El índice de confianza empresarial, clave para relanzar una economía, se ha hundido a los niveles del peor momento de la pasada crisis, en 2013, desde el estado de alarma, o sea, si se comparan las expectativas del primer trimestre de este año con las del segundo. Ha sido generalizado en toda España, con datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) entre el 16 de marzo, después de la declaración del estado de alarma, y el 3 de abril.

Este lunes se constituía en el Parlamento de Andalucía la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia, con previsión de reunirse el 1 de junio en un contexto de pesimismo que se ha instalado entre los empresarios.

El impacto de la crisis sanitaria en el empleo se hará sentir sobre todo en los territorios menos afectados por el coronavirus, en concreto Andalucía, Baleares y Murcia, según un análisis elaborado por expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que destaca que esta situación ha estallado "en el peor momento posible del año", dado que el periodo entre marzo y junio ha sido tradicionalmente el de máxima contratación de cada ejercicio y durante el que se produce el descenso estacional del paro. 

No sólo esto. El final del periodo de alarma -si se produce entre mayo y junio- coincidiría con el periodo de mayor número de bajas de afiliación a la Seguridad Social del año en un escenario sin corovonavirus. En concreto, junio, es el peor mes del año en esta estadística, y mayo, el tercero, después de septiembre. El pasado año se produjeron 5,5 millones de bajas entre mayo y junio en nuestro país.

Se cumplen 40 días de confinamiento y no estaremos en la situación previa a la declaración del estado de alarma, con 5.678 contagios en España, hasta el 31 de mayo, y siempre que no se modificaran las condiciones del encierro. Segundo, el pico en Andalucía está próximo y se calcula que ha sido este 14 de abril o tendrá lugar en los próximos días, como tope el 20. Tercero, se habría cumplido ya el escenario más probable de un número máximo de casos activos, en el conjunto de las comunidades autónomas, calculado en 90.000, después de que este martes bajaran por primera vez, en concreto a 86.691.

Son tres conclusiones de otros tantos estudios desarrollados las últimas semanas gracias a la inteligencia artificial y las matemáticas. El último en conocerse ha sido el de la Universidad Loyola de Andalucía. Dirigido por el ingeniero Pedro Rodríguez Cortés, cuenta incluso con una web para ir comprobando a diario sus cálculos que parten del estudio Monte Carlo Deep Neural Network Model for Spread and Peak Prediction of COVID-19 in Spain, que predecía que el pico de infecciones se dará entre 74 y 94 días desde el primer caso de contagio en el país (31 de enero). 

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, asegura que una de las razones por las que en Andalucía hay menos incidencia del coronavirus es porque "hemos tomado medidas por delante". Lo ha dicho recientemente en una entrevista en Onda Cero y lo lleva repitiendo, tanto él como los portavoces del Gobierno andaluz, como un mantra al tiempo que arrecian las críticas al Gobierno central. Es más, la Junta de Andalucía ha llegado a pagar publirreportajes que ensalzaban su gestión frente a la del Gobierno central en muchos medios de comunicación, bordeando la publicidad ilícita.

Andalucía suma ya 12.048 contagios (casi un tercio entre el personal sanitario) y 1.207 fallecidos. Aún así, sigue siendo de las comunidades autónomas más pobladas -8,4 millones de habitantes- con menor incidencia. Sin embargo, científicos y expertos explican la resistencia de Andalucía a la pandemia desde distintas perspectivas y sumando muchas causas: el clima, la dispersión territorial, la fortaleza de la sanidad pública, incluso el nivel de renta media. La Junta admite todas estas variables, pero también repite machaconamente que su gestión fue "anticipada", "mejor que la de otros territorios, mejor que la del Gobierno central". Es más, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, sostiene que llegaban más experimentados y preparados gracias a la gestión de la alerta sanitaria por el brote de listeriosis (una bacteria conocida) en la carne mechada, que se saldó con tres muertes, siete abortos y más de 200 infectados. Pero la situación en países como Portugal, donde la incidencia está siendo similar a la española en términos norte sur, ponen en cuestión dicho mantra.

Las ministras -los ministros muy pocas veces- son juzgadas por su aspecto físico y, si encima tienen acento del sur, dan doble juego para valoraciones en los medios de comunicación que nada tienen que ver con su trabajo, y como en María Jesús Montero se juntan las dos cosas, ha sumado en pocos días artículos despectivos sobre su habla y sobre su fondo de armario. Ya le había pasado a la vicepresidenta Carmen Calvo, igualmente expuesta en un ejecutivo con remarcado acento andaluz. Y antes a Magdalena Álvarez o a Celia Villalobos (PP), porque, años después, todavía hay quien no lleva bien el trinomio mujer, ministra y andaluza.

