La renta agraria aragonesa alcanzó en 2025 los 2.855,36 millones de euros, frente a los 2.574,94 millones de euros registrados en 2024, lo que supone un incremento del 10,89%. Así lo recoge el avance de Macromagnitudes del Sector Agrario Aragonés 2025, presentado este martes por la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón.

La producción final agraria se situó en 6.786,76 millones de euros, frente a los 6.248,45 millones de euros del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 8,62%. La evolución positiva de esta magnitud se apoya tanto en el buen comportamiento del subsector agrícola, que aumentó un 10,37%, como en el crecimiento de la producción ganadera, que lo hizo un 7,78%.

La consejera ha destacado que estos datos reflejan “la fortaleza, la capacidad productiva y el peso económico del sector agrario aragonés”, aunque ha advertido de que el balance debe leerse también con prudencia, porque “no todos los sectores han evolucionado igual y la rentabilidad sigue siendo uno de los grandes retos del campo”. “Aragón cierra 2025 con más producción, más valor añadido y más renta agraria. Son datos positivos, pero debemos analizarlos con rigor para que esa mejora se traduzca en estabilidad, rentabilidad y futuro para agricultores y ganaderos”, ha señalado Simón.

Por provincias, Huesca continúa liderando la economía agraria aragonesa, con 3.359,1 millones de euros de Producción Final Agraria, lo que representa el 49,5% del total regional. Zaragoza aporta 2.440,5 millones de euros, el 36%, mientras que Teruel alcanza los 987,1 millones de euros, el 14,6%.

En renta agraria, Huesca aporta el 48,13% del total regional, Zaragoza el 30,30% y Teruel el 21,57%.

El informe recoge además que Teruel presenta el mayor crecimiento relativo durante 2025, impulsado por sectores como el olivar, la trufa y la ganadería.

Fuerte peso ganadero

Además, el informe confirma la especialización ganadera de Aragón. En 2025, el subsector ganadero generó alrededor del 68% de la Producción Final Agraria, mientras que el subsector agrícola representó en torno al 29%. Los servicios agrarios y las actividades secundarias completan el resto de la estructura productiva.

El porcino se mantiene como la principal actividad económica agraria de la Comunidad, con más de 2.569 millones de euros y alrededor del 38% de toda la Producción Final Agraria aragonesa.

La Producción Final Ganadera se situó en 4.620,56 millones de euros en 2025, con un incremento del 7,78% respecto al año anterior.

También destaca la evolución del bovino de carne, cuyo valor de producción alcanzó los 1.012 millones de euros, con un incremento del 66,7%.

“Aragón tiene un modelo agrario muy vinculado a la ganadería, con una gran capacidad productiva y un peso muy relevante dentro del conjunto nacional. Esa fortaleza exige seguir trabajando en sanidad animal, bioseguridad, competitividad y equilibrio territorial”, ha afirmado la consejera.

Recuperación de las producciones

La Producción Final Agrícola pasó de 1.799,36 millones de euros en 2024 a 1.985,89 millones de euros en 2025, con un incremento del 10,37%.

Esta evolución se explica principalmente por la recuperación de las producciones, especialmente en cereales, forrajes, olivar, almendra y otros cultivos leñosos.

Los cereales fueron uno de los principales motores del crecimiento agrícola. Su producción alcanzó 3,98 millones de toneladas, un 31,8% más que en 2024, y el valor de la producción aumentó un 23,3%, pese al descenso medio de precios del 6,4%.

El informe recoge también una evolución desigual entre sectores, condicionada por la climatología, los mercados y el comportamiento de los precios, por lo que el Departamento ha considerado necesario seguir trabajando para reforzar la rentabilidad y la estabilidad de las explotaciones agrarias.

Mejor que la media nacional

Los consumos intermedios del sector agrario aragonés ascendieron a 4.032,2 millones de euros, un 6,16% más que en 2024. Este incremento fue inferior al crecimiento de la Producción Final Agraria, lo que contribuyó a la mejora del Valor Añadido Bruto y de la renta agraria regional.

El Valor Añadido Bruto aumentó un 12,41% en Aragón, frente al 9,73% registrado en el conjunto de España, mientras que la renta agraria regional creció un 10,89%, por encima del incremento nacional, situado en el 8,86%.

También la Producción Final Agraria aragonesa registró una evolución más favorable que la media española, con un aumento del 8,62%, frente al 7,51% nacional.

“Aragón vuelve a demostrar que tiene un sector agrario fuerte, profesionalizado y con capacidad para generar riqueza. Nuestro peso agrario es muy superior al que nos correspondería por población y eso obliga a seguir defendiendo la importancia estratégica de agricultores, ganaderos, cooperativas e industrias agroalimentarias”, ha defendido Arancha Simón.

Fenómenos adversos

El avance incorpora también un análisis climatológico del año agrario 2024-2025, marcado por una elevada irregularidad, episodios tormentosos, pedrisco, lluvias torrenciales y fenómenos asociados a danas, con daños heterogéneos y dispersos por el territorio.

La consejera ha vinculado este contexto con la necesidad de reforzar herramientas de estabilidad para el sector, como el seguro agrario, la modernización de explotaciones, la eficiencia en el uso del agua, la sanidad animal y vegetal y el apoyo a la competitividad.

“Los datos económicos son positivos, pero el sector agrario trabaja cada día en un contexto muy exigente, condicionado por los precios, los costes, la climatología y los riesgos sanitarios”, ha reconocido la consejera, quien ha apuntado que su prioridad es “estar cerca del territorio y seguir impulsando políticas que ayuden a dar estabilidad, rentabilidad y futuro al campo aragonés”.

El jueves, día 3 de septiembre, ya es una fecha marcada en rojo en el calendario de la ganadería española. La Unión Europea anunciaba la suspensión de la entrada de carne de vacuno procedente de Brasil al considerar que el país sudamericano no ha aportado las garantías necesarias para demostrar que cumple las exigencias comunitarias sobre el uso de determinados medicamentos antimicrobianos.

La decisión, prevista en el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1189, ha sido acogida con ganas por el sector en España. Las organizaciones agrarias y cárnicas la interpretan como una primera victoria después de meses —y años— reclamando que los productos importados se sometan a unas condiciones equivalentes a las que soportan los productores europeos.

La organización agraria ASAJA habla directamente de un “paso hacia la reciprocidad real” y exige a Bruselas que mantenga la firmeza y aplique la suspensión sin prórrogas. En el comunicado por la organización, recuerda que los ganaderos europeos están obligados a cumplir unas exigencias cada vez mayores en seguridad alimentaria, trazabilidad y bienestar animal y, por lo tanto, considera lógico que esas mismas reglas se apliquen a quienes quieran vender carne en el mercado comunitario.

Sin embargo, este sindicato profesional va más allá y advierte que el veto sólo tendrá verdadero efecto si se controla su cumplimiento en frontera. Según ASAJA, el protocolo brasileño de certificación se encuentra todavía en una fase inicial y “ninguna granja ha sido certificada”, por ello reclaman que se refuercen los controles y que las restricciones no se limiten exclusivamente a los antimicrobianos, sino que tengan en cuenta también las demás irregularidades detectadas en las auditorías comunitarias.

Por su parte, la Comisión Europea explica que sus normas forman parte de la estrategia comunitaria contra la resistencia a los antimicrobianos. Entre otras cuestiones, la normativa europea prohíbe utilizar determinados antimicrobianos para promover el crecimiento de los animales y reserva algunos medicamentos para su utilización en seres humanos. En este sentido, Bruselas sostiene que Brasil no ha presentado las garantías necesarias para demostrar que sus sistemas cumplen estas exigencias.

“Las mismas reglas para todos”

Durante años, el malestar del campo español ha ido en aumento y sin frenos por una situación enquistada: mientras las explotaciones europeas acumulan obligaciones sanitarias, ambientales, administrativas y de bienestar animal, los ganaderos llevan tiempo reclamando que la carne importada no pueda competir en el mercado comunitario con unas reglas diferentes.

Desde ARAGA, Federico Lorente, presidente de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Aragón, lamenta que esta decisión no se haya tomado antes, y subraya que la suspensión de las importaciones procedente de Brasil “confirma que nuestra oposición al acuerdo Mercosur estaba más que justificada” ya que se trata de “países que no cumplen con las mismas garantías sanitarias con las que estamos cumpliendo los ganaderos europeos y españoles”, asegura Lorente.

La Asociación de Ganaderos 19 de Abril, de Salamanca, también reclamó en el mes de julio que la suspensión no esperase hasta septiembre. El colectivo denunciaba entonces el “agravio comparativo” y los “dobles estándares” que, a su juicio, sufren los productores locales frente a los de terceros países. También en ese momento puso de manifiesto que los ganaderos españoles afrontan exigencias estrictas en sanidad, medicamentos veterinarios, bienestar animal, medio ambiente, sostenibilidad y trazabilidad.

Un sentimiento que se ha repetido en distintas partes del territorio. En Galicia, el presidente de la Asociación de Gandeiros da Suprema, Santiago Rego, resumía este desacuerdo ante las diferencias entre ambos modelos productivos así: “Aquí levamos tempo con esixencias, alí cabe todo” -“Aquí llevamos tiempo con exigencias; allí cabe todo”-.

Este no es el punto final, es el comienzo

La decisión llega en un momento especialmente delicado para el vacuno español, que afronta un escenario de precios debilitados, costes elevados y dificultades para colocar la producción en determinados mercados exteriores.

En Galicia, por ejemplo, el sector ha alertado durante los últimos meses de la caída de los precios en origen y de una rentabilidad cada vez más ajustada. La situación resulta especialmente sensible después del fuerte incremento de precios registrado durante 2025 y comienzos de 2026. Por eso, para los ganaderos, que Brasil deje de tener acceso al mercado comunitario mientras no acredite el cumplimiento de las exigencias europeas supone, sobre todo, una cuestión de igualdad de condiciones.

Las organizaciones representativas de toda la cadena ganadero-cárnica —entre ellas ASAJA, ASOPROVAC, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias, ANICE y otras— coinciden en calificar la entrada en vigor de la medida como un “punto de inflexión”. El mensaje común es claro: si Brasil quiere volver a vender carne en Europa, tendrá que demostrar primero que cumple las reglas. Sin embargo, también reclaman que no se convierta en una actuación temporal.

En este sentido, el campo sabe que la celebración de hoy tiene letra pequeña. ASAJA considera que el 3 de septiembre “no es un punto final”, sino el comienzo de una política de reciprocidad que debe poder comprobarse sobre el terreno. La organización reclama controles fronterizos más fuertes y que cualquier eventual reapertura esté respaldada por garantías reales y parámetros que se puedan verificar.

Las organizaciones ganaderas y cárnicas han pedido a Bruselas que se comprometa, y que no se conforme con el papel así como que mantenga los controles hasta que Brasil pueda acreditar de forma “plena, verificable y auditable” que cumple los requisitos comunitarios. Y es que el foco también está puesto sobre el acuerdo UE-Mercosur ya que Brasil es uno de los cuatro países integrantes del bloque junto con Argentina, Uruguay y Paraguay, y ASAJA considera difícil separar completamente la suspensión del debate comercial abierto tras el acuerdo. Un acuerdo que, tal y como recuerda la organización agraria, todavía debe superar el proceso de ratificación en el Parlamento Europeo.

Brasil, un proveedor más allá del vacuno

Brasil fue en 2025 el segundo mayor proveedor de carne de vacuno de la Unión Europea, con más de 92.000 toneladas exportadas al mercado comunitario por un valor superior a 713 millones de euros. Por eso, esta decisión no es menor desde el punto de vista comercial para el sector ganadero español. Pero esta suspensión no afecta solo al vacuno, también lo hace a otras categorías de productos de origen animal procedentes de Brasil, entre ellas équidos, tripas, productos de acuicultura, miel y aves de corral -especialmente al pollo-.

En cuanto al plazo en el que podrían reanudarse las importaciones desde Brasil, el Ejecutivo europeo no ha querido adelantar fechas, aunque se desprende de sus declaraciones que los plazos serán distintos para cada sector afectado. En el caso de las aves de corral y la miel tienen una particularidad, y es que podrían volver a ser autorizadas en las próximas semanas si la auditoría en curso concluye con resultados satisfactorios. Sin embargo, la Comisión Europea apunta a que, en el caso de la carne de vacuno, los plazos se podrían alargar más en el tiempo debido a la duración de los ciclos de producción.

En este sentido, fuentes directas de la Comisión Europea han precisado que “Brasil es un socio importante de la UE” y que por ello: “Estamos trabajando en estrecha colaboración para garantizar que cumpla con estos requisitos. Una vez que se demuestre dicho cumplimiento, podrán reanudarse las exportaciones a la UE”.

“Había árboles arrancados de cuajo, se veían las raíces”. Así cuenta una vecina de Bardenas la situación de sus campos tras la tormenta de pedrisco que atravesó las Cinco Villas durante la madrugada del domingo 23 de agosto, que ha dejado una primera estimación de unas 4.000 hectáreas afectadas en la comarca zaragozana. “Es como si hubiera pasado un tornado con una violencia tremenda”, añaden los vecinos de las localidades afectadas. Ahora, los daños y los estertores de la tormenta son el tema de conversación en los bares y en las panaderías de estos pueblos en los que un importante número de familias viven del sector primario.

