El 20 de noviembre de 2015 el Consejo de Ministros aprobaba la Declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En dicha Declaración se alude a los cambios normativos llevados a cabo durante el último año en el marco de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013/2016 aprobada al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Pues bien, partiendo de las anteriores consideraciones, a continuación se recogen – sin ánimo de ser exhaustivo –, un elenco de las normas aprobadas en el último año con una incidencia directa en el abordaje de la violencia de género, a saber:

Se observa una importante actividad legislativa en lo que afecta a la violencia de género. Ahora bien, ¿en qué términos se concretan los cambios y/o novedades introducidas? Veámoslo a continuación:

Sin perjuicio de lo expuesto hasta ahora y de las consideraciones críticas que se puedan articular, lo cierto y verdad es que resta ver cuál es la afectación en la práctica de todas las novedades comentadas. Máxime si lo que se busca es acabar con este tipo de violencia. Y en este punto resulta esencial apuntar brevemente cómo las modificaciones introducidas parten de una premisa previa: la denuncia. Premisa que no siempre se da por los múltiples factores ya comentados (aquí, aquí y aquí) y la especificidad de este tipo de violencia.

Hace tiempo que todo el universo de la comunicación política viene demostrando que el cerebro político es fundamentalmente emocional. Que el material del que está hecha la política son las emociones.

Sabemos que la ideología es una de las variables fundamentales para explicar el voto. Pero que hay contextos específicos que activan más estímulos emocionales, y que pueden hacer que los votantes cambien de comportamiento. Uno de estos contextos es sin duda el de las campañas electorales. En relación a ello, desde los años 90, una amplia investigación académica viene probando 1) que las campañas políticas tienen un importante impacto en el resultado de las elecciones, a pesar de que durante mucho tiempo se minimizó su efecto, 2) que el escenario donde se dirime la batalla política son fundamentalmente los medios de comunicación, 3) que el papel de las emociones en las campañas electorales dirimidas en plataformas mediáticas, y últimamente también en digitales, es absolutamente fundamental. A la luz de estas tres premisas, la pregunta que cabe hacerse es ¿cómo afectarán todas ellas a las elecciones generales del 20D?

El papel de las campañas

Hasta ahora, la alta volatilidad expresada en las encuestas, y la cifra nada desdeñable de un 22,2% de votantes indecisos según el último barómetro del CIS, nos lleva a pensar que la decisión del voto dependerá de las percepciones que se tengan sobre lo que está en juego en estas elecciones, antes que de las características socioeconómicas y culturales de los votantes, como ocurría en el modelo de democracia tradicional de partidos. El #YesWeCan que llevó a Obama a la presidencia de EEUU en 2008 fue uno de los casos de estudio más emblemáticos de movilización política desplegados en campaña electoral. La #ManuelaManía que conquistó las redes y logró dar un vuelco al resultado electoral en poco menos de un mes durante las pasadas elecciones de mayo, fue otro de los ejemplos paradigmáticos de todo lo que se puede hacer en una campaña electoral. Especialmente cuando se tiene un candidato o candidata que sabe despertar sentimientos positivos en los votantes (y volvemos al tema de las emociones), y cuando se aprovechan los instrumentos con los que cada vez más se vincula la política, esto es, los medios de comunicación y las redes digitales. 

El papel de los medios de comunicación.

En nuestro contexto histórico, tal y como ha señalado el propio Castells, la política es fundamentalmente una política mediática. Esto quiere decir que si no estás en las “pantallas” (de móvil, de televisión o de ordenador), simplemente no existes, porque los medios de comunicación, como señala el sociólogo, “no son el cuarto poder, sino el espacio donde se crea el poder”.

Desde la publicación de la emblemática obra de teoría política contemporánea de Bernard Manin titulada “Los principios del Gobierno Representativo”, sabemos que los canales de comunicación política afectan a la naturaleza de la relación representativa; por ejemplo, mediante la televisión, los candidatos se pueden comunicar directamente con los votantes sin la mediación de un partido. En la “democracia de audiencia” se producen así dos fenómenos; de un lado, una mayor personalización de la política, y de otro, que el “hombre de partido” se transforme en un “personaje mediático” caracterizado por un dominio en técnicas de comunicación mediática. La consecuencia fundamental según Manin es que se transforma el proceso de selección de las élites políticas porque ahora tienen más que ver con expertos en medios de comunicación que con burócratas de partidos. Por eso hablamos de “una democracia de audiencia”, frente a la democracia tradicional de partidos, donde la ideología y las características socioeconómicas de los votantes jugaban un papel mucho más importante en el comportamiento electoral. En tiempos de la “democracia de audiencia” o de la “política mediática” los temas políticos lograrán ocupar la agenda si despiertan sentimientos entre los votantes (lo estamos viendo con la crisis de Cataluña); y donde la personalidad, el carisma, el lenguaje corporal y verbal de los candidatos para movilizar sentimientos positivos  también será decisiva.

La campaña emocional

El estudio empírico del papel de las emociones para calibrar los efectos de la propaganda política en el comportamiento electoral se centra en dos emociones básicas: el miedo y el entusiasmo. Esta divisoria alude a un eje central sobre el cual se va a dirimir nuestra campaña electoral basado en la distinción continuidad/cambio. El entusiasmo por un candidato siempre se vincula a un marco de cambio. No es casual que tanto partidos emergentes como el propio Partido Socialista estén en pugna por ganar hegemonía dentro de este marco del cambio; el “cambio y no recambio” de Pablo Iglesias, el “cambio sensato” de Albert Rivera, y “el cambio que une” de Pedro Sánchez, son eslóganes bastante elocuentes a este respecto. Frente a ello, el Partido Popular apuesta por la experiencia, por la capacidad para resolver problemas y “no vender humo”. Estas palabras, como sostiene Lakoff, crean metáforas que anidan en las mentes de las personas en forma de miedo hacia lo desconocido, o de esperanza vinculada con un cambio que se desea.

Todo dependerá de la habilidad de los candidatos para activar una u otra, y de cómo sepan aprovechar las circunstancias. En relación a ello, posiblemente una de las claves que explican el éxito de C´s es que ha sabido transitar muy bien por ambos marcos aprovechando la crisis de Cataluña. Por un lado, C´s se ha situado como partido de vanguardia, de la nueva política, sacando ventaja en gran medida del camino discursivo que preparó Podemos con temas como la regeneración democrática, nueva política, etc. Pero por otro lado, la formación de Rivera ha sabido granjearse una imagen de “partido de orden”, altamente eficaz y responsable en el mantenimiento del status quo gracias a la articulación cristalina de una postura unionista, que al mismo tiempo se conecta con un proyecto de modernización del país. La solución de la crisis de Cataluña pasa por un proyecto de modernización de España. La defensa del unionismo (marco conservador) pasa por una renovación profunda de España (marco de cambio).

La gestión de esta crisis lo sigue disparando en las encuestas y muestra que hoy más que nunca las campañas electorales son plataformas fundamentales de movilización política. El problema de todo esto estriba en que la aceleración de la comunicación en ellas favorece aún más su emocionalización, algo que hemos comprobado estos días con el impacto que han provocado los atentados de París sobre nuestro contexto político activando fundamentalmente la emoción del miedo. Sin embargo, todos sabemos que la racionalidad sólo es posible allí donde no hay velocidad. Para pensar hay que detenerse, salirse del ruido. Stop and think, que diría Hannah Arendt.

Hace unos días un editorial de El País aprovechaba la publicación del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) sobre la revalorización anual de las pensiones para plantear la necesidad de abrir un debate sobre el futuro del sistema público. Dada la extraordinaria sensibilidad de este asunto, las dificultades que actualmente atraviesa la Seguridad Social y la incertidumbre que el desequilibrio de sus cuentas –y su interpretación– están generando a la ciudadanía, parece realmente oportuna esa reflexión. Sirvan estas líneas como una modesta contribución con la que se quieren aclarar algunos aspectos.

I. El problema coyuntural y el reto estructural. El problema coyuntural y el reto estructuralComo primera observación, es acertado señalar que el desequilibrio que hoy sufre el sistema de pensiones no deriva de un problema de gastos, sino de ingresos. Quiere ello decir que nuestro país no gasta demasiado en pensiones; al contrario, estamos por debajo de la media de los países de la Eurozona. Se preguntará entonces el lector por qué la Seguridad Social tiene un déficit superior al 1% del PIB desde hace cuatro años. Y la respuesta es sencilla: por el impacto de la crisis económica y por las políticas ‘austericidas’ que han concentrado todo el ajuste en la destrucción de empleo. Por ello, pese a que este desfase no es en absoluto menor –el Fondo de Reserva se agotará en 2017 ó 2018–, no cabe duda de que su naturaleza es coyuntural, como probaría el que ahora las cuentas estarían equilibradas si tuviéramos el número de cotizantes alcanzado antes de la crisis. En todo caso, hay que denunciar la estrechez del planteamiento que pretende hacer creer que la sostenibilidad del sistema de pensiones depende del nivel de ingresos vinculado a las cotizaciones sociales: la clave más bien reside –debería residir– en el volumen de riqueza que la sociedad está dispuesta a dedicar a sus ancianos, lo que exigirá, en su caso, la articulación de otras fórmulas de financiación.

Sin embargo, de nuevo en este punto se plantea un segundo interrogante que vendría a socavar la fiabilidad del actual sistema público de pensiones: la amenaza que deriva del próximo envejecimiento de la población. Frente al caso anterior, aquí la dimensión del reto es, en parte, estructural, puesto que es indiscutible que ese cambio demográfico va a suponer un incremento muy significativo del número de pensionistas a partir de mediados de la próxima década y durante un largo periodo de tiempo con la consiguiente repercusión en el gasto. Precisamente para dar respuesta a esta transformación de la estructura poblacional se aprobó de forma consensuada (Pacto de Toledo y Acuerdo Social y Económico, tripartito) la reforma de 2011. Este conjunto de ajustes paramétricos imponía sacrificios a los pensionistas y trabajadores, pero garantizaba que el crecimiento del gasto asociado a ese fenómeno demográfico no superara –ni siquiera en el momento más crítico, 2050– un nivel que puede considerarse asumible en términos comparados: 14% del PIB. Un nivel inferior al gasto que hoy realizan Francia, Italia o Austria. A pesar de ello, el gobierno ‘popular’ no consideró suficiente el ajuste y volvió a impulsar cambios en 2013 con una contundencia sin precedentes.

II. La magnitud de la reforma de 2013.La magnitud de la reforma de 2013 Difícilmente puede sostenerse, como hace el editorial que hemos mencionado, que la reforma de pensiones llevada a cabo en la presente legislatura (Ley 23/2013) sea “insustancial”. Bien al contrario, cabría afirmar que los dos cambios que impuso de forma unilateral el Gobierno de Rajoy –sustitución del mecanismo de revalorización de las pensiones e introducción de un factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida– suponen una ruptura del modelo que hoy (todavía) conocemos. Como reconoce el propio Ejecutivo y avala la Comisión Europea, esas dos medidas habrían de implicar un recorte del gasto en pensiones en 2050 de 3,4% del PIB, lo que daría lugar a unos niveles de gasto muy similares a los actuales. Pero con la significativa diferencia de que el número de pensionistas se habrá prácticamente duplicado.

La entidad del ajuste ya ha comenzado a manifestarse. En concreto, de la información ofrecida la pasada semana por la AIREF se deduce que la aplicación del nuevo índice de revalorización anual va a implicar una congelación de las pensiones (subida testimonial del 0,25%) hasta bien entrada la próxima década. Tal es el resultado ofrecido por la nueva fórmula de revalorización que ya no persigue la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas, sino la estabilidad presupuestaria. Así, el desequilibrio que sufren las cuentas de la Seguridad Social desde 2012 ha de lastrar el mecanismo (de ‘devaluación’) durante al menos seis años más. Con un doble agravante: primero, que aunque mejore la situación financiera de la Seguridad Social el impacto de la jubilación de los baby boomers presionará a la baja la aplicación de la fórmula en el futuro. Y, segundo, que a partir de 2019 la introducción del factor de sostenibilidad supondrá también una reducción de la cuantía inicial de las pensiones.

III. La insostenibilidad social del modelo resultante.La insostenibilidad social del modelo resultante A la vista de lo anterior, parece evidente que el modelo resultante de la ruptura de 2013 es insostenible. Pero no porque suponga un gasto excesivo, sino porque condena a los pensionistas a la pobreza, algo que difícilmente cabe en un Estado social en el que los poderes públicos deben garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos durante la vejez mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (artículo 50 de la Constitución).

¿Significa ello que ha de apostarse entonces por un cambio radical de modelo? Hay quien defiende, con diversas variantes y de forma más o menos encubierta, que ha llegado el momento de transformar nuestro sistema de pensiones en uno mixto, limitando el peso del pilar público como vía más efectiva para la extensión del pilar privado. Eso condenaría a la mayor parte de la población –incapaz con sus ingresos de pagarse un fondo privado suficiente– a pensiones casi de pobreza. Nosotros, en cambio, creemos que deben recuperarse las señas de identidad del sistema de pensiones que hemos conocido, para lo cual resulta imprescindible completar las actuales fuentes de financiación.

Durante años el Estado ya financió una parte importante del gasto de la Seguridad Social, junto a los ingresos provenientes de las cotizaciones sociales. El ajuste de la asistencia sanitaria al marco constitucional aconsejó la aplicación de un principio de separación de fuentes por el cual las cotizaciones se dedicaban a la financiación de las prestaciones del nivel contributivo, circunscribiéndose la aportación del Estado –y no totalmente– a la parte asistencial. Ese diseño, que pudo resultar válido para un momento concreto de la evolución demográfica, no lo es para la fase de maduración en la que accederán a la jubilación los baby boomers.

IV. El Estado como garante de la sostenibilidad del sistema de pensiones.El Estado como garante de la sostenibilidad del sistema de pensiones Resulta urgente e imprescindible un cambio que lleve al Estado a complementar progresivamente los ingresos del sistema como vía más efectiva para preservar la centralidad de las pensiones dentro de nuestro Estado social.

Semejante acción de reequilibrio de las fuentes de financiación no es ninguna ocurrencia. Cuenta con la misma legitimidad –y pacífico encaje constitucional– con la que la protección por desempleo pasó de financiarse casi exclusivamente a través de cotizaciones sociales antes de la crisis a recibir la mitad de los recursos directamente del Estado durante el periodo más crítico. Y es ciertamente un diseño bien conocido por los países de nuestro entorno.

La pregunta entonces es si el esfuerzo presupuestario adicional que se plantea resulta asumible para el Estado. No cabe duda de que el incremento de la aportación estatal sería muy notable, pero es un reto asequible por las siguientes razones. Primero, porque el nivel de gasto en pensiones suprimiendo los cambios de 2013 evolucionaría hacia cotas que hoy ya, con una riqueza menor, sostienen sin problemas otros países próximos. Segundo, porque urge y debe producirse una mejora de los ingresos fiscales que enjuague la grave insuficiencia (casi ocho puntos) que tiene España respecto de los demás Estados europeos. Tercero, porque el esfuerzo de financiación exigido sería progresivo en el tiempo, lo que facilitaría un margen de maniobra para el desarrollo de otras políticas igualmente necesarias para el mantenimiento del sistema de pensiones (política de empleo, inmigración, natalidad…). Y, cuarto, porque se trata de un esfuerzo con una duración temporal limitada, en la medida en que a partir de 2050 se produciría una significativa caída del gasto como consecuencia del agotamiento de los efectos de la jubilación de la generación del baby boom.

