Entre el acuerdo de gobierno suscrito por el PP y Vox para Aragón en 2023 y el anunciado esta semana hay múltiples diferencias, pero una fundamental: si el primero condensó las tesis populares con exigencias concretas de la extrema derecha, ahora sucede todo contrario: la formación de Santiago Abascal ha conseguido moldear el pacto a su agenda ultra y ha logrado que el presidente Jorge Azcón cruzara varias líneas rojas.

Las más destacadas son el asedio a las personas migrantes, el coto radical a las energías renovables y la intervención en el río Ebro. Todas ellas cuestiones en las que parte de las competencias son estatales, lo que anticipa un buen número de conflictos jurídicos.

Lucha contra la inmigración

Si hace tres años las únicas referencias a la inmigración en aquella coalición que duró once meses era la exigencia de residencia legal para acceder a subvenciones y la supresión de ayudas a organizaciones que colaboraran con mafias, en el nuevo pacto hay un término ya convertido en marca de la casa extremista –la 'prioridad nacional'– y un sinfín de alusiones destinadas a hacer la vida imposible al extranjero en la comunidad.

Hasta el punto de que, a diferencia de Extremadura, en el pacto aragonés se incluye la publicación de estadísticas de delincuencia vinculada a inmigración masiva e ilegal, algo que depende del Ministerio del Interior –con lo que difícilmente será una realidad– pero que ilustra bien el espíritu de criminalización del inmigrante que late en el documento suscrito por PP y Vox.

Entre medias, el acoso a los menores extranjeros no acompañados, el endurecimiento de los procedimientos contra estos chicos, una auditoría en la Cámara de Cuentas para analizar “los gastos vinculados a la inmigración masiva”, la lucha contra los empadronamientos “ficticios”, la prohibición del nicab en espacios públicos o más dotación presupuestaria para policías locales –esta, una competencia municipal–.

Aunque el Gobierno de Azcón ha sido beligerante contra las decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia de inmigración, en especial con el recurso a los tribunales –una judicialización de la política que ahora la toma de decisiones y las cede a los magistrados–, al final terminaba acatando los dictados de Madrid. En este nuevo contexto, las cosas pueden cambiar.

Un último apunte en este apartado, de menor relevancia pero muy significativo. Cuando el pasado mes noviembre Vox reclamó al Ejecutivo de Azcón que eliminara las clases de cultura marroquí en los centros educativos para los alumnos de esta nacionalidad –algo que la extrema derecha ya había logrado en la Comunidad de Murcia–, la consejera de Educación fue taxativa: “La integración la hacemos nosotros en el colegio”, respondió. Ahora, el pacto recién suscrito incluye la supresión “de forma inmediata” del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM).

Energías renovables

Otro aspecto novedoso del acuerdo suscrito esta semana tiene que ver con las energías renovables. En 2023, el único actor político que ponía en solfa la lucha contra la proliferación de renovables era Teruel Existe; Vox se sumó más tarde y por ello la única referencia entonces a la cuestión era la planificación en el territorio.

Ahora, y pese a que el PP había mantenido una posición de perfil en este aspecto porque sabe que el desarrollo de parques eólicos y fotovoltaicos es clave para las inversiones anunciadas en Aragón –algunas tan importantes como la fábrica de baterías o los centros de datos–, el nuevo pacto es tajante al respecto: el Gobierno de Aragón asume “el compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios”, ni más ni menos, para evitar que se instalen renovables “en suelos productivos, en terrenos de uso tradicional” y cuando afecto al patrimonio natural. Una inconcreción terminológica que al final puede suponer el veto de facto a todos los molinos de viento y a los paneles solares, en línea con la imposición ideológica ultra de que el cambio climático es un camelo.

Aquí hay además un factor extra. Cuando hace tres años Vox asumió el Departamento de Agricultura, su inexperiencia –y una menor capacidad de decisión ya que tenía la mitad de los diputados– le llevó a aceptar que el Instituto de Gestión Ambiental, el Inaga, se traspasara a la Consejería de Medio Ambiente, que quedó en manos del popular Manuel Blasco. Pero ahora no sucederá lo mismo, tal y como dejó caer el propio Azcón el miércoles, cuando hizo el anuncio del acuerdo: la extrema derecha tendrá capacidad para tramitar las declaraciones de impacto ambiental. Y eso que la importancia de este órgano ha quedado constatada con las investigaciones judiciales en curso.

Limpieza del río Ebro

Un punto esgrimido una y otra vez por Jorge Azcón para desacreditar a Vox durante la negociación presupuestaria fue que varias de sus reclamaciones eran ilegales. Y entre ellas citó con regularidad la limpieza del Ebro, competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro –un órgano de titularidad estatal– y ante la que una iniciativa unilateral supondría incurrir en un delito ecológico. Pero Azcón también ha tenido que cruzar esta línea roja: “Se impulsará un plan plurianual de limpieza de riberas y de actuación en el cauce del río Ebro”, recoge el nuevo acuerdo. Algo que en todo caso el Ejecutivo autonómico deberá acordar con la CHE.

El presidente aragonés en funciones, Jorge Azcón, ha sorteado todas las cuestiones polémicas del acuerdo de gobierno suscrito con Vox el miércoles y, en su discurso por el Día de Aragón, se ha limitado a sacar pecho por los logros de su Ejecutivo, con menciones a las inversiones privadas o a los servicios públicos, muy en cuestión en la actualidad. Por su parte, la oposición ha cargado contra sus mensajes y también contra el pacto con la extrema derecha. El “sometimiento” del PP a Vox, ha lamentado la portavoz socialista, Pilar Alegría, va a ser “absoluto”.

Sin una sola mención a la inmigración, con un tono en su mayor parte institucional y con palabras de cariño hacia los premiados en este 23 de abril, en especial a las familias de Jorge García Dihinx y Natalia Román, el presidente Azcón ha abandonado este tono solemne en dos momentos: para incidir en la apuesta por la educación pública que según ha dicho está haciendo su gobierno -inmerso en el controvertido bachillerato concertado- y en los ataques al Gobierno de Pedro Sánchez, diana habitual de sus parlamentos.

“La educación pública es una herramienta vertebradora que permite a nuestra sociedad brindar las mismas oportunidades a todos los niños, independientemente de sus circunstancias familiares”, ha optado por expresar, antes de insistir y calificar de “incontestable” el “compromiso del Gobierno de Aragón con la educación pública. También ha aludido a la sanidad, mencionando que ”Aragón cuenta cada año con más personal sanitario tanto en las ciudades como en el medio rural“ y las ”plazas de difícil cobertura“ que ha puesto en marcha.

Tampoco se ha olvidado de una constante en sus discursos: los 90.000 millones de euros de inversión privada que hay comprometida en la actualidad en Aragón. “Hay más gente que viene a vivir a nuestra Comunidad que la que sale a trabajar fuera. Y eso es el reflejo de un presente brillante”, ha incidido Azcón.

Respecto a sus ataques al Ejecutivo central, ha exigido un trato con “la misma lealtad y respeto” que a otras comunidades autónomas. Ha hecho referencia al supuesto “clamor de los aragoneses” por “una financiación que respete” las particularidades autonómicas. “Lo repetiré hasta la saciedad. No queremos ser más que nadie, pero no vamos a tolerar un trato de segunda”, ha dicho, al tiempo que ha pedido “celeridad en la ejecución de las autovías pendientes, o que las obras de regulación hidráulica dejen de sumar retrasos y contratiempos”.

Para la oposición, sin embargo, la posición de Azcón simboliza el “sometimiento absoluto” con Vox que va a suponer el gobierno pactado el miércoles.

La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha insistido en su valoración de que Azcón convocó elecciones para buscar “más estabilidad y autonomía”, y que sin embargo “ambas cosas las ha perdido por el camino”, y ha querido recordar las “caras” del dirigente popular al dar a conocer el acuerdo de gobernabilidad. “Eran un poema, aunque el poema lo vamos a sufrir los aragoneses en esta legislatura que se abre”, ha lamentado. Ha vaticinado que la coalición entre el PP y Vox durará menos que los once meses de la legislatura pasada: “Antes de nacer, ese Gobierno ya está amortizado”, ha dicho ante un acuerdo que “va a traer inestabilidad, recortes y retrasos”.

El texto del pacto, ha incidido también Alegría, supone “un reconocimiento total de la pérdida de autonomía” al haberse hecho “desde la sede de Vox y del PP”.

Desde Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte ha mencionado el “triste récord” de ser “la comunidad autónoma donde mayor peso específico adquiere la ultraderecha en el Gobierno”. “Nos preocupa sobre todo qué va a pasar con las competencias en bienestar social”, ha especificado Guitarte. “Lo que echamos de menos es una apuesta por un modelo de comunidad autónoma que de verdad integre a todas las personas y a todos los territorios”, ha expuesto.

Y la diputada de Izquierda Unida, Marta Abengochea, ha criticado la puesta en funcionamiento de un gobierno que “nace sometido a los dictados de Madrid” y que “nace arrodillado a los violentos, a los negacionistas de la violencia machista y de la ciencia y a aquellos que rezuman racismo y un profundo clasismo”. “Esa prioridad nacional va a ser quitar derechos al no nacional pobre pero seguir poniendo alfombra roja a los fondos buitre, por ejemplo”, ha zanjado.

El discurso de la presidenta de las Cortes

Por su parte, la presidenta de las Cortes de Aragón, la popular María Navarro, ha hecho un discurso muy institucional y alejado de los excesos de su predecesora, Marta Fernández (Vox). Aunque también ha dado espacio a propuestas ideológicas de la inminente coalición de gobierno.

“No habrá progreso si dejamos atrás a parte de nuestro territorio o de nuestra sociedad”, ha expuesto Navarro, para quien celebrar el 23 de abril es “reafirmar una historia compartida, una identidad común y un compromiso firme con los valores”.

En este punto, la presidenta de las Cortes ha recordado que “Aragón fue tierra de fueros y de pactos, donde el poder no se entendía sin acuerdo”, y en este contexto ha reafirmado la “idea de comunidad” basada “en el respeto, en la responsabilidad y en la defensa del bien común”.

Desde su puesto como segunda autoridad autonómica, al frente de “la casa del diálogo” y “del acuerdo”, “donde el interés general debe prevalecer siempre”, ha llamado a “ejercer la política desde la ejemplaridad”. “Porque frente al ruido, Aragón ha sido siempre diálogo. Frente al enfrentamiento, Aragón ha sido acuerdo. Aragón ha sido equilibrio. Y esa es la mejor aportación que podemos hacer a la democracia”, ha abundado Navarro.

En unos tiempos “exigentes”, “de aceleración, de tensiones”, ha continuado la presidenta de la Cámara autonómica, la “respuesta debe ser firme”: “Defender la democracia constitucional, defender sus valores, defender la libertad, la justicia, la igualdad entre españoles y el pluralismo político”.

Tras varias alusiones a la idea de que “amar Aragón es también amar España”, Navarro ha querido lanzar varios agradecimientos. Entre ellos, a las “entidades sociales”, a los trabajadores y empresarios, a los “servidores públicos” y también “al que viene de fuera a integrarse y con su trabajo contribuir a un Aragón mejor”.

La principal polémica en los actos institucionales organizados en las Cortes por el Día de Aragón ha sido el boicot de Chunta Aragonesista, que ha renunciado a acudir entre duras acusaciones al PP y a Vox por el acuerdo de gobierno alcanzado y hecho público el miércoles. Los populares han acusado a su vez a la formación aragonesista de “sectaria”.

Ha sido el recién elegido presidente de CHA y portavoz en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, ha anunciado que su formación no asistirá al acto institucional que se celebra en la Aljafería con motivo del día de la comunidad, el 23 de abril. “No vamos a participar en un paripé antiaragonés en nuestro día grande, después de que PP y Vox hayan anunciado una lista de medidas para destrozar Aragón”, ha señalado el dirigente aragonesista.

Pueyo ha denunciado a su vez que “la institución que tanto respetamos está ocupada por gente que quiere destruirla”. “Los aragoneses y aragonesas que nos han votado nos quieren ver en las calles haciendo frente al Gobierno de la extrema derecha y la derecha extrema, y allí estaremos”, ha finalizado el dirigente.

Antes incluso de que CHA hiciera una comparecencia para explicar su decisión, los aragonesistas han recibido respuesta por parte de la portavoz del grupo parlamentario del PP. Ana Marín ha tildado de “sectaria” la posición de CHA, que “no respeta ni a Aragón ni a los aragoneses”.

