Extremadura no es la Comunidad Valenciana

Descartadas la disolución del Parlament y la convocatoria de nuevas elecciones, el pacto leonino a favor de Vox era la única alternativa posible para la continuidad de la legislatura en la Comunidad Valenciana. La gestión de la dana por arte de Carlos Mazón y la complicidad del PP, regional y nacional, y de Vox para mantenerlo en la presidencia de la Generalitat durante un año, no permitían otra alternativa.

Tras los resultados electorales de este pasado domingo no ocurre lo mismo en Extremadura. La victoria arrolladora de la derecha da un margen de maniobra muy amplio tanto al PP como a Vox para optar entre alternativas diversas: desde el Gobierno de coalición hasta el Gobierno del PP en solitario, ya sea con la participación positiva de Vox en la investidura o con su abstención. Con cualquiera de esas alternativas, María Guardiola sería investida presidenta para toda la legislatura, ya que, con la composición del Parlamento, la moción de censura resulta imposible.

En torno a estas tres alternativas girará previsiblemente la agenda política extremeña en los próximos días. Y alguna de ellas, en mi opinión, se acabará imponiendo. El PP necesita a Vox para la primera votación de investidura por mayoría absoluta, pero no necesariamente en la segunda por mayoría relativa.

El PP ha sabido diferenciar en el pasado entre Extremadura y Andalucía y comportarse de manera distinta en una comunidad y otra en su relación con el Gobierno del PSOE.

En 1996, el PP en Extremadura posibilitó la aprobación de los Presupuestos remitidos por el Gobierno presidido por Rodríguez Ibarra al Parlamento, ya que entre el PP e IU tenían un número de escaños superior al que tenía el PSOE.

En la investidura en 1995 fue IU la que hizo posible que Rodríguez Ibarra fuera investido presidente, pero a continuación se negó rotundamente a aprobar los presupuestos enviados al Parlamento. Fue el PP el que hizo posible la aprobación.

En Andalucía, por el contrario, el PP e IU se negaron a aprobar los Presupuestos dos años consecutivos. En el segundo año, en 1996, Manuel Chaves se sintió obligado a disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones.

Extremadura y Andalucía eran dos comunidades autónomas distintas en 1996. Lo siguen siendo. Lo que se puede hacer políticamente en una, tal vez no se pueda hacer en la otra.

También lo son Extremadura y la Comunidad Valenciana en 2025-26. Vox no puede descartar que el PSOE, llegado el caso, posibilitara la investidura de María Guardiola, que, repito, una vez investida, lo sería para toda la legislatura, porque no hay mayoría alternativa para una moción de censura.

El PSOE podría anunciar ya su abstención, reduciendo de esta manera el margen de maniobra de Vox, aunque es muy improbable que lo haga, ya que, en la situación de debilidad en que lo han situado los resultados del domingo, no está en condiciones de tomar esa iniciativa. Otra cosa es que Vox pusiera unas condiciones imposibles al PP para la investidura.

No está todo el pescado vendido, como se dice coloquialmente. Lo estaba en la Comunidad Valenciana, pero no lo está en Extremadura. A la presidenta Guardiola no le ha salido la operación como ella pensaba, aunque su posición es sólida. En la primera mitad de 2026 hay dos elecciones seguras en Aragón y Castilla y León y otra probable en Andalucía. Tanto el PP como Vox saben perfectamente que su decisión respecto de la formación de Gobierno en Extremadura influirá con seguridad en los electores aragoneses, castellanos-leoneses y andaluces. El riesgo de un error de cálculo no puede dejar de ser tomado en consideración.

Habrá que estar muy pendientes de las negociaciones que se abrirán en los próximos días. Y del resultado de las mismas, ya que un pacto entre PP y Vox será distinto de todos los que han acordado con anterioridad ambos partidos.