a las elecciones autonómicas y antes de que los ciudadanos acudan a votar.

¿Considera la dirección del PP que tiene algún límite para la acción política en el Estado social y democrático de Derecho configurado en la Constitución?