Marín ha recordado que es la primera vez que un grupo parlamentario “ha roto el Día de Aragón, que pertenece a todos los aragoneses”. A su juicio, la formación que dirige Jorge Pueyo “ha demostrado irresponsabilidad e infantilidad”. Ha añadido que ausentarse del evento oficial “no era lo correcto para el día institucional que representa el Día de San Jorge y, además, sin motivo aparente alguno”.

La propia presidenta de las Cortes de Aragón, la popular María Navarro, ha hecho una alusión a la espantada de CHA en su discurso institucional. En él, Navarro ha lamentado “profundamente” este hecho. “Lo respeto pero lo lamento”, ha añadido.

El peaje que va a pagar el presidente aragonés, Jorge Azcón, por adelantar elecciones va mucho más allá de la inestabilidad de los últimos cuatro meses, o de la que se pueda encontrar en el futuro. Tal y como constata el acuerdo de Gobierno con Vox, el PP ha transigido con la implantación de la agenda ultra que pregona la formación de extrema derecha y se verá obligado a aceptar una posición muy dura en contra de la inmigración, con el 'no' expreso a la llegada de menores migrantes o la tesis nacionalista del “español primero”. Y también cuestiones propias de la realidad aragonesa como la limpieza del río Ebro. Está por ver, en todo caso, cómo se resuelve la más que probable colisión de estas iniciativas con la legislación estatal.

El documento definitivo, que se dio a conocer a última hora de este martes, va en la línea del suscrito para Extremadura, aunque con las particularidades aragonesas. Y es mucho más duro que el firmado en el verano de 2023, en la primera legislatura de Azcón.

El principal leit motiv del pacto entre los populares y Vox, como ya sucedió en Extremadura –algunas frases se repiten aquí de forma literal– se resume en un concepto que permea en gran parte del documento: la persecución al inmigrante. Así se refleja en la gestión de las ayudas, en la labor de las ONG, en el acceso a la vivienda o en la normativa de extranjería.

Esta es quizás la gran diferencia con el acuerdo entre Azcón y Nolasco en 2023, la mayor contraprestación que ha tenido que aceptar el PP: entonces, las referencias a la inmigración apenas se limitaron a la exigencia de tener residencia legal para acceder a subvenciones y a suprimir ayudas a organizaciones que colaboren con mafias.

Padrón municipal

Ahora, sin embargo, las imposiciones de Vox son múltiples. Una de ellas es “combatir el uso fraudulento del empadronamiento y el acceso indebido a ayudas públicas, vivienda protegida y prestaciones sociales”. Así, los firmantes proponen la reforma del padrón municipal “para combatir el fraude y la ocupación ilegal” y se “exigirá” al Gobierno central la modificación de la normativa correspondiente. Y se creará un “servicio de verificación” del padrón y la residencia efectiva.

En materia de vivienda y de ayudas públicas es donde aparece el término más polémico del acuerdo: la “prioridad nacional”, también de forma casi idéntica a lo que sucede en Extremadura.

En el primer caso, el sistema de acceso a los pisos protegidos exigirá un “arraigo mínimo de diez años para compra y cinco para alquiler, la ”valoración positiva de perfiles en crisis habitacional (jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad)“ y la ”exclusión de condenados por allanamiento o usurpación en los últimos cinco años“.

En el caso de las subvenciones y las prestaciones públicas, se antepondrá también la nacionalidad y un “periodo mínimo reforzado de arraigo”. Estarán excluidos “quienes estén en situación irregular”, cuyo acceso se limitará a “supuestos de urgencia vital”, sin especificar más.

Mientras, como lleva tiempo reclamando, aunque solo lo ha conseguido en la Región de Murcia, Vox impone al PP la supresión del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), que “dejará de impartirse de forma inmediata en los centros de Educación Primaria y Secundaria”, algo que también recoge el pacto extremeño.

Persecuión de los menores migrantes

Los menores migrantes no acompañados aparecen de manera expresa, como estaba previsto, en el acuerdo entre el PP y Vox, en el que se refleja la oposición a la “política de fronteras abiertas”. “No más 'menas'. Rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central”, expresa el pacto. También se recoge el “endurecimiento del régimen interno de los centros de menores”, evitar que estas instalaciones se ubiquen en puntos donde surjan problemas y que se lleven a cabo pruebas de edad a los menores, algo que en Aragón se hace desde la etapa del socialista Javier Lambán y para el que el acuerdo actual fija una partida de 100.000 euros. Asimismo, se incluye expresamente que haya acuerdos de repatriación de inmigrantes ilegales a sus países de origen y la prohibición del uso del burka y el nicab en espacios públicos, cuestiones que no escaparán a la polémica por posible extralimitación competencial.

PP y Vox proponen una auditoría anual “de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva”. Si en Extremadura esta iniciativa se encarga a la propia Junta, en Aragón deberá corresponder a la Cámara de Cuentas.

También en esta línea, y con el objetivo de hacer frente –según su tesis– al “despilfarro”, acuerdan el “fin de las partidas presupuestarias a ONG que promuevan la inmigración” y también la reducción al “mínimo legal” de las partidas de cooperación al desarrollo exterior.

Fiscalidad

En fiscalidad, como afirmaron días atrás líderes de Vox, también la “música” en Aragón es similar a la de Extremadura, aunque con alguna diferencia. Los populares y la extrema derecha proponen una bajada generalizada de impuestos, pero en la comunidad aragonesa se detallan más los tramos, por ejemplo cuatro para el IRPF, y hay mayores deducciones por natalidad (hasta 2.500 euros con tres hijos).

En cuanto a las particularidades aragonesas, el acuerdo recoge un plan plurianual de limpieza y defensa del Ebro frente a inundaciones y para proteger las explotaciones situadas en zonas ribereñas. No se hace referencia al papel de la Confederación Hidrográfica, que es la encargada legalmente de gestionar en su mayor parte estas iniciativas.

Respecto a las energías renovables, las dos partes declaran una defensa del suelo productivo de Aragón y –también como en el acuerdo de Extremadura asumen el “compromiso de emplear todos los medios legales y administrativos necesarios para favorecer la no instalación de macroparques fotovoltaicos y eólicos” en suelos productivos o que causen afecciones al patrimonio natural.

Y en cuanto al sector primario, PP y Vox antepondrán el campo español frente a las “imposiciones de Bruselas” con la creación de “un fondo de compensación destinado a mitigar el impacto” de la normativa y los acuerdos europeos en agricultores y ganaderos.

Plantas de biogás

También en medio ambiente, el acuerdo suscrito este miércoles recoge la protección de ganaderos frente a grandes depredadores (lobo y oso), el control de instalaciones de biogás, la normativa de protección de olivos monumentales, la declaración del embalse de Biscarrués como interés público o las obras del Pacto del Agua (Yesa, Mularroya, Almudévar). No hay alusión al trasvase del Ebro o un concepto similar.

La extrema derecha tampoco se olvida de una idea que ha propuesto en anteriores ocasiones y ha impuesto la reducción a la mitad de las partidas a sindicatos y organizaciones empresariales, y también a “las entidades privadas que no acrediten utilidad pública efectiva”.

En cuanto a las diferencias con el acuerdo de 2023 en Aragón, desaparece lógicamente la derogación de la Ley de Memoria Democrática, casi la única medida legislativa de la pasada coalición PP-Vox. Ahora se pone además menos énfasis en las políticas lingüísticas, uno de los 'logros' de la extrema derecha en la legislatura pasada, aunque sí se incluye ahora de manera expresa la intención de “librar Aragón de la imposición del catalán” y el objetivo de suprimir el Instituto Aragonés del Catalán.

Mientras, y sin precisar cuáles, el actual acuerdo –algo que no aparecía en el de 2023– se propone derogar o reformar “aquellas disposiciones normativas que supongan un menoscabo de la libertad o respondan a planteamientos de carácter ideológico”.

La secretaria general del PSOE, Pilar Alegría, ha criticado con dureza el acuerdo al que han llegado el PP y Vox para investir a Jorge Azcón como presidente. El pacto, ha valorado, se traduce en “inestabilidad e incertidumbre para Aragón”, y ha acusado directamente al dirigente popular: “Convocó elecciones anticipadas para ganar autonomía y estabilidad y ha perdido las dos cosas”.

Tras la reunión de la Ejecutiva regional del partido en Zaragoza, Alegría ha empezado lamentando que hayan pasado “cuatro meses para esto”, en referencia a la convocatoria electoral, que fue formalizada a mediados de diciembre.

Y a continuación se ha referido al acuerdo entre los dos partidos. “Lo que hemos conocido no es un proyecto real para Aragón ni para responder a los problemas reales de los aragoneses”, sino que desde su punto de vista se trata de “un reparto de sillones”. “No he escuchado nada de que se va a hacer para mejorar las listas de espera ni tampoco de como solucionar el problema para acceder a la vivienda o las plazas de las residencias públicas”, ha argumentado Alegría.

“No es un acuerdo de gobierno, es un ejercicio de supervivencia política, un reajuste de intereses”, ha atacado la exministra.

La dirigente socialista ha recordado que Azcón ya perdió la “autonomía en el momento que convocó elecciones a petición de Feijóo” y ha criticado que el actual acuerdo “se ha cerrado desde la sede de Génova”. Ahora, ha valorado, “va a tener que pedir permiso para cualquier cosa porque está atado de pies y manos a Vox”.

Respecto a la relación entre los populares y la extrema derecha, ha constatado que “se miran con recelo” y que “lo único que hay entre ellos es una absoluta y profunda desconfianza”. Esto, ha considerado Alegría, “se va a traducir en inestabilidad e incertidumbre para Aragón”.

El acuerdo entre PP y Vox es por fin una realidad mientras el calendario institucional sigue avanzando, con un plazo para investir al futuro presidente de Aragón que expira el 3 de mayo. La comunidad se acerca al 23 de abril, Día de Aragón, con el panorama más claro tras el anuncio: el mismo lunes puede votarse en las Cortes de Aragón.

El plazo desde la Constitución de las Cortes

Las elecciones autonómicas tuvieron lugar el 8 de febrero y las Cortes de Aragón quedaron constituidas el 3 de marzo, con el nombramiento de María Navarro (PP) como presidenta de la Cámara. Desde ese momento comenzó a contar el plazo de dos meses que establece el Estatuto de Autonomía para lograr una investidura. Si ningún candidato obtiene la confianza parlamentaria antes de esa fecha límite, la Cámara se disolverá y se convocarán nuevas elecciones, que tendrían lugar a finales de junio.

El procedimiento está regulado por el Estatuto de Autonomía de Aragón (artículo 46), el Reglamento de las Cortes (artículos 214 a 217) y el texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón (Decreto Legislativo 1/2022), con la LOREG como marco electoral. Los primeros pasos —ya realizados— son la consitición de las Cortes y la ronda de consultas de los grupos parlamentarios, tras la que se propuso como candidato a Jorge Azcón, aunque no se fijó ninguna fecha para el pleno de investidura. Ahora, es el turno del acuerdo. Una vez que PP y Vox rubriquen un proyecto que garantice el apoyo de la extrema derecha a la candidatura de Azcón, este podrá presentarse ante la Cámara para la votación.

Convocatoria del pleno de investidura

La convocatoria corresponde en exclusiva a la presidenta de las Cortes, por propia iniciativa, según el Reglamento de la Cámara. No requiere autorización de ningún otro órgano y puede formalizarse en cualquier momento.

El único límite operativo es el del artículo 117 del Reglamento: la documentación base del debate debe distribuirse entre los diputados con una antelación mínima de 48 horas antes del inicio de la sesión. En incluso la Mesa de las Cortes puede dispensar este plazo por razones de urgencia mediante acuerdo expreso y por unanimidad.

En la práctica, si hay voluntad de acortar tiempos, el pleno puede celebrarse a las 48 horas de que la presidenta distribuya la documentación, sin ningún otro trámite intermedio obligatorio. Teniendo en cuenta que el jueves es festivo por ser el Día de Aragón, una eventual convocatoria llevaría al lunes la primera fecha de celebración del pleno.

Desarrollo de la sesión

Azcón comparecerá ante el pleno, presentará su programa y se abrirá el debate parlamentario, tras el que tendrá lugar una votación pública que se articula en dos fases. En una primera vuelta se exige mayoría absoluta —35 de los 67 diputados—. Si no se alcanzase, la normativa contempla una segunda votación 24 horas después en la que basta la mayoría simple.

