La crisis del Parque de Atracciones de Zaragoza ha provocado uno de los mayores choques políticos del actual mandato de Natalia Chueca entre el Gobierno municipal y Vox, su socio habitual para aprobar los presupuestos. La exigencia de la formación de extrema derecha de destituir al director general de Proyectos Estratégicos, José María Ruiz de Temiño —conocido por la oposición como el “concejal en la sombra”— por la gestión del recinto ha sido respondida con dureza por la alcaldesa, que acusa a Vox de sumarse a las críticas de la izquierda y rechaza cualquier relevo.

El enfrentamiento llega después de meses de polémicas en torno a la renovación del parque, uno de los proyectos más emblemáticos impulsados por el Ayuntamiento. Los problemas surgidos durante el proceso han desembocado en la imposibilidad de abrir las instalaciones este verano, una situación que la portavoz de Vox. Eva Torres, atribuye a una gestión “deficiente” del Ejecutivo municipal. La formación considera que la responsabilidad política recae sobre la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior. En una rueda de prensa el pasado sábado a las puertas del parque, Torres denunció un proceso marcado por la “falta de planificación”, la ausencia de transparencia y la acumulación de incidencias en proyectos dependientes de este departamento. Además del Parque de Atracciones, señaló también la gestión de la Ciudad del Cine como ejemplo de esa forma de actuar.

El asunto va a llegar al pleno municipal del próximo 25 de junio, ya que Vox ha registrado una moción en la que solicita formalmente la destitución de Ruiz de Temiño al considerar que existe una “pérdida de confianza política” derivada de la acumulación de errores, la falta de resultados y la deficiente coordinación en proyectos considerados estratégicos para la ciudad. La iniciativa sostiene que la permanencia del director general resulta “incompatible con la confianza que debe presidir la gestión de áreas estratégicas para Zaragoza”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha respondido este lunes por la mañana, cuando ha asegurado sentirse “absolutamente sorprendida” por la petición de Vox y ha reprochado a la formación que nunca hubiera trasladado previamente esas inquietudes al Gobierno municipal. Además, ha recordado que el partido ha respaldado durante los últimos años los presupuestos en los que figuraban tanto el proyecto del Parque de Atracciones como otras iniciativas que ahora cuestiona. “Me parece que es una postura que está más cerca de seguir las críticas de la izquierda”, afirmó la regidora, que ha acusado a Vox de sumarse a las posiciones que históricamente han mantenido PSOE y Zaragoza en Común sobre el proyecto. Chueca ha defendido que gobernar implica resolver problemas cuando aparecen dificultades y no utilizarlas para obtener rédito político.

Pese a las críticas, Chueca ha descartado cualquier cese. Preguntada expresamente por la continuidad de Ruiz de Temiño, ha respondido con un rotundo “no” y ha asegurado que el objetivo del Ayuntamiento sigue siendo desbloquear la situación para que el Parque de Atracciones pueda reabrir lo antes posible.

Ruiz de Temiño, en el foco por los proyectos estrella de Chueca

José María Ruiz de Temiño ocupa desde el inicio del mandato la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Proyección Exterior, un departamento creado por Natalia Chueca para coordinar algunas de las principales apuestas del Gobierno municipal en materia de atracción de inversiones, promoción de ciudad y desarrollo de grandes proyectos. Desde este cargo ha participado en iniciativas como la Ciudad del Cine, el Distrito 7 o la transformación del Parque de Atracciones, uno de los proyectos más ambiciosos impulsados por el Ayuntamiento durante los últimos años.

Este ha sido precisamente el que más quebraderos de cabeza le ha generado. En este caso, los problemas surgieron con el proyecto nonato: desde que trascendió que el propio Ruiz de Temiño matuvo comidas con promoteros de este tipo de instalaciones antes de aprobarse el pliego y que estas reuniones fueron sufragadas con dinero público. El Ayuntamiento las justificó como reuniones de trabajo ligadas a un proyecto estratégico. Ruiz de Temiño compareció en la Comisión de Presidencia y se negó a revelar con quién comió y qué trató en esas reuniones. El edil de Zaragoza en Común (ZeC) Suso Domínguez criticó en ese momento que se recurriera a comidas en un reservado, con dinero público, en lugar de a la consulta preliminar de mercado prevista por ley.

A partir de ahí, casi nada parece haber ido bien en la tramitación de este complejo, que ha concitado la oposición vecinal y duras críticas de los partidos de la oposición. Solo hubo un ofertante en el concurso público e incluso los técnicos municipales dejaron claro la escasa calidad de la propuesta remitida, que obtuvo un aprobado raspado: el Gobierno municipal afirmó primero que exigiría mejores condiciones, pero más adelante se corrigió a sí mismo y se escudó en que los pliegos eran “demasiado exigentes”.

La renovación del recito fue presentada por el Consistorio como una oportunidad para modernizar las instalaciones, pero el proceso se encuentra paralizado. En abril, el parque recibió la autorización provisional para la apertura para los eventos comprometidos, el último de ellos este pasado sábado 6 de junio. El origen de la paralización viene de la falta de acuerdo enter los socios de Moncayo Leisure —la empresa adjudicataria, formada en un 80% por la firma argentina Fénix Entertainment y en un 20% por PAZ, de la familia Morte y actual gestora— obliga a volver al calendario inicial. Detrás del retraso hay un problema económico. Según detalló en abril Ángel Lorén, las diferencias entre las partes se centran en el precio de las atracciones que deben pasar de la gestora actual a la nueva sociedad. A eso se suma el malestar del socio mayoritario, el grupo inversor Fénix, al conocer la situación preconcursal del minoritario, lo que ha terminó de tensar la negociación.

Cambiar Huesca e Izquierda Unida Huesca han remitido una carta a las organizaciones de la izquierda alternativa en Huesca para empezar a trabajar juntas en una candidatura de unidad de cara a las próximas elecciones municipales de 2027, convocándolas a una reunión que tendrá lugar este martes 9 de junio a las 20.00 horas en la Asociación Vecinal Osce Biella de Huesca.

De ello ha informado la coordinadora de Izquierda Unida de Huesca, Pilar Callén, y el portavoz de Cambiar Huesca, Jesús Pérez Navasa, quienes han trasladado que la idea es conformar una candidatura de unidad con un programa de mínimos que respete todas las identidades, de cara a las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Huesca.

El objetivo, aseguran, es evitar la concurrencia por separado a la vista de lo ocurrido en las anteriores elecciones, cuando Vox, con 2.581 votos, obtuvo tres concejalías mientras que las cuatro candidaturas de la izquierda alternativa que se presentaron por separado obtuvieron 4.390 votos y ninguna representación. Un fiasco que llegó a tener repercusión nacional y algo que consideran un “error” que no quieren repetir. Esos casi 4.400 votos pueden representar, dicen, cinco concejalías, lo que daría un peso suficiente como para cambiar radicalmente políticas.

La coordinadora de Izquierda Unida de Huesca ha manifestado que “la izquierda es plural, somos plurales, puesto que somos demócratas, y respetamos nuestras tradiciones y nuestras interpretaciones y lo mismo ocurre entre la ciudadanía oscense que nos vota y por eso se repartieron los votos de manera muy equitativa entre las cuatro formaciones en el año 2023 y ha resaltado que ”eso que sucedió no puede volver a suceder“.

Entienden que necesitan una candidatura de unidad con un programa de mínimos que respete todas las identidades. Así, el portavoz de Cambiar Huesca ha indicado que “queremos hacer un llamamiento a las organizaciones de izquierda, no podemos defraudar a las personas que nos votaron hace tres años, hay un clamor popular que está reivindicando una candidatura popular y no podemos defraudarles”.

Ambas formaciones han trasladado que “por nuestra parte no va a haber una discusión por quien tiene que encabezar la candidatura, eso no va a ser un obstáculo puesto que los intereses generales están por encima de los intereses particulares, tanto de los partidos políticos como de las personas que los componemos”.

La carta comienza afirmando que “dentro de un año volveremos a tener elecciones ”municipales“ y ”tenemos una oportunidad para cambiar por completo la actual situación de desgobierno municipal“. Sostienen que estos tres años han sido de ”una completa parálisis“, con una política que se ha caracterizado por ”una constante campaña de imagen del Partido Popular que se ha estado apoyando en el voto de un tránsfuga, para mantenerse en los sillones sin hacer otra cosa que calentarlos“.

Además, “la oposición de izquierda con representación municipal ha brillado por su ausencia y tan solo hemos podido asistir a los bramidos de una ultraderecha montaraz que en el caso oscense ha destacado por una brutalidad en sus formas y en el fondo”.

“Es una afrenta para nosotros, comparable a nuestro juicio a que Feijóo fichara a Sánchez el día que llegue a la Moncloa”. La decisión del presidente Jorge Azcón de fichar como asesor al líder del PAR, Alberto Izquierdo, ha generado un malestar tan intenso en la provincia de Teruel, de donde proviene el dirigente aragonesista, que amenaza con tener serias consecuencias. Más de 70 cargos locales del PP en ese territorio amenazan con renunciar y abandonar el partido si el jefe del Ejecutivo no revierte su decisión, que consideran una “humillación”.

El tono de la carta, avanzada por 'Heraldo de Aragón' y confirmada por este periódico, evidencia el enfado que hay en la militancia de los populares en Teruel. Izquierdo, que es también primer edil de Gúdar, ha sido “el mayor enemigo de cualquier alcalde del PP”, advierten. “Y decimos bien, enemigo, porque no ha entendido el concepto limpio de política, ha sido y es capaz de lo más pernicioso, por conseguir su fin. Y ahora nosotros no podemos tolerar que esté dentro de nuestro partido, y si así ha de ser, nosotros no estaremos”, avisan, en una revuelta muy poco habitual en las filas populares, donde la disciplina suele imponerse ante cualquier tipo de discrepancia interna.

En realidad, y aunque la espita de esta crisis es el fichaje de Alberto Izquierdo, la posición de la militancia popular en Teruel va más allá de este hecho. Consideran que Azcón ha ninguneado en los últimos años a la provincia, en especial en comparación con el tratamiento que ha dedicado a Zaragoza y Huesca. De hecho, más allá de los nombres que suscriben la misiva, la posición entre los populares en Teruel es “unánime”, según explican fuentes cercanas al conflicto.

En la misiva, los ediles reconocen que deben respetar las “decisiones que se toman en Zaragoza”, pero consideran que la incorporación del presidente del PAR como asesor directo del jefe del Ejecutivo “excede el marco normal de convivencia dentro de un partido que se precie, como respetuoso con los suyos y las decisiones que toma”.

En ese contexto, amenazan con dimitir de sus cargos. “No todo vale ni es necesario”, argumentan, y piden a Azcón que justifique su decisión: “Si no se puede explicar, mejor no compartir el mismo lugar”, señalan.

Cargos turolenses apuntan, siempre según el mencionado rotativo, que Izquierdo ha sido responsable según más de 50 alcaldes del PP y una veintena de concejales de “malas artes” a la hora de elaborar las listas municipales y les ha “torpedeado” en la Diputación Provincial (DPT), donde ambos partidos gobiernan en un tripartito con Teruel Existe.

Ante esta situación, el propio Azcón se ha visto obligado a convocar el martes en Zaragoza al actual presidente provincial del PP –y presiente de la DPT–, Joaquín Juste; a su inminente sucesora, la también alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y a un integrante representativo de los alcaldes rebeldes, Francisco Narro, regidor de Camarena de la Sierra –y que controla un buen número de listas electorales en la provincia–, para abordar la crisis y tratar de ponerle solución.

