70 organizaciones sociales llaman a garantizar los derechos humanos y evitar retrocesos democráticos en Extremadura

70 organizaciones sociales han firmado un comunicado conjunto en el que instan a las fuerzas políticas de la región a garantizar la protección de los derechos humanos y evitar cualquier retroceso democrático en Extremadura.

Las organizaciones firmantes expresan su preocupación ante la deriva que está tomando el debate político en torno a la formación de gobierno en la Junta de Extremadura, y advierten del riesgo que supone que los derechos y las políticas sociales se sitúen en el centro de disputas de poder.

En un contexto internacional marcado por una creciente inestabilidad y por la reaparición de conflictos armados como forma de resolución de disputas entre Estados, las entidades recuerdan que la defensa de la democracia, los derechos humanos y la convivencia plural adquiere hoy una relevancia aún mayor.

En este sentido, consideran especialmente preocupante que, en el marco de las negociaciones políticas en Extremadura, determinadas políticas públicas vinculadas a derechos y garantías sociales puedan utilizarse como instrumentos de presión política o como mecanismos de exclusión ideológica.

“La fortaleza de una democracia no se mide por su capacidad para restringir derechos o desmantelar políticas públicas, sino por su compromiso en protegerlos y ampliarlos”, señalan las organizaciones en el comunicado.

Las entidades recuerdan que la ciudadanía extremeña ejerce su derecho al voto confiando en que las instituciones actúen con responsabilidad, defendiendo el interés general y garantizando las libertades que sostienen la convivencia democrática.

Asimismo, advierten de que utilizar los derechos y los bienes públicos como herramientas de imposición ideológica debilita el pluralismo democrático y erosiona la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.

Las organizaciones subrayan que los derechos humanos no son negociables ni pueden estar sujetos a retrocesos, y reafirman su defensa de los derechos de las personas LGTBI, de las personas migrantes, de las identidades diversas y de todos los colectivos que históricamente han sufrido discriminación o exclusión.

En el comunicado recuerdan además que la historia reciente demuestra las consecuencias de restringir libertades y debilitar derechos, dinámicas que —advierten— degradan la democracia y abren la puerta a formas de ejercicio del poder incompatibles con los principios constitucionales y los derechos humanos fundamentales.

Por ello, hacen un llamamiento a todas las fuerzas políticas e instituciones de la comunidad autónoma para que el debate público se desarrolle desde el respeto al pluralismo democrático y a los derechos y libertades garantizados en el marco jurídico.

“La democracia no se negocia desde el autoritarismo ideológico ni se construye limitando derechos; se fortalece garantizándolos y defendiéndolos”, concluyen.

Las organizaciones sociales de Extremadura aseguran que no permanecerán al margen ante ningún intento de retroceso democrático y reclaman responsabilidad institucional y un compromiso firme con la defensa de los derechos de todas las personas.

El texto está impulsado por la Coordinadora Extremeña de ONGD, en representación de sus 51 entidades socias, junto a la Plataforma de Apoyo a las Personas Migrantes de Extremadura, Ecologistas en Acción de Extremadura. Cuenta además cuenta con el respaldo de organizaciones de todo el país como La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y las coordinadoras autonómicas de ONGD de Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia.

Al comunicado también se han adherido los grupos políticos Unidas por Extremadura y el Partido por un Mundo más Justo (M+J) y el Partido Nuevo Extremeñismo (NEx).