Se cumple el 18 de enero un año de la toma de posesión de Juan Manuel Moreno como presidente de una Junta de Andalucía con la impronta del PP y C's, que han encontrado serias dificultades para mantener el equipo con el que gestionar la comunidad autónoma más poblada. Desde que el 15 de febrero de 2019el Consejo de Gobierno aprobara el decreto de la estructura orgánica de las 11 consejerías, con 122 altos cargos a los que se fueron sumando progresivamente otros nombramientos, se han producido 33 cambios en el listado.

El último tenía lugar este viernes con la dimisión del delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, Antonio Jesús Castillo, alegando "motivos personales", pero ocurre en medio de las protestas por la reordenación de la escuela rural en la provincia. Se convierte, además, en el tercer relevo en una delegación territorial de estas áreas, que competen a dos consejerías de Ciudadanos, tras los de Almería y Sevilla, en menos de un año.

El inicio de 2020 no despierta mucho optimismo entre los productores de aceite de oliva porque su precio es entre un 20% y un 30% más bajo que hace un año. Las medidas adoptadas en la recta final de 2019, consistentes en retirar temporalmente parte del producto del mercado para intentar con ello encarecerlo, no han paliado la situación que parece abocada a corregirse únicamente con una autorregulación obligatoria que esperan que se incluya con la nueva PAC (política agraria común).

De momento, la menor producción prevista en la campaña 2019-2020 puede dar un primer respiro. Se prevé la recogida de 4,8 millones de toneladas de aceituna para molturar u obtener 983.600 toneladas de aceite de oliva, lo que supone casi un tercio menos que la campaña 2018-2019. Puede parecer una bajada muy notable, pero  viene de una producción histórica, y de hecho, si se compara lo previsto con la media de los últimos cinco años, el descenso se reduce un 5%, básicamente por la vecería de los cultivos -bajada de la producción habitual en los olivos tras un año de elevada cosecha- y el déficit hídrico.

El Observatorio para la Convivencia Escolar en Andalucía ha reunido solo dos veces a su consejo rector desde su creación hace una docena de años, su último informe anual es de nada menos que de hace cinco cursos y, además, si se compara con las cifras hechas públicas hace unos días por el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, a partir de datos de la Inspección General de Educación, se ha producido un incremento del 20% de los casos de acoso escolar. 

De este modo, ese observatorio, creado para "proponer la realización de estudios e investigaciones", identificar "los factores de riesgo" y proponer "acciones efectivas para detener, disminuir y prevenir las manifestaciones de la violencia", documentó en el curso 2014-2015 -el último informe que hizo público- un total de 358 casos de acoso escolar (0,03% del alumnado). El consejero, en su última comparecencia en el Parlamento de Andalucía, ha desvelado 432 episodios el pasado curso (0,04%). En los dos casos, la misma franja de edad como la de mayor incidencia: entre los 12 y los 15 años, y en un 80% de los casos, los episodios están protagonizados por varones.

No se han llevado los titulares de la Cumbre del Clima celebrada recientemente en Madrid pero hay una serie de proyectos que inspiran para luchar contra el cambio climático provocado por la acción humana. Muchos de ellos se están desarrollando en Andalucía, y el foro celebrado en la capital ha servido para dar nuevos pasos. 

El proyecto #eCitySevilla prevé desarrollar un modelo de ciudad digital, descarbonizada y sostenible en el enclave de la Isla de la Cartuja para 2025. El proyecto pivota sobre cuatro grupos de trabajo: energía, edificación, movilidad y digitalización.

En términos globales, el sistema especial de empleados del hogar(mayoritariamente empleadas) es el que más ha crecido en afiliaciones a la Seguridad Socialdesde que se incluyó en el régimen general en 2012, pero lo cierto es que, después del boom con el que comenzó el cambio, ha empezado a perder año a año cotizaciones coincidiendo con el repunte del empleo con el que en 2014 se dio por oficial la salida de la crisis. Hoy está en sus mínimos.

Los datos de afiliaciones a la Seguridad Social de octubre de 2019 elevan a 394.220 las del sistema especial de empleados del hogar, de los que 43.081 son en Andalucía, la comunidad autónoma con más. En octubre de 2016, el último año en que crecieron las afiliaciones, eran 425.456 y 46.256, respectivamente. Suponen pues una caída de más de 10.000 afiliaciones por año. La encuesta de población activa (EPA), que eleva sus efectivos a casi 640.000 en el tercer trimestre de 2019 (casi el 90% mujeres), también refleja un descenso, porque 10 años antes los cifraba en 810.000. Es más, si nos fijamos en los últimos datos publicados por la Secretaría de Estado de Seguridad Social, con una caída del 3,4% hasta noviembre de 2019, es el colectivo con el mayor descenso en términos interanuales, con 13.055 afiliaciones menos.