Revuelta también en el PAR

Mientras, el fichaje de Izquierdo también ha generado una revuelta en el propio PAR, un partido que pese a haber perdido la representación autonómica sigue teniendo una gran implantación local en Aragón, y en especial en la provincia de Teruel. En un comunicado lanzado tras conocerse la decisión, consideran su incorporación al gabinete de Azcón “incompatible” con la condición de “miembro de la Ejecutiva” de Izquierdo: “Si su proyecto político ha dejado de coincidir con el del PAR, entendemos que lo coherente sería formalizar su dimisión y permitir que sean los militantes quienes continúen construyendo una alternativa aragonesista propia”, reclaman.

Acusan al presidente de su partido de haberse saltado “una serie de cuestiones estatutarias, así como éticas y morales”. Recuerdan que el PAR sigue teniendo “más de 350 concejales y representantes públicos continúan trabajando cada día desde sus municipios en defensa de los intereses de los aragoneses” y remarcan que su “compromiso demuestra que sigue existiendo un espacio político para quienes creen en un aragonesismo independiente”.

Las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, cuestionando la sentencia que ordena la devolución de las pinturas murales de Sijena a Aragón han reabierto un intenso debate político en torno a uno de los conflictos patrimoniales más emblemáticos de los últimos años. El ministro calificó de “vergüenza” la resolución judicial y defendió que los tribunales no han tenido suficientemente en cuenta los criterios técnicos de conservación expuestos por los especialistas del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), que advierten de los riesgos que podría entrañar el traslado de las obras.

Sus palabras han generado una rápida respuesta en Aragón, donde la práctica totalidad de las fuerzas políticas han cerrado filas en defensa del cumplimiento de la sentencia. Entre las reacciones más destacadas figura la del PSOE aragonés, que ha marcado distancias con la posición expresada por el ministro. Los socialistas aragoneses han respondido reiterando su posición: “Como hemos dicho siempre, las pinturas de Sijena deben volver a su monasterio. No caben más excusas ni más intentos de retrasar lo que ya han decidido los tribunales. El patrimonio aragonés debe respetarse y Aragón también”.

También Chunta Aragonesista se ha desmarcado de las declaraciones del ministro y considera que “lo que es una vergüenza intolerable es poner en cuestión los criterios técnicos del Gobierno de Aragón”. Han afirmado que “esta no es una cuestión partidista ni ideológica, sino el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes y el respeto al patrimonio histórico y cultural aragonés”, de forma que “cualquier declaración que cuestione este principio supone un grave ataque hacia Aragón”.

Chunta ha exigido a Urtasun “una rectificación pública e inmediata”, añadiendo: “Nuestra organización siempre ha defendido la lealtad entre socios, pero esa lealtad debe ser recíproca”.

Las críticas al ministro también han llegado desde Aragón-Teruel Existe. Su portavoz, Tomás Guitarte, ha calificado de “vergüenza” las declaraciones de Urtasun contra la sentencia de Sijena y ha devuelto al ministro sus propias palabras. “Lo que resulta vergonzoso es la actitud del ministro”, ha afirmado. Guitarte sostiene que el titular de Cultura “debe limitarse a instar al cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y no interferir en un proceso judicial ya resuelto” y añade que “resulta impropio de un ministro cuestionar públicamente una resolución judicial firme cuando su responsabilidad institucional es garantizar que se cumpla”. El dirigente aragonesista ha insistido además en que “las pinturas murales de Sijena deben regresar a Aragón porque así lo ha determinado la Justicia” y defendió que la obligación del Ministerio es “facilitar el cumplimiento de la sentencia, no desacreditarla ni alimentar una polémica que ya ha sido resuelta por los tribunales”.

Por su parte, el PP Aragón respondió a través de las redes sociales al mensaje difundido por el PSOE: “¿Y por qué no se lo decís a vuestro ministro Urtasun? Otro ministro al que parece que no le gusta respetar a la justicia. Está claro que cumplir la ley y obedecer a los jueces no va con vosotros”. Mar Vaquero ha dicho esta mañana a las puertas del MNAC que las declaraciones de Urtasun son de una “gravedad intolerable”: “Nos parece una total falta de respeto a la sentencia, a la independencia judicial, menoscaba la separación de poderes y las claves y soportes de un estado de derecho y de la democracia”.

El Ejecutivo presidido por Jorge Azcón acusó al ministro de desacreditar una sentencia firme y de alinearse con los intereses de quienes se oponen a la devolución de las pinturas. Vaquero ha cargado contra el Gobierno central y contra el ministro: “Lo que estamos viendo es un ministro que se alinea a la situación que vive el gobierno de España que no está para dar lecciones sobre las sentencias judiciales” y ha incidido en que “estos bienes tienen que volver a Aragón”.

Las reacciones en torno a los bienes de Sijena reflejan un hecho poco habitual en la política aragonesa: la existencia de un amplio consenso transversal sobre la cuestión de Sijena. Más allá de los matices en el tono y en la estrategia, PP, PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe, PAR y Vox coinciden en que las pinturas murales deben regresar a Aragón y en que las sentencias dictadas por los tribunales no pueden quedar sujetas a interpretaciones políticas. Precisamente por ello, las declaraciones de Urtasun han provocado una respuesta prácticamente unánime desde Aragón, incluyendo voces de su propio espacio ideológico, que insisten en que el debate sobre la propiedad de las pinturas ya fue resuelto por la justicia y que ahora corresponde ejecutar lo acordado.

La escena fue ilustrativa. La vicepresidenta y portavoz, Mar Vaquero (PP), daba cuenta a primera hora de este jueves ante los medios de una sentencia favorable a Aragón sobre el acogimiento de un menor migrante. Lo hacía en la sala de prensa del Ejecutivo autonómico: sentado frente a ella, el otro vicepresidente, Alejandro Nolasco (Vox), esperaba su turno. Tras las pertinentes preguntas, una cortinilla en el 'streaming' oficial dio paso instantes después al propio Nolasco, quien volvió a trasladar mensajes de corte xenófobo. Vaquero evitó así la foto con el dirigente de la extrema derecha, pero no un objetivo ultra que los propios populares parecen comprar: que el debate público esté saturado de mensajes contra la inmigración.

Cuando se cumple un mes de la toma de posesión de los consejeros del Gobierno de Aragón, tras un pacto entre el PP y Vox por el que la extrema derecha asumió tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, el presidente Azcón parece avasallado por el discurso de la extrema derecha, que ha centrado el tiro en los extranjeros. Si ese 4 de mayo el jefe del Ejecutivo lanzó una advertencia a sus socios y reclamaba a los nuevos consejeros que fueran “prudentes y discretos” porque lo contrario, según argumentó, solo servía para “fracasar”, el caso que le han hecho al líder popular parece ser nulo.

Una de las muestras más evidentes de este alejamiento de la prudencia y la discreción son las notas de prensa publicadas desde la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, encabezada por el propio Nolasco y punta de lanza de la batalla ideológica de Vox, hasta el punto de que el único cometido de la Vicepresidencia parece ser combatir la inmigración. Así, el Ejecutivo autonómico ha llegado a hacer informaciones colgadas en el portal oficial en las que daban cuenta de simples sucesos, como una agresión en un centro de acogida autonómico.

Las continuas alusiones de Nolasco a menores migrantes, a los que denomina con tono despectivo “menas”, ha llevado incluso al Colegio de Periodistas de Aragón a llamar la atención del vicepresidente autonómico, al trasladar a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo las quejas por el tratamiento en varios comunicados de cuestiones relacionadas con migración y colectivos vulnerables. Aragón suscribió en 2022 una 'Guía didáctica para el correcto tratamiento mediático de las migraciones' que ha saltado por los aires en apenas cuatro semanas.

Este mismo jueves, en la mencionada rueda de prensa, Nolasco ha sido el primero en informar de un suceso en Caspe del que ni la Guardia Civil había dado cuenta: una reyerta que ha terminado con un muerto. El vicepresidente ya hablaba entonces de “asesinato” y lo vinculaba con la inmigración y con la seguridad en la localidad caspolina, donde la tasa de foráneos es elevada y hay una importante bolsa de temporeros. En general, el consejero de Desregulación ha dedicado la jornada en exclusiva al suceso: se ha desplazado por la mañana a Caspe, donde ha informado de que la víctima era valenciana –algo que la Guardia Civil no confirmó–, y por la tarde ha exigido al delegado del Gobierno en Aragón que informara “sobre la residencia legal o ilegal” del detenido.

Sin iniciativa

Y ¿qué papel han jugado el PP y Jorge Azcón en estas semanas? Lo cierto es que los populares parecen haber cedido por completo la iniciativa a la extrema derecha. Más allá del día a día, el pulso informativo ha sido para Vox. Hubo un conato de enfrentamiento entre los dos partidos tras pedir la extrema derecha que la Unidad Adscrita a Aragón de la Policía Nacional vigilara los centros de menores migrantes, pero las aguas volvieron pronto a su cauce. En este tiempo, el líder del PP ha parecido estar más pendiente de hurgar en la herida del PSOE que de contrarrestar la labor de la extrema derecha, a la que ha evitado cualquier tipo de crítica pese al destemplado comienzo de legislatura.

Además, la sintonía entre ambas formaciones a la hora de aplicar la denominada prioridad nacional ha sido total, en especial en materia de vivienda, una competencia que recae en el PP.

En los populares, la consigna por ahora es evitar el conflicto con el incómodo socio. Este mismo jueves, la vicepresidenta Vaquero ha sido cuestionada sobre qué ha cambiado para que el Gobierno de Aragón tenga ahora que llevar a cabo pruebas de edad a todos los menores migrantes, no solo en los casos bajo sospecha. La número dos de Azcón en el Ejecutivo lo ha dejado claro, aunque entre líneas: la novedad es que hay una coalición PP-Vox y que ahora las competencias en Servicios Sociales recaen en la extrema derecha. Es decir, que los populares se ven obligados a transigir con la agenda ultra. Y no hay más discusión.

Mientras, la oposición continúa desnortada. En especial, el PSOE, que asiste atónito a la sucesión de revelaciones judiciales provenientes de Madrid. Pero también Chunta, Aragón Existe e Izquierda Unida, a las que apenas se les ha oído. En esta tesitura, la principal voz crítica hacia el Gobierno autonómico proviene del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, que ha tenido que salir a responder, casi día sí y día también, al vicepresidente Nolasco con sus ataques en inmigración y seguridad ciudadana.

El informe de la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, que ha dado lugar este jueves al registro de la empresa Tubos Reunidos, en Amurrio (Álava), tiene también sus ramificaciones aragonesas, y de nuevo con la empresa Forestalia en el punto de mira. La documentación alude un supuesto pago de 200.000 euros pactado por el grupo de Cerdán a cambio de una financiación blanda –ya conocida– de 17,3 millones de euros proveniente de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) y con destino a Arapellet, filial de la empresa aragonesa, para sendas plantas en Erla (Zaragoza) y Guardo (Palencia). Pero, además, el informe incluye un dato relevante: menciona dos reuniones en el mismo domicilio de Fernando Samper, ex-CEO de Forestalia, con la “participación directa” del propio Santos Cerdán.

Las revelaciones completan en parte el cuadro dibujado meses atrás por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, cuando trascendió que estaba investigando este millonario préstamo a Arapellet –dedicada a la producción de biomasa–, autorizado en 2022. Esa fue de hecho la motivación de los registros practicados a finales del año pasado en la sede de Forestalia en la capital aragonesa y en Madrid. Entonces ya se aludió a una posible contraprestación de 200.000 euros al denominado grupo Hirurok ('Nosotros tres', en castellano), integrado por Leire Díez, Vicente Fernández –expresidente de la SEPI– y Antxón Alonso. Ahora, en un informe fechado el 26 de mayo, la UCO apunta a que ese pago se habría “pactado previamente”, aunque por ahora se desconoce “la forma de abono”.

¿Cuándo? Sin determinar este extremo, el informe de la Guardia Civil sí menciona dos fechas: el 24 de mayo y el 12 de julio de 2021. Esos días se produjeron sendas reuniones en la casa de Fernando Samper en Zaragoza, que también fue objeto de registro policial, en las que participó directamente el por entonces secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán. Habría estado acompañado por Vicente Fernández y por Antxón Alonso.

