El resurgir de la minería: empleo, industria y debate medioambiental en Andalucía

En plena carrera global por los minerales que sostienen la transición energética, Andalucía vuelve a situarse en el centro del debate sobre el impacto de la minería y la necesidad de compatibilizar desarrollo económico y protección del territorio. Habiendo sido escenario del mayor desastre ecológico de España, la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar en 1998, y estando a la cabeza en el sector, la tensión se redobla. Lo plasmaba hace unas fechas la presentación de un estudio de nueve investigadores de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, publicado en la revista Integrated Environmental Assessment and Management, que revela la contaminación del estuario del Guadalquivir por dos minas pendientes de reapertura: Cobre las Cruces y Los Frailes.

Pero cierto es también que otro estudio, de la Asociación de Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía y el departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, tras analizar 13.000 datos de agua, 3.500 de sedimentos y 900 de biota, determina que no se han producido alteraciones significativas. “Son datos de entidades acreditadas, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, universidades y centros de investigación, con los que se ha determinado que los valores elevados se corresponden con elementos vinculados a la agricultura y urbanos, no a la actividad minera”, defiende Enrique Delgado, presidente de la Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero‑Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer).

Todo esto se produce en un contexto de renacimiento de la minería. Las estadísticas del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico revelan un incremento de casi el 50% en el empleo en este sector en la última década. Si en 2014 el empleo vinculado a la minería en Andalucía era de 5.288 personas, en 2024 se ha situado en 7.925, lo que supone el 26,2% del total nacional. De hecho, Andalucía, Galicia, Cataluña y Castilla y León concentran más del 61% del empleo minero. Un reducido número de comunidades autónomas agrupa una parte muy significativa de las explotaciones. Andalucía encabeza el ranking con 479 explotaciones, seguida de Castilla y León (405), Cataluña (355), Castilla-La Mancha (275) y Galicia (206). Desde Aminer destacan, asimismo, la capacidad de arrastre del sector: por cada puesto de trabajo directo en minería se crean aproximadamente tres empleos adicionales en industrias auxiliares.

Andalucía se consolida, pues, como el principal polo minero de España, ya que lidera también el valor de la producción extractiva, sobre todo por su peso en la metálica, donde destacan proyectos como Cobre las Cruces, en la provincia de Sevilla, y Minas de Aguas Teñidas, Sotiel Coronada Mine, Magdalena Mine y Minas de Riotinto, en Huelva. “Andalucía, que fue clave en la minería del siglo pasado, lo sigue siendo en un momento de resurgimiento, porque alberga reservas importantísimas, sobre todo en la Faja Pirítica Ibérica, que concentra alrededor del 90% de la producción nacional de metales”, sentencia Enrique Delgado.

Primer mapa de minerales críticos

La reactivación tuvo un punto de inflexión hace unos tres lustros, cuando el aumento de los precios del cobre y otros metales devolvió la viabilidad económica a varios proyectos. Este impulso permitió recuperar parte del empleo perdido en décadas anteriores y reactivar la economía de antiguas comarcas mineras, al tiempo que el sector debía adaptarse a estándaresambientales y de seguridad mucho más exigentes. Con ello, la Faja Pirítica Ibérica volvió a consolidarse como uno de los principales polos mineros de Europa, especialmente en cobre.

En este sentido, la Unión Europea ha identificado 34 materias primas críticas para garantizar su autonomía energética y tecnológica, de las cuales 17 han sido declaradas estratégicas. España, y Andalucía en particular, cuenta con una posición relevante en algunos de estos recursos. Es la segunda productora de cobre en la UE, y Granada, la única de estroncio, cubriendo prácticamente el 100% de las necesidades del continente y alrededor del 35% de la producción mundial. De hecho, Andalucía concentra aproximadamente la mitad de las explotaciones españolas que producen materias primas para tecnologías clave, como baterías de vehículos eléctricos, teléfonos inteligentes, paneles solares o turbinas eólicas. En total, alberga 10 de las 21 minas del país en las que se extraen estos recursos.

En paralelo, se trabaja para identificar nuevos recursos. El Instituto Geológico y Minero de España (IGME‑CSIC) lleva años colaborando con la Junta de Andalucía en la elaboración de un mapa de minerales críticos y tierras raras. Este trabajo ha permitido identificar áreas con potencial geológico donde podrían desarrollarse futuras investigaciones, convirtiendo a Andalucía en la única comunidad autónoma que dispone actualmente de una cartografía específica y donde “se han podido identificar hasta 22 materias primas fundamentales”, según apunta Enrique Delgado.

El contexto político también parece alinearse con esta nueva etapa del sector. Recientemente, el Consejo de Ministros aprobó el primer Plan de Acción para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales 2026-2030. Se articula en torno a cuatro grandes ejes: autonomía estratégica, impulso industrial, economía circular y sostenibilidad ambiental. E incluye, además, el primer Programa Nacional de Exploración Minera en medio siglo.

Mayores exigencias ambientales y laborales

“Más allá del incremento del número de operaciones mineras, empleo o generación de riqueza, la principal evolución en estos años ha sido la modernización de un sector que se esfuerza por ser seguro y sostenible sin dejar de ser competitivo. Para ello, la minería lleva años apostando por la innovación para alcanzar procesos más eficientes, implantando tecnologías respetuosas con las personas y con el entorno, una creciente digitalización y un firme compromiso con los más altos estándares ambientales y de calidad”, detalla el presidente de Aminer.

