El Gobierno de Aragón ha suprimido el programa de lengua árabe y cultura marroquí a partir de este curso 2026/27 en la decena de centros educativos aragoneses en los que se venía impartiendo. La medida, incluida el acuerdo de gobierno firmado por PP y Vox tras las pasadas elecciones del 8F, supone otra cesión de los populares a la extrema derecha en la comunidad.

Así lo ha confirmado este domingo el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, que atribuido la decisión a la misma presencia de su formación en el Ejecutivo aragonés: “Comprobamos que Vox cumple sus promesas electorales”, ha remarcado.

El programa, coordinado por personal de la Embajada de Marruecos en España y por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, gestionado a su vez por las comunidades autónomas, se impartía hasta ahora en los centros CEIP Aljafería, CEIP Antonio Beltrán Martínez, CEIP José Camón Aznar, CEIP Luis Vives, CEIP Marcos Frechín, CEIP Puerta de Sancho, CEIP Ramón Sainz de Varanda, CEIP Tío Jorge, Colegio Cantín y Gamboa y Colegio El Carmen y San José.

Está dirigido a alumnado marroquí escolarizado en centros de Educación Primaria y Secundaria, así como al alumnado no marroquí que lo desee. Se desarrollaba fuera del horario lectivo.

El vicepresidente del Gobierno aragonés y líder de Vox en la región ha aprovechado la ocasión para lanzar consignas contrarias a la presencia e influencia del Islam: “No a la islamización de Europa. Y no a la islamización de España”, ha enfatizado.

En esa línea, ha recordado que su formación ya pidió la supresión de este programa el 14 de noviembre de 2025 en las Cortes de Aragón, durante la anterior legislatura.

Del mismo modo, el grupo municipal en el Ayuntamiento de Zaragoza defendió una moción el 26 de junio de 2025 para “solicitar la suspensión inmediata del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) en todos los centros educativos de España y en especial en Zaragoza y otros extremos”, que no logró el apoyo del resto de grupos municipales.

La Mojiganga de Graus, una de las tradiciones más antiguas, populares y singulares de las fiestas patronales de la localidad oscense, corre el riesgo de no celebrarse este año después de que el Ayuntamiento, gobernado por el PP, haya programado un tardeo con conocidos pinchadiscos prácticamente en el mismo horario. La comisión encargada de mantener viva esta representación satírica, protegida y reconocida cultural y turísticamete, se plantea ahora suspender la edición del próximo 13 de septiembre.

El programa municipal fija para ese domingo una Fiesta Tardeo Remember, con los DJ Isma Nordic y DJ Skudero, a partir de las 20.00 horas en el aparcamiento de Espacio Pirineos. Apenas hora y media después, a las 21.30, está previsto que salga desde la Glorieta de Joaquín Costa la cabalgata de la Mojiganga camino de la Plaza Mayor, donde tendrá lugar posteriormente la representación.

La coincidencia ha provocado la indignación de la Comisión de la Mojiganga, integrada por alrededor de sesenta personas que trabajan de manera altruista durante semanas para preparar el espectáculo. “El Ayuntamiento se contraprograma a sí mismo”, denuncia el colectivo, que asegura haber recibido la novedad “primero con asombro y luego con indignación”.

La comisión subraya que no se está haciendo coincidir el tardeo con un acto cualquiera, sino con una de las principales manifestaciones del patrimonio festivo de Graus. Las fiestas patronales del Santo Cristo y San Vicente Ferrer fueron declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional mediante una resolución de la Secretaría General de Turismo de 16 de mayo de 1989, publicada en el BOE el 7 de junio de aquel año.

A esa distinción se sumó en 2014 la protección patrimonial otorgada por el Gobierno de Aragón. Una orden de 29 de agosto de ese año, publicada en el BOA el 23 de septiembre, declaró las Fiestas patronales del Santo Cristo y San Vicente Ferrer y la Mojiganga de Graus como Bien Catalogado Inmaterial del Patrimonio Cultural Aragonés.

La propia declaración oficial destaca la singularidad de unas fiestas que forman parte de la tradición y del patrimonio cultural inmaterial aragonés y concede especial relevancia a la Mojiganga, una representación satírica de la vida social de la población cuyos orígenes se remontan al siglo XVII.

“Un menosprecio absoluto”

La Comisión de la Mojiganga considera que la decisión del Ayuntamiento supone “un menosprecio absoluto” hacia las personas que hacen posible cada año el espectáculo y cuestiona que se destine dinero público a contratar otra actividad que compite directamente con una tradición protegida.

“A golpe de talonario, con el dinero de todos, contrata otro espectáculo (bastante más caro) basándose en que no a todos les gusta la Mojiganga”, critica el colectivo en su comunicado. A su juicio, la decisión municipal constituye “todo un despropósito” y parece dirigida a “terminar con el espíritu tradicional de estas fiestas”.

La organización de la Mojiganga recae en unas sesenta personas que, sin remuneración, elaboran el guion, adaptan los textos que les hacen llegar los vecinos, construyen los decorados y finalmente representan la obra en la Plaza Mayor.

La decisión, este domingo

La comisión comunicará este domingo, 6 de septiembre, al alcalde su decisión definitiva. La celebración dependerá, según ha explicado, de una eventual rectificación municipal, de la posibilidad de que un juez adopte medidas cautelares y de la respuesta de los propios integrantes del colectivo ante la coincidencia de los dos actos.

“El día 6 de septiembre comunicaremos nuestra decisión al alcalde, para que le dé tiempo a organizar lo que quiera”, advierte la comisión.

Una eventual suspensión supondría romper una continuidad mantenida desde la recuperación de la Mojiganga en 1979. La tradición solo ha desaparecido de las fiestas grausinas durante algunos de los episodios más convulsos de su historia.

La representación sufrió interrupciones durante la invasión francesa y los periodos de hambre del siglo XIX y dejó de celebrarse durante las dictaduras de Primo de Rivera y Franco. Su contenido crítico y transgresor explica en buena medida algunas de esas prohibiciones. Finalmente fue recuperada en plena Transición, en 1979, y desde entonces ha vuelto a celebrarse cada 13 de septiembre.

Anabel Bonsón, miembro de la coordinadora, lamenta que dos mil personas estén esperando el trabajo intensivo de un grupo de personas que se encargan de todo el montaje que incluye vestuario, decorados, luces, sonido, a partir de los textos que se entregan y que, como es tradición, son de corte satírico. “No les gusta porque es crítico con los políticos” pero recuerda que se tocan todos los temas: “hemos tenido reyes gays, emperador egipcio cuando había obras faraónicas, talibanes, se ha tratado con humor el independentismo… tienen contexto nacional e internacional”.

Sin embargo, con respecto a las sátiras, la portavoz socialista que en su día también fue alcaldesa de Graus, Gemma Betorz, recuerda que hace dos décadas “hubo años duros de críticas a los responsables municipales, incluso con referencias personales, pero hace tiempo que se rebajó el tono”.

Cuando miembros de la comisión hablaron con el alcalde, José Antonio Laguens Martín, y el concejal de Cultura, restaron importancia a la coincidencia de actos y tan solo han cambiado posteriormente la ubicación del tardeo con los Dj, previsto inicialmente junto a la residencia de ancianos.

La portavoz socialista critica la decisión “consciente e incorrecta” del equipo de gobierno Popular porque considera que no ha habido intención de rectificar no cumpliendo con su obligación de velar por la protección e impulso de una tradición que cuenta con declaración de interés cultural y turístico.

La decisión no fue planteada en la Comisión de Cultura y ha sido conocida a través del el Llibre o programa de Fiestas escrito en grausino.

Además, Betorz recuerda que no es la primera vez que ocurre, pues ya el año pasado se programó el tardeo coincidiendo, pero en menor tiempo, con la Mojiganga “y sigue pasando con otras actividades de este verano. No somos tantos ni se hacen tantas cosas como para solapar iniciativas”, ha argumentado. Por ello, los socialistas han formulado un ruego en el pleno para que se haga una programación que respete los horarios y todo el público pueda disfrutar de las actividades.

La portavoz socialista lamenta que, aunque se mantengan los dos actos el día 13, se haya sentado un mal precedente “porque esto no es una gran ciudad y se está generando una polémica innecesaria”.