Este es uno de los indicios que tiene la Guardia Civil para situar el inicio del grupo Hirurok antes de lo pensado inicialmente y también para colocar al propio Cerdán como origen de la red, al haber puesto en contacto a sus integrantes y al poner en marcha la actividad.

La investigación que recae sobre la actividad de Tubos Reunidos, origen del registro ordenado este jueves por el juez Santiago Pedraz, tiene más conexiones con Aragón. Así, el expresidente de la SEPI habría recibido en condición de asesor externo de la empresa de Amurrio otro pago, este de 114.950 euros, a través supuestamente de una consultora de Zaragoza, Mediaciones Martínez, ahora con sede en Madrid bajo la denominación Promociones Inmobiliarias Ku-Ma.

La concejal del grupo socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo, ha exigido al Gobierno de la ciudad “transparencia y rigor” en la operación urbanística del antiguo convento de Jerusalén, impulsada por PP y VOX, que permitirá desarrollar un gran complejo inmobiliario con 220 viviendas de las que 70 serán de alquiler además de una residencia de personas mayores y otra para familiares de ingresados de larga duración y sanitarios. Esta operación urbanística, vuelve a evidenciar, según Cihuelo, “una forma de gestionar el urbanismo marcada por la opacidad, las dudas sin resolver y la ausencia de una visión clara sobre el modelo de ciudad que queremos construir”.

Cihuelo ha anunciado la petición de comparecencia del consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, tras mostrar su preocupación por las “numerosas incógnitas que siguen sin respuesta”. Entre ellas, ha preguntado quién asumirá la ejecución y financiación del vial público previsto entre el paseo de Isabel la Católica y la calle de Álvaro de Bazán, cuál será el coste real de esa infraestructura y si parte de la factura terminará siendo sufragada por el Ayuntamiento y, por tanto, por todos los zaragozanos.

“Los ciudadanos tienen derecho a saber si una parte de los costes asociados a esta operación acabarán pagándose con dinero público. Ya hemos vivido situaciones similares recientemente y la transparencia exige responder a estas cuestiones antes de pedir actos de fe a la ciudadanía”, ha señalado.

Cihuelo también ha cuestionado la cifra de 22 millones de euros de retorno para la ciudad que el Gobierno de la ciudad ha defendido las últimas semanas. Según ha recordado, el propio Serrano ha tenido que matizar recientemente esa afirmación al reconocer que “no existe un informe técnico que la respalde y que se trata únicamente de una estimación”.

“Las grandes decisiones urbanísticas no pueden apoyarse en titulares, campañas de comunicación o infografías. Deben sustentarse en informes rigurosos, datos contrastados y explicaciones claras para la ciudadanía”, ha apremiado.

Sin vivienda asequible

Ros Cihuelo también se ha referido a que la modificación urbanística plantea la construcción de unas 220 viviendas libres, espacios de coliving vinculados al entorno hospitalario, una residencia privada para personas mayores y otros usos terciarios todavía sin concretar. Sin embargo, según ha señalado la edil socialista, el propio expediente define el proyecto como un desarrollo inmobiliario “exclusivo”, lo que pone en cuestión que responda realmente a las necesidades de vivienda de la mayoría de la ciudadanía.

“Si el objetivo fuera facilitar el acceso a la vivienda, especialmente en una ciudad como Zaragoza con crecientes dificultades para los jóvenes y las familias, lo lógico sería incorporar vivienda protegida, alquiler asequible o fórmulas de acceso público. Nada de eso aparece en el expediente”, ha lamentado.

Asimismo, la concejal socialista ha cuestionado las justificaciones ofrecidas por el Gobierno de Chueca sobre la supuesta contribución del proyecto a la retención del talento sanitario en Zaragoza. “Todos sabemos que los salarios de muchos profesionales sanitarios difícilmente permiten acceder a promociones exclusivas y de lujo. Es un argumento que no se sostiene”, ha criticado.

La edil socialista ha querido también dejar claro que el PSOE no está en contra de la iniciativa privada ni de la inversión inmobiliaria. “Los promotores hacen su trabajo y tienen derecho a obtener beneficios. La cuestión es si el Ayuntamiento está haciendo el suyo, que no es otro que defender el interés general de todos los zaragozanos, y parece que no es así”, ha diferenciado. Por todo ello, el grupo municipal socialista ha registrado la comparecencia de Víctor Serrano, en la próxima Comisión de Urbanismo, prevista para el 15 de junio, con el objetivo de aclarar todas las cuestiones pendientes sobre esta operación.

“El urbanismo no está para recaudar ni para hacer propaganda. Está para construir ciudad, planificar el futuro, garantizar equipamientos, movilidad, vivienda y espacios públicos al servicio de todos. Lo que está en juego no es solo una recalificación urbanística, sino el modelo de ciudad que vamos a dejar a las próximas generaciones”, ha concluido Ros Cihuelo.

La dificultad para acceder a una vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los municipios turísticos del Pirineo aragonés. Aínsa-Sobrarbe y Biescas han pedido esta semana al Gobierno de Aragón que impulse la declaración de estos municipios como zonas de mercado residencial tensionado, una figura contemplada en la Ley Estatal de Vivienda que permitiría acceder a nuevas ayudas para vivienda asequible, rehabilitación y alquiler social.

El pleno de Aínsa-Sobrarbe aprobó este miércoles solicitar al Ejecutivo autonómico que inicie de manera urgente los trámites necesarios para obtener esta declaración. La iniciativa llega apenas unos días después de que el Ayuntamiento de Biescas anunciara una propuesta similar —que también fue aprobada en el pleno del 3 de junio— y de que Canfranc solicitase en febrero de 2024 reclamar esta catalogación ante los problemas de acceso a la vivienda que afectan a buena parte del Pirineo, aunque posteriormente —el 2 de mayo de 2024— retiró esta vía y optó por impulsar el programa 'Más vivienda, mejor turismo'. El consistorio ha adoptado además medidas como la suspensión temporal de nuevas licencias para viviendas turísticas, la creación de una bolsa de alquiler y cambios urbanísticos para limitar este tipo de alojamientos en el futuro.

Los municipios coinciden en señalar el impacto que la presión turística, la proliferación de viviendas de uso turístico y de segunda residencia, así como el incremento de los precios de compra y alquiler, están teniendo sobre la población residente. El alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo, ha defendido que localidades como la suya están viendo cómo el encarecimiento de la vivienda dificulta cada vez más la vida de quienes residen en ellas. “Los municipios con presión turística como éste y otros del Pirineo aragonés ven cómo se incrementa el precio de la vivienda y esta realidad limita a quienes vivimos en estas localidades”, ha señalado.

Una situación similar ha denunciado la alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, quien ha defendido la necesidad de que el municipio sea declarado zona tensionada para facilitar el acceso a ayudas públicas destinadas a vivienda asequible, rehabilitación y alquiler social. La regidora ha advertido de que “la creciente presión turística, la proliferación de viviendas de uso turístico o de segunda residencia, la escasez de vivienda habitual disponible y el incremento sostenido de los precios del alquiler y de compra dificultan mucho el acceso a una vivienda digna para vecinos, jóvenes, familias y trabajadores esenciales del municipio”.

Pueyo ha recordado además que Biescas ha dado el mismo paso y ha confiado en que más municipios reclamen medidas similares ante una situación que considera “insostenible”. La propuesta aprobada por el consistorio de Aínsa incluye también la solicitud de un estudio específico sobre la evolución de los precios de alquiler y compraventa, la disponibilidad de vivienda habitual y los efectos de la presión turística en el municipio. Según el alcalde, la falta de vivienda ya está condicionando el desarrollo local. “Hemos tocado techo en cifras de población desde hace dos años porque no hay vivienda disponible y los costes de construcción son actualmente altísimos”, ha asegurado.

Cajal ha argumentado además que la aprobación del nuevo Plan Estatal de Vivienda abre una oportunidad para que los municipios declarados zonas tensionadas puedan acceder a mayores incentivos económicos. “Pido al Gobierno aragonés la misma responsabilidad que tenemos los ayuntamientos: escuchar a los ciudadanos y, en este caso, iniciar de manera urgente los trámites para que Biescas pueda ser declarado como tal”, ha reclamado.

Medidas locales frente a un problema creciente

Desde el Ayuntamiento de Aínsa destacan que ya han impulsado diversas actuaciones dentro de sus competencias para tratar de aliviar la situación. Entre ellas figuran la regulación de las viviendas de uso turístico, el incremento del IBI a las viviendas permanentemente desocupadas, la rehabilitación de inmuebles municipales para destinarlos a nuevos habitantes y la cesión al Gobierno de Aragón de una parcela y un millón de euros para promover vivienda pública.

Entre los motivos esgrimidos por el Ayuntamiento de Biescas figuran el incremento continuado de los precios de compra y alquiler, la escasa oferta de arrendamientos de larga duración, el elevado peso de las segundas residencias y las dificultades de acceso a la vivienda para jóvenes y trabajadores, factores que, según el consistorio, amenazan la cohesión social y la fijación de población.

En Canfranc, el consistorio también ha adoptado medidas para contener el problema, como la suspensión temporal de nuevas licencias para viviendas turísticas, la creación de una bolsa de alquiler y la preparación de cambios urbanísticos para limitar este tipo de alojamientos en el futuro. Los ayuntamientos consideran que la escasez de vivienda habitual se ha convertido en uno de los principales obstáculos para fijar población y atraer nuevos residentes. En el caso de Canfranc, el alcalde, Fernando Sánchez, llegó a definir la vivienda como “el mayor problema del mundo rural”, advirtiendo de que la falta de oferta impide el crecimiento de muchos municipios turísticos.

Negativa del Gobierno de Aragón a aplicar la ley estatal

La creciente presión de los municipios pirenaicos coincide con la negativa del Gobierno de Aragón a aplicar algunas de las medidas más relevantes incluidas en la Ley Estatal de Vivienda. De hecho, Enrique Pueyo ha acusado al Ejecutivo autonómico de priorizar la confrontación política sobre la búsqueda de soluciones. “El Gobierno de Aragón que preside Jorge Azcón prefiere la confrontación y ser insumiso con la Ley Estatal de Vivienda antes que solucionar las necesidades de las personas”, ha afirmado.

La pasada semana, el consejero de Vivienda, Octavio López, aseguró en las Cortes de Aragón que el Ejecutivo autonómico solo participará en el futuro Plan Estatal de Vivienda 2027-2030 si este “encaja” con el programa Aragón Más Vivienda. Octavio López aseguró que ha “batallado” para conseguir que Aragón reciba el 3,8% de los fondos teniendo el 3% de la población nacional, precisando que se destinará el 40% a generar oferta, el 30% a rehabilitación y el 30% a las ayudas para el acceso a la vivienda, todo para “complementar y llevar adelante” los programas del Plan Aragón Más Vivienda.

Un juzgado de Ceuta ha dado la razón a Aragón tras el envío de un menor migrante a la comunidad y obliga a justificar de manera adecuada las razones que motivaron el traslado. Así lo ha dado a conocer este jueves la vicepresidenta y portavoz, la popular Mar Vaquero, que ha añadido que el Gobierno autonómico devolverá a la ciudad autónoma al joven si se confirma el fallo. Justo después ha comparecido el también vicepresidente Alejandro Nolasco, de Vox, para continuar con su ofensiva ante la política migratoria del Ejecutivo central y para dar a conocer un supuesto crimen en Caspe del que no se tenía noticia.

Vaquero ha anunciado que el Gobierno regional acatará lo que determinen los tribunales tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, contra la que cabe recurso en el plazo de 15 días. Mientras no sea firme, la situación del menor no cambiará. Aun así, Vaquero ha sido clara: “El Gobierno de Aragón cumplirá la sentencia y si tiene que volver a la situación anterior, se hará”.