Si el candidato fracasara en ambas —algo que no va a suceder, dado el acuerdo entre el PP y Vox—, el proceso volvería a empezar: nuevas consultas, nueva propuesta y nuevo debate. Aunque la normativa fija un plazo máximo de diez días entre una votación y otra, el final del plazo el 3 de mayo imposibilita en la práctica que sea así.

En caso de que el dirigente popular salga victorioso de la votación, el proceso entraría en su fase final. El nombramiento del jefe del Ejecutivo corresponde al Rey, a propuesta de la Presidencia de las Cortes, mediante real decreto que se publica en el Boletín Oficial del Estado y en el de Aragón. A partir de ahí, el todavía presidente electo dispone de un máximo de diez días para tomar posesión del cargo.

Fumata blanca al acuerdo por el que la extrema derecha volverá a gobernar en Aragón. El PP y Vox han anunciado esta tarde un pacto por el que Jorge Azcón será el primer presidente popular que revalida el cargo en la comunidad, lo que evitará la repetición electoral. A cambio de garantizar su apoyo, la formación ultra entrará en el Ejecutivos con una vicepresidencia, tres consejerías, más una vicepresidencia en las Cortes, e impodrá su agenda extremista con la 'prioridad nacional' que ya consiguió en Extremadura.

Ambos dirigentes han atendido a los medios este viernes y han comunicado que el futuro Gobierno de Aragón contará con nueve consejerías —las mismas que en la pasada legislatura—. Tres de ellas estarán en manos de Vox: Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medioambiente y Turismo; y Ganadería, Agricultura y Alimentación. La formación contará con una Vicepresidencia del Gobierno y otra en las Cortes de Aragón, además del senador autonómico, que también pasará a ser de Vox.

Azcón y Nolasco han trasladado a los medios pinceladas el acuerdo, que consta de 13 puntos. En él, el polémico concepto de la 'prioridad nacional' también aparece reflejado. El todavía presidente en funciones ha defendido hoy el controvertido principio de “prioridad nacional” impuesto por Vox como condición para firmar el pacto de gobierno suscrito este miércoles entre ambos partidos. Mientras la extrema derecha resume ese principio en el lema “españoles, primero” a la hora de acceder a servicios sociales, ayudas y otras prestaciones, lo cual infringe la legalidad vigente, Azcón ha querido distanciarse de dicha lectura: “Yo quiero dejar claro que mi prioridad absoluta son los aragoneses”, ha señalado a las puertas de las Cortes junto al líder regional de Vox, Alejandro Nolasco. Sin embargo, el dirigente popular ha asegurado acto seguido que “la prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad”.

Azcón también ha intentado justificar esa “prioridad nacional” en el hecho de que Sánchez hable según “de España y Catalunya” como si fueran “dos Estados”. “En este contexto se entenderá más lo de prioridad nacional”, ha dicho el jefe del Ejecutivo en funciones. “Ningún acuerdo que se lleve al Consejo de Gobierno irá sin un informe de los servicios jurídicos de la casa”, ha dicho Azcón.

También ha comunicado su intención de sacar adelante “cuatro presupuestos” y que esta candidatura concluya en 2030. Nolasco, preguntado por la salida del gobierno si aparecen desavenencias —como ya sucedió en 2024—, ha dicho que va a “tener fe”: “Vamos a intentar llevar a buen puerto todas estas cuestiones”.

Fin al mayor periodo de interinidad

Ya lo avanzó el dirigente popular el martes, durante el acto por el Día de Aragón en Teruel: estábamos “ante las últimas horas del Gobierno en funciones”. Este mismo miércoles, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha corroborado la inminencia. Y así ha sido. Tras semanas de idas y venidas, con una opacidad máxima en cuanto a las negociaciones en marcha, a las reuniones y en gran parte sobre su contenido, el PP y Vox han anunciado esta tarde el acuerdo. La semana que viene se celebrará el pleno de investidura para la elección de Azcón, que previsiblemente apoyarán los 40 diputados de ambos partidos en unas Cortes con 67 escaños. Según ha explicado Azcón, espera que se pueda convocar la mesa de las Cortes este viernes —puesto que mañana es festivo en la comunidad— y así se pueda celebrar el pleno a principios de la próxima semana.

Se cierra así el mayor periodo de interinidad por el que ha atravesado la Administración autonómica en los últimos 45 años: desde las elecciones del 8 de febrero hasta la sesión de investidura la semana que viene habrán transcurrido más de 80 días. Y a eso hay que sumar que la actividad política ya estaba muy condicionada desde la convocatoria electoral a mediados de diciembre. En total, cuatro meses y pico de inestabilidad en la comunidad autónoma, a la que sigue ahora el periodo de formar gobierno, siempre en caso de que la votación prospere.

La concatenación de citas con las urnas ha supuesto en estas semanas un freno a las negociaciones en Aragón, ya que tanto populares como ultras temían que un acuerdo pudiese penalizarles electoralmente. A eso se ha sumado la intensa desconfianza que había en Vox en la comunidad tras lo que en la formación de extrema derecha considera traiciones pasadas de Jorge Azcón a sus antiguos socios en el Gobierno de Aragón desde el verano de 2023 hasta un año más tarde, cuando se produjo la ruptura.

Los contactos han sido intensos y al máximo nivel entre las cúpulas del PP y Vox, con mayor preponderancia de representantes autonómicos en el primer caso y de nacionales en el segundo. Así se pudo visualizar en la única reunión hecha pública, el pasado 8 de abril en Zaragoza. Un encuentro con el que Azcón aspiraba a sacudirse la impresión de parálisis tanto en el Ejecutivo en funciones como en el proceso negociador.

Según ha podido confirmar este periódico, el programa de gobierno pactado por las dos formaciones incluye el controvertido principio de 'prioridad nacional' que Vox aspira a implantar en todos los gobiernos autonómicos donde el PP necesite sus votos. De esta forma, en cuestiones como el acceso a la vivienda social, en las ayudas o subvenciones o en las prestaciones, los inmigrantes se verían relegados a un segundo plano frente a la población autóctona. Algo que genera serias dudas jurídicas, pero que tanto los populares como la extrema derecha creen legal.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido este miércoles en el Congreso que la devolución de las pinturas murales de Sijena al Monasterio oscense debe cumplirse por mandato judicial, aunque ha lamentado la “judicialización” del proceso. Sus palabras han provocado una dura respuesta del Gobierno de Aragón, que le acusa de alinearse con las posiciones catalanas para “obstaculizar el traslado”.

Durante la sesión de control, Urtasun ha respondod a una pregunta del diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro Vidal sobre las medidas para garantizar la integridad del conjunto pictórico, actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. El ministro ha subrayado que existe una sentencia que obliga a la devolución de las obras al Monasterio de Santa María de Sijena y que “ni yo ni ninguna administración catalana puede ignorar”.

En este sentido, ha recalcado que la resolución judicial deja claro que ningún informe técnico puede frenar su ejecución, al tiempo que ha asegurado que el Ministerio “vela y velará” por la protección de los murales. Además, ha avanzado que el Gobierno apoyará cualquier recurso que impulse el MNAC para proteger este patrimonio, insistiendo en la necesidad de escuchar a los técnicos y conservadores que han custodiado las obras durante décadas.

No obstante, el ministro ha mostrado su desacuerdo con que el conflicto haya terminado en los tribunales, una crítica compartida por Álvaro Vidal, quien advirtió de que el traslado podría suponer un riesgo para un patrimonio del siglo XIII y denunció lo que considera un trasfondo “anticatalanista”.

Frente a estas declaraciones, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha calificado de “alarmante” la intervención de Urtasun y le ha acusado de “tomar parte por la ofensiva institucional catalana e independentista” para dificultar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, en particular la sentencia del Tribunal Supremo.

Olloqui ha insistido en que dichas resoluciones establecen como hechos “juzgados” la propiedad aragonesa de las pinturas, la obligación de su traslado y la viabilidad técnica del mismo. “En contra de lo que el ministro ha declarado, los técnicos fueron escuchados por el Tribunal Supremo”, ha afirmado, cuestionando que Urtasun haya interpretado correctamente la sentencia.

El responsable autonómico ha subrayado además que “nadie puede ponerse por encima del Estado de Derecho” y ha atribuido la judicialización del caso a la negativa de las instituciones catalanas a reconocer la titularidad aragonesa de las obras. “No había otro camino que acudir a los tribunales para defender los derechos culturales de los aragoneses”, ha dicho.

Por último, ha recordado que una resolución judicial fija un plazo de 56 semanas para ejecutar el retorno de las pinturas a Sijena —plazo que ya ha comenzado a contar— y ha avanzado que el proceso se articulará en varias fases. En caso de incumplimiento, ha añadido, los tribunales facultan al Gobierno de Aragón para ejecutar la sentencia.

El retraso en la apertura del Parque de Atracciones de Zaragoza supondría un “incumplimiento muy grave” en las condiciones establecidas en el pliego del Ayuntamiento de Zaragoza con la empresa gestora. Sin embargo, debido a un error en la redacción, el documento no especifica el tiempo exacto de demora al haber dejado el plazo máximo como “más de XX meses”.

La garatía con la que cuenta el Ayuntamiento, en caso de incumplimientos de los pliegos, es de 600.000 euros, un 4% de los 15 millones de euros requeridos como inversión inicial mínima. Según las condiciones del contrato, dicha garantía debe ser incautada por la administración en la mayoría de los supuestos de extinción de la concesión por incumplimiento del contratista. Sin embargo, al no existir una cifra concreta de meses, el Consistorio se queda sin base técnica para ejecutar estas sanciones.

El error se localiza dentro de la Cláusula 25 dedicada al Régimen de Penalidades. Según el texto oficial, las infracciones categorizadas como muy graves conllevan multas que oscilan entre los 7.001 y los 20.000 euros, además de ser una causa directa para la extinción de la concesión. Los mismos pliegos recogen una serie de causas por las que se extinguiría el contrato con la empresa. La octava es la “comisión de cualquiera de los incumplimientos calificados como muy graves”, como sería el retraso en la apertura. Sin embargo, al no estar establecido el número de meses de dicho retraso, esta causa pierde efectividad, ya que el Ayuntamiento no podrá utilizarlo como causa de extinción.

Estos pliegos fueron calificados por el consejero de Presidencia, Ángel Lorén, como “demasiado exigentes”. Explicó que el documento planteaba la renovación de un parque envejecido, la ampliación de su superficie e incluía nuevas atracciones, un parque acuático, espacios inmersivos y un área destinada a eventos. Además, el Plan Económico-Financiero sobre la modernización del parque, que sirvió de base para fijar los mínimos de la licitación, solo es accesible para los licitadores “previa solicitud de acceso al expediente” ante la Oficina de Gestión del Espacio Público.

La alcaldesa de Zaragoza recordó hace unas semanas que, si no se llega a un acuerdo, la nueva concesionaria depositó un aval de 600.000 euros —el más alto exigido hasta ahora por el Ayuntamiento— como garantía de que cumplirá con las condiciones del contrato. Sin embargo, al no estar establecido en los pliegos el número de meses que se retrasase la apertura, esto no sería un motivo para recuperar dicho aval.

La nueva concesión está formada por dos partes: Moncayo Leisure —la empresa adjudicataria, formada en un 80% por la firma argentina Fénix Entertainment— y por Parque de Atracciones de Zaragoza, de la familia Morte y actual gestora , que mantiene un 20%. Aunque existía un acuerdo inicial, la situación económica ha deteriorado la relación entre ambas, dificultando el relevo. Debido a la falta de entendimiento entre las empresas, el Ayuntamiento ratificó el 1 de abril la continuidad del anterior concesionario para intentar evitar la interrupción del servicio. Por el momento, el recinto está abriendo de forma limitada para las comuniones y eventos ya agendados. La adjudicación del nuevo parque de atracciones de Zaragoza salió adelante con una única oferta, sin mejoras sobre los mínimos exigidos y con una valoración técnica de apenas 36,5 puntos sobre 65.

Críticas políticas

Elena Tomás, de Zaragoza en Común, ha puesto el foco en la falta de plazo definido en las claúsulas de incumplimientos de los pliegos del proyecto: “El PP no sabe licitar ni leer sus propios borradores”. No es la primera vez que la edil de ZeC manifiesta sus críticas a la gestión de esta licitación. Ha considerado que los problemas en torno al Parque de Atracciones de Zaragoza son “un claro ejemplo de la pésima gestión del Gobierno de Chueca, con unos pliegos mal realizados, un control deficiente de la concesión y un equipo de gobierno más preocupado por los grandes titulares que por hacer las cosas bien”.