Este periódico ha intentado ponerse en contacto con el alcalde de Graus, José Antonio Laguens, para conocer su versión, pero no ha sido posible.

Un juicio satírico sobre la vida de Graus

La Mojiganga hunde sus raíces documentadas en el siglo XVII, aunque su cortejo conserva elementos profanos de ascendencia medieval, entre ellos el estafermo y la tarasca, figuras móviles que tradicionalmente abrían paso a la comitiva.

Su esencia ha permanecido ligada durante siglos a la sátira. A través del humor, la crítica y la irreverencia, los vecinos realizan cada año un repaso a lo sucedido en Graus durante los doce meses anteriores. La política municipal, las polémicas, los comportamientos de los propios vecinos, los acontecimientos sociales y las anécdotas de la localidad se convierten en materia prima de una representación en la que prácticamente nadie queda a salvo.

La Mojiganga consta de dos grandes partes. Primero tiene lugar el desfile de los Reyes y su cortejo por las calles de Graus hasta la Plaza Mayor, acompañados por los danzantes y las gaitas. Después llega la representación teatral propiamente dicha, concebida como una suerte de juicio popular y burlesco sobre la vida de la localidad.

El espectáculo mantiene además un estrecho vínculo con el patrimonio lingüístico de la zona por la utilización del grausino, variedad ribagorzana del aragonés.

La protección concedida por el Gobierno de Aragón en 2014 reconoce precisamente estos valores históricos, etnológicos y culturales. Las fiestas de Graus combinan desde hace siglos las manifestaciones religiosas vinculadas al Santo Cristo y San Vicente Ferrer con otras de carácter popular y transgresor, entre las que la Mojiganga ocupa un lugar central.

Una tradición satírica varias veces centenaria, recuperada hace 47 años después de décadas de prohibición, que afronta ahora una situación insólita: decidir si sale a escena mientras el propio Ayuntamiento programa, a escasa distancia y en el mismo horario, un tardeo con DJ.

El vicepresidente de Vox del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha minimizado la crisis interna en su departamento tras la dimisión, hace unos días, de la gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que llevaba en el cargo poco más de tres meses. Además de asegurar que la decisión ha obedecido a motivos personales, Nolasco ha arremetido contra los sindicatos y partidos de izquierda, a los que acusa de estar interesados en “erosionar al Ejecutivo”.

La dimisión se ha producido tras un periodo convulso en el que Vox ha centrado buena parte de sus políticas públicas en los menores migrantes y los centros de acogida. Entre otras medidas, planteó incrementar la vigilancia policial en el interior de las instalaciones, una iniciativa que frenó el PP. También ha impulsado propuestas como la realización de pruebas para comprobar la edad de los niños y niñas o la retirada de la paga semanal únicamente a los menores extranjeros.

Alejandro Nolasco ha explicado este viernes que “lo que nos dijo Marta Tejero es que se iba por motivos personales. Ella vuelve a ser jefa de servicio de menores y lo que tenemos que hacer es agradecer la labor de lo que ha hecho hasta ahora y desearle muchísima suerte en su jefatura de servicio que ya conoce porque ya viene de ella”.

No obstante, ha reprochado a partidos y sindicatos de izquierda que aprovechen la situación para erosionar al Ejecutivo y tratar de generar una imagen de caos. Sus declaraciones se producen después de que Comisiones Obreras se hiciera eco del malestar de numerosos funcionarios a la hora de ejecutar determinadas órdenes del departamento.

“Me llama mucho la atención que los sindicatos que no se manifiestan cuando sube la luz más que nunca, que no se manifiestan cuando estamos ante una crisis de seguridad como nunca, cuando Ceuta ha sido invadida, cuando los españoles hoy son más pobres que ayer y cada día más, que esos sindicatos solo se manifiestan o hagan declaraciones en base a cosas que ellos mismos se inventan o dicen con el único objetivo de desgastar el gobierno”, ha respondido Nolasco.

El vicepresidente ha considerado además “un chiste” que los sindicatos formulen estas críticas “cuando lo que tienen que hacer es manifestarse contra este gobierno”, en referencia al Gobierno de España.

Lejos de admitir que exista descontento entre los funcionarios, el vicepresidente de Vox y consejero de Bienestar Social ha insistido en que todo responde a “una campaña de este sindicato para intentar hacer daño al departamento porque sabe que lo estamos haciendo bien”.

Nolasco se ha pronunciado así por primera vez sobre la salida de la gerente del IASS. Antes que él lo hizo la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien trató de desvincular la dimisión de una posible crisis interna en el departamento.

“No vamos a alimentar ninguna de las demás cuestiones que se planteen alrededor. Yo creo que la Señora Tejero ha dado sus razones, ha actuado, el consejero también ha actuado con la correspondiente responsabilidad y a partir de ahora les anunciaremos cuando corresponda quién será la persona que va a asumir ahora ese cargo”, afirmó Vaquero.

La elección del próximo responsable del IASS corresponderá al consejero Nolasco, según explicó la portavoz del Ejecutivo, quien expresó su confianza en el criterio del vicepresidente para realizar el nombramiento.

Sin embargo, el vicepresidente tampoco ha despejado la duda de quién sucederá a Tejero, psicóloga de formación y que, hasta su nombramiento como directora gerente, era precisamente jefa del Servicio de Menores del propio IASS, un puesto de carácter funcionarial.

El IASS es uno de los principales organismos del sistema aragonés de servicios sociales y tiene entre sus competencias las residencias de mayores, la dependencia, la gestión de la estancia temporal de menores extranjeros, los centros de menores, el acogimiento familiar, las adopciones y la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital (IMV).

La decisión de Marta Tejero fue comunicada mediante una nota de prensa del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, en la que se agradecían a la hasta ahora directora gerente del IASS “los servicios prestados” durante estos meses. Según el Ejecutivo, Tejero ha desarrollado “una labor en aras a la mejora constante de los servicios sociales de la comunidad autónoma de Aragón”.

El departamento destacó también que “su gestión fue fundamental para permitir el traslado de las personas mayores que tuvieron que ser desalojadas a consecuencia del incendio forestal en las Cinco Villas a la residencia Mimara en Zaragoza durante el pasado mes de julio”.

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado que presentará dos recursos contenciosos administrativos contra los procedimientos impulsados por el Gobierno de Natalia Chueca para adjudicar las unidades de producción y formación de Distrito 7, la futura Ciudad del Cine ubicada en la antigua fábrica de ascensores Giesa, en el distrito de Las Fuentes.

Ranera ha justificado esta decisión al considerar que el proyecto está “repleto de irregularidades” y tendrá que ser la justicia quien dirima su existen tales irregularidades. “Este Gobierno tiene que dar ejemplo y cumplir la legalidad. Ya vale de tanto amiguismo, de tantas adjudicaciones a dedo, de una irregularidad tras otra y de tanto oscurantismo”, ha opinado Ranera.

En rueda de prensa, ha recordado que en el proyecto de Distrito 7 se han invertido más de 20 millones de euros públicos, tres de ellos procedentes de fondos europeos, y, además, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha ignorado las propuestas de uso realizadas por los vecinos y por la Junta Municipal de Distrito, que preside el PSOE.

“Es una oportunidad perdida para Zaragoza y se ha convertido en una nueva ocurrencia de la alcaldesa”, ha señalado para recordar que ante las “irregularidades” detectadas en el proceso, el PSOE ya presentó dos recursos de reposición, que fueron rechazados, para que el Gobierno municipal del PP pudiera rectificar su forma de actuar.

“Han seguido adelante con sus ocurrencias y chapuza tras chapuza; sin resolver los procedimientos, continúa existiendo una enorme incertidumbre sobre el futuro de este proyecto”, les ha afeado.

Los recursos

Por eso, el PSOE ha tomado la decisión de presentar dos recursos contencioso-administrativos. El primero afecta a la unidad de producción, cuya licitación ha contado con una única empresa participante –la mexicana EFD– que ha entregado la documentación “fuera de plazo y que ahora ha vuelto a incumplir” los tiempos para la formalización de los avales.

“Se presentó la documentación fuera de plazo, se adjudicó a la misma empresa y tardó cuatro meses en depositar el aval. Es el ejemplo de una gestión marcada por las irregularidades”, ha argumentado Ranera.