Pero ¿por qué sigue siendo una apuesta tan polémica? “En parte responde a una percepción todavía asociada a la minería del pasado. La realidad hoy es muy distinta: se desarrolla bajo una normativa ambiental y de seguridad muy exigente y con controles rigurosos que nos están permitiendo cuidar del medio ambiente e incluso reparar daños de otras épocas. La transición energética, la electrificación o el desarrollo de nuevas tecnologías limpias requieren minerales como el cobre o el níquel. Por tanto, si queremos avanzar hacia ese modelo energético, descarbonizado y digital, conducir coches eléctricos o tener placas solares, necesitamos la minería. Por no hablar de si pretendemos seguir usando móviles, ordenadores, sistemas de inteligencia artificial o datos que nos permitan desarrollar las smart cities, poner satélites en órbita o volar en aviones. La cuestión por tanto no es minería sí o minería no, la pregunta es qué tipo de minería”, incide.

“Si tuviera que destacar un cambio claro en los últimos años, sería la incorporación de tecnología y sistemas de control ambiental cada vez más avanzadosa. Hoy las explotaciones trabajan con herramientas de monitorización, digitalización de procesos y sistemas de gestión del agua que permiten operar con un mayor control y con menores impactos sobre el entorno. Se suma un avance importante en economía circular, con proyectos orientados al aprovechamiento de residuos mineros y a la recuperación de materiales. Son ejemplos claros de cómo el sector está evolucionando para desarrollar su actividad con cada vez más garantías”, concluye Enrique Delgado.

Los riesgos constatados por expertos

Jesús Manuel Castillo, catedrático de Ecología en la Universidad de Sevilla, lidera el estudio que se mencionaba en el primer párrafo: “Llevamos trabajando en ecotoxicología, fitorremediación y ecología de estuarios desde los años noventa. Principalmente, en el estuario de los ríos Tinto y Odiel, altamente contaminado con metales desde el siglo XIX. Cuando nos enteramos que se producían vertidos de metales en el Guadalquivir, quisimos investigar para poner esta información al servicio de la ciudadanía, como empleados públicos que somos”, apunta.

Subraya que este asunto no es una cuestión de opinión: “La realidad es que los sedimentos del estuario del Guadalquivir están altamente contaminados con metales desde por debajo de La Puebla del Río hasta la presa de Alcalá del Río, y estas altas concentraciones están provocando efectos ecotóxicos demostrados en experimentos de campo y laboratorio”. De igual modo, “la desembocadura del Guadalquivir presenta concentraciones relativamente altas de zinc y arsénico”.

Por otra parte, insiste en que debería haber normas de calidad ambiental para metales en los sedimentos en España, igual que las hay para las aguas. “Los metales se acumulan principalmente en los sedimentos, en el fondo de los ecosistemas acuáticos, no en las aguas”, aclara.

Todos estos datos están publicados “en revistas internacionales de impacto y han pasado por revisores y editores”, matiza el experto, quien agrega que, además, la acción de Cobre las Cruces y las características de su efluente “se relacionan con la contaminación de metales en los sedimentos del estuario interior, y los albures bioacumulan metales, especialmente plomo”. En cambio, recalca, “los informes de Cobre las cruces no pasan por revisores, ni editores, no se publican en revistas especializadas y son muy pobres a nivel científico”.

Entonces, ¿es compatible la protección ambiental con la actividad minera? Entiende que depende de muchos factores. “En el caso de los vertidos mineros al Guadalquivir, tal y como están planteados, no son compatibles ni con la protección ambiental, ni con multitud de actividades socioeconómicas como la pesca, la agricultura la ganadería y el turismo, asociadas al estuario, ni con una buena salud pública. Esto no es sólo un conflicto entre puestos de trabajo de las minas y la conservación ambiental”, asevera.

Sobre este estudio, Enrique Delgado remarca que “merece ser analizado con respeto, pero también es importante recordar que la minería en España está sometida a controles muy estrictos y a evaluaciones ambientales muy rigurosas, y que el sector se esfuerza no sólo en cumplirlos, sino en mejorarlos, para alcanzar los más altos niveles de excelencia ambiental”. Recuerda también que tras estudiar distintas denuncias contra la mina de Aznalcóllar, “el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha avalado las autorizaciones del proyecto, confirmando la validez de los procedimientos técnicos y administrativos seguidos”.

¿Para la transición ecológica o para armamento?

Por su parte, Antonia Herrero, doctora en Biología y presidenta de la asociación Salvemos el Guadalquivir, considera que “la minería, en cualquiera de las modalidades desarrolladas hasta ahora, es un proceso enormemente disruptivo del terreno donde opera, en el que deja profundas alteraciones, y siempre genera enormes cantidades de derivados potencialmente tóxicos que provocan contaminación de suelos y cursos de agua, con los consiguientes efectos negativos, a veces devastadores, sobre las actividades económicas, el acceso al agua y la tierra, e incluso la salud”.

Cree que “hasta cierto punto, y sólo en parte, los efectos de los pasivos mineros se podrían paliar aplicando tecnologías de depuración más eficaces, que generalmente no se utilizan porque, al suponer un mayor coste económico, disminuirían las ganancias de las explotaciones”.

La premisa de la necesidad de continuar con la minería extractiva es, a su juicio, errónea, “porque supone que podremos mantener nuestro nivel de consumo energético, además de basarse en una paradoja: la de diseñar la transición a formas de energía menos contaminantes contaminando y destruyendo territorios y, por ende, las actividades productivas locales; o sea, determinando zonas de sacrificio”. En esta línea, alega que “no es cierto que lo que se extrae o proyecta extraer en Europa de las llamadas materias primas estratégicas tenga como destino aportar a la transición ecológica”. Por el contrario, “las compañías que explotan las minas generalmente son consorcios transnacionales que ingresan los productos en los mercados globales, desde donde se venden al mejor postor, tanto para construir parques de energías renovables como armamento que se utiliza en guerras que, además de catástrofes humanitarias, provocan desastres ambientales”.