Pobreza en Andalucía: la herida que no cierra

Cada 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, una fecha que invita a reflexionar sobre las desigualdades estructurales que aún persisten en nuestra sociedad. En Andalucía, la pobreza no es una estadística más: es una realidad cotidiana para más de un tercio de la población. Según el indicador AROPE, el 37,5 % de los andaluces está en riesgo de pobreza o exclusión social, once puntos por encima de la media nacional y veintidós por encima del País Vasco. Estas cifras revelan el largo camino que aún queda por recorrer para cumplir con la Agenda 2030 y su objetivo de reducir a la mitad la pobreza.

A pesar del triunfalismo del Gobierno andaluz, que presume de gestión económica, diez de los quince barrios más pobres de España se encuentran en esta comunidad. Allí, las condiciones sociales reducen la esperanza de vida en hasta nueve años. Vivir en un hogar con menores a cargo, los monomarentales o monoparentales, tener menores con discapacidad, vivir en zonas rurales o ser inmigrante son factores determinantes que agravan aún más la vulnerabilidad.

Las reformas laborales y sociales pactadas en el marco del diálogo social estatal han permitido reducir la tasa de paro andaluza en más de diez puntos en ocho años, hasta el 14,85 %, y mejorar la estabilidad de los contratos. Sin embargo, tener trabajo no garantiza escapar de la pobreza. Andalucía figura entre las cuatro comunidades con salarios más bajos: 3.000 euros menos que la media nacional y 8.500 menos que el País Vasco. Casi la mitad de la población asalariada cobra entre 0 y 1 salario mínimo, y una parte importante apenas supera los 1.000 euros mensuales. Mientras tanto, los beneficios empresariales crecen un 15 % y los salarios pierden poder adquisitivo. La brecha no deja de ensancharse.

Ante este panorama, las políticas públicas de protección social, especialmente a los más vulnerables, deberían ser una prioridad. Sin embargo, la gestión autonómica dista mucho de estar a la altura. Las demoras en la tramitación de pensiones, dependencia, discapacidad o el bono joven de vivienda son solo la punta del iceberg. El Gobierno andaluz ha recortado recursos en los programas más necesarios: la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) ha pasado de 80.000 solicitudes en 2018 a poco más de 12.000 en 2024. Tras su modificación mediante el Decreto-Ley 3/2024, esta prestación es residual y solo llega hoy a poco más de 4.400 personas beneficiarias, con un presupuesto reducido en 168 millones de euros en seis años.

La situación requiere un cambio de rumbo urgente. Andalucía necesita desplegar una verdadera red de protección social: mejorar las prestaciones y subsidios, reforzar los servicios públicos, y garantizar salarios dignos que mantengan el poder adquisitivo frente a la inflación. También urge abordar la feminización del desempleo y la precariedad, que afectan sobre todo a mujeres mayores de 45 años

Y existen hechos incontestables. El gasto autonómico en políticas sociales por habitante se sitúa en la cola nacional: 3.158 euros al año, frente a los 4.343 del País Vasco, una comunidad que además complementa su renta básica con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuestión a la que el Gobierno andaluz se niega pese a la firma del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía (Gobierno, CEA, UGT Andalucía y CCOO de Andalucía) en marzo de 2023. En ese Pacto se incluían numerosas medidas dirigidas a mejorar la situación de pobreza en Andalucía que han quedado en papel mojado. Andalucía continúa en el vagón de cola, con la renta per cápita más baja del país, solo por delante de Murcia. La crisis del acceso a la vivienda agrava la exclusión: el precio del alquiler se ha disparado más del 40 % en cinco años y el Gobierno andaluz se niega a aplicar la Ley Estatal de Vivienda, prefiriendo impulsar una norma propia de corte regresivo que trata la vivienda como un bien de mercado antes que como un derecho social. Además, se debe asegurar que el gasto en vivienda no supere el 30 % de los ingresos del hogar, condición básica para vivir con dignidad.

La situación requiere un cambio de rumbo urgente. Andalucía necesita desplegar una verdadera red de protección social: mejorar las prestaciones y subsidios, reforzar los servicios públicos, y garantizar salarios dignos que mantengan el poder adquisitivo frente a la inflación. También urge abordar la feminización del desempleo y la precariedad, que afectan sobre todo a mujeres mayores de 45 años.

La erradicación de la pobreza no puede seguir siendo un lema vacío cada 17 de octubre. Debe traducirse en decisiones valientes y sostenidas, en políticas que pongan a las personas en el centro. Porque no hay progreso real si se deja atrás a casi cuatro de cada diez andaluces. La justicia social no se mide por los discursos, sino por los presupuestos, por las prioridades y por la voluntad de construir una Andalucía más equitativa, donde la pobreza deje de ser una herencia intergeneracional y se convierta, por fin, en un recuerdo del pasado.