Aragón se reafirma, una campaña más, como el gran motor de la alfalfa para España y uno de los territorios estratégicos del mercado de forrajes a nivel mundial. La comunidad concentra más de la mitad de la superficie nacional dedicada a este cultivo y supera el 60% de la producción de todo el país, en una campaña marcada por el crecimiento las exportaciones, la estabilidad de la demanda internacional y las tensiones geopolíticas que amenazan las rutas comerciales.

La comunidad aragonesa destina más de 50.000 hectáreas al cultivo de alfalfa y produce alrededor de 700.000 toneladas anuales, según datos presentados este año durante la IV Jornada Española del Cultivo de la Alfalfa (JECA 2026), celebrada en Huesca. Además, más de la mitad de las plantas deshidratadoras de España, se encuentran instaladas en Aragón, lo que la consolida como el principal núcleo industrial del sector forrajero europeo.

La provincia de Huesca sigue siendo el epicentro de producción, especialmente en áreas de regadío como Los Monegros y el Bajo Cinca, territorios a los que se suma la ribera del Ebro. Un modelo agrícola altamente especializado y vinculado a la exportación, es según los expertos, la razón por la que, solo la provincia de Huesca, ha concentrado entre el 35% y el 40% de toda la producción nacional entre 2025 y 2026. 

Una campaña marcada por la exportación

Con cerca del 80% de la producción de la comunidad destinada a exportación, la alfalfa aragonesa mantiene una fuerte orientación exterior. Las principales zonas receptoras de la alfalfa aragonesa son Oriente Medio y Asia, donde este producto se utiliza principalmente para elaborar alimentación animal en países con limitada capacidad agrícola, en gran parte por la escasez de agua. 

España se mantiene a día de hoy como el segundo exportador mundial de alfalfa deshidratada, solo por detrás de Estados Unidos, y dentro de este puzle Aragón es la pieza central. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y, cada vez más, países asiáticos como Japón o Vietnam, figuran entre los principales destinos comerciales de la alfalfa que se cultiva en los campos de Aragón.

Durante JECA 2026, la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA) destacó la capacidad de resiliencia del sector y su apuesta por la diversificación de mercados internacionales, en un contexto de creciente demanda global de proteína vegetal para alimentación animal. En este sentido, OPAs como UAGA-COAG advierten sobre la dependencia exportadora del sector forrajero español respecto a países del Golfo Pérsico. Según declaraciones de esta organización agraria, Arabia Saudí y Emiratos Árabes absorben cientos de miles de toneladas de alfalfa española cada año, lo que hace al “sector vulnerable a conflictos internacionales y costes logísticos”.

La geopolítica entra en el campo aragonés

Precisamente la campaña de este año también está poniendo blanco sobre negro hasta qué punto la agricultura aragonesa depende del contexto internacional. El sector de la alfalfa está viviendo con especial preocupación las tensiones en Oriente Medio y las dificultades logísticas derivadas de los problemas en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para las exportaciones hacia los países del Golfo.

Expertos del sector, a los que se suman las organizaciones agrarias, advierten de que cualquier interrupción prolongada del tráfico marítimo puede afectar directamente a deshidratadoras y exportadores, y al campo aragonés, a través del impacto que esta situación tiene en los productores. La alfalfa se ha convertido así en uno de los cultivos más sensibles a la geopolítica internacional dentro del campo aragonés.

Las organizaciones agrarias, además ponen el acento en el fuerte impacto que el incremento de costes energéticos y de fertilizantes está teniendo sobre los profesionales del campo. El aumento del precio del gasóleo y de los insumos agrícolas está reduciendo los márgenes de beneficio para los agricultores en un cultivo que implica “un gasto considerable” ya que está ligado al regadío y al transporte internacional.

Tanto la UPA como ASAJA, vienen reclamando una “PAC con más apoyo a cultivos estratégicos” y menos burocracia, incluyendo los cultivos forrajeros de regadío, por su importancia en la alimentación animal y el mantenimiento del medio rural.

El agua, factor decisivo

La disponibilidad de agua para riego sigue siendo el principal condicionante de la campaña. La alfalfa depende del regadío y necesita estabilidad en el suministro de agua para mantener su calidad y, por lo tanto, su competitividad en el mercado. 

El sector del forraje considera que Aragón cuenta con ventajas estructurales muy importantes: clima seco, tecnificación del riego y experiencia industrial. Sin embargo, la incertidumbre climática y la presión sobre los recursos hídricos están obligando a mejorar la eficiencia y mantener inversiones en modernización de regadíos que suponen un alto coste que recae sobre el agricultor, con los riesgos que ello conlleva para estos profesionales.

Pese a ello, las perspectivas de campaña siguen siendo relativamente positivas. El primer corte llegó con “buen desarrollo vegetativo” gracias a un invierno y a una primavera con más disponibilidad hídrica que en campañas anteriores. Además, la calidad parece estar siendo “de correcta a buena”, especialmente en parcelas de regadío bien manejadas y los precios durante el mes de mayo en la Lonja de Binéfar y Mercolleida, no han registrado cambios relevantes respecto a semanas anteriores.

El sector prevé que tanto la producción como la demanda sigan siendo estables, un hecho que se ve apoyado asimismo por la constante dependencia de este producto por parte de la ganadería y por el crecimiento de mercados asiáticos.

Un cultivo estratégico para Aragón

Más allá de las cifras económicas, la alfalfa se ha convertido en uno de los cultivos estratégicos para Aragón por su capacidad de generar empleo, actividad industrial y exportación. El sector forrajero aragonés emplea a miles de personas entre producción agrícola, transformación y logística.

Además, la alfalfa desempeña un papel relevante para los cultivos dentro de las rotaciones agrícolas, ya que, no solo mejora la fertilidad del suelo, sino que también está demostrado que reduce la necesidad de fertilizantes gracias a su capacidad de fijar nitrógeno en la tierra.

En un contexto en el que la incertidumbre climática y la comercial son una espada de Damocles sobre la agricultura, Aragón mantiene su posición como referencia mundial de la alfalfa deshidratada. La evolución de la campaña de 2026 servirá de termómetro, dado el contexto geopolítico actual, para testar hasta qué punto el sector es capaz de sostener su liderazgo internacional. 

Los escolares aragoneses se quedan sin el programa de consumo de fruta en los colegios. La consejera de Agricultura, Arancha Simón, de Vox, ha anunciado este lunes en su primera comparecencia ante la Comisión sectorial de las Cortes de Aragón que el Ejecutivo ha desistido de los contratos del programa por considerar inadmisible que una iniciativa pública de apoyo al sector agrario termine beneficiando a productores de terceros países. “No podemos entregar a nuestros niños peras de Sudáfrica o naranjas de Egipto mientras en Aragón se produce fruta de calidad excepcional”, argumentó la titular del Departamento.

Con esta decisión, el Gobierno de Aragón –sustentado en el pacto PP-Vox– cierra una polémica abierta hace unos meses, cuando se descubrió el origen extranjero de varias de las entregas realizadas en los centros educativos de la comunidad, con el anterior consejero, Javier Rincón, todavía en el cargo.

Simón avanzó que la consejería va a “revisar y valorar esos contratos” para garantizar que, cuando el programa se reactive, lo haga con “fruta de calidad y de proximidad”. Sin embargo, la consejera no concretó plazos pese a ser interpelada por varios grupos de la oposición. Mientras tanto, las actividades de formación y educación alimentaria en los centros escolares continuarán en marcha. “Enseñar a comer bien y a valorar los productos de nuestra tierra también es defender a nuestros agricultores”, subrayó.

La decisión se enmarca en la posición del Gobierno frente al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, al que se opone mientras no garantice la igualdad de condiciones para los productores aragoneses. “No podemos exigir a nuestros productores estándares más exigentes mientras permitimos la entrada de productos de terceros países que no cumplen las mismas condiciones”, señaló Simón.

Peste porcina africana

Más allá de la fruta, la consejera desgranó las prioridades de la legislatura. En materia de sanidad animal, anunció una reunión inminente con sus homólogos de Cataluña y la Comunidad Valenciana para establecer un protocolo común frente a la peste porcina africana, a la que calificó como “la principal amenaza estructural para el sector”. Los tres territorios forman el corredor de mayor densidad porcina de España, con más de diez millones de plazas solo en Aragón, y Simón advirtió de que “una respuesta descoordinada podría incrementar el daño de manera exponencial”. “Aragón no espera, actúa antes”, zanjó.

Sobre la política del agua, la consejera apostó por completar las obras del Pacto del Agua –incluyendo el recrecimiento de Yesa, la presa de Almudévar y la de Mularroya– y por retomar el proyecto del pantano de Biscarrués, tumbado judicialmente según la oposición “por un defecto de forma”. Preguntada por el trasvase del Ebro, Simón eludió el debate: “Primero habrá que hacer las obras del Pacto del Agua y luego ya veremos”.

La simplificación administrativa fue otra de las banderas de su comparecencia. “Durante demasiados años nuestros agricultores y ganaderos han tenido la sensación de que la Administración les exigía cada vez más y les ayudaba cada vez menos”, dijo. Y sobre la PAC, se comprometió a defender “hasta el último euro que corresponda a Aragón” y a oponerse a cualquier recorte, con una advertencia directa: “El campo no puede tolerar más recortes”.

La escalada del precio de los fertilizantes químicos, provocada por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, está reconfigurando el modelo agrario europeo. En este contexto, el sector ganadero español —y especialmente el aragonés— emerge como un proveedor estratégico de fertilizantes orgánicos, a través del aprovechamiento de purines y estiércoles generados en sus explotaciones.

En apenas tres meses, el precio de la urea ha pasado de 430 a 750 dólares por tonelada, un incremento del 75% que ha elevado significativamente los costes de producción agrícola. España, que importa cerca del 60% de los fertilizantes que consume, afronta un sobrecoste anual superior a los 1.000 millones de euros, con especial impacto en cultivos intensivos como el maíz, el trigo o las hortalizas.

Frente a esta dependencia exterior, los nutrientes orgánicos producidos por la ganadería se presentan como una solución inmediata, local y competitiva. Según datos del propio sector, una explotación porcina media —con unos 4.000 animales— puede generar hasta 7.000 metros cúbicos de purín al año, equivalentes a más de 63.000 kilos de urea, con un valor agronómico que puede alcanzar los 49.000 euros anuales y un margen neto superior a los 30.000 euros.

Aragón: potencia ganadera y reserva de nutrientes

Aragón se sitúa entre las comunidades con mayor peso ganadero del país, especialmente en porcino, con una cabaña que supera los 9,6 millones de cabezas y más de 4.000 explotaciones intensivas. Estas cifras la convierten en una pieza clave en este nuevo escenario. 

La comunidad genera anualmente más de 20 millones de metros cúbicos de purines, a los que se suman importantes volúmenes de estiércol procedente de explotaciones de vacuno, ovino y avícola, una cifra que refleja tanto el potencial agronómico como el reto de gestión de estos recursos.

Lejos de ser un residuo, estos subproductos contienen nitrógeno, fósforo y potasio en proporciones que los hacen comparables —e incluso superiores en algunos aspectos— a los fertilizantes sintéticos. Mientras el purín destaca por su efecto inmediato como sustituto de la urea, el estiércol aporta materia orgánica y mejora la estructura del suelo a medio y largo plazo.

Este potencial está favoreciendo la aparición de un mercado emergente en torno a los nutrientes orgánicos. En regiones como Aragón ya se están consolidando prácticas como el transporte de purines entre comarcas, acuerdos directos entre ganaderos y agricultores o inversiones en tecnologías de valorización como la digestión anaerobia para la producción de biogás.

Precios que están soportando los agricultores

España, el impacto es doble: compramos en el exterior el 60% de los fertilizantes que consumimos. Los sindicatos también alertan de que muchos agricultores están reduciendo entre un 40% y un 60% el uso de fertilizantes por su elevado coste. El maíz, el trigo, el arroz y las hortalizas, algunos de los cultivos más intensivos en nitrógeno, “están encajando subidas de entre 80 y 250 euros por hectárea en el coste de fertilización”, aseguran desde UAGA-COAG.

