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El Gobierno andaluz deja morir sus dos servicios antibulos: uno público que usó 10 veces y otro contratado a Maldita.es

La Junta de Andalucía anuncia su web para detectar bulos el 19 de septiembre de 2020.

Consuelo Durán

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En 2020, la Junta de Andalucía habilitó en su página web un 'espacio de alerta contra los bulos' para luchar contra la desinformación que se disparó en redes sociales durante los primeros meses de pandemia. El objetivo entonces era tranquilizar a una población ávida de información veraz sobre lo que estaba ocurriendo ante una avalancha de rumores en las redes sociales –contagios, síntomas, muertes, prevenciones–, pero luego se hizo extensivo a otros asuntos.

En 2021, solapándose con la actividad de su propia web antibulos, el Gobierno andaluz contrató durante dos años los servicios de Maldita.es para monitorizar las noticias falsas que afectasen a la comunidad autónoma, ya no sólo en lo referente a la pandemia. La fundación le reportaba mensualmente sus informes –que publicaba en su web– pero la Junta nunca los difundió, ni los alojó en su propia web antibulos. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno informó de ambas iniciativas, pero nunca –hasta hoy– explicó por qué las dejó morir.

El debate sobre los bulos, reactivado por Pedro Sánchez tras su amago de dimisión y sus cinco días de reflexión, ha devuelto el foco hacia aquella web que el Gobierno andaluz publicitó en su día, también como un instrumento contra las acusaciones que recibía de la oposición.

En Andalucía, el debate lo ha reabierto el PSOE-A, a espera de que Sánchez concrete sus políticas contra los bulos, para “poner coto” a “operaciones para desacreditar y acabar políticamente con una persona”, en palabras de su secretario general Juan Espadas. El jefe de la oposición propone también un pacto con el PP-A para reformar la ley reguladora de la actividad publicitaria de las administraciones públicas de Andalucía, mientras Por Andalucía ha registrado una proposición no de ley para la “defensa de la democracia y las libertades frente a las informaciones falsas”.

Para el próximo pleno en el Parlamento andaluz, el PSOE-A ha presentado una batería de propuestas, resultado, según ha explicado su portavoz adjunto, Josele Aguilar, de reuniones con asociaciones de la prensa, facultades de comunicación y sindicatos. Entre otras cosas, proponen una nueva ley de publicidad institucional con “la obligación de una cláusula de transparencia en la gestión de estos contratos que se hacen a través de agencias” porque, a día de hoy, “es imposible acceder a qué medios son y qué cuantías reciben”. También abogan por “una legislación contra los bulos propia en Andalucía, como ocurre en Francia”, junto a medidas “para combatir los pseudo medios para que no reciban dinero público”.

“Nosotros nos adelantamos y hace cuatro años creamos una web para desmentir bulos”, afirmaba recientemente el presidente de la Junta de Andalucía a preguntas de la oposición en el pleno. Pero esa web, que fue defendida por el entonces consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta, Elías Bendodo, sólo ha tenido 10 publicaciones en cuatro años, una de ellas con el anuncio del estreno de dicha ventana, mientras que nueve han sido desmentidos de bulos: ocho relacionados con la covid y uno sobre terremotos. Todos publicados en 2020 y 2021 y otro en marzo 2023, el último, con el título “es falso que los andaluces tengan que pagar por la asistencia de su médico de cabecera del Servicio Andaluz de Salud (SAS)”. Ninguno en 2022, según la documentación proporcionada por la Junta a este periódico.

Dos años de monitorización

¿Ya no hay bulos que desmentir? ¿Quién se encargaba de su mantenimiento? ¿Cuál ha sido el impacto y tráfico que ha tenido este espacio desde su creación? Desde la Consejería de Presidencia, responsable de la misma, no ofrecen datos de visitas a la web, y se limitan a responder que “se creó durante la pandemia, que fue cuando empezaron a surgir bulos bastante peligrosos”. Después, reconocen, “se ha alimentado poco, entre otras cosas porque también se contrató un servicio similar con Maldita.es”.

Ese servicio se adjudicó con dos contratos menores, según consta en el perfil de contratación de la Junta de Andalucía. Uno, en 2020 para el “servicio de monitorización de redes para desinformación en Andalucía”, y por un importe de 13.800 euros (más IVA). Y un segundo, en 2021 por el mismo importe y como “servicio para identificación de desinformación que afecte a la comunidad autónoma de Andalucía y su ciudadanía”.

En los dos casos con un único licitador, Maldita.es, que surgió como un medio nativo digital en 2018 –tenía ya un germen desde 2014 en redes sociales– y en 2020 se convirtió en fundación sin ánimo de lucro “contra la desinformación: periodismo, educación investigación y datos en nuevos formatos”.

Desde Maldita.es explican que efectivamente ellos ofrecieron un servicio de “monitorización de redes sociales para detectar desinformación” que afectara a la comunidad autónoma. “Lo que hacíamos era mandarle regularmente a la Junta de Andalucía las desinformaciones detectadas sobre la región (no sobre el gobierno) y si finalmente escribíamos un artículo al respecto en nuestra web, podía publicarlo en su página, siempre que citara a Maldita.es como autor”, especifica Carlos Hernández, de dicha fundación.