Desde una perspectiva de defensa del sistema público de pensiones de reparto como pilar de un Estado de Bienestar aún incompleto, consideramos que la fórmula más efectiva para lograr esos recursos adicionales sería la creación de un recurso fiscal específico para la financiación de las pensiones que, como expresión de un firme y amplio compromiso político –blindaje–,serviría para la preservación del patrimonio social que hemos construido entre todos. Otros proponen soluciones distintas que entrañan un menor gasto público –y un mayor gasto privado– que conduce a pensiones mayoritariamente más bajas. A ellos hay que pedirles que expliquen sus propuestas, pero incluso antes de ello habría que exigirles que aclaren por qué rechazan el actual modelo público de pensiones.

La cadena de atentados perpetrados en la noche del viernes en París plantea interrogantes desde muy diferentes puntos de vista. Desde la óptica jurídica, es casi inevitable preguntarse por su posible repercusión en el modelo francés de lucha contra el terrorismo y, más en general, en el modelo de los países del “espacio constitucional europeo”. Es sabido que la legislación antiterrorista comparada, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, viene incidiendo de forma claramente restrictiva en el ejercicio de determinados derechos y libertades. La respuesta de los diferentes países oscilan desde la opción militar o cuasimilitar hasta la radicalización de una legislación ya de por sí excepcional, pasando por un afianzamiento de esa legislación en aspectos muy concretos. Francia –como España- viene apostando por esta tercera opción. Una opción, por así decir, ponderada de prevención y represión del terrorismo, que diferencia seguridad y excepción militar.

Recuérdese que, en la década de los setenta, Francia se convirtió en blanco de un terrorismo nacional e internacional que intensificó sus acciones a lo largo de los años ochenta. En este contexto, y tras el verano especialmente trágico de 1986, el legislador francés optó por diseñar un marco normativo específico para la lucha antiterrorista. Esto es, un conjunto de reglas especiales o derogatorias del Derecho común en materia de prevención de atentados, garantías procesales a observar con ocasión de la detención y el enjuiciamiento de los sospechosos y represión penal de los delitos de terrorismo, inspirado en la idea de mantener un equilibrio entre libertad y seguridad. En Francia, desde entonces, se entiende que libertad y seguridad se refuerzan mutuamente y otorgan credibilidad y legitimidad a la acción gubernamental. Se hace necesario ponderar entre la lucha contra los violentos y los derechos y las libertades fundamentales. El legislador francés, en distintas ocasiones, ha reafirmado el propósito de combatir con eficacia a los que matan indiscriminadamente, pero desde el paradigma del Estado de Derecho.

Por otro lado, el Consejo Constitucional francés ha tenido ocasión de pronunciarse sobre buena parte de la legislación antiterrorista. Su papel de garante de los derechos y de las libertades se ha visto así reforzado. Cierto es que la lucha contra lo que se ha denominado el nuevo terrorismo internacional legitima un compromiso especial en el ámbito político, diplomático y también legislativo. Pero no lo es menos que esa respuesta especial puede comprometer la posición preeminente que los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional francés. El control de constitucionalidad ha adquirido de este modo particular relevancia. Otra cosa es que pueda decirse que, al controlar las más recientes medidas legislativas contra ese nuevo terrorismo, el Consejo Constitucional se haya enfrentado a un tema desconocido o novedoso. El Consejo ha venido más bien a reiterar su posición mantenida en pronunciamientos anteriores; ha permanecido fiel a una doctrina general que cabe considerar, en tal sentido, consolidada, aunque la aplicación concreta esa doctrina pueda ser discutible en algún sentido. No cabe, pues, hablar tampoco de una jurisprudencia de excepción. El Consejo ha ejercido con prudencia una función de control o revisora, sin perjuicio de que en algún caso haya concluido en una declaración de inconstitucionalidad (así, en 1996 y 2006). El legislador ha de procurar la conciliación entre, de un lado, el interés de la justicia penal y el mantenimiento del orden público –en su dimensión más clara de seguridad pública- y, de otro, el disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas consagrados ex Constitutione, particularmente la libertad personal, la libertad de circulación, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. El legislador es quien realiza la ponderación necesaria para armonizar los distintos derechos, bienes y valores en conflicto. Y al Consejo le compete corregir, en su caso, los errores que pueda cometer el legislador al efectuarla. El control de esos posibles errores se opera a través del juicio de proporcionalidad. La justificación de la limitación de los derechos requiere que esa limitación sea idónea, necesaria y proporcionada en sentido estricto. Que el fin justifique los medios.

El dolor y la repulsa que suscitan los atentados no debieran poner en cuestión un modelo, un paradigma, digno de ser preservado. Más en general, es cierto que las soluciones francesa, inglesa o griega distan mucho de ser homogéneas. Se ha insistido en la dificultad de la Unión Europea para alumbrar una política antiterrorista propia y común. Sin embargo, la idea de dotarse de una política más preventiva, cooperativa y económica que la opción militar coercitiva parece que se va afianzando. No debiera confundirse seguridad con defensa o instrumento militar.

Al fin son oficiales. Tras meses de filtraciones, rumores y discusiones técnicas, David Cameron ha lanzado sus propuestas para acomodar la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. A lo largo de este período de tiempo se han organizado múltiples conferencias, se han escrito infinidad de artículos al respecto y, de forma muy interesante, se han llevado a cabo incluso ejercicios de simulación de la negociación a venir en el Consejo Europeo y clasificaciones por países según si las peticiones serían aceptables o no.

Si bien son varias las cuestiones especialmente polémicas, el primer ministro británico considera que un éxito en las negociaciones daría lugar no solo a que el Reino Unido se sintiese más cómodo en la Unión Europea, sino también a una Unión Europea mejor y reformada, que se centraría en lo “importante”.

Veamos pues, qué se pretende negociar:

Bloque 1: Gobernanza económica.

Bajo estas palabras se encuentra la comprensible preocupación británica de perder influencia en una Unión Europea que camina irreversiblemente hacia una mayor integración política, y donde los países que no se encuentran en el euro están cada vez más alejados del core. Cameron lo deja claro en su carta: el Reino Unido tiene un opt-out permanente del euro (cuestión que comparte con Dinamarca únicamente; el resto de países tiene la obligación de unirse). El problema es cómo articular las demandas británicas sin caer en cuestiones que deben ser, aquí sí, líneas rojas para la Unión Europea, como que la moneda de la UE es el euro.

Bloque 2: Competitividad.

Aquí no parece que vaya a haber excesivos problemas. Cameron dedica buena parte de este bloque a señalar lo importante que siempre sido para el Reino Unido que la UE se focalice en la competitividad y el crecimiento económico, y que ve de forma muy positiva los avances al respecto hechos en los últimos tiempos (pasos hacia el Mercado Único Digital, pasos hacia una Unión de Mercado de Capitales, negociaciones para llegar a acuerdos comerciales ambiciosos, reducción de legislación innecesaria). Dada la situación económica del continente, y la orientación económica de la nueva Comisión, impulsando medidas en este sentido, no parece difícil llegar a un acuerdo.

Bloque 3: Soberanía.

Si hay un Estado miembro celoso de su soberanía y receloso de cómo se toman las decisiones en Bruselas, éste es el Reino Unido. Sabemos que para los británicos la UE no es tanto un proyecto político como uno de tipo económico, y en esta línea se articulan las propuestas del tercer bloque. La más problemática sin duda alguna es la que hace referencia al ever closer union. En realidad, lo que se decía en el Tratado de Roma era que los firmantes estaban determined to lay the foundations of an ever closer union among the peoples of Europe, esto es, de lo que hablaban era de la unión cada vez más estrecha entre los pueblos, no entre los Estados. En cualquier caso, Cameron quiere acabar con que este compromiso aplique al Reino Unido. El problema sustancial aquí es este enunciado tiene una carga simbólica muy importante, y tendría que haber un consenso de todos los Estados para eliminarlo, lo cual parece improbable. La única forma de solventar la cuestión parecería la introducción en una eventual reforma futura de los tratados de un nuevo protocolo, como el relativo al euro, que deje claro que esta cuestión no aplica al Reino Unido.

En este bloque también hay otra cuestión complicada, la del rol de los parlamentos nacionales en la construcción europea. A diferencia de otros países, el parlamento británico tiene un papel muy activo, también en lo que respecta a la evaluación y control de las políticas que se llevan a cabo en la Unión Europea. A los británicos les gustaría ampliar sus competencias para poder detener legislación comunitaria. Esta propuesta, que se conoce como “Tarjeta Roja” podría complicar aún más el ya de por si complejo proceso de toma de decisiones en Bruselas, y lo haría desde una perspectiva un tanto negativa, que es la del bloqueo. Hay otras opciones, como es el refuerzo de la “Tarjeta Amarilla”, según la cual si bajo el Mecanismo de Alerta Temprana existen razones fundadas para entender que una propuesta legislativa se puede revisitar si no cumple el principio de subsidiariedad. Asimismo, se ha hablado de la posibilidad de la creación de una “Tarjeta Verde”, según la cual y sin perjuicio de la pérdida de iniciativa legislativa por parte de la Comisión, los parlamentos nacionales podrían sugerir que se iniciase legislación en cuestiones esenciales para ellos.

Bloque 4: Inmigración.

Último bloque y sin duda, el más problemático. Cameron asegura que su país recibe mucha mas inmigración de la que puede digerir, especialmente comunitaria. Por ello, y para limitar el supuesto coste que tiene para las arcas británicas propone una medida disuasoria para los ciudadanos comunitarios: contribuir durante 4 años antes de poder tener acceso a las diversas prestaciones sociales, además de acabar con una práctica con la que se encuentran muy molestos, que es la relativa a los beneficios que reciben algunas personas por tener hijos en sus países de origen mientras trabajan en el Reino Unido. Entendiendo que está en riesgo la libre circulación y que habría discriminación en caso de que se les nieguen las prestaciones sociales a los ciudadanos comunitarios, la Comisión se ha puesto rápidamente en guardia.

Como se percibe del análisis, la negociación no va a ser fácil. Una primera prueba de fuego será la reunión de Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo del 17 y 18 de diciembre. En cualquier caso, tenemos por delante muchos meses de debate que concluirán con un referéndum como muy tarde en 2017 por el mantenimiento o la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El resultado de ese plebiscito tendrá mucho que ver con el resultado de la negociación de los 4 bloques de Cameron.

A propósito de la Propuesta de Resolución del Parlamento catalán, presentada por los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, relativa al “inicio del proceso político en Cataluña  como consecuencia de los resultados electorales”, debe admitirse con total normalidad democrática el cuestionamiento de su oportunidad política, la extrañeza por su apresurada tramitación, la perplejidad ante su votación con anterioridad a una incierta investidura del Presidente de la Generalidad y la estimación de su contenido como contrario a la Constitución.

Dicho esto, no resulta, en mi opinión, acorde con nuestro ordenamiento jurídico el recurso al Tribunal Constitucional para que éste se pronuncie sobre algunas de las decisiones parlamentarias ya adoptadas o que se van a aprobar en los próximos días en torno a esta cuestión. En este sentido se van a examinar a continuación separadamente la admisión a trámite de la Propuesta de Resolución por parte de la Mesa del Parlamento de Cataluña, la convocatoria de la Junta de Portavoces de la Cámara antes de la constitución de uno de los grupos parlamentarios y la naturaleza de la Resolución una vez sea aprobada por el Pleno.

Los grupos parlamentarios de Ciudadanos y del PSC, en unión de los diputados del PP, estimaron que la Mesa del Parlamento no debía haber admitido a trámite la Propuesta de Resolución porque su contenido es inconstitucional al declarar, entre otras cosas, que “se inicia el proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de República” y consiguientemente “de desconexión del Estado español”. Coherentemente con ello solicitaron a la Mesa la reconsideración de su decisión. Sobre este punto la doctrina más reciente del Tribunal Constitucional excluye que las Mesas de las Cámaras puedan llevar a cabo una valoración sobre la conformidad constitucional del contenido material de las iniciativas parlamentarias cuando deciden sobre su admisión a trámite. En este sentido, el Alto Tribunal afirma lo siguiente: “De acuerdo con nuestra doctrina excede, empero, del ámbito de la facultad de las Asambleas Legislativas de calificar y admitir a trámite las iniciativas parlamentarias el control siquiera liminar de su constitucionalidad” (STC 85/2006, FJ 4). Por lo tanto, según añade el Tribunal Constitucional en la misma sentencia, las Mesas se deben limitar a verificar el cumplimiento de los requisitos formales reglamentariamente establecidos de las iniciativas parlamentarias y sólo pueden hacer un control del contenido material cuando el ordenamiento jurídico así lo estipule de manera expresa. De acuerdo con esta jurisprudencia, y dado que ni los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento de Cataluña ni ninguna otra norma establecen límites materiales al contenido de las Propuestas de Resolución, la Mesa del Parlamento, con buen criterio, admitió a trámite la iniciativa de Junts pel Sí y la CUP y desestimó las peticiones de reconsideración.

Los grupos y diputados citados recurrieron la decisión de la Mesa del Parlamento mediante sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional invocando una vulneración del artículo 23.2 CE, es decir, del derecho de acceder a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad y sin sufrir obstáculos ni perturbaciones. Aunque el Tribunal haya admitido inicialmente a trámite estos recursos, no parece que el destino final de los mismos pueda ser otro que el de su desestimación. De entrada el Tribunal Constitucional, mediante Auto de 5 de noviembre, ha rechazado la petición de Ciudadanos y del PP de suspender cautelarmente la efectividad del acto impugnado, que pretendía impedir la celebración del Pleno para debatir y votar la Propuesta de Resolución, afirmando que “el Parlamento es la sede natural del debate político y que el eventual resultado del debate parlamentario no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate”. Pero, además debe recordarse que el recurso de amparo está previsto exclusivamente para proteger derechos fundamentales y no meras vulneraciones del Reglamento Parlamentario que eventualmente hayan podido cometer las Mesas de las Cámaras. Como afirma el Tribunal Constitucional, “no es posible ampliar el recurso de amparo del art. 42 LOTC para dar cabida en el mismo a decisiones parlamentarias no susceptibles de vulnerar derechos fundamentales” (ATC 262/2007). En este caso la admisión a trámite de la Propuesta de Resolución hace posible un debate parlamentario y, por lo tanto, no vulnera el derecho de participación de los recurrentes. En cambio, la inadmisión a trámite   y el impedimento del debate sí que hubiera comportado la vulneración del derecho de participación de los grupos parlamentarios autores de la Propuesta de Resolución.

El recurso de amparo de los diputados del PP impugnó también el acuerdo de la Presidenta del Parlamento  de convocar la Junta de Portavoces sin que estuviera formalmente constituido el grupo parlamentario  de dicho partido. La convocatoria de la Junta de Portavoces era preceptiva, de acuerdo con el Reglamento del Parlamento, para resolver las solicitudes de reconsideración de la admisión a trámite de la Propuesta de Resolución. El problema que se planteó fue que el plazo de constitución del grupo parlamentario y de la Junta de Portavoces con todos sus miembros acababa más tarde que el plazo de resolución de las solicitudes de reconsideración. Se producía, pues, una colisión de derechos derivados todos ellos del artículo 23.2 CE: por una parte, el derecho de participación del PP en la Junta de Portavoces; por otra parte, el derecho de los solicitantes de reconsideración a recibir una respuesta dentro del plazo y el derecho de los autores de la Propuesta de Resolución a no sufrir dilaciones indebidas en la tramitación de la misma. La ponderación entre los derechos en juego establecida por la Presidencia del Parlamento, siguiendo un sólido Informe del Secretario General de la Cámara y antecedentes de otras legislaturas, fue la de convocar la Junta de Portavoces dentro del plazo previsto para resolver las solicitudes de reconsideración y ofrecer al PP la posibilidad de designar un representante para expresar su criterio en la reunión de la Junta de Portavoces. Se trata de una decisión razonable y equilibrada que, a mi juicio, no merece su impugnación por la vía del recurso de amparo.

