Transparencia, independencia política y consolidación de un sindicato que ha crecido hasta los 60.000 afiliados en los últimos tiempos. Son algunos de los objetivos que se ha propuesto el nuevo equipo del sindicato CSIF-A, (Central Sindical Independiente de Funcionarios), que desde este martes tiene a Germán Girela como presidente.

Girela ha salido elegido este martes en el VIII Congreso Autonómico del CSIF con el voto de 261 compromisarios, sustituyendo así a José Luis Heredia, quien llegó a la presidencia de CSIF-A en marzo de 2012 tras relevar a Rafael Hurtado de Mendoza, y que fue reelegido en el cargo en el VII Congreso Autonómico que la organización celebró en octubre de 2015 en Almería. El Congreso ha contado en la inauguración con la expresidenta andaluz Susana Díaz y, en su clausura, con el actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno.

Este granadino, con 25 años como afiliado en el CSIF, recoge el legado de Heredia, que en los últimos siete años ha hecho crecer el sindicato hasta los 60.000 afiliados. Por esa razón, uno de los objetivos es consolidar y hacer crecer una organización que está en auge“, según ha afirmado Heredia durante una conversación con eldiario.es Andalucía.

El presidente electo, cuya trayectoria proviene del sector de la educación, sostiene que “en el progreso económico y social de Andalucía, así como en la defensa del empleo, siempre estará CSIF-A vigilante”. Junto a Girela, Francisco Iglesias ha sido elegido como Vicepresidente, y Juan Tapia como Secretario General de CSIF Andalucía. Las Secretarías de Áreas las liderarán Joaquín Álvarez, Mª Carmen Alguacil, Pilar González y Yolanda Salgado.

Reivindicaciones

La recuperación de las 35 horas semanales y los fondos específicos que se han destinado a la mejora de la educación o la salud pública son “algunos de los ejemplos de las reivindicaciones del sindicato convertidas en objetivos cumplidos”, según la propia central sindical.

El nuevo equipo se propone despolitizar la función pública, seguir luchando por las pagas extras de 2013 y 2014, generar empleo por concurso público para renovar la edad media del funcionariado, la transparencia en las cuentas y la gestión, la independencia política y formar parte del diálogo social, entre otros objetivos.

Así, Girela se encuentra con un sindicato “que resulta creíble no sólo para los trabajadores de la función pública, sino también para los de la privada y que se ha convertido en un elemento de gestión social. Empezábamos a ser un sindicato muy gremial, de funcionarios, y ahora somos de todos los trabajadores”, apunta Heredia.

El otrora presidente de la Unión Provincial de Huelva le desea al nuevo equipo que “los retos sean sencillos y que la crisis no sea estructural y no termine repercutiendo al empleo y los trabajadores. Yo viví la de 2011 y fue muy duro”.

Uno de los objetivos del nuevo equipo es la llamada concertación social, que se asienta sobre tres pilares: “la paz social, la economía y la lucha contra el desempleo. El diálogo social minoró la presión sindical, pero no sirvió para bajar el empleo en Andalucía. La concertación no puede ser de una cosa de tres. Estamos en una sociedad del siglo XXI y en esa concertación nos merecemos estar por derecho, pero los sindicatos de clase y los empresarios se resisten”.

CSIF-Andalucía denuncia la situación deficitaria actual del Plan Infoca en plena ola de calor y ante un riesgo extremo de incendios forestales. Hecho del que ya ha advertido en varias ocasiones el sindicato, subrayando los retenes que actúan con falta de personal y los puntos de vigilancia que no se están cubriendo.

CSIF-A recuerda “hemos denunciado ya en sucesivas ocasiones la falta de un plan contra incendios forestales y de un dispositivo operativo al 100 % durante todo el año. En Andalucía, debido a las altas temperaturas, desde finales de mayo se han sucedido numerosos incendios forestales, justo en un momento en que la Agencia ha decidido eliminar medios”.

Sobre el déficit de recursos humanos, la sección sindical de CSIF en Amaya insiste en que la Agencia creó una bolsa de trabajadores para cubrir las necesidades del dispositivo Infoca, promesa incluida en la convocatoria de una nueva Oferta Pública de Empleo que nunca se cumplió y que habría solventado las vacantes existentes durante todo el año.

Tras agotarse la bolsa de empleo prevista para cubrir puestos de trabajo en alto riesgo la Agencia ha tenido que recurrir al SAE para hacer nuevas contrataciones de bomberos forestales, cuestión que a día de hoy tampoco ha finalizado, manteniendo el dispositivo incompleto por falta de previsión y organización.

El sindicato sostiene que la falta de medios humanos y materiales no sólo pone en peligro la salud de los bosques andaluces, sino que conlleva de forma directa una sobrecarga de trabajo y malestar extra a la plantilla “que ve como la Agencia Amaya les deniega de forma sistemática los permisos como días de asuntos propios o compensaciones de horas, que recoge el convenio colectivo y a los que tienen derecho por ley”.

CSIF-Andalucía exige que la Administración andaluza cumpla con los plazos establecidos para conocer el resultado provisional de los distintos Concursos de Méritos publicados en BOJA el pasado 18 de diciembre. El sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) advierte de que dicho retraso podría afectar en potencia a 20.000 funcionarios.

El sindicato teme que esta lentitud en el proceso de resolución es debido a la intención de detraer determinadas plazas convocadas en el concurso. La Administración justifica tal dilatación en el tiempo argumentando que, en algunos casos, es necesario modificar las características de la Relación de los Puestos de Trabajo. Para CSIF-A, se trata de una gesto que sólo podría perjudicar la carrera administrativa del personal funcionario.

Aunque el número de plazas no es muy elevada es destacable que al ser un procedimiento a resulta, todo este retraso es especialmente grave.

El sindicato espera que en la próxima Mesa Sectorial prevista la Administración haya resuelto este asunto y, al menos, exista una adjudicación provisional.

A pesar del incremento histórico para Sanidad que reflejan los nuevos presupuestos andaluces para 2019 (7,9% con respecto al año anterior), CSIF-A advierte de que Andalucía ocupa la última posición en gasto por habitante. Si se compara dicha partida per cápita entre esta Comunidad y País Vasco, la diferencia es de casi 500 euros.