Esta reducción del consumo, prevén las organizaciones agrarias, que puede llegar a traducirse en caídas importantes de producción en cultivos como el cereal y el olivar. Según UAGA-COAG y la UPA —Unión de Pequeños agricultores y ganaderos—, esto pone en riesgo la “soberanía alimentaria” europea y podría acabar repercutiendo en el precio final de los alimentos.

La situación es tal que las organizaciones agrarias españolas han vuelto a movilizarse esta semana para denunciar el fuerte encarecimiento de los fertilizantes y reclamar medidas urgentes tanto al Gobierno español como a la Unión Europea. Las protestas se han desarrollado en Valladolid y también frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, hasta donde se han trasladado profesionales del campo aragonés convocados por los sindicatos ASAJA, UPA y COAG.

En la otra cara de la moneda, el valor agronómico del purín porcino puede alcanzar los 5 o 7 euros por metro cúbico, frente a un coste de gestión en torno a 2,5 euros —datos del CITA de Aragón, Porcinova—. “Lo que antes era una partida de gasto se ha convertido en un activo económico con margen positivo”.

Una oportunidad estratégica

Desde el sector agrario se insiste en que esta situación representa una oportunidad histórica. “El ganadero español está siendo reconocido por lo que siempre ha sido: un productor de alimentos y, ahora también, un proveedor esencial de nutrientes para la agricultura”, Jaume Bernis, responsable de sectores ganaderos en COAG.

No obstante, las organizaciones agrarias reclaman cambios normativos que permitan aprovechar plenamente este potencial. Entre las principales demandas destacan el reconocimiento del purín y el estiércol como recursos y no como residuos, la flexibilización de los límites de aplicación de nitrógeno y el impulso a infraestructuras que faciliten su gestión y transporte.

Algunos países europeos ya han avanzado en esta línea, permitiendo superar los límites actuales de 170 kg de nitrógeno por hectárea bajo condiciones controladas. El sector considera que España no puede quedarse atrás si quiere reducir su dependencia exterior y avanzar hacia un modelo agrario más sostenible y autosuficiente.

En un contexto de incertidumbre global, Aragón y el conjunto del sector ganadero español se posicionan así como actores clave en la transición hacia una agricultura más resiliente, basada en la economía circular y el aprovechamiento de recursos propios.

La organización agraria UAGA-COAG ha exigido al Gobierno de Jorge Azcón en Aragón “que abandone la propaganda y recupere una política real de apoyo a la creación de regadíos, porque defender el regadío es defender el futuro del campo aragonés y la supervivencia de las explotaciones familiares”. El sindicato ha recalcado que ha sido históricamente un firme defensor de la creación de regadíos como herramienta estructural de apoyo a las explotaciones familiares agrarias.

UAGA-COAG ha destacado también que proyectos como los Pebea, Monegros II o los distintos Riegos Sociales han necesitado durante décadas de un fuerte respaldo sindical frente a la incomprensión de administración —que en muchos casos no los considera necesarios— y, a veces incluso, de una parte de la sociedad y del propio sector, que los paraliza por distintos motivos.

Asimismo, ha recordado que siempre han defendido que los regadíos “no deben responder a modelos faraónicos pensados únicamente para sumar hectáreas”, sino que lo que hay que regar son las explotaciones familiares, garantizar la viabilidad de los cultivos, fijar población en el territorio y asegurar el suministro de agua a pueblos y explotaciones ganaderas: “Está demostrado que donde hay regadío —'manchas verdes'— hay desarrollo económico”.

UAGA se ha dirigido también a quienes “se presentan como grandes defensores del regadío” que utilizar políticamente estas infraestructuras o jugar con las expectativas de los territorios solo es posible “desde el desconocimiento de la complejidad financiera, ambiental y social que supone una nueva puesta en riego”.

Una fase “preocupante”

Tras una etapa positiva en el impulso de proyectos de nuevos regadíos durante los últimos diez años, Aragón ha entrado en una fase preocupante marcada por la falta de financiación y la ausencia de una orientación política clara, han asegurado en la organización agraria. A ello han sumado que, aunque el acuerdo de investidura entre PP y Vox hace referencia a 20.000 nuevas hectáreas de regadío, la realidad presupuestaria apenas contempla 5 millones de euros para 2026, cuando el coste medio de creación supera los 15.000 euros por hectárea.

En consecuencia, el Gobierno de Aragón está “muy lejos” de los 90 millones de euros anuales que ha anunciado la Generalitat de Catalunya para las políticas de regadío, así que UAGA-COAG ha indicado que sería “deseable”, al menos, recuperar un modelo de financiación propio como el que regulaba la Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar, que ofreció buenos resultados.

En ese sentido, la organización agraria ha señalado que, al inicio de la anterior legislatura, el Ejecutivo autonómico ese apartado de la Ley sin haber diseñado antes otro modelo de financiación, dejando abandonados a profesionales del campo que esperan convertir sus parcelas de secano en tierra de regadío para tener mejores expectativas de cosecha ante el cambio climático y los periodos de sequía que, cada vez, serán más recurrentes.

Por esta razón, UAGA-COAG ha alertado de que territorios como la margen derecha del Ebro, Litera alta o el Sector 7 de Monegros no podrán avanzar mientras no se restablezca una política “seria, estable y comprometida con el regadío”.

El campo oscense espera para dentro de un mes, aproximadamente, una cosecha “adecuada”, gracias a las lluvias de los últimos días que han aliviado la situación. Así lo han valorado los sindicatos UAGA y ASAJA en la provincia de Huesca al analizar la situación actual del campo. Una situación que en cuestión de pocos días ha cambiado, ya que el calor y la falta de agua estaban apurando los sementeros.

El secretario general de UAGA, José María Alcubierre, confía en que no lleguen inclemencias que dañen al campo. “El agua ha supuesto un alivio y los sementeros han reaccionado muy bien, con lo cual se espera una cosecha adecuada” y “veremos si las inclemencias no afecten, en cuanto a granizo o lluvias torrenciales”, pero “lo cierto es que se ha abierto una ventana de optimismo con las últimas aguas, además en regadío también está el agua asegurada”.

Por otra parte, ha trasladado la “preocupación” del sector por los costes de producción y por la situación internacional. “Los altos costes tanto de carburantes, el gasóleo profesional agrario que es excesivamente elevado y nos está comiendo nuestra ganancia y los fertilizantes, que vemos como están en un alza sin techo y esto preocupa”.

Por su parte, el presidente de Asaja Huesca, Fernando Luna, ha incidido en el cambio de situación que se ha producido, con un mes de mayo que ha traído una muy buena meteorología para el campo. “No nos podíamos esperar que mayo viniera con tan buena meteorología y habrá que esperar a ver cómo se recuperan los campos”, pero “hace veinte días estábamos muy preocupados por falta de lluvia y altas temperaturas”.

Luna ha apuntado que el cereal está de “enhorabuena” por el cambio, ya que la falta de lluvia y las altas temperaturas hacían tener una mala perspectiva. Una lluvia que también ha sido muy beneficiosa para el maíz y la alfalfa.

El cereal en Aragón atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Agricultores y organizaciones agrarias coinciden en señalar que, en esta campaña de 2026, la combinación de altas temperaturas —impropias para este momento del año— y una acusada falta de precipitaciones —en plena fase clave del cultivo—, está comprometiendo seriamente las expectativas de la cosecha aragonesa, especialmente en las zonas de secano.

Según diversas fuentes del sector, la situación actual ha llevado a hablar abiertamente de un escenario límite. Así lo ha explicado ASAJA Aragón, que ya ha alertado de una posible “catástrofe” si no se producen lluvias en los próximos días, ya que muchos cultivos se encuentran “en fases críticas de desarrollo y necesitan agua de forma urgente”, aseguran.

Un cultivo en fase crítica

El problema no radica solo en la ausencia de lluvias, sino en el momento en que se produce. La primavera es un momento determinante para el cereal, ya que en estas semanas se define el llenado del grano. Sin embargo, el calor adelantado está acelerando el ciclo vegetativo lo que está impidiendo el desarrollo normal de las plantas.

En amplias zonas del centro de Aragón, sur de Zaragoza, algunas partes de Huesca y en el norte de Teruel, los cultivos presentan ya “signos de estrés hídrico severo”, ha alertado ASAJA. Las previsiones meteorológicas, lejos de mejorar el panorama, apuntan a la continuidad del calor, aunque se esperan lluvias para la semana próxima, lo que podría traducirse en rendimientos mínimos, pero no se descarta que en algunos puntos de la comunidad las cosechas sean ya nulas.

La afección no es homogénea. Mientras que las zonas más tempranas están ya en una situación crítica, otras comarcas con ciclos más tardíos —especialmente áreas más altas del norte de Aragón— mantienen cierto margen de recuperación. No obstante, incluso en estas zonas, el sector insiste en que sin un cambio meteorológico inmediato la campaña también podría verse “gravemente” afectada.

Más inversión, más riesgo

A la incertidumbre climática se suma un factor económico que agrava la crisis. Tras un invierno relativamente húmedo, muchos agricultores “apostaron” por una campaña favorable, una previsión que les llevó a aumentar su inversión en fertilizantes, fitosanitarios y otros insumos.

Este incremento de costes convierte la situación actual en “especialmente preocupante”, denuncian los profesionales. Si la cosecha no llega a materializarse, las pérdidas no solo serán productivas, sino también económicas, lo que podría comprometer la rentabilidad, y hasta la viabilidad de muchas pequeñas explotaciones aragonesas.

Un sector ya debilitado e incertidumbre en los mercados

La crisis climática llega además en un contexto estructural complicado para el cereal aragonés. El sector arrastra desde hace años varios problemas que se han convertido en estructurales: los altos costes de producción, los bajos precios en origen y una elevada carga burocrática.

De hecho, la campaña de 2025 ya reflejó esta fragilidad: pese a una buena producción en algunas zonas, los bajos precios dificultaron cubrir gastos, evidenciando que la rentabilidad del cereal depende no solo de la climatología, sino también del mercado.

Un mercado que ya refleja los primeros coletazos de esta situación meteorológica. La incertidumbre sobre la evolución de los cultivos ha frenado la caída de los precios del cereal en las últimas semanas, en un contexto de baja actividad comercial y expectación entre operadores.

Un punto de inflexión para el campo aragonés

La campaña de cereal de 2026 se podría convertir en un punto de inflexión. La combinación de clima extremo, altos costes y debilidad estructural colocan al sector en una posición delicada. Y, ante este escenario, los profesionales del campo no descartan solicitar ayudas extraordinarias si se confirma el peor pronóstico. Entre las posibles medidas se barajan, ASAJA ha puesto ya sobre la mesa algunas: apoyos directos, flexibilización de la PAC y otras medidas fiscales que permitan aliviar la presión económica sobre los agricultores.

Torres de Berrellén vuelve a ser conocido como “el pueblo de los melones”. Un apelativo que le acompañó durante décadas hasta que el paso del tiempo, la mecanización agrícola y el abandono de cultivos tradicionales provocaron la desaparición de este cultivo, uno de los productos más emblemáticos de la ribera alta del Ebro. La historia no ha acabado, solo ha sido un alto en un camino que, tras más de diez años de trabajo e investigación, continúa para el melón autóctono de Torres de Berrellén, que ha vuelto a abrirse paso en los campos aragoneses, convertido en símbolo de identidad, innovación y futuro rural.

El proyecto de recuperación arrancó en 2015 impulsado por vecinos del municipio, con el apoyo de instituciones científicas como el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). El objetivo era claro: rescatar el “melón verdadero”, una variedad tipo Tendral muy valorada en el siglo pasado, pero que había desaparecido sin causas del todo claras.

El punto de partida fue casi novelesco: unas semillas halladas en un antiguo granero fueron el detonante de un largo proceso de investigación, selección y cultivo experimental que se ha prolongado a lo largo de más de una década.

Un proceso científico, agrícola y social

La recuperación del melón de Torres de Berrellén ha sido el resultado de un largo proceso que ha combinado investigación científica, trabajo agrícola y colaboración social. Lejos de ser una iniciativa rápida, el proyecto se ha desarrollado por fases bien definidas. En primer lugar, se llevó a cabo la recopilación y conservación de semillas, gracias a la aportación de agricultores locales que aún guardaban variedades antiguas. A partir de ahí, se iniciaron ensayos de cultivo tanto en los campos del municipio como en las instalaciones del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), con el objetivo de comprobar su adaptación y calidad.