El concejal socialista Horacio Royo ha calificado de “fracaso estrepitoso” la gestión del Gobierno de Natalia Chueca respecto al Parque de Atracciones, asegurando que el proyecto “ya está muerto” y que la alcaldesa se ha convertido en su “enterradora”. Royo critica que, tras realizar una modificación del PGOU y redactar unos pliegos que resultaron ser “humo”, el recinto permanezca cerrado por primera vez en 50 años, dejando a “81 trabajadores con un ERE”. Según el edil, el Ayuntamiento ha evitado obligar a la concesionaria a recepcionar las instalaciones en las fechas previstas, justificando prórrogas sin “base técnica ni jurídica” y perdiendo el cobro del canon y las inversiones prometidas.

La oposición denuncia que el consistorio se ha posicionado a favor de los intereses de una de las empresas en conflicto en lugar de exigir la apertura y la “obligación de subrogar” a la plantilla marcada por ley. Royo sostiene que la Dirección General de Proyectos Estratégicos negoció la entrada de un inversor “sin capacidad económica ni técnica”, lo que ha derivado en un “castillo de naipes” que compromete empleos directos e indirectos. Ante lo que considera una “pésima gestión” basada en una visión irreal de la ciudad, el PSOE ha instado a la asunción de responsabilidades políticas, advirtiendo que, de no haber ceses inmediatos, el consejero Ángel Lorén “tendrá que dimitir”.

Protesta por la situación del Parque

Este domingo, los vecinos del barrio zaragozano de Torrero se han en la plaza de Las Canteras para exigir la dimisión de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; del consejero de Presidencia, Ángel Loren; y del director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño. En el comunicado denunciaron “la mala gestión del parque de atracciones que ha llevado a que en la actualidad este cerrado, peligra el puesto de los trabajadores y sigue sin existir un Plan de Gestión y Revitalización para los Pinares que este año cumple el centenario de su plantación”.

El colectivo vecinal critica la “opacidad del proyecto”: “El equipo de Gobierno rechazó todas las alegaciones presentadas por los colectivos vecinales y ecologistas y se aprobó con los votos de PP VOX la modificación del Plan General por lo que según indican no quedó otra alternativa que ir a los tribunales”.

El acto institucional del Día de Aragón en Teruel, celebrado este martes en la iglesia de San Pedro de la capital, ha estado marcado por el inminente acuerdo entre el Partido Popular y Vox para conformar el próximo Gobierno de Aragón. El presidente autonómico en funciones, Jorge Azcón, ha afirmado que el Ejecutivo se encuentra en sus “últimas horas” en esta situación de interinidad. Por su parte, el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, ha confirmado la continuidad de las conversaciones, señalando que “todo se puede medir en horas”, aunque ha evitado fijar un marco temporal exacto.

Pese a la cercanía del acuerdo, el discurso de Azcón ha incluido una mención que Nolasco ha interpretado como una crítica hacia su formación. El presidente en funciones ha manifestado que, “frente a quienes cuestionan la unidad nacional y el Estado de las autonomías desde Aragón, nos posicionamos como firmes defensores de un proyecto nacional y de un sistema constitucional que ha propiciado un desarrollo incontestable en nuestra tierra”. El líder de Vox ha respondido posteriormente a lo que ha considerado un “dardo”, afirmando que “no nos ha parecido bien que el presidente nos equiparase a los que quieren destruir la convivencia nacional con el separatismo”.

En lo relativo a la negociación, Nolasco ha reiterado que el peso de su partido es mayor en Aragón que en Extremadura, por lo que van a “pedir más” y ha vaticinado que el pacto “será parecido al de Extremadura pero teniendo en cuenta que se ha tenido más porcentaje de voto”. Asimismo, ha precisado que “todavía no se ha hablado de consejerías” y ha recordado que la fecha límite es el próximo 3 de mayo. Sobre la inclusión de medidas polémicas, ha defendido que “no vamos a pactar nada que esté fuera de la ley, todo lo que se ha pedido es legal y se puede hacer”.

“Buenas noticias” para Teruel

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido en Teruel que la provincia “está viviendo un presente brillante y le espera un futuro todavía más ilusionante”, apoyado en sectores estratégicos como el aeroespacial y el tecnológico. Ha destacado el crecimiento del aeropuerto turolense, que prevé superar los “1.000 empleos directos este mismo año”, y la implantación de centros de datos de Amazon Web Services, definida como “la mayor inversión económica que nunca en la historia ha recibido la provincia”. Estas inversiones, junto a la llegada de empresas como Instalaza, sitúan a Teruel, según Azcón, en la “ola tecnológica que va a liderar la transformación económica del mundo”.

En el ámbito de la formación y los servicios, el jefe del Ejecutivo ha calificado de “auténtico hito” la llegada del grado de Medicina el próximo curso y la creación del grado de Ingeniería Aeroespacial para 2027. Además, ha resaltado el impacto del Plan Aragón Más Vivienda, con la aprobación de un proyecto residencial para “1.050 nuevas viviendas en Teruel”. No obstante, ha condicionado el desarrollo futuro a la obtención de una financiación justa que atienda a la despoblación, exigiendo elevar al 20% las ayudas al funcionamiento empresarial frente al actual “escaso 1%”.

Azcón ha mostrado su preocupación por el desarrollo del Nudo Mudéjar, advirtiendo que reducir su capacidad “significa poner en riesgo una oportunidad clave para nuestra economía”. Ha exigido al Gobierno central que actúe con responsabilidad para garantizar la reindustrialización del Bajo Aragón y ha reclamado “lealtad y respeto” para evitar que la comunidad sea relegada a una “posición secundaria”. En este sentido, ha rechazado cualquier reforma del sistema de financiación que sea un “parche nacido de acuerdos políticos con el independentismo” y carezca de transparencia.

Finalmente, el presidente ha reivindicado el compromiso de Teruel con el “proyecto común de España” y la vigencia del Estatuto de Autonomía. Ha defendido la unidad nacional frente a quienes la cuestionan y ha puesto en valor la “identidad propia y el talento indiscutible” de una provincia que, a través de hitos como el reconocimiento internacional de las Bodas de Isabel de Segura, “pone la banda sonora de Aragón” y consolida su proyección exterior.

El magistrado juez de la plaza número 1 de la Sección Civil e Instrucción del Tribunal del Instancia de Teruel, Juan José Cortés, ha acordado nuevas diligencias de prueba, informativas y documentales, dentro de la causa abierta a Forestalia. En especial, pide más detalles sobre la tramitación de los 20 parques eólicos que incluye el Clústerl del Maestrazgo.

Entiende el juez que estas nuevas diligencias, solicitadas al tribunal por y su grupo parlamentario de las Cortes de Aragón, “pueden arrojar luz y aclarar las diferentes relaciones entre las personas físicas y jurídicas implicadas en la presunta organización y las conductas de los mismos para determinar su reprochabilidad penal o no, aclarar el comportamiento seguido desde el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y si hubo ese modus operandi que se le reprocha de favorecimiento hacia el Grupo Forestalia”.

Entre las diligencias acordadas el juez requiere a la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón para que informe al Tribunal de Instancia sobre las fechas de cese y nombramiento de Ana Cristina Fraile como jefa de gabinete de Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón; del jefe del Área Técnica IV de Gestión de la Información de Inaga, Alberto P. F., así como las funciones que desarrollaba. Y requiere al Inaga que informe con detalle sobre los proyectos de energía eólica que conforman el denominado Clúster del Maestrazgo (criterios de asignación de expedientes, servicios de consultoría o contratos licitados, entre otros).

A la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga) le solicita le informe de los encargos de ejecución recibidos del Inaga en relación con los expedientes de proyectos de energía eólica del propio Clúster del Maestrazgo y también las declaraciones de compatibilidad o conflicto de interés con la entidad promotora realizados por los técnicos de Sarga que emitieron informes de consultoría ambiental.

El juez también reclama a esta empresa autonómica “la fecha de contratación y las funciones que ha desempeñado y que desempeña” Lucía Domingo, esposa del exconsejero de Medio Ambiente Alfredo Boné.

“En fase de análisis”

Igualmente, pide a Tecnologías y Servicios Agrarios SA, S.M.E., M.P. (Tragsatec) que informe los encargos de ejecución recibidos del Inaga referidos a proyectos de energía eólica del Clúster del Maestrazgo. Documentación e información, toda ella, relacionada con un total 20 parques eólicos y una decena de empresas promotoras.

Contra este auto se puede interponer, ante el mismo Tribunal de Instancia, Recurso de Reforma en el plazo de tres días.

Mientras, y reiterando lo expresado ya en resoluciones anteriores, el juez aclara que en la actualidad estamos “en fase de análisis de todo lo aprehendido, lo que nos permitirá confirmar/desmentir propiamente todas las sospechas, y más allá de sospechas, indicios racionales de criminalidad”.

También indica que “es evidente que por el volumen e intensidad de las diligencias que ahora se acuerdan, y la necesidad de su ulterior estudio y análisis, nos hace ya representarnos que esta fase de la instrucción va a durar más aún, de lo que en un primer momento pudiéramos haber pensado. De toda la información que se obtenga gracias a las diligencias ahora acordadas, se dará traslado a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma), para que emita el correspondiente informe pericial que contextualice toda ella”.

Rechazado el recurso de Fernando Samper

Por otro lado, el magistrado instructor del caso Forestalia ha desestimado el recurso presentado por el propietario del grupo empresarial Forestalia, Fernando Samper, contra tres autos dictados dentro del procedimiento judicial abierto a Forestalia y determina que la causa continue por sus propios trámites. 

En el recurso de reforma, presentado el pasado 27 de febrero por el abogado de Samper, uno de los alegatos utilizado por el abogado de Samper en su escrito es “que no existen indicios racionales que justifiquen la continuación de la instrucción y reprocha a la instrucción un carácter prospectivo”. Ante ello razona el juez en su respuesta que de todo lo actuado y “ya, desde el primer momento, se manejaron más que sospechas”. Concreta que “no estamos ante hechos puramente especulativos derivados de una especial sensibilidad política” sino que “ya, desde ese primer momento, se hacen referencia, se argumentan, pero no de manera vaga, genérica o especulativa, sino con datos concretos y sobre actuaciones concretas, comportamientos que aconsejan una fiscalización de esas conductas”. 

Niega el instructor en su auto, que “en ningún caso” la investigación ha sido prospectiva, “sino que, al contrario, fue una investigación exhaustiva, que ha pretendido alcanzar y abrazar todos los eventuales comportamientos que se han entendido reprochables y que han ido apareciendo durante la misma”. Rechaza también que, en el procedimiento, “se haya generado indefensión a las partes y que se haya actuado a espaldas de los afectados”. En este sentido añade que “una de sus preocupaciones ha sido, en todo momento, salvaguardar los derechos de los investigados o personas afectadas” rechazando que “la instrucción, en ningún caso, se ha alargado artificial o caprichosamente”.

Contra este auto cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Teruel.

Como si de un once inicial se tratase: la 'prioridad nacional' y diez más. Vox ha dejado claro que, como sucedió en Extremadura, también en Aragón esta polémica iniciativa –que el Gobierno central estudia llevar a los tribunales– deberá situarse en el centro de un eventual acuerdo para que el popular Jorge Azcón pueda ser investido antes del 3 de mayo. Así lo ha indicado este lunes su portavoz autonómico, Alejandro Nolasco, que no ha dado por hecho el pacto pero del que sí ve “posibilidades importantes” de que se concrete.

La extrema derecha ha convertido esta 'prioridad nacional' en el santo y seña de sus negociaciones autonómicas y Aragón no va a ser una excepción. “Es una de las medidas más importantes que contemplamos”, ha dejado claro Nolasco, quien ha desdeñado las dudas sobre su viabilidad, pese a que discrimina a los inmigrantes en cuestiones como el acceso a la vivienda social. “Es legal, es constitucional y se puede hacer”, ha manifestado, y ha considerado “un mantra del bipartidismo” estas críticas. “Parece que todo lo que dice Vox es imposible, que no se puede hacer, pero no se puede hacer hasta que se hace”, ha incidido.