El segundo recurso atañe a la unidad de formación, donde Ranera ha cuestionado que se adjudicara de manera directa a la Fundación San Valero “sin cumplir” con lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público.

Para Ranera, lo ocurrido en Giesa responde al 'modus operandi' del Gobierno de Chueca que “cada vez tiene más adjudicaciones directas y más oscurantismo”, ha sintetizado.

Por ello, el grupo municipal socialista “se ve obligado” a acudir a los tribunales para devolver la “seriedad” a una administración local que “tiene que responder, trabajar para todos y garantizar la concurrencia”, ha apremiado.

Interés general

La portavoz del PSOE ha recordado que el Ayuntamiento “debe ser especialmente riguroso” en el cumplimiento de los plazos y de las normas, del mismo modo que exige a cualquier ciudadano que pague sus tasas, atienda una multa o presente una documentación dentro del plazo establecido, ha comparado.

“Lo que no puede ocurrir es que a los ciudadanos se les exija cumplir escrupulosamente los plazos y que determinadas empresas reciban un trato diferente. El Ayuntamiento debe cumplir la normativa y dar ejemplo”, ha subrayado.

Ranera ha insistido en que el objetivo del PSOE es defender el interés general y garantizar que los recursos públicos se gestionen con transparencia. “Tenemos que saber dónde va hasta el último euro de los más de 20 millones de dinero público que se han invertido en este proyecto”, ha concluido.

Sigue “escrupulosamente” el procedimiento, según el PP

El consejero municipal de Presidencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Ángel Lorén, ha replicado que “la única irregularidad” que existe “es la que el PSOE pretende inventarse, porque todo lo realizado por el Ayuntamiento se ha hecho conforme a la ley, con los informes técnicos y jurídicos correspondientes y siguiendo escrupulosamente el procedimiento administrativo”. Asimismo, ha explicado que “no se trata de un contrato de servicios públicos, sino ante una concesión demanial sometida al régimen patrimonial y, por tanto, a la legislación de patrimonio”.

Lorén ha recordado que inicialmente se convocó una licitación pública a la que podía concurrir cualquier interesado y que quedó desierta, y precisamente la legislación patrimonial contempla que ante tal situación se pueda realizar posteriormente una adjudicación directa siempre que se mantengan las condiciones exigidas legalmente respecto al procedimiento anterior. “Eso es exactamente lo que se ha hecho”, ha zanjado.

Respecto a la concesión demanial vinculada al proyecto de Formación Profesional, Lorén ha señalado que “el segundo recurso anunciado tampoco tiene recorrido” porque la Fundación San Valero comunicó que, al no haber obtenido el concierto necesario para desarrollar la Formación Profesional prevista, esperaría al siguiente curso para continuar con el proyecto.

“Conviene recordarle también al PSOE que la propia legislación patrimonial contempla expresamente supuestos de adjudicación directa a entidades sin ánimo de lucro declaradas de utilidad pública, siempre que concurran los requisitos legalmente establecidos”, ha agregado.

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado 25 alegaciones a la modificación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de Microsoft, que afecta a los términos municipales de Zaragoza, La Muela y Villamayor de Gállego, y que incorpora nueva documentación ambiental sobre el proyecto. Además, solicita la paralización de la licencia de los trabajos previos ligados a uno de los dos centros de datos proyectados en la capital aragonesa, en concreto, el de Puerto Venecia, por posible contaminación de los terrenos.

La formación ha alertado también de la forma en la que el Gobierno de Aragón ha tramitado esta modificación publicada el pasado 30 de julio en el BOA, en pleno periodo estival, con el anuncio de información y participación pública, concediendo únicamente 23 días para presentar alegaciones.

Para la portavoz de ZeC, Elena Tomás, esta forma de actuar supone “un nuevo intento de hurtar a la ciudadanía el conocimiento del verdadero alcance de unos proyectos que van a tener consecuencias directas sobre la ciudad y sobre recursos tan esenciales como el agua y la energía”.

A su juicio, el Gobierno de Aragón vuelve a actuar “con agosticidad, poniendo las condiciones más difíciles posibles para que la ciudadanía pueda informarse y participar”, pero ha comentado que esta vez “no les ha salido bien” porque “pese a las fechas, los vecinos se han organizado y han presentado cerca de medio millar de alegaciones”. Pero Tomás considera que esta respuesta ciudadana demuestra que, cuando la población conoce las afecciones reales de los llamados megacentros de datos, “cuestiona la alfombra roja que el PP, el Gobierno de Azcón y el Ayuntamiento de Zaragoza están poniendo a estos proyectos”.

Más de mil árboles afectados

Las 25 alegaciones presentadas por ZeC se centran especialmente en las afecciones ambientales que tendría el centro de datos previsto en Puerto Venecia, en el entorno del distrito de Torrero.

En concreto, ZeC ha alertado de las afecciones sobre la biodiversidad y el arbolado de lo Pinares Venecia -con más de un millar de árboles potencialmente afectado-, del incremento del riesgo de inundaciones en la zona y de los problemas asociados al consumo energético, el agua necesaria para la refrigeración de las instalaciones y los posibles vertidos.

“Estamos hablando de proyectos que no pueden analizarse como si fueran una nave industrial más. Su consumo de agua y energía es enorme y sus impactos no terminan en la parcela donde se construyen”, ha advertido Elena Tomás.

Además, ha puesto el foco en el impacto climático de estas infraestructuras, “especialmente preocupante” en una ciudad como Zaragoza. “Llevamos años advirtiendo de que la ciudad tiene que prepararse para un escenario de temperaturas cada vez más extremas. Este verano hemos vuelto a sufrir temperaturas extraordinariamente altas, con episodios de 40 grados durante el día y noches que apenas dan tregua. Y mientras tanto, el Gobierno de Chueca pretende instalar un megacentro de datos en mitad de un barrio”, ha criticado.

La portavoz de ZeC ha recordado que el propio Plan de Adaptación al Cambio Climático 2030 del Ayuntamiento de Zaragoza identifica el incremento de las temperaturas y las olas de calor como una de las principales amenazas para la vida y la salud de la ciudadanía y establece la necesidad de alinear el desarrollo industrial con los riesgos climáticos.

“Resulta difícil entender cómo puede encajar la instalación de estos centros de datos con esa estrategia de adaptación al cambio climático. Es como encender un radiador en verano”, ha resumido.

Afección térmica

El grupo municipal de ZeC se ha remitido a estudios recientes, entre ellos investigaciones lideradas por científicos de la Universidad de Cambridge, que apuntan a incrementos de la temperatura superficial del suelo alrededor de 10 kilómetros de los centros de datos y el casco urbano de Zaragoza tiene menos de esa distancia y en su alrededor se proyectan más de una decena de megacentros de datos.

“¿Alguien está estudiando qué ocurre cuando se acumulan todos estos impactos? ¿Qué pasa con la temperatura, con el agua, con la energía y con el territorio cuando dejamos de mirar cada proyecto de manera aislada?”, ha preguntado la portavoz de ZeC.

En la ciudad de Zaragoza se prevé instalar dos grandes centros de datos, uno en mitad del barrio de Torrero, en Puerto Venecia, y otro en el barrio rural de la Cartuja Baja cerca al polígono Empresarium, utilizando terrenos rústicos.

El perímetro del casco urbano de la ciudad es de menos de 10 kilómetros, y además en el entorno cercano a la ciudad lo que podrá ser el área metropolitana --Villanueva de Gállego, La Puebla de Alfindén, La Muela, Villamayor-- el Gobierno de Aragón tiene la intención de autorizar la construcción de más de una decena de mega centros de datos. Según apuntan los expertos este aumento de temperaturas no sólo podría extenderse a toda la ciudad si no superponerse agravando aún más el problema, ha avisado.

ZeC ha considerado “especialmente grave” que el debate sobre los centros de datos se aborde proyecto a proyecto, sin analizar el impacto acumulado de todos ellos. Estas instalaciones requieren grandes cantidades de electricidad y agua para mantener refrigerados sus sistemas y el incremento de la demanda puede terminar afectando a otros usos estratégicos.