La portavoz ha cargado contra el Gobierno central, al que acusa de utilizar a los menores migrantes con fines políticos y considerar al niño “un bulto y una moneda de cambio para intentar contentar a los socios de legislatura. Para nosotros sí era prioritario el interés superior del menor; para el Gobierno central, en cambio, ha primado el interés de un adulto: Pedro Sánchez”, ha afirmado.

Vaquero ha subrayado que se trata de la primera sentencia favorable al Gobierno de Aragón frente a una resolución de la Delegación del Gobierno en Ceuta relativa al traslado de un menor extranjero no acompañado , y sigue la línea de otros pronunciamientos favorables a distintas comunidades autónomas.

A su juicio, “el traslado se realizó con criterios arbitrarios y sin una motivación suficiente, dejando a Aragón en una situación de indefensión”. Además, ha cuestionado que estos menores sean enviados a Aragón mientras otras comunidades, como Cataluña, quedan al margen.

La comunidad autónoma inició esta estrategia con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto que modificó la Ley de Extranjería. La entonces consejera competente, Carmen Susín, defendió el recurso al considerar que la norma invadía competencias autonómicas. El Gobierno aragonés también anunció que recurriría todas las medidas derivadas de dicho decreto.

“Este reparto vulnera los principios de igualdad y solidaridad y quiebra el Estado de Derecho en cuestiones relacionadas con los derechos y libertades de los extranjeros. También constituye una forma de xenofobia excluir a dos comunidades autónomas de la llegada de menores no acompañados y migrantes adultos mediante criterios diseñados para evitar su traslado a Cataluña y al País Vasco, al dictado de un prófugo de la justicia española. Es una falta absoluta de humanidad hacia estos menores”, ha sostenido Vaquero.

La portavoz ha advertido además de que, si finalmente se revierte la situación, los menores volverán a ser trasladados entre comunidades autónomas “como si fueran mercancías. Esperemos que la justicia sirva para imponer sentido común frente a un Gobierno que fuerza la Constitución con tal de mantenerse en La Moncloa”», ha añadido.

Las pruebas de edad

Respecto a las pruebas realizadas por el Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA), que han determinado la mayoría de edad de uno de los menores acogidos en Aragón y una diferencia de edad en el caso de una menor que tenía 13 años en lugar de los nueve declarados inicialmente, Vaquero ha explicado que, de los 116 menores llegados a Aragón, se han practicado 23 pruebas.

Hasta ahora, el Gobierno no había considerado necesario extenderlas al resto, aunque la situación ha cambiado. “Ahora existe un acuerdo de gobierno y un consejero (de Vox) que ejercerá plenamente sus competencias”, ha justificado.

Pese a ello, ha restado excepcionalidad a la medida y ha recordado que se trata de un procedimiento habitual desde hace años. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, entre octubre de 2019 y 2026 el IMLA ha realizado 222 pruebas de determinación de edad. De ellas, 51 concluyeron que la persona examinada era menor de edad, mientras que el 77% correspondía a mayores de edad. “En la mayoría de los casos, la edad declarada no coincidía con la real”, ha resumido.

Vaquero ha insistido en que la competencia para ordenar estas pruebas corresponde a la Fiscalía y que el Gobierno autonómico únicamente puede solicitar su intervención cuando existan indicios suficientes. “Cuando la Fiscalía emite el correspondiente decreto, el Gobierno puede actuar. Y si una persona no es menor de edad, no puede beneficiarse de los recursos destinados a los menores”, ha afirmado.

Acto seguido, la portavoz ha cedido el protagonismo al vicepresidente y consejero de Desregulación y Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, responsable del área competente pero ha renunciado a mantenerse en el mismo plano que él.

Nolasco irrumpe para hablar del crimen de Caspe

La comparecencia ha dado entonces un giro inesperado. Nolasco ha tomado la palabra para referirse al supuesto asesinato de un joven de 27 años ocurrido en Caspe mucho antes de que la Guardia Civil informara del suceso. “Estamos en contacto con las autoridades y actuaremos con prudencia hasta que la investigación aporte datos oficiales. Exigimos a la Delegación del Gobierno total transparencia. Sabemos que en ocasiones se ocultan datos incómodos. Esperamos que los autores sean detenidos cuanto antes”, ha declarado.

El vicepresidente, que posteriormente se ha desplazado a la misma localidad, relaciona el crimen con la situación migratoria del municipio. “Caspe es uno de los focos más conflictivos que ampara el Gobierno de Sánchez. Existe un creciente malestar ciudadano por la presencia de migrantes que viven allí sin trabajo ni recursos. Hemos visitado la localidad en varias ocasiones y hoy lamentamos no solo este asesinato, sino también las dos agresiones con arma blanca registradas la semana pasada”, ha señalado.

Nolasco ha ido más allá y ha responsabilizado al Gobierno central de no actuar a tiempo. “¿A qué espera la Delegación del Gobierno? Esto se veía venir y podría haberse evitado. Si no se pone freno a esta invasión migratoria en Caspe y no se refuerza la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, situaciones como esta podrían repetirse”. Ha aprovechado para mandar un mensaje a los vecinos: “Estamos con los caspolinos y seguiremos denunciando una situación que consideramos absolutamente intolerable”, ha añadido.

«Vamos a identificar a quienes no sean menores y expulsarlos»

Preguntado por las pruebas de edad, Nolasco se ha mostrado partidario de ampliarlas y ha restado importancia a su coste económico. «Nos cuesta más mantener a inmigrantes ilegales que realizar estas radiografías. Cuando hay asesinatos, robos y agresiones, el coste de las pruebas no puede ser la principal preocupación. A mí me hierve la sangre. Todas las semanas hay agresiones y hoy hemos conocido un asesinato. Lo que me preocupa es que la gente muera y viva con inseguridad».

El vicepresidente ha defendido la realización de pruebas a todas aquellas personas cuya edad genere dudas razonables. “Vamos a seguir solicitándolas para quienes lleguen sin documentación biológica fiable y existan dudas sobre su edad. Resulta llamativo que muchos aseguren haber nacido el mismo día, del mismo mes y del mismo año, declaren tener 17 años y medio y posteriormente se compruebe que tienen 20 años e incluso hijos. Estoy convencido de que la Fiscalía colaborará y de que el resultado será positivo”.

El acuerdo de gobierno entre PP y Vox contempla aumentar el presupuesto destinado al IMLA y ampliar el número de pruebas realizadas, aunque el Ejecutivo no ha detallado el coste unitario de estos procedimientos.

Asimismo, Nolasco ha asegurado que Aragón ha recurrido prácticamente todos los traslados de menores, con cerca de 200 recursos presentados. También ha desafiado al delegado del Gobierno a demostrar que, desde la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico, han seguido llegando menores extranjeros no acompañados. “No ha entrado ni un menor más, aunque seguirán intentándolo”.

Sobre el fallo judicial conocido este jueves, Nolasco ha asegurado que respalda la posición del Gobierno aragonés. “La sentencia nos da la razón y demuestra quién está actuando de forma torticera al margen de la ley. No somos nosotros, sino el Gobierno de Sánchez, cuyas políticas enriquecen a las mafias que trafican con seres humanos procedentes del tercer mundo”. “Son ellos los que fuerzan a las CCA a recibir menores extranjeros no acompañados, a menudo, falsos menas”, ha añadido.

El vicepresidente ha concluido reiterando uno de los principales compromisos del pacto PP-Vox: “Vamos a hacer pruebas, vamos a identificarlos y vamos a expulsar a quienes resulten ser mayores de edad. Vamos a poner orden y a informar con total transparencia de todos los incidentes que se produzcan en los centros de menores para que los aragoneses conozcan la realidad. Yo no podría dormir tranquilo defendiendo políticas que, a mi juicio, cuestan vidas y generan violencia”.

Como cierre, ha insistido en que Aragón seguirá utilizando todas las herramientas legales a su alcance para combatir la inmigración irregular. “Nuestro objetivo es luchar contra la invasión migratoria con todos los instrumentos que permite la legislación vigente. Para el Gobierno de Pedro Sánchez no todos los territorios son iguales ante la ley. Aragón no recibe el mismo trato que Cataluña e impone su dictadura ideológica, obligando a Aragón a recibir contingentes de menores inmigrantes pero no llevarlos a Cataluña”.

Periodistas de Aragón, que agrupa a la asociación homónima y al Colegio Profesional, ha trasladado a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo una solicitud de valoración sobre diversos comunicados institucionales difundidos recientemente por el departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón.

La entidad profesional y colegial ha recibido diversas quejas por parte de colegiados y asociados, pero también de otros ciudadanos ajenos a la profesión, respecto a algunos de estos textos, especialmente en cuestiones relacionadas con migración y colectivos vulnerables.

Ambas organizaciones dudan acerca de que determinados enfoques y expresiones utilizados puedan entrar en contradicción con las recomendaciones recogidas en el Código Deontológico del Periodismo y con la ‘Guía didáctica para el correcto tratamiento mediático de las migraciones’, impulsada conjuntamente por el propio Gobierno de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón.

Esta guía fue elaborada precisamente para promover un tratamiento informativo riguroso, contextualizado y no estigmatizante de las migraciones, así como para prevenir discursos discriminatorios o simplificaciones que puedan afectar a la convivencia social.

El término 'mena'

La petición remitida a la Comisión se refiere, entre otros aspectos, al uso reiterado del término ‘mena’, pese a que la guía desaconseja expresamente el uso de acrónimos para referirse a personas, y advierte del carácter despectivo y estigmatizante que ha adquirido esa denominación.

Asimismo, desde Periodistas de Aragón se observa una reiterada asociación entre migración, inseguridad y conflictividad, así como referencias insistentes a nacionalidades y orígenes en contextos delictivos o conflictivos sin una justificación informativa clara.

Periodistas de Aragón subraya que los hechos relatados en algunos de estos comunicados poseen evidente interés público y, en algunos casos, una indudable gravedad. Precisamente por ello considera necesario reforzar el rigor, la proporcionalidad y el respeto a los principios éticos en la comunicación institucional.

Los mecanismos de autorregulación y reflexión deontológica fortalecen la calidad democrática, la convivencia y la credibilidad del periodismo y de la comunicación pública.

El informe técnico de Planeamiento municipal sobre la recalificación a la carta que proyecta el Gobierno del PP en Zaragoza en el antiguo Convento de Jerusalén, a propuesta de un inversor privado, desmiente al consejero de Urbanismo: no hay “valoración técnica que justifique” los 22 millones de euros propuestos por el promotor como compensación ante el pelotazo urbanístico. Además, el documento deja claro que la edificabilidad del sector es menor a la apuntada por la entidad privada.

El estudio, de ocho páginas –y que incluye un inusual nivel de detalle para este nivel de la tramitación, cuando hay solo una propuesta inicial–, esta fechado en enero, un mes después del escrito presentado por Enta Properties. Propiedad del grupo Bancalé, esta firma aspira a que el Ayuntamiento recalifique parte de la parcela, actualmente calificada como dotación local de equipamiento privado o religioso, para levantar en una de las zonas más caras de la ciudad 220 viviendas de lujo, una residencia de mayores y otro desarrollo terciario, ya sean oficinas, un hotel o un centro docente. Como contraprestación para el denominado 'Proyecto Living Romareda', Enta Properties aportaría un máximo de 22 millones de euros, “el límite máximo de viabilidad económica del proyecto”.

Y, pese a que el martes el consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, afirmó que para sustentar esta propuesta había ya “un borrador”, lo cierto es que el Servicio Técnico de Planeamiento Municipal –el informe lo suscribe la jefa de la oficina– apunta que la propuesta económica de 22 millones de euros “no se acompaña de valoración técnica que justifique la cantidad señalada”.

Lo único que hay, que conste hasta el momento, es la valoración llevada a cabo por el propio inversor para determinar ese importe de 22 millones, que abarcaría todos los conceptos, incluido el 10% de aprovechamiento y las cesiones obligatorias para las dotaciones.