Posteriormente, los investigadores abordaron la selección y depuración genética mediante análisis físico-químicos y sensoriales, con los que se buscaba recuperar las características originales del fruto. Una vez estabilizada la variedad, se procedió a la multiplicación de semillas para facilitar su reintroducción entre los agricultores. Desde 2018, además, se han impulsado cultivos ecológicos y pequeñas pruebas de comercialización.

El proceso alcanzó un hito fundamental en 2025 con la inscripción oficial de la semilla en el registro de variedades de conservación, lo que asegura su protección y difusión a futuro. Tras una década de trabajo, el CITA ha logrado recuperar dos tipos de simientes —verde y blanco— que hoy se conservan en el Banco de Germoplasma Hortícola, donde permanecen deshidratadas y congeladas a -18 °C para garantizar su viabilidad a largo plazo. Además, el centro puso en circulación más de 6.000 semillas para su cultivo en la campaña de 2025, consolidando así el regreso de este producto emblemático a los campos aragoneses.

Actuaciones para consolidar el proyecto

Más allá del ámbito estrictamente agrícola, la recuperación del melón de Torres de Berrellén se ha apoyado en una serie de actuaciones de carácter social y cultural que han resultado ser claves para consolidar el proyecto y asegurar su continuidad. Entre ellas destaca la creación de la Asociación Amigos del Melón de Torres de Berrellén, entidad encargada de coordinar los esfuerzos y dar cohesión a la iniciativa. También se ha registrado una marca comercial que permite identificar y proteger este producto autóctono en el mercado.

El impulso de huertos comunitarios y cultivos ecológicos ha sido otra de las líneas de actuación, en algunos casos vinculados a proyectos de inclusión social, como Gardeniers, lo que ha añadido una dimensión solidaria al proyecto. Al mismo tiempo, se han ido desarrollando numerosas actividades culturales y divulgativas —como rutas, catas, talleres, publicaciones y documentales— destinadas a sensibilizar a la población y a dar a conocer el valor histórico y gastronómico de este particular melón.

Mientras tanto, la conservación de las semillas en el Banco de Germoplasma garantiza su preservación a largo plazo, evitando que esta variedad autóctona vuelva a perderse. En conjunto, todas estas iniciativas han permitido no solo devolver al presente un cultivo tradicional, sino también reconstruir en torno a él un auténtico ecosistema agrícola, social y cultural. Y todo esto ha sido posible gracias a la implicación de vecinos, entidades públicas y profesionales de múltiples ámbitos.

Mucho más que un melón: identidad y futuro

Por todo lo anterior, la recuperación del melón de Torres de Berrellén va mucho más allá de la simple reintroducción de un cultivo tradicional a la tierra de donde procede. Su regreso supone, en primer lugar, la recuperación de la memoria colectiva de todo un municipio, al devolver a sus vecinos un símbolo profundamente ligado a su historia y a su identidad. Este fruto, que durante décadas formó parte del paisaje y de la vida cotidiana del pueblo, vuelve ahora a ocupar un lugar central en la cultura local.

Al mismo tiempo, la iniciativa contribuye a poner más en valor el medio rural como un ejemplo de apuesta por productos de proximidad y de alta calidad frente a modelos agrícolas intensivos y de menor valor añadido. En este contexto, el melón se convierte también en motor económico, porque con su entrada de nuevo en escena ha impulsado la aparición de nuevas oportunidades en ámbitos como la producción, la comercialización y el turismo gastronómico, cada vez más vinculado a la autenticidad y a los productos de origen que cuentan su propia historia.

Otro de los pilares del proyecto es la preservación de la biodiversidad agrícola. La recuperación de este melón autóctono es un ejemplo de protección de una variedad tradicional que había estado al borde de desaparecer frente a la estandarización del mercado global. Finalmente, el proceso —en el que se han invertido mucho tiempo y recursos humanos y tecnológicos— ha servido para fortalecer la cohesión social al implicar en un objetivo común a agricultores, investigadores, instituciones y vecinos, demostrando que la colaboración puede ser clave para recuperar y proyectar el patrimonio rural —también el agroalimentario— hacia el futuro.

La historia ha sido recogida en un documental en el que se cita esta frase: “De una semilla nace un pueblo”. Y en este caso, no es solo una metáfora. El melón de Torres de Berrellén ha pasado de ser un recuerdo a convertirse en un ejemplo de cómo la tradición, la ciencia y la comunidad pueden unirse para recuperar el pasado y sembrar futuro.

La ganadería tradicional mediterránea moldea paisajes, fija población en el medio rural, mantiene vivos oficios centenarios como el pastoreo, y se enfrenta a un momento decisivo. El cambio climático, la falta de relevo generacional y la presión económica están poniendo en jaque a miles de explotaciones. Ante este escenario, el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM Zaragoza) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han impulsado la creación de una Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles para buscar soluciones conjuntas.

La iniciativa se gestó en el seminario internacional 'Sistemas ganaderos mediterráneos: retos y estrategias para la sostenibilidad' celebrado en Madrid los días 7 y 8 de abril, en el que participaron expertos de 16 países junto a representantes del sector y de la administración. Más que un encuentro técnico, fue un espacio para compartir preocupaciones y también oportunidades. “Un lugar de encuentro donde pensar juntos cómo debe evolucionar la ganadería en los próximos años”, explicó el director del CIHEAM Zaragoza, Raúl Compés. 

La nueva Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles, resultante de este foro, nace como una iniciativa que busca reforzar la cooperación científica y técnica ante los crecientes desafíos del sector de la ganadería en las regiones Mediterráneas, y especialmente en Aragón. 

Trabajar juntos para cambiar el modelo

El futuro de la ganadería mediterránea no es solo una cuestión del sector primario. Tiene implicaciones directas en la alimentación, el medio ambiente y el equilibrio territorial. Mantener vivos estos sistemas significa también conservar paisajes, pueblos, tradiciones y formas de vida. Pero algo no está funcionando. Por eso, iniciativas como esta buscan algo más que soluciones técnicas: aspiran a abrir un diálogo amplio sobre qué modelo de desarrollo rural quiere la sociedad para su futuro inmediato.

La nueva la Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles nace con la idea de conectar conocimiento, experiencias y soluciones. No se trata solo de mejorar la producción, sino de “repensar el sistema en su conjunto”, teniendo en cuenta el medio ambiente, la economía y la dimensión social.

“Necesitamos enfoques más amplios, que integren distintas disciplinas y realidades”, señalan desde la organización. Aprovechando las oportunidades que brinda la parte positiva de un mundo globalizado, la red servirá para impulsar proyectos de investigación, formación e innovación, así como para reforzar la cooperación entre países que comparten problemas similares. “Buscar soluciones reales a problemas comunes a todos”, aprovechando recursos ya existentes a través de las experiencias compartidas.

El cambio climático en el centro del problema

En los campos del Mediterráneo la ganadería extensiva, que aprovecha los pastos naturales, depende directamente del clima. Pero el equilibrio se está rompiendo. El cambio climático está haciendo que los pastos sean cada vez más escasos y menos predecibles. Llueve menos o en momentos poco habituales, y los veranos son más largos y secos, lo que dificulta que la hierba crezca con normalidad. Como resultado, hay menos comida disponible en el campo y de peor calidad.

Para los ganaderos, esto se traduce en más incertidumbre y más gastos, ya que muchas veces tienen que comprar pienso para alimentar a los animales —deben hacer frente a mayores costes y a una menor productividad—. Además, los suelos se van degradando y pierden fertilidad, lo que agrava el problema con el tiempo. 

A los problemas ambientales, se suman otros derivados de un sistema que prima el modelo industrializado, un enfoque que ha provocado que muchas pequeñas explotaciones tengan tantas dificultades para competir que ven peligrar su existencia, mientras que el relevo generacional no llega a otras tantas explotaciones, todas ellas ubicadas en zonas rurales. 

El resultado es un paisaje que corre el riesgo de vaciarse, tanto de personas como de actividad económica, empezando por la desaparición del modelo de ganadería familiar y tradicional.

La voz de la ganadería como parte de la solución

Sin embargo, lejos de ser parte del problema, cada vez más voces destacan que la ganadería extensiva puede ser clave para afrontar los grandes retos globales. “El pastoreo no solo produce alimentos, también conserva ecosistemas y culturas”, reivindican desde el sector en el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, impulsado por Naciones Unidas.

En esta misma línea, y tal y como han dejado claro en el seminario celebrado en Madrid, los responsables de la FAO insisten en que los pastores y los sistemas tradicionales “forman parte de la respuesta” frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Por eso, en la nueva Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles tendrán una posición destacada como colaboradores entidades como Oviaragón y Provacuno, en representación de las principales ganaderías del sector tanto en extensivo como en semiextensivo. 

Desde Oviargon valoran de manera muy positiva la iniciativa. El seminario sentó unas bases sólidas y presentó la fotografía real de la situación del sector en los diferentes territorios, conscientes de que la ganadería es una fuente de ingresos de economía familiar, sabiendo que es una forma de asentamiento de población rural, y pilar fundamental para el mantenimiento del ecosistema, evitar la erosión y conservar la biodiversidad. “Asistir al foro nos ha hecho darnos cuenta de que independientemente del lugar del mapa en el que estés, los problemas son compartidos: la mano de obra y la disminución del consumo en todo el mundo, y en Europa, sobre todo, la PAC”, explica Leticia Riaguas, veterinaria y responsable de coordinación de I+D+i en Oviaragón. 

Aunque no esperan obtener soluciones a corto plazo, desde Oviaragón valoran que esta Red se presenta como “una apuesta firme por la ganadería como solución” y como un altavoz en el que están representados todos los actores con sus singularidades: “Tener una voz más grande, que pueda tener una representación a través de CIHEAM Zaragoza y la FAO en los foros donde se toman las decisiones que nos afectan, es un paso importante para la ganadería”, asegura Leticia Riaguas.

El sector vitivinícola aragonés vuelve a quedarse fuera de una de las herramientas de apoyo contempladas en la Política Agraria Común (PAC). Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Aragón ha decidido no activar la llamada “cosecha en verde”, una medida destinada a equilibrar el mercado del vino y paliar las pérdidas de los productores. Para el sector, esta decisión tomada por el ejecutivo autonómico “coloca a los viticultores de la comunidad en una posición de desventaja respecto a otras regiones” que sí recibirán estas ayudas.

La organización agraria UAGA-COAG ha denunciado esta situación que califica de “perjuicio económico muy importante” para el sector aragonés. Mientras comunidades como La Rioja, País Vasco, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana o Cataluña ya han tramitado la solicitud ante el Ministerio de Agricultura y están publicando sus convocatorias, Aragón ha optado por no solicitarla.

La organización agraria asegura que trasladó esta problemática al Departamento de Agricultura en diciembre, y que desde entonces ha mantenido varias reuniones con la Dirección General de Innovación y Promoción Alimentaria. Sin embargo, la consejería ha optado por no activar una medida que, según el propio sector, está pensada precisamente para responder a momentos crisis como el actual —marcado por un exceso de stock en bodegas y precios en origen por debajo de los costes—.

Las explotaciones familiares y de libre mercado, las principales afectadas

La “vendimia en verde” permite a los viticultores eliminar parte de la producción antes de que madure, reduciendo así la oferta de uva y contribuyendo a estabilizar los precios en el mercado. A cambio, los agricultores reciben una compensación económica por la uva destruida y por los costes de la mano de obra. 

Sin embargo, los viticultores aragoneses no podrán acogerse a esta medida en 2026. La decisión llega en un contexto especialmente delicado para el sector. Los más afectados son los profesionales que están operando en el libre mercado y que comercializan su producción de uva por su cuenta. Según UAGA-COAG, tras la campaña de 2025, gran parte de estos productores se encuentran en una situación delicada: algunos aún no han cobrado por la uva entregada, otros han vendido por debajo de costes y, en los casos más extremos, ha habido cosechas que ni siquiera se han recogido por falta de compradores.

El contraste con otras comunidades autónomas es especialmente significativo. En territorios competidores directos, las administraciones sí han atendido la petición del sector y han solicitado al Gobierno central la activación de estas ayudas. Esto permitirá a sus viticultores ajustar la producción y recibir compensaciones económicas, mejorando su posición en el mercado frente a los productores aragoneses.