“En un contexto de cambio climático, sequía y escasez de agua, no podemos permitir que se comprometan recursos que también necesitan nuestros vecinos, la agricultura o el resto de actividades industriales”, ha señalado Tomás.

La formación también cuestiona el argumento de que estos proyectos son una gran oportunidad de empleo. “Nos hablan de grandes inversiones de miles de millones, pero cuando se miran los puestos de trabajo reales son menos de 200 empleos. Mientras tanto, se pone en riesgo recursos que pueden ser fundamentales para el desarrollo de nuestro tejido industrial”, ha comparado.

Contaminación de los terrenos

Por su parte, el concejal de ZeC, Suso Domínguez, ha centrado sus críticas en la tramitación municipal de la licencia de limpieza y desescombro de los terrenos del centro de datos de Puerto Venecia y ha pedido que se paralice hasta aclarar las dudas sobre la contaminación de los terrenos y el destino de los residuos que se pretenden retirar.

“Los que los propios vecinos han advertido reiteradamente de la posible existencia de residuos contaminantes. Tenemos además información sobre la presencia de amianto y sulfatos y estamos hablando de más de 800 toneladas de materiales que tendrían que ser gestionados correctamente”, ha explicado.

El concejal de ZeC y presidente de la Junta de Torrero ha tildado de “especialmente preocupante” las discrepancias entre la documentación presentada ante el Ayuntamiento y la documentación inicial del PIGA sobre las características y el tratamiento de estos materiales.

“No podemos permitir que se conceda una licencia para limpiar unos terrenos sin saber exactamente qué contienen, qué nivel de contaminación presentan y, sobre todo, dónde van a terminar. La ciudadanía tiene derecho a saberlo antes de que entren y salgan camiones de la zona todos los días”, ha afirmado Domínguez.

Así, ha exigido conocer el destino final de las 800 toneladas de residuos después de que se haya planteado trasladarlos al antiguo vertedero de Las Canteras.

Domínguez ha apremiado a que el Ayuntamiento garantice que todas las actuaciones relacionadas con la retirada de tierras y residuos se someten a los controles ambientales correspondientes. “Si el proyecto es tan bueno, que vengan a explicarlo a Torrero”, ha instado.

Elena tiene 34 años, es investigadora, y en un futuro no muy lejano empezará a trabajar en la Agencia Estatal de Salud Pública, que el Gobierno de España ha concedido a Aragón y que se situará en el recinto Expo, en el Pabellón de Aragón. Si nada cambia, cuando se ponga a buscar piso se llevará una sorpresa: en el recinto de la Expo no hay ni un solo piso en alquiler, porque no hay ni un solo piso. Podría acabar en Arcosur, o en Parque Venecia, a veinte o treinta minutos en coche. Todos los días de su vida laboral van a empezar y acabar con un trayecto que no tendría que existir.

La instalación de la Agencia Española de Salud Pública (AESAP) es una buena noticia para el recinto de la Expo. Después de años a medio gas, una institución con tantos trabajadores debería insuflar una nueva vitalidad al lugar. Pero conviene pensarlo bien. Si el modelo consiste simplemente en llenar oficinas durante ocho horas y vaciarlas después, habremos mejorado la ocupación de los edificios, pero no habremos construido ciudad. La Expo seguirá siendo un sitio al que se va a trabajar o a hacer gestiones y del que se vuelve a casa.

La Expo necesita trabajadores, pero, sobre todo, necesita vecinos. Necesita vivienda de diferentes tamaños y precios, en alquiler y en propiedad, para jóvenes, familias, personas solas y mayores, a construir donde sea urbanística y ambientalmente razonable.

Pero quizá debamos ampliar todavía más la mirada. Los vecinos que necesita la Expo no tienen por qué residir todos dentro de sus límites. Actur y la Almozara están al lado y constituyen una formidable reserva de vida urbana capaz de relacionarse con el recinto. Miles de personas viven a una distancia que permitiría llegar andando o en bicicleta, siempre y cuando la proximidad física se traduzca en continuidad urbana.

No es movilidad sostenible

Por eso sorprende que una de las razones que se han esgrimido para ubicar la Agencia en la Expo es la buena conexión del recinto con Arcosur. Merece la pena pararse ahí un segundo e imaginar a cientos de personas cruzando la ciudad cada mañana para trabajar en un sitio y cada tarde para dormir en otro. Por muchos autobuses eléctricos que se pongan, no podemos llamar a eso movilidad sostenible.

La mejor política de movilidad es la que no hace falta aplicar. Si Elena pudiera vivir en el propio recinto, o a 10 minutos andando, ese trayecto de veinte o treinta minutos en coche desaparecería del todo. Eso es lo que persigue la llamada “ciudad de los 15 minutos”: que la vida cotidiana (trabajo, compra, ocio) quepa cerca de casa, para que los desplazamientos más largos no sean una condena diaria.

La cuestión, por tanto, no consiste únicamente en construir viviendas en la Expo —que también—, sino en coser la Expo a los barrios que ya existen. Hay que aprovechar las conexiones cómodas, evidentes y atractivas con Actur y la Almozara; prolongar calles, recorridos peatonales y ciclistas; eliminar barreras físicas y perceptivas; y conseguir que atravesar la Expo deje de significar entrar en un recinto especial para convertirse simplemente en continuar caminando por Zaragoza.

Y esto obliga también a repensar el espacio público. Un espacio público de calidad no es solamente una superficie bien pavimentada, limpia y bien iluminada. Es un lugar al que apetece ir y, sobre todo, en el que apetece quedarse. Necesita árboles, sombra, agua, bancos cómodos, terrazas, juegos infantiles, pequeños comercios, actividad cultural y lugares para encontrarse.

Debe ser verde, confortable, accesible y diverso. Y también culturalmente integrador. La ciudad funciona cuando personas de edades, procedencias y condiciones distintas comparten los mismos lugares sin que nadie sienta que está ocupando un espacio que pertenece a otros. En este sentido, uno de los recursos más desaprovechados del recinto es precisamente su frente fluvial.

A lo largo del Ebro existen espacios y locales cuya posición podría permitir una oferta extraordinariamente atractiva de servicios vinculados al ocio y a la vida cotidiana: cafeterías y restaurantes, pequeños comercios, gimnasios, alquiler de bicicletas, actividades deportivas, espacios de trabajo compartido, talleres, servicios culturales o establecimientos relacionados con el río y el Parque del Agua. Son usos que necesitan vistas, paseo, vegetación y gente. Y la Expo dispone de todo ello, con el Ebro como su fachada principal.

Un efecto circular

Imaginemos entonces otro escenario. Los trabajadores de la Agencia salen al mediodía y encuentran restaurantes y terrazas. Vecinos del Actur atraviesan el recinto para llegar andando al Parque del Agua. Una familia de la Almozara cruza el Ebro para pasar la tarde. Jóvenes utilizan instalaciones deportivas junto al río. Personas mayores encuentran sombra, bancos y lugares tranquilos. Hay bicicletas, niños, estudiantes, corredores, turistas, funcionarios y vecinos. Eso es ciudad.

Y produciría, además, un efecto circular. Más vecinos generan más comercio; más comercio hace atractivo vivir allí; más actividad aumenta la percepción de seguridad; más seguridad y mejores servicios atraen nuevos residentes y visitantes. Lo contrario también es cierto: los espacios monofuncionales tienden a vaciarse, y los espacios vacíos resultan cada vez menos atractivos.

La llegada de la Agencia Estatal de Salud Pública ofrece una ocasión excepcional para preparar ese futuro distinto. El detonante de una transformación mucho más ambiciosa: vivienda donde sea posible, conexión intensa con Actur y la Almozara, espacio público acogedor, actividad permanente en el frente fluvial y mezcla de funciones, edades y culturas.

Una ciudad, ahora sí, que piensa y actúa como las ciudades más punteras. Porque si sigue sumando instituciones y empresas relacionadas con la salud, la tecnología y la investigación, la Expo se estará pareciendo cada vez más a lo que en otras ciudades se llama un distrito de innovación: un lugar donde universidades, empresas y centros de investigación se concentran y se retroalimentan. El caso más citado en el mundo es Kendall Square, en Cambridge (Massachusetts), donde está el MIT. Ahí no se conformaron con levantar laboratorios: llevan veinte años obligando a que cada promoción incluya vivienda. Y con vivienda, el vecino de Elena también podría ser su colega de trabajo.