Precisamente, en esas medidas las hay que atañen a aspectos singulares van a pedir que “se luche contra todas las políticas del Pacto Verde” que incluye la exigencia de la “limpieza del cauce de los ríos y el fomento de la construcción de las obras hidráulicas”. Ha reconocido que hay aspectos que son competencia nacional, pero en lo que pueda hacer frente la comunidad autónoma lo van a pedir para apuntar que hay tres bloques “importantes” y que pasan por “la lucha contra la inmigración ilegal, la vivienda, la bajada de impuestos, la limpieza de cauces y todas las iniciativas parlamentarias” que ha presentado Vox estos años.

Nolasco ha asegurado que las dos partes siguen negociando el programa, que “no se ha hablado todavía de cargos concretos”: “Yo no sé si voy a estar en el Gobierno y tampoco qué áreas nos vamos a quedar”. Sí ha considerado que el acuerdo será similar al de Extremadura, aunque la posición de Vox en Aragón es “de más fuerza” porque tienen “más porcentaje de voto”, por lo que la extrema derecha tendrá “mayor peso político”. Además, también habrá aspectos diferentes en función de las “características” de Aragón, donde la presencia por ejemplo de las energías renovables es mayor.

El representante de la extrema derecha en Aragón ha desvinculado la negociación actual con puestos como el de la Presidencia de las Cortes de Aragón y el del senador autonómico –algo que se abordará “si se llega a un acuerdo”– y ni siquiera ha dado por hecho que se vaya a producir: “Hay posibilidades importantes, pero no podemos garantizar al 100% de que vaya a haber un acuerdo”.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha presentado esta mañana un escrito ante la Justicia de Aragón para exigir una actuación urgente por la vulneración de derechos que están sufriendo las personas inmersas en el proceso de regularización por la actitud de la alcaldesa, Natalia Chueca. “Una situación extraordinaria exigía medidas extraordinarias”, ha valorado Ranera, para quien la alcaldesa está actuando “bajo la deriva del PP y de Vox, que nos están llevando al odio, el racismo y la xenofobia”.

En la queja, el PSOE solicita a la Justicia de Aragón que intervenga para que Chueca “restablezca la atención descentralizada, refuerce los medios personales, garantice la información adecuada y evite situaciones indignas como las que se están viviendo en la vía pública”. Ranera pide que se garanticen los derechos de estas personas después de que, el pasado viernes, el Gobierno de Chueca enviara una instrucción interna dirigida al personal municipal de las Juntas de Distrito y otros servicios, en la que, expresamente, “se ordenó derivar a la plaza del Pilar todo lo relacionado con instancias, peticiones o documentación vinculada a la regularización de inmigrantes”. El PSOE denuncia que la restricción del trabajo de las Juntas de Distrito no responde a ninguna lógica administrativa, sino a un criterio discriminatorio.

Ranera ha agradecido la labor de los trabajadores municipales que, en algunos casos, se han declarado insumisos a esta orden y están atendiendo a estas personas para garantizar la prestación del servicio público. “Trabajadores municipales que creen en el servicio público y decidieron desoír esa orden porque sabían que se estaba generando un proceso discriminatorio. Los derechos de los ciudadanos son iguales para todos”, ha subrayado.

De hecho, los funcionarios recuerdan que el servicio solicitado por estas personas puede prestarse en el Registro del edificio del Seminario y en las Juntas de Distrito, sin que tenga sentido centralizarlo únicamente en la Plaza del Pilar.

Asimismo, destacan que en todos los procesos de regularización se han producido incrementos de trabajo e incluso colapsos en algunos servicios municipales. “La diferencia es que los distintos consistorios, de todo signo político, adoptaron medidas para agilizar los procesos”, ha señalado.

“La Justicia de Aragón tiene que poner fin a esta situación discriminatoria, porque estas personas tienen derechos, tienen dignidad y llevan tiempo viviendo en nuestra ciudad. No podemos dejarnos arrastrar por la deriva de la ultraderecha en este Ayuntamiento”, ha añadido Ranera.

La guerra abierta entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza (PP) y el Gobierno de España, representado por el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, deja a cientos de inmigrantes haciendo las colas al sol alrededor de las oficinas centrales en la Plaza del Pilar.

La situación apenas ha variado desde finales de la semana pasada, cuando comenzaron los preparativos del proceso de regularización que ha arrancado este lunes. Según denuncian trabajadores municipales, tampoco se han adoptado medidas para mejorar la atención. Al contrario, alrededor de un centenar de empleados de juntas de distrito y de los 15 centros sociales han recibido instrucciones de derivar a los migrantes exclusivamente a dos ventanillas del registro central.

La consejera de Servicios Sociales, Marian Orós, justifica esta decisión: “No vamos a paralizar los servicios sociales ni los registros” mientras no exista una instrucción clara del Gobierno central para elaborar los informes de vulnerabilidad. También reclama que se atienda la petición municipal de coordinarse mediante una reunión, como ocurre en otros ámbitos a través de la Mesa de Seguridad.

Sin embargo, trabajadores municipales cuestionan esta estrategia. Recuerdan que en anteriores procesos de regularización se produjeron aumentos significativos de carga de trabajo, e incluso colapsos, pero también que los distintos ayuntamientos —independientemente de su signo político— implantaron iniciativas para agilizar los trámites. Esta vez es distinto: “En este caso las medidas adoptadas hasta ahora por este Gobierno Municipal no contribuyen a aligerar el colapso, sino a incrementarlo”, indica textualmente una empleada del Registro General.

Una mala comunicación

Esta funcionaria explica que los inmigrantes en situación irregular necesitan, en la mayoría de los casos, un certificado histórico de empadronamiento y un informe de vulnerabilidad. Ambos documentos deben solicitarse mediante registro administrativo. Según la Ley de Procedimiento Administrativo, estas solicitudes pueden presentarse en cualquier registro de la Administración, ya sea electrónico o presencial, y se distribuyen posteriormente a través del Sistema Interconectado de Registros.

No obstante, esta posibilidad no se está comunicando adecuadamente. Tampoco se está derivando a los solicitantes a otros puntos que podrían aliviar la carga, como el Registro del Seminario —donde apenas llegan solicitudes— o las juntas municipales y vecinales, que también funcionan como registros auxiliares. En estos últimos casos, además, se ha ordenado expresamente no tramitar solicitudes relacionadas con la regularización y redirigir a los ciudadanos a la Plaza del Pilar.

A esta limitación se suma que, de las cuatro ventanillas disponibles en el registro central, solo dos están habilitadas para este procedimiento.

Ante este escenario, UGT solicitará un plan de empleo y la aplicación de una acumulación de tareas, como en ocasiones anteriores, para evitar la sobrecarga de las plantillas. Según Antonio Rodríguez, responsable sindical en el Ayuntamiento, esta medida podría resolver la situación en un plazo de diez días.

Giros de guion

Al grito de '¡basta ya!', la alcaldesa Natalia Chueca y la consejera Orós han criticado la falta de coordinación con el Gobierno central. Recuerdan que el pasado 28 de febrero solicitaron información mediante una carta al delegado del Gobierno en Aragón, cuya respuesta —según Orós— fue “que no era competencia de este Ayuntamiento y por tanto, no le incumbía”.

Posteriormente, se publicó el Real Decreto junto a un anexo para la elaboración de informes de vulnerabilidad que, según la consejera, carece de criterios objetivos, “pretendiendo que hagamos informes de vulnerabilidad como churros”. A ello se sumó un nuevo cambio el pasado viernes, cuando el secretario de Estado comunicó a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que ya no era obligatorio utilizar el modelo oficial.

“Antes de desinformar y generar caos hay que sentarse a hablar y darnos las pautas a seguir. No podemos bloquear la gestión municipal de los servicios sociales ni los registros”. En palabras de Natalia Chueca, “se atiende en dos filas, una para lo que tiene que ver con el decreto de regularización extraordinaria y otra para el resto de ciudadanos que no se vean penalizados por el caos del gobierno de España. Vienen a pedir información y no queremos que el resto de ciudadanos que vienen a hacer un trámite están esperando cinco horas colapsados”.

Respecto a un posible refuerzo de los servicios municipales, Orós señala que “si hay que reforzar, se hará, pero nos digan cómo se va a financiar porque no podemos ser cooperadores necesarios de un desastre”.

Desde el Ayuntamiento también critican que el Gobierno central haya contratado a 250 trabajadores a través de Tragsa, mientras en el consistorio se trabaja para reducir los tiempos de espera para citas a un máximo de 15 días.

Frente a las propuestas de los funcionarios para ampliar la atención a otras oficinas y reforzar plantillas mediante acumulación de tareas, la consejera insiste en que, por ahora, “solo están recogiendo peticiones de cita en el registro y a partir de ahí, ya veremos cómo se hace”.

Por su parte, Zec ha calificado de “cruel” estas decisiones y ha pedido por carta que se adopten medidas inmediatas “para garantizar que ningún vecino tenga que soportar largas esperas a la intemperie permitiendo acceso al hall hasta el aforo permitido, garantizando que las filas de espera se hagan a la sombra o habilitando un algún medio de cita previa para evitar la espera en filas”.

Vox recurre al Supremo

En este contexto, Vox ha anunciado la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo para suspender de forma inmediata la aplicación del Real Decreto de regularización.

El líder de la formación en Aragón, Alejandro Nolasco, sostiene que las consecuencias serán “el colapso de la sanidad, la bajada de los salarios que, según un estudio del BBV van a bajar un 0,6%, y el acceso a una vivienda, además de la inseguridad que esto genera en las calles y en nuestros barrios”.

Nolasco considera que la medida “es una malísima noticia y es un agravio comparativo para todos aquellos inmigrantes que han venido de una manera legal y con toda la documentación que se les ha pedido, que no es poca”. Además, la califica como un asunto de seguridad nacional porque “no sabemos quiénes son muchas de las personas que están entrando y los datos que ofrecen no hay manera de comprobarlos; no sabemos sus antecedentes penales, y a veces, ni la fecha exacta de nacimiento ni cuántos años tienen”.

Solventado el primer escollo, Extremadura, en el que Vox arrancó al PP un programa marcado por la “prioridad nacional”, ambas formaciones aspiran a cerrar ahora de manera inminente un pacto en Aragón, donde la extrema derecha reclamará aún más concesiones a los populares en línea con la mayor representación que obtuvo aquí el 8-F. La previsión, si no surgen contratiempos —lo cual tampoco es descartable—, es que el acuerdo se visualice justo antes del jueves, Día de Aragón, o el viernes como tarde.

El calendario aprieta y para evitar sorpresas de última hora las dos partes saben que deben materializar el anuncio esta próxima semana para fijar en la siguiente el pleno de investidura. Si el 3 de mayo no hubiera nuevo presidente, los aragoneses volverían a las urnas. Un escenario que ni los populares ni la extrema derecha contemplan, porque de hecho las conversaciones están ya muy avanzadas.

La 'estrella' del acuerdo para Vox será de nuevo la “prioridad nacional”, que la formación ultra aspira a extender allí donde el PP necesite de sus votos y que el propio Pedro Sánchez ha amenazado con llevar a los tribunales. Si algo ha tensionado en el pasado la relación entre los populares y la extrema derecha en Aragón ha sido la acusación del presidente en funciones, Jorge Azcón, de que algunas de las medidas que proponía Vox —como la limpieza del cauce de los ríos— son ilegales, por lo que la coletilla impuesta en el acuerdo extremeño, que sea “adecuado a la legalidad vigente”, salvará el escollo y satisfará al PP pese a las dudas éticas y normativas que genera.

Si el acuerdo de 2023 entre los dos partidos que desembocó en la investidura de Azcón no dio demasiadas concesiones a la extrema derecha, con el foco puesto en la fiscalidad, la okupación o la memoria democrática, ahora el centro de las negociaciones se traslada a las cuestiones migratorias, al igual que ha sucedido en Extremadura y sobre las que pivotará incluso un ámbito de la importancia de la vivienda.

Y aunque el guion mantendrá los parámetros del pacto extremeño —la “música” va a ser similar, apuntó el viernes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga—, sí que habrá hueco para particularidades aragonesas, principalmente ligadas a la gestión de las renovables, sobre las que Vox ha puesto mucho énfasis. Pese a esto, a priori parece difícil que Azcón acabe cediendo el control de un órgano tan importante como el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), ya que puede llegar a paralizar desarrollos industriales como los centros de datos o las plantas de biogás, entre muchos otros.