Una sola noche ha cambiado el balance de un verano especialmente difícil para el campo aragonés. La cifra de hectáreas afectadas, todavía provisional y pendiente de peritación, adquiere toda su dimensión cuando se compara con los datos que Agroseguro manejaba apenas unos días antes: más de 6.700 hectáreas de cultivos asegurados afectados por episodios tormentosos en el conjunto de Aragón durante la primera mitad de agosto.

Dicho de otra manera: en una sola noche, una comarca ha sufrido el equivalente al 60% de los daños acumulados en toda la comunidad autónoma durante las semanas anteriores del mes de agosto. La superficie que esta única tormenta ha podido dañar en Cinco Villas equivale a casi seis de cada diez hectáreas que Agroseguro había contabilizado como afectadas por episodios tormentosos en todo Aragón durante la primera mitad de agosto. De las 4.000 hectáreas afectadas, la organización agraria UAGA calcula que unas 2.000 han quedado directamente arrasadas y que el 100 % de los cultivos estivales se ha perdido en varias zonas de la comarca. Y la cifra podría aumentar.

No se trata, no obstante, de comparar dos cifras exactamente homogéneas. Los 6.700 hectáreas de Agroseguro corresponden a cultivos asegurados afectados por episodios tormentosos en Aragón, mientras que las 4.000 hectáreas de Cinco Villas son una primera estimación local de superficie dañada por la tormenta de este fin de semana. La comparación sirve para dimensionar la magnitud del episodio, pero el balance definitivo tendrá que llegar después de las peritaciones.

Biota, la localidad más afectada

El golpe más fuerte se lo ha llevado el entorno del municipio de Biota, donde las primeras estimaciones sitúan en unas 2.000 hectáreas la superficie prácticamente devastada, especialmente en las zonas de regadío. El alcalde de la localidad, Ezequiel Marco, explica que mientras en el núcleo urbano la tormenta dejó principalmente agua, en el monte la situación fue muy diferente. “Todo nuestro monte, sobre todo en la zona de regadío, ha quedado completamente arrasado”, señala. En esas tierras había brócoli, maíz y girasol, entre otros cultivos.

La descripción da una idea de la desigual distribución del episodio: no toda la comarca recibió el mismo golpe. La tormenta descargó con una intensidad extraordinaria sobre determinadas zonas, dejando parcelas prácticamente destruidas mientras otras quedaron mucho menos afectadas. A las 2.000 hectáreas estimadas en Biota se suman otras 2.000 en los montes de Sádaba, El Bayo, Pinsoro y Bardenas, los siguientes municipios más afectados después de Biota según las primeras valoraciones realizadas sobre el terreno.

Las afecciones no solo se contabilizan en cultivos, también en instalaciones, sobre todo de riego, que han sufrido los impactos del granizo. Entre los afectados está Sergio Sánchez, agricultor de Sádaba, que además de sufrir los daños sobre sus cultivos pudo comprobar la violencia del episodio a través de una infraestructura muy concreta de su explotación. “Tenía unas sondas en los campos que captan las señales de agua, y ayer, después de la tormenta, dejé de recibir señales porque el pedrisco me los había roto todos”, relata.

El testimonio resulta especialmente significativo porque muestra que la intensidad del granizo no se limitó a producir daños superficiales en las plantas. El pedrisco llegó a destrozar dispositivos instalados en las parcelas. Los agricultores describen que los bloques de granizo que precipitó la tormenta llegaron a alcanzar un tamaño similar al de las pelotas de ping-pong.

El almendro, golpeado con la cosecha a las puertas

Entre los cultivos más afectados se encuentran los almendros. La primera estimación apunta a entre 200 y 300 hectáreas de almendra dañadas en distintos puntos de la comarca de Cinco Villas. Los árboles han sufrido una fuerte defoliación y, en las zonas más castigadas, han quedado prácticamente sin hojas. La propia almendra, también ha recibido directamente los impactos del granizo.

El momento en el que se ha vivido este episodio tormentoso agrava el problema, todavía más, ya que buena parte de las almendras se encuentran a escasas fechas de la recolección. La consecuencia inmediata puede ser una pérdida muy elevada de la cosecha de 2026. Sin embargo, la preocupación para los agricultores de este cultivo no se queda aquí porque el efecto de estos daños podría prolongarse más allá de esta campaña. “Una granizada de esta intensidad no solo provoca la caída de almendras, sino también daños físicos en el fruto y pérdidas de calidad”, apuntan los expertos.

Los afectados explican que ahora viene la parte silenciosa que más miedo les da: la evolución del árbol durante las próximas semanas, que será clave para saber si el daño se limita al fruto y al follaje o si también ha afectado a los brotes y a la madera. Si la estructura del árbol ha quedado dañada, la tormenta tendrá consecuencias sobre la capacidad productiva de estas plantaciones de cara a la próxima campaña y siguientes.

Maíz, girasol y hortícolas, entre los cultivos arrasados

En Biota, la localidad que se ha llevado la peor parte de esta brutal tormenta de granizo, el maíz, el girasol y el brócoli se encuentran entre las producciones directamente afectadas. Algunos cultivos se encontraban en fases avanzadas de desarrollo, lo que eleva el impacto económico negativo para los agricultores propietarios de los campos que en algunos casos, tal y como han confesado los afectados, se puede decir que han quedado “arrasados”.

En el maíz, el grado de pérdida dependerá de si el granizo ha afectado fundamentalmente a las hojas o también ha roto tallos y provocado daños en las mazorcas. En el girasol, el impacto puede alcanzar tanto al tallo como al capítulo y a las semillas. En el caso de las hortícolas, como el brócoli, el margen de recuperación es mucho menor cuando el producto comercial ha recibido directamente el impacto del pedrisco.

Por eso, las 4.000 hectáreas afectadas no equivalen automáticamente a 4.000 hectáreas de cosecha perdida. La superficie es la primera dimensión del problema; la segunda, todavía por determinar, será el porcentaje de daño real de cada parcela.

El golpe llega después de un agosto ya de por sí excepcional

El último balance específico publicado por Agroseguro el 13 de agosto señalaba que los episodios tormentosos habían provocado daños sobre más de 6.700 hectáreas de cultivos asegurados en Aragón. Huesca acumulaba casi 3.940 hectáreas declaradas con siniestro; Teruel superaba las 1.500 y Zaragoza contabilizaba casi 1.270.

En Huesca, los cultivos herbáceos, fundamentalmente maíz y soja, eran los más perjudicados, con casi 3.450 hectáreas siniestradas. En Teruel se habían registrado también daños significativos en frutos secos, cereales de primavera y olivar.

A escala nacional, Agroseguro había contabilizado hasta el 13 de agosto más de 22.300 hectáreas de cultivos asegurados afectadas específicamente por pedrisco. Entre las producciones más dañadas figuraban la uva de vino, el almendro y los cultivos herbáceos extensivos.

En frutos secos, fundamentalmente almendro, se registraban entonces alrededor de 5.800 hectáreas declaradas con siniestro, mientras que los cultivos herbáceos extensivos sumaban unas 5.050 hectáreas, principalmente maíz. La tormenta de la madrugada del 23 de agosto en la comarca de Cinco Villas añade ahora un nuevo episodio de enorme intensidad este verano en la comunidad.

“Un mal día para ser alcalde”: El temporal se ceba con los municipios de Teruel

En la provincia de Teruel también se han registrado daños importantes que han afectado a un total de 900 hectáreas, cifra aproximada que se maneja desde la organización agraria UAGA. En el municipio de Valdealgorfa, la producción ecológica se ha visto gravemente afectada por el episodio de granizo vivido este fin de semana. Los cultivos de nogales y frutales, han tenido importantes daños, aunque han sido las plantaciones de manzano las que se han llevado la peor parte de las consecuencias del temporal.

Las tormentas no solo han afectado a los cultivos, también han provocado daños en pinos y cipreses, e instalaciones municipales. En el municipio de Castelserás, el temporal ha provocado graves desperfectos en el pabellón municipal, cuya cubierta fue parcialmente arrancada por el viento y dejó entrar después el agua y el granizo, afectando a su estructura de madera. El alcalde, Santiago Anglés, hacía esta declaración a La Comarca tras la tormenta: “Ha sido un mal día para ser alcalde”. Anglés explica que la tormenta le sorprendió cuando regresaba al municipio con su familia y que tuvieron que refugiarse en una pequeña granja; incluso su vehículo sufrió daños por el granizo. Parte de la cubierta del pabellón salió despedida hasta las inmediaciones del colegio y la guardería, lo que obligó a acordonar la zona.

En Alcañiz, el alcalde, Miguel Ángel Esteban, apunta que el casco urbano ha quedado relativamente a salvo, aunque sí se han registrado afecciones en las zonas agrícolas, especialmente en dirección a Castelserás y en el entorno de Valdealgorfa. En esta última localidad, la alcaldesa, Reyes Gimeno, cuenta como la intensa lluvia provocó acumulaciones de agua en terrazas y otras zonas exteriores de viviendas, mientras los daños en las explotaciones agrícolas todavía estaban pendientes de valoración.

Un balance que todavía no está cerrado

La fotografía actual de los daños en la comarca de Cinco Villas es provisional. A falta de conocer los resultados de las peritaciones, en los almendros también habrá que comprobar durante las próximas semanas si la defoliación va acompañada de daños en brotes y madera. En el resto de cultivos será necesario determinar cuánto producto puede salvarse y cuánto ha quedado definitivamente inutilizado.

Algo que preocupa y mucho a las organizaciones agrarias son las afecciones a los forrajes, un cultivo que no cuenta de manera habitual con seguro agrario, lo que hace que las pérdidas sean “especialmente difíciles de cubrir” para los agricultores afectados. Además, se encontraban en plena fase de crecimiento y “los daños sufridos comprometen directamente el próximo corte, reduciendo la producción que los agricultores esperaban obtener”, aseguran desde UAGA.

Sin embargo, lo que sí está claro es la excepcional intensidad del episodio vivido en esta comarca y su concentración territorial. En una sola noche, el pedrisco ha provocado en Cinco Villas una superficie de daños equivalente al 60 por ciento de los siniestros acumulados por episodios tormentosos en Aragón hasta mediados de agosto. Los profesionales del campo, muchos de ellos propietarios de explotaciones familiares, hacen ya cálculos del impacto de las pérdidas económicas en el corto plazo, y en las heridas que la tormenta habrá causado a largo plazo, especialmente en las plantaciones de almendros, porque “una granizada así no solo hace daño en el momento, nos puede trastocar también la cosecha del 2027”, lamentan.

Cada primavera, cuando la nieve comenzaba a retirarse del Pirineo, miles de ovejas emprendían un viaje que llevaba siglos repitiéndose. Durante días recorrían decenas de kilómetros por las cabañeras aragonesas, acompañadas por los pastores y sus perros, hasta alcanzar los pastos de montaña. Allí pasarían el verano. En otoño, el camino se hacía a la inversa. Aquellos desplazamientos no solo alimentaban al ganado; también modelaban el paisaje, mantenían abiertos los montes y conectaban pueblos separados por cientos de kilómetros. Hoy, en muchos de aquellos caminos, el silencio ha robado el protagonismo al característico sonido de los cencerros.

La reciente petición de Ecologistas en Acción para que el Gobierno central apruebe la Red Nacional de Vías Pecuarias vuelve a poner el foco sobre un patrimonio que en Aragón tiene una dimensión extraordinaria: casi 13.500 kilómetros de vías pecuarias identificadas, de las que unas 11.000 ya han sido clasificadas, lo que supone cerca de 47.000 hectáreas de dominio público.

Sin embargo, la red sigue lejos de estar plenamente protegida. Según los datos oficiales del Gobierno de Aragón recopilados en el diagnóstico del Plan Forestal y actualizados por la Red PAC, poco más de la mitad de los municipios aragoneses cuentan con el proyecto de clasificación aprobado, o lo que es lo mismo: Alrededor del 43% de los municipios siguen sin completar la clasificación.

Las cabañeras de Aragón frenadas por la administración

Aragón posee una red de vías pecuarias comparable a las grandes comunidades trashumantes como Castilla y León o Extremadura. Sin embargo, mientras estas han avanzado durante las últimas décadas, Aragón mantiene todavía importantes diferencias entre provincias. Huesca supera el 80% de municipios con las vías clasificadas, Zaragoza ronda el 45% y Teruel apenas alcanza el 30% —a pesar de ser la que más ha avanzado en los últimos años—. Estos datos demuestran que el reto no es la falta de patrimonio, sino completar su protección y gestión.

Sin clasificación no puede haber deslinde, sin deslinde resulta mucho más difícil recuperar los caminos y sin caminos continuos la trashumancia pierde viabilidad. Todo esto dificulta conocer con precisión el trazado de muchas cabañeras y protegerlas frente a ocupaciones o alteraciones.

Pero no se trata solo de un trámite administrativo, el problema va más allá, porque cuando desaparece una vía pecuaria no solo se pierde un camino; también se debilita una herramienta para prevenir incendios, se dificulta la trashumancia y se pone un obstáculo más a la ganadería extensiva, una forma de vida que lleva décadas luchando por sobrevivir.