La edificabilidad

En cuanto a la edificabilidad –cuántos metros cuadrados se pueden construir a partir de la superficie de un suelo–, la propuesta del promotor sitúa este índice en 1,6676, una cifra que enmarca en el “área homogénea” de la Gran Vía; es decir, en línea con el entorno del barrio. Sin embargo, la jefa de Planeamiento es clara: “Debe dejarse constancia expresa de que la edificabilidad del sector es el 1,5, con lo que la superficie edificable es de 12.241 metros cuadrados, y no 15.595 como apunta el inversor privado.

Esto puede tener implicaciones ya que los desarrollos propuestos para el sector deberían reducirse en más de un 10% respecto a lo previsto. La propuesta de Enta Properties era de 204 viviendas de lujo, de las cuales 70 se reservarían para alquiler, pero el Ayuntamiento aumentó el número de pisos hasta 220 –sin justificar el porqué de esta subida–.

El mencionado porcentaje no se aleja mucho de los 1.135 metros cuadrados de superficie que ocupará el vial que debe atravesar el sector y que el promotor deberá asumir finalmente con carácter gratuito, tal y como ha determinado recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La sentencia en primera instancia dio la razón a Enta Properties al considerar que la cesión era onerosa y que generaba edificabilidad.

El informe de Planeamiento y Rehabilitación también hace un recorrido por dos propuestas anteriores del grupo Bancalé en el mismo Convento de Jerusalén, de 2018 y 2019, que no fructificaron. La diferencia con la actual, recuerda la arquitecta municipal, es que entonces se dirimía un “trasvase de aprovechamiento urbanístico municipal previamente reconocido” y ahora se trate de la “atribución de nuevos usos”.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha fichado como asesor de su gabinete al líder del Partido Aragonés (PAR) y alcalde de Gúdar, Alberto Izquierdo. Según ha informado este miércoles el Ejecutivo autonómico, ocupará una plaza que se encontraba vacante.

Izquierdo está al frente del PAR, formación que no logró obtener representación en las Cortes de Aragón tras las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero, quedándose sin escaños.

Desde el Gobierno de Aragón destacan la trayectoria política e institucional del dirigente turolense y aseguran que su incorporación servirá para reforzar la estrategia del Ejecutivo en una etapa que califican de estabilidad y crecimiento socioeconómico.

Vox recrudece en Aragón la guerra contra los menores migrantes, en especial los repartidos por el Gobierno central debido a la emergencia canaria, incluso si eso supone hacer pruebas forenses a niñas de nueve años. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, de la extrema derecha, ha anunciado este miércoles un endurecimiento del protocolo para determinar la edad de estos jóvenes y, si son mayores de 18 años, expulsarlos de los centros de acogida. El dirigente de Vox ha informado incluso de que se ha llevado a cabo una “estimación pediátrica” de una pequeña para conocer su edad, que según ha dicho se ha estimado en “trece años”.

En realidad, el plan que Nolasco ha vendido a los medios, para mostrar mano dura en su campaña antiinmigración, ya existía antes incluso del pacto de gobierno, aunque aparentemente se va a reforzar. Hasta ahora, cuando el Gobierno de Aragón detectaba que alguno de los jóvenes ingresados en sus centros de menores era susceptible de ser mayor de edad solicitaba a la Fiscalía de Menores la autorización para llevar a cabo las pruebas, que tienen lugar en el Instituto de Medicina Legal de Aragón, el IMLA. Este organismo cuenta con una tecnología que en su día, cuando la implantó el Ejecutivo de Javier Lambán, era pionera para determinar la edad, a través de un ortopantomógrafo y, en último lugar, con un TAC externo clavicular.

De ser positivo el análisis, el joven no volvía al centro de menores, sino que pasaba a otras instancias de los Servicios Sociales autonómicos. El objetivo es centrar los recursos en quienes tienen realmente una minoría de edad y, por otro lado, evitar la convivencia de ambos colectivos.

El cambio ahora es que, según ha afirmado el vicepresidente autonómico, estas pruebas se solicitarán no solo para los menores sobre quienes recaen sospechas, sino para todos aquellos que sean trasladados a Aragón sin el correspondiente certificado biológico, algo que según ha cifrado Nolasco sucede en cuatro de cada cinco casos.

Esta habría sido la situación que, según ha descrito el también consejero de Servicios Sociales aragonés, habría sucedido con un joven de 13 años que tendría 20, más “dos hijos en su país”, ha afirmado Nolasco. Se trata, en todo caso, de un caso que no es extraño: desde hace años hay un porcentaje significativo de menores que finalmente se determina que son mayores edad.

Prueba forense a la niña

Lo que sí resulta raro es llevar a cabo pruebas a una niña cuyo registro indica que tiene nueve años. Nolasco no ha dado más detalles sobre su caso, un examen médico que, en todo caso, no puede tener consecuencias para esta pequeña dado que la prueba no es oficial y como sigue siendo menor seguirá albergada en un centro de menores autonómico. El consejero sí que ha precisado que se ha ordenado practicar una prueba forense de edad a la niña.

“Estamos ante un mayúsculo fraude contra el Gobierno de Aragón y, por tanto, contra los aragoneses, porque la residencia fraudulenta le ha costado a las arcas autonómicas alrededor de 13.000 euros”, ha evaluado Nolasco. “Este sujeto fue expulsado de los Servicios Sociales de Aragón el pasado 25 de mayo del centro de menores migrantes en el que se encontraba, con la ley en la mano”, ha añadido el vicepresidente, que ha recalcado que el relatado “no es un caso aislado” y “la falsedad en los datos de edad afecta gravemente a la atención que se presta a los menores”.

El vicepresidente aragonés se ha dedicado a atacar al delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, y al ministro Ángel Víctor Torres, como responsables de Extranjería: “Los casos de falsos menas que detectemos serán notificados de inmediato y los llevaremos a las puertas de Delegación del Gobierno para que se hagan cargo de ellos y queden bajo su estricta responsabilidad”. “Aragón no va a consentir que el Gobierno de Pedro Sánchez siga siendo cómplice de esta invasión migratoria, amparándola y favoreciéndola con fraude incluido”, ha avisado Nolasco.

Sus valoraciones han recibido el visto bueno del presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, aunque con matizaciones. En una suelta de linces en un barrio de Zaragoza, el jefe del Ejecutivo ha apoyado que las pruebas se “generalicen”, de forma que “personas que son mayores no se hagan pasar por menores”. A continuación, pese a que Vox ha transmitido que las pruebas serán generalizadas si no hay certificado biológico, Azcón ha precisado que se llevarán a cabo “en todos los casos en los que pueda haber cualquier duda o una indeterminación”.

“Un protocolo riguroso”

Las palabras del líder de Vox en Aragón sí han recibido respuesta por parte del propio delegado del Gobierno. Beltrán ha recordado que el reparto de menores “sigue un protocolo riguroso con el papel garantista que ejerce la Fiscalía de Menores” y ha indicado que, “como ha ocurrido siempre”, si surge un caso que generara duda “se hacen las pruebas pertinentes”.

“Si el señor Nolasco considera que estamos ante un problema de la magnitud que denuncia, le invito a que todas las semanas comparezca para decirnos cuántos menores han resultado ser mayores de edad. Le pido que nos informe puntualmente de los resultados de esas pruebas a todos los ciudadanos. Y le pido también que nos diga dónde se están haciendo esas pruebas y qué coste tienen”, ha advertido el delegado del Gobierno en Aragón.

La recalificación a la carta que dio a conocer la semana pasada el Gobierno del PP en Zaragoza para el antiguo Convento de Jerusalén, en un gran solar junto a La Romareda, ofrece más dudas aún de las iniciales al conocer las interioridades de la iniciativa. Así, la propuesta formulada la promotora, Enta Properties –del grupo inversor aragonés Bancalé–, al Ayuntamiento era de 204 viviendas de lujo y sin embargo el anuncio de Urbanismo elevó a 220 los pisos proyectados. Este aumento en el número de viviendas llega días después de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que condena a la empresa a asumir de manera gratuita el vial que cruzará el sector. El consejero de Urbanismo desvincula ambos hechos y aclara que “los metros cuadrados edificables” del plan urbanístico “se mantienen”.

El pasado jueves, el Ayuntamiento anunció el desbloqueo del sector a través del denominado 'Proyecto Living Romareda', por el que el grupo inversor podría construir “220 viviendas nuevas” de lujo –hasta ahora, la construcción de pisos ahí no estaba contemplada–, a lo que se sumaban una residencia de mayores y otra para sanitarios, que era lo previsto en un principio. Todo ello, a cambio de un pago “máximo” de 22 millones de euros para las arcas municipales

La cronología que ha vivido este espacio de carácter religioso, aledaño al estadio de fútbol y situado en una de las zonas más caras de la ciudad, es clara en muchos aspectos, pero también guarda incógnitas.

Enta Properties adquirió el suelo a la congregación en septiembre de 2018, según consta en la escritura de propiedad, y en mayo del año siguiente, aún con Pedro Santisteve (Zaragoza en Común) de alcalde, solicitó sendas licencias de demolición y de apertura para una residencia de tercera edad. El Ayuntamiento de Zaragoza, sin embargo, dejó pasar el tiempo sin resolver estas solicitudes, lo que llevo a Enta Properties a interponer un contencioso que en enero de 2023 se resolvió a su favor: el juez revirtió la denegación por silencio administrativo de la demolición y, además, consideró que la cesión del vial previsto en el sector es onerosa –que la promotora debe cobrar por ceder el terreno– y que genera edificabilidad.

El Consistorio, ya con Jorge Azcón al frente, recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Y el Alto Tribunal resolvió hace dos semanas, el pasado 19 de mayo: estimó la pretensión del Ayuntamiento, confirmó la denegación de la licencia urbanística y declaró que la cesión del vial era gratuita y no generaba edificabilidad.

El informe jurídico

Para entonces ya se había redactado el informe jurídico sobre la recalificación, rubricado el 11 de mayo –aunque que da cuenta de la “sentencia no firme” del TSJA, fechada ocho días después– y que traslada la decisión “a los órganos de gobierno municipal”, en este caso el pleno. Curiosamente, el Servicio Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística sigue mencionado que la memoria proyecta la construcción de 204 viviendas –que incluyen “un mínimo” de 70 para alquiler y a lo que se suman 15.595 metros cuadrados de edificabilidad para el uso terciario–, y no 220 como anunció el equipo de gobierno la semana pasada.

Este martes, a preguntas de este medio, el responsable municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha recordado que el proyecto se encuentra en una fase inicial y que tanto el número de viviendas definitivo como la compensación de 22 millones de “tope máximo” no serán “definitivos” hasta que se apruebe la modificación del Plan General, en una etapa posterior. “Lo que permanecerá inalterable son los metros cuadrados de residencial edificable”, ha apuntado.

Serrano ha justificado que la cifra de 22 millones de euros aparece en un “borrador” que sin embargo no ha hecho público, lo que se suma al hecho de que no conste una valoración técnica que lo sustente. “Teníamos que trabajar con una orientación de cuánto podía a suponer, y esa orientación la ha dado la jefa de Servicio”, ha afirmado el consejero, que ha remitido a un “informe definitivo” posterior en el que se valorará “ese aprovechamiento”.

Serrano ha desvinculado además el cambio en el número de viviendas anunciado de la sentencia del 19 de mayo. Ha explicado que, de ser así, habrían reducido los 22 millones de euros que en principio deberá percibir el Ayuntamiento.

Las “peores sospechas”

Quien sí se ha mostrado muy crítica ha sido la portavoz de Urbanismo del grupo municipal del PSOE, Ros Cihuelo, para quien las palabras del consejero del ramo, “lejos de aportar claridad”, lo que hacen es confirmar sus “peores sospechas”. “La falta de rigor y, sobre todo, la falta de transparencia y el oscurantismo entorno al proyecto apuntan a esa política del pelotazo urbanístico que siempre impulsa el Gobierno de Natalia Chueca”, ha denunciado.