Reparto de cargos

Por otro lado, aunque las dos partes rehúyan de manera continua el debate sobre el reparto de cargos, este punto es lógicamente clave para el acuerdo. Y aquí es donde Vox exige un espacio aún mayor que en la comunidad extremeña, ya que en Aragón la extrema derecha se quedó mucho más cerca del PP. A la previsible vicepresidencia de Mar Vaquero se sumará una segunda que quedará en manos Vox, pero en vez de dos consejerías serían al menos tres las que asumirá la formación ultra. Si en Extremadura las competencias recaídas en Vox son Servicios Sociales —inmigración— y Agricultura —Pacto Verde—, en Aragón sumará como mínimo otro departamento más que las partes evitan revelar. Descartadas las carteras de Economía o Hacienda, que ya tienen nombres propios, las probabilidades se centran en vivienda u ordenación del territorio.

Mientras, hay otras dos plazas que pueden servir como moneda de cambio para compensar dentro del reparto de cargos que según Vox eluden: por un lado, el senador autonómico, puesto que en la actualidad ocupa el popular Eloy Suárez, presidente de la comisión de investigación del caso Koldo; por el otro, la Presidencia de las Cortes, para el que fue elegida María Navarro el pasado 3 de marzo aunque con un remarcable carácter interino ante las conversaciones entre el PP y Vox. Como premio menor, la formación ultra podría conformarse con una vicepresidencia de la Mesa de la Cámara.

La Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda ha anunciado al Decanato de Registradores de Aragón que no va a renovar el convenio que permite el funcionamiento de las 25 oficinas liquidadoras en distintos puntos de la Comunidad Autónoma, lo que justifica con una “reestructuración organizativa y operativa”. Así, dejarán de prestar este servicio el 30 de junio.

La medida afecta a buena parte de las comarcas aragonesas, especialmente a zonas despobladas de la comunidad autónoma. Los municipios que se verán afectados por el cierre de las oficinas liquidadoras en la provincia de Zaragoza se encuentran Ateca, Belchite, Borja, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, La Almunia, Pina de Ebro y Tarazona. En la provincia de Huesca están Barbastro, Benabarre, Boltaña, Fraga, Jaca, Sabiñánigo, Sariñena y Tamarite de Litera. Por su parte, en la provincia de Teruel se localizan Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Calamocha, Castellote, Híjar y Mora de Rubielos.

Esta decisión contrasta con otras comunidades donde, lejos de desaparecer, el modelo de oficinas liquidadoras se mantiene e incluso se ha reforzado en comunidades como Madrid y Andalucía.

El PSOE de Aragón ha manifestado su firme rechazo al cierre de las oficinas de estos órganos en distintos municipios de Aragón, una decisión que, a juicio de los socialistas, supone un grave retroceso en la prestación de servicios públicos esenciales en el medio rural.

La alcaldesa de Ejea de los Caballeros y vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha expresado su “profundo malestar” ante una medida impulsada por el Gobierno de Aragón que, según ha señalado, “priva a miles de ciudadanos y ciudadanas de un servicio fundamental, especialmente en aquellos municipios donde la cercanía de la Administración resulta clave para garantizar la igualdad de oportunidades”.

El cierre de la oficina liquidadora de Ejea no supone únicamente la desaparición de un servicio administrativo, sino la desarticulación de un punto clave para la gestión tributaria en el medio rural. Según la alcaldesa, esta oficina da cobertura a 40 municipios y tramita anualmente liquidaciones por valor de unos 11 millones de euros, vinculadas en su mayoría a compraventas, herencias y otros actos jurídicos habituales. Su supresión obligará, a partir de julio, a los contribuyentes a desplazarse hasta Zaragoza capital o a recurrir a gestorías privadas para realizar trámites que hasta ahora podían resolver de forma directa. En la práctica, la medida implica trasladar al ciudadano —especialmente en zonas con población envejecida y menor acceso a servicios digitales— costes adicionales de tiempo y dinero, además de dificultar el normal desarrollo de operaciones económicas cotidianas.

“Un instrumento eficaz y cercano” que desaparece

Por ello, Ladrero ha exigido una reflexión y una rectificación porque “no se puede hablar de lucha contra la despoblación mientras se eliminan servicios públicos en el territorio”, y ha subrayado que las oficinas de registro liquidadoras “han demostrado ser un instrumento eficaz, cercano y accesible, especialmente para las personas mayores o con dificultades para relacionarse con la administración digital”.

En este sentido, ha defendido el papel de estas oficinas no solo como puntos de gestión tributaria, sino también como herramientas para reforzar la cohesión territorial, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y generar empleo cualificado en el medio rural. Además, son oficinas con personal cualificado que pueden ver en peligro sus 47 puestos de trabajo en todo Aragón si todo se centraliza en la capital.

Asimismo, Ladrero ha incidido en que “los impuestos forman parte del contrato social que sostiene nuestro Estado del bienestar, y su gestión debe ser justa, eficiente y cercana a la ciudadanía”. Por ello, ha advertido de que su eliminación “debilita la confianza en las instituciones y agrava las desigualdades entre el medio urbano y el rural”.

Ladrero tambén ha cuestionado por qué se cierra un modelo que funciona bien en Aragón y que también se mantiene en Andalucía, Madrid o Valencia, comunidades del mismo signo político de Azcón.

Los socialistas zaragozanos presentarán una moción en la Diputación Provincial de Zaragoza para defender el mantenimiento de las oficinas de registro liquidadoras en la provincia. La iniciativa propone que la institución provincial manifieste su apoyo al actual modelo descentralizado de gestión de los tributos cedidos y que inste al Gobierno de Aragón a mantener abiertas y plenamente operativas las oficinas existentes en municipios como Ateca, Belchite, Borja, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, La Almunia, Pina de Ebro y Tarazona.

Asimismo, la moción reclama que cualquier modificación del modelo se realice desde el diálogo institucional, contando con la participación de las entidades locales y evaluando el impacto social, económico y territorial de las decisiones adoptadas.

“Hechos consumados”

En la provincia de Huesca, la alcaldesa de Fonz, María Clusa, critica la “política de hechos consumados” del Gobierno de Aragón, “un golpe en la línea de flotación de los servicios públicos en el territorio y cree que se abre más la puerta a que la gente se vaya de los pueblos. ”Que nos pongan un autobús y un cortacésped para cortar la hierba de la carretera“, dice con enfado tras conocer, de mano del registrador de zona, el inminente cierre de la oficina de Barbastro, distrito hipotecario al que pertenece Fonz, junto con otros 27 municipios más.

Clusa pone el acento en la profesionalidad de los trabajadores de las oficinas que, en su caso, llevan casi 20 años trabajando, prestando un gran servicio para que el realizan cursos para actualizarse. Expone que hay pactos sucesorios y casos “que requieren más formación y experiencia que tener un certificado digital”. La alcaldesa subraya que en el medio rural vive sobre todo gente mayor a los que hay que atender y no derivarles a un buzón electrónico, obligarles a bajar a la capital a realizar estas gestiones o contratar un gestor con su dinero, “una privatización encubierta del servicio”.

En cualquier caso, Clusa recuerda que los impuestos caducan a los cuatro años y deben recaudarse las liquidaciones, de modo que si el Ejecutivo quiere llevar a cabo esta medida, cree que debería hacerla de un modo ordenado porque han avisado con seis meses.

En Teruel, la diputada socialista en las Cortes de Aragón, María Ariño, ha lamentado que esta decisión “vuelve a dar la espalda al medio rural”, de forma que “eliminan un servicio de cercanía y proximidad, obligando a los vecinos a desplazarse a las capitales provinciales y afectando tanto al empleo local como a la cohesión territorial”. El PSOE va a “exigir” la renovación del convenio para que las oficinas liquidadoras sigan abiertas en los pueblos a través de una propuesta en las Cortes de Aragón y en las entidades locales.

“Tenemos a Azcón y el PP hablando mucho sobre la despoblación, pero hecho reales ninguno. Al contrario, los que hacen es políticas contrarias a lo que necesitamos en el medio rural”, ha concluido la diputada socialista en relación a esta nueva centralización que, de acuerdo con los propios registradores de la propiedad, no solo aleja el servicio del medio rural “sino que no atiende a criterios ni de proporcionalidad ni de calidad”.

De hecho, los socialistas han destacado la satisfacción local por el trabajo que realizan los registradores de propiedad o los informes muy positivos del Ministerio de Hacienda sobre el servicio. El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, ha lamentado que el Gobierno de Jorge Azcón “haga un cambio de modelo tributario” y no haya informado a los municipios afectados.

“La información nos ha llegado a través del Colegio de Registradores”, ha destacado Rando rechazando este cambio “totalmente centralizador del PP que elimina servicios del medio rural” y que, ha dicho, afecta especialmente a las personas mayores que sufren la brecha digital y no pueden hacer los trámites a través de Internet. Así, ha anunciado que el Ayuntamiento de Calamocha enviará un escrito reclamando al Gobierno de Aragón que no cierre estas oficinas.

Calamocha es uno de los municipios turolenses que se verían afectados por el cierre de las oficinas liquidadoras, que también existen en Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Ateca, Barbastro, Belchite, Benabarre, Boltaña, Borja, Calatayud, Caspe, Castellote, Daroca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Híjar, Jaca, La Almunia, Mora de Rubielos, Pina de Ebro, Sabiñánigo, Sariñena, Tamarite de Litera y Tarazona.

“Ahorro para los contribuyentes”

Fuentes del Gobierno de Aragón han replicado que el proceso ya estaba previsto por el anterior Ejecutivo , incluso por los gobiernos anteriores, y que la decisión implicaba que el Gobierno de Aragón asumiera el trabajo que hacen las oficinas.

 Según las mismas fuentes, para amortiguar la decisión se acordó con los registradores dar un plazo de dos años que acababa en diciembre de 2025. Llegada esa fecha, “y como siempre se ha mantenido un canal de comunicación abierto con ellos, se acordó conceder una prórroga por lo que el plazo se amplió al próximo 30 de junio”, momento el que el Gobierno de Aragón asumirá el trabajo, “con un significativo ahorro para el contribuyente”.

Añaden que “esto no significa que los ciudadanos no vayan a estar atendidos. Va a seguir habiendo espacios físicos a los que se pueda acudir, a pesar de que un alto porcentaje de las liquidaciones que se realizan hoy en día se hacen de manera telemática”. Concluyen que “el servicio presencial no solo va a seguir existiendo, con idéntico horario, en distintas oficinas de las comarcas aragonesas atendidas por funcionarios públicos, sino que va a suponer un importante ahorro para los aragoneses”.

Sin embargo, cargos del anterior Ejecutivo han negado con rotundidad que estuviera en la agenda suprimir las oficinas liquidadoras y creen que será muy difícil asumir el servicio desde la dirección general de Tributos con su actual plantilla. Además, descartan que el servicio pueda prestarse desde las oficinas de las comarcas, donde el personal no tiene esas competencias ni tampoco formación. Igualmemente, descartan el argumento de que la mayoría de los trámites se realicen telemáticamente, ya que la mayoría de la población del medio rural es de edad avanzada y el papel de estas oficinas se fumdamenta en la atención personalizada.

Por otro lado, según ha podido saber este diario, los registradores de la propiedad llevan esperando dos años y medio una reunión con el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, e incluso han sufrido más de un plantón.

Un modelo con peso en la gestión tributaria

Según un estudio del Decanato de Registradores de Aragón, las oficinas liquidadoras tramitan más de la mitad de los expedientes de los principales tributos cedidos: en torno al 55% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y cerca del 58,5% en Transmisiones Patrimoniales. En términos de recaudación, gestionan aproximadamente un tercio del total asociado a estos impuestos.

El volumen de actividad es elevado y cada año se resuelven más de 14.000 expedientes de sucesiones y más de 40.000 de transmisiones patrimoniales, con niveles reducidos de acumulación de expedientes pendientes.

Uno de los elementos más destacados del informe es la eficiencia en los plazos. Los tiempos medios de tramitación en estas oficinas se sitúan en torno a dos meses, frente a demoras que pueden superar los 20 e incluso los 40 meses en otros ámbitos de la administración tributaria. Esta diferencia apunta a una capacidad de gestión ágil en procedimientos complejos.

El estudio también subraya su papel en el control fiscal. La actividad de comprobación desarrollada por estas oficinas permitió generar liquidaciones complementarias por valor de 6,8 millones de euros, además de detectar un mayor porcentaje de incidencias que la gestión directa de la administración, lo que refuerza su función como mecanismo de lucha contra el fraude o las infravaloraciones.