Una red con potencial eclipsada por la falta de gestión

Teniendo en cuenta los datos Aragón no parte de una mala situación por falta de patrimonio, y todavía tiene margen para reforzar su protección y gestión. Andalucía lleva casi tres décadas ejecutando planes específicos de clasificación, deslinde, restauración y señalización. Navarra, comunidad foral con la que Aragón comparte algunas de las cabañeras históricas más importantes, como la Cañada Real de los Roncaleses, que atraviesa las Cinco Villas, es un buen espejo en el que mirarse. La diferencia entre ambas no radica tanto en la extensión de la red como en la estrategia de gestión. Navarra ha entendido las cañadas como un patrimonio natural y cultural que sigue teniendo utilidad en el siglo XXI: facilitan la trashumancia, actúan como corredores ecológicos y forman parte de la identidad del territorio.

Por su parte, Aragón posee un patrimonio mucho mayor, pero todavía tiene el desafío de convertir sus cabañeras en una auténtica infraestructura verde al servicio de la ganadería extensiva, la biodiversidad y la prevención de incendios. La comunidad aragonesa ha avanzado de forma irregular y dependiente de los recursos disponibles en cada momento.

El resultado es que Navarra ha demostrado que las vías pecuarias pueden seguir siendo una infraestructura útil en el momento actual, pero Aragón no necesita construir esa red: ya la tiene. El desafío ahora consiste en recuperar, proteger y volver a llenar de vida los miles de kilómetros cuya protección jurídica todavía no está completamente garantizada.

Tres décadas de retraso

Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y numerosas asociaciones ambientales y senderistas de toda España han reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, cuyo proyecto fue sometido por primera vez a información pública en 2023.

“Sin embargo, más de treinta años después de la aprobación de la ley, aún no ha sido desarrollada, pese a su importancia para garantizar el mantenimiento de la trashumancia y por sus valores ambientales, deportivos y sociales”, explican desde Ecologistas en acción. Además, recuerdan que la declaración de la trashumancia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad “resulta difícilmente efectiva sin una red de vías pecuarias protegida y plenamente operativa”.

Sin cabañeras no hay trashumancia

Mucho antes de que existieran las carreteras, las cabañeras conectaban los pastos del Pirineo con las tierras bajas del valle del Ebro y las sierras turolenses. Gracias a estas sendas, los rebaños podían desplazarse siguiendo el ritmo de las estaciones, aprovechando los recursos naturales sin sobreexplotarlos.

Hoy muchas de esas rutas siguen existiendo sobre el papel, pero numerosos tramos permanecen invadidos, interrumpidos o sin uso ganadero. El efecto inmediato es que esta forma de ganadería está “en retroceso”. Al deterioro de muchas vías pecuarias se suman el envejecimiento del sector primario y la falta de relevo generacional. Una ecuación cuyo resultado se traduce en: dificultad para llevar a cabo en el contexto actual una práctica que la UNESCO reconoce como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Pero la pérdida de las cabañeras no solo afecta a los pastores ni al sector ganadero. También supone más vegetación acumulada, mayor riesgo de incendios y un territorio cada vez más despoblado de familias y pueblos vivos. Recuperar estos caminos es proteger un patrimonio histórico, pero también apoyar un modelo de ganadería extensiva que contribuye a conservar la biodiversidad, mantener el paisaje y fijar población en el medio rural.

Matar al fuego reviviendo al ganado

Cada verano, cuando las altas temperaturas convierten los montes aragoneses en un polvorín, el debate suele centrarse en los medios de extinción. Mientras unas voces dicen que “se necesitan más bomberos”. Otras responden: “No, se necesitan más helicópteros”. Sin embargo, los expertos recuerdan que la mejor forma de combatir los grandes incendios es evitar que el monte acumule combustible: prevención.

En esa tarea, los rebaños desempeñan un papel fundamental. Porque cuando un rebaño atraviesa una cabañera no solo se desplaza. Los animales hacen un trabajo silencioso, constante y gratuito desde hace siglos. A su paso por los caminos consumen hierbas, arbustos y vegetación que, semanas después, podría alimentar un incendio. Este aprovechamiento natural, conocido como pastoreo preventivo, reduce la biomasa, mantiene el paisaje en mosaico y dificulta la propagación del fuego.

Las vías pecuarias permiten precisamente ese movimiento del ganado entre diferentes zonas de pasto. Sin estos corredores públicos, la ganadería extensiva pierde movilidad y el territorio una de sus herramientas más eficaces y sostenibles para prevenir incendios. En un contexto de cambio climático y de veranos cada vez más extremos, recuperar las cabañeras es también una forma de invertir en prevención.

Qué dice el Gobierno de Aragón

El Gobierno de Aragón defiende que, aunque la clasificación de alrededor de 300 términos municipales continúa pendiente y constituye uno de los principales retos para la protección efectiva de la red, en los últimos tres años se ha producido un cambio.

Según explica la Consejería de Medio Ambiente, desde 2024 el Gobierno de Aragón ha comenzado a aplicar “por primera vez en la comunidad autónoma” el principio establecido en la legislación estatal y autonómica de que los ingresos obtenidos por autorizaciones, ocupaciones, aprovechamientos, sanciones y otras actuaciones relacionadas con las vías pecuarias deben destinarse a su conservación, vigilancia y mejora.

Este cambio se materializó con la creación del fondo de mejoras de vías pecuarias, identificado como fondo financiador 72030, en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2024. A través de este mecanismo se destinaron 502.881,49 euros a la mejora de las vías pecuarias durante 2024. Debido a la prórroga presupuestaria, esa misma cantidad se ha mantenido en 2025 y se está destinando también durante 2026.

Las actuaciones llevadas a cabo desde entonces; centradas en desbroces, mejoras de pastizales y de los firmes de caminos que discurren por el interior de las vías pecuarias, así como la construcción y reparación de refugios y apriscos, se han desarrollado en diferentes puntos de Aragón, aunque con especial intensidad en la provincia de Zaragoza. Además, el ejecutivo recuerda que también se han ejecutado actuaciones para construir y mejorar balsas y abrevaderos destinados al ganado.

Pero el avance, apuntan desde Ecologistas en Acción, “continúa siendo insuficiente” comparado con el trabajo que están llevando a cabo comunidades autónomas como Andalucía o la vecina Comunidad Foral de Navarra.

Por el momento, desde agosto de 2023, hasta agosto de 2026, se ha aprobado la clasificación de las vías pecuarias existentes en siete términos municipales, y está en trámite la de dos más, tal y como apuntan fuentes de la consejería que no se pronuncia sobre el tiempo que llevará completar la clasificación de los términos municipales que todavía carecen de ella, avanzar posteriormente en la delimitación y recuperación de los trazados y conseguir que una red de casi 13.500 kilómetros pueda funcionar de manera efectiva como infraestructura para la ganadería extensiva, como corredor ecológico y como herramienta de prevención frente a los incendios.

Porque las cabañeras aragonesas no han desaparecido. El desafío es conseguir que vuelvan a estar plenamente reconocidas, protegidas y utilizadas.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) denuncia que la plaga de conejos continúa provocando “graves pérdidas económicas” en las explotaciones agrarias aragonesas, además de “importantes daños” en infraestructuras agrícolas, “sin que las administraciones competentes adopten medidas eficaces” para controlar una situación que se prolonga desde hace años. Ante esta situación, UAGA-COAG anuncia que iniciará la vía judicial para reclamar la responsabilidad patrimonial del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al considerar que ambas administraciones “incumplen su obligación” de controlar las poblaciones de conejos que encuentran refugio en los taludes de carreteras y vías ferroviarias.

La organización denuncia que esos espacios públicos se han convertido en “auténticas granjas de reproducción de conejos”, desde los cuales los animales invaden las parcelas agrícolas causando cuantiosos daños en cultivos e infraestructuras de riego, caminos y cerramientos. UAGA-COAG ha apuntado que, si las administraciones no realizan un control efectivo de la fauna cinegética en las infraestructuras de su competencia, deberán asumir la responsabilidad de los perjuicios ocasionados e indemnizar a los agricultores por las pérdidas sufridas.

La organización también reclama una profunda modificación de la normativa de Agroseguro, ya que considera que el actual sistema perjudica precisamente a los agricultores que padecen de forma continuada los daños de la plaga. Actualmente, cuando un agricultor ha dado parte de siniestro por conejos en sus parcelas de cereal durante cuatro campañas consecutivas, Agroseguro elimina para esa explotación la posibilidad de contratar esta cobertura, es decir, quien más necesita el seguro acaba perdiendo el derecho a asegurarse frente a este riesgo.

Además, UAGA-COAG ha criticado que para que Agroseguro reconozca los daños que ocasionan los conejos en el cereal, la planta tiene que alcanzar el estado fenológico (haber desarrollado al menos tres hojas). Sin embargo, cuando los conejos se comen el cultivo nada más germinar, el siniestro pasa a calificarse como un problema de nascencia y la póliza se anula, dejando al agricultor sin indemnización.

La organización ha considerado que esta práctica permite a Agroseguro cobrar una prima (en octubre), que incluye la cobertura por daños de conejo, para posteriormente no asumir la correspondiente indemnización. Y para colmo, cuando se produce la baja de la póliza por no nascencia, la devolución del importe al agricultor no se materializa hasta junio del año siguiente.

Por otra parte, UAGA-COAG ha expresado también su rechazo a que las inspecciones de los peritos para comprobar la nascencia del cereal se realicen durante el mes de marzo cuando, en la mayoría de las ocasiones, el cultivo ya ha desaparecido de las parcelas. La organización considera imprescindible adelantar estas revisiones a diciembre o enero para evitar la indefensión de los agricultores.

Medidas urgentes

UAGA-COAG insiste en que la situación requiere decisiones inmediatas y reclama a las administraciones un conjunto de medidas que permitan reducir de forma efectiva la sobrepoblación de conejos, entre otras, autorizar la caza con rifles de calibres 17 y 22; permitir el uso de visores térmicos; autorizar la caza desde vehículos; implicar a los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) y al personal forestal en las labores de control de la plaga; establecer ayudas a los cotos de caza para la adquisición de cartuchos, siguiendo el ejemplo de Castilla y León y Cataluña; incrementar la exigencia a los cotos de caza para que cumplan con sus obligaciones de control poblacional; sancionar la comercialización de conejos capturados vivos para evitar su traslado y expansión.

Asimismo, favorecer la creación de empresas especializadas en tratamientos mediante yoduro de aluminio; autorizar tratamientos con dióxido de carbono en aquellas zonas donde la actividad cinegética está prohibida, como los entornos de carreteras y las infraestructuras ferroviarias de ADIF.

Desde UAGA-COAG han subrayado que la plaga de conejos se ha convertido en el principal obstáculo para sacar adelante las producciones agrícolas en muchas comarcas. La organización reclama una actuación coordinada entre todas las administraciones implicadas para poner fin a una situación que compromete la viabilidad de muchas explotaciones y exige que quienes tienen la responsabilidad de controlar las poblaciones de conejos asuman también las consecuencias de su inacción.

A mediodía, con el termómetro por encima de los 40 grados y el viento del sur resecando aún más los rastrojos, cientos de cosechadoras permanecían inmóviles en explotaciones de las tres provincias aragonesas. No era una avería ni una tormenta la que había detenido la campaña del cereal. Fue la orden del Gobierno de Aragón que activó la alerta roja plus por riesgo extremo de incendios y prohibió durante 48 horas las labores de cosecha y empacado en prácticamente toda la comunidad.

La decisión, adoptada en uno de los fines de semana de mayor tensión del inicio del verano, con incendios activos en Aragón, Cataluña, Castellón, Navarra y Castilla y León, según asegura el Gobierno de Aragón, buscaba reducir al máximo el riesgo de nuevos focos y garantizar la capacidad de respuesta de los servicios de extinción. “Había que poner en una balanza la pérdida de unos días de cosecha y la protección de las personas”, defendía el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, al insistir en que se trataba de una decisión “técnica, no política”.

Pero mientras las máquinas han estado paradas, en el campo se ha desatado otro incendio, esta vez dialéctico. Las organizaciones agrarias consideran que la paralización de la cosecha no resuelve el problema de fondo. A su juicio, se está poniendo el foco sobre quienes trabajan la tierra cuando el verdadero debate debería centrarse en si Aragón dispone de “medios suficientes para prevenir y extinguir incendios” en campañas cada vez más largas, más secas y más exigentes.

“Tres días de prohibición no apagan los incendios”

“Somos los primeros interesados en evitar cualquier incendio, porque nadie tiene más que perder que quien ve arder su propia cosecha”, recuerda la Comisión Ejecutiva de UAGA-COAG, que califica la prohibición del fin de semana pasado como “uno de los mayores errores de gestión de una campaña agrícola”. La organización sostiene que detener la cosecha durante varios días no elimina el riesgo: “Tres días de prohibición de cosechado no apagan los incendios”, aseguran, pero lo que sí evidencia son, a su parecer, “las limitaciones del dispositivo de extinción”. 