Finalmente, es preciso referirse a si la Propuesta de Resolución, una vez sea aprobada por el Parlamento de Cataluña, es susceptible de impugnación por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional por la vía del procedimiento previsto en el art. 161.2 CE. Conviene recordar a este propósito que la Resolución será aprobada en virtud de los artículos 164  y 165 del Reglamento del Parlamento, es decir, en ejercicio de la función parlamentaria de impulso político cuya sustantividad y especificidad viene reconocida por el artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía. Sobre esta función parlamentaria la jurisprudencia constitucional había mantenido de manera constante que los actos parlamentarios en ejercicio de la misma expresan la voluntad política del Parlamento sobre un determinado asunto pero que son “carentes de efectos jurídicos vinculantes” (entre otras, STC 40/2003, FJ 3). Por otra parte, la propia jurisprudencia constitucional había señalado que los actos parlamentarios no normativos susceptibles de impugnación por la vía del artículo 161.2 CE son únicamente aquellos capaces de producir “efectos jurídicos ad extra concretos y reales” (ATC, 135/2004, FJ 4). Esta posición jurisprudencial debería conducir a la inimpugnabilidad de la Resolución parlamentaria.

Sin embargo, en la STC 42/2014 nuestro Alto Tribunal se apartó de su línea jurisprudencial anterior y entró a conocer una Resolución de impulso político del Parlamento de Cataluña. En dicha sentencia el Tribunal afirma que “lo jurídico no se agota en lo vinculante” y en esta línea sostiene que las resoluciones parlamentarias de impulso político son susceptibles de producir efectos jurídicos. No resulta en nuestra opinión muy convincente la argumentación de la sentencia para fundamentar la impugnabilidad de las resoluciones parlamentarias de impulso político ya que el Tribunal no consigue identificar cuáles son los efectos jurídicos concretos y reales  de una acto parlamentario que no es más que una mera expresión de voluntad política. Por ello, sería deseable que el Tribunal volviera su línea jurisprudencial anterior y que en todo caso entrara a controlar los actos jurídicos de las instituciones catalanas, posteriores a la Resolución parlamentaria, que eventualmente pudieran ser contrarios a la Constitución.

La urgencia, aunque sea histórica, es mala consejera. Me parece que las prisas han creado un problema en el Parlamento de Catalunya, que podría haberse evitado con un poco de paciencia. Ahora la controversia ha entrado en el Tribunal Constitucional por la vía de los recursos de amparo presentados por Ciudadanos (C’s), el PSC y el PP.

Recordemos que el asunto empieza el 27 de octubre, cuando la Mesa admite a trámite la propuesta de resolución secesionista firmada por Junts pel Sí y la CUP, y le da curso por vía de urgencia. Los representantes de los grupos parlamentarios de C’s y del PSC solicitan a la Mesa la reconsideración de esos acuerdos, y a título individual se adhieren los diputados del PP. Lo hacen así porque en ese momento aún se ha constituido el grupo parlamentario del PP, ni ha elegido a su portavoz. Lo harán en la tarde del día 5 de noviembre, dentro del plazo de que disponían para hacerlo y que concluía en la mañana del viernes día 6.

De acuerdo con las previsiones del reglamento de la cámara catalana (art. 38.c), para la reconsideración de los acuerdos de su Mesa esta dispone de cuatro días hábiles para decidir sobre la petición de reconsideración de los acuerdos, habiendo escuchado a la Junta de Portavoces. Y el último día para decidir era el 3 de noviembre, cuando aún no había terminado el plazo para que se constituyera formalmente el grupo del PP. Mientras que no se constituyera, no podía elegir su portavoz. Hasta que no tuviera portavoz, no podía existir formalmente la Junta de Portavoces, puesto que faltaba uno. Y si no existía formalmente, no podía ser escuchada como requiere el citado artículo 38.c. El problema de los plazos podría describirse así: los plazos para la mesa terminaban el 3 de noviembre, mientras que para disponer de todos los portavoces concluían el 6.

Esta situación comportaba una colisión de derechos, como acertadamente apuntaba el letrado del Parlamento que emitió el informe del parlamento. Los derechos de quienes proponían la resolución por la vía de urgencia, y también los de quienes, disconformes, debían ser escuchados en un Junta de Portavoces regularmente constituida. Derechos amparados por el artículo 23 de la Constitución (CE), que incluye el derecho fundamental de los representantes populares a ejercer sus funciones.

El art. 23 CE es el precepto que invocan los que acudieron en amparo al Tribunal Constitucional. Enseguida me ocuparé de su posible fundamentación, pero antes creo que vale la pena que tratemos de la solución por la que optó la Mesa ante el conflicto de plazos. Optó por convocar una Junta de Portavoces a la que se invitó al PP, y creo que esa no fue una buena solución. En la ponderación de derechos, se termina por preferir a unos por encima de otros, y es inevitable. Yo me hubiera inclinado por incumplir los plazos de respuesta de la petición de reconsideración, y esperar a que se constituyera el grupo del PP. La consecuencia hubiera sido el retraso de la respuesta a la petición de reconsideración, pero no su bloqueo, porque la Junta de Portavoces, que solo debe ser “escuchada” no puede en este punto vetar un acuerdo de la Mesa. Pero hubiera podido ser escuchada sin que cupiera oponer pegas formales a la regularidad de su formación.

Se me podrá decir, con razón, que quienes firmaron la petición de reconsideración —y no olvidemos que se adhirieron a ella los diputados del PP a título individual— debían asumir la consecuencia que comportaba en los plazos. Es decir, que debía resolver necesariamente el 3 de noviembre, antes de que acabara el plazo para poder reunir una Junta de Portavoces completa y correcta. Aun así, atender a los intereses de la minoría me parece preferible, si la consecuencia negativa para la mayoría se limita al retraso de la tramitación de una de sus propuestas.

Cabe preguntarse si de este episodio se deducen indicios de vulneración del derecho fundamental a la participación política. Por lo se ha podido saber de los recursos presentados, estos así lo consideran, y parten de la idea de la obligación de la Mesa de oponerse a la tramitación de iniciativas contrarias a la Constitución. En este punto, creo que a la vista del proyecto de secesión unilateral de la propuesta planteada por Junts pel Sí y por la CUP, la incompatibilidad de la misma con la Norma suprema está fuera de toda duda. De ahí nacería una primera tesis que parece común a los recurrentes: la Mesa hubiera debido rechazar la propuesta por su evidente inconstitucionalidad. Creo que la remisión a la sumisión a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, a al que ciudadanos y poderes públicos (art. 9.1 CE), así como diversas sentencias del Tribunal Constitucional, avalan este punto de vista. Lo que no me convence tanto es que de la admisión a trámite surja directamente una vulneración del art. 23 CE. Podría surgir si se aprobara y, además, los poderes públicos que actuaran siguiendo la declaración llevaran a cabo medidas concretas que efectivamente restringieran el ejercicio de los derechos recogidos en el artículo 23. Podría ser así, me temo, pero esa situación no se produce por el hecho de admitir a trámite una propuesta de resolución. Aun si, como la que nos ocupa, es clamorosamente contraria a la Constitución.

El Tribunal Constitucional rechazó la petición de suspensión del Pleno del Parlamento catalán que votará sobre la propuesta de resolución tramitada. El PP y C’s se lo habían solicitado en sus recursos. Ese rechazo no prejuzga cual vaya a ser  la sentencia que se dicte, pero me parece que apunta en la misma línea que sostengo. Si hubiera visto una relación inmediata y directa entre la declaración secesionista y el derecho invocado por los recurrentes, imagino que hubiera accedido a la petición de suspensión.

Esas consideraciones me llevan a concluir que la base para el recurso de amparo debe buscarse en la que resulta, desde mi punto de vista, de unas decisiones erróneas de la Mesa. No están en juego solamente unos plazos, o cuestiones técnicas sin mayor importancia. La dimensión de la crisis constitucional en la que estamos, que la propuesta tramitada puede hacer aún mayor, debe dar a las minorías el mayor margen de defensa que el ordenamiento jurídico pueda conceder. Por eso creo que ha hecho bien el Tribunal en no suspender el pleno. Y por eso mismo pienso que la Mesa erró cuando no esperó a la formación de la Junta de Portavoces. Ahí veo indicios de vulneración del derecho fundamental a la participación.

Los diputados y diputadas que representan la mayoría de escaños en el Parlamento de Catalunya, Junts pel Sí y las CUPS, han presentado en la Mesa del Parlament una Resolución que supone un choque frontal con las normas mínimas y esenciales de eso a lo que llamamos Estado de Derecho y por lo que llevamos construyendo en Europa desde hace más de dos siglos. Mucho se habla de la legitimidad estos días en contraposición a la legalidad, como si fueran realidades desligadas o desligables. Olvidan quienes hacen este planteamiento que la legitimidad de las mayorías, y de las minorías (la democracia debe protegerlas), de nada sirven si no es bajo un sistema jurídico determinado. Sino, cada mayoría, por coyuntural o eventual que fuera, podría imponerse siempre y en todo caso a las anteriores, independientemente de cual fuera su contenido o propósito. En nuestro caso, el sistema de referencia, las reglas del juego, viene dado por la Constitución de 1978 y el ordenamiento jurídico que la desarrolla, el ordenamiento de la Unión Europa y los compromisos internacionales por los que hemos decidido obligarnos. Prescindir de todo esto supone abrir una puerta a la incertidumbre jurídica, fuera de todo marco de referencia, en el que no hay reglas de juego prefijadas, lo que dota de inseguridad a toda conducta de las instituciones pero también a la ciudadanía. En definitiva, permite iniciar un camino fuera de la legalidad que sirve también a nuestros derechos, a su tutela, y a nuestra convivencia. Es cierto que urge cambiar, y no sólo cosméticamente, el pacto de convivencia que contiene la Constitución de 1978 y adaptarlo así a las nuevas exigencias de nuestra realidad política y social, también a la catalana. Pero no podemos permitir que eso se haga de cualquier forma porque supondrá el fracaso de todo el proceso, también el de aquellos que quieren la independencia, porque su legitimidad no será reconocida por nadie más que por ellos al hacer que salten por los aires todos las cautelas propias del Estado de derecho democrático que reconocemos como propio y que hemos coincidido en elesobre el todos deseamos construir nuestro pacto social.

En el otro lado, genera interrogantes la estrategia exclusivamente “jurídica” del gobierno estatal para hacer frente a un conflicto político de primera magnitud. Las dudas aparecen en relación con la eficacia que puedan tener las medidas que estas semanas se están proponiendo para acabar ya sea con la actitud beligerante aunque pacífica de las instituciones catalanas ya sea para acabar con la persona a la que hacen responsable de todos sus/nuestros males: el Sr. Artur Mas. En este último caso pareciera que, y perdónenme la expresión, “muerto el perro, muerta la rabia”.

En primer lugar se asume que la hoy propuesta de Resolución del Parlament será recurrida ante el Tribunal Constitucional en cuanto aquella adopte naturaleza de acto jurídico. La vía de recurso será la prevista en el artículo 161. 2 CE (utilizado en contadas ocasiones hasta tiempos recientes) por lo que la Resolución quedará inmediatamente suspendida. Es este un mecanismo que la Constitución brinda al Gobierno del Estado y que privilegia su posición respecto de la de los ejecutivos de las Comunidades Autónomas (sus razones tendría el Constituyente). Así las cosas la Resolución de marras quedará suspendida como mínimo durante 5 meses de forma automática y después tanto tiempo como el TC estime oportuno. A partir de aquí cabe preguntarse cuál será el alcance de las nuevas posibilidades de ejecución de sus propias sentencias que el Partido Popular ha otorgado al TC a través de una reforma exprés de su Ley Orgánica . Obviamente  primero debe dictarse la Sentencia respecto de la Resolución que puede suponer meses o años. Una vez que se haya dictado la sentencia, la aplicación de las medidas de ejecución afrontará una serie de problemas. En primer lugar, si la sentencia resolviera que la Resolución (o admisión de propuesta de resolución) es contraria a la Constitución y, por tanto, nula ¿qué cumplimiento podría exigirse si es un acto político? Y por tanto ¿a qué autoridad podría suspenderse por incumplimiento? Lo suyo sería inhabilitar, si fuera el caso, a la Presidenta del Parlament. Pero, ¡atención!, porque la lectura del nuevo articulado de la Ley Orgánica del TC parece dar a entender que es el propio Tribunal el que decide qué autoridad debe dar ejecución a su sentencia: ¿podría entonces decidir que fuera el futuro President (o Presidenta) de la Generalitat el que debiera cumplir la Sentencia? Lo cierto es que resulta un tanto extraño imaginar que se haga responsable del (difícil) incumplimiento de una resolución política del Parlament a la cabeza del Ejecutivo pero, según el tenor literal de la ley, podría darse.

En esta misma línea todos apuntan ya al art. 155 CE como una vía (esperemos que fuera en su caso la última y extraordinaria) para acabar con el conflicto catalán. Ahora bien, este artículo, al que algunos reconocen ventajas por su flexibilidad (así se expresaba Prof. Pérez Royo), es por su parquedad un precepto de difícil delimitación en su aplicación y en sus efectos. Y ello porque hasta la fecha nadie había pensado en serio en su aplicación (ni siquiera en las Aulas era un artículo al que se prestara atención). El art. 155 CE, como se deriva de  su redactado, está pensado para relaciones entre ejecutivos, el del Estado y el de las CCAA, y ello porque está configurado como un instrumento de control ante actuaciones materiales del Gobierno autonómico. El precepto constitucional dice que el gobierno central, previo requerimiento al ejecutivo autonómico, tras un procedimiento que necesita la mayoría absoluta en el Senado,  podrá adoptar “todas las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Por ello cuando se habla del art. 155 CE frente a una Resolución del Parlament se está obviando el carácter “intergubernamental” de este mecanismo de control; este no es un detalle menor porque no puede exigirse a un Presidente autonómico que “ordene” al Parlamento que cese en una determinada actividad dado que eso rompería con la lógica constitucional de la separación de poderes y la autonomía parlamentaria. Otro elemento a destacar que, pese a lo que empieza a ser una especie de mantra entre políticos y periodistas, el art. 155 CE no habla en ninguno de sus apartados de “suspensión” (tampoco de la autonomía por tanto). Otra cosa es que la doctrina (entre la que hay que destacar el trabajo del Prof. E. Vírgala) coincida en que, en último extremo sí cabría la suspensión de la autonomía y, por tanto, de todas sus instituciones. Por cierto, suspensión, que no anulación, ya que si no estaríamos ante una quiebra del art. 2 CE donde además de la unidad de España se reconoce la autonomía de sus territorios. Otro elemento, y no el último, que se obvia es que el art. 155 CE prevé la adopción de medidas temporales, duración que vendría determinada por el restablecimiento del interés general o por la finalización del incumplimiento “de las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan”. Mi duda es ¿sirve el 155 CE para acabar con las aspiraciones soberanitas (legítimas) de la mitad de la población? Creo que la respuesta es obvia: no.

En definitiva, mi perplejidad respecto de las actuaciones de la mayoría soberanista es creciente pero no lo es menos la incapacidad del gobierno del estado y de sus instituciones de buscar soluciones políticas a un conflicto que también lo es: político.