En el plano de la atención al contribuyente, durante 2023 se realizaron más de 6.000 asistencias presenciales, lo que se tradujo en un ahorro estimado superior a 1,2 millones de euros en costes de gestoría, sin contar los desplazamientos evitados.

Este modelo tiene además una fuerte implantación territorial donde las oficinas liquidadoras representan casi el 89% de los puntos de atención tributaria en Aragón, lo que permite acercar la administración a zonas con dispersión poblacional y dificultades de acceso.

A pesar de la instrucción municipal de derivar los trámites de empadronamientos a la sede de la plaza del Pilar –lo que ha provocado este viernes el colapso de la casa consistorial–, funcionarios de las juntas de distrito se han 'rebelado' contra esta decisión y han optado por continuar con esta atención a los migrantes que aspiran a la regularización. “Es un trámite sencillo”, explica una de las trabajadoras públicas que han decidido seguir con su día a día.

Esta funcionaria, que quiere mantener tanto su anonimato como el del centro desde el que opera, explica a este diario que han tomado la decisión a primera hora de la mañana, en cuanto han recibido la instrucción: “Nos hemos reunido y hemos decidido que seguiríamos como siempre”, apunta. Asegura que sacar el volante de empadronamiento es una labor que llevan a cabo “a diario”, ya sea “para hacer un examen de la escuela de idiomas o para sacarse un bono de transporte público”. “Cuando va bien el sistema”, matiza, el proceso es “muy rápido”.

La empleada municipal asegura desconocer por qué ha tomado esta decisión el Ayuntamiento, pero tiene claro que continuarán atendiendo a los migrantes: “Lo hacemos por las personas que vienen, por supuesto, pero también por nuestras propias compañeras en la casa consistorial: si puedo hacer algo y evitar aumentarles la carga de trabajo, no voy a enviar a una persona hasta ahí. No voy a quitarme el trabajo si puedo hacerlo”, sostiene.

Ese volante de empadronamiento es necesario porque así los migrantes pueden demostrar el tiempo que llevan asentados aquí. El requisito impuesto por el Gobierno central es que hayan residido en España más de cinco meses.

La funcionaria reconoce a su vez que han notado “más trabajo” en días pasados, especialmente el primer día, cuando “la carga fue muy fuerte”, aunque este viernes ya había bajado. “El problema es que nos pedían algo que no podemos hacer aquí, el informe de vulnerabilidad. La gente vino sin estar informada y eso sí que generó colapso”, cuenta. En este caso, el equipo de gobierno ha optado por derivar el trámite a la Casa de las Culturas en vez de en los centros municipales de Servicios Sociales, como habitualmente.

La portavoz del PP en las negociaciones con Vox para lograr un pacto de gobernabilidad en Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado que el acuerdo entre las formaciones en Extremadura “refuerza” las negociaciones en la comunidad autónoma, confiando en que se concrete “en los próximos días”. Además, ha asegurado que en las distintas reuniones se ha hablado de “proyecto” y no de reparto de cargos ni consejerías.

Pocas horas después de que PP y Vox hayan anunciado un acuerdo para investir a la popular María Guardiola como presidenta de Extremadura, Mar Vaquero ha felicitado a los extremeños porque “van a tener la posibilidad de volver a tener a María Guardiola como presidenta, continuar con un proyecto que piensa en lo mejor para todos ellos y poder garantizar esa estabilidad, también un presupuesto para los próximos cuatro años que da certidumbre y confianza para cumplir objetivos”.

En este sentido, Vaquero ha aseverado, en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto del Día de Aragón en Huesca, que las negociaciones en Extremadura “refuerzan la posibilidad de llegar a un acuerdo en Aragón”, un territorio, ha incidido, “que tiene sus propias singularidades”.

La voluntad del Gobierno de Aragón, ha continuado Mar Vaquero, es “seguir avanzando en los acuerdos” para conseguir un Ejecutivo “sólido, estable, con capacidad de decisión y gestión, para seguir atrayendo inversiones, mejorando los servicios públicos, nuestras infraestructuras, pensando en las familias y en los aragoneses y en nuestro medio rural”.

“Proyecto” frente a reparto de cargos

Vaquero, quien ha destacado la “voluntad” de PP y Vox de llegar a un acuerdo movidas por “la responsabilidad”, ha indicado que en las reuniones, tanto en la presencial como telemáticas, se ha hablado “de proyecto para Aragón los próximos cuatro años” y se han puesto en común “cuestiones conceptuales” sobre fiscalidad, inmigración, seguridad y vivienda para adelantar también “en el resto de materias”. “Vamos a esperar que en los próximos días podamos concretar ese acuerdo”, ha confiado la portavoz del PP en las negociaciones con Vox para lograr un pacto de gobernabilidad en Aragón, quien no se ha querido pronunciar sobre la posibilidad de anunciar un acuerdo antes del 23 de abril, Día de Aragón, tras lo que ha insistido en que el límite es el 3 de mayo.

“Lo más importante es dejar bien claros todos y cada uno de los puntos que van a marcar el proyecto de gobierno de los próximos cuatro años y a partir de ahí, pensar en el cumplimiento de todos y cada uno de esos objetivos”, ha expresado Mar Vaquero, al tiempo que ha recordado la “rotunda mayoría” que suman PP y Vox en el Parlamento autonómico, con 40 diputados, y que se traduce en la obligación de articular un acuerdo de “prosperidad y bienestar” para los aragoneses.

Según ha explicado la también vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, el propósito de estas negociaciones ha pasado por “ser capaces de dejar de lado aquello que separa” a PP y VOX y “poner en común lo que nos une y tiene que ver con la voluntad de los aragoneses”, un planteamiento opuesto al de “gobiernos como el de España que solo piensan en los intereses personales y dañan la sociedad”.

Más peso de Vox en Aragón

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha agradecido este viernes a la presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola (PP), el acuerdo de gobierno alcanzado, que “por primera vez en la historia política de España pone la prioridad nacional como requisito imprescindible en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda”. Para él, el acuerdo en Extremadura demuestra que su formación no bloqueaba ni “dilataba” las negociaciones con el PP, sino que estaba trabajando medida a medida para un pacto como el alcanzado con Guardiola.

Preguntado por las negociaciones en Aragón y Castilla y Léon, ha respondido que “queda mucho camino por recorrer para llegar al acuerdo con el PP en Aragón”, aunque valora la disponibilidad y el ofrecimiento que ve en el popular Jorge Azcón. “La música que ustedes escuchan en el acuerdo de gobierno de coalición en Extremadura va a ser la música que va a acompañar en el acuerdo de Aragón y Castilla y León”, ha dicho.

Ha reiterado que Vox obtuvo mejores resultados electorales en Aragón que en Extremadura, y por eso el partido “va a poner sobre la mesa la asunción de responsabilidades, de planteamientos, la proporcionalidad en la exigencia” de medidas a incorporar en el acuerdo. “Estamos trabajando, y lo que tenemos entre manos son cambios profundos, son cambios que durante mucho tiempo el bipartidismo de PP y PSOE decía que no se podían cambiar”, ha concluido.

Respecto a las declaraciones del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en las que ha manifestado que Vox aspira a más y así lo hará valer en Aragón donde tuvieron más apoyo electoral que en Extremadura, Mar Vaquero ha aclarado: “La clave de este acuerdo va a ser claramente aragonesa, es lo más importante”.

Ha reconocido que son “dos regiones distintas, con un diferente momento, con nuestras singularidades y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es avanzar. Cada día se trata de profundizar en todos y cada uno de los puntos. Ha destacado que los equipos de trabajo implicados en Aragón ”conocen la realidad de nuestra comunidad autónoma, las prioridades“ y, además, ”tenemos ya una experiencia, hemos estado juntos en gobierno y sabemos qué es lo más importante“.

Durante estas semanas se ha priorizado en “el fondo” del acuerdo, es decir, “en el modelo económico que queremos económico, de servicios sociales, de educación, de sanidad, en el refuerzo de nuestro medio rural y, a partir de ahí, empezaremos a hablar de cómo se va a repartir, de cuál va a ser esa estructura de gobierno y de formalizar un acuerdo de gobernabilidad que vaya acompañado también de un compromiso para aprobar unos presupuestos”, ha resumido.

El equipo de Gobierno de Natalia Chueca ha restringido todo lo relacionado con las instancias y peticiones dentro del proceso de regularización de inmigrantes, que acaba de ponerse en marcha, a un único espacio, las oficinas centrales de la plaza del Pilar, donde se ubica la casa consistorial. Una instrucción dirigida a las juntas de distrito indica que se derive a todas las personas que acudan con la finalidad de obtener el certificado histórico y demás documentación a la fila única del Ayuntamiento, obligando a miles de personas a soportar largas colas desde las 5 de la mañana. Sin embargo, el interior de las oficinas centrales aparece completamente despejado, ya que solo pueden acceder a goteo mientras en el exterior esperan horas de pie.

Susana y José Ángel, ambos nicaragüenses, aseguran en la fila —a la que se sumaron a las 8 de la mañana— que vienen aquí “porque no nos atienden en los teléfonos y nos emplazan a la próxima semana para ser atendidos”. Igualmente, los funcionarios les dicen que no han recibido formación, como tampoco organizaciones como Cáritas. Además, lamentan que, pese a esperar la cola, puede que finalmente no puedan acceder tras haber perdido una jornada laboral. Susana llegó a Zaragoza hace dos años, primero con un trabajo dedicado a los cuidados. Tras perder ese empleo, se dedica a trabajos de limpieza por horas y sin contrato laboral. “Sin documentación no podemos trabajar legalmente y eso es lo que queremos. Ninguno recibimos ayuda y estamos perdiendo dinero al tener que venir a estas colas”.

Ana y Silvio, también nicaragüenses, explican que ya cuentan con todos los trámites porque se pusieron a solicitarlos en cuanto oyeron que se iba a poner en marcha el proceso de regularización, de modo que agilizaron todo aquello que les permite probar que residen aquí desde que aterrizaron en Barajas hace un año. Guardan los “boletos” del avión, el pasaporte sellado, el carné de la biblioteca, las cantidades de dinero enviadas a sus familiares, el historial médico del Salud y, además, solicitaron todos los datos necesarios a su país. Aunque residen en la casa de la madre de Silvio, que tiene nacionalidad española desde hace 20 años, en la cola presentan el certificado de vulnerabilidad, indispensable para obtener papeles y, como la mayoría, enfocado al empleo. De cómo seguir el procedimiento se informan a través de tik tok.

Un grupo de venezolanos también hacía otra cola para el padrón, mucho más corta que la del informe de vulnerabilidad. En su caso, tienen que actualizar la tarjeta roja, una autorización de residencia por razones humanitarias.

Críticas políticas

Desde el Grupo Municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza se han mostrado “preocupados” por la “falta de planificación y previsión ante un proceso que todo mundo sabía que iba a producirse” y que está generando “largas finlas” a las puertas del Consistorio. También destacan el “papel que van a jugar en el mismo los servicios sociales municipales en la emisión de los certificados de vulnerabilidad”. El concejal Suso Domínguez ha explicado que “la larga fila en el Ayuntamiento de esta mañana es, sobre todo, para la solicitud de este informe, no para la solicitud del padrón, y además el Gobierno está permitiendo la entrada al hall del Ayuntamiento, que está más vacío que cualquier día, con sillas vacías, y tiene a los vecinos haciendo colas en la calle para escenificar este supuesto caos”.

Estos certificados son necesarios en el proceso de regularización extraordinaria en aquellas situaciones en las que no se puede acreditar ninguna de las otras vías principales de acceso. En concreto, deben presentarse si no se puede demostrar haber trabajado en España, si no se convive en una unidad familiar con hijos menores a cargo o cuando la persona se encuentra en riesgo de exclusión social o pobreza.

El edil de ZeC ha denunciado que, a fecha de hoy, no se permite a los trabajadores de los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) la emisión de estos certificados y que únicamente se vayan a emitir desde la Casa de las Culturas, donde ayer se atendieron a 400 personas. “Esto va a suponer una fuerte sobrecarga a este recurso y, en la práctica, que miles de personas vean dificultado, si no impedido, su proceso de regularización”, ha manifestado.