La crítica no se queda únicamente en la prohibición. UAGA-COAG denuncia la forma en que se gestionó la alerta, con órdenes rectificadas en pocas horas y cambios que generaron “incertidumbre” entre miles de agricultores en plena campaña. Asimismo, la organización lamenta la ausencia de explicaciones políticas durante el fin de semana. “Quienes tienen responsabilidades de gobierno deben estar donde están los problemas. Y este fin de semana el problema estaba en Aragón, no en Madrid”, señalan en un comunicado, en referencia la consejera de Agricultura y el consejero de Medio Ambiente, ambos de Vox.

Las organizaciones también han cuestionado que la prohibición se aplicara de forma uniforme en todo Aragón. “No existe ninguna justificación técnica que explique por qué un agricultor de una zona de regadío, sin masas forestales próximas, debía dejar su cosechadora parada exactamente igual que otro en una zona con un riesgo mucho mayor”, cuestionan desde UAGA. En este sentido, el sindicato reclama que las restricciones que se tomen a futuro se adapten a las características de cada territorio. Y recuerdan que el sector lleva años adaptando la maquinaria y reforzando los protocolos de prevención para reducir al mínimo cualquier riesgo.

Convertir a los agricultores en aliados

Sin embargo, entre las reivindicaciones de profesionales de la agricultura y la ganadería ha emergido otra propuesta que va más allá de la crítica. El cambio climático está ampliando los periodos de riesgo extremo y el cereal se sigue cosechando precisamente en las semanas de mayor peligro de incendio. 

En este escenario, el Gobierno mantiene que la prioridad seguirá siendo la seguridad cuando concurran condiciones excepcionales. El sector, por su parte, responde con otra pregunta: si quienes conocen el territorio, disponen de maquinaria y son los primeros en llegar a un conato pueden convertirse en aliados de la extinción, ¿tiene sentido seguir viéndolos únicamente como un factor de riesgo?

Las organizaciones agrarias quieren cambiar el papel que tradicionalmente se atribuye a los agricultores durante los incendios. “Dotar de medios de autoextinción, formación para actuar de forma segura y rápida e incluir a los agricultores en los equipos de Protección Civil son claves para mejorar la respuesta”, es la propuesta que ASAJA Aragón ya ha trasladado Ejecutivo autonómico. 

La organización plantea equipar cosechadoras y empacadoras con sistemas de primera intervención y formar a sus conductores para actuar coordinadamente con los servicios de emergencia durante los primeros minutos de un conato, cuando todavía es posible evitar que el fuego alcance grandes dimensiones. Porque, como resume UAGA: “Los agricultores no son el problema; forman parte de la solución”.

De potencial riesgo a primera respuesta

La colaboración entre agricultores y servicios de extinción no es una hipótesis. Es un gesto espontáneo que se repite episodio tras episodio, y que pone rostro y nombre a la reivindicación del sector y a la propuesta que hacen desde ASAJA. En declaraciones a Radio Huesca-Cadena SER, José Fernando Luna, el presidente de ASAJA Huesca y agricultor de profesión, explicaba que desde que aparecieron las primeras llamas en el incendio de Leciñena los agricultores de Robres y localidades próximas se lanzaron a colaborar junto a los medios municipales para impedir que el fuego avanzara hacia otras poblaciones.

El dispositivo INFOAR no se ha pronunciado públicamente sobre esa colaboración durante los incendios de este verano, aunque en la presentación de la campaña su jefa del Servicio de Gestión de Incendios Forestales y Coordinación, Maribel Ureta, recordó que la mayor parte de la superficie quemada en Aragón se concentra en muy pocos incendios, precisamente en jornadas de riesgo naranja o rojo, lo que explica la importancia que el operativo concede a la prevención en esos episodios. 

En muchos incendios agrícolas, los primeros minutos son fundamentales y la colaboración de los agricultores resulta importante siempre que se haga de manera coordinada y sin poner en riesgo su seguridad, ni la del resto de los profesionales que intervienen.

Un sector que se siente criminalizado

Algunas voces, como las que aglutina la organización agraria ARAGA, han exigido de manera formal a la administración autonómica “la máxima prudencia y el cese inmediato de cualquier declaración pública institucional que criminalice o culpe de manera anticipada a los agricultores aragoneses”, haciendo referencia al incendio declarado en el término municipal de Leciñena, donde la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, realizaba unas declaraciones en la televisión pública en las que, según denuncia ASAJA “atribuía de forma directa el origen del fuego a una cosechadora”. Sin embargo, continúa explicando la organización: “Las informaciones contrastadas sobre el terreno apuntan a que el origen real se debe a la reactivación del incendio causado un rayo caído el pasado domingo, descartando la intervención de maquinaria agrícola en el conato de ayer”.

En esta línea también se posicionan otros agricultores y ganaderos, que han mostrado su malestar en los canales en los que publican contenidos y a través de declaraciones a medios de comunicación, como este, donde piden “prudencia antes de hablar de causas” y que “se vea todo el trabajo que hacen para extinguir el fuego en los campos”. 

Este será, probablemente, uno de las cuestiones de fondo que marcarán los veranos del campo aragonés, comenzando por el que ya estamos viviendo. El pulso entre el Gobierno de Aragón y las organizaciones agrarias va más allá de la paralización de la cosecha que ha abierto el incendio de Tamarite de Litera, y la posterior activación de la alerta roja. La controversia está en cómo compatibilizar la protección frente a incendios con el desarrollo de una actividad agrícola imprescindible para la economía de Aragón, especialmente de las zonas rurales, y la conveniencia y capacidad de formar previamente a agricultores y ganaderos para actuar de manera coordinada con los servicios de emergencia.

Este diario ha contactado con los medios antiincendios, que se encuentran en este momento centrados en las labores de extinción del incendio de Leciñena. Han comunicado que valorarán más adelante tanto la propuesta como las actuaciones llevadas a cabo sobre el terreno. Ambas partes, tanto el Ejecutivo como los profesionales del sector agrario, coinciden al reconocer cuál es el desafío, aunque lo miran desde perspectivas diferentes. Para ambos, la clave es encontrar un equilibrio entre la protección del territorio y la continuidad de una campaña que depende, precisamente, de los días de mayor calor. Y cada verano volverá la misma pregunta: si el agricultor debe detener su cosechadora para evitar un incendio o si puede convertirse en quien ayude a apagarlo. 

La localidad oscense de Jaca ha acogido la reunión de lanzamiento de Legumis, una ambiciosa iniciativa de cooperación transfronteriza, en la que participa la Universidad de Zaragoza, a través del Instituto Agroalimentario de Aragón, y que combina la investigación con el compromiso social para transformar el cultivo de legumbres tradicionales en un motor de innovación, sostenibilidad e inclusión para zonas rurales de España y Francia.

Legumis tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad y la competitividad de las zonas rurales transfronterizas mediante la valorización de variedades locales de leguminosas. Para ello, el proyecto desarrollará actividades de investigación aplicada, caracterización de materiales vegetales, innovación alimentaria y transferencia de conocimiento al sector productivo. Una de las principales líneas de trabajo se centrará en el estudio del microbioma asociado a variedades tradicionales de judía y almorta. Esta investigación permitirá identificar microorganismos con potencial para mejorar la adaptación de los cultivos a condiciones de estrés hídrico y altas temperaturas.

Durante el transcurso de dos jornadas los pasados 21 y 22 de mayo se presentaron los objetivos del proyecto, las acciones a ejecutar y se sentaron las bases que van a regir el trabajo durante los tres próximos años, con un horizonte de ejecución que finalizará en marzo de 2029.

Estos trabajos incluirán análisis de secuenciación, el aislamiento de bacterias mediante técnicas de culturomics y ensayos para evaluar su capacidad de promoción del crecimiento vegetal. Entre los resultados previstos se encuentran la publicación de un informe técnico sobre los microorganismos identificados en las diferentes variedades, la creación de un banco de cepas bacterianas con potencial aplicación como bioinoculantes y la validación de su eficacia en condiciones reales de cultivo.

El proyecto abordará también la caracterización agronómica, nutricional y sensorial de cinco variedades locales españolas y francesas. Se estudiará su comportamiento durante el cultivo y tras la cosecha, evaluando aspectos relacionados con el secado, almacenamiento y conservación de la calidad. Asimismo, se analizarán sus propiedades nutricionales y tecnofuncionales con el fin de identificar oportunidades para el desarrollo de nuevos ingredientes y productos alimentarios. Se obtendrán recomendaciones de manejo postcosecha y perfiles de calidad para cada variedad, y se elaborará una guía de innovación alimentaria orientada al diseño de nuevos productos.

La transferencia de conocimiento al territorio constituye otro de los ejes fundamentales de Legumis. En colaboración con productores locales, se organizarán actividades formativas sobre el cultivo de variedades tradicionales, el manejo sostenible de los sistemas productivos y la aplicación de las innovaciones desarrolladas en el proyecto. También se impulsarán acciones dirigidas a la creación de productos de valor añadido y a la difusión del patrimonio gastronómico asociado a las legumbres del espacio transfronterizo.

Entre los materiales previstos figuran manuales técnicos para agricultores y productores, una guía de aplicaciones alimentarias innovadoras y diversas acciones de divulgación orientadas a fomentar el conocimiento y consumo de estas variedades locales.

Los beneficiarios, agricultores y productores locales

Con una duración de tres años (2026-2029), 'Legumis. Cooperación y transferencia para valorizar las legumbres locales como modelo de innovación y sostenibilidad en las zonas rurales' se encuadra en el programa Poctefa de la Unión Europea, entidad que cofinancia el 65% de su presupuesto total (más de 800.000 euros).

Los elementos innovadores del proyecto incluyen el estudio del microbioma de las leguminosas, la recuperación de variedades tradicionales para mitigar los efectos del cambio climático, la aplicación de tecnologías para modular el perfil nutricional y sensorial, y la integración de personas con discapacidad en la producción, promoviendo así la inclusión social. Los beneficiarios son principalmente agricultores, productores locales y personas con discapacidad, quienes podrán acceder a nuevas oportunidades laborales y económicas en el sector agrícola.

Participan ocho entidades socias, incluyendo universidades, centros de investigación, empresas y entidades sociales de España y Francia: liderado por la Universidad de Zaragoza a través del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), por la parte española participan además el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), ATADES y Sargantana; en la parte francesa encontramos a la Université de Pau et de Pays de L'Adour, IPREM-CNRS, Haricot Tarbais IGP, Les Insatiables-Groupe SOS. También participa UAGA como entidad asociada.

El trabajo contará además con la colaboración de cincuenta productores locales de leguminosas, que se beneficiarán de formación y transferencia tecnológica derivados del proyecto. También se espera que los eventos y actividades de divulgación que se desarrollen alcancen a más de 400 personas.

Aragón se reafirma, una campaña más, como el gran motor de la alfalfa para España y uno de los territorios estratégicos del mercado de forrajes a nivel mundial. La comunidad concentra más de la mitad de la superficie nacional dedicada a este cultivo y supera el 60% de la producción de todo el país, en una campaña marcada por el crecimiento las exportaciones, la estabilidad de la demanda internacional y las tensiones geopolíticas que amenazan las rutas comerciales.

La comunidad aragonesa destina más de 50.000 hectáreas al cultivo de alfalfa y produce alrededor de 700.000 toneladas anuales, según datos presentados este año durante la IV Jornada Española del Cultivo de la Alfalfa (JECA 2026), celebrada en Huesca. Además, más de la mitad de las plantas deshidratadoras de España, se encuentran instaladas en Aragón, lo que la consolida como el principal núcleo industrial del sector forrajero europeo.

La provincia de Huesca sigue siendo el epicentro de producción, especialmente en áreas de regadío como Los Monegros y el Bajo Cinca, territorios a los que se suma la ribera del Ebro. Un modelo agrícola altamente especializado y vinculado a la exportación, es según los expertos, la razón por la que, solo la provincia de Huesca, ha concentrado entre el 35% y el 40% de toda la producción nacional entre 2025 y 2026. 

Una campaña marcada por la exportación

Con cerca del 80% de la producción de la comunidad destinada a exportación, la alfalfa aragonesa mantiene una fuerte orientación exterior. Las principales zonas receptoras de la alfalfa aragonesa son Oriente Medio y Asia, donde este producto se utiliza principalmente para elaborar alimentación animal en países con limitada capacidad agrícola, en gran parte por la escasez de agua. 

España se mantiene a día de hoy como el segundo exportador mundial de alfalfa deshidratada, solo por detrás de Estados Unidos, y dentro de este puzle Aragón es la pieza central. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y, cada vez más, países asiáticos como Japón o Vietnam, figuran entre los principales destinos comerciales de la alfalfa que se cultiva en los campos de Aragón.

Durante JECA 2026, la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA) destacó la capacidad de resiliencia del sector y su apuesta por la diversificación de mercados internacionales, en un contexto de creciente demanda global de proteína vegetal para alimentación animal. En este sentido, OPAs como UAGA-COAG advierten sobre la dependencia exportadora del sector forrajero español respecto a países del Golfo Pérsico. Según declaraciones de esta organización agraria, Arabia Saudí y Emiratos Árabes absorben cientos de miles de toneladas de alfalfa española cada año, lo que hace al “sector vulnerable a conflictos internacionales y costes logísticos”.