Ya en 2011, Max Schrems, estudiante entonces de tercero de Derecho, puso en evidencia a Facebook, al solicitar toda la información generada sobre él en los tres meses que llevaba como usuario. Facebook (Irlanda) le remitió 1.222 pdf con documentación. Después, a resultas de las revelaciones de Snowden sobre el flujo de datos hacia la NSA norteamericana, el ya licenciado Schrems inició una batalla legal que ha concluido con la Sentencia TJUE (Gran Sala), de 6 de octubre de 2015, en el asunto C362/14, que remueve los cimientos del tratamiento jurídico de la protección de datos en la UE.

Tras el caso Snowden, los jueces supremos de la UE han mostrado especial sensibilidad en estos temas: este mismo tribunal anuló en abril de 2014 la Directiva 2006/24/CE de conservación de datos de tráfico de nuestras comunicaciones y en mayo del mismo año obligó a Google a responder a cientos de miles de solicitudes sobre el ya manido “derecho al olvido”. Así, los jueces han asumido un papel que el legislador de la Unión no se atreve o no puede ejercer por falta de consensos suficientes entre sus miembros. Y es que tras 20 años, la Directiva 95/46/CE se ha quedado obsoleta en no pocos ámbitos y pronto se cumplirán cinco desde que la Comisión presentó un Reglamento de protección de datos para la UE, norma que todavía no se ha aprobado.

¿Qué implica la sentencia del caso Schrems vs. Facebook? Que deja en evidencia y sin cobertura jurídica a buena parte del trasiego de datos personales de millones de ciudadanos y empresas europeas con empresas de EEUU, que se dan de forma habitual y rutinaria por el uso de redes sociales, correo electrónico, servicios de nube o alojamiento de datos con empresas de aquel país. En suma, la sentencia desmonta el sistema especial que daba cobertura a estas transferencias con EEUU.

Y es que, en virtud de la Directiva 95/46/CE (y su transposición por la Ley orgánica 15/1999 española), para que se pueda realizar una transferencia internacional de datos por un responsable de ficheros europeo a un tercer país, como regla general se exige una autorización particular de la autoridad nacional de datos. Hacerlo sin dicha autorización es infracción muy grave con sanción entre 300 y 600 mil euros. Esta autorización no es necesaria si el país ajeno  a la UE tiene un nivel esencialmente equivalente de protección de datos. La Comisión Europea ha adoptado once decisiones por las que ha declarado que otros tantos países cuentan con un nivel similar de protección de datos y pueden hacerse transferencias sin autorización (Suiza, Canadá, Argentina, Guernsey, Isla de Man, Jersey, Islas Feroe, Andorra, Israel, Uruguay y Nueva Zelanda). En el caso de EEUU a través de la Decisión 2000/520/CE de la Comisión se llegó a una solución peculiar: desde 2000 no era necesaria tal autorización para transferir datos a 5478 empresas norteamericanas (Microsoft, Apple, Google, Dropbox, Twitter, Facebook entre otras muchas) pues se habían ido comprometiendo a cumplir principios de “puerto seguro”. La autocertificación se consideraba garantía equivalente al Derecho de la Unión Europea , algo que la sentencia invalida.

¿Y ahora qué? EEUU pasa engrosar la lista de casi 200 países respecto de los que se requiere una autorización previa para el movimiento internacional de datos. No es necesaria tal autorización si el afectado ha consentido que sus datos vayan fuera de la UE, por ello ahora muchas políticas de privacidad incluirán en su “letra pequeña” dicho consentimiento. Otra excepción importante a la necesaria autorización consiste en que el movimiento internacional de datos “vaya de suyo” en el contrato o servicio de que se trate. Aquí el terreno es más movedizo y, por tanto, hay mayor el riesgo de que sí sea necesaria la autorización aunque criterios claros de las autoridades de datos podrán servir para generar seguridad y certeza jurídicas.

En este sentido, la sentencia refuerza el papel de las autoridades nacionales de datos, puesto que se les permite analizar si un país tercero tiene efectivamente un nivel de protección  equivalente al de la Unión Europea, como también pueden comprobar si las cláusulas tipo o normas internas de las empresas efectivamente se cumplen. Estas actuaciones bien podrán estar incitadas por más de 507 millones de europeos.

¿Qué va a pasar en el futuro? La Comisión Europea sigue teniendo competencias y las autoridades de protección de datos europeas –como ha dicho la AGPD- “han planificado actuaciones para coordinarse”. Sin duda interesa unificar criterios para evitar un dumping de protección de datos, una situación en la que los países se ofrezcan a EEUU dando mayores facilidades para autorizar transferencias internacionales. También ha de servir para unificar criterios respecto de los casos en los que no es necesaria la autorización para el movimiento de datos. De igual modo, la Comisión Europea puede negociar con EEUU un nuevo modelo para determinar que hay condiciones equivalentes de protección de datos en aquel país. Sin embargo,  la sentencia muestra su desconfianza con aquél país y pone muchas condiciones a un nuevo modelo: no se niega que quepa un sistema de autocertificación por el que las empresas estadounidenses se sumen a reglas como el sistema de “puerto seguro”, pero es necesario “el establecimiento de mecanismos eficaces de detección y  control que permitan identificar y sancionar las posibles infracciones” y, en este sentido, se alerta de diversos elementos de la normativa estadounidense incompatibles con la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea. El nuevo modelo, además de tener en cuenta estos elementos, no podrá hacer claudicar totalmente las exigencias de protección de datos europeas en razón de las “exigencias de seguridad nacional, interés público y cumplimiento de la ley” de EEUU, como hacía el sistema invalidado.

En cualquier caso, siempre quedará el tan esperado Reglamento de protección de datos de la Unión Europea que, respetando exigencias de la Carta de derechos fundamentales, puede facilitar o mejorar el sistema actual del movimiento internacional de datos.

El pasado 6 de octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaba una sentencia emblemática que marcará un antes y un después tanto en la jurisprudencia de protección de datos en Europa como en las relaciones con Estados Unidos. Este pronunciamiento supone un hito porque anula la Decisión del año 2000 sobre los principios de “puerto seguro”. Mediante esta norma, la Comisión Europea reconocía que las transferencias de datos a las empresas de Estados Unidos adheridas voluntariamente a dichos principios - y entre las que se encuentran titanes tecnológicos como Facebook, Amazon, Google o Twitter - tenía un nivel “adecuado” de protección.

Los perdedores de este fallo judicial tienen nombre propio: la Comisión Europea y los Estados Unidos. La legitimidad del ejecutivo comunitario ha sufrido un duro varapalo. El Tribunal le reprocha que no llevara a cabo su obligación de comprobar si Estados Unidos garantizaba un nivel de protección de los derechos “sustancialmente equivalente” al asegurado en la Unión. No olvidemos que la Comisión había seguido defendiendo la Decisión de “puerto seguro” incluso tras las revelaciones de Snowden en 2013, ignorando la petición específica del Parlamento Europeo de suspender tal normativa. Tan sólo se limitó a realizar trece recomendaciones, permitiendo que el sistema siguiera funcionando, ajeno al supuesto espionaje masivo que la National Security Agency (“NSA”) realiza sobre los ciudadanos europeos.

El segundo perjudicado por la decisión judicial es Estados Unidos, cuyo sistema de protección de datos no está a la altura de lo que el Tribunal europeo considera necesario para proteger la privacidad de los ciudadanos europeos. Quizás es algo que ya sospechábamos y esta sentencia no hace más que confirmar esos temores. Las empresas estadounidenses adheridas al sistema de “puerto seguro” resultan obviamente damnificadas por este pronunciamiento. No obstante, como señalaron los comisarios Frans Timmermans y Věra Jourová en la rueda de prensa inmediatamente posterior a la publicación de la sentencia, existen otras vías legales para que las corporaciones puedan seguir transfiriendo los datos a través del Atlántico. Lo que no es tan evidente es cómo afectará el fallo judicial a las relaciones comerciales entre ambas orillas del océano, y más concretamente, al polémico Tratado de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (más conocido por sus siglas en inglés “TTIP”). Si bien este tratado excluye la regulación de la protección de datos de su ámbito material, puede tener implicaciones indirectas en términos de legitimidad y de confianza en Estados Unidos como socio.

La Casa Blanca se apresuró a declarar, nada más conocerse la sentencia, su “profunda decepción”, a la vez que la Comisión Europea manifestaba la intención de seguir las conversaciones con Estados Unidos para alcanzar un acuerdo “renovado y seguro”. Debemos tener muy presente que la legislación de aquél país permite que el derecho a la privacidad de los ciudadanos se vea limitado por cuestiones de “seguridad nacional, interés público o cumplimiento de la ley”. En este sentido, el Tribunal señala dos fallas importantes en la normativa relativa al “puerto seguro”. Una es la ausencia de reglas en Estados Unidos que limiten las posibles injerencias en los derechos fundamentales de las personas cuyos datos se transfirieran desde la Unión hacia su territorio. La segunda es la falta de una protección jurídica eficaz contra intrusiones de esa naturaleza, es decir, los ciudadanos no disponen de vías jurídicas en aquél país que les permitan acceder a los datos que les conciernen y conseguir, en su caso, su rectificación o supresión.

Por tanto, mientras la normativa estadounidense tenga esos dos “defectos”, ningún acuerdo transatlántico que sustituya a la Decisión de “puerto seguro” podrá proteger los derechos de privacidad de los ciudadanos europeos, tal y como los concibe el Tribunal de la Unión. A diferencia de Estados Unidos, que no está obligado a cambiar su legislación, la Comisión sí debe respetar la normativa europea y velar por los derechos de sus ciudadanos. Así, la solución no parece tan sencilla como sentarse en una mesa de negociación, si no que - si se pretende lograr un acuerdo duradero que no sea abatido judicialmente de nuevo - deben tenerse en cuenta las exigencias establecidas por el Tribunal de Luxemburgo.

Por último, conviene destacar que Max Scherms, el joven abogado que comenzó esta batalla jurídica, no se limitó a presentar reclamaciones ante distintas autoridades de protección de datos sino que además creó una plataforma, “Europa contra Facebook” donde ha ido informando sobre su activismo judicial a favor del derecho a la privacidad. Tanto por el objeto del litigio como por las formas mediante las cuales Scherms se ha dado a conocer, da la sensación de que hemos asistido a una auténtica cruzada digital del siglo XXI. O quizás estamos viviendo un 1984 al más puro estilo “orwelliano”, en el que Scherms ha vencido, por una vez, al “Gran Hermano”. Lo que está claro es que este jurista austríaco ha hecho historia, con la complicidad del Tribunal de Justicia. En esta época de – comprensible - desafección de los ciudadanos hacia la Unión Europea, el enfoque garantista de su máximo órgano jurisdiccional no es una victoria menor. Incluso desacreditando a la propia Comisión, el Tribunal ha primado la protección de los derechos fundamentales sobre cualquier otra consideración. Sólo esperamos que esta tendencia jurisprudencial continúe, y se mantenga impermeable a cualquier negociación política que pretenda situar otros intereses por encima de los derechos de los ciudadanos.

El 7 de octubre conocimos el avance de resultados del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente a septiembre de 2015 (Estudio nº 3109). Como viene siendo habitual junto a las tradicionales preguntas relacionadas con la situación económica y la situación política general en España hay una pregunta (pregunta nº 7) que resulta muy reveladora desde el punto de vista de la percepción social de los principales problemas existentes actualmente.  La pregunta está formulada en los siguientes términos: “¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?”. Pues bien, entre los ítems a marcar – en primer, segundo y tercer lugar – se encuentran los siguientes: el paro, las drogas, la inseguridad ciudadana, el terrorismo (ETA), las infraestructuras, la sanidad, la vivienda, los problemas de índole económica, los problemas relacionados con la calidad del empleo, etc. En el puesto 19 de este elenco se encuentra “la violencia contra las mujeres” y en el lugar 27 “los problemas relacionados con la mujer”. Pues bien, un análisis detenido de los datos que arroja esta pregunta a lo largo de la serie histórica pone de manifiesto la escasa percepción social de la violencia de género como uno de los principales problemas a atajar. En la misma línea se encuentra – pese a su indefinición y/o falta de concreción – los “problemas relacionados con la mujer”. Pero veamos los datos que ofrece la última encuesta del CIS (septiembre de 2015). Y es que para un 55,4% de personas (de un total de 2.491) el paro es el principal (y primer) problema, seguido de la corrupción y el fraude marcado por el 15,4% y de los problemas de índole económica señalado por un 7,9% de las personas encuestadas como primera (y principal) opción. En el caso de la violencia contra las mujeres solo un 0,2% de las personas encuestadas – o lo que es lo mismo solo 4,9 personas de un total de 2.491 – lo marcaron como primer (y principal) problema de España. Si bien es cierto que para un 0,5% de las personas encuestadas se sitúa como el segundo problema y para un 0,6% como el tercer problema. Sin duda son datos para pensar, máxime teniendo en cuenta que la encuesta se realizó entre el 2 y el 12 de septiembre y, por tanto, tras un verano negro en el que un total de 34 mujeres fueron asesinadas por hombres (meses de junio-agosto) según los datos registrados por Feminicidio.net. Los datos evidencian una importante falta de concienciación social y también percepción crítica ante este tipo de violencia a pesar de la leve mejora (muy leve) que se puede atisbar con respecto a encuestas anteriores (julio 2015, junio 2015, mayo 2015, abril 2015, marzo 2015, febrero 2015 y enero 2015).

Otra pregunta que se incluye en la encuesta del CIS y que arroja también unos datos similares es la pregunta nº 8 cuyo tenor literal es el siguiente: “¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?”. Pues bien los datos – sintéticamente – son los siguientes. Los tres primeros puestos en cuanto a los problemas que más les afectan a las personas encuestadas son: el paro (34,4%), los problemas de índole económica (11,2%) y la corrupción y el fraude (5,9%). Con respecto a los datos sobre violencia contra las mujeres, un 0,1% de las personas encuestadas señalaron que éste era el problema que más le afectaba en segundo y tercer lugar – no hay datos con respecto a ser éste el primer problema por el que se ven afectadas las personas encuestadas.  Por su parte, llama la atención que el ítem correspondiente a “los problemas relacionados con la mujer” no fuera marcado como primer problema ni como tercero y no contenga datos con respecto a ser considerado como el segundo problema por el que se ven afectadas (directa o indirectamente) las personas encuestadas. 