Nada de esto es una crítica a que la AESAP se instale en Zaragoza, que es una magnífica noticia para la ciudad. Es una llamada de atención sobre el modelo que se está construyendo alrededor. Cada institución nueva que llega al recinto Expo es una oportunidad para preguntarse si tiene sentido seguir dejando fuera la vivienda. Con ella, el recinto tendría bares abiertos los domingos, científicos que se cruzan por la calle y veinte minutos menos de coche cada mañana. Sin ella, seguirá siendo un sitio agradable en las horas diurnas al que, sencillamente, nadie llama barrio.

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado, con los votos a favor del PP, Vox y de la concejal no adscrita, Marisa Gaspar, el dictamen de la comisión sobre la Ordenanza Cívica de Convivencia Ciudadana en la que se recoge la prohibición de acceder a dependencias municipales con el rostro oculto. La nueva normativa multiplica las conductas prohibidas y sancionables en la ciudad, que van desde el sinhogarismo hasta las despedidas de soltero. También prohíbe el acceso a espacios públicos con el rostro cubierto.

De este modo, los agentes de la Policía Local, o bien los empleados de las empresas encargadas del control y acceso a dichos espacios, estarán “obligados” a la identificación de quienes pretendan acceder en condiciones que “no permitan la identificación al portar elementos que oculten el rostro o distorsionen su identificación”.

A esta disposición adicional tercera de la ordenanza se ha incorpora una enmienda de Vox para suprimir la última frase del primer párrafo que reza: “En estos casos, la identificación se realizará en dependencias habilitadas para este fin que permita garantizar la intimidad personal si así fuera necesario”. La portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, ha defendido esta enmienda porque son unas líneas que “no fueron pactadas y acordadas” y, por lo tanto, ha presentado esta enmienda para solicitar su exclusión.

La otra enmienda que se había presentado a este mismo apartado del dictamen, a iniciativa del PSOE y que se ha rechazado, pedía incluir que esa identificación a quien llevara el rostro oculto se hiciera “dentro del marco previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana”.

Entre las infracciones muy graves, castigadas con hasta 3.000 euros, figuran los actos vandálicos contra infraestructuras y mobiliario municipal, los grafitis con materiales especialmente agresivos, el vertido incontrolado de residuos, la organización de eventos ilegales multitudinarios y la venta ambulante ilegal. Las sanciones se endurecen además cuando estos actos afectan a elementos declarados Bien de Interés Cultural.

Las infracciones graves, con multas de hasta 1.500 euros, incluyen el botellón, la contratación o prestación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público, las despedidas de soltero que alteren gravemente la convivencia y los insultos y humillaciones en la vía pública. Finalmente, las infracciones leves, sancionadas con hasta 750 euros, recogen conductas como orinar o escupir en la calle, no recoger los excrementos de las mascotas, arrojar colillas o basura al suelo, manipular contenedores, abandonar bicicletas o patinetes en la vía pública

“Libertinaje, no”

Tras la votación, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha tomado la palabra para calificar de “paso adelante y decisivo en la convivencia” esta ordenanza cívica porque sacarla adelante “no era un tema ideológico, sino de respaldo mayoritario, porque los zaragozanos quieren vivir en libertad y en convivencia”. Para lograrlo, ha dicho, se necesitan unas normas que lo regulen y también unas consecuencias para que aquellos que rompen las normas sepan que va a haber unas consecuencias. “Es la única forma de regular la convivencia entre todos. Libertad, sí, pero libertinaje, no”, ha diferenciado.

Entre algunos ejemplos citado que con esta norma se podrán corregir situaciones “tan injustas” como las que han vivido los vecinos del Parque Bruil, “que han tenido que soportar pernoctas en su calle, en su parque, impidiendo disfrutar de ese espacio público porque se estaba haciendo un mal uso”. “Esta ordenanza pone freno a eso y devuelve a los vecinos lo que es suyo”, ha asegurado para apuntar otro ejemplo como que ante actitudes incívicas en los espacios públicos donde se invierten millones de euros en su mantenimiento y limpieza.

A su parecer, es “necesario” que existan unas normas, como esta, que permita “poner coto y freno a esos comportamientos incívicos que son una minoría pero necesitan corregirse por el bien de la mayoría y por el correcto uso del dinero público, que es el dinero de todos”.

Proteger la ciudad “de socialistas y comunistas”

El portavoz del grupo municipal del PP, Ángel Lorén, ha repasado eventos multitudinarios en los que los zaragozanos han mostrado su civismo, por lo que la ordenanza cívica “nace precisamente para que Zaragoza siga siendo una ciudad cívica, amable y respetuosa con todos, donde cada ciudadano pueda ejercer sus derechos en libertad”.

Esta ordenanza no viene a cambiar el carácter de Zaragoza, sino a “protegerlo, fundamentalmente de socialistas y comunistas, que viven de la crispación de la sociedad, socialistas que buscan el enfrentamiento de los vecinos, una ciudad sucia y crispada”, ha afeado para criticarles que derogaran la anterior hace 14 años.

La concejal no adscrita, Marisa Gaspar, ha trasladado la reflexión de que sea necesaria una norma de este tipo para la convivencia entre ciudadanos. “No nace de una imposición, sino del consenso y de cesiones de todos los grupos”

Gaspar ha añadido que aporta mejoras concretas porque va a ordenar en un solo texto los derechos y deberes de la convivencia, normas de conducta en el espacio público y un régimen sancionador con sanciones “proporcionadas”, e incorpora además medidas alternativas a la multa y mecanismos para reparar los daños: “Es decir, la norma no se limita a sancionar, sino que también busca restaurar ese espacio público”.

Ordenanza “incívica”

El concejal del grupo municipal de ZeC, Suso Domínguez, ha tildado de “incívica” la ordenanza porque “introduce la agenda ideológica de PP y Vox” ya que porque elimina las alusiones a la igualdad entre hombres y mujeres, las personas LGTBI o el propio informe de igualdad de género que acompaña la normativa.

Según Domínguez “está basada solo en la sanción y el castigo y no aporta ningún elemento educativo ni de mediación”. Sobre la prohibición del burka en el acceso a las dependencias municipales ha aseverado que “se intenta camuflar bajo un problema supuesto de seguridad inexistente una agenda islamófoba que no tiene nada que ver con la defensa de las mujeres, sino con los prejuicios y la xenofobia”.

Para el concejal de ZeC lo que atenta a la convivencia es que haya cientos de personas durmiendo en las calles a las que la derecha “expulsa de los espacios e intenta invisibilizar”.

El concejal del PSOE, Horacio Royo, ha dicho que al priorizar el acuerdo con Vox tiene consecuencias porque “dan más importancia a que alguien intente entrar con burka que el derecho al descanso o al patrimonio” porque el PP se empeña en “castigar las despedidas de soltero” y lo hacen mal porque “ir con un pene en cabeza no es sancionable, pero sí en una despedida de soltero”.

Ha tildado de “contorsionismo jurídico” el prohibir entrar con burka porque “es saltarse la Ley de Seguridad Ciudadana de Rajoy y ha aventurado que ”no va a ocurrir“.

Nueve puestos de trabajo nuevos, dos amortizados y tres que se quedan sin sueldo asignado. Esta es la nueva estructura de personal que la Mesa de las Cortes de Aragón prevé aprobar la próxima semana con la reforma de su relación de puestos de trabajo (RPT). La operación, que iba a ser aprobada en la junta de portavoces de este jueves pero que ha sido pospuesta, supondrá un incremento neto del gasto de personal de unos 317.000 euros al año, según el cálculo realizado a partir de las retribuciones de las plazas.

La propuesta incorpora nuevos perfiles para la institución. Entre ellos, un arquitecto para atender las necesidades de conservación y mantenimiento del Palacio de la Aljafería y las nuevas actuaciones de modernización estructural; un técnico superior de contratación, ante el aumento de la complejidad y el volumen de la contratación pública; y un analista de sistemas, cuyo puesto se justifica por las necesidades de ciberseguridad y por la intención de reducir la dependencia de servicios externos.