El sindicato reconoce que estos presupuestos contribuirán a mejorar la contratación en verano y a la atención en puestos de difícil cobertura, pero siguen siendo insuficientes con respecto a la demanda real que existe tanto en el terreno del personal como en el de las infraestructuras.

CSIF-A denuncia que Andalucía se encuentra entre las peores ratios en enfermeros, fisioterapeutas, médicos y resto de categorías. Según varios estudios realizados por el sindicato, sólo en el caso de la enfermería, harían falta 6.000 profesionales más.“La sanidad andaluza, más allá de los parches, necesita un gran pacto que preserve los derechos fundamentales y marque los tiempos de consecución del mismo”.

Igualmente ocurre con las infraestructuras. El sindicato reclama que se diseñe un plan de dotación de recursos para toda la Comunidad con arreglo a los estándares de calidad que la sanidad pública, los profesionales y la ciudadanía demandan.

CSIF-A obtiene 49 delegados revalidando su posición como primera fuerza sindical del sector Justicia en las provincias de Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla y alcanza una representatividad del 30,2%, a la espera de los datos de Córdoba donde aún no se han celebrado las elecciones sindicales. Tras el recuento completado, el número de representantes aumenta en todas las provincias en un delegado excepto en Sevilla que pierde uno, en Granada que mantiene los 5 quedando el mapa provincial de la siguiente manera: Almería, cuatro; Cádiz, ocho; Granada, cinco; Huelva, seis; Jaén, seis; Málaga, cinco; y Sevilla, siete.

Entre los logros que CSIF-A ha conseguido en el mandato 2015-2019, se encuentra que la Administración haya reconocido el papel fundamental que el funcionario de Justicia ha desempeñado durante los años de crisis. Además, se ha recuperado la jornada de 35 horas, eliminar los descuentos por bajas por enfermedad, diferentes medidas de conciliación, como el permiso retribuido por hijos con cáncer, una bolsa de horas de libre disposición para atender a familiares directos y se ha aumentado el permiso de paternidad a 20 semanas.

En cuanto a los retos más inmediatos, 2019-2014 será una legislatura en la que se irá negociando la Nueva Oficina Judicial en la mayoría de los Partidos Judiciales y ésta deberá tener una organización y dimensión apropiada, tanto en plantilla como en recursos, que responda a las cargas de trabajo existentes en cada jurisdicción, pues en Andalucía se sobrepasan con creces las ratios establecidas por el Consejo General del Poder Judicial.

Manuel Moreno, presidente del sector de Justicia de CSIF-A hace hincapié en que “los empleados públicos, con su profesionalidad y compromiso con el ciudadano, han mantenido en pie los juzgados andaluces en un momento en que se recortaba en personal. Todo ello, en una coyuntura de conflictividad social, aumento de litigios y en plena transición hacia la digitalización de la justicia”. Por ello, Moreno agradece la confianza depositada en CSIF y recuerda que “luchar por los trabajadores es de justicia”.

El sindicato pide que se retome la concertación con todos los agentes sociales de la Comunidad para atajar el problema del desempleo

La carrera profesional, la recuperación de las pagas extras de 2013 y 2014 y la equiparación salarial, son algunas de las reivindicaciones expuestas en la cámara andaluza

CSIF Andalucía ha exigido la modificación del sistema de financiación autonómico de forma urgente en la comparecencia que ha tenido lugar ante la Comisión de Hacienda, Industria y Energía del Parlamento de Andalucía. José Luis Heredia, presidente del sindicato, ha hecho hincapié en que “se debe abandonar el concepto de ordinalidad y comprender de una vez por todas que Andalucía es la Comunidad más poblada de España”.

Según la financiación autonómica actual, “estamos perdiendo más de cinco mil millones de euros en nuestra financiación” explica Heredia. Para CSIF-A, “los impuestos directos son los que hacen una buena financiación y con esta distribución desacertada, los servicios esenciales como la sanidad y la educación se están viendo afectados. Por lo tanto, en cuanto Andalucía esté bien financiada, reflotará”.

CSIF-A considera que en estos presupuestos se debe recoger la partida correspondiente para poner en marcha una auténtica carrera profesional de nuestra función pública, equiparando salarios y oportunidades profesionales al resto de Comunidades Autónomas. Además, llama especialmente la atención que aún no aparezcan reflejados en los presupuestos, al menos de forma expresa, la recuperación de las pagas extra de 2013 y 2014.

Además, CSIF-A ha recordado que ya es hora de revisar la concertación “no sólo para mantener la paz social, sino para combatir la mayor lacra de Andalucía, el desempleo del 21%, 7 puntos por encima de la media nacional y casi el triple de la media de la zona euro”.

CSIF-A sostiene que para conseguir la mejora sustancial del sistema educativo que tanto necesita Andalucía se deben bajar las ratios, incrementar las plantillas y reconocer verdaderamente la labor de los docentes mediante mejoras retributivas y de condiciones de trabajo. “Tenemos que recordar que ya hubo una propuesta en el Parlamento de Andalucía de fijar el 5% del PIB para educación y fue rechazada”, indica el presidente del sindicato.

En el terreno de la sanidad, CSIF-A ha transmitido su deseo de no enterarse por la prensa de las novedades que se introduzcan en los planes de choque en Sanidad, ya que “para eso están las mesas sectoriales donde se deben discutir todos estos asuntos”.

El sindicato reconoce que con este presupuesto, el gasto en Sanidad en Andalucía pasa de 1.153 euros/habitante a 1.242 lo que también es una mejora, “pero que no palía nuestro déficit pretérito y nos sigue situando en última posición en comparación con el resto de autonomías del Estado. Seguimos estando muy alejados de la media nacional (1.370 €/habitante) y no digamos ya del País Vasco 1.710 €/habitante”, subraya José Luis Heredia.

Las recientes protestas de policías nacionales y guardias civiles para conseguir la equiparación salarial con los cuerpos de seguridad autonómicos puso en evidencia la distancia de derechos laborales entre estos empleados públicos, pero es solo una muestra de la realidad de todos los que dependen de la Administración General del Estado (AGE) si se comparan con el resto. Sus opciones de salir del furgón de cola dependerán en buena medida de la fortaleza de la representación que salga de las elecciones sindicales del 19 de junio.