La geopolítica entra en el campo aragonés

Precisamente la campaña de este año también está poniendo blanco sobre negro hasta qué punto la agricultura aragonesa depende del contexto internacional. El sector de la alfalfa está viviendo con especial preocupación las tensiones en Oriente Medio y las dificultades logísticas derivadas de los problemas en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para las exportaciones hacia los países del Golfo.

Expertos del sector, a los que se suman las organizaciones agrarias, advierten de que cualquier interrupción prolongada del tráfico marítimo puede afectar directamente a deshidratadoras y exportadores, y al campo aragonés, a través del impacto que esta situación tiene en los productores. La alfalfa se ha convertido así en uno de los cultivos más sensibles a la geopolítica internacional dentro del campo aragonés.

Las organizaciones agrarias, además ponen el acento en el fuerte impacto que el incremento de costes energéticos y de fertilizantes está teniendo sobre los profesionales del campo. El aumento del precio del gasóleo y de los insumos agrícolas está reduciendo los márgenes de beneficio para los agricultores en un cultivo que implica “un gasto considerable” ya que está ligado al regadío y al transporte internacional.

Tanto la UPA como ASAJA, vienen reclamando una “PAC con más apoyo a cultivos estratégicos” y menos burocracia, incluyendo los cultivos forrajeros de regadío, por su importancia en la alimentación animal y el mantenimiento del medio rural.

El agua, factor decisivo

La disponibilidad de agua para riego sigue siendo el principal condicionante de la campaña. La alfalfa depende del regadío y necesita estabilidad en el suministro de agua para mantener su calidad y, por lo tanto, su competitividad en el mercado. 

El sector del forraje considera que Aragón cuenta con ventajas estructurales muy importantes: clima seco, tecnificación del riego y experiencia industrial. Sin embargo, la incertidumbre climática y la presión sobre los recursos hídricos están obligando a mejorar la eficiencia y mantener inversiones en modernización de regadíos que suponen un alto coste que recae sobre el agricultor, con los riesgos que ello conlleva para estos profesionales.

Pese a ello, las perspectivas de campaña siguen siendo relativamente positivas. El primer corte llegó con “buen desarrollo vegetativo” gracias a un invierno y a una primavera con más disponibilidad hídrica que en campañas anteriores. Además, la calidad parece estar siendo “de correcta a buena”, especialmente en parcelas de regadío bien manejadas y los precios durante el mes de mayo en la Lonja de Binéfar y Mercolleida, no han registrado cambios relevantes respecto a semanas anteriores.

El sector prevé que tanto la producción como la demanda sigan siendo estables, un hecho que se ve apoyado asimismo por la constante dependencia de este producto por parte de la ganadería y por el crecimiento de mercados asiáticos.

Un cultivo estratégico para Aragón

Más allá de las cifras económicas, la alfalfa se ha convertido en uno de los cultivos estratégicos para Aragón por su capacidad de generar empleo, actividad industrial y exportación. El sector forrajero aragonés emplea a miles de personas entre producción agrícola, transformación y logística.

Además, la alfalfa desempeña un papel relevante para los cultivos dentro de las rotaciones agrícolas, ya que, no solo mejora la fertilidad del suelo, sino que también está demostrado que reduce la necesidad de fertilizantes gracias a su capacidad de fijar nitrógeno en la tierra.

En un contexto en el que la incertidumbre climática y la comercial son una espada de Damocles sobre la agricultura, Aragón mantiene su posición como referencia mundial de la alfalfa deshidratada. La evolución de la campaña de 2026 servirá de termómetro, dado el contexto geopolítico actual, para testar hasta qué punto el sector es capaz de sostener su liderazgo internacional. 

Los escolares aragoneses se quedan sin el programa de consumo de fruta en los colegios. La consejera de Agricultura, Arancha Simón, de Vox, ha anunciado este lunes en su primera comparecencia ante la Comisión sectorial de las Cortes de Aragón que el Ejecutivo ha desistido de los contratos del programa por considerar inadmisible que una iniciativa pública de apoyo al sector agrario termine beneficiando a productores de terceros países. “No podemos entregar a nuestros niños peras de Sudáfrica o naranjas de Egipto mientras en Aragón se produce fruta de calidad excepcional”, argumentó la titular del Departamento.

Con esta decisión, el Gobierno de Aragón –sustentado en el pacto PP-Vox– cierra una polémica abierta hace unos meses, cuando se descubrió el origen extranjero de varias de las entregas realizadas en los centros educativos de la comunidad, con el anterior consejero, Javier Rincón, todavía en el cargo.

Simón avanzó que la consejería va a “revisar y valorar esos contratos” para garantizar que, cuando el programa se reactive, lo haga con “fruta de calidad y de proximidad”. Sin embargo, la consejera no concretó plazos pese a ser interpelada por varios grupos de la oposición. Mientras tanto, las actividades de formación y educación alimentaria en los centros escolares continuarán en marcha. “Enseñar a comer bien y a valorar los productos de nuestra tierra también es defender a nuestros agricultores”, subrayó.

La decisión se enmarca en la posición del Gobierno frente al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, al que se opone mientras no garantice la igualdad de condiciones para los productores aragoneses. “No podemos exigir a nuestros productores estándares más exigentes mientras permitimos la entrada de productos de terceros países que no cumplen las mismas condiciones”, señaló Simón.

Peste porcina africana

Más allá de la fruta, la consejera desgranó las prioridades de la legislatura. En materia de sanidad animal, anunció una reunión inminente con sus homólogos de Cataluña y la Comunidad Valenciana para establecer un protocolo común frente a la peste porcina africana, a la que calificó como “la principal amenaza estructural para el sector”. Los tres territorios forman el corredor de mayor densidad porcina de España, con más de diez millones de plazas solo en Aragón, y Simón advirtió de que “una respuesta descoordinada podría incrementar el daño de manera exponencial”. “Aragón no espera, actúa antes”, zanjó.

Sobre la política del agua, la consejera apostó por completar las obras del Pacto del Agua –incluyendo el recrecimiento de Yesa, la presa de Almudévar y la de Mularroya– y por retomar el proyecto del pantano de Biscarrués, tumbado judicialmente según la oposición “por un defecto de forma”. Preguntada por el trasvase del Ebro, Simón eludió el debate: “Primero habrá que hacer las obras del Pacto del Agua y luego ya veremos”.

La simplificación administrativa fue otra de las banderas de su comparecencia. “Durante demasiados años nuestros agricultores y ganaderos han tenido la sensación de que la Administración les exigía cada vez más y les ayudaba cada vez menos”, dijo. Y sobre la PAC, se comprometió a defender “hasta el último euro que corresponda a Aragón” y a oponerse a cualquier recorte, con una advertencia directa: “El campo no puede tolerar más recortes”.

La escalada del precio de los fertilizantes químicos, provocada por la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, está reconfigurando el modelo agrario europeo. En este contexto, el sector ganadero español —y especialmente el aragonés— emerge como un proveedor estratégico de fertilizantes orgánicos, a través del aprovechamiento de purines y estiércoles generados en sus explotaciones.

En apenas tres meses, el precio de la urea ha pasado de 430 a 750 dólares por tonelada, un incremento del 75% que ha elevado significativamente los costes de producción agrícola. España, que importa cerca del 60% de los fertilizantes que consume, afronta un sobrecoste anual superior a los 1.000 millones de euros, con especial impacto en cultivos intensivos como el maíz, el trigo o las hortalizas.

Frente a esta dependencia exterior, los nutrientes orgánicos producidos por la ganadería se presentan como una solución inmediata, local y competitiva. Según datos del propio sector, una explotación porcina media —con unos 4.000 animales— puede generar hasta 7.000 metros cúbicos de purín al año, equivalentes a más de 63.000 kilos de urea, con un valor agronómico que puede alcanzar los 49.000 euros anuales y un margen neto superior a los 30.000 euros.

Aragón: potencia ganadera y reserva de nutrientes

Aragón se sitúa entre las comunidades con mayor peso ganadero del país, especialmente en porcino, con una cabaña que supera los 9,6 millones de cabezas y más de 4.000 explotaciones intensivas. Estas cifras la convierten en una pieza clave en este nuevo escenario. 

La comunidad genera anualmente más de 20 millones de metros cúbicos de purines, a los que se suman importantes volúmenes de estiércol procedente de explotaciones de vacuno, ovino y avícola, una cifra que refleja tanto el potencial agronómico como el reto de gestión de estos recursos.

Lejos de ser un residuo, estos subproductos contienen nitrógeno, fósforo y potasio en proporciones que los hacen comparables —e incluso superiores en algunos aspectos— a los fertilizantes sintéticos. Mientras el purín destaca por su efecto inmediato como sustituto de la urea, el estiércol aporta materia orgánica y mejora la estructura del suelo a medio y largo plazo.

Este potencial está favoreciendo la aparición de un mercado emergente en torno a los nutrientes orgánicos. En regiones como Aragón ya se están consolidando prácticas como el transporte de purines entre comarcas, acuerdos directos entre ganaderos y agricultores o inversiones en tecnologías de valorización como la digestión anaerobia para la producción de biogás.

Precios que están soportando los agricultores

España, el impacto es doble: compramos en el exterior el 60% de los fertilizantes que consumimos. Los sindicatos también alertan de que muchos agricultores están reduciendo entre un 40% y un 60% el uso de fertilizantes por su elevado coste. El maíz, el trigo, el arroz y las hortalizas, algunos de los cultivos más intensivos en nitrógeno, “están encajando subidas de entre 80 y 250 euros por hectárea en el coste de fertilización”, aseguran desde UAGA-COAG.

Esta reducción del consumo, prevén las organizaciones agrarias, que puede llegar a traducirse en caídas importantes de producción en cultivos como el cereal y el olivar. Según UAGA-COAG y la UPA —Unión de Pequeños agricultores y ganaderos—, esto pone en riesgo la “soberanía alimentaria” europea y podría acabar repercutiendo en el precio final de los alimentos.

La situación es tal que las organizaciones agrarias españolas han vuelto a movilizarse esta semana para denunciar el fuerte encarecimiento de los fertilizantes y reclamar medidas urgentes tanto al Gobierno español como a la Unión Europea. Las protestas se han desarrollado en Valladolid y también frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, hasta donde se han trasladado profesionales del campo aragonés convocados por los sindicatos ASAJA, UPA y COAG.

En la otra cara de la moneda, el valor agronómico del purín porcino puede alcanzar los 5 o 7 euros por metro cúbico, frente a un coste de gestión en torno a 2,5 euros —datos del CITA de Aragón, Porcinova—. “Lo que antes era una partida de gasto se ha convertido en un activo económico con margen positivo”.

Una oportunidad estratégica

Desde el sector agrario se insiste en que esta situación representa una oportunidad histórica. “El ganadero español está siendo reconocido por lo que siempre ha sido: un productor de alimentos y, ahora también, un proveedor esencial de nutrientes para la agricultura”, Jaume Bernis, responsable de sectores ganaderos en COAG.

No obstante, las organizaciones agrarias reclaman cambios normativos que permitan aprovechar plenamente este potencial. Entre las principales demandas destacan el reconocimiento del purín y el estiércol como recursos y no como residuos, la flexibilización de los límites de aplicación de nitrógeno y el impulso a infraestructuras que faciliten su gestión y transporte.

Algunos países europeos ya han avanzado en esta línea, permitiendo superar los límites actuales de 170 kg de nitrógeno por hectárea bajo condiciones controladas. El sector considera que España no puede quedarse atrás si quiere reducir su dependencia exterior y avanzar hacia un modelo agrario más sostenible y autosuficiente.

En un contexto de incertidumbre global, Aragón y el conjunto del sector ganadero español se posicionan así como actores clave en la transición hacia una agricultura más resiliente, basada en la economía circular y el aprovechamiento de recursos propios.

La organización agraria UAGA-COAG ha exigido al Gobierno de Jorge Azcón en Aragón “que abandone la propaganda y recupere una política real de apoyo a la creación de regadíos, porque defender el regadío es defender el futuro del campo aragonés y la supervivencia de las explotaciones familiares”. El sindicato ha recalcado que ha sido históricamente un firme defensor de la creación de regadíos como herramienta estructural de apoyo a las explotaciones familiares agrarias.

UAGA-COAG ha destacado también que proyectos como los Pebea, Monegros II o los distintos Riegos Sociales han necesitado durante décadas de un fuerte respaldo sindical frente a la incomprensión de administración —que en muchos casos no los considera necesarios— y, a veces incluso, de una parte de la sociedad y del propio sector, que los paraliza por distintos motivos.

Asimismo, ha recordado que siempre han defendido que los regadíos “no deben responder a modelos faraónicos pensados únicamente para sumar hectáreas”, sino que lo que hay que regar son las explotaciones familiares, garantizar la viabilidad de los cultivos, fijar población en el territorio y asegurar el suministro de agua a pueblos y explotaciones ganaderas: “Está demostrado que donde hay regadío —'manchas verdes'— hay desarrollo económico”.

UAGA se ha dirigido también a quienes “se presentan como grandes defensores del regadío” que utilizar políticamente estas infraestructuras o jugar con las expectativas de los territorios solo es posible “desde el desconocimiento de la complejidad financiera, ambiental y social que supone una nueva puesta en riego”.