Una medida que el Gobierno de Aragón no comparte

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación asegura que “rechaza la aplicación de la vendimia en verde tras haber estudiado en profundidad la petición por parte de UAGA, incluso solicitando una prórroga al Ministerio de Agricultura, para poder analizarla con rigor y con todos los datos sobre la mesa”, apuntan fuentes de la consejería. Y añaden que “ningún interlocutor del sector” que ha sido consultado, “están a favor de la medida”.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que este es “un debate repetido” respecto al año pasado que plantea una solución que “el Gobierno de Aragón no comparte”. Así mismo, la consejería deja clara su postura: “La vendimia en verde no va a ser en beneficio de los viticultores, ni de las bodegas, ni resolverá los problemas estructurales del sector ya que las cifras proporcionadas por las bodegas aragonesas hasta la fecha no evidencian un exceso de stock”.

Agricultura apunta al “plan que contempla la promoción, la modernización y la capacidad comercial” como medida de apoyo al sector en línea con la filosofía del Gobierno de Aragón: “No producir menos, sino vender más y vender mejor, llegar a más públicos y a nuevos mercados, y reforzar la competitividad y el reconocimiento del vino aragonés”, concluyen.

Pérdida de competitividad y desigualdad 

Desde UAGA-COAG advierten de que esta diferencia de trato de Aragón hacia sus productores, frente a la decisión tomada por otras comunidades rompe, una vez más, el principio de igualdad de condiciones dentro del propio mercado nacional. “No se puede competir en las mismas condiciones cuando unos territorios cuentan con herramientas de apoyo y otros no”, señalan.

Más allá del impacto inmediato en las rentas agrarias, la decisión del Ejecutivo aragonés podría tener consecuencias estructurales para el sector vitivinícola de la comunidad, al acentuarse la pérdida de rentabilidad de las explotaciones afectadas. Por este motivo, el sector denuncia que dejarles sin las ayudas a la vendimia en verde no solo llega en el peor momento, sino que amplía la brecha competitiva entre Aragón y el resto del mapa vitivinícola de España.

Con la llegada de la primavera, los campos de Aragón vuelven a llenarse de actividad. La comunidad ha dado inicio a una nueva campaña de recogida de fruta, uno de los motores económicos del medio rural y una actividad clave para comarcas como el Bajo Cinca, Valdejalón o La Litera. Este año está previsto que la temporada, que se prolongará hasta otoño, movilice a entre 20.000 y 25.000 trabajadores, en su mayoría personas migrantes, que sostienen una parte fundamental de la producción agroalimentaria de la comunidad.

Sin embargo, el inicio de la campaña vuelve a evidenciar un problema estructural que se repite año tras año: la falta de vivienda digna para los temporeros. Son manos imprescindibles para recoger la cosecha, sin embargo, mientras la fruta madura en los árboles, el problema de la vivienda sigue enquistado en el suelo.

Entidades como Cáritas o Cruz Roja han alertado en campañas anteriores de situaciones en las que, ante la escasez de alojamientos disponibles en las inmediaciones en las que se encuentran los campos, principalmente zonas rurales, los temporeros se ven obligados a recurrir a soluciones precarias: desde viviendas saturadas hasta asentamientos improvisados o pernoctaciones en vehículos y en la calle. Una realidad que se repite cada temporada.

Un Plan Pirineos, para el campo

La llegada masiva de trabajadores a municipios pequeños tensiona todavía más un mercado de vivienda ya de por sí limitado. En algunas localidades la población llega a incrementarse en pocas semanas hasta en 2.000 personas, como en La Almunia de Doña Godina, lo que hace prácticamente imposible absorber la demanda de alojamiento.

Las organizaciones agrarias advierten de que, aunque muchas explotaciones agrícolas han avanzado en la habilitación de alojamientos para sus empleados, con la instalación por ejemplo de viviendas prefabricadas, un año más, esta campaña recién comenzada, siguen existiendo importantes carencias, especialmente en el caso de trabajadores que llegan sin contrato previo “y sin vivienda”, apuntan.

Ante esta situación enquistada, el sector reclama soluciones estructurales, y ha puesto sobre la mesa la demanda de planes públicos para rehabilitar vivienda vacía en los pueblos y destinarla a alojamiento temporal vinculado al empleo agrícola. 

Si algo hay en los pueblos es “vivienda abandonada o desalojada”, con lo que no cuentan es con “dinero para ponerla en condiciones”, denuncian desde UAGA, que propone diseñar un “Plan Temporeros”, tomando como referencia el Plan Pirineos, una estrategia del Gobierno de Aragón para dinamizar el Pirineo, que contempla la construcción de vivienda asequible, facilitando el alojamiento a empleados locales y temporeros. Sin embargo, estas medidas avanzan lentamente frente a una necesidad que es inmediata.

Derechos laborales y obligaciones de los empleadores

En paralelo, las administraciones han intensificado los llamamientos para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales durante la campaña. La normativa vigente establece que los trabajadores deben contar con contrato de trabajo en regla, estar dados de alta en la Seguridad Social, percibir un salario conforme al convenio agrario y tener unas condiciones adecuadas de prevención de riesgos laborales. 

Además, es un derecho del trabajador disponer de un alojamiento digno, facilitado por el empleador cuando el trabajo implica desplazamiento temporal. En agricultura “somos los únicos que debemos proporcionar vivienda al trabajador”, apunta Asaja, aunque reconocen ser conscientes del volumen de mano de obra que emplean y que “tienen que proporcionarla”.

Desde la Inspección de Trabajo se recuerda que estas obligaciones no son opcionales, y que su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas importantes. En anteriores campañas se han interpuesto denuncias de los casos detectados de personas que, incluso con contrato, no han podido acceder a una vivienda y se ven obligadas a pasar la noche en la calle tras la jornada de trabajo, tal y como han reconocido desde FICA UGT Aragón.

Además, las autoridades alertan de la necesidad de prevenir situaciones de explotación laboral o economía sumergida, que todavía persisten en algunos casos vinculados a la contratación irregular.

Entre la necesidad económica y el reto social

La campaña de la fruta representa cerca del 10% de la economía aragonesa, y resulta esencial para mantener la actividad en zonas rurales, las principales afectadas por el fenómeno silencioso y persistente de la despoblación.

No obstante, este peso económico contrasta con los retos sociales que se le asocian, especialmente en materia de acogida, y que no terminan de encontrar solución. La falta de planificación y recursos sigue provocando situaciones de vulnerabilidad a las que los temporeros se tiene que enfrentar año tras año, como dificultades para acceder a alojamiento o servicios básicos, mientras desempeñan uno de los trabajos más duros y denostados por un alto porcentaje de la población nacional o de clase media.

En este contexto, administraciones públicas, organizaciones agrarias y entidades sociales coinciden en la necesidad de avanzar hacia un modelo más estructurado que garantice tanto la viabilidad del sector como unas condiciones de vida y trabajo dignas para quienes hacen posible que cada campaña la fruta se recoja de los árboles y siga funcionando la cadena de producción en el sector agrario. 

Porque detrás de cada campaña no solo hay cosechas, también conviven en la sombra las historias de movilidad, esfuerzo e incertidumbre de miles de personas.

La campaña de cosecha de miel en Aragón arranca este año bajo el signo de la incertidumbre. Tras varias temporadas marcadas por la irregularidad climática y la caída de la producción, los apicultores afrontan un nuevo ciclo con prudencia, mientras los sindicatos agrarios intensifican sus reclamaciones y el Gobierno autonómico anuncia ayudas para sostener al sector.

En Aragón, la apicultura mantiene un peso relevante en el medio rural, con 104.082 colmenas distribuidas en unas 1.219 explotaciones repartidas por comarcas de Zaragoza, Huesca y Teruel. Sin embargo, la rentabilidad de la actividad lleva años en entredicho. La combinación de sequías prolongadas, episodios de calor extremo y floraciones cada vez más irregulares ha reducido de forma notable la producción de miel en las últimas campañas.

“Dependemos totalmente del tiempo, y cada vez es más imprevisible”, señalan desde el sector, que describe campañas recientes con rendimientos muy desiguales. Si a mediados de la pasada década la producción se mantenía en niveles “aceptables”, los últimos años han estado marcados por cosechas cortas, especialmente en zonas de secano. Las campañas de 2022 y 2023 fueron especialmente negativas, azotadas por una sequía extrema que afectó a la producción de miel en toda España. 

A los factores climáticos se suman problemas estructurales. El aumento de costes —combustible, alimentación suplementaria de las colmenas o tratamientos sanitarios— contrasta con unos precios de la miel que, según denuncian los apicultores, siguen presionados a la baja por la entrada de producto importado.

Ayudas para sostener el sector

En este contexto, el Gobierno de Aragón ha activado esta semana una línea de ayudas dotada con 792.486 euros para modernizar y profesionalizar el sector apícola, con el objetivo de mejorar su competitividad. Estas subvenciones, enmarcadas en la Política Agraria Común, buscan impulsar tanto la producción como la comercialización de la miel.

Las líneas de apoyo incluyen la modernización de explotaciones, la mejora sanitaria de las colmenas, la formación de los apicultores y el impulso a la comercialización. El Ejecutivo autonómico defiende que estas medidas “son clave” para reforzar la competitividad del sector y garantizar su sostenibilidad a medio plazo.

No obstante, desde las organizaciones agrarias se insiste en que la línea de ayudas anunciada por la Consejería, aunque necesarias, resultan “insuficientes” si no se acompañan de cambios más profundos en el mercado.

Retos de fondo: clima, mercado y relevo

La campaña actual vuelve a estar condicionada por varios desafíos que se repiten año tras año. El cambio climático se ha convertido en el principal factor de incertidumbre, alterando los ciclos de floración y reduciendo la disponibilidad de néctar. A corto plazo, cómo se desarrolle la campaña dependerá de la climatología de esta primavera. Si las lluvias y temperaturas acompañan, el sector podría consolidar la recuperación iniciada en 2024 tras los años de sequía. En caso contrario, la campaña volverá a estar marcada por la incertidumbre.

La rentabilidad sigue siendo otro de los grandes problemas que arrastra el sector, agravado por la competencia exterior y el incremento de costes. El modelo tradicional de trashumancia —traslado de colmenas en busca de floraciones— se ha encarecido notablemente en los últimos años, elevando los costes de producción.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, recuerda que “el precio de la miel en origen se sitúa en torno a 1,75 euros por kilo, muy por debajo de los costes de producción, que rondan los cuatro euros”. 

La apicultura es a día de hoy “el único sector agrario que no cuenta con una interprofesional operativa”, denuncia UPA, que reclama desde hace tiempo la constitución de esta herramienta que las organizaciones agrarias consideran “imprescindible para ordenar el sector, realizar campañas de promoción y hacer frente a la competencia desleal de las importaciones”.

A esta problemática se añade la sanidad de las colmenas, con enfermedades y parásitos que obligan a un control constante y “a una inversión también constante”, apuntan los apicultores. Enfermedades como la varroa y la expansión de especies invasoras, como la avispa asiática, siguen siendo una amenaza real para la viabilidad de las explotaciones, tal y como ya se evidenció en campañas anteriores.

Explotaciones pequeñas y difícil viabilidad

El sector se enfrenta además a un reto demográfico: la falta de relevo generacional en el medio rural pone en riesgo la continuidad de muchas explotaciones apícolas. El envejecimiento de los titulares de explotaciones plantea dudas sobre la continuidad del sector que sigue perdiendo peso en el cómputo global de España: Aragón se sitúa en una posición intermedia, siendo en 3,9% de la media nacional según el 'Informe SITRAN: Evolución de los datos registrados en el sistema, en julio 2025, en explotaciones de alta'. 

El perfil de las explotaciones apícolas en Aragón es principalmente de pequeño tamaño, solo el 2% de explotaciones son explotadas comercialmente de forma exclusiva, suponiendo el 20% de colmenas y el 30% de la producción total en la comunidad. El 68% son de carácter lúdico, y el 30% restante son explotaciones que tienen menos de 50 colmenas y que se mantienen porque se complementan con otras actividades. 

Este perfil dificulta la viabilidad de las explotaciones y del sector en Aragón, especialmente al competir con un mercado internacional que ofrece bajos precios en los lineales de venta, independientemente de la calidad del producto –según la Comisión Europea, el 51% de las mieles analizadas en frontera en España está bajo sospecha de fraude–. 