Con estas, además, se completan los procesos más importantes de renovación de representantes de los trabajadores, por volumen de personal, en los servicios públicos, después de haberse celebrado las de educación, sanidad y personal laboral de la administración de la Junta de Andalucía que tendrán lugar, en este último caso, un día antes. Andalucía es, de hecho, el segundo territorio, después de la Comunidad de Madrid, por la lógica de la centralización, que más delegados elegirá: 196 por parte de los funcionarios y 136 por parte de los laborales.

En este sentido, pese a estar transferidas muchas competencias, en Andalucía hay mucha presencia estatal, con unos 27.000 empleados públicos de la AGE, que se distribuyen, aproximadamente, entre 21.000 funcionarios y 6.000 laborales. Y en este paquete entran servicios públicos que van desde la Seguridad Social a Instituciones Penitenciarias, pasando por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Inspección de Trabajo, y un sinfín de organismos peculiares, como el Archivo de Indias de Sevilla, el Instituto Geológico Minero, el Instituto Oceanográfico de Málaga o la Plataforma Solar de Almería.

“El sector soporta una mengua retributiva histórica. Somos los peor pagados, si se compara con cualquier administración local o autonómica. En nuestras espaldas se han leído las políticas de cualquier gobierno en cuanto a recortes”, explica Manuel Jesús Santiago Ganivet, presidente del sector en el CSIF, el sindicato mayoritario.

Para ilustrar hasta qué punto hay diferencia, recuerda el caso de los trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Gualdalquivir (CHG), cuyos sueldos se tuvieron que subir una media de 500 euros cuando pasaron a depender de la Junta de Andalucía, para equipararlos, pero perdieron este beneficio con la vuelta a la AGE decretada por los tribunales.

Pero además, trabajan con plantillas que soportan carencias de personal y de medios materiales. “Esos servicios públicos se mantienen a costa de la voluntariedad de los funcionarios y laborales. Hay dificultades hasta para coger las vacaciones”, continúa, a la vez que recuerda que la ratio personal/ciudadanos está por debajo de la media europea. “Hay mucho asesor y político y poco profesional”, sentencia.

“No ha sido hasta casi el final de este mandato cuando se han dado los primeros y tímidos pasos para la recuperación, del todo insuficiente, de las endémicas pérdidas de poder adquisitivo y otros derechos de los empleados de la AGE, que son sistemáticamente usados como conejillos de indias en las políticas restrictivas de derechos de los gobiernos de turno”, asevera.

Los retos del nuevo mandato

¿Dónde harán, pues, hincapié? Las reivindicaciones y compromisos con los que el CSIF concurre a las elecciones sindicales para revalidarse como fuerza mayoritaria se pueden resumir en el objetivo de recuperar los derechos laborales anteriores a la crisis, para empezar. “Si hemos sido ejemplo de austeridad y profesionalidad, es exigible del Gobierno de la Nación la reposición de estos a sus empleados más castigados”, apuntan desde el sindicato. En este empeño, cinco puntos claves:

El primero, la cuestión retributiva. Los empleados de AGE perciben, de media, un 25% menos que cualquier trabajador de la administración autonómica. Piden por ello un establecimiento de una cláusula de revisión salarial de carácter anual y permanente, una regulación y aumento de las dotaciones de productividad y negociación real de los criterios para su reparto. También, una actualización de dietas, toda vez que a día de hoy, “es imposible comer y dormir dignamente, pues ni las pernoctas en pensiones se puede permitir ya el personal de la AGE en sus desplazamientos por motivos de trabajo o formación”, dicen. Se pretende asimismo recuperar los presupuestos de acción social, llevando estos a la aportación del 5% de la masa salarial de los empleados públicos.

Por otro lado, desde CSIF se insistirá en el desarrollo del estatuto básico del empleado público, con medidas entre las que destacan la evaluación del desempeño y un sistema de retribuciones en consonancia con la excelencia y competencia en el trabajo.

En paralelo, seguirán con la reivindicación de la jornada laboral de 35 horas semanales, como existe en la Junta de Andalucía, que con su implantación no ha tenido merma en la gestión ni en la prestación de servicios públicos.

Es precisamente una medida con la que creen que se creará empleo público, otro de los problemas más acuciantes y que atribuyen a la nefasta política de los diferentes gobiernos, que no han repuesto a un ritmo necesario todas las bajas de jubilación. Por eso, trabajarán por una oferta pública de empleo potente, y la erradicación de la temporalidad. La renovación de las plantillas, con una media de edad muy elevada, es también una reivindicación de CSIF. Se hace incluso necesario el desarrollo de una normativa que permita la jubilación anticipada y parcial, “que dé paso a la juventud en la AGE”.

Finalmente, no se olvidan de un paquete de medidas de tipo social, que incluye cuestiones de movilidad, igualdad, prevención de riesgos laborales, formación, promoción interna... Todo ello, insisten, “para que sea una administración que dé respuesta eficaz a los problemas de nuestros ciudadanos en el siglo XXI”.

Continúa la renovación de los representantes de los empleados públicos y este 18 de junio es el turno del personal laboral de la administración general de la Junta de Andalucía. Unos 23.000 laborales están llamados a elegir a los representantes que luego serán su voz en la Mesa General de Negociación de la Junta de Andalucía, donde actualmente el CSIF es la principal fuerza, con 180 de los 800 delegados. Este sindicato aspira a reforzar su posición consiguiendo como mínimo un 25% de la representación, si bien esta vez, como consecuencia de la reestructuración de la Junta de Andalucía se elegirán unos 600 delegados.

La convocatoria llega en un momento de cambio en la Junta de Andalucía, que su personal laboral mira con especial atención porque son decisiones que repercuten directamente en sus condiciones de trabajo. Es por ello quizá que uno de los retos más importantes que hay por delante para el nuevo mandato es la negociación del nuevo convenio colectivo, el séptimo, porque llevan desde 2002 con el sexto. Pero también la nueva Ley de Función Pública, como marcos que el Gobierno de Andalucía lleva años prometiendo y no terminan de llegar.