Una fase “preocupante”

Tras una etapa positiva en el impulso de proyectos de nuevos regadíos durante los últimos diez años, Aragón ha entrado en una fase preocupante marcada por la falta de financiación y la ausencia de una orientación política clara, han asegurado en la organización agraria. A ello han sumado que, aunque el acuerdo de investidura entre PP y Vox hace referencia a 20.000 nuevas hectáreas de regadío, la realidad presupuestaria apenas contempla 5 millones de euros para 2026, cuando el coste medio de creación supera los 15.000 euros por hectárea.

En consecuencia, el Gobierno de Aragón está “muy lejos” de los 90 millones de euros anuales que ha anunciado la Generalitat de Catalunya para las políticas de regadío, así que UAGA-COAG ha indicado que sería “deseable”, al menos, recuperar un modelo de financiación propio como el que regulaba la Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar, que ofreció buenos resultados.

En ese sentido, la organización agraria ha señalado que, al inicio de la anterior legislatura, el Ejecutivo autonómico ese apartado de la Ley sin haber diseñado antes otro modelo de financiación, dejando abandonados a profesionales del campo que esperan convertir sus parcelas de secano en tierra de regadío para tener mejores expectativas de cosecha ante el cambio climático y los periodos de sequía que, cada vez, serán más recurrentes.

Por esta razón, UAGA-COAG ha alertado de que territorios como la margen derecha del Ebro, Litera alta o el Sector 7 de Monegros no podrán avanzar mientras no se restablezca una política “seria, estable y comprometida con el regadío”.

El campo oscense espera para dentro de un mes, aproximadamente, una cosecha “adecuada”, gracias a las lluvias de los últimos días que han aliviado la situación. Así lo han valorado los sindicatos UAGA y ASAJA en la provincia de Huesca al analizar la situación actual del campo. Una situación que en cuestión de pocos días ha cambiado, ya que el calor y la falta de agua estaban apurando los sementeros.

El secretario general de UAGA, José María Alcubierre, confía en que no lleguen inclemencias que dañen al campo. “El agua ha supuesto un alivio y los sementeros han reaccionado muy bien, con lo cual se espera una cosecha adecuada” y “veremos si las inclemencias no afecten, en cuanto a granizo o lluvias torrenciales”, pero “lo cierto es que se ha abierto una ventana de optimismo con las últimas aguas, además en regadío también está el agua asegurada”.

Por otra parte, ha trasladado la “preocupación” del sector por los costes de producción y por la situación internacional. “Los altos costes tanto de carburantes, el gasóleo profesional agrario que es excesivamente elevado y nos está comiendo nuestra ganancia y los fertilizantes, que vemos como están en un alza sin techo y esto preocupa”.

Por su parte, el presidente de Asaja Huesca, Fernando Luna, ha incidido en el cambio de situación que se ha producido, con un mes de mayo que ha traído una muy buena meteorología para el campo. “No nos podíamos esperar que mayo viniera con tan buena meteorología y habrá que esperar a ver cómo se recuperan los campos”, pero “hace veinte días estábamos muy preocupados por falta de lluvia y altas temperaturas”.

Luna ha apuntado que el cereal está de “enhorabuena” por el cambio, ya que la falta de lluvia y las altas temperaturas hacían tener una mala perspectiva. Una lluvia que también ha sido muy beneficiosa para el maíz y la alfalfa.

El cereal en Aragón atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Agricultores y organizaciones agrarias coinciden en señalar que, en esta campaña de 2026, la combinación de altas temperaturas —impropias para este momento del año— y una acusada falta de precipitaciones —en plena fase clave del cultivo—, está comprometiendo seriamente las expectativas de la cosecha aragonesa, especialmente en las zonas de secano.

Según diversas fuentes del sector, la situación actual ha llevado a hablar abiertamente de un escenario límite. Así lo ha explicado ASAJA Aragón, que ya ha alertado de una posible “catástrofe” si no se producen lluvias en los próximos días, ya que muchos cultivos se encuentran “en fases críticas de desarrollo y necesitan agua de forma urgente”, aseguran.

Un cultivo en fase crítica

El problema no radica solo en la ausencia de lluvias, sino en el momento en que se produce. La primavera es un momento determinante para el cereal, ya que en estas semanas se define el llenado del grano. Sin embargo, el calor adelantado está acelerando el ciclo vegetativo lo que está impidiendo el desarrollo normal de las plantas.

En amplias zonas del centro de Aragón, sur de Zaragoza, algunas partes de Huesca y en el norte de Teruel, los cultivos presentan ya “signos de estrés hídrico severo”, ha alertado ASAJA. Las previsiones meteorológicas, lejos de mejorar el panorama, apuntan a la continuidad del calor, aunque se esperan lluvias para la semana próxima, lo que podría traducirse en rendimientos mínimos, pero no se descarta que en algunos puntos de la comunidad las cosechas sean ya nulas.

La afección no es homogénea. Mientras que las zonas más tempranas están ya en una situación crítica, otras comarcas con ciclos más tardíos —especialmente áreas más altas del norte de Aragón— mantienen cierto margen de recuperación. No obstante, incluso en estas zonas, el sector insiste en que sin un cambio meteorológico inmediato la campaña también podría verse “gravemente” afectada.

Más inversión, más riesgo

A la incertidumbre climática se suma un factor económico que agrava la crisis. Tras un invierno relativamente húmedo, muchos agricultores “apostaron” por una campaña favorable, una previsión que les llevó a aumentar su inversión en fertilizantes, fitosanitarios y otros insumos.

Este incremento de costes convierte la situación actual en “especialmente preocupante”, denuncian los profesionales. Si la cosecha no llega a materializarse, las pérdidas no solo serán productivas, sino también económicas, lo que podría comprometer la rentabilidad, y hasta la viabilidad de muchas pequeñas explotaciones aragonesas.

Un sector ya debilitado e incertidumbre en los mercados

La crisis climática llega además en un contexto estructural complicado para el cereal aragonés. El sector arrastra desde hace años varios problemas que se han convertido en estructurales: los altos costes de producción, los bajos precios en origen y una elevada carga burocrática.

De hecho, la campaña de 2025 ya reflejó esta fragilidad: pese a una buena producción en algunas zonas, los bajos precios dificultaron cubrir gastos, evidenciando que la rentabilidad del cereal depende no solo de la climatología, sino también del mercado.

Un mercado que ya refleja los primeros coletazos de esta situación meteorológica. La incertidumbre sobre la evolución de los cultivos ha frenado la caída de los precios del cereal en las últimas semanas, en un contexto de baja actividad comercial y expectación entre operadores.

Un punto de inflexión para el campo aragonés

La campaña de cereal de 2026 se podría convertir en un punto de inflexión. La combinación de clima extremo, altos costes y debilidad estructural colocan al sector en una posición delicada. Y, ante este escenario, los profesionales del campo no descartan solicitar ayudas extraordinarias si se confirma el peor pronóstico. Entre las posibles medidas se barajan, ASAJA ha puesto ya sobre la mesa algunas: apoyos directos, flexibilización de la PAC y otras medidas fiscales que permitan aliviar la presión económica sobre los agricultores.

Torres de Berrellén vuelve a ser conocido como “el pueblo de los melones”. Un apelativo que le acompañó durante décadas hasta que el paso del tiempo, la mecanización agrícola y el abandono de cultivos tradicionales provocaron la desaparición de este cultivo, uno de los productos más emblemáticos de la ribera alta del Ebro. La historia no ha acabado, solo ha sido un alto en un camino que, tras más de diez años de trabajo e investigación, continúa para el melón autóctono de Torres de Berrellén, que ha vuelto a abrirse paso en los campos aragoneses, convertido en símbolo de identidad, innovación y futuro rural.

El proyecto de recuperación arrancó en 2015 impulsado por vecinos del municipio, con el apoyo de instituciones científicas como el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). El objetivo era claro: rescatar el “melón verdadero”, una variedad tipo Tendral muy valorada en el siglo pasado, pero que había desaparecido sin causas del todo claras.

El punto de partida fue casi novelesco: unas semillas halladas en un antiguo granero fueron el detonante de un largo proceso de investigación, selección y cultivo experimental que se ha prolongado a lo largo de más de una década.

Un proceso científico, agrícola y social

La recuperación del melón de Torres de Berrellén ha sido el resultado de un largo proceso que ha combinado investigación científica, trabajo agrícola y colaboración social. Lejos de ser una iniciativa rápida, el proyecto se ha desarrollado por fases bien definidas. En primer lugar, se llevó a cabo la recopilación y conservación de semillas, gracias a la aportación de agricultores locales que aún guardaban variedades antiguas. A partir de ahí, se iniciaron ensayos de cultivo tanto en los campos del municipio como en las instalaciones del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), con el objetivo de comprobar su adaptación y calidad.

Posteriormente, los investigadores abordaron la selección y depuración genética mediante análisis físico-químicos y sensoriales, con los que se buscaba recuperar las características originales del fruto. Una vez estabilizada la variedad, se procedió a la multiplicación de semillas para facilitar su reintroducción entre los agricultores. Desde 2018, además, se han impulsado cultivos ecológicos y pequeñas pruebas de comercialización.

El proceso alcanzó un hito fundamental en 2025 con la inscripción oficial de la semilla en el registro de variedades de conservación, lo que asegura su protección y difusión a futuro. Tras una década de trabajo, el CITA ha logrado recuperar dos tipos de simientes —verde y blanco— que hoy se conservan en el Banco de Germoplasma Hortícola, donde permanecen deshidratadas y congeladas a -18 °C para garantizar su viabilidad a largo plazo. Además, el centro puso en circulación más de 6.000 semillas para su cultivo en la campaña de 2025, consolidando así el regreso de este producto emblemático a los campos aragoneses.

Actuaciones para consolidar el proyecto

Más allá del ámbito estrictamente agrícola, la recuperación del melón de Torres de Berrellén se ha apoyado en una serie de actuaciones de carácter social y cultural que han resultado ser claves para consolidar el proyecto y asegurar su continuidad. Entre ellas destaca la creación de la Asociación Amigos del Melón de Torres de Berrellén, entidad encargada de coordinar los esfuerzos y dar cohesión a la iniciativa. También se ha registrado una marca comercial que permite identificar y proteger este producto autóctono en el mercado.

El impulso de huertos comunitarios y cultivos ecológicos ha sido otra de las líneas de actuación, en algunos casos vinculados a proyectos de inclusión social, como Gardeniers, lo que ha añadido una dimensión solidaria al proyecto. Al mismo tiempo, se han ido desarrollando numerosas actividades culturales y divulgativas —como rutas, catas, talleres, publicaciones y documentales— destinadas a sensibilizar a la población y a dar a conocer el valor histórico y gastronómico de este particular melón.

Mientras tanto, la conservación de las semillas en el Banco de Germoplasma garantiza su preservación a largo plazo, evitando que esta variedad autóctona vuelva a perderse. En conjunto, todas estas iniciativas han permitido no solo devolver al presente un cultivo tradicional, sino también reconstruir en torno a él un auténtico ecosistema agrícola, social y cultural. Y todo esto ha sido posible gracias a la implicación de vecinos, entidades públicas y profesionales de múltiples ámbitos.

Mucho más que un melón: identidad y futuro

Por todo lo anterior, la recuperación del melón de Torres de Berrellén va mucho más allá de la simple reintroducción de un cultivo tradicional a la tierra de donde procede. Su regreso supone, en primer lugar, la recuperación de la memoria colectiva de todo un municipio, al devolver a sus vecinos un símbolo profundamente ligado a su historia y a su identidad. Este fruto, que durante décadas formó parte del paisaje y de la vida cotidiana del pueblo, vuelve ahora a ocupar un lugar central en la cultura local.

Al mismo tiempo, la iniciativa contribuye a poner más en valor el medio rural como un ejemplo de apuesta por productos de proximidad y de alta calidad frente a modelos agrícolas intensivos y de menor valor añadido. En este contexto, el melón se convierte también en motor económico, porque con su entrada de nuevo en escena ha impulsado la aparición de nuevas oportunidades en ámbitos como la producción, la comercialización y el turismo gastronómico, cada vez más vinculado a la autenticidad y a los productos de origen que cuentan su propia historia.

Otro de los pilares del proyecto es la preservación de la biodiversidad agrícola. La recuperación de este melón autóctono es un ejemplo de protección de una variedad tradicional que había estado al borde de desaparecer frente a la estandarización del mercado global. Finalmente, el proceso —en el que se han invertido mucho tiempo y recursos humanos y tecnológicos— ha servido para fortalecer la cohesión social al implicar en un objetivo común a agricultores, investigadores, instituciones y vecinos, demostrando que la colaboración puede ser clave para recuperar y proyectar el patrimonio rural —también el agroalimentario— hacia el futuro.

La historia ha sido recogida en un documental en el que se cita esta frase: “De una semilla nace un pueblo”. Y en este caso, no es solo una metáfora. El melón de Torres de Berrellén ha pasado de ser un recuerdo a convertirse en un ejemplo de cómo la tradición, la ciencia y la comunidad pueden unirse para recuperar el pasado y sembrar futuro.

