La aceituna negra española se topó con un enemigo en EEUU, sus competidoras de California que impulsaron los aranceles que han penalizado la entrada de este producto en dicho país, pero el aceite de oliva ha encontrado un aliado sobre el terreno: las empresas que importan desde Europa.

En este sentido, la Asociación Norteamericana de Aceite de Oliva (NAOOA en sus siglas en inglés) ha iniciado una campaña de recogida de firmas contra los aranceles hacia este producto, inmerso en paralelo en otra guerra por la caída de los precios que ha movilizado este martes a buena parte del sector en Andalucía de la mano de las organizaciones agrarias UPA, COAG, y con el respaldo de los sindicatos CCOO y UGT.

La encuesta para el primer barómetro del Centro de Estudios Andaluces la ultima estos días la empresa Ase-Psike, de Valladolid, y que se presenta como consultora de recursos humanos. Esa firma se ha hecho con el contrato para la prestación del servicio con el que la Junta de Andalucía quiere paliar la falta de este tipo de estudios después de que el clásico sondeo del Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Capdea), dependiente de la Universidad de Granada, muriera hace un año por falta de fondos.

El estudio, para el que se han hecho 2.600 entrevistas cuya recopilación está a punto de entregarse, fue adjudicado por 13.248,62 euros IVA incluido, lo que supone una notable rebaja sobre el importe de licitación (18.148,79). Se presentaron ocho empresas para un contrato menor que fue formalizado el pasado 7 de junio con un plazo de 25 días para el estudio de campo, donde se pulsa la opinión pública en materias de interés social, económico y político. 

Tres proyectos que se gestarán este año como los más grandes de Europa, e incluso del mundo, permitirán revitalizar la industria agrolimentaria en la provincia de Sevilla y generar cientos de puestos de trabajo que sus promotores todavía no se atreven a concretar. El aceite de oliva, las bebidas y los precocinados son los protagonistas de unas inversiones que superarán los 200 millones de euros.

Dos de estos proyectos se asientan en La Rinconada, municipio del área metropolitana de Sevilla destacado por albergar en su término municipal la apuesta aeronáutica de Andalucía. Se trata del destinado a la ampliación de la fábrica de Coca Cola, hasta convertirla en la mayor de Europa occidental, y del que permitirá recuperar la antigua azucarera, cuyo cierre fue un mazazo para la provincia hace una década. Estas instalaciones se transformarán para albergar el mayor centro de producción de vasos precocinados de arroz del mundo.

El pasado año nacieron en Andalucía 70.050 niños, consolidándose como la comunidad autónoma con más partos en términos absolutos. Pero son 10.000 menos que en 2015 (80.633). En cambio, murieron 72.342 personas, prácticamente las mismas que en 2015 (72.001). Es la primera vez desde que existen estos registros en que el saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) es negativo en la comunidad autónoma, en concreto -2.292 efectivos, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, Andalucía, que hasta el momento se había librado de la gráfica más representativa del envejecimiento de la población, entra en la tendencia de la mayoría de los territorios de nuestro país. En España el crecimiento vegetativo ha sido negativo por segundo año consecutivo (con -56.262). Únicamente las comunidades autónomas donde la inmigración es mayor o tiene un porcentaje de población de origen extranjero más elevado, ese saldo vegetativo ha sido positivo: Comunidad de Madrid, Murcia, Baleares, Melilla y Ceuta, por este orden.

Las recientes protestas de policías nacionales y guardias civiles para conseguir la equiparación salarial con los cuerpos de seguridad autonómicos puso en evidencia la distancia de derechos laborales entre estos empleados públicos, pero es solo una muestra de la realidad de todos los que dependen de la Administración General del Estado (AGE) si se comparan con el resto. Sus opciones de salir del furgón de cola dependerán en buena medida de la fortaleza de la representación que salga de las elecciones sindicales del 19 de junio.