Más allá de la miel, los pueblos

Más allá de su valor económico, los apicultores recuerdan que su actividad cumple una función esencial en los ecosistemas. La polinización que realizan las abejas es vital para la biodiversidad y para numerosos cultivos agrícolas. Por ello, insisten en que apoyar la apicultura no es solo una cuestión productiva, sino también ambiental. “Sin abejas no hay agricultura” y sin agricultura muchos pueblos dejarían de existir, insisten en alertar desde el sector.

Y es que, a pesar de que la campaña de la miel en Aragón arranca, un año más, cargada de incertidumbre, la apicultura aragonesa encara 2026 con una certeza, que su papel estratégico en el medio rural y en el equilibrio ambiental sigue siendo incuestionable, aunque su viabilidad económica continúe en el aire.

La incidencia del fuego bacteriano (Erwynia Amilovora) en las plantaciones de peral, de las variedades conferencia, blanquilla y ercolini, en las comarcas de Comunidad de Calatayud y Valdejalón está provocando la alarmante desaparición de este cultivo tradicional en la zona, ha alertado este martes la organización agraria UAGA.

En los últimos diez años se han perdido un total de 700 hectáreas de perales en esas dos comarcas, así lo certifican los datos del Gobierno de Aragón de superficie productiva declarada en la PAC.

La superficie destinada a la producción de pera se ha reducido un 42% en diez años, y de este porcentaje casi el 50% de las hectáreas corresponden a las Comarcas de Calatayud y Valdejalón.

Pese al trabajo continuo de los fruticultores de esas dos comarcas para frenar el juego bacteriano, la enfermedad sigue avanzando y puede acabar, no solo con el cultivo del peral, sino también con muchas explotaciones familiares. Ante esta situación, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, solicitará al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón que contemple indemnizaciones por lucro cesante e, incluso, por cese de actividad en el caso de que una explotación agraria se viera obligada a cerrar por la magnitud de los daños.

La Orden de subvenciones publicada el 29 de agosto de 2025 ha resultado, según UAGA-COAG, “totalmente insuficiente” porque únicamente contemplaba ayudas por arranque y replantación, llegando solo al 50% del gasto total, y dejaba sin cubrir la pérdida de renta que sufren las agricultoras y agricultores que se han visto obligados a arrancar sus perales. Un frutal tarda unos 4 años en empezar a producir y, aproximadamente, unos 7 años en llegar a plena producción, de ahí que haya explotaciones que vean totalmente comprometida su viabilidad por falta de ingresos.

Además, viendo el repunte, en los dos últimos años, de esta enfermedad, la organización agraria pide también a la consejería que delimite con precisión la afección del fuego bacteriano en el territorio de Aragón y que cuantifique su impacto en el sector transformador.

Por último, UAGA-COAG ha destacado “la necesidad de que las fruticultoras y fruticultores afectados reciban el mismo rigor, compromiso y solidaridad institucional que otros sectores productivos, y que se contemple, de forma expresa, el lucro cesante en el caso de las explotaciones en las que la cosecha de pera supone su principal fuente de ingresos o en aquellas zonas donde existen pocas alternativas agrícolas rentables”.

El Gobierno del PP en Aragón ha tratado de enmendar este martes su error y ha corregido la exclusión en las ayudas por la dermatosis nodular contagiosa de la principal raza de vaca que hay en la zona afectada, la parda. Sin embargo, la modificación se queda a medias: aparece en los anexos pero no en el cuerpo de la orden. Esta nueva “chapuza”, como la denominó el sector ganadero la semana pasada, ha vuelto a motivar un alud de críticas al Departamento de Agricultura. La semana pasada se pronunciaron los ganaderos a través de Arapad, tanto por lo que calificaron de “falta de profesionalidad”, como por el “desprecio” percibido por parte de la Consejería, con la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, a la cabeza.

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado una corrección de errores de la orden de 23 de marzo que estableció los baremos de indemnización por el sacrificio obligatorio de animales frente a la mencionada enfermedad. Los brotes detectados en dos explotaciones pirenaicas han obligado en las últimas semanas a sacrificar 160 reses. La mayor parte eran de raza parda, cuando la mencionada orden solo incluía originalmente la raza limusina, de origen francés, y la pirenaica; ahora, el Departamento se ha limitado a decir en los anexos que sustituye esta última por la parda, que suponía tres cuartas partes de los animales sacrificados. “Es una chapuza detrás de otra”, ha asegurado el director ejecutivo de la Asociación de Criadores de Raza Bovina Parda de Montaña (Araparda), José Manuel Macarulla, que asegura no entender este “despropósito”.

Los datos que recoge el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación son, además, significativos, ya que como raza, en 2025 se registraron 619 animales de raza Limusina frente a los 19.200 ejemplares de raza parda aragonesa en el árbol genealógico.

Además, Maraculla ha puesto en evidencia “el copia y pega” de la orden de Cataluña, que se demuestra al usar terminología propia de la comunidad vecina, pero no de Aragón, como es el tratamiento de “bravas”a las hembras preñadas, “lo que también podían haber corregido ya”, apunta Maraculla.

Los ganaderos también muestran su enfado por la actitud “rastrera” del Departamento a la hora de indemnizar, ya que en vez de hacerlo con animales a partir de seis meses, lo han limitado a animales hasta cinco meses. La diferencia son 200 euros pero es la mayoritaria, ya que en Aragón comienzan a venderse las reses a partir de los 6-8 meses. Por otro lado, animan al Ejecutivo de Aragón a igualar el pago de las ayudas de la PAC, que se van a prolongar durante dos años, en vez de uno que recoge el punto 4 de la orden aragonesa, tiempo insuficiente para poder aumentar la ganadería en los mismos niveles.

Llegados a este punto de desavenencias, los ganaderos cuestionan que el Ejecutivo hable de “gestionar” tres millones de euros en ayudas, cuando la mitad proceden de la Unión Europea y el Ministerio, por lo que consideran las explicaciones del Departamento de Agricultura de “medias verdades”.

Junto a las discrepancias en materia de ayudas, el sector también reprocha el trato recibido y comparan “el tono colaborativo y voluntad de diálogo y entendimiento” en la reunión mantenida el lunes con los responsables de los festejos taurinos. “Ya nos hubiera gustado obtener el mismo tono que con el sector del ganado de lidia”, afea Maraculla.

Un dicho popular asegura que “seguir a una cabra es aprender que a veces hay que subir para ver más lejos”. Así lo creyeron en la localidad de San Juan de Plan, y de esta idea nace La Estiva, la Escuela de Pastoreo de Aragón. Ubicada en el Valle de Chistau impulsa una formación orientada a la ganadería extensiva y al pastoreo multiactivo, un enfoque que trasciende el simple manejo de cabezas de ganado y combina teoría, práctica de campo y un profundo contacto con el territorio.

Allí donde los rebaños han sido durante siglos moteadores del paisaje, La Estiva es un centro de formación con una esencia muy particular y con una misión clara: generar relevo generacional en un oficio que ha sido sustento y cultura de los pueblos de montaña. Decidieron que para ver más allá de la pérdida de explotaciones ganaderas de ovino, caprino y vacuno, de la falta de jóvenes que quisieran ser pastores y pastoras, y de una sociedad que ni les entiende ni les ampara, tenían que hacer lo que hacen las cabras, subir un poco más para ver más lejos. 

El 24 de febrero arrancaba la 5ª edición de la escuela, cinco años de recorrido a lo largo de los que se han formado medio centenar de nuevos pastores y pastoras, que han pasado por las 860 horas lectivas que integran el programa anual, combinando clases teóricas, prácticas en explotaciones y trabajo en montaña, acompañados siempre de pastores y ganaderos con experiencia. Este nuevo curso se suman 10 nuevos alumnos y alumnas, que han sido seleccionados entre las más de 70 solicitudes de plaza recibidas en esta convocatoria. 

Una formación que combina tradición y adaptación a los nuevos tiempos

La propuesta educativa de La Estiva busca formar profesionales capaces de enfrentar los retos de la ganadería dentro de un contexto de sostenibilidad ambiental, bienestar animal y viabilidad económica. Incluye contenidos sobre reproducción y cuidados sanitarios, manejo de rebaños de ovino, vacuno y caprino, gestión de pastos, silvopastoreo y organización de explotaciones, así como aspectos empresariales como comercialización, la gestión de la ayuda PAC y transformación láctea.

Las clases se extienden desde febrero hasta septiembre, cuando el alumnado se desplaza a los puertos de montaña para practicar trashumancia —el traslado del ganado a pastos de altura— y aprende a orientar a través de mapas, gestionar los ritmos de la montaña y convivir con la naturaleza.

Desde el 24 de febrero al 12 de junio se desarrolla el programa teórico con prácticas en las explotaciones ganaderas –acciones formativas de lunes a viernes–. Además, durante este tiempo el alumnado comparte una semana con una red de explotaciones colaboradoras del valle. A partir de la última semana de junio hasta el 4 de septiembre las prácticas se realizan en montaña, con manejo de ganado en puerto durante cinco días a la semana.

Una escuela para profesionalizar la figura de pastor. El pastoreo no es solo una tradición, es fundamentalmente una actividad económica que, desde el punto de vista social, contribuye a fijar población en el medio rural, sobre todo población joven y mujeres, ya que el perfil del alumnado, 60% hombres y 40% mujeres, va desde 19 hasta 40 años, y cada vez son más las mujeres que deciden acceder al perfil técnico del pastoreo multiactivo que ofrece La Estiva. La escuela recuerda que el Diploma está avalado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón y “aporta todos los requisitos formativos exigidos por la administración para el acceso y la incorporación al sector”.

Formadores para formar

San Juan de Plan ha formado a 15 ganaderos para convertirlos en tutores de la primera escuela de pastores de Aragón, un proyecto que arrancaba en primavera de 2021. La formación consistió en “enseñar a los futuros enseñantes de pastor” habilidades de comunicación para saber transmitir sus conocimientos, así como criterios de evaluación de los alumnos. Un total de 15 personas, todas ellas profesionales del sector, pasaron por esta formación que tuvo una duración de 80 horas. 

“Hay que saber de meteorología, nutrición, bienestar animal..., y debemos apoyarlos porque han perdido el reconocimiento social”, ha comentado en varias ocasiones la presidenta de la Fundación Monte Mediterráneo, Andrea-Ernestine Lüdeke. Además de aquellos 15 primeros formadores, “ahora tenemos una veintena más”, apunta el director de la escuela. Y la idea es seguir ampliando el profesorado con una formación específica para disponer de más tutores en puertos de montaña, “en los puertos de montaña hay alumnos con rebaños de ovino o de vacuno a los que desde la escuela les hacemos seguimiento directo, necesitamos más formadores en este ámbito”, aseguran. 

La implicación de los ganaderos de la zona ha sido fundamental

La de San Juan de Plan es la primera y única escuela de pastores en Aragón. En España hay un total de siete y la última, antes de ponerse en marcha La Estiva, se abrió en Canarias. La Fundación Monte Mediterráneo mantiene un convenio de colaboración con el Ayuntamiento desde que la escuela echó a andar. No aporta financiación al proyecto, pero como reconoce el alcalde y director del centro, este vínculo se mantiene activo y es beneficioso para ambas partes desde el punto de vista del apoyo y el compartir experiencias, sobre todo para quienes se forman.  

La Estiva es un proyecto financiado por la comarca de Sobrarbe, la Diputación Provincial de Huesca y el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, además del Ayuntamiento de San Juan de Plan, localidad en la que está implantada la escuela. 

La idea nace en 2002, cuando se llevó a cabo una primera experiencia entre Huesca y Olorón, en Francia, “funcionó muy bien, vincularon las prácticas al terreno, pero se acabó la financiación y el proyecto se dejó caer”, lamenta el alcalde de San Juan de Plan. En 2015 un grupo de vecinos con representación política y social en la zona decidió retomar esta iniciativa, trabajando en una idea similar y contando con la experiencia de Federico Fillat, el precursor de la experiencia en 2002, “para evitar que volviera la idea volviera a caer”. 