Cihuelo ha continuado con sus dudas: “Si está en fase de definición y pendientes del convenio urbanístico a firmar, ¿por qué Víctor Serrano hace una presentación a casi todos los medios el miércoles si una semana después todo está en el aire? Y, sobre todo, ¿por qué lo trae a Gerencia de Urbanismo de ayer (por el lunes) cuando hoy ha tenido que reconocer que está todo sin cerrar?”, ha incidido. “La falta de rigor y, sobre todo, la falta de transparencia y el oscurantismo entorno al proyecto apuntan a esa política del pelotazo urbanístico que siempre impulsa el Gobierno de Natalia Chueca”, ha denunciado la edil socialista.

Ahora no toca. El Gobierno de Aragón ha rechazado participar en una reunión bilateral con el Ejecutivo central para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, considera que “no se dan las circunstancias en el país” –en referencia velada a los escándalos que afronta el PSOE de Pedro Sánchez– para afrontar una negociación de este calibre en el actual contexto político y económico. A eso se une, argumenta el Gobierno regional, la cercanía de las elecciones municipales y generales.

Hasta ahora, el Ejecutivo de Jorge Azcón no se había negado expresamente a negociar el modelo, sino que se había limitado a criticar con dureza las propuestas iniciales llegadas desde Hacienda, que no incluyen factores como la despoblación –de manera expresa, porque sí lo hacen con otras denominaciones– o la orografía.

La negativa llega después de que el Ministerio de Hacienda comunicara a las comunidades autónomas el lunes su intención de abrir una ronda de contactos bilaterales con el objetivo de consensuar un nuevo modelo de financiación que pudiera entrar en vigor el próximo 1 de enero. Bermúdez de Castro confirmó haber recibido el correo del Ministerio, pero cree “imposible” alcanzar un acuerdo cuando faltan apenas once meses para los comicios.

Como argumento, ha recordado que la condonación de parte de la deuda autonómica sigue pendiente desde hace dos años “sin que se haya movido un papel”, por lo que considera que la propuesta del Gobierno central es, en estos momentos, “un brindis al sol”.

“No se dan las condiciones para abordar una reforma de la financiación autonómica con todas las garantías y desde el sosiego. Pero estamos dispuestos a sentarnos a hablar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para buscar un buen sistema de financiación, siempre que participen todas las comunidades autónomas”, ha señalado el consejero de Azcón.

Bermúdez de Castro insiste en que la negociación debe realizarse de forma multilateral y critica los acuerdos bilaterales alcanzados con Cataluña, que ha calificado de “muy lesivos” para el conjunto del sistema. A su juicio, la diversidad territorial de España obliga a que cada comunidad pueda exponer sus singularidades en una mesa común.“No nos parecemos en casi nada a Valencia, Madrid o Andalucía. Cada territorio tiene sus propias necesidades y debe explicarlas ante el resto. Por separado, no nos vamos a sentar”, ha zanjado.

El Gobierno central defiende el diálogo

Frente a la posición del Ejecutivo aragonés, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, defendió la iniciativa del Ministerio de Hacienda y consideró “loable” retomar la negociación sobre financiación autonómica una vez concluidos los recientes procesos electorales.

Beltrán sostuvo que el camino pasa precisamente por abrir contactos con las comunidades autónomas y destacó la utilidad de las reuniones bilaterales para avanzar en el entendimiento entre administraciones. “Lo que toca es sentarse con las comunidades autónomas, con el mejor ánimo y el mejor espíritu de alcanzar acuerdos”, ha afirmado.

Asimismo, ha defendido la propuesta de financiación presentada por el Ministerio de Hacienda, que, según recordó, supondría para Aragón un incremento de recursos de unos 630 millones de euros. Aunque admite que el documento no será necesariamente el texto definitivo, valora que recoja elementos clave para la comunidad, como la despoblación y las particularidades territoriales de una región que ocupa cerca del 10% de la superficie de España pese a concentrar menos del 3% de la población. “Este modelo debe tenerse en consideración, igual que las reclamaciones que planteen el resto de comunidades autónomas”, ha señalado.

El delegado del Gobierno ha subrayado que cualquier acuerdo sobre financiación autonómica exige diálogo y capacidad de consenso entre todas las partes implicadas. “Solo existe una vía: sentarse a hablar, aportar argumentos y tratar de alcanzar un acuerdo que garantice el equilibrio territorial”, afirma.

Beltrán recuerda que cada comunidad defenderá aquellos criterios que considere más favorables para sus intereses, una actitud que considera legítima siempre que se produzca dentro de una negociación abierta y transparente. “Lo que pretende el Estado es buscar un equilibrio territorial. No se puede escuchar más ni mejor a unas comunidades que a otras”, ha concluido.

Respecto a la posibilidad de que el nuevo sistema de financiación entre en vigor el próximo enero, el delegado ha reconocido la complejidad del calendario, aunque ha apelado a acelerar las negociaciones para intentar cumplir los plazos previstos.

El pleno extraordinario del Ayuntamiento de Zaragoza convocado este lunes por el PP ha servido para tensionar y enconar aún más las posiciones entre el Gobierno del PP, apoyado por los concejales de Vox, y la oposición del PSOE y Zaragoza en Común. Populares y ultras han conseguido que se aprobaran tres mociones, en una de las cuales se condena la trama de influencias investigada en el caso Plus Ultra, en la que aparece imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha criticado: “No estamos para convertir el Ayuntamiento en un tribunal político al servicio del PP”

Otro apartado de la mencionada moción aprobada manifiesta la “máxima preocupación por la posible utilización de estructuras y decisiones del Estado al servicio de intereses privados, partidistas y clientelares. Y exige al Gobierno de España ”explicaciones inmediatas y completas“ sobre los hechos investigados en el caso Plus Ultra.

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha dicho que siguiendo el rastro del dinero se ha imputado a Zapatero por varios delitos lo que constituye “uno de los hechos de mayor gravedad política e institucional en España” por el rescate de Plus ultra. Ha recordado que esta situación se ha denunciado por históricos del PSOE que hablan de “Estado fallido” y mencionan “peligrosas similitudes” entre Zapatero y el exprimer ministro de Italia, Bettino Craxi, que perdió la protección parlamentaria frente a acusaciones judiciales y supuso la disolución del Partido Socialista italiano y su muerte en el exilio en Hamamed (Túnez).

Le ha preguntado a la portavoz del PSOE, Lola Ranera, si solicitará la apertura de un expediente informativo sobre Zapatero como hizo en su día con el concejal, Alfonso Gómez Gámez, que apareció en un documento sobre la Mina Muga, entre Navarra y Aragón.

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha dudado de la eficacia de este pleno que “solo sirve para que el PSOE pase un mal rato, pero no se soluciona nada de la ciudad”. Le ha recordado al PP que tiene condenas por corrupción y varias causas pendientes de juicio. “No se puede convertir el Ayuntamiento de Zaragoza en la subsede de Génova, porque aunque el caso de Zapatero huele mal, no puede ser un tribunal político al servicio del PP”, ha atacado Elena Tomás, quien ha preguntado además al PP si apoyaban su enmiendas transaccionales en las tres mociones con medidas concretas hacia los expresidentes o “siguen con su demagogia habitual”.

“Qué PSOE”

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha mostrado su respeto a la presunción de inocencia, pero ha recordado la gravedad de lo que se recoge en el auto del juez sobre la imputación a Zapatero.

El concejal de Vox, David Flores, ha trasladado el apoyo a los jueces que siguen estos casos para señalar que “llueve sobre mojado porque el historial del PSOE es largo” y al PP le ha dicho si es el Partido popular que “añora” votar con el PSOE, en referencia a las declaraciones del presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que aludía al PSOE que en su día “había admirado y que ya no existe”.

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha comentado que es el tercer pleno extraordinario del PP para pedir la dimisión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la mayoría de sus mociones versan sobre lo mismo. “Instrumentalizan las instituciones, pero gestionar nada”, ha zanjado. La edil socialista ha dicho que “no vale todo y no se pueden asaltar los cielos, hay que hacerlo con humildad, de lo que la alcaldesa anda floja”. Ha avanzado que no permitirá que el PP “de lecciones de corrupción porque aún se oyen los martillazos en Génova”.

Lorén ha replicado a Vox que “se necesita al PSOE honrado” y al PSOE que “el PP defiende a los jueces honrados”. Ha comentado que “hasta Ferreras en La Sexta califica de brutal” el auto del juez sobre Zapatero para preguntar como será cuando se conozca el sumario.

Dimisiones y elecciones

La segunda moción del PP, que ha tenido el mismo resultado en la votación, condena la “degradación institucional” provocada por los numerosos escándalos, investigaciones y presuntos casos de corrupción vinculados al PSOE y al entorno político de Sánchez, a quien exige su dimisión inmediata y de todo su Gobierno por la pérdida de credibilidad democrática que supone mantener al frente del Ejecutivo a un PSOE y a un presidente cercados por investigaciones y escándalos de “extrema gravedad”. Asimismo, se reclama convocar elecciones generales por “higiene democrática”, para decidir el futuro político de España y poner fin a una situación de deterioro institucional “incompatible” con la confianza que merecen las instituciones.

El portavoz adjunto del PP, Alfonso Mendoza, ha dicho que Sánchez, tanto si no sabía lo que ocurría como si estaba al tanto “tiene que ir a la calle por inútil o por delincuente”, pero en ambos casos “no puede seguir al frente del Gobierno de España”. A la bancada del PSOE les ha dicho que “no son compañeros inocentes, sino cooperadores necesarios porque quien sostiene a una mafia es parte del problema”. Mendoza ha reclamado “dimisión, justicia y urnas y que dejan hablar a los españoles ya”.

El concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha manifestado que la moción pretende usar el pleno para una confrontación partidista de política nacional, además de ser “cínica” porque el PP “ve la corrupción ajena pero se vuelve ciego para ver la de su partido”.

“Degradación moral”

La portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha tildado de “gravísimo” lo que ocurre y que es una “degradación moral que comenzó en marzo de 2004”. Ha dejado claro que “la actual corrupción o podría entenderse sin el actual Gobierno y viceversa”. Se ha preguntado qué tiene que pasar para que el PP “deje de negociar con el PSOE” como el Tribunal de Cuentas. “No son culpables, pero forman parte del problema”, ha resumido.

El concejal del PSOE, Alfonso Gómez, ha pedido “dejar trabajar a la Justicia” para asegurar que el PP “son los herederos del franquismo” y ante la petición de la convocatoria electoral ha replicado que el presidente Sánchez “convocará elecciones cuando quiera”.

La tercera y última moción, que también ha prosperado, recoge el respaldo expreso a jueces, tribunales, fiscales, Guardia Civil, Policía Nacional y a todos los servidores públicos que actúan en defensa de la legalidad, de la separación de poderes y del Estado de derecho.

Exige al Gobierno de España y al PSOE que cesen en sus ataques, descalificaciones y campañas de descrédito contra jueces, tribunales, fiscales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y medios de comunicación que investigan casos de corrupción que afectan al entorno socialista, al tiempo que condena cualquier estrategia de desinformación, presión o descrédito institucional dirigida a socavar la confianza de los ciudadanos. Finalmente, se insta al Gobierno de España y al PSOE que colaboren con la Justicia.

Exconsejera autonómica de Presidencia y de Educación, exsecretaria provincial del PSOE en Teruel, exmiembro de la Ejecutiva federal de Pedro Sánchez y mano derecha de Javier Lambán en su última etapa en el partido, Mayte Pérez abandona la política tras ser apartada de todos los cargos institucionales y políticos por la nueva dirección del PSOE aragonés, ahora con Pilar Alegría al frente.