También se crea un técnico medio de mantenimiento, prevención de riesgos laborales y gestión de emergencias, un segundo conductor y un ujier para el área de Biblioteca, Documentación y Archivo. En el caso del conductor, las Cortes argumentan que permitirá cubrir los desplazamientos de la Mesa, sustituir al conductor de Presidencia cuando sea necesario y atender otros servicios de transporte de la institución.

A estos puestos se suman tres oficiales de protocolo. En este caso, las plazas se crean como vacantes no dotadas, es decir, se incorporan a la RPT pero no cuentan inicialmente con financiación para ser ocupadas. Las Cortes justifican su creación por el volumen de actos institucionales y la actividad representativa que se desarrolla en el Palacio de la Aljafería.

La reforma contempla además dotar una plaza de periodista que ya existía en la RPT, pero que permanecía vacante y sin dotación. El puesto pasará a ser funcionarial y asumirá parte de las tareas de información, web y cobertura audiovisual que actualmente se realizan mediante un contrato externo. El complemento específico de la plaza será de 1.063,93 euros mensuales. No se trata, por tanto, de una subida salarial para un periodista que ya esté trabajando en las Cortes, sino de activar presupuestariamente una plaza que ya existía pero que hasta ahora no estaba cubierta.

Cinco puestos salen de la estructura

Frente a los nueve nuevos puestos, la reforma amortiza o deja sin dotación otros cinco. La propuesta plantea la amortización o desdotación de tres plazas —Oficial de Informática y dos de Auxiliar Administrativo— sin especificar qué ocurre con el personal que las ocupa. Según una plantilla de las Cortes de Aragón fechada el 19 de marzo de 2026, los tres puestos figuraban entonces como cubiertos con nombramiento definitivo, a diferencia de otras dos plazas amortizadas en la misma reforma —Técnico de Sistemas y Ujier Conductor Accidental—, que aparecían como vacantes. Este periódico ha preguntado a las Cortes de Aragón si esos tres puestos siguen ocupados y qué previsión existe para su personal en caso de aprobarse la reforma, pero no aportan información relativa a los acuerdos de la mesa.

El cálculo realizado a partir de las retribuciones de las plazas sitúa en unos 415.000 euros anuales el coste de los nuevos puestos y las modificaciones salariales, mientras que los cinco puestos que se amortizan o dejan de estar dotados supondrían unos 156.000 euros de ahorro. La diferencia ronda los 260.000 euros anuales, antes de sumar las cotizaciones a la Seguridad Social y los trienios, que supondría 317.000 euros. La cifra es una estimación realizada a partir de las retribuciones recogidas para cada puesto y no aparece como tal en la propuesta de la Mesa. Las Cortes tampoco han confirmado por ahora ese impacto económico. Además, el gasto no se produciría íntegramente desde el primer momento: los tres puestos de protocolo nacen sin dotación y, por tanto, no implican de entrada el coste de tres nuevos trabajadores.

Siete plazas en la oferta de empleo público

La reforma de la RPT se acompaña de la propuesta de Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que contempla siete plazas: una de Analista de Sistemas, dos de Técnico Corrector, una de Técnico de Sistemas, una de Oficial Administrativo y dos de Ujier.

De esas siete plazas, solo una —la de Analista de Sistemas— corresponde a un puesto creado con esta reforma de la RPT. Las otras seis ya existían y se incluyen en la oferta por diferentes motivos: vacantes dotadas, jubilaciones, plazas pendientes de procesos anteriores o puestos actualmente ocupados de forma interina.

La documentación prevé además la provisión mediante concurso durante 2026 de los puestos de arquitecto, técnico superior de contratación, periodista, técnico de mantenimiento y prevención de riesgos, tres jefaturas de negociado y el nuevo conductor.

Decenas de miles de personas han llenado la plaza del Pilar de Zaragoza en apoyo a Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes de forma irregular y ha exigido una respuesta de Estado, además de un compromiso firme de la UE en la protección de las fronteras ante la presión migratoria porque la Ciudad Autónoma “no puede asumir en solitario las consecuencias de una situación que afecta al conjunto de España y de Europa”.

Este es parte del texto acordado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que han leído el presidente de la Casa de Melilla en Zaragoza, Manuel Trejo y varios ciudadanos ceutíes residentes en la capital aragonesa.

Uno de estos ciudadanos, Luis Rodríguez ha subrayado que Ceuta es un parte “irrenunciable” de España. “Lo es por su historia, por el Derecho y por la voluntad libre y democrática de los ceutíes, que siempre han expresado su identidad española y su compromiso con España y la Constitución”.

Por eso, ha incidido en que la soberanía española sobre Ceuta “no se cuestiona y la integridad territorial de España no se negocia. Nunca”. Asimismo, ha dejado claro que “no es un problema migratorio” lo ocurrido los días 30 y 31 julio con la entrada más de 72.000 inmigrantes entraran de forma masiva e irregular, de los que según últimos datos facilitados por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, serían 5.000 los inmigrantes que todavía continúan, así como 1.500 los menores de edad, en una ciudad de algo más de 83.000 habitantes.

“Cuando se pone bajo presión una frontera española se pone bajo presión a toda España y cuando se cuestiona la soberanía sobre una parte de nuestro territorio, nos afecta a todos. La frontera de Ceuta es nuestra frontera y la los 27 países de la Unión Europea. Allí se protege cada día nuestro territorio y nuestros valores de convivencia, libertad y Estado de Derecho”, ha remarcado.

El texto lo ha comenzado a leer la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien ha asistido acompañada por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, consejeros del Ejecutivo autonómico, diputados de la Cámara aragonesa y concejales del Ayuntamiento de Zaragoza. También ha presidido la cabecera de la pancarta con el lema “Zaragoza con Ceuta” la expresidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi.

La plaza del Pilar, frente a la fachada del Ayuntamiento de Zaragoza, ha sido el escenario de un multitudinario acto que ha contado con la participación de unos 25.000 zaragozanos para mostrar su apoyo inquebrantable a la ciudad autónoma.

Chueca ha subrayado que Ceuta afronta una “presión extraordinaria” tras las entradas masivas e irregulares de miles de personas por la frontera, una situación que “pone a prueba” la capacidad de España para garantizar la seguridad ciudadana y defender la integridad de su territorio. “Ceuta no está sola. Ceuta: eres y serás siempre España. Lo ocurrido no es un problema migratorio. Cuando se pone bajo presión una frontera española, se pone bajo presión a toda España”, ha proclamado Chueca durante la lectura del documento.

El texto también ha dedicado palabras de profunda gratitud a la sociedad ceutí por su serenidad y solidaridad, haciéndolo extensible a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sanitarios y entidades humanitarias. La concentración ha concluido en un ambiente de emotivo respeto cuando, como broche final al acto de apoyo, han sonado los himnos de Ceuta y de España.

“Lamentable, terrorífico”

Anteriormente, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado que en esta concentración “no hay ni afilados, ni militantes, ni siquiera simpatizantes de partidos políticos. Hay aragoneses que quieren expresar la solidaridad a Ceuta, la españolidad de Ceuta”.

Azcón ha contado que ha llamado al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Vivas, para trasladarle que “Aragón también está con Ceuta” y le transmite su solidaridad, cariño y todo el apoyo“.

Sobre las últimas informaciones respecto a los informes policiales que detallan la entrada masiva de inmigrantes “que el Gobierno de España debería haber conocido y que ahora dicen negar haber conocido” lo ha calificado de “lamentable, terrorífico y da miedo ver que esta profunda crisis se gestiona mentira tras mentira, chapuza tras chapuza”.

A su parecer, lo que ocurre en el Gobierno de España con una crisis que “desborda las capacidades de este Gobierno ,es absolutamente trágico”, ha abundado para añadir que cada una de las noticias que se van conociendo hacen que la preocupación de los españoles siga creciendo día tras día“. ”Estamos asistiendo a lo que ya conocíamos, pero vemos una vez más de forma gráfica, la incapacidad de un gobierno para intentar solucionar un problema, ya que cada medida que toma lo que hace es agrandar el problema y debería asumir responsabilidades por lo que están pasando en Ceuta“.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha dicho que además de ser un concentración de apoyo al pueblo ceutí es un llamamiento para que el gobierno de España “defienda la integridad de nuestras fronteras y la convivencia normal de todos los españoles”. La alcaldesa ha reiterado que es “necesario e imprescindible que atienda las necesidades de la población ceutí que se sienten totalmente abandonados”.