Son muchas las reflexiones que el análisis de estos datos sugieren desde la lógica crítica de la perspectiva de género. Sobre todo si de lo que se trata es de advertir cómo la lógica patriarcal se ha encargado de neutralizar (e inocular) determinados elementos que dificultan una percepción crítica/social de todos esas conductas (y formas de ser y estar) que dan muestras día sí (y día también) de la desigualdad estructural que genera el sistema sexo/género. Una desigualdad que no es anodina sino que interesa al discurso dominante/patriarcal por cuanto no cuestiona las estructuras de poder socio/sexual y, por tanto, impide que sea percibido como problema para muchas personas – sirva como ejemplo los datos del CIS brevemente comentados. Y si no es percibido como problema, obviamente, no se articulan los mecanismos necesarios para su solución. Decía S. Harding (1987) que “(...) no existe problema alguno si no hay una persona (o grupo de personas) que lo defina como tal y lo padezca”. Pues bien, ahí estamos con respecto a la violencia de género. Y ahí están los movimientos de mujeres y feministas que han marcado y señalado como un grave problema social la violencia que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo – con las implicaciones conceptuales que esta precisión terminológica lleva implícita. Y que han conseguido trasladar al escenario público/político – al escenario donde se debaten los asuntos importantes y donde se toman acuerdos y decisiones, al escenario desde donde se ejerce y se gestiona el poder – este tipo de violencia inaceptable para una sociedad democrática avanzada. La clave para los feminismos (y para el feminismo jurídico, en particular) estriba en hacer de la esfera personal también un espacio político – algo que no es nuevo – pero de suma importancia porque como decía B. Sichtermann (1986) “(...) una mujer en el parlamento o en una plataforma política equivale a hacer público algo tan personal como (…) el bajo de una falda (...)”. La Marcha Estatal contra las Violencias Machistas del próximo día 7 de noviembre cabría encuadrarla dentro de esta línea crítica que confiere carácter público/político 'lo inaceptable' de la violencia de género y 'lo incomprensible' de ese 'silencio cómplice' que deviene en 'tolerancia social' cuando no se actúa. Titulaba este post 'Nadie hablará de nosotras …' y por nosotras para denunciar la violencia de género y, en este punto, retorno a las palabras de Harding para marcar la violencia de género como un grave problema que socava las estructuras democráticas de cualquier sociedad avanzada por cuanto afecta a los derechos más esenciales de más de la mitad de la humanidad. 'Nadie hablará de nosotras … o, puede que sí'.

Nos encontramos ya inmersos en plena precampaña electoral. Los partidos afinan sus propuestas y presentan a sus candidatos de cara a los inminentes comicios. La difícil situación que hemos atravesado, el impacto social de la propia crisis y de las medidas tomadas para hacerle frente y el propio desarrollo de la legislatura, marcada por una mayoría absoluta y el control casi total de ayuntamientos y Comunidades autónomas por parte del PP, propician que, entre las diversas propuestas, se preste especial atención no solamente a las nuevas ideas, sino también a aquéllas que se refieren a “qué se va a hacer con lo que se ha hecho”.

De entre las múltiples polémicas medidas que se han adoptado gracias al “rodillo” de la presente legislatura está sin duda la reforma laboral de 2012, que aunque materializada en el RDL. 3/2012 (luego Ley 3/2012), podría decirse que ha sido un continuo que se inicia con esta norma y abarca casi hasta el final del mandato, con una multitud de reales decretos-leyes que, de forma parcial pero inexorable, han cambiado de modo radical nuestro sistema de relaciones laborales.

De ella, los más insignes especialistas han dicho que «se aparta de la ley laboral clásica que atiende al trabajo como fin en sí mismo y no como una mercancía, precisado de tutela jurídica para considerarlo como medio en el sistema productivo subordinado a las exigencias de la «creación de empleo», a las exigencias de la economía para crear empleo». A pesar de las distintas líneas de pensamiento, en lo que existe consenso es que la reforma de 2012 ha transformado el Derecho del Trabajo para llevarlo desde su papel clásico de protección de las condiciones laborales del trabajador, como parte débil de una relación desequilibrada, a uno nuevo en el que se pone el acento en la creación de empleo y en la incidencia de la regulación laboral sobre diversas variables macroeconómicas y, particularmente, sobre la productividad.

Tal transformación, lógicamente, ha de provocar una determinada reacción entre quienes tradicionalmente se han mostrado como aliados de los trabajadores en sus reivindicaciones, esto es, los sindicatos y los partidos de izquierdas. El más importante de estos últimos, el Partido Socialista Obrero Español presentaba hace unos días el documento Empleos con derechos, con el que proponía, entre otras cuestiones, «derogar, con carácter inmediato, los aspectos de la reforma laboral del Partido Popular que establecen un modelo de empleo precario y de bajos salarios y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios. Aprobar con base en el Diálogo Social un nuevo Estatuto de los Trabajadores que, concebido como una Carta de derechos de los trabajadores, incluya, junto a las condiciones laborales clásicas conquistadas, nuevos derechos de seguridad y salud en el trabajo, secreto de las comunicaciones, o propiedad científica e intelectual.»

¿Cuáles son esos “aspectos” de la reforma de 2012 “que establecen un modelo de empleo precario y de bajos salarios y un sistema de relaciones laborales sin equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios”? La polémica estaba servida porque, frente a la postura mantenida de forma firme de empezar de cero, ahora se optaba por una “reforma de la reforma”.

El cambio no es baladí, no solamente desde un punto de vista práctico, sino también ideológico, pues si la transformación ha sido tan grande como se ha señalado (y como muchos trabajadores sienten en su día a día), la estrategia más lógica desde la postura contraria es asentar unas nuevas bases para el debate. Ello no puede hacerse desde el vacío y, de ahí, que el Partido Socialista propusiera que quería aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores surgido del acuerdo con los agentes sociales. La idea a transmitir era que el modelo de relaciones laborales de los socialistas era completamente diferente al instaurado por el Partido Popular. Con la reforma de la reforma, la oposición ya no es tan radical como antaño, sino que se da por hecho que existen aspectos de la reforma laboral del PP que al Partido Socialista le parecen positivas.

Al margen de esta primera idea central, existe otra no menos importante derivada de la anterior, que es la relativa a qué aspectos hay que reformar y cuáles no. Entre estos últimos destaca la indemnización por despido, sin duda un elemento central en el debate sobre el modelo de relaciones laborales desde hace décadas. El argumento que se ha dado para no tocarla es que se trata de una cuestión que habría que debatir con los agentes sociales. El problema es que el debate no es el mismo con una indemnización en vigor que con otra y que, en todo caso, parece lógico que el Partido Socialista tuviera una posición al respecto.

Este cambio de postura no puede explicarse, a mi juicio, desde un punto de vista argumentativo. Es cierto que la estrategia de la derogación tiene el riesgo de que se pueda acusar al proponente de falta de alternativas, pero para ello estaba la propuesta del nuevo Estatuto de los Trabajadores. A su favor, el hecho de que se apuesta por un sistema de relaciones laborales y unas condiciones de trabajo completamente distintas a las actuales.

Por ello, quizá la explicación más lógica tenga una base ideológica y fáctica. En el primer caso, se vuelve a mostrar la tradicional confrontación entre socioliberales y socialdemócratas, en el que habrían salido victoriosos los primeros y, ello, a pesar de que como recuerda algún estudio reciente de un colaborador de Agenda Pública, «pese a la generalización de la idea de que los costes de desempleo [despido] suponen una rémora para el empleo, no existe un consenso científico al respecto; las divergencias se dan tanto en los planteamientos teórico como en las evaluaciones empíricas de los mismos modelos.» (Gimeno, 2014: 61).

Si ahora se apuesta por la reforma de la reforma, es porque se ha impuesto la tesis de que la reducción de los costes de despido es algo bueno para la creación de empleo y para el crecimiento económico, a pesar de que no existe consenso al respecto y de que afecta, no solamente a la estabilidad en el empleo, sino a la posición negociadora de los trabajadores y, de ahí, a sus condiciones de trabajo. Sin duda que el despido tiene que ver con el “empleo precario” y el “equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios”.

Pero también hay que a tener en cuenta un importante elemento fáctico, que es la postura de la Unión Europea frente a una hipotética “vuelta atrás” en esta materia. Esto, lejos de ser un obstáculo insalvable, pone en evidencia que la anterior pugna ideológica en el seno de la socialdemocracia está lejos de ser un problema español, sino que trasciende nuestras fronteras. Cuál es el papel de la socialdemocracia en las sociedades de nuestros días y cuál es su postura y propuestas en cuestiones tan básicas para ella como las relaciones de trabajo es sin lugar a dudas el debate que subyace tras la pregunta ¿derogación o reforma?.

Situado en los dos extremos del tablero político catalán, ha existido en Cataluña desde finales del franquismo un espacio político radical y rupturista definido por tres palabras mágicas: “Socialisme, Independència, Països Catalans”. Este espacio conocido como “Esquerra d’Alliberament Nacional” o recientemente como “Esquerra Independentista” vive ahora su mejor momento. Detrás quedan décadas de marginación y de luchas fratricidas propias de los espacios políticos extraparlamentarios. Hasta hace pocos años las Candidatures d’Unitat Popular (CUP) eran solo las siglas en que se presentaban en algunos pocos municipios en las elecciones locales. Los nombres de otras organizaciones de este espacio político como Endavant, Poble Lliure, Arran o SEPC han quedado eclipsados en poco tiempo por las CUP.

Sin prisa, pero sin pausa, en las elecciones municipales de 2003, 2007 y 2011 las candidaturas de las CUP obtuvieron progresivamente representación en capitales de comarca como Manresa, Vilafranca del Penedès, Valls, Mataró o Berga. Todo cambia en 2012 cuando deciden, dejar de ser un referente municipalista y presentarse a les elecciones anticipadas al Parlament. Decisión difícil porque el Parlament, hasta el momento, lo había considerado una institución ilegítima, al ser creada por el Estatuto, a su vez, hijo de la denostada Constitución Española.

El paso de tres años por el Parlament se salda con nota altísima. Nunca antes 3 diputados habían conseguido tanta visibilidad. El cabeza de lista David Fernández, un independiente que no había ejercido liderato interno, se convierte en el político catalán más valorado al combinar un estilo directo de denuncia, con una elegante insumisión a algunas normas de corrección parlamentarias. Pero quizás lo más relevante de su paso por el Parlament ha sido como han combinado con naturalidad el apoyo sin fisuras al proceso independentista con el ataque crudo y sin paliativos a la política social del gobierno Mas y a la corrupción de su entorno.

Unos meses antes del 27S, se produce otro salto cualitativo en las elecciones municipales de 2015. La CUP, en coalición con candidaturas locales anticapitalistas, penetra en el área metropolitana de Barcelona y de forma sorprendente acaba participando en los gobiernos de grandes ciudades como Ripollet, Sabadell o Badalona. En Barcelona, descartan presentar-se con Barcelona en Comú de Ada Colau ya que ésta recibe el apoyo de ICV, para ellos símbolo de la política de siempre. Para la CUP, anticapitalista, ICV representa igual que ERC, CiU o el PSC los partidos que han gestionado el sistema corrupto del momento.

Y llegamos ya al 27S de 2015 que los sitúa con 10 diputados en el Parlament, con la llave de la investidura del gobierno y por tanto con la responsabilidad de hacer posible la constitución de un gobierno que ponga las bases de la futura República Catalana. Igual que Junts pel Si, la CUP plantea la campaña electoral des de un punto de vista plebiscitario, y avisa que en ningún caso votará la investidura de Artur Mas. Se sobreentiende que, si Junts pel Si no alcanza la mayoría absoluta, la CUP pactará con ellos la abstención de sus diputados y la hoja de ruta para la independencia. Pero finalmente para obtener la mayoría simple se necesitarán un mínimo de dos votos afirmativos de la CUP.

Después de 8 días de silencio mediático para resistir lo que se ha bautizado como #pressingCUP, realizan una conferencia multitudinaria en el que anuncian su disponibilidad total para avanzar hacia la constitución de la nueva República, alejando el foco sobre quien tendría que ocupar la presidencia de la Generalitat. Puesta de largo de la CUP, y portada por primera vez en el Telenotícies de TV3 y en la prensa catalana. La primera sorpresa es que aparecen caras nuevas, ya que los candidatos en la CUP no pueden repetir ni una sola legislatura. Vemos al periodista Antonio Baños que no proviene del independentismo clásico y otras caras, entre las que destacan Anna Gabriel i Josep Manel Busqueta.

La CUP eufórica, mide sus palabras, consciente que toda la presión se centra en ellos. También sabe que en estas elecciones han crecido mucho y que sus electores no son los mismos de antes. La mayoría provienen de ERC y de ICV, son de izquierdas e independentistas, pero diferentes de sus militantes. No pertenecen a la minoría reunida permanentemente en asamblea, que se ha enfrentado a los mossos en las luchas de los movimientos sociales alternativos o que, con tonos, a menudo muy agrios y despectivos, sitúan ERC e ICV en el mismo saco que los partidos “del régimen de 1978”. Un electorado menos duro, que ha participado en primera línea en las grandes movilizaciones independentistas de los últimos años dando la mano, literalmente, a las bases de ERC i de Convergencia. Que al mismo tiempo que han criticado los recortes en la educación pública han respondido en las campañas unitarias como “Som escola” para criticar la Ley Wert y defender la inmersión lingüística. Electores conscientes que las promesas, como la de no investir a Mas, son para cumplirlas pero que, a su vez, lo último que desearían es ser los culpables de abortar lo que para ellos es la revolución democrática más importante de Europa de las últimas décadas.

La investigación y el análisis en temas de inmigración y asilo ha sido, desde siempre, un espacio rico en comparaciones cinéfilas. Desde el papel de los refugiados judíos centroeuropeos en el desarrollo de la industria cinematográfica estadounidense hasta las reflexiones de Javier de Lucas entorno a los inmigrantes desde la lógica ciudadanos/replicantes de la película Blade Runner, esta alianza ha servido para visibilizar con contundencia algunos elementos vinculados con las migraciones. De modo mucho más prosaico, y al leer las conclusiones del último Consejo Europeo del 15 de octubre sobre la crisis de refugiados en la Unión Europea, viene rápidamente a la cabeza aquella película sobre el día de la marmota, en la que lo que sucede, parece haber sucedido ya con anterioridad.

El último EUCO (como se conocen estos consejos en terminología comunitaria) ha puesto tres cosas en evidencia. Y ninguna de ellas es nueva.

En primer lugar, que ante la situación dramática a la que se enfrentan centenares de miles de personas que huyen de sus hogares devastados en busca de seguridad para sus familias, la Unión Europea no sabe alcanzar soluciones comunes. Incapaces de alcanzar acuerdos proactivos, los 28 estados miembro han optado por alejar el problema de sus fronteras. Sólo así se puede entender la aprobación del Plan de Acción con Turquía, en el que se habla de responsabilidades compartidas, se tantea la liberalización de visados y se establece un programa económico de ayudas, a cambio de la creación de seis centros de refugiados en el país que ayuden a controlar los flujos que llegan a las fronteras de la UE.  Mejor, deben pensar algunos, trasladar la gestión del problema a Turquía (con los costes que ello implica en términos de seguridad y derechos humanos de las personas refugiadas, pero no sólo), que continuar demostrando que no se halla una solución común europea. Y además, deben pensar los mismos, tal vez así las opiniones públicas europeas dejen de prestar atención al tema. Nada nuevo, por un lado, en Turquía, donde ya existen campos de refugiados y que en estos momentos acoge a más de 2 millones de refugiados. Y nada nuevo en este nuevo intento de reforzar el ‘cordón sanitario’ que permite a la UE poner tiritas a heridas profundas.

En segundo lugar, confirmando que el único espacio en el que parece haber acuerdo es en el mayor control de fronteras. Después de los recursos invertidos en este ámbito en los últimos años (el único donde ha habido consenso) parece evidente que las acciones desarrolladas hasta la fecha no han convertido las fronteras europeas en más seguras. Por lo que no deja de sorprender que se insista en las mismas soluciones: principalmente más recursos para FRONTEX, deliberaciones en torno al desarrollo de un sistema europeo de guardia de fronteras y costas y una apuesta clara por reforzar la políticas de retorno. En una lógica más propia de un Consejo de Ministros de Justicia e Interior, los jefes de estado han seguido apostando por fortificar la ‘Europa fortaleza’, lo que tampoco es una novedad.