La exdirigente turolense, que llegó a sonar para suceder al fallecido exlíder ejeano en la reciente renovación del partido, se muestra en esta entrevista muy crítica con la forma de trabajar de la cúpula socialista, tanto a nivel autonómico como nacional. “Hoy en el PSOE importa más con quién estás que lo que puedes aportar”, lamenta.

Tras 23 años en activo, se despide de la política. ¿Es un adiós o un hasta luego?

Para ser sinceros, no ha sido una despedida voluntaria. Lo digo con total naturalidad, sin rencor y con mucha gratitud por estos 23 años que he tenido la oportunidad de representar a los ciudadanos, especialmente a los de mi provincia. Y es un hasta luego, por supuesto: yo seguiré siendo activista, bien desarrollando un puesto político o en mi condición de funcionaria, en mi trabajo y en mi propia vida.

¿Y qué planea hacer ahora? ¿Volver a su puesto?

Sí, claro, afortunadamente tengo un sitio donde regresar. Eso es recomendable en política: si no, a veces tienes la tentación de continuar y, por dependencia, tragar con cosas que quizás no harías si tuvieses otra salida.

Dice que no habla con rencor, pero sí afirma que se marcha obligada. ¿Está dolida por cómo se ha producido?

Las formas son parte del fondo y creo que deberíamos de cuidarlas: si no nos tenemos respeto dentro, es muy difícil que pidamos respeto y confianza fuera. ¿Dolida? Creo que las formas son mejorables. Me decepcionan las formas, no el partido. Soy capaz de diferenciar los momentos, los contextos, los proyectos y los liderazgos con un proyecto político, con unas siglas. Pero si las formas, sobre todo cuando he estado trabajando y representando al partido en el territorio durante muchos años.

¿Cuándo fue la última vez que habló con Pilar Alegría?

No lo sé. Cuando se configuraron las nuevas Cortes. En febrero podría ser.

¿Por teléfono?

Por WhatsApp.

Ambas formado parte de un mismo gobierno (el primero de Javier Lambán) y han compartido un puesto en la ejecutiva federal con Pedro Sánchez. Desde fuera sorprende tan poca interlocución.

Cada uno toma las decisiones que considera. Pilar Alegría era la secretaria general de mi partido porque así lo decidieron los militantes y es una cuestión que respeto. Otra cosa es que discrepe en lo político. Pero quiero dejarlo claro: no es una discrepancia en lo personal; aquí no estamos para hablar de si me cae bien o si me cae mal, porque yo a los amigos los tengo fuera de la política. Otra cosa, como digo, es que yo discrepe de su liderazgo, de su forma de entender el partido.

¿En qué sentido?

Creo que no ha cogido el tono. Tiene unas prioridades que no encajan con el modelo de partido por el que yo apuesto, más pegado al territorio, que conozca las cosas porque las ha estado trabajando. Al final, estar tantos años fuera te hace despegarte de eso. Por lo tanto, cada uno decide cómo hace las cosas, cómo ejerce su liderazgo y también tiene que ser consecuente con esas decisiones, evidentemente.

Pilar Alegría tiene unas prioridades que no encajan con el modelo de partido por el que yo apuesto, más pegado al territorio. Al final, estar tantos años fuera te hace despegarte de eso

¿Por qué cree que a este PSOE le falta pegarse más al territorio?

Dicen que son muy municipalistas porque son alcaldes y alcaldesas, pero yo creo que hay un desconocimiento: quienes teníamos una responsabilidad importante en la anterior etapa estamos desaparecidos. No es una cuestión mía personal. Yo he salido, pero también otras personas que representamos esa sensibilidad, ese partido socialista más clásico, más pegado al territorio, más aragonesista y más socialdemócrata; esa realidad cada vez es más pequeña en el PSOE. Pero en el PSOE a nivel nacional, porque no solo nos ha pasado en Aragón. Y creo francamente que cuando un partido estrecha su vida interna, reduce los espacios, estrecha también su reflejo en las urnas.

¿Aprovecha el talento en este actual PSOE?

A mí me preocupa que en este partido interese más con quién estás que lo que puedes aportar. Yo me afilé al PSOE porque es un medio, no un fin en sí mismo; porque era un medio a través del cual poder transformar la sociedad. Cuando un partido deja de ser un medio y se convierte en un fin en sí mismo, yo creo que el fin del partido está más cerca.

¿Y cree que ha sido siempre así?

En las épocas de liderazgo de Marcelino Iglesias y Javier Lambán, la discrepancia tenía su sitio y se respetaba. Fíjese, en la última etapa de Lambán una parte del PSOE aragonés, la federación de Huesca, estuvo en contra de él en unas primarias cuando acababa de ser nombrado presidente; perdieron y, sin embargo, jamás el secretario general les negó ni la representación que tenían ni la autonomía de su territorio para elegir a las personas que consideraban oportunas. Son constataciones de lo que ha sucedido, no percepciones. Para mí, la discrepancia en un partido es un valor, y sin embargo ahora mismo no existe.

La actual dirección asegura que esa antigua oposición sí que está representada con personas como Darío Villagrasa o Teresa Ladrero.

Yo creo que es una constatación, y no solo respecto a las personas que hemos sustentado responsabilidad política sino también a los profesionales [en el partido]: ahora, los criterios para elegir a los equipos se rigen por si estás conmigo o no, y si estás conmigo puedes estarlo desde el principio o durante el proceso. Cuando Javier Lambán decía que no le parecía acertado que los ministros fueran los representantes en el territorio, que fueran los encargados ya no solo de gestionar el partido sino de presentarse ante el electorado, él no lo decía por cómo se llevaba con Pilar Alegría –que Pilar Alegría ha sido todo gracias a Javier Lambán–, sino porque creía que era contraproducente para los intereses del proyecto político que representaba y para el PSOE en Aragón. Y a las pruebas me remito.

Yo nunca he tenido miedo a la derecha, nunca, en ninguna de las responsabilidades que he ejercido. Y la he combatido. Pero a mí me gustaría hablar de qué PSOE queremos, y esto no se resuelve con mi salida o con que echen a unos o a otros

¿Por qué dejó en su día el escaño en las Cortes de Aragón y la portavocía e ir al Senado?

Yo a priori anuncio que me voy a presentar para seguir como secretaria general en Teruel, algo que compartía con el equipo que me acompañaba, y le digo a la propia Pilar Alegría que creo que le soy útil todavía en la provincia como secretaria general. Y ella decide que apuesta por otra persona porque no formo parte de su círculo de confianza. Yo incluso exploro una vía intermedia, que no sea yo, pero sí alguien con capacidad de liderazgo, respeto y liderazgo en la provincia. Pero también fue desechada esa opción y ella me pidió que me fuera al Senado. Yo podía haber decidido quedarme en las Cortes, pero opto por alejarme para no hacer una herida pública. Había sufrido durante ese tiempo y me decidí alejarme un poco de la situación y desconectar un poco.

De esa forma evitó una fractura en el partido en Teruel.

Yo decido no presentarme para no tensionar al partido en Teruel, para no tener que hacer bandos. El problema es que, en el PSOE actual, en lugar de pasar página estamos pasando factura. Y eso es un problema real, porque cuando tú reduces el espacio dentro del partido al final lo acabas reduciendo fuera.

¿Se siente en minoría dentro del partido, como dijo muchas veces Lambán? Hay voces que acusan a la anterior dirección, usted incluida, de falta de lealtad al proyecto del PSOE de Pilar Alegría.

Es bien difícil que me pueda achacar falta de lealtad. A mí me echaron de una ejecutiva federal sin motivos, todavía estoy esperando una explicación, pero tendrán que buscar alguna reacción pública mía. Yo soy muy disciplinada en el partido, siempre lo he sido. Ahora bien, disciplina a cambio de decencia, eso sí que no lo voy a hacer. En este momento. La única forma que tengo para expresarme es a través de mis propias redes, de mis propios medios, porque me han echado de todos los órganos internos del partido. Fui la primera mujer secretaria general del PSOE aragonés y he sido la primera que en un año ha dejado de estar en todos los sitios. Y no he dicho nada. Insisto: lo que hago es expresarme con libertad. Que, por cierto, es lo mismo que he hecho dentro, y seguramente por eso estoy fuera.

El ministro Óscar López atribuyó los malos resultados del PSOE en Aragón el 8F a la escasa oposición que hizo el expresidente Lambán al PP de Azcón. ¿Cómo lo valora?

El ministro tuvo un malísimo día, yo creo que se habrá arrepentido de lo que dijo.

No es una tesis que solo sostenga Óscar López, hay más voces en el partido que lo trasladan así. ¿Hasta qué punto cree que tuvo alguna responsabilidad la anterior dirección por hacer poca oposición al PP y más oposición al PSOE?

Me hace una pregunta difícil, porque yo me he pegado dos años y medio de portavoz en las Cortes de Aragón y me he desgañitado haciendo oposición. No quedaría elegante, pero invito a que hagan una comparación con lo que sucede ahora. Yo me fui en marzo de 2025 y se convocaron elecciones para febrero de 2026. Yo nunca he tenido miedo a la derecha, nunca, en ninguna de las responsabilidades que he ejercido. Y la he combatido. Pero a mí me gustaría hablar de qué PSOE queremos, y esto no se resuelve con mi salida o con que echen a unos o a otros. No, queda en el aire qué queremos ser, hacia dónde queremos ir. Y cuando elección tras elección estamos perdiendo los territorios, que por cierto son los que gestionan el estado del bienestar –se supone que el leitmotiv del PSOE es la defensa de lo público, de los servicios públicos–, la pregunta que queda es: ¿realmente este es el Partido Socialista que queremos y que defendemos? Yo desde luego he defendido otro; en los dos años y medio de portavocía en las Cortes defendí otro.

¿Alguna vez se ha planteado abandonar el partido?

Nunca. Lo que sí que voy a hacer es trabajar para que el PSOE vuelva a ser reconocible en la calle.

¿Un mal resultado en las elecciones municipales de 2027 debería hacer que el PSOE aragonés se replanteara su liderazgo?

No quiero ir a la consecuencia, quiero ir a la causa: tenemos que evitar que haya un mal resultado en las elecciones municipales.

Volviendo a la figura de Javier Lamban, ¿sigue echándole menos nueve meses después de su fallecimiento?

La figura de Javier es recordada por todos, por los aragoneses y por los no aragoneses. Marcó una impronta, una forma de enfrentarse a la política y a la vida. Un ejemplo, diría yo, porque nos enseñó que merecía la pena la lucha y él lo hizo con su propia enfermedad. No siempre acertó, como todo político que toma decisiones, pero nunca traicionó ni a sus principios ni a quien representaba. Eso le honra y le hace valedor del cariño y del recuerdo, y desde luego también del mío.

Visto con perspectiva, ¿cree que se ha sido justo con su figura?

El tiempo lo dirá.

Respecto a la renovación del partido en Aragón, ¿se arrepiente de algo en ese proceso? ¿Cree que deberían haber presentado una alternativa a Pilar Alegría?

Prefiero no pensar en eso. Si creo que este partido empieza a ser excesivamente personalista. Nuestra fortaleza es la red tan amplia que tenemos en el territorio: al margen de quien lidere, lo que debemos tener claro es desde dónde lo queremos liderar y para qué. Con Marcelino Iglesias y con Javier Lambán, Aragón fue grande porque se pensó desde aquí. Y ahí debemos volver: coger las riendas en el propio territorio y no ser excesivamente dependientes de lo que se decide en Madrid.

Cuando dejó el escaño en las Cortes, era la diputada más veterana.

21 años llevaba, sí.

¿Cómo ve la evolución en las Cortes de Aragón en este tiempo?

La entrada de Vox ha desvirtuado mucho la política. Ahora mismo hay mucha escenificación, muchas palabras gruesas. Me preocupa el clima, el grado de toxicidad que tiene el debate público, porque de alguna manera se está perdiendo la credibilidad y la confianza de las personas. Cuando la gente se defraude con la política, los populismos son la mejor solución.