“Invasión”, según Vox

El portavoz del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha calificado la situación de Ceuta de “invasión provocada y orquestada por el régimen marroquí, pero también permitida y consentida por el Gobierno de Pedro Sánchez” que ha tildado de “gobierno corrupto y traidor que ha llevado a una situación de abandono a nuestros compatriotas de Ceuta”.

Para Morón, esta “invasión” tiene también unos objetivos muy determinados, que “se están cumpliendo” y que pasan por “generar caos, miedo entre la población de Ceuta, saturación de los servicios públicos y, en definitiva, hacer inhabitable la convivencia en la ciudad”.

El fin último, “como la guerra híbrida que desde hace años Marruecos está perpetrando contra España y que Vox lleva denunciando desde hace muchos años” es la de “echar” a los propios españoles de su tierra bajo la presión migratoria y bajo ese “reino del terror, del caos y del miedo”, ha descrito.

Morón ha aseverado que desde Vox no van a dejar a los ceutíes “abandonados” y por eso exigen la salida inmediata de todos los “invasores” que todavía están en Ceuta.

“Juzgar a Sánchez por traición”

A esta petición se une el “recuperar” control efectivo de las fronteras, con todos los medios y recursos humanos y materiales que sean necesarios y exigir al gobierno marroquí que “reconozca la soberanía española de Ceuta, así como de todas las localidades y lugares de soberanía española en el norte de África”.

De otra manera, ha avanzado, “habrá que pedir la suspensión del tratado de amistad de España con Marruecos y cualquier convenio bilateral entre España y Marruecos, así como los tratados preferenciales entre la Unión Europea y Marruecos”.

Morón ha exigido activar el artículo 102 de la Constitución para “juzgar” a Pedro Sánchez por “traición porque sabía perfectamente lo que iba a ocurrir y no hizo nada para evitarlo ni para revertir la situación” mientras se fue de vacaciones “tranquilamente”.

Los ceutíes, ha afirmado, “no quieren falsas promesas, ni inversiones de cientos de millones como ahora promete Sánchez, sino que quieren recuperar su ciudad, que los invasores abandonen Ceuta y recuperar la convivencia porque la situación en estos momentos es desesperada y va a peor”.

El exvicepresidente del Gobierno de Aragón y exlíder del Partido Aragonés (PAR) Arturo Aliaga (Jaulín, 1955) ha fallecido este miércoles en el Hospital San Juan de Dios a los 70 años, tras una larga enfermedad. El dirigente aragonés desarrolló una extensa trayectoria institucional y política en la Comunidad, donde ocupó altos cargos en la Administración desde hace 27 años.

Ingeniero industrial y funcionario de la Administración autonómica desde 1987, Aliaga llegó a la primera línea de la política aragonesa en 1999 como director general de Industria del Gobierno de coalición de Marcelino Iglesias (PSOE-PAR). Tres años después asumió la Consejería del ramo, cargo que mantuvo hasta 2011. El cambio político de aquel año, con la llegada de Luisa Fernanda Rudi (PP) a la presidencia de la Diputación General de Aragón, no alteró su posición: el apoyo de los aragonesistas volvió a ser decisivo y Aliaga conservó las competencias de Industria.

Desde ese cargo se convirtió en un interlocutor habitual del empresariado aragonés y en una de las figuras claves del PAR, formación que presidió desde 2015, en sustitución de José Ángel Biel, hasta 2023. Su papel como partido bisagra –el clavico del abanico, como lo denominaba el propio Biel– le permitió mantener cuotas de poder en el Pignatelli con pactos tanto a la izquierda como a la derecha: la victoria de Javier Lambán (PSOE) frente a Rudi le permitió repetir como consejero de Industria, esta vez también como vicepresidente de la DGA, cargo que ocupó entre 2019 y 2023 al frente de la Consejería de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial.

En total, Aliaga sumó diecisiete años al frente de las políticas industriales del Gobierno de Aragón.

Una salida marcada por la división interna

Sus últimos años como presidente del PAR estuvieron marcados por una fuerte crisis interna. En noviembre de 2022, el juzgado número 18 de Zaragoza declaró nulo el congreso de octubre de 2021 del partido en el que había sido reelegido, al detectarse irregularidades en la inscripción de 311 militantes. Apenas tres meses después, en febrero de 2023, un grupo de dirigentes de su propia Ejecutiva presentó una moción de censura respaldada por 16 de sus 28 miembros, que acabó con su destitución en favor de Clemente Sánchez-Garnica. En 2023, ya sin Aliaga al frente, el PAR obtuvo un único escaño en las Cortes de Aragón, que recayó en Alberto Izquierdo.

Tras dieciséis años como diputado autonómico, Aliaga anunció su retirada de la política, en la que explicó que quería dedicar su tiempo a “escuchar música, a viajar con mi mujer, a hacer agricultura sostenible, ir a Jaulín, a Sariñena…”. Desde entonces se había apartado de la vida pública para centrarse en su familia y en la lucha contra la enfermedad que finalmente ha acabado con su vida.

Dirigentes de partidos políticos aragoneses y representantes de la sociedad civil han expresado su pésame por la muerte del exvicepresidente autonómico y exlíder del PAR.

En un mensaje en la red social X –antes Twitter–, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha lamentado “profundamente” el fallecimiento del exvicepresidente y exlíder del PAR, Arturo Aliaga, a quien ha definido como “un servidor público que trabajó por los intereses de Aragón de forma infatigable”.

En la misma línea se ha pronunciado en la misma red social el PP Aragón, quien ha definido a Aliaga como “una figura esencial de la política aragonesa, que dedicó décadas de servicio público a nuestra tierra y trabajó siempre por el desarrollo y el progreso de Aragón”.

Por su parte, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha referido al exdirigente aragonesista como “una figura imprescindible de nuestra historia reciente” ya que “dedicó décadas a nuestra tierra”.

Desde el PSOE, la secretaria general regional, Pilar Alegría, ha destacado que Aliaga “dedicó muchos años al servicio público trabajando por mejorar esta tierra”.

La cuenta de los socialistas aragoneses ha recordado los “años de trabajo y responsabilidad” compartidos con Aliaga en gobiernos de coalición: “Nos unió el compromiso con esta tierra y la voluntad de alcanzar acuerdos para hacerla avanzar”.

Otros partidos

En Chunta Aragonesista (CHA) han recibido “con pesar” la noticia del fallecimiento de Arturo Aliaga y se han unido al dolor de su familia y amistades.

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, también ha trasladado su pesar por el fallecimiento de Aliaga y ha enviado su pésame a familia, amigos y compañeros.

El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, ha aseverado que “Arturo fue un aragonesista convencido que lo dio todo por su tierra hasta el último aliento, que durante dos décadas hizo una magnífica gestión al frente del Departamento de Industria, sentando las bases de muchos grandes proyectos y que siempre tuvo claro que había que estar en el consenso, en el diálogo y alejado de los extremos”

Desde Vox Zaragoza, han trasladado que Aliaga ha sido “un político clave para la historia reciente de Aragón”.

También han lamentado “profundamente” la muerte de Aliaga desde la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), afirmando que “el expresidente del PAR y exvicepresidente del Gobierno de Aragón fue una persona comprometida con Aragón y sus municipios”.

La empresa mexicana EDF ha presentado por fin el aval de 300.000 euros para Distrito 7-Giesa, donde se va a ubicar la 'ciudad del cine' de Zaragoza. Lo ha hecho cuatro meses después de la adjudicación directa a cargo del Gobierno del PP, aunque el plazo era de 15 días, y tras haber presentado fuera de plazo la oferta en el concurso público previo. A pesar de todo esto, la alcaldesa, Natalia Chueca, ha valorado este miércoles que se trata de “una concesión con todas las garantías”, algo que la oposición pone en duda. Además, la regidora ha anunciado que se va a licitar el servicio de formación profesional que incluye el complejo, que inicialmente iban a ser entregado a dedo a San Valero: en todo caso –en palabras de la propia alcaldesa–, esta Fundación “tiene muchas probabilidades” de llevarse el concurso.