Y en tercer y último lugar, las conclusiones se olvidan de hablar de la gestión de la acogida e integración de las personas refugiadas en la UE. Así, parece difuminarse que hablamos de personas, de compromisos internacionales y de derechos, de tal modo que las ausencias y las propuestas que se recogen (y que llevan siendo repetidas a lo largo del año), deberían doler menos. En este contexto, la lógica ‘blade runner’ que se citaba al principio, y que distingue entre ciudadanos y replicantes, entre personas con derechos reconocidos y sin ellos, sirve para normalizar un enfoque en el que el cómo tiene mayor importancia que el qué.

Es cierto que las conclusiones se olvidan de muchas más cosas, entre otras, de afrontar las causas o de gestionar con mayor agilidad la acogida de las personas refugiadas en territorio europeo, por mencionar algunas. Pero sobre todo, se olvidan del para qué queremos una política de inmigración y asilo común: para continuar fortaleciendo un espacio compartido sustentado sobre los valores de la igualdad de trato, la solidaridad, el estado de derecho y el respeto fundamental a los derechos humanos.

Y en línea con esta lógica de la marmota a la que nos vienen acostumbrando las conclusiones de los Consejos Europeos y los Consejos de Justicia y Asuntos de Interior, vale la pena repetir que el reto también sigue siendo el mismo. Ahora, y para el próximo año sin lugar a dudas. Se trata, por citar algunos, de incardinar la política de inmigración y asilo en un ámbito que vaya más allá del control de fronteras, que apueste por el diálogo (no sólo sobre control sino también sobre derechos humanos) y la corresponsabilidad (efectiva) con los países de origen y tránsito, y que revise los instrumentos de entrada y gestión de la inmigración y el asilo en territorio europeo. Falta, de nuevo, más ambición por parte de la Comisión Europea y mayor solidaridad de los Estados miembros, entre ellos y en relación con el exterior. Falta, en definitiva, más (y mejor) Europa.

Dejemos de lado la hipótesis de la secesión unilateral y pongámonos en la opción que cada vez más observadores, por sentido común, reclaman para Cataluña y España: un referéndum de independencia pactado, por consiguiente legal y con todos los efectos jurídicos que ha de tener una consulta popular de esa naturaleza.

Surge en este punto un problema que es importante aclarar si de verdad se quiere resolver el conflicto entre los nacionalismos español y catalán. Me refiero al de la mayoría necesaria para la independencia. No son pocos de hecho –y lo he escuchado o leído de juristas y politólogos serios– quienes consideran que la mayoría necesaria para la independencia habría de ser cualificada: un 55% o un 60%, o más. Se pone a veces de ejemplo la mayoría necesaria de 2/3 (66%) para reformar el Estatuto de Autonomía catalán. Creo que este razonamiento se sostiene con dificultad desde el constitucionalismo.

Lo primero que hay que subrayar es que en caso de un referéndum pactado y con los efectos propios de un referéndum de independencia (es decir: independencia efectiva inclusive), aquello que se estaría reconociendo, explícita o tácitamente, es que el pueblo que expresa su voluntad tiene la capacidad de constituirse en pueblo soberano y ser así titular de eso que en Derecho Constitucional llamamos Poder Constituyente. Tras la creación de un nuevo Estado se esconde siempre el Poder Constituyente, que no es otra cosa que el pueblo creador y/o fuente de legitimidad del nuevo orden jurídico.

¿Cómo se expresa el Poder Constituyente y cuál es la mayoría por medio de la cual se expresa? Tampoco ofrece duda alguna el constitucionalismo al respecto. El Poder Constituyente se expresa por mayoría. Tratándose de un poder ilimitado, esto es, que no tiene sometida su voluntad al orden jurídico anterior, ni por ello a los límites que éste impone a sus poderes constituidos, no puede el Poder Constituyente expresar su voluntad de otro modo que no sea por mayoría. Es más, no se entendería que, hablando de Poder Constituyente, la minoría pudiese pesar más que la mayoría. Es por ello que al Poder Constituyente, en nuestro caso al pueblo catalán que decida optar por la creación de un nuevo Estado, le debería bastar la mitad más uno de los votos en un referéndum de independencia.

En realidad, visto aún desde el constitucionalismo, la explicación que da en ejemplo la mayoría cualificada necesaria para la reforma de un Estatuto o incluso de la Constitución mezcla cosas que no son iguales: el poder de reforma constitucional, llamado constituyente-constituido (matiz de peso) no es lo mismo que el Poder Constituyente. A diferencia de éste, el poder de reforma se encuentra limitado por el orden jurídico en el que y sobre el que actúa, y especialmente por otra de las características fundamentales del constitucionalismo moderno: la rigidez que tanto la Constitución, sobre todo, como otras normas jurídicas importantes han de tener.

¿Qué es la rigidez? La mayor dificultad con la que una norma jurídica (la Constitución por ejemplo) puede ser cambiada si se compara con una ley. Hay constituciones que incluso prohíben al poder de reforma constitucional ciertas reformas (la forma republicana en Francia, o la forma federal en Alemania). Se dice entonces que existen cláusulas de intangibilidad en la Constitución. En otras constituciones, como la española, se puede reformar todo, pero se establece un procedimiento con más (art. 168) o menos (art. 167) obstáculos con el objetivo de proteger la Constitución, que no es otra cosa que la voluntad del Poder Constituyente, esto es, la voluntad del pueblo soberano titular de ese poder, en la que descansa la legitimidad del sistema. La rigidez impone así unos límites claros e importantes a la voluntad del poder de reforma (al poder legislativo, que es quien la tramita, discute y aprueba en su caso). Entre esos límites se encuentra, efectivamente, el tener que reunir una mayoría más importante (3/5 o 2/3) para reformar la Constitución que la mayoría que en su día bastaba para aprobarla. El constitucionalismo entiende que la rigidez es necesaria para evitar que los poderes constituidos (el ejecutivo y el legislativo) jueguen a ser lo que no son (Poder Constituyente) y puedan de este modo cambiar la Constitución con mucha facilidad.

En resumen, si en un referéndum de independencia, como el de Escocia, lo que se está decidiendo es si el pueblo que se expresa en la consulta quiere formar un nuevo Estado o no, solo por mayoría (la mitad más un voto) puede expresarse el pueblo consultado, titular del Poder Constituyente en caso de victoria del “sí” a la independencia. Querer limitar su voluntad imponiendo una mayoría cualificada para la independencia equivale a considerarlo como un poder constituido, que se expresa solo dentro de los límites a los que la Constitución (es decir: un Poder Constituyente diferente) somete al candidato a nuevo Poder Constituyente. Desde la lógica clásica del constitucionalismo esto no tiene sentido, pues el Poder Constituyente no admite límites a su voluntad. Desde la lógica del constitucionalismo moderno, entiendo que el debate, una vez reconocida –si se reconoce– la validez y la necesidad del referéndum, no puede ir mucho más allá.  

Europa se enfrenta a la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Frente a este desafío migratorio de asilo se han alzado importantes voces que piden la necesaria implantación de un derecho cosmopolita de corte humanista y en sintonía con los valores propios de nuestra tradición. Hablamos  especialmente del reclamo normativo de la fraternidad, arraigado como concepto clave dentro de nuestro proceso de secularización.

En esta línea, por ejemplo, el profesor de Lucas en su magnífico ensayo titulado Mediterráneo: El Naufragio de Europa, habla de un deber jurídico (y por tanto, exigible) de solidaridad para este desafío migratorio, siguiendo ese proceso de transformación en ley de aquellos reclamos normativos que están dentro de una comunidad política bajo demandas de solidaridad. El elemento esencial sobre el que pivota la idea del profesor de Lucas radicaría en el reconocimiento del derecho al derecho de cada ser humano. Estaríamos hablando por tanto de una variante de ese “derecho a tener derechos” enunciado por Hannah Arendt dentro de la tradición universalista kantiana y desarrollado por una corriente de pensadores cosmopolitas que van desde Seyla Benhabib,  Martha Nussbaum, John Rawls hasta el propio Habermas entre otros.

En el contexto de la actual crisis de los refugiados, esta obligación de solidaridad sí ha sido desplegada por la sociedad civil de países europeos como Italia, Alemania, Grecia o la propia España. Paradójicamente frente a ella, los Estados siguen anteponiendo la lógica de protección de las fronteras. Ante la crisis de los refugiados, pues, Europa se comporta como “una fortaleza acosada”. Así lo argumenta el profesor de Lucas cuando explica en su trabajo por qué las respuestas adoptadas por los Gobiernos de los países europeos en materia de políticas migratorias y de asilo están siendo auspiciadas sobre todo por la obsesión de un control absoluto sobre sus fronteras.   

En el momento de mayor porosidad de los límites fronterizos impuesto por la globalización, los Estados reaccionan militarizando y fortificando cada vez más sus fronteras a través de la construcción de muros hechos con vallas de vigilancia electrónica y barreras de hormigón. No sólo en España y Marruecos; hablamos  de la valla de seguridad de Israel, de la barrera fronteriza de Estados Unidos y México, de Brasil planeando construir un muro en la frontera con Paraguay, y de cómo los Emiratos Árabes Unidos están diseñando otra para su frontera con Omán, por poner solo algunos ejemplos.

Pero, ¿tiene sentido alzar estos muros desde el punto de vista de la eficiencia? Y si no es así, desde la filosofía política cabe preguntarse entonces por qué y contra quienes se alzan estos muros.

Hace tiempo que importantes sociólogos vienen demostrando que las fronteras nacionales ya no exhiben un emplazamiento geográfico; ahora están en aeropuertos, lejos de los límites que marcan los territorios, y en bases de datos que a veces no se encuentran ni siquiera dentro del propio país en cuestión. La existencia de estas “fronteras móviles” hace que incluso los Estados se hayan vuelto irrelevantes también para ejercer un auténtico poder de vigilancia.

Aun siendo conscientes de esto, de que las fronteras ya no tienen un emplazamiento geográfico, y de que por tanto,  los focos donde los Estados pierden control de vigilancia y soberanía son otros, éstos siguen empecinados en mantener la ficción de que despliegan un control soberano de sus fronteras a través de la construcción de muros. Y además reaccionan ante desafíos como la crisis de los refugiados como auténticas fortificaciones medievales que ya no tienen ningún sentido estratégico ni político. Es lo que Wendy Brown denomina la “teatralización de la soberanía”. La importancia de estos muros no se encuentra en esa supuesta eficiencia para detener las migraciones, como en la necesidad de la ostentosa visualización de un poder y de un control que se ven amenazados porque el marco desde el cual afrontan esta amenaza tiene que ver con una nostalgia decimonónica; la del estado nación “imaginado” como una entidad limitada, soberana y comunitaria, tal y como nos explicaba Benedict Anderson. 

Además, las “democracias amuralladas” entran en la “problemática de la fantasía” en un segundo sentido, afirma Étienne Balibar; la construcción de muros no se hace para defender a los Estados contra enemigos clásicos como otros Estados o ejércitos, sino contra agentes que son percibidos como amenazas. Pero hablamos de amenazas culturales, étnicas, religiosas o económicas. De esta forma, el fetichismo de la frontera se habría convertido en el principal mecanismo de defensa inconsciente de nuestro tiempo, “esencial para la sensación de seguridad de una identidad narcisista” de los Estados,  en un momento en el que la promesa de soberanía ha entrado en declive. En un momento en el que el poder y la política se separan, y lo hacen a ritmo  vertiginoso, porque tal y como afirma Bauman en Ceguera Moral, mientras el poder circula por el espacio transnacional y global, la política sigue siendo local, cortoplacista e incapaz de reaccionar a los nuevos desafíos. El primero de estos desafíos sin duda es precisamente este; el hecho de que el poder y la política se van separando irremediablemente.

Mientras tanto seguimos en el marco de esas fantasías de la democracia amurallada; las fantasías de las invasiones masivas, la fantasía del extranjero peligroso, la fantasía de la renacionalización del discurso político como respuesta al espacio económico desnacionalizado, según afirma Sassen.  El poder de estas fantasías, como diría el clásico, radica en “convertir el mundo amenazador de fuera en una imagen tranquilizadora”, haciéndonos pensar que la soberanía no mengua. Parece lógico ante esta forma de abordar los auténticos retos de nuestro tiempo que no sepamos dar respuesta a la crisis de los refugiados. Ni a muchas otras tantas. Cada vez parece más imperativo pues, revolucionar conceptos y enmarques para adecuarlos a las nuevas condiciones.

Ana Revuelta también es autora de este artículo 

El curso comienza con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, pero, una vez más, la regulación del lobby a nivel nacional ha caído por completo en el olvido. No es que los intentos previos estuvieran muy bien encaminados: desde la primera mención del presidente Rajoy a una deseable regulación de los lobbies en febrero de 2013, seguida de dos resoluciones del Congreso en 2014, de las sucintas propuestas de distintos grupos parlamentarios que desembocaron en escasas deliberaciones de la ponencia para la Reforma del Reglamento del Congreso, todas las propuestas se han limitado prácticamente a solicitar la creación de un registro de lobistas ante el Congreso de los Diputados. Sin embargo, en el nivel autonómico, en diciembre de 2014, Cataluña aprobó su ley de transparencia  y acceso a la información pública que incluye una compleja regulación de los grupos de interés, no sólo para la Generalitat, sino también para todos los gobiernos locales, universidades y entes instrumentales de dicha Comunidad Autónoma; y, en el ámbito local, el nuevo equipo de gobierno de la ciudad de Madrid, por ejemplo, acaba de anunciar que publicará las agendas para informar de los encuentros que mantienen los concejales con representantes de intereses.

Con ser voluntariosa, la creación de un registro de lobistas es una medida insuficiente para regular el lobby. A esta conclusión llegó Transparency International (TI) en un informe publicado este año tras analizar 19 países europeos y las principales instituciones de la UE, e incluso puede resultar perniciosa si supone abandonar cualquier tentativa de mejora una vez que existe algún tipo de registro, sea cual sea su efectividad.

Sin embargo, mejorar el marco regulatorio del lobby sigue siendo una necesidad apremiante, no sólo en España sino también en el resto de Europa, porque tal y como recoge el informe de TI, “actualmente, las prácticas de lobby injustas y opacas constituyen uno de los riesgos principales de corrupción a los que se enfrenta Europa, y seis de cada diez ciudadanos europeos consideran que su gobierno está gravemente influenciado por ciertos intereses particulares, o que éstos se han apropiado completamente del gobierno”. La consecuencia de ello es que las decisiones tomadas no siempre han apuntado al bien público / interés general para la economía, el medio ambiente y las personas en Europa. El sesgo de las decisiones públicas hacia ciertos poderosos grupos de interés (especialmente en el sector financiero) ha perjudicado también la reputación del conjunto de actores e instituciones públicas.

Cuando TI analiza la situación del lobby se fija en tres aspectos clave: la transparencia (¿quién busca influenciar, cuándo y cómo?), la integridad (¿se ejerce el lobby con profesionalidad y ética?), y la igualdad de acceso a los responsables públicos (¿tienen todos los grupos de interés similares posibilidades de influencia?). En dicho estudio comparativo, España queda en el 3er lugar empezando por el final en estos tres aspectos.