¿Qué le parecen las continuas alusiones en el PP aragonés a “prostitutas” y “orgías” para atacar a Pilar Alegría?

A eso me refería con la toxicidad. Hoy vamos más al chascarrillo, a lo morboso o al ruido que a la acción política. Cuando recurrimos a eso es porque lo demás no importa, y a mí lo que me importa es el resto: qué proyecto político lideramos. También nosotros hemos hecho lo mismo: es un recurso que utilizan los dos partidos mayoritarios. Y luego nos lamentaremos de que haya populismos que nos vayan ganando la partida.

La decencia en política no es un eslogan, hay que ejercerla. Y el PSOE nació para representar a la gente decente y a la gente trabajadora. Nos encontramos en una situación absolutamente crítica

¿Cómo vive los procesos judiciales que afectan al PSOE? El miércoles la UCO entró en la sede de Ferraz.

Pues lo vivo con mucha, mucha preocupación. Serán los tribunales los que diriman las responsabilidades y respeto evidentemente la presunción de inocencia. Pero al PSOE le perjudica mucho no generar una senda de ética y de regeneración, que es lo que se espera de nosotros como proyecto político. La decencia en política no es un eslogan, hay que ejercerla. Y el PSOE nació para representar a la gente decente y a la gente trabajadora. Nos encontramos en una situación absolutamente crítica.

Para una mayoría del partido, Rodríguez Zapatero es o era un faro ideológico.

En mi caso, el Rodríguez Zapatero que escucho ahora no es el que tengo en mi imaginario. Defiendo las políticas que hizo como presidente, unas políticas progresistas alineadas plenamente con la igualdad, y también defiendo su derecho a defenderse. Dicho eso, que sean los tribunales los que diriman. También creo que con este proceso se ve que el Estado de Derecho funciona. Y el que la haya hecho, que la pague. Como decía antes, cada uno tiene que ser consecuente con su responsabilidad, ser consciente del alcance de sus decisiones y asumir las consecuencias de sus actos.

¿Cree, como ya reclama abiertamente el PNV, que antes de fin de año Pedro Sánchez debería convocar elecciones generales?

Cuando se acumulan noticias, y además viendo cómo elección tras elección la ciudadanía nos manda a la oposición, por tanto, en un contexto en el que vas sumando casos que te impiden trasladar tu mensaje, que impiden que la ciudadanía perciba tus acciones políticas... En ese contexto, yo creo que hay que hacer una reflexión: hasta cuándo y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. En todo proyecto político, lo más leal es que, cuando observas que hay un bloqueo en tus decisiones, un cansancio en la militancia –que es la que sostiene todo, desde siempre–un ciclo que se agota, lo más leal como digo es dar aire. La ciudadanía pide aire.

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Gobierno autonómico para que, tras la valoración oportuna, adopte las medidas necesarias para asegurar la adecuada dotación de recursos personales y materiales de la Fundación para el Apoyo a la Autonomía y Capacidades de las Personas en Aragón, con el fin de garantizar el funcionamiento del servicio en el nivel más óptimo posible.

La resolución se produce tras la apertura de oficio de un expediente motivado por la recepción reiterada de quejas sobre el funcionamiento de la Fundación, entidad pública sin ánimo de lucro creada en 2022 para ejercer las medidas de apoyo acordadas judicialmente –habitualmente, curatelas con representación– para personas adultas que necesitan asistencia en el ejercicio de su capacidad jurídica. Entre 2024 y lo que va de 2026, el Justicia de Aragón ha registrado un total de 39 quejas relacionadas con esta materia, han informado desde el Justiciazgo.

El elemento común a prácticamente todas ellas ha sido la dificultad para acceder a canales de comunicación efectiva con los técnicos responsables de cada caso, si bien también se han planteado cuestiones relativas a la demora en la respuesta a solicitudes ordinarias, la dificultad para localizar al técnico de referencia o la falta de supervisión en situaciones puntuales.

En el marco de la instrucción del expediente, la institución realizó visitas a recursos residenciales de personas mayores y dependientes durante 2024 y 2025, y mantuvo dos reuniones presenciales con representantes de la Fundación.

El Departamento de Bienestar Social y Familia informó de que la Fundación cuenta actualmente con una plantilla de 25 personas, de las que 11 son técnicos de apoyo distribuidos entre las tres provincias: siete en Zaragoza, dos en Huesca y dos en Teruel.

Estas cifras se traducen en ratios de atención que oscilan entre 118 y 193 casos por técnico, dado que la Fundación atiende en total a 1.956 personas –1.352 en Zaragoza, 367 en Huesca y 237 en Teruel–. La atención telefónica directa está operativa únicamente de lunes a viernes en horario de 09.00 a 14.00 horas.

La Justicia de Aragón ha reconocido la “colaboración positiva” que ha mantenido la Fundación con la institución a lo largo de la tramitación del expediente, así como los importantes cambios normativos producidos en los últimos años en materia de derechos de las personas con discapacidad --entre ellos, la Ley 8/2021 de reforma de la legislación civil y procesal y la Ley aragonesa 3/2024--, que parten del principio de plena capacidad jurídica de toda persona y exigen una atención especialmente cuidadosa y personalizada.

Sin embargo, el número significativo y constante de quejas recibidas refleja que la dotación actual de recursos “no resulta suficiente para garantizar una atención adecuada a todas las personas bajo la tutela de la Fundación”.

Por ello, ha sugerido al Ejecutivo aragonés que valore la adopción de las medidas que resulten necesarias para reforzar los medios personales y materiales de la Fundación, con el objetivo de mejorar los canales de comunicación con los usuarios, reducir los tiempos de respuesta y garantizar una atención de calidad a las cerca de 2.000 personas que dependen de ella en todo Aragón.

La crisis del Real Zaragoza, que acaba de descender a Primera RFEF, se ha colado este viernes en la sesión de control al Gobierno. El presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha respondido a una pregunta de CHA asegurando que le dolía “tremendamente” la situación del equipo blanquillo, ha dicho apoyar a “todos los equipos que representan a esta Comunidad Autónoma” y, pese a sus propios antecedentes, se ha sincerado: “Lo peor que se puede hacer es mezclar la política con el deporte”.

Azcón ha señalado que, como anunció la vicepresidenta Mar Vaquero, se va a poner en marcha un plan de ayudas que tenga por objetivo “que los equipos aragoneses vuelvan a las más altas categorías”. “Hay que establecer prioridades en las ayudas deportivas”, ha considerado el jefe del Ejecutivo, para quien “vamos por buen camino” si un criterio es el arraigo, mostrándose partidario del mismo.

“Aunque los colores de mi equipo son el blanco y el azul, mi responsabilidad es que todos los equipos representan a esta comunidad” y deben hacerlo “en las mejores condiciones”. Para Azcón, los responsables de la situación del Real Zaragoza son “todos los que están al frente del club, desde los jugadores a los directivos”.

En respuesta a una pregunta del portavoz de CHA, Jorge Pueyo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha dicho que le llama la atención que Pueyo pregunte por el Real Zaragoza y no por otros equipos, como el Huesca SD, el Tarazona o el Bada Balonmano. “No sé si usted busca el bien del deporte o está buscando otra cosa”, ha deslizado.

Ha espetado a Pueyo que si quiere que el Gobierno diga a los equipos lo que tienen que hacer “eso era cuando ustedes estaban en el Gobierno y Agapito en el Real Zaragoza”, subrayando que “lo peor que se puede hacer es mezclar la política con el deporte”, pero Pueyo “viene a decirme que mezclemos” ambos ámbitos.

“Dolor profundo”

El portavoz de CHA ha sido tajante: “Los zaragocistas estamos cansados de que nos hayan robado el alma al equipo, la identidad, las esperanzas y Aragón el fútbol profesional”, manifestando su “desazón”. “Es tan grande el dolor, tan profundo, que no entiendo que otros partidos hagan leña del árbol caído”.

Ha comentado que muchos zaragocistas se dirigen a CHA para preguntar “qué se puede hacer ahora” y ha preguntado “con total honestidad” quiénes son los culpables de la situación del Real Zaragoza. También, si la concesión de ayudas se va a condicionar a que la propiedad obtenga resultados o tenga “cierto arraigo” con la ciudad y la Comunidad Autónoma.

El portavoz de CHA ha indicado que, en baloncesto, el Casademont “sí tiene ese arraigo, sí merecería las ayudas”, criticando –en alusión al Real Zaragoza– a quienes “están en Miami y han pisado esta tierra en dos ocasiones para hacerse la foto”. También ha dicho que “el respeto tiene que ser el mismo” para otros equipos, como el Huesca o el Teruel.

La sesión de control en las Cortes de Aragón ha vivido este viernes un momento atípico, al menos en la comunidad autónoma: por primera vez, una diputada del PP –Elena Allué– ha utilizado el tiempo de fiscalización al Gobierno para interpelar a una consejera del PP –Mar Vaquero–. Como es lógico, no ha habido discusión. El PSOE ha criticado el “jabón” dado a la vicepresidenta y esta le ha respondido justificando que la iniciativa cumple con el reglamento de la Cámara y además es una práctica que se da en otros territorios.

Fue en una junta de portavoces a principios de mes cuando se constató que en esta nueva legislatura, y por primera vez en democracia en Aragón, los partidos de gobierno –en este caso, PP y Vox– iban a intervenir en las sesiones de control al Ejecutivo, pese al oxímoron que supone. Entonces, los grupos de la oposición lamentaron el “rodillo” aplicado por las dos formaciones y que redujeran el “pluralismo político” con esta medida. Los populares recordaron que el reglamento de la Cámara no lo prohíbe y que de hecho es algo habitual en parlamento como el de Catalunya.

“Frente a quienes quieren debilitar los derechos legítimos de Aragón, hoy contamos con un Gobierno firme y decidido, no solo para ser capaz de traer los bienes sino para ponerlos en valor”. Allúe ha interpelado a Vaquero, responsable de las competencias en materia de Cultura, sobre los bienes de Sijena, y más que controlar al Ejecutivo se ha dedicado lógicamente a alabarlo y, de paso, para cargar contra la Generalitat de Catalunya y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

“Hoy le interpela este grupo parlamentario en la confianza de que este nuevo Gobierno será el que ponga punto y final a años de maniobras dilatorias” por parte de la Generalitat, ha argumentado la diputada popular, quien ha querido “ensalzar” la labor del Ejecutivo de Azcón en este ámbito. Frente a esto, ha atacado al president Salvador Illa y al “Gobierno de Sánchez y sus acólitos” por los “procesos dilatorios” en el regreso de los bienes de Sijena. “Quiero poner en valor la coherencia de este gobierno frente a la actitud de Cataluña y del Ejecutivo central”, ha insistido.

En su respuesta, la vicepresidenta Vaquero le ha dado las “gracias” por la interpelación, ha destacado que su gabinete estará “vigilante” para que se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo y también ha aprovechado para criticar las “actitudes” de la Generalitat, “amparadas en un marco de cesiones por parte del Gobierno de España”. “Por muchos focos de dilaciones, obstáculos e intentos de incumplimiento de la sentencia que se pongan, esos bienes acabarán viniendo a Aragón”, ha insistido.

Justo después ha sido el turno del diputado socialista, Darío Villagrasa, que ha comenzado su interpelación –también a Vaquero– ironizando acerca del episodio anterior: “Mi pregunta va a ser para aclarar conceptos y no solo para quitarle el jabón que le ha dado (Allué), después de que por primera vez en este Parlamento una diputada del grupo popular dedicara tiempo en tribuna para interpelar a una consejera del grupo popular sobre qué iba a hacer el grupo popular en una de las cuestiones. Esto sí que es histórico”, ha afirmado con sarcasmo.

En su respuesta, la vicepresidenta le ha recordado a Villagrasa que lo sucedido está amparado en el reglamento y que “pasa en muchos parlamentos de España”.