El acuerdo anunciado por la Xunta para recuperar la actividad en Sargadelos tropieza con las tretas del propietario

A última hora del lunes trascendió que la Xunta y el propietario de Sargadelos habían llegado a un acuerdo para que este último retomase la actividad en la fábrica de Cervo (Lugo), después de haber anunciado que cerraba la planta tras una Inspección de Trabajo. Sin embargo, la situación dista de haber vuelto a la normalidad: por la mañana, decenas de empleados seguían a las puertas de las instalaciones sin noticias y sin que se les permitiese acceder a sus puestos. El empresario, Segismundo García, que estaba dentro, llamó para reincorporarse solo a un grupo de 10 trabajadores que habían aceptado tomarse estos días como de vacaciones.

En torno a las 11:00 de este martes, una decena de empleados que estaban en sus casas tras haber aceptado consumir días de vacaciones estas jornadas, fueron los únicos que se reincorporaron a la factoría, todavía sin actividad, puesto que la mayor parte de la plantilla de producción, en torno a medio centenar, siguió a las puertas sin noticias de la dirección, según Europa Press. El propio Segismundo García abandonó el lugar sobre las 12:00 horas sin hablar con ellos. Representantes sindicales consideran que “sigue el esperpento” en Sargadelos. El responsable de industria de Comisións Obreiras en la comarca de A Mariña, José Antonio Zan, cree que “alguien se está riendo” de la Xunta y del conselleiro de Emprego. Por su parte, el responsable de la CIG Xorxe Caldeiro cargó contra la manera de proceder de esa consellería.

El acuerdo difundido el lunes se produjo tras una reunión entre el administrador de Sargadelos, Segismundo García, y el titular de Emprego, Comercio e Emigración del Gobierno gallego, José González. El compromiso de la Xunta incluye realizar un estudio de las posibles mejoras en la protección de los trabajadores y apoyar posibles obras de adecuación de los edificios, con el argumento de que están catalogados como bien de interés cultural (BIC).

La Inspección de Trabajo, que había detectado que una de las trabajadoras había enfermado de silicosis, concluyó con una multa de 5.000 euros por 36 deficiencias. La reacción de Segismundo García, que dirige una de las empresas más emblemáticas de Galicia, reaccionó con una carta dirigida a la Inspección de Trabajo en la que aseguraba que “ante la dificultad para respetar y acometer la ingente normativa vigente [...] parece obligado no demorar el cierre para evitar multas, sinsabores y dar satisfacción cumplida a esa solícita inspección”.

Tras el acuerdo con la Xunta, el conselleiro de Emprego, José González, insistió en que “las deficiencias que se recogen en los requerimientos de la inspección son subsanables y no suponen un riesgo inminente para la salud de los trabajadores”. Ha pedido “la mayor flexibilidad posible dentro de la legalidad” en cuanto a los plazos para subsanarlas por las “las características singulares”, en alusión a que es un BIC. El Gobierno gallego se compromete a colaborar con la empresa para implantar los cambios necesarios para la protección de la salud de los trabajadores.

El Ministerio de Trabajo, por su parte, recuerda que no fue la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la que paralizó la actividad, sino que eso fue una decisión del empresario.