“El principal objetivo en las elecciones sindicales es obtener peso y poder de decisión para defender los derechos de los trabajadores públicos con mayor representatividad en la Mesa General de Negociación de la Junta de Andalucía”, explica Enrique Álvarez de Toledo, presidente del Sector de la Administración General de la Junta de Andalucía en el CSIF. En este sentido, llama la atención sobre el envejecimiento de esta plantilla como uno de los principales problemas para los próximos años.

Edad media elevada

“La edad media es bastante elevada y esto no solo es preocupante de cara a las jubilaciones o jubilaciones parciales que puedan producirse sino también porque hay personas que deben pasar a una segunda actividad y ser sustituidas en estas tareas más duras por otras para prestar un servicio en condiciones óptimas”, agrega. Estamos hablando por ejemplo de laborales en centros de atención a mayores o dependientes y que por tanto realizan tareas que exigen mucho físicamente.

La edad media de los laborales es muy elevada en todos los ámbitos. Sirva como ejemplo que en las mesas electorales, cuando se forman con la persona de mayor edad y la de menos, esta última suele tener más de 40 años. “Como no ha habido oferta continua de empleo público, sino que se ha demorado por obstáculos judiciales y también por cierta dejadez a la hora de sacar las plazas, se ha producido un salto importante. Ha habido generaciones que no han podido acceder los puestos de la administración pública y eso se nota”, expone.

Enrique Álvarez de Toledo incide en que este personal laboral “se encarga de servicios esenciales, no solo los referidos de atención a la tercera edad o dependientes, sino también en la educación y la sanidad”. Por ello cree que es importante la participación en estas elecciones sindicales. Normalmente, ocurre como en política y oscila entre el 50% y el 60%, pero confía en que los llamados a este proceso se impliquen en una convocatoria clave para su futuro.

Otros 10 retos para el nuevo mandato

Y es aquí donde toca mencionar los retos, porque aparte de los referidos de negociar el séptimo convenio colectivo, para dejar de poner solo parches como hasta el momento, y la nueva Ley de Función Pública, hay sobre la mesa una serie de reivindicaciones cuyo logro dependerá de la fuerza de los representantes de los trabajadores.

En primer lugar, la adaptación de las relaciones de puestos de trabajo para las necesidades de los centros de trabajo.

Igualmente, el CSIF insiste en la necesidad de ofertas públicas de empleo anuales. Tampoco se olvidan de la necesidad de llevar a cabo la oferta de empleo público extraordinaria que se ha negociado para la consolidación y de estabilización de los puestos de trabajo.

Dentro del capítulo de mejoras en retribuciones, prometen luchar por la recuperación del 5% del salario perdido en 2010 como consecuencia de los recortes. También, la equiparación salarial con otras administraciones públicas. Igualmente, completar la negociación de la recuperación de la paga adicional 2013-2014, un objetivo todavía pendiente.

El sindicato también incide en la necesidad de pelear por la igualdad de género efectiva y también por la igualdad de oportunidades, dentro de lo que entran cuestiones como la regulación efectiva del plus de penosidad, peligrosidad y toxicidad.

La conciliación de la vida personal, familiar y profesional es una tarea siempre presente en los compromisos, dado que cada mandato se apuesta por avanzar en nuevos logros. Igualmente, se exige profundizar en la adaptación de las jornadas laborales y horarios.

Desde el sindicato también apuesta por mejorar en la lucha contra el acoso sexual y el acoso laboral.

El cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y su implementación es otra de las patas de su programa.

La jubilación anticipada sin pérdidas económicas es otro de los frentes.

También el reconocimiento de enfermedades profesionales.

Y para terminar, la implementación bolsa única, pendiente todavía.

Una docena de los logros de estos cuatro años

Como carta de presentación, desde el CSIF apuntan los logros del mandato que termina, que se pueden resumir en la siguiente docena como los más destacados.

Tras las elecciones sindicales en la educación y la sanidad pública, tocan el 19 de junio las de la administración de justicia, un cuerpo que supera en Andalucía los 7.500 empleados públicos, que poco a poco han conseguido conquistar los mismos derechos que el resto, pese a navegar más que ningún otro sector en el complicado mar de las competencias. En el horizonte, el eterno compromiso de reestructuración de las oficinas judiciales -después del ensayo piloto en El Ejido y Vélez-Málaga- y su impacto en las condiciones laborales.

No en vano será un mandato en el que se irá negociando la nueva oficina judicial en la mayoría de los partidos judiciales para contar con una organización y dimensión apropiada, tanto en plantilla como en recursos, que responda a las cargas de trabajo existentes en cada jurisdicción, pues en Andalucía se sobrepasan las ratios establecidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Lo recuerdan desde el CSIF, fuerza mayoritaria en el sector con 45 de los 162 delegados y tres victorias consecutivas en estos procesos. Confían en renovar esa confianza y tener un papel relevante en las negociaciones que se avecinan. Su representatividad en todas las mesas, empezando por la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, le permite contar con ventaja en su estrategia de defensa de la plantilla como garantía a su vez de un mejor servicio a los ciudadanos.

“Votar CSIF es de justicia” es el lema del sindicato -que presume de una política de transparencia en su gestión “única en Andalucía”- para esta convocatoria. “Lo más importante es que la administración de justicia sea considerada un servicio público esencial y por ello debe recibir mayor inversión por parte del Gobierno de Andalucía”, subraya Manuel Moreno, presidente del sector en el CSIF en Andalucía.

En este sentido indica que “la única manera es que se acometan planes de actuación extraordinarios”, encaminado entre otras cosas a reducir el atasco en los juzgados, tanto en la fase de trámite como en la de ejecutorias. Defiende igualmente planes de choque “voluntarios y remunerados” por el que los funcionarios puedan prolongar su jornada laboral por la tarde.

Los logros del mandato que termina

En su opinión, es el momento de dar un paso más después después de los logros del acuerdo del 27 de noviembre de 2018 en la Mesa Sectorial de Negociación del Personal de la Administración de Justicia, como colofón a una serie de conquistas de estos trabajadores los últimos años. En esta línea, desde el CSIF destacan la recuperación de la jornada laboral de 35 horas (gracias a un sistema de media hora de cortesía porque dependen del Gobierno de España, que no ha consolidado esta reivindicación) como uno de los logros cuando ha tocado recompensar el esfuerzo de los recortes asumidos por este personal.