La principal novedad del proyecto que se puso en marcha hace cinco años fue el carácter de la iniciativa, que va más allá de un proyecto educativo para convertirse también en un programa con implicación directa en el desarrollo rural. “No hay casa en el pueblo que no esté vinculada de alguna forma con la escuela”. San Juan de Plan parte con una ventaja, y es que sigue teniendo una importante base ganadera, y en este sentido su implicación ha sido fundamental. “La gente entró enseguida a formar parte del proyecto”, apunta el director de la escuela, que reconoce que apostar por la participación de “los ganaderos de casa” no solo ha “fortalecido” a la escuela, sino también al pueblo. 

Perfiles diferentes con un mismo objetivo: no dejar morir la ganadería

En el formulario hay una pregunta para clasificar por orden de prioridades “porqué vienes aquí”. En La Estiva el perfil del alumnado no es homogéneo: desde Argentina, Colombia, Andalucía o Galicia, la formación de los alumnos también hace un recorrido interesante: pasando por arquitectos, veterinarios o una bióloga, hasta alumnos que necesitan pisar el suelo y ver el sector desde la perspectiva del medio rural. La escuela es un centro que se ha ido haciendo a sí mismo, aportando herramientas durante la formación que son útiles para mantener vivo y actualizado a un sector fundamental, el de la ganadería extensiva. 

El impacto de esta escuela se deja sentir en cada uno de los que la viven. Para los que vienen, La Estiva ha sido una oportunidad de transformación personal y profesional. Para quienes ya estaban, los del mundo rural, ha sido una forma de entender, como dice Zacarías, joven pastor, que “tenemos que abrir los brazos y hacer hueco a los que vienen de fuera”. Porque como subraya Mª Isabel Bruned, ganadera y tutora, transmitir la herencia ganadera significa ayudar “a que la ganadería no se pierda y que el pueblo siga vivo”.

Un modelo que mira a la ciudad desde el Pirineo

En apenas cinco años de actividad La Estiva ha formado a más de 50 pastores y ganaderos, con una creciente presencia de mujeres y alumnado procedente de distintas partes de España. Las tasas de empleabilidad son elevadas y muchos de los egresados ya están trabajando en explotaciones propias o ajenas, tanto en Aragón como en otras regiones. En la actualidad trabajan en un nuevo certificado de profesionalidad y en ampliar su homologación a otros ámbitos relacionados con el sector. 

La decisión de implicar a los dueños de las explotaciones ganaderas de la zona y, por lo tanto, a las familias de San Juan de Plan, está teniendo un resultado positivo, “muchos de los alumnos se quedan el fin de semana”, asegura Serrano, y así han empezado a formar parte de él, a conocer una forma de vida diferente, los valores propios de las zonas rurales, y eso “también forma parte del aprendizaje”, el de concienciar sobre el respeto y la necesidad de mantener vivos los pueblos, fundamentales para la subsistencia de la ganadería, el cuidado del entorno y el arraigo de las tradiciones y formas de vida más allá de lo urbano. 

Por todo ello, La Estiva también se ha convertido en un símbolo de resistencia contra la despoblación y el desgaste del medio rural. Su enfoque práctico y arraigado en el territorio propone no solo enseñar un oficio, sino apostar por una economía rural viva, sostenible y conectada con las nuevas generaciones.

El sector ganadero ha reaccionado con indignación tras publicarse este viernes la orden que establece los baremos de indemnización por el sacrificio obligatorio de animales frente a la dermatosis nodular contagiosa en Aragón. Lo ha hecho al descubrir que la raza autóctona de Aragón, la parda, que es además la que más ha sufrido la enfermedad y por la que tuvieron que sacrificarse 160 reses, no está incluida.

Aunque el Ejecutivo ha pedido disculpas por el error, asegurando que se rectificará, el director ejecutivo de la Asociación de Criadores de Raza Bovina Parda de Montaña (Araparda), José Manuel Macarulla, ha criticado con dureza “la falta de profesionalidad del Departamento”, al que ha definido como un “ejército de mediocres”.  

Maraculla ha anunciado que llevarán la orden al contencioso-administrativo para que resuelva el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y ha exigido responsabilidades por este “desastre”. La orden reconoce a la raza limusina, que es francesa, cuando la mayoritaria y autóctona de Aragón es la raza parda de montaña. De los ganaderos que tuvieron que sacrificar su ganado, uno contaba con un 99% de raza parda y el segundo, con un 50%, y son los que, con la presente orden, quedarían fuera de las ayudas.

Según el responsable de Araparda, el pasado 11 de marzo se reunieron en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes, pero sin el consejero Javier Rincón. En el encuentro con la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, y otros miembros del gabinete del consejero se les propuso que antes de publicar la orden les enviaran un borrador para comprobar si estaba todo correcto, pero les dijeron que “ni lo habían pensado ni lo iban a hacer”: se limitaron a avanzar que se basarían en la resolución de Cataluña con la crisis porcina. “Entonces no entendimos por qué ocultarlo y ahora, ante esta chapuza, no nos quedaría más remedio que reírnos si no fuera porque somos gente seria no dada a las comedias”, recalca. Además, asegura no sorprenderse del todo “porque ya nos imaginábamos que saldría mal, pero semejante desastre….”.

Además, lamenta que el pasado martes el Departamento les pidiera los certificados de los animales inscritos en el libro genealógico de la raza, a lo que accedieron y la documentación fue enviada. De las 135 reses sacrificadas del primer ganadero, se certificaron 100 ejemplares y, del segundo, que sacrificó casi 150, se han certificado 60 vacas autóctonas (en este listado no se incluyen todos los ejemplares porque no entran animales pequeños o cruzados).

Comportamiento “ejemplar”

Maraculla recuerda que ambos ganaderos, que son familias de tercera y cuarta generación, con explotaciones de dimensión notable, han tenido un comportamiento “ejemplar” y no dudaron en tomar las medidas más drásticas pero necesarias para salvar al resto de la población animal del territorio, “lo que ni se ha reconocido ni valorado por el Departamento”. A juicio del director de Araparda, “esto se ha montado para pagar menos”. Además, desconfía del “error inocente”, dado que la raza pirenaica aparece varias veces a lo largo del texto de la orden. Es “un error burdo y grave”, califica.

José Manuel Maraculla también ha recordado que el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, se reunió al día siguiente de la crisis de Cataluña con los importadores, pero hasta hace pocos días no lo hizo con los ganaderos afectados en Boltaña y cuando se reunió, también con el alcalde de Fiscal, anunció que pagarían 4.200 euros por animal, una cantidad insuficiente, según el sector, al menos en mil euros.

La organización asegura que no va a tolerar que se pague menos y por ello van a recurrir la orden del Gobierno de Aragón pero sin solicitar su suspensión cautelar, ya que lo que pretenden en que los ganaderos cobren “y luego ya habrá tiempo de un juez decida si la cantidad es superior”.

Críticas políticas

Las críticas tampoco se han hecho esperar desde el ámbito político. El diputado socialista Marcel Iglesias ha exigido responsabilidades al Departamento de Agricultura y “una rectificación urgente de la orden de los baremos de indemnización por el sacrificio obligatorio de animales frente a la dermatosis nodular contagiosa para que compense realmente el sacrificio”. Iglesias ha lamentado “la dejadez del Gobierno de Azcón, que no se ha enterado todavía de que la raza afectada es Parda de Montaña y no se ha incluido como tal en la publicación del BOA hoy”.

Iglesias ha señalado que el Gobierno en funciones de Azcón “está a otra cosa y la orden viene a reflejar falta de empatía y de profesionalidad; resulta incomprensible que se equivoquen de raza, no es Pirenaica, es raza Parda de Montaña, y eso que han estado en las explotaciones afectadas”.

El parlamentario indica que en la orden “mantienen la diferencia de valoración con la raza Limusina, una raza que no es autóctona, que es más productiva, pero que es de menor valor para el mantenimiento de las genéticas propias y, sobre todo, que no se han visto afectada en Aragón. Es decir, el Gobierno de Azcón contempla pagar mucha más indemnización por una raza que no se ha visto afectada y no contemplan en la orden la raza de las vacas que se han visto afectadas”. Además, indica que “se debe asimilar la raza Parda a vacas de alto valor genético, de cara a que puedan recibir el valor real de una ganadería extensiva, que es mucho mayor que el mero precio de mercado de los animales”.

Añade a su crítica que en la orden publicada sea un copia y pega de la orden de Cataluña, “no tienen en cuenta la particularidad de Aragón ni de la ganadería extensiva, ya que levantar una explotación de ganadería extensiva no tiene nada que ver con un cebadero, cuesta muchísimos años de trabajo y de selección de los mejores animales. No es de recibo que el trabajo de tantos años de los ganaderos afectados y la apuesta por una raza autóctona como es la vaca Parda de Montaña, no se vea reflejada en esta orden de indemnizaciones como es debido”.

Aragón acoge esta semana una misión inversa de compradores internacionales del sector agroalimentario que visitan la Comunidad tras su participación en la Feria Alimentaria 2026 de Barcelona. Esta acción está organizada por Aragón Exterior (AREX), en colaboración con Aragón Alimentos “Aragón, Sabor de verdad” e ICEX España Exportación e Inversiones.

En total, diez importadores procedentes de Corea del Sur, Kazajistán, Tailandia, Estados Unidos, República Dominicana, Brasil, Chile, Reino Unido, Polonia y Croacia participan en esta misión. Todos ellos han sido seleccionados por las Oficinas Económicas y Comerciales de España y representan perfiles diversos: desde grandes grupos de distribución con supermercados y tiendas propias, hasta importadores especializados que abastecen a cadenas hoteleras, restaurantes de alto nivel y servicios de catering, así como operadores gourmet con establecimientos propios.

La misión se enmarca en el convenio de colaboración entre AREX e ICEX para el desarrollo de acciones conjuntas de promoción internacional en el sector agroalimentario. En este contexto, los compradores internacionales invitados por ICEX a la feria Alimentaria se desplazan a Aragón tras la feria para realizar una agenda de tres días en la comunidad, donde pueden conocer de primera mano la calidad, el origen y los procesos productivos de los alimentos aragoneses.

Para la visita, AREX ha preparado un completo programa de actividades: “Realizarán visitas a fincas, plantas productivas, viñedos e instalaciones de empresas aragonesas del sector alimentario y conocerán los productos más representativos de la despensa aragonesa, como nuestras tres DOP aceite de oliva virgen extra, el Jamón de Teruel DOP y la carne de cerdo de Teruel IGP, la trufa negra, nuestros vinos, así como snacks, repostería y dulces”, explica Amparo Cuéllar, directora general de Innovación y Promoción Alimentaria.

Promoción alimentaria

En concreto, el programa contempla la visita a diversas empresas representativas del sector agroalimentario aragonés, como Tostados de Calidad, Bodegas CARE (DOP Cariñena), Pastelerías Manuel Segura, MyTruff, Jamones Airesano (Grupo Naturuel) y Mr. Brownie. Estas visitas permiten a los compradores conocer de primera mano tanto los procesos productivos como la apuesta por la calidad y la innovación de las empresas aragonesas, además de facilitar el contacto directo con los productores.

También tendrán la oportunidad de catar los productos de otras empresas aragonesas como Aceites Alía, Genuine Coconut y catar vinos aragoneses como los de Venta d'Aubert (IGP Vino Bajo Aragón).

“Las misiones inversas constituyen una herramienta clave para la internacionalización del sector agroalimentario, al permitir que los compradores conozcan in situ el origen de los productos, los estándares de calidad y los procesos de producción. Es un sector donde la trazabilidad, la seguridad alimentaria y la excelencia son factores determinantes”, ha destacado el director gerente de AREX, Javier Camo. “Este tipo de acciones refuerza la confianza y facilita el establecimiento de relaciones comerciales sólidas”.

Conocimiento del territorio

Además del componente empresarial, la misión ofrece a los participantes una experiencia integral del territorio. Los importadores tendrán la oportunidad de conocer Aragón a través de su paisaje, su cultura y su gastronomía, con propuestas como cenas maridadas en restaurantes como Montal o Mestisso (Zaragoza) o Yaín en Teruel, y visitas guiadas que complementan la agenda profesional y contribuyen a reforzar el posicionamiento internacional de los alimentos aragoneses.