“Dudas éticas” del Gobierno andaluz

La media de desmentidos puede rondar los 8–10 por mes, según los informes facilitados por Maldita.es, desde donde destacan en cualquier caso que la cifra “es irrelevante: nosotros desmentíamos lo que considerábamos según nuestra metodología de manera independiente y sin vinculación con el contrato”. Dicha información era enviada “a la dirección de comunicación de la Junta de Andalucía”. Carlos Hernández replica que no le corresponde a él responder por qué no eran difundidos, por ejemplo, en la web antibulos de la Junta de Andalucía.

Desde la Dirección de Comunicación de la Junta de Andalucía confirman que durante la vigencia de los contratos llegaron a recibir unos 180 desmentidos por parte de Maldita.es. Señalan que se contrató a esta empresa por su “credibilidad” acreditada y no descartan en el futuro explorar otras vías similares de colaboración.

También reconocen que el espacio web de “alerta bulos” que creó la propia Junta –alojada en su web institucional– “se abandonó por las dudas morales y éticas” que generaba a sus responsables. “Chirriaba un poco que fuera la propia Administración pública quien desmintiera noticias”, explican estas fuentes, que señalan que los encargados eran los propios periodistas de la Dirección de Comunicación de la Junta.

La contratación con Maldita.es se hizo para un año –del 1 de octubre de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021–, que luego se amplió hasta el 31 de octubre de 2022, cuando finalizó. “El contrato no requería indicadores ni informe final, pero todos los entregables se enviaron a la Junta de Andalucía como estaba acordado”, explican desde la fundación. La Junta no prorrogó ese acuerdo un tercer año, “porque el contrato menor no es la mejor fórmula, habría que haber planteado una licitación mayor y tampoco teníamos presupuesto para ello”, advierten, sin descartar “reactivarlo en el futuro”.

Maldita.es ha enviado a este periódico, como ejemplo, una relación de los informes que remitía a la Junta de Andalucía correspondiente a dos meses de trabajo, con más de una veintena de análisis. Entre los ejemplos: “No, Luis Francisco Reche Pozo, el alcalde de Somontín (Almería), no cobra 90.000 euros”, “¿Qué sabemos de la supuesta ”misa del generalísimo“ a la que ha acudido Pablo Casado en Granada?”, “El SMS de la Junta de Andalucía que te avisa de que eres beneficiario de una ayuda de 210 euros por ERTE y del que sí te puedes fiar”, “¿Qué sabemos sobre un supuesto pederasta que circula por los municipios almerienses de Garrucha y Huércal–Overa?”, “¿Qué sabemos del hombre que supuestamente va ”pegando palizas a mujeres“ en Huelva? La Policía Nacional asegura que lo que se difunde sobre él no es cierto”...

Por otro lado, recuerda que ya explicaron en el anuncio del acuerdo que “en ningún caso dicho servicio supondría necesariamente el desarrollo de un desmentido por parte de Maldita.es”. “La selección de contenidos se hacía de acuerdo a la metodología que rige el trabajo de Maldito Bulo, que es ”la herramienta de verificación“ que pertenece a Maldita.es. Es decir, monitorizaban una posible desinformación, pero en ningún caso la Junta de Andalucía podía indicarles ”qué investigar, ni mucho menos qué desmentir o cómo“, aseguran.

Hay incluso un tercer contrato menor vinculado a este asunto, en concreto para la consultoría y asistencia técnica para el “estudio del impacto de la desinformación a través de las redes sociales sobre la covid en la ciudadanía andaluza”, adjudicado el 3 de diciembre de 2020 por  14.875 euros (más IVA) del que tampoco se ha obtenido respuesta. En este caso, adjudicado a otro licitador por el Centro de Estudios Andaluces, fundación adscrita a la Consejería de la Presidencia y que en 2020 publicó informes sobre el tema, pero realizados por otros autores, como Manuel Ricardo Torres y el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía.

La propuesta: castigar sin publicidad

Desde Por Andalucía, su portavoz parlamentario, Juan Antonio Delgado, insiste en la defensa de su proposición no de ley (PNL), con el objetivo de “denegar la contratación de cualquier tipo de campaña de publicidad o comunicación institucional a los que hayan vulnerado el derecho al honor y a la intimidad y la propia imagen de las personas o por delitos de odio”, y tanto si han sido “directamente condenados como si esta condena recae en sus trabajadores y colaboradores”. Se trata, continúa, de retirar “cualquier tipo de subvención a los medios de comunicación y portales digitales que hayan sido condenados en sentencia firme” por estos hechos.

Desde el PP-A rechazan que los socialistas quieran “dar ejemplo” cuando están siendo investigados el secretario de Organización del PSOE-A, Jacinto Viedma; el exalcalde de Jaén, Julio Millán; y la que fuera su portavoz municipal, África Colomo, como presuntos autores de un delito de denuncia falsa “acusando de compra de votos” a los populares durante las últimas elecciones municipales.

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