Un año después de su constitución, el Gobierno de Andalucía  le ha dado forma a su concepción de la formación para el empleo, uno de los ejes sobre los que el PP y C's pivotaron su política de desgaste de los socialistas: "Vamos a pasar de la subvención, que se ha demostrado como ineficaz, a una licitación a través de la Ley de Contratos del Sector Público [en lugar de la Ley General de Subvenciones] que nos va dar seguridad, calidad y rapidez", ha enfatizado este miércoles la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Ruiz.

Presentaba el Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales, que servirá de marco para la convocatoria de cursos desde 2020 y lo hacía justo el día en que se conocía que la Fiscalía Anticorrupción pide siete años cárcel para la cúpula de UGT en Andalucía por supuesto fraude con subvenciones para acciones formativas sobre las que pesan varios años de sospechas.

En 10 años, Palmas Altas, el entorno más prometedor para el desarrollo urbano de Sevilla, ha pasado de tener como motor la investigación a apostar por el comercio: dos modelos completamente contrapuestos. De inaugurarse en 2009 como referente internacional de I+D+i de la mano de la mano de la principal sede Abengoa, un complejo de siete edificios de los que llegó a ocupar cinco, ha pasado a ver languidecer este proyecto con la crisis que a punto estuvo de acabar con la multinacional, para reactivarse con la apuesta por "el mayor centro comercial de Andalucía": el Lagoh del grupo Lar abierto este 2019.

Y en medio de esa evolución, un conflicto sin resolver: el de la movilidad, como ha quedado en evidencia con la inauguración de este último, y los problemas de tráfico que ha traído y que padecen directamente los barrios aledaños: Bermejales y Heliópolis, que ya aguantan lo suyo cada vez que hay partido de fútbol en el estadio del Real Betis y que ahora se han convertido además en un gran aparcamiento bis para el centro comercial cuando se agotan sus 3.200 plazas.

Una carta que esta primera semana de diciembre están recibiendo los alcaldes de los municipios del Bajo Guadalquivir confirma lo que muchos no terminaban de creerse: se acaba el peaje de la Autopista del Sur, la AP4 que conecta Sevilla y Cádiz y que sigue siendo de pago en su mayor parte, porque solo se liberó -hace tres lustros- el tramo desde Jerez de la Frontera a la capital gaditana. La concesionaria les informa de que su explotación y conservación de la ruta concluye el 31 de diciembre de 2019, por lo que desde el año nuevo será cosa del Ministerio de Fomento. 

Este fin de año es también, pues, el fin de casi medio siglo de peaje -sus tramos se pusieron en servicio entre 1971 y 1972- en un trazado que soporta más de 18.000 vehículos diarios, y el fin de muchas decepciones porque ya hubo varios posibles finales y no llegaron. Es más, la historia de este peaje es tortuosa que ha dejado una situación paradójica: dejará de ser de pago cuando han empezado las obras del desdoble de la A-4 entre Dos Hermanas y Los Palacios y Villafranca, que también terminará en 2020 y que era la alternativa que ofreció el Gobierno de España porque era más barato que rescatar la Autopista del Sur. 

¿Hay más ratas en las ciudades o simplemente ocurre que se esconden menos? Cuando solo la ciudad de Barcelona se ha aventurado a hacer un censo de sus cloacas, que el pasado año concluyó que rondaban las 200.000, es difícil responder a la pregunta, pero hay un dato revelador: el de las empresas de tratamiento de plagas. La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (Anecpla) sostiene que en los últimos dos años se han incrementado un 20% las incidencias por estos roedores.

En el caso del Ayuntamiento de Madrid, que en 2018 registró 1.592 avisos, según sus últimas estadísticas publicadas, más de cuatro diarios. Y la mayoría de la gente las ve por las calles y no avisa. O lo denuncia por redes sociales. Es el caso de Sevilla, donde el gobierno de Juan Espadas confirmaba recientemente un plan de choque de limpieza, si bien sostienen que las intervenciones relacionadas con la desratización rondan las 2.500 por año y que, en su conjunto, se han duplicado estas acciones y las que se desarrollan contra insectos como cucarachas o chinches. Pero, en cualquier caso, le caen a diario imágenes de ratas campando a sus anchas por la ciudad. No hay día que no se las por Twitter.