Lo resume Igor Rodríguez-Iglesias, profesor del Área de Lengua Española de la Universidad de Málaga, para quien "hay una mezcla de racismo lingüístico, clasismo y patriarcado" porque se pone de relieve la relación del grupo dominante castellanocéntrico frente a Andalucía. En su opinión, por un lado, "se establece una lógica de jerarquización, de inferiorización, respecto de los índices lingüísticos" con los que se identifica a los andaluces: "Es lo que llamamos raciolingüístico". Imbricado con esto "hay otra relación de fuerzas, la clasista, con un claro desprecio al hablar de las clases trabajadoras". Y, por último, se "intersecciona una machirulada como un castillo de grande". 

Mucho se está hablando estos días de las fórmulas puestas en marcha para poder salvar los negocios golpeados por la crisis sanitaria, y una de las incluidas en este paquete de medidas es el convenio entre la Junta de Andalucía y Garántia, que permite que la Sociedad de Garantía Recíproca avale los créditos que pidan pymes, micropymes y autónomos. 

En la primera semana de funcionamiento han sido más de 600 los pequeños empresarios y autónomos que se han acogido a esta medida que se espera que movilice unos 500 millones de euros para cerrar unas 20.000 operaciones que permitan respirar a este colectivo clave en el tejido productivo andaluz.

Con una incidencia acumulada de unos 50 casos por cada 100.000 habitantes -tres veces por debajo de la media en España- y con un promedio de muertes cuatro veces menor, Andalucía es de los territorios menos golpeados por el coronavirus en el segundo país del mundo que más contagios reconoce y el tercero en decesos. Sin olvidar que todos estos datos hay que ponerlos en cuarentena porque no siempre se usan los mismos criterios para obtenerlos, no parece que haya un único factor para explicar ese menor impacto en el sur. Cada uno puede dar lugar a un "¿y entonces por qué?", por lo que deben ser considerados en conjunto. 

Los han ido apuntando los estudiosos y están relacionados con la demografía, las variables meteorológicas, la contaminación, el nivel de desarrollo, e incluso la capacidad de respuesta de los servicios públicos. Ninguno por sí solo, pero sí combinados, y todavía pendientes de completarse las investigaciones de los expertos porque llevamos pocos meses de COVID-19.

Las escuelas infantiles afrontan el penúltimo mazazo como antesala de la batalla final que casi con toda probabilidad tendrán que emprender cuando la educación infantil sea gratuita también en su primer ciclo para todos, o sea, que se cumpla el compromiso de la Junta de Andalucía de que en el curso 2023/2024 todos los niños y niñas tengan garantizado plaza de 0 a 3 años también. El cierre obligado por la crisis sanitaria las ha dejado sin ingresos el último mes -y como mínimo otro más- porque las familias no pueden mandar a sus hijos a la guardería. 

La fotografía de abajo es una captura de un modelo de los mensajes que han recibido muchas familias de sus escuelas infantiles hablándoles de la dramática situación por la que pasan. En este caso, por ejemplo, le instan a abonar una cuota reducida (50 euros) para evitar un ERTE (expediente de regulación temporal de empleo), pero, claro, las familias que los reciben pueden estar en similar situación de apuro, afectadas a su vez por despidos. 

Varones y mayores. Son los más vulnerables al coronavirus, y en esto Andalucía no es una excepción. Por primera vez, la Junta de Andalucía ha hecho públicos los datos de fallecimientos por grupos de edad y sexo y, pese a que se han producido muertes por debajo de los 55 años, e incluso de los 25, estas representan apenas un 5% del total hasta el 8 de abril (652), mientras que casi el 60% han sido hombres. 

Eso sí, el contagio se ha confirmado más entre mujeres, con 4.821 de los 9.261 positivos en Andalucía hasta el 8 de abril, o sea un 52,3%, frente a 4.420 hombres (47,7%). Destaca también que se han contado siete positivos entre niños de menos de 5 años, y 10 entre menores de 5 y 15. Son pocos, porque como las pruebas se han generalizado entre los grupos de riesgo, no es de extrañar que sean personas de más edad las que copan la lista de contagios.