Pero para plantear mejoras, no podríamos simplemente buscar al mejor alumno en Europa y seguir sus pasos: todos los países suspenden en regulación del lobby. De haber un país modelo, tampoco podríamos haber copiado sin más su conjunto de medidas ya que una regulación del lobby debe pensarse específicamente para cada sistema jurídico-institucional. No obstante, TI detecta algunas buenas prácticas –y algunos grandes fallos- en distintos países, y sería oportuno fijarnos en ello para construir nuestro propio marco regulatorio del lobby. Lanzamos a continuación algunas pistas para los partidos que elaboran su programa electoral:

Registro de lobistas: Es sólo un aspecto más a considerar para abrir las decisiones públicas. De los países europeos que han implantado un sistema para registrar los contactos entre lobistas y decisores públicos (9 de 19), ninguno funciona realmente. Los registros resultan útiles para monitorear la influencia de los lobistas en procesos políticos si están bien diseñados y cumplen las siguientes condiciones: parten de una definición integral de “lobista” y solicitan información detallada (a quién representa, a quién busca influenciar, sobre qué política o medida, con qué recursos, qué argumentos esgrime), son registros obligatorios, son públicos, y vienen acompañados de un sistema de supervisión y sanciones.

En Europa, los registros mejor valorados son el de Eslovenia y Lituania (con numerosos requisitos de reporting). Igualmente, ambos países tienen una agencia para supervisar el registro, pero adolece de falta de medios. Un fallo importante es que la mayor parte de los lobistas quedan fuera del registro: la definición de “lobistas” se ciñe a los lobistas profesionales externos, no a las propias empresas, asociaciones, sindicatos, etc. que contratan sus servicios o que defienden sus intereses directamente, y que son realmente los principales interesados.

Agendas públicas: Para dar mayor transparencia a las reuniones entre representantes públicos y lobistas, un aspecto relevante es publicar de manera obligatoria las agendas de los políticos y altos cargos. En ausencia de un requisito obligatorio, los partidos, los parlamentarios y altos cargos de manera individual, pueden dar ejemplo informando del contenido de su agenda pública y los resultados de las reuniones. En Bruselas, varios eurodiputados publican regularmente su calendario, agendas, documentación recibida en las reuniones e incluso “listas de lobistas”. Al revisar la Directiva sobre derechos de autor de la Unión Europea, la eurodiputada responsable publicó en internet un informe de accountability que incluía una lista detallada y análisis de los encuentros solicitados y mantenidos con lobistas.

Huella legislativa: Más allá de la publicación de agendas, es importante dar cuenta públicamente del proceso - o huella - de cada propuesta de legislación y de política, para garantizar la transparencia y permitir saber si se ha producido influencia desproporcionada de algunos intereses sobre las decisiones públicas. En la mayoría de los países de la UE hay mecanismos de consulta pública, pero ni la consulta se hace sistemáticamente en todos los organismos gubernamentales, ni se ofrecen explicaciones detalladas acerca de qué puntos de vista influyeron en una decisión o política y por qué. Sólo Letonia y Polonia tienen previsto por ley algún tipo de huella legislativa. La huella legislativa debería ser un documento vivo y prácticamente actualizado en tiempo real.

Códigos de conducta para responsables públicos y lobistas: En la mayor parte de los países europeos, ni los lobistas ni los representantes públicos están sujetos a unas normas éticas y de transparencia. En realidad es común que los países dispongan de un código ético para funcionarios públicos, pero varios excluyen a los parlamentarios aunque sean importantes destinatarios del lobby. Por lo general los códigos son incompletos y sin orientaciones claras. Del otro lado, para los lobistas sólo Austria y Eslovenia disponen de un código de conducta obligatorio, e Irlanda, en su recientemente aprobada Ley de Regulación del Lobby, prevé que pueda llegar a adoptarse un código similar. En los demás países, los códigos de autorregulación de los lobistas son fundamentalmente voluntarios y por ello insuficientemente inclusivos, con supervisión débil y con escasas denuncias.

Un buen código para los empleados públicos debería precisar qué es aceptable en lobby y qué no lo es, en qué términos mantener la comunicación con grupos de interés, las obligaciones de documentar las reuniones o de informar a un superior en caso de ser contactados por lobistas de manera opaca o ilegal. Igualmente, los lobistas deberían cumplir un código estatutario con principios básicos para un lobby ético, en coherencia con la política de RSC de cada organización.

Comités de expertos y asesores: Sólo Portugal dispone por ley que la composición de los comités de expertos debe ser equilibrada. En prácticamente el resto de los países sigue siendo oculto su funcionamiento. En Lituania y Reino Unido, los lobistas tienen formalmente prohibido ser parte de un grupo o comité asesor a título propio. Sin embargo, esto no se prohíbe en ningún país a ejecutivos de empresa, con lo que existe un riesgo de que intereses no manifiestos tengan una influencia indebida en la elaboración de las políticas. Además de la composición equilibrada de los grupos, deberían darse a conocer las distintas posturas de los participantes y los debates mantenidos.

Puertas giratorias: Aunque suele haber generalmente algún tipo de limitación al ejercicio del lobby tras el desempeño de un cargo público o gubernamental, sólo en Eslovenia los legisladores tienen que acogerse también a estas reglas. Controlar los riesgos que pueden representar las puertas giratorias es complejo, pero el mejor mecanismo  existente parece ser establecer periodos de carencia post-empleo público. Además, no siempre se aplica la ley, por lo que es necesaria una supervisión adecuada por un organismo independiente, con recursos y con poder para sancionar en casos de no respeto a las limitaciones post-empleo público, las reglas de conflictos de intereses, o de regalos y hospitalidad.

Participación en la toma de decisiones públicas: El objetivo final de una regulación del lobby es que los ciudadanos y grupos de interés puedan intervenir en condiciones de transparencia y de igualdad en los procesos de toma de decisiones legislativas y políticas. Por ello, es importante garantizar la convocatoria de procesos de consulta y publicar los resultados de los mismos, como se hace en Lituania, Eslovenia o Letonia, y fomentar la organización de concursos públicos para componer los comités de asesores y garantizar su equilibrio.

“Las sociedades no mueren víctimas de sus contradicciones, sino de su incapacidad para resolverlas” (Octavio Paz, El ogro filantrópico). La frase parece hecha para el legislador que ha promovido las últimas reformas del Tribunal Constitucional. Unas reformas ad casum en las no se procura acondicionar al Tribunal para que afronte mejor los conflictos que ha de resolver. Antes bien: se reforma para tener un tribunal a la medida de un conflicto.

Incapaz de pensar reposadamente y al margen de los grandes titulares, el legislador ha proyectado sus inseguridades políticas sobre la jurisdicción constitucional.

Primero fue el regreso del recurso previo (ley orgánica 12/2015). En democracia no se alcanza a comprender que una ley refrendada por la ciudadanía pueda posteriormente ser declarada contraria a la Constitución. Si tal cosa ocurre es que algo va mal. El vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña fue aprobado por una amplísima mayoría de su Parlamento; por la mayoría absoluta del Congreso y del Senado; y fue refrendado por el pueblo catalán. A pesar de todo ello se impugnó, prácticamente en su totalidad, ante el Tribunal Constitucional. El Estatuto fue reinterpretado y algunos de sus preceptos declarados inconstitucionales. Los ciudadanos de Cataluña habían votado una cosa pero el Estatuto que finalmente se les entregaba (cinco años después de haber entrado en vigor) era otra. Peor, imposible.

Después de un largo proceso de transacciones y renuncias recíprocas la voluntad democrática de los catalanes era desplazada mediante una perversa celada. Con independencia de la valoración que a cada cual merezca la Sentencia 31/2010 hubo un lugar común: un estatuto de autonomía no puede ser fiscalizado en su constitucionalidad después de haber sido refrendado. Con igual sintonía se apuntó el remedio: rescatar el recurso previo de inconstitucionalidad. Solo así el control de constitucionalidad de la ley podrá operar de forma respetuosa con la voluntad manifestada por la ciudadanía. Más fácil imposible: fast food, fumus bona iure.

Nadie quería recordar la desalentadora experiencia del recurso previo que había llevado a su sensata derogación. Gracias al recurso previo, la minoría, democráticamente derrotada, bloqueaba sistemáticamente la iniciativa votada favorablemente por la mayoría absoluta de las Cortes, impidiendo que pudiese convertirse en ley. Pero, además, su utilización respecto de los estatutos de autonomía produce otros efectos no menos preocupantes desde la perspectiva del principio democrático. En primer lugar, se somete a examen de constitucionalidad la iniciativa votada, insisto, por la mayoría absoluta las Cortes Generales, que representan a todo el pueblo español, para evitar que quede sujeto a ese mismo examen el parecer manifestado por algunos ciudadanos que conforman el cuerpo electoral de una comunidad autónoma. Si el control a posteriori humilla la voluntad ciudadana manifestada en referéndum ¿No es también una humillación democrática la que experimenta la mayoría absoluta del Congreso y el Senado?

En segundo lugar, el recurso previo obliga al Tribunal a tener que enjuiciar en caliente una norma que por su propia naturaleza (fundamento del ordenamiento jurídico de la comunidad autónoma) tiene un alto contenido político y simbólico, muchos de cuyos preceptos, en tanto que fuente de otras fuentes de Derecho, están pensados para que sean libremente interpretados por el legislador autonómico y no por el Tribunal Constitucional. que, obviamente, podrá enjuiciar la ley autonómica y, en su caso, declararla inconstitucional..

En tercer lugar, como lo que se somete a control de constitucional no es propiamente una ley, pues la iniciativa todavía no se ha perfeccionado como norma, el Tribunal no podrá declarar que algunos de sus preceptos son “inconstitucionales y, por tanto, nulos”, por lo que el proyecto tiene que ser devuelto a las Cortes tal como dispone el nuevo art. 79.8, introducido por la L.O. 12/2015. Una circunstancia que plantea complejos escenarios que la reforma desconoce. Así, parece evidente que si el parlamento autonómico autor de la iniciativa discrepa del parecer del Tribunal podráretirar su propuesta de reforma, condenando a la esterilidad todo el trabajo y las negociaciones habidas en las Cámaras y el examen llevado a cabo por el Tribunal Constitucional.

Y, por último, cumple no olvidar, como nos recuerda el citado art. 79 en su apartado 9, que el control de constitucionalidad efectuado por el Tribunal a través del recurso previo no impide que en el futuro nuevas impugnaciones del Estatuto puedan concluir declarándose la inconstitucionalidad de algunos de sus contenidos.

Cuando se parte de un mal diagnóstico, ya no se sabe si es peor el remedio o la enfermedad. En efecto, el problema no está en el momento de interposición del recurso de inconstitucionalidad sino en la existencia del recurso mismo, que tanto daño ha hecho a la política española y al Tribunal Constitucional. Por su propia condición, el recurso de inconstitucionalidad, sea o no sea previo, impide diferenciar entre política y derecho. En primer lugar, porque quienes lo pueden promover son sujetos políticos (en lo que ahora importa cincuenta diputados o senadores) y, en segundo lugar, porque permite impugnaciones en bloque de carácter puramente ideológico, en tanto que es un recurso “sin caso”, es decir, sin un sustrato fáctico real vinculado a una concreta aplicación de la ley. Por el contrario, la impugnación se formula contra una ley cuyos efectos jurídicos no se han proyectado sobre la realidad y, por tanto, no son más que una conjetura interpretativa sobre un eventual conflicto normativo que, acaso, puede no llegar a producirse. Es la posición política e ideológica del recurrente la que fundamente el recurso y delimita el debate ante el Tribunal Constitucional.

Es evidente que el recurso de inconstitucionalidad no es necesario para la defensa de la Constitución, como lo demuestra el hecho de que solo exista en tres países (Alemania, Austria y España). Para depurar el ordenamiento jurídico de normas inconstitucionales ya contamos con la cuestión de inconstitucionalidad, con los conflictos de competencia y con el recurso de amparo frente a ley, procesos, todos ellos, en los que el Tribunal desempeña una labor verdaderamente jurisdiccional en el sentido definido por el maestro Guasp: la determinación del derecho en un caso concreto.

El recurso de inconstitucionalidad, sin embargo, favorece el maltrato a la Constitución y al Tribunal, pues es utilizado por la minoría para prolongar y mantener viva la tensión política en torno a la ley aprobada por la mayoría. Lo que la minoría ha perdido con el voto pretende recuperarlo mediante su particular interpretación de la Constitución, revistiendo con argumentario jurídico su posición política que fue, precisamente, la democráticamente derrotada. El recurso de inconstitucional es el medio para ese fin. Por eso la única forma de evitar el control a posteriori de una ley refrendada, respetuosa con el principio democrático, con la Constitución y con el Tribunal Constitucional es impedir que pueda ser atacada a través del recurso de inconstitucionalidad. Las fuerzas políticas con representación parlamentaria deben renunciar a la tentación de ganar en el Tribunal lo que perdieron en las Cámaras. Bastaba, pues, con suprimir la posibilidad de impugnar “políticamente” un Estatuto, suprimiendo que pueda objetarse su constitucionalidad por el cauce del recurso abstracto.

Si grave es la anterior reforma ¿qué decir de la que se está tramitando? Más allá de su descaro político (frente a la técnica de la alegalidad catalana -consulta, plebiscitos encubiertos, órganos de transición…- no debe responderse manipulando al árbitro), quien la haya ideado desconoce la realidad de la jurisdicción constitucional en España, no se ha enterado de que las sentencias tienen, por el hecho de serlas, fuerza de cosa juzgada (pues otorga a las del Tribunal la condición de “título ejecutivo”, como si fuesen una letra de cambio) y, en un increíble ejercicio de odio contenido, le atribuye la función de suspender sin plazo predeterminado ni procedimiento de defensa a funcionarios y cargos públicos, por no hablar, en fin, de lo exótico que resulta que el Tribunal pueda recabar el auxilio del Gobierno de la Nación para la ejecución sustitutoria de sus resoluciones, dando por hecho que él nunca las incumple (piénsese en las tres sentencias sobre formación continua, la del 0,7…).

Con todo, lo que más violenta el ser del Tribunal Constitucional es la pretensión de convertirlo en un tribunal de garantías. A diferencia del alemán o del austríaco, el español no es en su concepción un tribunal de impeachment ni un tribunal electoral (lo que explica que el llamado recurso de amparo electoral se introdujese por la puerta de atrás al aprobarse la LOREG). Esa fue la voluntad expresa del constituyente y del redactor de la ley órganica del Tribunal, quienes deliberadamente descartaron esas funciones de control y sanción, con el propósito de impedir que se reprodujese la desolada historia del Tribunal de Garantías de la Segunda República.

Hagamos memoria: mediante sentencia de 6 de julio de 1935, el Tribunal de Garantías condenó por un delito de rebelión a Lluis Compayns y a siete de sus Consejeros por haber proclamado el Estado catalán de la República Federal Española. En la sentencia se discute si el Estado de las autonomías de la Constitución de 1931 puede o no puede ser interpretado como un estado federal. La primera alternativa conducía a la absolución. La segunda a la condena. Derecho constitucional y derecho penal se entremezclaban inexorablemente en una misma sentencia. De ese escenario se quiso proteger al Tribunal Constitucional de 1978 para asegurar su prestigio institucional y reforzar su crédito e independencia. Como con el recurso previo, el Gobierno se empeña en volver acríticamente a los peores momentos de nuestra historia. Su deriva da miedo, como la última película de Alejandro Amenabar

Pete Dorey también es autor de este artículo

La elección de Corbyn como líder del partido laborista ha sorprendido a observadores y protagonistas de la política británica. Uno de los supuestos comúnmente aceptados por todos solía ser que los ‘outsiders’ no tenían ninguna posibilidad de convertirse en líderes de los grandes partidos británicos. Así, se consideraba que los candidatos con un largo historial de rebeldía y desobediencia hacia su propio partido, aquellos que no disponían de experiencia práctica de gobierno o de gestión en el partido, y aquellos que apenas suscitaban apoyo entre los diputados de su grupo parlamentario, carecían de opciones para aspirar al liderazgo.