“CSIF ha conseguido que la administración reconozca el papel fundamental que el funcionario de justicia ha desempeñado durante los años de crisis. Los empleados públicos, con su profesionalidad y compromiso con el ciudadano, han mantenido en pie los juzgados en un momento en que se recortaba en personal. Todo ello, en una coyuntura de conflictividad social, aumento de litigios y en plena transición hacia la digitalización de la justicia”, relata.

No ha sido fácil. Para ejercer presión, el sindicato impulso movilizaciones en todas las provincias y bloqueó la negociación en la mesa sectorial hasta alcanzar diversas mejoras laborales, como el incremento retributivo del específico en 90 euros. “Fue la que más costó conseguir”, recuerda. También apunta, entre otras mejoras peleadas por su sindicato, la eliminación de los descuentos por bajas por enfermedad y diferentes medidas de conciliación, como el permiso retribuido por hijos con cáncer, bolsa de horas de libre disposición para atender a familiares directos o permiso de paternidad de 20 semanas.

El sector de Sanidad de CSIF-A pide a la Dirección General de Personal que esta herramienta telemática sea eficaz y rápida

El sindicato recalca que trámites para una Oferta Pública de Empleo o para la solicitud de destinos no pueden depender de un sistema

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que perjudica a trabajadores, opositores y candidatos de la sanidad andaluza

CSIF Andalucía exige al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que la Ventanilla Electrónica de Profesionales (VEC) de la sanidad andaluza deje de ser un obstáculo en trámites administrativos como son los necesarios para optar a una Oferta Pública de Empleo, la solicitud de destinos, la aportación de méritos en bolsa o, en definitiva, para hacer carrera profesional.

El sector de Sanidad de CSIF-A recuerda que la VEC es un sistema fallido desde su puesta en marcha con la Oferta Pública de Empleo 2013-2015. Un impedimento técnico que se ha puesto en conocimiento del SAS en varias ocasiones sin éxito. Una reivindicación que se hizo llegar al Defensor del Pueblo Andaluz en 2017, órgano que procedió a la apertura de queja de oficio.

El sindicato pide a la Dirección General de Personal del SAS que solucione de inmediato este problema ya que en muchas ocasiones, la simple acción de subir documentación de forma telemática conlleva “la espera de tres o cuatro horas”.

La complicación de la Ventanilla Electrónica Profesional es tal que “muchos han tenido que pedir días de vacaciones para poder dedicarlos a estos trámites administrativos, realizarlos a altas horas de la madrugada para evitar sobrecarga en la red y lidiar con la angustia que generan la expiración de plazos por razones ajenas al interesado”.

CSIF Andalucía denuncia la mala gestión del plan destinado a luchar contra los incendios forestales y exige que el dispositivo se encuentre operativo al 100% durante todo el año.

La sección sindical de CSIF-A en la Agencia Medio Ambiente y Agua (Amaya) indica que se han eliminado tres camiones contra incendios; dos de ellos en la provincia de Granada, GP-304 ubicado en la localidad de Murtas y GP-106 en el paraje de Pinos de Genil y en la provincia de Jaén JP-104, este último con un nuevo destino en el Ayuntamiento de Navalcaballo para ser gestionado por el Consistorio de esa localidad.

La falta de medios humanos y materiales no solo pone en peligro la salud de los bosques andaluces, sino que conlleva de forma directa una pérdida de puestos de trabajo.

Sobre el “déficit de recursos humanos”, la sección sindical de CSIF-A en Amaya recuerda que la Agencia creó una bolsa de trabajadores para cubrir las necesidades del dispositivo Infoca, promesa incluida en la convocatoria de una nueva Oferta Pública de Empleo que nunca se cumplió.

CSIF Andalucía pide a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía la suspensión del programa educativo de refuerzo estival en los centros andaluces ya que solo 3.657 alumnos, de los 100.000 previstos, han solicitado este plan.

El sector de Educación de CSIF-A denuncia la “ausencia de información, negociación, así como la improvisación que ha caracterizado la puesta en marcha de este plan” y considera que el programa, que contempla un periodo de entre 10 y 20 días de clases y actividades, no es la mejor medida para combatir el fracaso y abandono escolar.

En este sentido también se han expresado la comunidad educativa (asociaciones de padres y madres, y de directores y todas las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial) que han rechazado de forma contundente el programa.

CSIF-A reitera su propuesta de un plan integral que solucione el grave problema del abandono y fracaso escolar, actualmente situado en torno a un 20% en nuestra Comunidad.

Para ello, el sindicato propone que las medidas sean de calado, como: la reducción de ratios, los desdobles de grupos para algunas materias, la atención a la diversidad y los refuerzos de recursos humanos, el aumento de plantillas en los centros, la detección precoz de alumnado con necesidades especiales, o la mejora en la cobertura de bajas.

Una vez más, CSIF-A hace un llamamiento a la Consejería de Educación y Deporte para que la negociación y el acuerdo sean las bases que conduzcan a la mejora del sistema educativo andaluz.

CSIF Andalucía, primer sindicato del sector público andaluz y tercero de la empresa privada en la Comunidad, pide medidas urgentes para evitar la estacionalidad de los nuevos puestos de trabajo en Andalucía, tras conocer los datos del paro del mes de abril publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El sindicato que preside José Luis Heredia se congratula por el descenso del paro durante el pasado mes en 26.225 personas -apoyado por el tirón turístico de la Semana Santa- y que sitúa a la Comunidad por debajo de los ochocientos mil parados; concretamente en 779.094.

No obstante, para CSIF-A, las cifras de desempleo en Andalucía continúan siendo preocupantes. Es significativo que sólo 18.763 de los 407.029 contratos firmados durante el mes de abril tuviesen carácter indefinido, apenas un 4,6% y que más del 43% de los contratos temporales fueran firmados por mujeres, lo que agrava los datos de desempleo femenino, que representa el 59% del total de desempleados en Andalucía.