La ganadería tradicional mediterránea moldea paisajes, fija población en el medio rural, mantiene vivos oficios centenarios como el pastoreo, y se enfrenta a un momento decisivo. El cambio climático, la falta de relevo generacional y la presión económica están poniendo en jaque a miles de explotaciones. Ante este escenario, el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (CIHEAM Zaragoza) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han impulsado la creación de una Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles para buscar soluciones conjuntas.

La iniciativa se gestó en el seminario internacional 'Sistemas ganaderos mediterráneos: retos y estrategias para la sostenibilidad' celebrado en Madrid los días 7 y 8 de abril, en el que participaron expertos de 16 países junto a representantes del sector y de la administración. Más que un encuentro técnico, fue un espacio para compartir preocupaciones y también oportunidades. “Un lugar de encuentro donde pensar juntos cómo debe evolucionar la ganadería en los próximos años”, explicó el director del CIHEAM Zaragoza, Raúl Compés. 

La nueva Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles, resultante de este foro, nace como una iniciativa que busca reforzar la cooperación científica y técnica ante los crecientes desafíos del sector de la ganadería en las regiones Mediterráneas, y especialmente en Aragón. 

Trabajar juntos para cambiar el modelo

El futuro de la ganadería mediterránea no es solo una cuestión del sector primario. Tiene implicaciones directas en la alimentación, el medio ambiente y el equilibrio territorial. Mantener vivos estos sistemas significa también conservar paisajes, pueblos, tradiciones y formas de vida. Pero algo no está funcionando. Por eso, iniciativas como esta buscan algo más que soluciones técnicas: aspiran a abrir un diálogo amplio sobre qué modelo de desarrollo rural quiere la sociedad para su futuro inmediato.

La nueva la Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles nace con la idea de conectar conocimiento, experiencias y soluciones. No se trata solo de mejorar la producción, sino de “repensar el sistema en su conjunto”, teniendo en cuenta el medio ambiente, la economía y la dimensión social.

“Necesitamos enfoques más amplios, que integren distintas disciplinas y realidades”, señalan desde la organización. Aprovechando las oportunidades que brinda la parte positiva de un mundo globalizado, la red servirá para impulsar proyectos de investigación, formación e innovación, así como para reforzar la cooperación entre países que comparten problemas similares. “Buscar soluciones reales a problemas comunes a todos”, aprovechando recursos ya existentes a través de las experiencias compartidas.

El cambio climático en el centro del problema

En los campos del Mediterráneo la ganadería extensiva, que aprovecha los pastos naturales, depende directamente del clima. Pero el equilibrio se está rompiendo. El cambio climático está haciendo que los pastos sean cada vez más escasos y menos predecibles. Llueve menos o en momentos poco habituales, y los veranos son más largos y secos, lo que dificulta que la hierba crezca con normalidad. Como resultado, hay menos comida disponible en el campo y de peor calidad.

Para los ganaderos, esto se traduce en más incertidumbre y más gastos, ya que muchas veces tienen que comprar pienso para alimentar a los animales —deben hacer frente a mayores costes y a una menor productividad—. Además, los suelos se van degradando y pierden fertilidad, lo que agrava el problema con el tiempo. 

A los problemas ambientales, se suman otros derivados de un sistema que prima el modelo industrializado, un enfoque que ha provocado que muchas pequeñas explotaciones tengan tantas dificultades para competir que ven peligrar su existencia, mientras que el relevo generacional no llega a otras tantas explotaciones, todas ellas ubicadas en zonas rurales. 

El resultado es un paisaje que corre el riesgo de vaciarse, tanto de personas como de actividad económica, empezando por la desaparición del modelo de ganadería familiar y tradicional.

La voz de la ganadería como parte de la solución

Sin embargo, lejos de ser parte del problema, cada vez más voces destacan que la ganadería extensiva puede ser clave para afrontar los grandes retos globales. “El pastoreo no solo produce alimentos, también conserva ecosistemas y culturas”, reivindican desde el sector en el marco del Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, impulsado por Naciones Unidas.

En esta misma línea, y tal y como han dejado claro en el seminario celebrado en Madrid, los responsables de la FAO insisten en que los pastores y los sistemas tradicionales “forman parte de la respuesta” frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Por eso, en la nueva Red Mediterránea de Sistemas Ganaderos Sostenibles tendrán una posición destacada como colaboradores entidades como Oviaragón y Provacuno, en representación de las principales ganaderías del sector tanto en extensivo como en semiextensivo. 

Desde Oviargon valoran de manera muy positiva la iniciativa. El seminario sentó unas bases sólidas y presentó la fotografía real de la situación del sector en los diferentes territorios, conscientes de que la ganadería es una fuente de ingresos de economía familiar, sabiendo que es una forma de asentamiento de población rural, y pilar fundamental para el mantenimiento del ecosistema, evitar la erosión y conservar la biodiversidad. “Asistir al foro nos ha hecho darnos cuenta de que independientemente del lugar del mapa en el que estés, los problemas son compartidos: la mano de obra y la disminución del consumo en todo el mundo, y en Europa, sobre todo, la PAC”, explica Leticia Riaguas, veterinaria y responsable de coordinación de I+D+i en Oviaragón. 

Aunque no esperan obtener soluciones a corto plazo, desde Oviaragón valoran que esta Red se presenta como “una apuesta firme por la ganadería como solución” y como un altavoz en el que están representados todos los actores con sus singularidades: “Tener una voz más grande, que pueda tener una representación a través de CIHEAM Zaragoza y la FAO en los foros donde se toman las decisiones que nos afectan, es un paso importante para la ganadería”, asegura Leticia Riaguas.

El sector vitivinícola aragonés vuelve a quedarse fuera de una de las herramientas de apoyo contempladas en la Política Agraria Común (PAC). Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Aragón ha decidido no activar la llamada “cosecha en verde”, una medida destinada a equilibrar el mercado del vino y paliar las pérdidas de los productores. Para el sector, esta decisión tomada por el ejecutivo autonómico “coloca a los viticultores de la comunidad en una posición de desventaja respecto a otras regiones” que sí recibirán estas ayudas.

La organización agraria UAGA-COAG ha denunciado esta situación que califica de “perjuicio económico muy importante” para el sector aragonés. Mientras comunidades como La Rioja, País Vasco, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana o Cataluña ya han tramitado la solicitud ante el Ministerio de Agricultura y están publicando sus convocatorias, Aragón ha optado por no solicitarla.

La organización agraria asegura que trasladó esta problemática al Departamento de Agricultura en diciembre, y que desde entonces ha mantenido varias reuniones con la Dirección General de Innovación y Promoción Alimentaria. Sin embargo, la consejería ha optado por no activar una medida que, según el propio sector, está pensada precisamente para responder a momentos crisis como el actual —marcado por un exceso de stock en bodegas y precios en origen por debajo de los costes—.

Las explotaciones familiares y de libre mercado, las principales afectadas

La “vendimia en verde” permite a los viticultores eliminar parte de la producción antes de que madure, reduciendo así la oferta de uva y contribuyendo a estabilizar los precios en el mercado. A cambio, los agricultores reciben una compensación económica por la uva destruida y por los costes de la mano de obra. 

Sin embargo, los viticultores aragoneses no podrán acogerse a esta medida en 2026. La decisión llega en un contexto especialmente delicado para el sector. Los más afectados son los profesionales que están operando en el libre mercado y que comercializan su producción de uva por su cuenta. Según UAGA-COAG, tras la campaña de 2025, gran parte de estos productores se encuentran en una situación delicada: algunos aún no han cobrado por la uva entregada, otros han vendido por debajo de costes y, en los casos más extremos, ha habido cosechas que ni siquiera se han recogido por falta de compradores.

El contraste con otras comunidades autónomas es especialmente significativo. En territorios competidores directos, las administraciones sí han atendido la petición del sector y han solicitado al Gobierno central la activación de estas ayudas. Esto permitirá a sus viticultores ajustar la producción y recibir compensaciones económicas, mejorando su posición en el mercado frente a los productores aragoneses.

Una medida que el Gobierno de Aragón no comparte

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación asegura que “rechaza la aplicación de la vendimia en verde tras haber estudiado en profundidad la petición por parte de UAGA, incluso solicitando una prórroga al Ministerio de Agricultura, para poder analizarla con rigor y con todos los datos sobre la mesa”, apuntan fuentes de la consejería. Y añaden que “ningún interlocutor del sector” que ha sido consultado, “están a favor de la medida”.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que este es “un debate repetido” respecto al año pasado que plantea una solución que “el Gobierno de Aragón no comparte”. Así mismo, la consejería deja clara su postura: “La vendimia en verde no va a ser en beneficio de los viticultores, ni de las bodegas, ni resolverá los problemas estructurales del sector ya que las cifras proporcionadas por las bodegas aragonesas hasta la fecha no evidencian un exceso de stock”.

Agricultura apunta al “plan que contempla la promoción, la modernización y la capacidad comercial” como medida de apoyo al sector en línea con la filosofía del Gobierno de Aragón: “No producir menos, sino vender más y vender mejor, llegar a más públicos y a nuevos mercados, y reforzar la competitividad y el reconocimiento del vino aragonés”, concluyen.

Pérdida de competitividad y desigualdad 

Desde UAGA-COAG advierten de que esta diferencia de trato de Aragón hacia sus productores, frente a la decisión tomada por otras comunidades rompe, una vez más, el principio de igualdad de condiciones dentro del propio mercado nacional. “No se puede competir en las mismas condiciones cuando unos territorios cuentan con herramientas de apoyo y otros no”, señalan.

Más allá del impacto inmediato en las rentas agrarias, la decisión del Ejecutivo aragonés podría tener consecuencias estructurales para el sector vitivinícola de la comunidad, al acentuarse la pérdida de rentabilidad de las explotaciones afectadas. Por este motivo, el sector denuncia que dejarles sin las ayudas a la vendimia en verde no solo llega en el peor momento, sino que amplía la brecha competitiva entre Aragón y el resto del mapa vitivinícola de España.

Con la llegada de la primavera, los campos de Aragón vuelven a llenarse de actividad. La comunidad ha dado inicio a una nueva campaña de recogida de fruta, uno de los motores económicos del medio rural y una actividad clave para comarcas como el Bajo Cinca, Valdejalón o La Litera. Este año está previsto que la temporada, que se prolongará hasta otoño, movilice a entre 20.000 y 25.000 trabajadores, en su mayoría personas migrantes, que sostienen una parte fundamental de la producción agroalimentaria de la comunidad.

Sin embargo, el inicio de la campaña vuelve a evidenciar un problema estructural que se repite año tras año: la falta de vivienda digna para los temporeros. Son manos imprescindibles para recoger la cosecha, sin embargo, mientras la fruta madura en los árboles, el problema de la vivienda sigue enquistado en el suelo.

Entidades como Cáritas o Cruz Roja han alertado en campañas anteriores de situaciones en las que, ante la escasez de alojamientos disponibles en las inmediaciones en las que se encuentran los campos, principalmente zonas rurales, los temporeros se ven obligados a recurrir a soluciones precarias: desde viviendas saturadas hasta asentamientos improvisados o pernoctaciones en vehículos y en la calle. Una realidad que se repite cada temporada.

Un Plan Pirineos, para el campo

La llegada masiva de trabajadores a municipios pequeños tensiona todavía más un mercado de vivienda ya de por sí limitado. En algunas localidades la población llega a incrementarse en pocas semanas hasta en 2.000 personas, como en La Almunia de Doña Godina, lo que hace prácticamente imposible absorber la demanda de alojamiento.

Las organizaciones agrarias advierten de que, aunque muchas explotaciones agrícolas han avanzado en la habilitación de alojamientos para sus empleados, con la instalación por ejemplo de viviendas prefabricadas, un año más, esta campaña recién comenzada, siguen existiendo importantes carencias, especialmente en el caso de trabajadores que llegan sin contrato previo “y sin vivienda”, apuntan.

Ante esta situación enquistada, el sector reclama soluciones estructurales, y ha puesto sobre la mesa la demanda de planes públicos para rehabilitar vivienda vacía en los pueblos y destinarla a alojamiento temporal vinculado al empleo agrícola. 

Si algo hay en los pueblos es “vivienda abandonada o desalojada”, con lo que no cuentan es con “dinero para ponerla en condiciones”, denuncian desde UAGA, que propone diseñar un “Plan Temporeros”, tomando como referencia el Plan Pirineos, una estrategia del Gobierno de Aragón para dinamizar el Pirineo, que contempla la construcción de vivienda asequible, facilitando el alojamiento a empleados locales y temporeros. Sin embargo, estas medidas avanzan lentamente frente a una necesidad que es inmediata.

Derechos laborales y obligaciones de los empleadores

En paralelo, las administraciones han intensificado los llamamientos para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales durante la campaña. La normativa vigente establece que los trabajadores deben contar con contrato de trabajo en regla, estar dados de alta en la Seguridad Social, percibir un salario conforme al convenio agrario y tener unas condiciones adecuadas de prevención de riesgos laborales. 

Además, es un derecho del trabajador disponer de un alojamiento digno, facilitado por el empleador cuando el trabajo implica desplazamiento temporal. En agricultura “somos los únicos que debemos proporcionar vivienda al trabajador”, apunta Asaja, aunque reconocen ser conscientes del volumen de mano de obra que emplean y que “tienen que proporcionarla”.