Con estas, además, se completan los procesos más importantes de renovación de representantes de los trabajadores, por volumen de personal, en los servicios públicos, después de haberse celebrado las de educación, sanidad y personal laboral de la administración de la Junta de Andalucía que tendrán lugar, en este último caso, un día antes. Andalucía es, de hecho, el segundo territorio, después de la Comunidad de Madrid, por la lógica de la centralización, que más delegados elegirá: 196 por parte de los funcionarios y 136 por parte de los laborales.

En la primera intervención de Vox que se oyó en el Parlamento de Andalucía, su líder Francisco Serrano manifestó que representan a "los españoles que están hasta el gorro y la gorra del lenguaje inclusivo". Sin embargo, en el primer debate de los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2019, los de Santiago Abascal han demostrado la importancia que para ellos tiene el lenguaje como arma y lo han hecho valer.

Por eso han incluido en el acuerdo para levantar su veto a la tramitación de las cuentas cuestiones como "violencia intrafamiliar" e "inmigración irregular"; la sustitución en los presupuestos de 2020 del concepto de "transversalidad de género" por el de "principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres" para integrar "las diferentes opiniones e ideologías en la materia"; o se han referido en el debate a "las mal llamadas asociaciones memorialistas", en palabras de su portavoz, Alejandro Hernández.

El lío en el recuento de votos de los comicios del pasado 26 de mayo, que ha provocado cambios en los resultados de municipales y autonómicas en toda España, ha tenido eco también en Andalucía, con una docena de casos, varios de ellos determinantes, y que han inclinado mayoritariamente la balanza a favor del PP, después de que las juntas electorales de zona (JEZ) hayan revisado los números. La situación, sin ser excepcional porque en otras convocatorias electorales ha ocurrido, nunca ha tenido tantos ejemplos.

Ha variado la composición de los plenos y/o la condición de ganador o posible ganador, con respecto a lo publicado por el Ministerio del Interior la noche del 26 de mayo, en Córdoba, en los municipios de Pozoblanco, Obejo y Cañete de las Torres; en Granada, en Almogía y Motril; en Huelva, en Aracena y San Juan del Puerto; en Málaga, en Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga; en Cádiz, en Chipiona; en Jaén, en Bailén; y en Sevilla, en Valencina de la Concepción. Solo la provincia de Almería se ha librado de estas situaciones.

Una atención personalizada y con sus frutos que convence: un total de 1.196 personas se han beneficiado del programa Andalucía Orienta ejecutado por la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (Faecta) en sus oficinas en Málaga y Sevilla, que se han consolidado así como un instrumento fundamental en la orientación laboral y un punto de referencia en sus correspondientes ámbitos de actuación.

En la consolidación de este servicio ha tenido mucho que ver el hecho de que Faecta haya dado continuidad a su participación en el programa de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, de manera que sus oficinas se han afianzado en los lugares donde operan. "También ha contribuido sin duda la labor que se ha realizado para trabajar en red con otros organismos y asociaciones tanto de Málaga como de Sevilla para dar cobertura a los desempleados de cada una de estas áreas de acción", explican desde Faecta.

Continúa la renovación de los representantes de los empleados públicos y este 18 de junio es el turno del personal laboral de la administración general de la Junta de Andalucía. Unos 23.000 laborales están llamados a elegir a los representantes que luego serán su voz en la Mesa General de Negociación de la Junta de Andalucía, donde actualmente el CSIF es la principal fuerza, con 180 de los 800 delegados. Este sindicato aspira a reforzar su posición consiguiendo como mínimo un 25% de la representación, si bien esta vez, como consecuencia de la reestructuración de la Junta de Andalucía se elegirán unos 600 delegados.

La convocatoria llega en un momento de cambio en la Junta de Andalucía, que su personal laboral mira con especial atención porque son decisiones que repercuten directamente en sus condiciones de trabajo. Es por ello quizá que uno de los retos más importantes que hay por delante para el nuevo mandato es la negociación del nuevo convenio colectivo, el séptimo, porque llevan desde 2002 con el sexto. Pero también la nueva Ley de Función Pública, como marcos que el Gobierno de Andalucía lleva años prometiendo y no terminan de llegar.