Nueva financiación autonómica

Por todo ello, CSIF-A exige una nueva financiación autonómica que responda a las necesidades reales de la Comunidad e insiste en la necesidad de que fuerzas sindicales, políticas y empresariales se unan para diseñar y ejecutar medidas urgentes. De igual modo, el sindicato entiende que debe ponerse en marcha una nueva, renovada y reformada Concertación Social, con más interlocutores, mucho más democrática, plural y representativa.

Respecto a los datos, el paro descendió en todos los sectores excepto en la Construcción, donde aumentó en 679 personas. El Sector Servicios aglutina la mayor bajada de desempleados (-23.525) seguido del de la Agricultura (-1.986), el Colectivo sin Empleo Anterior (-834) y la Industria (-559).

Por provincias, el paro descendió en todas siendo Sevilla (-6.082) y Málaga (-7.120) las provincias con los mejores datos. Les siguen Cádiz (-5.855), Huelva (-2.842), Granada (-1.935), Córdoba (-1.008), Jaén (-932) y Almería (-451). A nivel nacional, el paro volvió a bajar en -91.518 personas, dejando la cifra total de desempleados en 3.163.566 personas.

CSIF Andalucía condena la agresión a dos funcionarios de prisiones del Centro Penitenciario de Archidona (Málaga) y denuncia la escasez de empleados públicos en el centro malagueño, donde se han producido dos agresiones de este tipo en tan solo una semana.

Así, el sector de Instituciones Penitenciarias de CSIF-A señala que la agresión se ha producido por parte de un interno en el momento que iba a ser cacheado, ante la sospecha de los funcionarios de que ocultaba algún objeto prohibido. Ante esta situación, el agresor ha mostrado una actitud agresiva -escupiendo y propinando insultos y patadas- y ha opuesto resistencia a ser reducido, llegando a agredir a dos funcionarios.

A consecuencia de la agresión, ambos funcionarios han tenido que ser atendidos en la enfermería del centro, el primero de ellos por un mordisco en la mano y el segundo por una patada en la boca.

El sector de Instituciones Penitenciarias de CSIF-A, que viene denunciando ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y ante la dirección de Archidona la falta de empleados públicos en el centro desde su apertura, lamenta que, como consecuencia de la precariedad de la plantilla y la sobrecarga laboral, tengan lugar este tipo de agresiones.

Se da la circunstancia de que, desde el momento de su apertura, el C. P. de Archidona tiene reconocida la necesidad de 30 plazas de efectivos por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y aún no han sido cubiertas.

CSIF Andalucía denuncia la falta de negociación en la Mesa sectorial de Educación, así como la ausencia de información, acerca del Programa de Refuerzo Educativo y Deportivo anunciado por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y lamenta que, el proyecto estival, sea una decisión unilateral de la Consejería, organismo al que pide, una vez más, transparencia, diálogo, negociación y consenso.

Francisco Hidalgo, presidente del sector de Educación de CSIF-A, señala la “desinformación sobre todo lo relativo a la implantación del Programa: existen dudas sobre cómo va a ser el trabajo de los docentes, los sistemas de selección, la afectación del tiempo de servicio en las listas de interinos, etc”.

Climatización y reducción de ratios

A ello se suman las condiciones de climatización de los centros educativos y que CSIF-A ha venido denunciando en años anteriores: “alumnado y profesorado han vivido en cursos anteriores un infierno debido a las altas temperaturas, no tenemos garantías de que la situación no se vuelva a repetir en el desarrollo de este programa, por eso hemos vuelto a pedir explicaciones en la Mesa sectorial”, apunta Hidalgo.

De este modo, el sector de Educación de CSIF-A indica que el Programa que plantea Educación “no puede ni es una solución real a las altas tasas de abandono escolar existentes en Andalucía” y que para abordar esta problemática “es necesario un plan integral con medidas de calado como la reducción de ratios; los desdobles de grupos para algunas materias; la atención a la diversidad y los refuerzos con los recursos humanos necesarios; un aumento de plantillas en los centros; la detección precoz del alumnado con necesidades educativas específicas, y seguir en la línea de mejora de la cobertura de las bajas para que se cubran a la mayor brevedad posible”.

Sobre la obesidad que afecta al 40 % de los escolares, no parece que 15 días de programa educativo con una asignación diaria de 2,5h a actividades deportivas sea la solución para paliar esta situación. Para CSIF un tema de tamaña gravedad se debe acometer desde el programa de Gobierno de la Junta de Andalucía, realizando campañas de concienciación y promoción del deporte así como acciones formativas con las familias y el alumnado con el claro objetivo de poner en marcha hábitos para una vida saludable (adecuada alimentación, realización de ejercicio físico…) para reducir esta “epidemia del siglo XXI”.

CSIF Andalucía denuncia que la cifra de agresiones físicas y/o verbales a los profesionales del Sistema Andaluz de Salud continúa en ascenso por quinto año consecutivo. Con motivo del Día nacional contra las agresiones en el ámbito sanitario el sindicato señala que éstas han incrementado un 10% en nuestra Comunidad desde 2008.

El sector de Sanidad de CSIF-A indica que en 2018 se produjeron 1.234 agresiones a profesionales de la sanidad en los centros sanitarios andaluces, de las que 267 fueron agresiones físicas. La cifra de estas últimas han aumentado un 48,5% con respecto a 2008, año donde se produjeron 182. De media, los profesionales de la sanidad andaluza sufren más tres agresiones diarias y más de cinco físicas a la semana.

Eloísa Bernal, presidenta del sector de Sanidad de CSIF-A, exige que “se articulen medidas necesarias para combatir las agresiones, como adecuar las plantillas a las necesidades de salud de la población, implementar un plan de vacaciones con las suficientes garantías de continuidad de servicios y dotar de las estructuras sanitarias que sean necesarias y paralizadas o sin financiación”.

CSIF-A ha denunciado esta situación durante años con la elaboración de campañas informativas, así como con concentraciones de repulsa en cada centro donde se produce una agresión, algo que, en palabras de Bernal, “no es suficiente. Sólo se denuncia una de cada diez agresiones en el ámbito sanitario, por eso exigimos al SAS que realice una campaña de tolerancia cero a las agresiones, así como el seguimiento mensual de los datos junto a los Agentes Sociales”.