Desde la Inspección de Trabajo se recuerda que estas obligaciones no son opcionales, y que su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas importantes. En anteriores campañas se han interpuesto denuncias de los casos detectados de personas que, incluso con contrato, no han podido acceder a una vivienda y se ven obligadas a pasar la noche en la calle tras la jornada de trabajo, tal y como han reconocido desde FICA UGT Aragón.

Además, las autoridades alertan de la necesidad de prevenir situaciones de explotación laboral o economía sumergida, que todavía persisten en algunos casos vinculados a la contratación irregular.

Entre la necesidad económica y el reto social

La campaña de la fruta representa cerca del 10% de la economía aragonesa, y resulta esencial para mantener la actividad en zonas rurales, las principales afectadas por el fenómeno silencioso y persistente de la despoblación.

No obstante, este peso económico contrasta con los retos sociales que se le asocian, especialmente en materia de acogida, y que no terminan de encontrar solución. La falta de planificación y recursos sigue provocando situaciones de vulnerabilidad a las que los temporeros se tiene que enfrentar año tras año, como dificultades para acceder a alojamiento o servicios básicos, mientras desempeñan uno de los trabajos más duros y denostados por un alto porcentaje de la población nacional o de clase media.

En este contexto, administraciones públicas, organizaciones agrarias y entidades sociales coinciden en la necesidad de avanzar hacia un modelo más estructurado que garantice tanto la viabilidad del sector como unas condiciones de vida y trabajo dignas para quienes hacen posible que cada campaña la fruta se recoja de los árboles y siga funcionando la cadena de producción en el sector agrario. 

Porque detrás de cada campaña no solo hay cosechas, también conviven en la sombra las historias de movilidad, esfuerzo e incertidumbre de miles de personas.

La campaña de cosecha de miel en Aragón arranca este año bajo el signo de la incertidumbre. Tras varias temporadas marcadas por la irregularidad climática y la caída de la producción, los apicultores afrontan un nuevo ciclo con prudencia, mientras los sindicatos agrarios intensifican sus reclamaciones y el Gobierno autonómico anuncia ayudas para sostener al sector.

En Aragón, la apicultura mantiene un peso relevante en el medio rural, con 104.082 colmenas distribuidas en unas 1.219 explotaciones repartidas por comarcas de Zaragoza, Huesca y Teruel. Sin embargo, la rentabilidad de la actividad lleva años en entredicho. La combinación de sequías prolongadas, episodios de calor extremo y floraciones cada vez más irregulares ha reducido de forma notable la producción de miel en las últimas campañas.

“Dependemos totalmente del tiempo, y cada vez es más imprevisible”, señalan desde el sector, que describe campañas recientes con rendimientos muy desiguales. Si a mediados de la pasada década la producción se mantenía en niveles “aceptables”, los últimos años han estado marcados por cosechas cortas, especialmente en zonas de secano. Las campañas de 2022 y 2023 fueron especialmente negativas, azotadas por una sequía extrema que afectó a la producción de miel en toda España. 

A los factores climáticos se suman problemas estructurales. El aumento de costes —combustible, alimentación suplementaria de las colmenas o tratamientos sanitarios— contrasta con unos precios de la miel que, según denuncian los apicultores, siguen presionados a la baja por la entrada de producto importado.

Ayudas para sostener el sector

En este contexto, el Gobierno de Aragón ha activado esta semana una línea de ayudas dotada con 792.486 euros para modernizar y profesionalizar el sector apícola, con el objetivo de mejorar su competitividad. Estas subvenciones, enmarcadas en la Política Agraria Común, buscan impulsar tanto la producción como la comercialización de la miel.

Las líneas de apoyo incluyen la modernización de explotaciones, la mejora sanitaria de las colmenas, la formación de los apicultores y el impulso a la comercialización. El Ejecutivo autonómico defiende que estas medidas “son clave” para reforzar la competitividad del sector y garantizar su sostenibilidad a medio plazo.

No obstante, desde las organizaciones agrarias se insiste en que la línea de ayudas anunciada por la Consejería, aunque necesarias, resultan “insuficientes” si no se acompañan de cambios más profundos en el mercado.

Retos de fondo: clima, mercado y relevo

La campaña actual vuelve a estar condicionada por varios desafíos que se repiten año tras año. El cambio climático se ha convertido en el principal factor de incertidumbre, alterando los ciclos de floración y reduciendo la disponibilidad de néctar. A corto plazo, cómo se desarrolle la campaña dependerá de la climatología de esta primavera. Si las lluvias y temperaturas acompañan, el sector podría consolidar la recuperación iniciada en 2024 tras los años de sequía. En caso contrario, la campaña volverá a estar marcada por la incertidumbre.

La rentabilidad sigue siendo otro de los grandes problemas que arrastra el sector, agravado por la competencia exterior y el incremento de costes. El modelo tradicional de trashumancia —traslado de colmenas en busca de floraciones— se ha encarecido notablemente en los últimos años, elevando los costes de producción.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA, recuerda que “el precio de la miel en origen se sitúa en torno a 1,75 euros por kilo, muy por debajo de los costes de producción, que rondan los cuatro euros”. 

La apicultura es a día de hoy “el único sector agrario que no cuenta con una interprofesional operativa”, denuncia UPA, que reclama desde hace tiempo la constitución de esta herramienta que las organizaciones agrarias consideran “imprescindible para ordenar el sector, realizar campañas de promoción y hacer frente a la competencia desleal de las importaciones”.

A esta problemática se añade la sanidad de las colmenas, con enfermedades y parásitos que obligan a un control constante y “a una inversión también constante”, apuntan los apicultores. Enfermedades como la varroa y la expansión de especies invasoras, como la avispa asiática, siguen siendo una amenaza real para la viabilidad de las explotaciones, tal y como ya se evidenció en campañas anteriores.

Explotaciones pequeñas y difícil viabilidad

El sector se enfrenta además a un reto demográfico: la falta de relevo generacional en el medio rural pone en riesgo la continuidad de muchas explotaciones apícolas. El envejecimiento de los titulares de explotaciones plantea dudas sobre la continuidad del sector que sigue perdiendo peso en el cómputo global de España: Aragón se sitúa en una posición intermedia, siendo en 3,9% de la media nacional según el 'Informe SITRAN: Evolución de los datos registrados en el sistema, en julio 2025, en explotaciones de alta'. 

El perfil de las explotaciones apícolas en Aragón es principalmente de pequeño tamaño, solo el 2% de explotaciones son explotadas comercialmente de forma exclusiva, suponiendo el 20% de colmenas y el 30% de la producción total en la comunidad. El 68% son de carácter lúdico, y el 30% restante son explotaciones que tienen menos de 50 colmenas y que se mantienen porque se complementan con otras actividades. 

Este perfil dificulta la viabilidad de las explotaciones y del sector en Aragón, especialmente al competir con un mercado internacional que ofrece bajos precios en los lineales de venta, independientemente de la calidad del producto –según la Comisión Europea, el 51% de las mieles analizadas en frontera en España está bajo sospecha de fraude–. 

Más allá de la miel, los pueblos

Más allá de su valor económico, los apicultores recuerdan que su actividad cumple una función esencial en los ecosistemas. La polinización que realizan las abejas es vital para la biodiversidad y para numerosos cultivos agrícolas. Por ello, insisten en que apoyar la apicultura no es solo una cuestión productiva, sino también ambiental. “Sin abejas no hay agricultura” y sin agricultura muchos pueblos dejarían de existir, insisten en alertar desde el sector.

Y es que, a pesar de que la campaña de la miel en Aragón arranca, un año más, cargada de incertidumbre, la apicultura aragonesa encara 2026 con una certeza, que su papel estratégico en el medio rural y en el equilibrio ambiental sigue siendo incuestionable, aunque su viabilidad económica continúe en el aire.

La incidencia del fuego bacteriano (Erwynia Amilovora) en las plantaciones de peral, de las variedades conferencia, blanquilla y ercolini, en las comarcas de Comunidad de Calatayud y Valdejalón está provocando la alarmante desaparición de este cultivo tradicional en la zona, ha alertado este martes la organización agraria UAGA.

En los últimos diez años se han perdido un total de 700 hectáreas de perales en esas dos comarcas, así lo certifican los datos del Gobierno de Aragón de superficie productiva declarada en la PAC.

La superficie destinada a la producción de pera se ha reducido un 42% en diez años, y de este porcentaje casi el 50% de las hectáreas corresponden a las Comarcas de Calatayud y Valdejalón.

Pese al trabajo continuo de los fruticultores de esas dos comarcas para frenar el juego bacteriano, la enfermedad sigue avanzando y puede acabar, no solo con el cultivo del peral, sino también con muchas explotaciones familiares. Ante esta situación, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, UAGA-COAG, solicitará al Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón que contemple indemnizaciones por lucro cesante e, incluso, por cese de actividad en el caso de que una explotación agraria se viera obligada a cerrar por la magnitud de los daños.

La Orden de subvenciones publicada el 29 de agosto de 2025 ha resultado, según UAGA-COAG, “totalmente insuficiente” porque únicamente contemplaba ayudas por arranque y replantación, llegando solo al 50% del gasto total, y dejaba sin cubrir la pérdida de renta que sufren las agricultoras y agricultores que se han visto obligados a arrancar sus perales. Un frutal tarda unos 4 años en empezar a producir y, aproximadamente, unos 7 años en llegar a plena producción, de ahí que haya explotaciones que vean totalmente comprometida su viabilidad por falta de ingresos.

Además, viendo el repunte, en los dos últimos años, de esta enfermedad, la organización agraria pide también a la consejería que delimite con precisión la afección del fuego bacteriano en el territorio de Aragón y que cuantifique su impacto en el sector transformador.

Por último, UAGA-COAG ha destacado “la necesidad de que las fruticultoras y fruticultores afectados reciban el mismo rigor, compromiso y solidaridad institucional que otros sectores productivos, y que se contemple, de forma expresa, el lucro cesante en el caso de las explotaciones en las que la cosecha de pera supone su principal fuente de ingresos o en aquellas zonas donde existen pocas alternativas agrícolas rentables”.

El Gobierno del PP en Aragón ha tratado de enmendar este martes su error y ha corregido la exclusión en las ayudas por la dermatosis nodular contagiosa de la principal raza de vaca que hay en la zona afectada, la parda. Sin embargo, la modificación se queda a medias: aparece en los anexos pero no en el cuerpo de la orden. Esta nueva “chapuza”, como la denominó el sector ganadero la semana pasada, ha vuelto a motivar un alud de críticas al Departamento de Agricultura. La semana pasada se pronunciaron los ganaderos a través de Arapad, tanto por lo que calificaron de “falta de profesionalidad”, como por el “desprecio” percibido por parte de la Consejería, con la directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, a la cabeza.

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado una corrección de errores de la orden de 23 de marzo que estableció los baremos de indemnización por el sacrificio obligatorio de animales frente a la mencionada enfermedad. Los brotes detectados en dos explotaciones pirenaicas han obligado en las últimas semanas a sacrificar 160 reses. La mayor parte eran de raza parda, cuando la mencionada orden solo incluía originalmente la raza limusina, de origen francés, y la pirenaica; ahora, el Departamento se ha limitado a decir en los anexos que sustituye esta última por la parda, que suponía tres cuartas partes de los animales sacrificados. “Es una chapuza detrás de otra”, ha asegurado el director ejecutivo de la Asociación de Criadores de Raza Bovina Parda de Montaña (Araparda), José Manuel Macarulla, que asegura no entender este “despropósito”.

Los datos que recoge el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación son, además, significativos, ya que como raza, en 2025 se registraron 619 animales de raza Limusina frente a los 19.200 ejemplares de raza parda aragonesa en el árbol genealógico.

Además, Maraculla ha puesto en evidencia “el copia y pega” de la orden de Cataluña, que se demuestra al usar terminología propia de la comunidad vecina, pero no de Aragón, como es el tratamiento de “bravas”a las hembras preñadas, “lo que también podían haber corregido ya”, apunta Maraculla.

Los ganaderos también muestran su enfado por la actitud “rastrera” del Departamento a la hora de indemnizar, ya que en vez de hacerlo con animales a partir de seis meses, lo han limitado a animales hasta cinco meses. La diferencia son 200 euros pero es la mayoritaria, ya que en Aragón comienzan a venderse las reses a partir de los 6-8 meses. Por otro lado, animan al Ejecutivo de Aragón a igualar el pago de las ayudas de la PAC, que se van a prolongar durante dos años, en vez de uno que recoge el punto 4 de la orden aragonesa, tiempo insuficiente para poder aumentar la ganadería en los mismos niveles.

Llegados a este punto de desavenencias, los ganaderos cuestionan que el Ejecutivo hable de “gestionar” tres millones de euros en ayudas, cuando la mitad proceden de la Unión Europea y el Ministerio, por lo que consideran las explicaciones del Departamento de Agricultura de “medias verdades”.

Junto a las discrepancias en materia de ayudas, el sector también reprocha el trato recibido y comparan “el tono colaborativo y voluntad de diálogo y entendimiento” en la reunión mantenida el lunes con los responsables de los festejos taurinos. “Ya nos hubiera gustado obtener el mismo tono que con el sector del ganado de lidia”, afea Maraculla.