El mercado del plátano de Canarias sigue roto y ya solo sobrevive (de ruina o con pérdidas) la calidad extra

Por ahora no se vislumbra nada nuevo ni la luz aparece, aunque sea lejana, al final del túnel: el plátano de Canarias, una fruta de calidad certificada a través de indicación geográfica protegida (IGP), se halla ahora mismo -algo demasiado común en meses del verano- en la parte más oscura de la cavidad que lo debe conducir hacia periodos de normalidad.

En estos momentos, y es lo peor, resulta imprevisible saber cuándo eso ocurrirá; cuándo el productor platanero canario volverá a recibir precios finales o en origen remunerativos por el género alimentario que coloca en los mercados. La actual, sin duda, no es tal coyuntura.

Para aquella pregunta, para el cuándo, no tiene respuesta la organización que reúne a las seis organizaciones de productores de plátanos (OPP), Asprocan; tampoco su comisión de comercialización, que se volvió a reunir este viernes para asumir la tónica de sesiones anteriores, sin decisiones especiales a la vista adoptadas en su seno.

En resumen, parece que los que deben saber algo de esto, de salir del callejón, nada saben, nada dicen, nada proyectan..., salvo aquello tan manido de esperar a mediados de septiembre, otro gran clásico en el mundo del plátano. Esto funcionó el año pasado, en 2025 (también en parte), pero no en el ejercicio anual precedente, el de 2024.

Entretanto, los productores plataneros de las islas, con el mercado de la Península totalmente roto y ya solo remunerando, y muy mal, la calidad principal de fruta, la extra (en torno a 0,36 o 0,37 euros por kilo en la semana 31, según datos oficiales del MAPA), las siguen viendo venir con precios futuros a percibir (pendientes de liquidar) que otorgan pérdidas masivas al cosechero, pues ni cubren sus costes agrícolas con los promedios previstos ni lo logran sumando la ayuda directa del Posei, ahora fijada (2025-27) en 0,32 euros por kilo. Nada decimos de las calidades de fruta inferiores, que también se cortan y se mandan al empaquetado (habrá cifras en negativo).

Así las cosas, los plataneros canarios, sobre todo los titulares de las explotaciones más afectadas (al aire libre) por esta crisis de cotización en verde y al por mayor (caída de la demanda final -que sigue pagando caro el plátano- y fruta excesiva en los mercados, oferta, más la competencia nada desdeñable de la banana), los que tienen marcas de corte elevadas estos meses, están que trinan y se andan organizando para levantar la voz con convocatorias de protestas en busca de reacciones que puedan convertirse o canalizar soluciones futuras.

Por ahora, desde el derrumbe de precios del plátano de Canarias, a partir de las primeras semanas de julio pasado, en su casi único mercado exterior (el de la Península), lo que solo ha traído pérdidas al cosechero local, las marcas de envío se han mantenido por debajo de los seis millones de kilos a la semana, con 5,65 previstos para la semana que entra, la 33 (la segunda completa de agosto) y la misma cantidad en la siguiente, la 34 (la tercera del mismo mes). La 31 se cerró con envíos de 5,37 millones de kilos y para la 32 se habían establecido 5,64.

Que estén saliendo esos niveles de fruta, no muy altos, en principio, es posible por la práctica de la retención de piñas en las fincas, la medida que se ha impuesto para evitar la más dramática pica (destrucción de oferta) y ante lo poco que se desvía o reubica de género, también con malos retornos en precios, en otros mercados, de manera preferente el de Marruecos, con cientos de miles de kilos.

La retención de fruta en las explotaciones agrícolas tiene el inconveniente de que, si al final ese plátano no se comercializa y, por lo tanto, no pasa por el empaquetado, algo que puede estar ocurriendo en algunos casos, no termina sumando en el histórico de producción del titular de la explotación platanera. Esto resulta relevante para el cálculo de la ayuda Posei y la posible mejora de los kilos finales por los que se va a recibir ayuda por campaña.

En cambio, si son cantidades que se autorizan por la Consejería de Agricultura como pica, sí pasan al histórico y terminan formando parte de las cantidades con derecho a ayuda de la UE (paga 141,1 millones de euros al año en concepto de compensación de renta), aunque no se lleguen a comercializar al tratarse de una medida legalmente contemplada y con sus topes para facilitar la reducción de la oferta en coyunturas bien justificadas.