Por el contrario, tal como Stark argumentaba en su excelente libro Choosing the leader Choosing the leader (1996), los vencedores en la disputa por el liderazgo de los partidos británicos suelen ser aquellos considerados mejor equipados en tres aspectos: unidad (capacidad para mantener o restaurar la unidad del partido; elegibilidad (capacidad para ganar una elección general), y competencia, que permita aplicar con eficacia una agenda de gobierno y así dirigir con éxito una administración. Según estos criterios, de los seis dirigentes laboristas elegidos entre 1963 y 1994, dos de ellos fueron elegidos sobre la base del primer criterio referido a la unidad del partido (Michael Foot y Neil Kinnock), mientras que los otros cuatro (Harold Wilson, James Callaghan, John Smith y Tony Blair) fueron elegidos por su combinación de habilidades en los tres aspectos, como también le sucedería a Gordon Brown, el único candidato aspirante a la sucesión de Blair.

De 1963 a 2007, la mayoría de los nuevos líderes laboristas recién elegidos eran favoritos desde el primer momento, y la campaña interna apenas deparó diferencias para el resultado final. Esto cambió en 2010, cuando Ed Miliband derrotó a su hermano mayor, David Miliband, en una ajustada carrera por el cargo. David era el candidato preferido de la mayoría de diputados y miembros ordinarios del partido. Pero el apoyo superior del que gozaba Ed entre los escasos miembros del sindicato que se preocuparon por ir a votar resultó más decisivo que las opciones claramente superiores que David tenía en cuanto a su elegibilidad y su competencia, según las encuestas.

En 2014 la controversia generada en la selección del candidato laborista para la elección parcial en la circunscripción de Falkirk ocasionó una revisión de varias normas internas de la organización, incluyendo el sistema de selección de los líderes de partido en el futuro. Hasta ese momento existía un Colegio Electoral compuesto por tres secciones del partido: diputados nacionales y europeos, miembros de los sindicatos y otras organizaciones vinculadas al partido, y el resto de afiliados. En un intento por diluir la influencia de los líderes y cargos sindicales en futuras elecciones del líder, la reforma de 2014 abolió el Colegio Electoral, y lo sustituyó por tres tipos de categorías diferentes de electores: los afiliados del partido de pleno derecho, los simpatizantes “afiliados” y los simpatizantes “registrados”. Los simpatizantes afiliados eran aquellos que pertenecían a un sindicato u otras organizaciones afiliadas al partido, y que ahora tendrían que inscribirse, sin coste extra, como simpatizantes del partido para poder votar. Por su parte, los simpatizantes “registrados” eran aquellos que habían declarado su apoyo al partido y a sus valores, pero sin convertirse en miembros de pleno derecho. A partir de ahora, podrían inscribirse como simpatizantes, por una cuota puntual de sólo tres libras, y así poder participar en la elección del líder del partido. Este nuevo sistema se basaba en el principio de un miembro-un voto, superando definitivamente el tradicional reproche de los Conservadores de que el líder laborista debía su elección al poder de los dirigentes sindicales.

Corbyn tuvo que sufrir mucho para asegurarse las 36 nominaciones por parte de los diputados, que le permitían convertirse en candidato, en comparación con las 68 que recibió Andy Burnham, los 59 que apoyaron a Yvette Cooper, y los 41 que optaron por Liz Kendall. Habiendo iniciado la campaña como outisder sin opciones, y siendo Burnham el candidato con mayor probabilidad de ganar, la popularidad de Corbyn no paró de crecer entre los miembros y simpatizantes del partido. Así, cuantos más dinosaurios del antiguo New Labour, incluido el propio Blair, alertaban del gran daño que una victoria de Corbyn podría infligir al partido, mayor era su popularidad, como evidenciaban todas las encuestas y la elevada asistencia de público a los mítines que daba a lo largo del país.

Cuando se anunció el resultado el 12 de septiembre, era evidente que Corbyn se había hecho con una gran victoria. La elección interna utilizaba el sistema de Voto Alternativo (VA). En este mecanismo, los votantes señalan en la papeleta de voto el orden de su preferencia por los distintos candidatos. Si ningún candidato gana más del 50% de los votos en la primera preferencia, se elimina el candidato que recibe menos apoyos (como primera preferencia), y entonces pasa a contabilizarse la segunda preferencia de los que habían votado de entrada por este candidato eliminado, distribuyendo esos votos entre el resto de candidatos, y así sucesivamente hasta que uno de ellos consigue la mayoría absoluta. Fue tal el apoyo que recibió Corbyn, que alcanzó la mayoría en la primera ronda, sin necesidad de tener que contabilizar la segunda preferencia de los votantes.

Curiosamente, la popularidad de Corbyn entre los miembros del partido en todo el país es inversamente proporcional al apoyo que tiene entre los diputados laboristas de Westminster, como indicaba el bajo número de nominaciones que había obtenido. En consecuencia, el anuncio de su victoria provocó inmediatamente la renuncia de varios diputados que estaban al frente del grupo parlamentario, y al anuncio posterior de otras figuras destacadas del partido de que no aceptarían servir en el gabinete a la sombra que Corbyn se disponía a formar.

Evidentemente, muchos de los que votaron por Corbyn querían manifestar su oposición a la política de austeridad y rescatar el partido de las manos de los ‘Blairitas’, considerados en realidad ‘Tory-litas’ por parte de muchos en la izquierda. Frente a  los que consideran que la victoria conservadora en la elección general de mayo de 2015 demostraba el apoyo del electorado británico a la austeridad, aceptada como una desafortunada necesidad, los partidarios de Corbyn replican que esta victoria se debía en realidad a que los argumentos políticos contra la austeridad no habían sido defendidos con el vigor y la convicción suficientes por parte de los líderes del partido laborista durante la campaña. En definitiva, Corbyn es visto por los que le apoyaron como el candidato mejor equipado para desafiar el consenso neoliberal en favor de la austeridad, que los principales partidos y líderes políticos británicos han venido compartiendo hasta el momento.

Otro factor que explica la popularidad de Corby es que, para muchos en la izquierda británica, una oposición basada en los principios es preferible a lo que fue considerado ‘la traición’ de los gobiernos laboristas anteriores. Mientras que algunos partidarios de Corbyn esperan que puedan conducir el partido a una victoria en 2020 a partir de un programa populista de izquierdas, otros, en cambio, están más preocupados por que el partido redescubra y reafirme sus valores tradicionales, oponiéndose de forma consistente y vigorosa a las políticas conservadoras. Frente a muchos que consideran que con Corbyn el Laborismo pasará de ser partido de gobierno a uno de protesta, muchos de sus partidarios se inclina por responder que esto sigue siendo preferible a abrazar la agenda neoliberal, como hizo el New Labour, por razones de oportunismo político.

Artículo en colaboración con Eurasianet.es

Los bombardeos de la aviación rusa en apoyo del gobierno de Siria han introducido un nuevo elemento en un conflicto ya de por sí complejo; con el problema añadido de que estos ataques causen nuevas víctimas civiles e intensifiquen el flujo de refugiados. El Kremlin ha optado, como hizo antes en Ucrania, por una acción sorpresiva basada en hechos consumados que Putin ha llegado a calificar — retomando el concepto introducido por la Administración de Bush — de “ataque preventivo” contra el ISIS, ya que este podría llegar a alcanzar la propia Rusia en el futuro.

Se trata formalmente de una intervención legal, a petición del Estado sirio y contra un grupo terrorista que actúa en su territorio; sin embargo, es probable que en la práctica los ataques se extiendan a todos los grupos que combaten contra el régimen, ya que el Kremlin engloba a todos en la categoría de “terroristas”. Por otra parte, los riesgos son evidentes si no se establece una coordinación entre los bombardeos de Rusia y los que realizan las potencias occidentales. Es probable que la reunión de Obama y Putin durante la Asamblea General de Naciones Unidas haya sentado las bases de un acuerdo tácito que permita, si no actuar de forma conjunta, al menos no interferirse mutuamente en sus respectivas campañas militares contra los yihadistas. No obstante, el clima de hostilidad generado en torno a Ucrania va a dificultar sin duda alcanzar compromisos duraderos en este nuevo escenario.

Para analizar en profundidad la intervención rusa, debemos ir más allá de los acontecimientos inmediatos e identificar los objetivos últimos que persigue Moscú. No es aconsejable deducir la estrategia política de un Estado a partir de la mera descripción de tácticas militares o armamento empleado sobre el terreno, ya que existe la tentación de seleccionar aquellos datos técnicos que confirmen nuestras hipótesis previas, omitiendo el elemento subjetivo de intencionalidad que dota de significado a la utilización de dichos instrumentos. El caso de Ucrania es paradigmático: la presencia de tropas rusas en el Donbass se ha presentado en ocasiones como inicio de una supuesta “nueva Guerra Fría” rusa contra Occidente, aunque la misma realidad se pueda explicar igualmente como represalia de Moscú tras el derrocamiento de su aliado Yanukovich, en el marco de un conflicto exclusivamente bilateral.

La intervención en Siria se enmarca, por tanto, en unos intereses nacionales de política exterior que Rusia ha tratado de defender de forma estable y sostenida en el tiempo, utilizando en cada momento los instrumentos que mejor se han adaptado a las circunstancias. Estos intereses son principalmente la lucha contra el terrorismo y la defensa del principio de soberanía; y en mucha menor medida, la alianza particular con el régimen de Bashar Al-Asad o la base naval de Tartús.

Lucha contra el terrorismo. No es sólo un argumento utilizado ahora para justificar los bombardeos: la amenaza del yihadismo ha ocupado un lugar prioritario en todos los documentos estratégicos de Rusia de las últimas dos décadas, vinculada a un conflicto interno —la lucha por la independencia de Chechenia— que acabó siendo apropiado por un islamismo radical importado del exterior. La respuesta militar rusa alimentó un ciclo de acción-reacción que continúa hasta hoy, con una precaria estabilidad brutalmente mantenida por el líder checheno Ramzan Kadirov. Sin embargo, el riesgo de un recrudecimiento de la violencia —tanto en el propio Cáucaso norte, como en forma de nuevos atentados en el resto del país— sigue estando muy presente en los cálculos del Kremlin.

La guerra civil en Siria, al igual que anteriores conflictos como los de Afganistán o Irak, ha servido como foco de atracción de yihadistas de distintos países que se han unido a la lucha del ISIS o el Frente Al-Nusra, rama local de Al Qaeda: entre ellos, más de 2.000 ciudadanos rusos. Según algunas informaciones, inicialmente Rusia pudo haber facilitado la partida de estos voluntarios con la esperanza —en lo que, de ser cierto, habría sido un error garrafal de cálculo— de reducir así el terrorismo en su propio territorio. Sin embargo, la consolidación del ISIS ha hecho temer a Moscú que el autoproclamado “califato” llegue a convertirse en base de operaciones para planificar atentados en Rusia, de la misma forma que Al Qaeda planificó el 11-S desde su refugio en el Afganistán de los talibanes. Existen otros dos factores que refuerzan la percepción del Kremlin de que los yihadistas de Siria son una amenaza directa a su propia seguridad: el juramento de lealtad de distintos grupos del Emirato del Cáucaso al “califa” Abu Bakr Al-Baghdadi, y el posible retorno a Rusia de los voluntarios que se encuentran luchando allí actualmente, con entrenamiento y experiencia que podrían aplicar en su país.

El discurso ruso sobre Siria resucita los viejos argumentos utilizados en Chechenia, según los cuales Rusia sería la principal barrera de contención frente a la expansión yihadista en todo el mundo; de la cual estaría defendiendo también —como ha afirmado Putin con frecuencia— a un Occidente ingrato que criticaría a Moscú en lugar de colaborar frente a un enemigo común. Esta idea fue especialmente repetida con la “guerra contra el terrorismo” de EE.UU. tras el 11-S, acogida por Putin como prueba de Washington aceptaba por fin las tesis rusas. Y también ha aparecido, de nuevo, en el reciente discurso de Putin a la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que siguiendo la misma lógica reclamaba al resto de países que se unieran a su lucha contra el ISIS.

Defensa de la soberanía del Estado. Además de neutralizar una amenaza objetiva como el terrorismo, Moscú defiende también las reglas que considera —desde su punto de vista— imprescindibles para el mantenimiento del statu quo internacional. Mientras que algunos países como EEUU reivindican principios liberales como la “responsabilidad de proteger”, que permitiría intervenir contra un Estado que masacre a su propia población, Rusia considera como única norma de moralidad en las relaciones internacionales la no injerencia en asuntos internos: los Estados son soberanos para decidir libremente sobre su territorio y población, sin interferencias. Así, para Moscú lo que se está dirimiendo realmente en Siria no es la continuidad de un régimen aliado, sino la transformación de unas reglas del juego ya puestas en cuestión con las intervenciones occidentales en Kosovo, Irak o Libia. Putin está defendiendo con esto un interés nacional mantenido por su país incluso antes de su llegada al poder: recordemos, por ejemplo, la durísima oposición de Yeltsin a los bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia.

No obstante, cuesta creer que el responsable de las injerencias más flagrantes en un país europeo en los últimos años —la anexión de Crimea y la intervención en el Donbass— se vea realmente a sí mismo como un defensor de la soberanía de los Estados. ¿Se trata, entonces, de mera propaganda para encubrir ambiciones menos confesables? Por supuesto, pero sólo en parte. El comportamiento del Kremlin en Ucrania responde tanto a una mentalidad imperialista hacia sus antiguos compatriotas como a las propias circunstancias del Euromaidán: un gobierno no reconocido por Rusia como autoridad legítima, al haber surgido de una toma del poder revolucionaria en lugar de un proceso electoral. Esta ilegalidad real fue aprovechada por Moscú para presentar a Ucrania como un “cuasi-Estado fallido”, en una interpretación ciertamente elástica del concepto; abriendo la puerta a su propia “intervención humanitaria” para defender a los rusos étnicos de esa supuesta amenaza.

Sin embargo, estas circunstancias no existen en el caso de Siria. Los dirigentes rusos, siempre proclives a las teorías conspirativas, están realmente convencidos de que el argumento humanitario es una mera excusa occidental para derrocar al presidente Asad, al igual que habrían hecho antes con Yanukovich en Ucrania. Ambos serían dirigentes plenamente legítimos para Moscú, según ese concepto tradicional de la soberanía que otorgaría libertad al gobernante para cometer cualquier abuso en su territorio.

La alianza con Damasco y la base de Tartús. A diferencia de los puntos anteriores, preservar la alianza con Asad no es un objetivo irrenunciable para el Kremlin, sino que se entiende solamente en función de las otras prioridades. Moscú se niega por principio a un derrocamiento por la fuerza del presidente sirio, pero ha señalado en el pasado que estaría abierta a discutir su salida negociada del poder, por ejemplo mediante su exilio en territorio ruso. En cuanto a la base naval de Tartús, su importancia estratégica para la Armada rusa es relativamente menor y no justifica por sí misma la posición de Rusia desde el inicio del conflicto.

Por tanto, el escenario más temido por Putin no es el de un cambio político en Siria; sino el de un vacío de poder tras un hundimiento súbito del régimen, que pueda ser ocupado por los grupos radicales y convertir el país en un “Estado fallido”. Tal vez esta función meramente instrumental de Assad en la estrategia del Kremlin, como simple muro de contención frente al yihadismo, pueda ser aprovechada para lograr una solución intermedia: un relevo en la presidencia pactado entre Damasco, Moscú y Washington que pusiera fin a la guerra civil e iniciase una transición ordenada. Continuando al mismo tiempo, claro está, la ofensiva internacional contra el ISIS hasta su derrota final.