Agresiones por provincias

Las provincias que registraron más agresiones físicas y/o verbales durante 2008 en el SAS son Málaga (309) y Sevilla (282) mientras que Almería (70) y Granada (83) son las provincias que registraron menos agresiones. Con respecto a 2008, las cifras aumentan en todas las provincias excepto en Almería. En cuanto a las agresiones físicas, de nuevo Málaga registra una mayor cifra, con 81, seguida de las provincias de Sevilla (52) y Córdoba (32). Las provincias con la cifra más baja de agresiones físicas en 2018 fueron Huelva (12) y Jaén (12).

CSIF Andalucía pide la dimisión del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, tras unas declaraciones en las que pone en entredicho la labor de los funcionarios de la Justicia andaluza. En el Foro Jurídico del Colegio de Abogados de Cádiz, Del Río ha lamentado tener poco poder sobre la gestión y la organización de los órganos judiciales y no poseer capacidad disciplinaria sobre los funcionarios.

CSIF-A, que ha conseguido en el Acuerdo de Mejoras de las Condiciones de Trabajo impulsar las órdenes de implantación de lo que serán las futuras Oficinas Judiciales –donde el funcionariado tendrá un papel fundamental-, lamenta que el presidente del TSJA no haya sido más constructivo y no haya propuesto mejoras reales para conseguir una Administración a la altura que se merecen los andaluces.

Manolo Moreno, presidente del sector de Justicia de CSIF-A, señala que “el personal funcionario no es culpable de la situación actual de la Justicia” y considera las palabras de Del Río “un nuevo ataque a los funcionarios, cuando son ellos quienes hacen posible que la Justicia salga adelante día a día. Es difícil conocer esta realidad desde un despacho donde no se toma el pulso a la Administración”, apunta.

“Es inadmisible que se ponga en tela de juicio la labor y la implicación de los funcionarios de la Administración de Justicia en Andalucía”, indica Moreno, quienes, recuerda, “tienen muy claro qué deben hacer y que no, puesto que lo marca la Ley. Además, sus jornadas y horarios laborales están regulados y se respetan estrictamente las ratios mínimas de personal”.

Para CSIF-A, el trabajo diario de los funcionarios es vital para el correcto funcionamiento de la Justicia y considera “irresponsables” las declaraciones del presidente del TSJA. “Las plantillas de juzgados andaluces, como en El Ejido, Ayamonte, Motril, Algeciras, La Línea o Barbate trabajan muchas horas de más sin ser retribuidas por lo que pedimos la dimisión del señor Del Río por el desacierto y la ligereza de sus palabras para con quienes mantienen los juzgados a flote”, indica Moreno.

CSIF Andalucía ha realizado un informe sobre la brecha salarial en Andalucía con motivo de la celebración mañana, 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. El objetivo de este documento es visibilizar la diferencia salarial entre hombres y mujeres tanto en la Administración Pública como en las empresas privadas de Andalucía, así como las dificultades de acceso laboral de las mujeres.

Las mujeres continúan ganando menos que los hombres independientemente del tipo de jornada laboral o contrato. En el caso de un contrato por tiempo indefinido, las mujeres ganan 7.000€ anuales menos, mientras que un contrato por tiempo determinado, las mujeres dejan de ganar 4.000€ al año con respecto a los hombres.

Por edades, hay una mayor diferencia de sueldos entre hombres y mujeres de entre 25 y 44 años -etapa que coincide con la edad fértil de la mujer y de crianza de los hijos- donde la cifra de contratos temporales en mujeres es el doble que en hombres. La brecha salarial también afecta a las pensiones, donde las mujeres ganan menos de media. 

Mayor tasa de desempleo femenino

La tasa de paro en Andalucía es un 10% mayor en las mujeres que en los hombres. Por provincias, Cádiz es la que cuenta con una mayor tasa de desempleo femenino con un 32,72% de mujeres en paro (9,19% más que hombres), seguida de Córdoba (32,24%) y Granada (28,04%); siendo Málaga la provincia con la tasa más baja (23,50%).

La contratación temporal es la más frecuente en nuestra Comunidad y es mucho más alta entre las mujeres que entre los hombres. Las mujeres con un contrato temporal ganan un 23% menos al mes que los hombres y un 29% menos de salario/hora (en torno a dos euros) que los hombres. La mayoría de los contratos temporales se concentran en Almería, Huelva y Córdoba, provincias que cuentan con un mayor número de empresas del sector servicio y agrícola. 

Por sectores laborales, hay más mujeres trabajando en el sector público mientras que en el empleo privado la mayoría de los contratos son ocupados por hombres. En cuanto a la formación, se contrata a más mujeres sin titulación para puestos sin cualificación, mientras que en los puestos de alta cualificación se contrata a más hombres que mujeres.

También existe desigualdad de género en cuestiones de conciliación puesto que el 82,2% de las personas en situación de desempleo para cuidar a hijos menores de 14 años son mujeres. El dato de las personas empleadas que han dejado de trabajar por un periodo mayor de un año con motivo del nacimiento de un hijo también es muy significativo. En el caso de las mujeres, el porcentaje es de un 38,2% mientras que en los hombres es de un 7,4%, 

Medidas correctivas

CSIF-A parte de la base de que la brecha salarial es una discriminación y, para conseguir acabar con ella, es necesario un proceso de diálogo social tripartito, donde es fundamental la negociación colectiva y el diálogo social que garanticen la igualdad retributiva entre hombres y mujeres.

El sindicato propone once medidas para paliar la brecha salarial, entre ellas, fomentar la igualdad desde la educación; flexibilizar el teletrabajo y facilitar el acceso a guarderías en el entorno laboral; definir los puestos de trabajo según competencias técnicas; acabar con estructuras de plantilla y definición de puestos de trabajo anticuadas; fomentar las medidas que favorezcan la conciliación y reclamar un mayor impulso legislativo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha ganado una sentencia a la empresa multinacional Zara por discriminar a 16 trabajadoras, al prohibirles hacer uso de su reducción de jornada por cuidado de hijos menores de edad, un derecho laboral fundamental recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

CSIF se felicita de esta sentencia del Juzgado de lo Social número 3 de Almería, que condena a Zara por vulneración de derechos fundamentales, así como a reubicar a las trabajadoras con su reducción de jornada y a una indemnización de 6.250 euros. Se trata de una sentencia ejemplar que pone en la diana abusos empresariales en un sector altamente feminizado como son las cadenas de tiendas de moda y que tiene especial relevancia, teniendo en cuenta la próxima celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.