Para Suso Domínguez no tiene “ninguna lógica” que los profesionales de los centros municipales de servicios sociales (CMSS) no puedan emitir estos certificados de vulnerabilidad. “Estamos hablando de una red de 15 centros, con casi 100 trabajadores sociales que llevan mucho tiempo trabajando con estas personas, que están habilitados legalmente para poder emitir estos certificados de vulnerabilidad y a los que se les está impidiendo hacer su trabajo”, ha manifestado el concejal, quien ha añadido que esto “solo es entendible si existe una voluntad por parte del Gobierno de Natalia Chueca de dificultar el acceso a la regularización”.

“Si existe un problema de coordinación y competencias, como tantas veces ha expuesto la consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, es el momento de dejar de reprochar al otro y sentarse a trabajar de manera seria y responsable”, ha manifestado Suso Domínguez. “La única manera de afrontar esta situación es desde la colaboración, olvidando la política de corto plazo y de titulares”, ha recalcado.

Del mismo modo, ha expuesto que el actual proceso de regularización “es algo de lo que todos deberíamos alegrarnos, ya que va a permitir a miles de vecinos y vecinas, que llevan años viviendo y trabajando con nosotros, disfrutar de los mismos derechos y obligaciones”. A su juicio, utilizar este procedimiento para hablar de “caos migratorio” o “efecto llamada puede quedar muy bien en un titular, pero no es cierto”: “Es necesario que, de una vez por todas, la Señora Orós abandone su deriva xenófoba y deje de utilizar la situación de las personas sin hogar y de las personas migrantes para confrontar con el Gobierno central”, ha concluido.

El concejal socialista Paco Galán también ha criticado la decisión del PP: “Chueca como alumna aventajada de la ultraderecha está boicoteando los derechos de las personas más vulnerables de esta ciudad e impide a los funcionarios municipales cumplir con su obligación de responder a las necesidades de unos ciudadanos, que conviven en el día a día con nosotros, y que hasta ahora eran de segunda”, ha señalado.

El edil socialista ha lamentado que “Chueca haya dado orden de que todas las peticiones tienen que realizarse en la Plaza del Pilar, incumpliendo el principio de cercanía y de barrio de las Juntas de Distrito. Lo que está colapsada es la capacidad de pensar en cómo resolver sus problemas de gestión”. “Dignificar a personas que viven con nosotros debería ser el reto y no vivirlo como un impedimento”, ha concluido.

“Falta de planificación”

También desde CCOO se subraya que el colapso “no responde a un hecho puntual ni imprevisible, sino a una situación que podía haberse evitado con una planificación adecuada”: “No se trata de un fallo aislado, sino de un patrón de gestión que se repite en el tiempo porque también en anteriores ocasiones, las juntas municipales y la Casa Consistorial ya han sufrido colapsos ante picos de demanda, como en campañas derivadas de notificaciones masivas por renovación padronal”, ha asegurado Juan Tamarit, secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza. Además, durante este mandato algunas juntas han llegado incluso a cerrar por falta de personal.

A juicio del sindicato, el proceso era conocido con más de tres meses de antelación, “un plazo suficiente para haber previsto refuerzos mediante acúmulos de tareas, reorganización de recursos o la adopción de medidas extraordinarias”, por lo que insisten en que esta situación era “evitable” y responde a una “falta de previsión que no puede justificarse”. Por ello, CCOO ha exigido al Gobierno municipal que “asuma su responsabilidad, evite trasladar la presión a la plantilla y adopte medidas inmediatas y estructurales. Es imprescindible reforzar los servicios con personal suficiente y planificar con rigor situaciones que son perfectamente previsibles”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón ha explicado que el proceso de regularización acaba de comenzar y que ya se ha habilitado toda la información en la web del Ministerio, incluyendo un simulador orientativo. Ha destacado que el sistema permite hacer trámites online sin cita previa, con apoyo de representantes si es necesario, y también de forma presencial en oficinas de Correos y Seguridad Social con personal especializado.

Ha reconocido que es normal que surjan dudas en esta fase inicial y que haya un aumento de consultas, pero considera que la situación en el Ayuntamiento de Zaragoza “tiene más que ver con un marco ideológico que con un marco real. En otro tipo de procesos extraordinarios se han formado colas en las administraciones y nunca se les ha dado el tratamiento que se le está dando en este momento al Ayuntamiento de Zaragoza”.

Beltrán ha asegurado que el Ayuntamiento ya conocía con antelación el proceso y el posible aumento de solicitudes, por lo que ha rechazado que haya habido sorpresa. También ha negado estar obligado a dar ciertos datos solicitados por el consistorio y ha criticado que se pidan recursos económicos fuera de los canales adecuados. “No olvidemos que la gente que está yendo al Ayuntamiento son ciudadanos de Zaragoza que tienen todo el derecho del mundo a acudir a su Ayuntamiento a solicitar información o a solicitar que le hagan un documento”, ha defendido.

Por último, ha pedido paciencia durante los primeros días, confía en que la situación se estabilice con la actuación de las entidades colaboradoras y ha recalcado que no todos los trámites dependen del Ayuntamiento, ya que existen múltiples vías para acreditar la situación de los solicitantes.

La alcaldesa: “El Gobierno no está haciendo bien su trabajo”

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha echado balones fuera y ha asegurado que “lo que está haciendo el Gobierno es una transferencia encubierta de competencias y de labores a los ayuntamientos sin que venga acompañado ni de información, porque no hemos recibido ninguna información previa para ver cómo se podía gestionar ni que se podía necesitar de las entidades locales, como tampoco hemos recibido recursos económicos. Nos vimos desbordados de cientos y cientos de personas, inmigrantes ilegales que venían a buscar papeles y un certificado de vulnerabilidad que recoge ese decreto que desde el Ayuntamiento desconocemos cómo podemos aplicar y no hemos recibido ninguna notificación por parte del Gobierno de España”.

Para la alcaldesa, “estamos viendo que sean ellos —las personas vulnerables— los paganos de esta mala gestión y un efecto llamada que es difícil de atender con los servicios públicos que tenemos. El Gobierno de España no está haciendo bien su trabajo, nos ha demostrado que no escapa de gestionar, ya colapsó los trenes de alta velocidad, hemos tenido un apagón y ahora vemos como colapsa otras administraciones y los servicios sociales”.

A su juicio, esta regulación “no atiende a una necesidad” laboral o de la sociedad española, “no nace de la voluntad popular ni salió aprobada en el Congreso de los Diputados, nace de la necesidad política de Pedro Sánchez de ocultar los casos de corrupción y de mantenerse en el gobierno”. Chueca ha comparado la regulación realizada por el gobierno de Aznar, vinculada al empleo, “mientras que Pedro Sánchez está haciendo regularización de inmigración vinculada única y exclusivamente a la vulnerabilidad y a sus necesidades políticas, en contra del Consejo de Estado, de la Unión Europea y del Congreso de los diputados. Estamos completamente desbordados, sin saber cómo actuar, no se nos ha dado información para poder entender y conocer los criterios para esos informes de vulnerabilidad que nos están solicitando desde ayer”.

Asegura que desde la Delegación de Gobierno no han contactado con el Ayuntamiento de Zaragoza, a pesar de que la consejera de Servicios Sociales envió una carta pidiendo información. “Las últimas palabras del delegado es que no necesitábamos información porque no íbamos a gestionar nada, y la realidad es que donde tenemos las filas de cientos y cientos de personas es en los ayuntamientos, que nos diga el Gobierno de Pedro Sánchez qué necesita de los ayuntamientos y que deje de jugar con las personas. Esta regulación a granel que está haciendo no está pensada a dignificar la vida de las personas, está hecha para tapar sus casos de corrupción y en contra de todos los órganos que han podido opinar, generando molestias, unas expectativas y un efecto llamada para que todas estas personas ilegales de Europa vengan a España a colapsar los ayuntamientos y los servicios sociales de nuestro país, que nos digan cómo quieren gestionarlo”.

Según fuentes municipales, el Registro Municipal recibió este pasado jueves 654 solicitudes relacionadas con certificados de empadronamiento y solicitudes de informes de vulnerabilidad vinculados al proceso de regularización de personas inmigrantes, mientras que el 010 recibió más de 300 llamadas por este motivo.

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha denunciado en la Fiscalía la concesión de licencias municipales a ocho centrales fotovoltaicas en Andorra (Teruel) promovidas por Forestalia y actualmente propiedad de la firma BRUC: Encuentro, Gargallo I, Illio III, San Pedro, Sedeis II, III y VI, y Tolocha I. La demanda documenta “rigurosamente”, según esta entidad, presuntas prácticas fraudulentas.

Así lo han indicado desde la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, añadiendo que las licencias municipales de construcción se concedieron a finales de 2022 y las autorizaciones previas y de construcción, de competencia autonómica, fueron otorgadas por la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón en diciembre de 2023. “Estas autorizaciones son preceptivas, por lo que los permisos consistoriales no pueden resolverse de forma previa”, han añadido.

Desde la Plataforma se han remitido a declaraciones de los técnicos del Inaga ante la Guardia Civil en las que indicaron que varios de los proyectos objeto de la denuncia fueron tramitados de forma indebida en el contexto de la presunta trama corrupta de Forestalia.

La evaluación ambiental de estos expedientes se retiró de forma arbitraria a los técnicos encargados de su evaluación y se externalizó de forma irregular a empresas que en algunos casos ya habían trabajado para la propia Forestalia, han reprobado.

Por tanto, a juicio de la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, “la sospecha sobre las irregularidades en la tramitación ambiental debería haber llevado a la suspensión de las licencias municipales por el Ayuntamiento –de Andorra– hasta que se aclare lo sucedido, tal y como solicitamos, lo que hace a la corporación inequívocamente conocedora de la presunta evaluación corrupta de los proyectos”.

Ejecución acelerada

Frente a la necesidad de dilucidar lo ocurrido en la evaluación ambiental de las centrales solares, BRUC ha acelerado su ejecución, “posiblemente inquieta por esas sospechas”, han lamentado desde la Plataforma, que considera que esta actitud “retrata la catadura moral de la corporación e incluye acciones absolutamente deplorables como el amedrantamiento a propietarios de fincas afectadas y que se han negado a firmar los contratos de BRUC”.

Así, para Paisajes de Teruel lo más grave, y causa suficiente de anulación de las licencias municipales, es que la tramitación de estas últimas fue incluso anterior a la publicación en el BOA de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIAs) de algunos de los proyectos, “lo que es totalmente ilegal, pues así lo especifica el artículo 80.2 de la Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón”

“En el caso de actividades sometidas a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental ordinaria o simplificada, la licencia ambiental de actividades clasificadas incorporará el contenido de la declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental, respectivamente”, sostiene la norma.

Han defendido que la licencia municipal incorpore la DIA, lo que implica, lógica y necesariamente que sea previa a la licencia. “Tenemos muy claro que estos ocho proyectos, que tienen continuidad territorial, pertenecen a la misma empresa, fueron vendidos de forma conjunta y comparten subestación y línea de evacuación, son un caso de libro de fragmentación interesada para que fueran tramitados por el Gobierno de Aragón, con el que Forestalia mantenía vínculos muy estrechos, tal y como se relata en el informe policial sobre los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal que se están investigando”, han manifestado.

Presuntas irregularidades

La concesión de las licencias, han continuado desde la Plataforma, coincidió con una fuerte crisis institucional y financiera del Ayuntamiento de Andorra, lo que puede explicar la premura y las presuntas irregularidades en la aprobación de las licencias. “El objetivo sería sanear las cuentas municipales, ya que el propietario de las centrales abonó las tasas e impuestos locales a principios de 2023, dotando de solvencia y liquidez al Ayuntamiento”, han expuesto, agregando que esta “urgencia económica no puede justificar en ningún caso una práctica supuestamente ilegal”.

Han advertido de que todos estos datos se han puesto a disposición de la Fiscalía para que se pronuncie sobre la legalidad de las licencias concedidas, sin más intención por parte de la Plataforma que esclarecer los hechos y asegurar el cumplimiento de la ley.

Además, se insta a la suspensión cautelar de estos proyectos que ocuparán cerca de mil hectáreas y contribuirán a la degradación de los recursos naturales de todo el Bajo Aragón histórico en concurrencia con otros macroproyectos en esas comarcas y que no han sido evaluados en su conjunto.

En cualquier caso, “ante las serias sospechas que han surgido estos últimos meses sobre las tramitaciones de los proyectos de Forestalia se debería suspender la ejecución de todos ellos a expensas de aclarar judicialmente las supuestas irregularidades que se están investigando”, han concluido.