En línea con este objetivo, AREX, Aragón Alimentos e ICEX, junto con otras instituciones, desarrollan de forma coordinada acciones de promoción internacional para posicionar la oferta agroalimentaria aragonesa en mercados estratégicos. Entre estas iniciativas destacan la participación en ferias internacionales de referencia como la participación agrupada en Anuga 2025 en Colonia. Asimismo, se impulsan misiones inversas de alto impacto, como el programa Meet the Buyer o la celebrada tras Barcelona Wine Week el pasado mes de febrero, facilitando el contacto directo entre empresas aragonesas y compradores internacionales.

También acciones de promoción en destino, como es Taste Spain London, misiones comerciales directas y otras actividades complementarias con expertos o webinars especializados. Competitividad internacional.

Estas acciones contribuyen a mejorar la preparación y competitividad internacional de las empresas. En los próximos meses están previstas nuevas iniciativas como Taste Spain Budapest, Spain Fusion Zurich o como SIAL París 2026, reforzando la presencia de Aragón en escenarios internacionales de alto valor añadido.

Competitividad

El sector agroalimentario continúa consolidándose como uno de los pilares fundamentales de la economía aragonesa, situándose en 2025 como el principal sector exportador, con un volumen de 3.676,15 millones de euros. A pesar del contexto complejo derivado de la crisis de la peste porcina africana, el sector ha demostrado una notable resiliencia, manteniendo su fortaleza y estabilidad en los mercados internacionales.

En este contexto, las instituciones como AREX se convierten en herramientas clave para facilitar que las empresas aragonesas accedan y se consoliden en los mercados internacionales, apoyando su proyección exterior y generando nuevas oportunidades de negocio.

El campo aragonés se ha manifestado contra la “abusiva” subida de los hidrocarburos y los precios disparados de los nitrogenados y los abonos a raíz de la guerra de Irán y ha reclamado medidas estructurales que permitan controlar una escalada de costes que atribuyen a “prácticas especulativas” que aprovechan cualquier conflicto exterior para que acaben siempre pagando los agricultores y los ganaderos.

Representantes de las organizaciones agrarias ARAGA, Asaja, UAGA-COAG y UPA Aragón se ha concentrado a las puertas del Centro Logístico de Hidrocarburos, ubicado en el barrio rural zaragozano de Monzalbarba, para exigir al Gobierno de España que adopte medidas de inmediato, tanto la bajada de la carga impositiva que grava los hidrocarburos, como la aprobación de paquetes de ayudas directas para el sector por el tiempo que se prolongue la crisis derivada de la guerra en Oriente Medio y “el freno a las prácticas especulativas”.

El campo aragonés afronta por un lado tener que pagar en pocos días el doble por el gasoil, que ha pasado de 85-90 céntimos de euro el litro a 1,50 euros. A ello se suman el encarecimiento de los nitrogenados y los abonos en plena campaña final del cereal de invierno y el inicio del de primavera y el parón que ha sufrido el comercio internacional por el bloqueo del Estrecho de Ormuz y que ya afecta a la alfalfa de las deshidratadoras aragonesas.

El secretario general de la UAGA-COAG, José María Alcubierre, ha criticado el “abuso generalizado” de las empresas de hidrocarburos: “El día que cayó la primera bomba ya subieron los carburantes un 20-25% y esto ha ido en escalada. ¿Cómo podemos entender que con el gasoil que tenemos actualmente en nuestros depósitos haya esta subida tan importante?”, se ha preguntado, ante lo que ha reclamado que intervengan el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Alcubierre también ha expuesto que la Ley de la Cadena “no está funcionando” porque los productos “tampoco están subiendo con los costes que estamos teniendo en estos momentos”, por lo que ha solicitado ayudas con el fin el efecto no deseado de que suban los precios de los alimentos.

Proteger el modelo de agricultura familiar

Por todo ello, ha reclamado políticas agrarias “a largo plazo” y medidas “estructurales” en favor del modelo de agricultura familiar y profesional que hagan ver que el sector primario se considera verdaderamente estratégico: “En la pandemia nos decían lo necesarios que éramos y ahora estamos viendo cómo nos están dejando a los pies de los caballos, vemos cómo vamos desapareciendo prácticamente un agricultor al día en Aragón”, ha lamentado.

Si no se revierte esta situación, ha advertido, “estos modelos especulativos lo que hacen luego es comprar nuestras mejores tierras, comprar nuestro agua y ponerse a producir lo que antes hacía la explotación familiar agraria, y eso no se puede tolerar”.

Por su parte, el secretario general de UPA en Aragón, José Manuel Roche, ha recibido de buen grado las ayudas que se han avanzado --que ha reclamado se extiendan todo lo que se prolongue la crisis--, pero ha lamentado que no se haya aprendido nada de lo ocurrido con la guerra de Ucrania y los “movimientos especulativos” que intervienen: “No puede ser que en estos momentos se esté vendiendo gasoil que no se ha producido con un solo barril de petróleo que viene de la época de la guerra”.

Y ha reclamado a las diferentes administraciones, las Comunidades Autónomas, el Gobierno de España y la Unión Europea, que se involucren y “se mojen” porque, ha advertido, “no pueden mirar para otro lado”: “No puede ser que haya agricultores que pidieran gasóleo antes de comenzar la guerra y a las dos semanas les digan que no les pueden repartir o se paralice el reparto. Basta ya de especulaciones”, ha exigido.

“No podemos ser los paganos de un conflicto geopolítico ajeno a nuestros intereses. Nos pasa siempre con todo. Son movimientos especulativos que se tienen que frenar ya”, ha insistido.

Un agujero de 9.000 euros por explotación

Desde Asaja Aragón, Ramón Solanilla, ha cifrado en unos 9.000 euros de media el sobrecoste que este conflicto ha supuesto ya para las explotaciones aragonesas por el incremento de precios del gasoil y los fertilizantes.

“Creemos que es una vergüenza. A la ruina de precios del sector del cereal ahora le sumamos este incremento de costes de producción que puede llevar a muchas explotaciones agrícolas de nuestra comunidad autónoma, prácticamente acabar el año con números rojos”, ha avisado.

Por ello, ha valorado como “insuficientes” las medidas que a esa hora se barajaba iba a aprobar el Gobierno: “Una reducción del IVA del 10% creemos es insuficiente tanto para los fertilizantes como para los combustibles, ya que la mayor parte del coste de los carburantes son impuestos”

Solanilla ha pedido ayudas directas para las explotaciones, medidas de apoyo al cereal y la alfalfa, a las explotaciones agrias y ganaderas.

Reservas de carburante

Por último, el presidente de Araga, Federico Lorente, ha lamentado que se les esté repercutiendo “injustamente” el coste de una guerra ajena mediante un “movimiento de especulación” por parte de las multinacionales, “que han subido el precio horas después de haber empezado el conflicto”. Un gasoil, ha remarcado, “que estaba ya aquí en sus instalaciones y se están aprovechando de las circunstancias para lucrarse y ganar mucho más dinero”.

Lorente también se ha acordado de quienes sufren el parón en la exportación de sus productos a países en la zona de conflicto y ha alertado de que si el paquete de medidas no está a la altura, “nos veremos abocados a seguir en la calle protestando día tras día hasta que esta situación se revierta y volvamos a una situación en la que los costes del gasoil y de los fertilizantes nos permitan seguir trabajando”.

El presidente de Araga ha considerado que es hora de adoptar cambios estructurales: “No podemos estar siempre como un sector dependiente de movimientos, de guerras, de especulaciones en precios”. Por ello, ha reclamado que España se haga con unas reservas de carburante “lo suficientemente importantes como para poder absorber estas oscilaciones en los precios.

El Gobierno de Aragón publicó el pasado 13 de marzo en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la declaración oficial de la existencia de la dermatosis nodular contagiosa (DNC) en la comunidad, la enfermedad vírica que afecta al ganado bovino y que ha obligado a activar medidas sanitarias urgentes en todo el territorio. La orden, firmada el 11 de marzo por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, responde a la detección de dos casos en la provincia de Huesca, que se han obligado a sacrificar 281 animales en dos explotaciones.

La consejería ha emitido una instrucción que regula la celebración de festejos taurinos y certámenes de équidos en la Comunidad Autónoma. Se permite la celebración de festejos taurinos populares, espectáculos taurinos y eventos con équidos en las provincias de Zaragoza y Teruel, pero quedan fuera de este permiso las Oficinas Comarcales Agroambientales (OCAs) de los municipios de Sos del Rey Católico, Tauste y Ejea de los Caballeros, en la comarca de Cinco Villas (Zaragoza), consideradas zona de vacunación preventiva. 

Desde el Gobierno de Aragón insisten en que “las limitaciones son puntuales, proporcionadas y orientadas a proteger a toda la cabaña ganadera” y podrán adaptarse en función de la evolución de la situación epidemiológica. Sin embargo, muchos ganaderos de raza de lidia han mostrado ya su preocupación, debido por la fecha en la que nos encontramos, próxima a la celebración de cientos de festejos populares principalmente en las zonas rurales. 

Todas las explotaciones de Cinco Villas a la espera de vacunación

En las localidades de Sos del Rey Católico, Ejea de los Caballeros y Tauste, queda prohibida, hasta nueva orden, la celebración de festejos taurinos populares, espectáculos taurinos y eventos con équidos, debido a la proximidad geográfica con las zonas afectadas por el primer foco de dermatosis nodular contagiosa. 

Esta comarca es la siguiente en la lista de vacunación preventiva del ejecutivo. El Gobierno de Aragón asegura que ya ha puesto en marcha el mecanismo para solicitar las dosis necesarias para la siguiente fase de vacunación que afecta a todas las explotaciones de vacuno que pertenezcan a las tres OCAs presentes en la zona. Según datos estadísticos disponibles del Directorio Ganadero de Aragón, en la Comarca de Cinco Villas hay unas 173.991 cabezas de ganado bovino registradas y distribuidas en un total de 127 explotaciones bovinas.

La de la DNC no es una vacunación a demanda libre, sino que está controlada por la administración al tratarse de una enfermedad de declaración obligatoria, por lo tanto, no es el ganadero quien “pide” la vacuna al mercado, sino que es la propia administración la que solicita, autoriza y organiza la vacunación a gran escala. El ejecutivo autonómico ha pedido la autorización al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y estos a su vez a la Comisión Unión Europea. Aragón está a la espera de recibir la autorización “en breve” para comenzar la vacunación en Sos del Rey Católico, Tauste y Ejea de los Caballeros, previsiblemente “la semana que viene” tal y como apuntan fuentes del departamento Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón.  

Tras la vacunación, la normativa establece que el movimiento de bovinos puede autorizarse una vez transcurridos al menos 21 días, siempre que se haya alcanzado una cobertura de vacunación mínima del 75% de la cabaña en la zona correspondiente. Este plazo responde al tiempo necesario para que los animales desarrollen inmunidad, aunque los traslados continúan sujetos a control veterinario y a las restricciones específicas vigentes en las zonas de protección o vigilancia establecidas por la administración sanitaria.

Las reses bravas de ocho ganaderos de Cinco Villas paralizadas

Las ganaderías de reses bravas de la comarca de Cinco Villas han expresado su incertidumbre por el anuncio del Gobierno de Aragón y la prohibición de festejos en la comarca y con reses de la zona, “peligran las Fiestas del Agua en Ejea, las fiestas de Ejea y las fiestas de los pueblos por San Isidro”, han publicado en redes sociales. Aunque se muestran cautos y a la espera de obtener más información de las instituciones públicas.  

La restricción afecta a un total de ocho ganaderos de la comarca, y unas 2.000 cabezas de ganado bovino, ubicadas en diferentes explotaciones de municipios de Cinco Villas, todas ellas dependientes de las Oficinas Comarcales Agroambientales consideradas zona de vacunación preventiva por esta enfermedad.

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón considera que “por sus características y por la alta movilidad de animales que implica su actividad”, los animales destinados a los festejos taurinos “son especialmente vulnerables ante enfermedades como la Dermatosis Nodular Contagiosa”, y defiende la aplicación de estas restricciones en favor de “proteger a estas explotaciones” asegura, “que sostiene miles de festejos populares cada año y que forma parte esencial de la identidad cultural, sobre todo, de nuestro medio rural”, concluye.

Por su parte, los ganaderos exigen que la vacunación en la zona comience lo antes posible en sus ganaderías para poder cumplir con los contratos que tienen cerrados para los próximos meses. 