CSIF como agente activo de la sociedad civil, desde su independencia y en el ámbito de responsabilidad sindical que le corresponde, participa y acompaña a la sociedad española en esta movilización, tanto en el ámbito de la empresa privada, donde cada vez estamos más presentes, como en nuestro papel de liderazgo en las Administraciones Públicas.

Los hechos se remontan al pasado mes de octubre, cuando Zara decidió cerrar su tienda en el Centro Comercial Mediterráneo para abrir una nueva tienda en el nuevo Centro Comercial Torrecárdenas.

De una plantilla de unos 40 trabajadores, 16 de ellas tenían reducida su jornada laboral por cuidado de hijos menores de edad, a las cuales no se les permitió trasladar su horario laboral a las nuevas instalaciones de la multinacional.

En estas circunstancias, la empresa les ofreció la posibilidad de modificar su horario para que pudieran trabajar los fines de semana (fundamentalmente viernes por la tarde y sábados) que es cuando se preveía una mayor afluencia de público y de volumen de ventas (“por lo que se necesitaban trabajadores con un perfil determinado”), o en su caso serían enviadas a un centro de trabajo en otra localidad (a 25 kilómetros) o a otra tienda de previsible cierre, ofreciéndoles una salida indemnizada.

Finalmente, como no accedieron a trabajar los fines de semana, fueron trasladadas a estos dos últimos centros, lo que motivó la denuncia de CSIF.

Zara vulneró los artículos 14 y 24 de la Constitución 

Pues bien, la sentencia considera que la decisión de Zara viene motivada única y exclusivamente por el hecho de tener reducida su jornada de trabajo por razones de guarda legal de hijos menores de edad, lo que vulneraría el artículo 14 de la Constitución. De la misma manera, se vulneraría el artículo 24, al entender que nos podríamos encontrar ante una represalia de la empresa por no haber aceptado las trabajadoras las condiciones impuestas para trabajar en la nueva tienda.

Por este motivo, habrían sido castigadas trasladándolas a un centro de trabajo que dista a unos 25 kilómetros de su domicilio, lo que dificulta la conciliación personal, familiar y laboral.

Tal y como relata la sentencia, es un hecho conocido y notorio en Almería que, como consecuencia de la apertura de un nuevo centro comercial (“Torrecárdenas”) en la ciudad a finales del mes de octubre del año 2018, la empresa demandada decidió trasladar todas las tiendas de las diferentes marcas de Zara al nuevo centro, en unas dependencias mucho más extensas, por lo que en principio con el cambio de ubicación se necesitarían a más personal.

No obstante –continúa las sentencia—en las comunicaciones escritas entregadas a las afectadas, no se explicaban las razones que habían motivado el cierre de sus tiendas en un centro comercial y el traslado al de nueva apertura, ni tampoco el porqué de estos cambios que perjudican a las mujeres con reducción de jornada por maternidad justifican “la decisión de mantener la posición competitiva de la empresa, favorecer la respuesta a las exigencias de la demanda de los clientes, así como mejorar el balance de ventas frente a gastos”.

Así, esta medida de Zara dificultó terriblemente el ejercicio del derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de dichas trabajadoras, considerando por tanto la sentencia, que se han discriminado a estas empleadas por razón de sexo y de circunstancias personales.

En conclusión, la resolución declara “nula la decisión empresarial de modificar sustancialmente las condiciones de trabajo de las demandantes al vulnerar sus derechos fundamentales, por lo que procede condenar a la empresa ZARA ESPAÑA SA a reponer a estas actoras en las condiciones laborales que tenían con anterioridad al cambio del centro de trabajo…y la reincorporación en el Centro Comercial Torrecárdenas”, “respetando así las reducciones de jornadas y concreciones horarias que tenían reconocidas”.

La sentencia además obliga a la multinacional a abonar a cada una de las trabajadoras “la cantidad de 6.250 euros, en concreto, por indemnización de daños y prejuicios morales causados por la vulneración de sus derechos fundamentales”. Asimismo, tras esta sentencia, CSIF ha tenido conocimiento de que algunas de las trabajadoras trasladadas han vuelto a ser reubicadas con reducción de jornada junto al resto de sus compañeros en el Centro Comercial Torrecárdenas.

CSIF Andalucía exige que el dispositivo del Plan Infoca esté operativo al 100% durante todo el año. En este sentido, la sección sindical en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) denuncia la existencia de retenes incompletos que ponen en grave riesgo de incendio a los montes públicos de Andalucía.

Así, CSIF-A denuncia la existencia de retenes incompletos que, en lugar de siete personas, están conformados por dos o tres efectivos y que se completan con personal de otros retenes para mantenerse operativos y poder actuar en incendios durante ochos meses al año. De este modo, denuncian, no se garantiza una mínima protección en caso de incendios en los montes públicos andaluces, ya que sólo hay un retén de guardia por cada Centro de Defensa Forestal (Cedefo).

De igual modo, CSIF-A alerta de la existencia de puestos de vigilancia cerrados, así como de camiones inoperativos custodiados en cocheras sin turnos de trabajo. Sobre el déficit de recursos humanos, la sección sindical de CSIF-A en la Amaya recuerda que la Agencia creó una bolsa de trabajadores para cubrir las necesidades del dispositivo Infoca, aunque pese a la promesa de la dirección de la Amaya a fijar una nueva Oferta Pública de Empleo está en desuso.

Por todo ello, CSIF-A insiste en la necesidad de mantener el dispositivo Infoca activo y al completo todo el año, como ya ha denunciado en reiteradas ocasiones, para no seguir poniendo en juego ni la vida de los profesionales ni el patrimonio forestal de Andalucía.