En el resto de Aragón, las medidas afectan a ferias, pero no a corridas de toros

Entre las medidas adoptadas y publicadas por la consejería tras el 13 de marzo, también se incluye la suspensión de la presencia de animales en ferias, concursos, romerías y otros eventos ganaderos en la comunidad, una decisión que afecta de lleno a la actividad tradicional y económica de numerosos municipios de todo el territorio.

Como consecuencia directa, varias celebraciones ya han comenzado a aplazarse. Es el caso de la romería prevista en la localidad zaragozana de Agón para el próximo 28 de marzo, que ha sido pospuesta ante la imposibilidad de contar con presencia de animales, uno de sus principales atractivos. 

La consejería sí permite la celebración de festejos taurinos populares en las provincias de Zaragoza y Teruel con el condicionante de que “los animales deben pertenecer a la misma ganadería”. Para las corridas de toros y novilladas “con resultado de muerte”, el Gobierno de Aragón apunta en la instrucción reguladora que “se pueden celebrar sin ningún tipo de restricción manteniendo las medidas de desinsectación adecuada”.

Histórico de la situación actual

El primer caso de DNC en Aragón se detectó a finales de febrero en una explotación de Borrastre (Huesca), con unos 130 animales afectados. Posteriormente se confirmó un segundo foco cercano, lo que obligó a reforzar las medidas de control en la zona y al sacrificio de 281 reses, el total de animales que había en ambas explotaciones, independientemente de que estuvieran sanas o afectadas. 

Se han establecido zonas de protección y vigilancia, con restricciones al movimiento de ganado, controles veterinarios reforzados y medidas de bioseguridad en explotaciones y transportes, con el objetivo de proteger la cabaña bovina aragonesa. Aragón ha puesto en marcha un plan de vacunación, inicialmente en áreas de riesgo, que ya se está ampliando a más comarcas, como es el caso de Cinco Villas. A nivel nacional, el Ministerio estudia extender la vacunación a nuevas zonas de Aragón, Navarra y Cataluña ante la evolución del brote.

Una enfermedad que no afecta al ser humano, pero sí a la economía del sector

La dermatosis nodular contagiosa, causada por un virus del género Capripoxvirus, no afecta a las personas, ni por el consumo de carne ni por el de lácteos y derivados. Las autoridades insisten en que la enfermedad no supone riesgo para la salud humana, pero sí requiere una respuesta rápida y coordinada para evitar su expansión y minimizar el impacto en el sector ganadero.

En Aragón, por el momento, la enfermedad parece haberse “contenido”, sin embargo, está provocando importantes pérdidas económicas debido a la reducción de la producción y a las limitaciones comerciales que está conllevando su aparición.

La peor parte se la han llevado las zonas sometidas a la supresión de movilidad del ganado por estar dentro de la zona de restricción inmediata -20 km alrededor del foco confirmado- o la zona de vigilancia -50 km desde el foco-, y las dos explotaciones en las que se ha impuesto el vaciado sanitario. Desde UAGA, lamentan que todavía “no se vea el modo, ni la financiación, ni un mínimo decreto que lo recoja”, mientras que desde la consejería aseguran que “en los próximos días” -la semana que viene-, se podría conocer la cuantía de las indemnizaciones que recibirán los ganaderos afectados por el brote de dermatosis nodular contagiosa en Aragón. 

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) prevé cerrar el año con la aprobación de un borrador del nuevo plan hidrológico, actualmente en fase de información pública que será definitivo a finales de 2027. Así lo ha anunciado su presidente, Carlos Arrazola, quien ha subrayado la importancia de la participación ciudadana en este proceso, estructurado en torno a 25 temas considerados prioritarios para el futuro de la cuenca. Con este proceso de planificación, la CHE busca reforzar la sostenibilidad, seguridad y resiliencia de la cuenca del Ebro ante los retos actuales y futuros.

Estos temas se agrupan en cuatro grandes bloques. El primero aborda cuestiones ambientales vinculadas a directivas sobre aguas residuales, protección de captaciones y contaminación por nuevos contaminantes. Un segundo bloque se centra en el uso racional del agua y el mantenimiento de infraestructuras, destacando la gestión de 61 presas estatales y otras muchas de concesionarios, con especial atención a la seguridad y eficiencia. El tercer ámbito se orienta a mejorar el conocimiento y la definición de las masas de agua de la cuenca. Por último, el plan pone el foco en los fenómenos extremos, como sequías e inundaciones, con especial énfasis en la divulgación del riesgo en zonas inundables y en la mejora de la garantía de abastecimiento, tras episodios recientes que afectaron a unas 400 poblaciones.

Con respecto a la posible modificación de las dotaciones de riego, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) está reconsiderando su criterio inicial, después de que durante el proceso de participación pública se registrara una notable oposición a las previsiones iniciales. Además, nuevos estudios sobre cambio climático y agronomía superan en algunos aspectos los realizados por la propia CHE, lo que obliga a revisar y actualizar los datos para mejorar la calidad del análisis.

No obstante, el presidente de la CHE, Carlos Arrazona, no ha aclarado si finalmente se reducirán las dotaciones al tener que conciliar diferentes previsiones. Según explica, deben tenerse en cuenta informaciones contrapuestas: por un lado, los estudios climáticos prevén una disminución de las aportaciones hídricas, lo que obligará a ser más eficientes; por otro, el aumento de las temperaturas hará que los cultivos necesiten más agua.

Adaptación a fenómenos extremos y mejora de la predicción

La CHE ha reforzado sus sistemas de previsión y gestión ante eventos hidrológicos, combinando distintos modelos meteorológicos y herramientas como el sistema SAIH de vigilancia del Ebro, que permite recalcular escenarios en tiempo real. No obstante, preocupa el aumento de fenómenos más intensos y difíciles de predecir asociados al cambio climático, lo que obliga a mejorar la instrumentación y densidad de puntos de medición en la cuenca.

Respecto a la situación hidrológica, la abundante nieve acumulada este invierno —en niveles históricamente altos— no debería provocar aumentos bruscos de caudal si las temperaturas evolucionan de forma gradual. Los embalses mantienen capacidad de resguardo para absorber posibles incrementos.

En materia de gestión de inundaciones, la CHE trabaja junto al Gobierno de Aragón en soluciones técnicas para hacer frente a los daños provocados por las tormentas de septiembre de 2025 en localidades como Cuarte y María de Huerva. Las conclusiones preliminares se presentarán a finales de marzo, tras un proceso de análisis detallado y coordinación con los municipios afectados. Arrazola cree que se pecó de optimismo “pero para hacer bien el trabajo, tenemos que ir consultando a todos los municipios, inventariando todas las infraestructuras de paso, ver las consecuencias que tienen los modelos, etc”, explica.

Igualmente, en materia de crecidas, el organismo continúa trabajando en la reparación de motas dañadas tras recientes crecidas, como en Alfajarín o El Burgo de Ebro, y plantea soluciones más resistentes mediante la ampliación de espacios de actuación, ya que aún no se ha podido proceder porque el caudal es todavía alto. Además, es muy difícil arreglarlas en el mismo punto donde se han roto porque se vuelven a romper, por lo que la CHE espera que los propietarios de las inmediaciones cedan un poco de terreno para ir consolidando desde atrás al punto de rotura y que puedan resistir mejor.

Avance desigual de las obras hidráulicas

El Plan Hidrológico del Ebro incluye cinco grandes obras de regulación con distintos grados de ejecución. La obra de San Pedro Manrique, en Soria, ha atravesado varias vicisitudes con el anterior contratista, pero se ha licitado ya y a lo largo de este año se reanudará la obra que se quedó en mitad.

Santolea está prácticamente acabada, pero tiene pendiente ponerse en carga, ya que los volúmenes de agua hay que aprovecharlos en cada campaña de riego, por lo que puede ser un poco más lenta, si bien la obra está prácticamente operativa.

En Mularroya siguen las obras que acompañan al proyecto, que se terminó hace casi dos años, cuando se inauguró el túnel de carga desde el Jalón. Este año se está traslocando el oleoducto Rota- Zaragoza, obra del Ministerio de Defensa, aunque lo financia el Ministerio de Transición.

En la obra de Almudévar ya se ha firmado el contrato con Endesa. Tenía un plazo de 36 meses, de los que se han cumplido el primer año. El presidente de la CHE ha afirmado que en sus conversaciones con la empresa, todo parece cumplir los plazos previstos, una que Endesa tuvo que encargar los equipos.

La obra que sigue sin fecha y va más lenta sigue siendo Yesa, dada su especial complejidad. La infraestructura lleva en obras desde hace años y sobre la misma hay cuatro modificados de proyecto, “ya que en este país las tramitaciones son muy garantistas y los expedientes deben ser informados por varios estamentos, el Consejo de Estado, que es el máximo órgano consultivo del Estado, el Consejo de Obras Públicas, la Abogacía del Estado”, explica Arrrazola para justificar la lentitud de la obra.

No obstante, el presidente de la CHE ha recordado que, pese a todo, Yesa no ha dejado de dar servicio en ningún momento y ha puesto como ejemplo que los zaragozanos han bebido agua de Yesa durante todo el proceso de la obra y la comunidad regante, salvo algún año de sequía, también se ha ido sirviendo los caudales. Hoy por hoy, es imposible dar una fecha de terminación y además, para las puestas en cargas, también se depende de que las previsiones de lluvia para el llenado, vaciado e ir cumpliendo los escalones, lo cual dificulta la previsión.

Centenario de la CHE

Coincidiendo con su centenario, celebrado el pasado 5 de marzo, la CHE ha programado diversas actividades a lo largo de la cuenca para poner en valor su trayectoria. Entre ellas, la presentación de un libro, un documental y una exposición itinerante desde Reinosa hasta Tortosa.

El acto central tendrá lugar en Zaragoza en otoño, con una exposición en el Palacio de Sástago y un evento conmemorativo. También se celebrarán actos en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en reconocimiento a su papel histórico en los inicios del organismo.

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha dicho este miércoles que la previsión es que se complete en 15 días la vacunación de toda la cabaña bovina contra la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en el radio de 50 kilómetros de los dos focos de la enfermedad declarados en dos granjas del municipio de Fiscal, en la Comarca oscense de Sobrarbe.

Así lo ha trasladado la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, en una reunión de trabajo mantenida con representantes de las organizaciones agrarias UAGA, UPA, Asaja, Araga y AEGA, así como con Cooperativas Agroalimentarias de Aragón para abordar las medidas tomadas para hacer frente a la expansión de esta enfermedad.

Durante el encuentro, Lanza ha detallado los controles biosanitarios establecidos, las restricciones de movimiento de ganado, también para sacrificio, vigentes durante los 45 días posteriores al inicio de la desinfección de las explotaciones afectadas y que comenzó el pasado lunes 9 de marzo.

En todo caso, ha recalcado que la prioridad es la vacunación: “Estamos actuando con rapidez y coordinación con el sector para contener la enfermedad y proteger a nuestras explotaciones ganaderas”.

A ello ha sumado la petición al Ministerio de ampliar la vacunación a toda la provincia de Huesca y a las oficinas agrarias (OCA) de Ejea de los Caballeros, Sos del Rey Católico y Tauste, con el fin de reforzar la prevención en zonas con elevada presencia de ganado vacuno.

En paralelo, el Departamento pondrá en marcha un programa de formación en bioseguridad dirigido a los ganaderos de vacuno de todo Aragón. Estas jornadas, financiadas por el propio Departamento, se desarrollarán en todo el territorio, con especial intensidad en las zonas donde se han detectado los focos.

“La bioseguridad en las explotaciones es fundamental para prevenir y controlar cualquier enfermedad ganadera”, ha explicado Aitziber Lanza, quien ha avanzado que van a impulsar formación específica para que “los profesionales dispongan de toda la información y herramientas necesarias”.

La directora general ha adelantado también que, durante los próximos días, se presentarán las indemnizaciones destinadas a apoyar a las explotaciones afectadas por la enfermedad.

“Somos conscientes de la preocupación del sector y queremos trasladar un mensaje claro: el Gobierno de Aragón está al lado de los ganaderos. Vamos a poner todos los recursos necesarios, con la máxima celeridad, para controlar la situación y acompañar a quienes se hayan visto afectados”, ha concluido.