Una vez presentado el aval, el Ayuntamiento puede ya formalizar el contrato de la concesión demanial con la firma, lo que permitirá desbloquear la instalación, que ha costado 20 millones de euros. El objetivo, según ha manifestado la primer edil en una visita al complejo, es que a finales de octubre se lleve a cabo la entrega de las obras y que “como máximo en enero de 2027” haya ya actividad en Distrito 7.

Chueca se ha congratulado por estar encarando “el final de la transformación de lo que antes era una fábrica abandonada” en el barrio de Las Fuentes para dedicarlo a la industria audiovisual: “Zaragoza no tenía unas instalaciones a la altura de las necesidades”, ha afirmado la alcaldesa, que ha vuelto a calificar de “proyecto estratégico” Giesa.

El cronograma, ha afirmado, está “cumpliendo”. “Estamos hablando de más de 26.500 metros cuadrados de transformación manteniendo la esencia del propio edificio del principio del siglo XX”, ha señalado.

“Una empresa de gran reputación”

Respecto a la formalización del contrato con EFD, Chueca se ha felicitado por tener a “una empresa de gran reputación a nivel internacional”, lo que desde su punto de vista garantiza que la apuesta será un “éxito” y convertirá a Zaragoza en “un referente” de cara a “atraer producciones nacionales e internacionales de primer nivel”.

La regidora se ha referido también a las clases de FP audiovisual privado, que han tenido que retrasarse un año por el fracaso en los tribunales de la concertación educativa lanzada por el Gobierno de Aragón. Los “400 alumnos” llegarán el próximo curso.

Además, Chueca ha anunciado que el Gobierno del PP da marcha atrás a la adjudicación directa de este servicio al grupo San Valero –que gestiona entre otros la Universidad San Jorge– y sacará un concurso público para la FP privada, en el que la alcaldesa ya ha adelantado que el mencionado grupo tiene “muchas probabilidades” de ganar.

También se volverá a sacar a concurso la restauración del complejo, el tercero de los fracasos del proyecto de Giesa ya que quedó desierto. “Estamos estudiando cómo mejorar la licitación”, ha apuntado Natalia Chueca.

Un procedimiento “arbitrario”

Desde la oposición, el concejal del PSOE Horacio Royo ha lamentado “el empeño de Chueca en seguir adelante” con la adjudicación a una empresa que ha presentado los avales “fuera del plazo legalmente establecido”, en presentar los avales para la formalización de la concesión demanial.

Royo ha exigido a la alcaldesa “volver a los acuerdos alcanzados con los vecinos” en los usos de esta instalación que ha contado con fondos europeos. “Desde el Grupo Socialista solo podemos lamentar profundamente el empeño de la alcaldesa en seguir adelante con este procedimiento arbitrario, con este procedimiento de adjudicación a dedo que, una vez más, queremos recordar que vulnera los acuerdos alcanzados con los vecinos, que pervierte el uso establecido en los propios proyectos que se presentaron a los fondos europeos y que nos abre un periodo de enorme incertidumbre”, ha valorado.

El edil socialista ha calificado este nuevo hecho como una “huida hacia adelante de la propia alcaldesa” y recordaba que desde el PSOE seguiremos trabajando en pro de un proyecto favorable para los vecinos y para la ciudad.

Por su parte, Zaragoza en Común (ZEC) ha vuelto a mostrar su “preocupación por el modelo planteado para Distrito 7, un proyecto ubicado en el antiguo complejo de Giesa, patrimonio público municipal, para cuya rehabilitación y equipamiento el Ayuntamiento de Zaragoza prevé destinar más de 20 millones de euros de dinero público”. “El Ayuntamiento pone el edificio, pone el dinero para rehabilitarlo y equiparlo y después son empresas privadas las que van a aprovechar esas instalaciones. Nos parece que hay una apuesta clarísima por poner recursos públicos al servicio de intereses privados”, ha señalado la portavoz de ZEC, Elena Tomás.

La formación cuestiona asimismo el planteamiento de la formación vinculada al proyecto, que también se ha orientado hacia entidades privadas y formación concertada. Para Zaragoza en Común, si se moviliza una cantidad tan importante de recursos públicos y se pone a disposición del proyecto un edificio que forma parte del patrimonio municipal “deben existir garantías claras sobre el beneficio que obtiene la ciudadanía”.

“Una chapuza de gestión”

Finalmente, la portavoz de Vox, Eva Torres, ha considerado que la alcaldesa de Zaragoza “intenta maquillar un historial vergonzoso de improvisación en la tramitación”. “La alcaldesa vende como un éxito lo que en realidad ha sido una chapuza de gestión. Han tenido que cambiar de manos el proyecto a mitad de camino tras acumular retrasos, concursos desiertos y errores de licitación flagrantes”, ha continuado Torres.

La portavoz de Vox cree que “presumir de una adjudicación a la que solo concurrió una empresa no es síntoma de competitividad ni de libre mercado, sino de que el pliego técnico genera dudas y poco interés real”.

Sobre la formación profesional, Torres ha afirmado que “el PP ha dejado en la estacada a 400 estudiantes este curso por su soberbia y sus prisas electorales” y ha celebrado que el Gobierno del PP “haya atendido la exigencia de Vox de licitar públicamente las patas de educación y restauración”.

El PP también cierra filas con Vox a cuenta del cese de Marta Tejero como directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) tras apenas tres meses en el cargo. La responsable de cuestiones como los centros de acogida para inmigrantes, en el foco de la extrema derecha desde su llegada al Gobierno de Jorge Azcón, renunció por motivos personales y a ello se ha agarrado la portavoz del Ejecutivo, la también vicepresidenta Mar Vaquero, quien ha pedido desvincular de “cuestiones polémicas” su cese.

Hasta tres veces le han preguntado a la número dos de Azcón en el Gobierno por la renuncia de Tejero, y en otras tantas se ha remitido a la versión oficial. Hay que recordar que entre las competencias del IASS están la gestión de estancia temporal de menores extranjeros, los centros de menores, el acogimiento familiar, las adopciones o la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital (IMV), todos ellos asuntos en los que Vox ha mostrado sus posiciones más extremistas desde la puesta en marcha de la coalición.

En este tiempo, la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia –que tiene al frente a Alejandro Nolasco, de Vox– ha cargado semana sí, semana también contra los menores migrantes, ha reclamado más actividad policial dentro de estas instalaciones, ha puesto el foco en la edad de estos niños, niñas y jóvenes y ha lanzado iniciativas como la retirada de la paga semanal solo a los menores extranjeros.

Nada de ello estaría, según Vaquero, en la marcha de Marta Tejero, que fue nombrada a finales del mes de mayo. La vicepresidenta y portavoz ha pedido “respeto” para la decisión de la exdirectora del IASS y ha reclamado que no se vincule con las decisiones de Vox: “Reconducir y orientar (su cese) a cuestiones polémicas no forma parte de nuestro día a día”, ha señalado.

De hecho, según Vaquero la “principal labor” que ha llevado a cabo en el corto periodo de tiempo en el que ha ejercido como responsabla de Servicios Sociales es la gestión de las evacuaciones en los incendios de este verano, en asuntos como la búsqueda de “alojamientos” o la participación en las reuniones del CECOPI.

El Departamento de Desregulación, ha apuntado la portavoz autonómica, ya está “trabajando” en el relevo, que se hará efectivo en los próximos días. Y ha querido dejar claro que la marcha de Tejero “no afecta al día a día” del IASS, que “sigue trabajando con total normalidad”.

El Consejo de Gobierno de Aragón ha autorizado a la Dirección General de Servicios Jurídicos a personar a la Administración autonómica como acusación particular en las diligencias previas abiertas por la presunta comisión de un delito de incendio forestal en relación con el fuego de Riglos. La medida permitirá a la comunidad autónoma “ejercer las acciones civiles y penales que puedan derivarse del procedimiento judicial” en defensa del interés público.

Hay un único investigado por el momento, un operario de la contrata que llevaba a cabo las obras en la carretera A-132. Aunque inicialmente el juez decretó prisión provisional sin fianza para él, posteriormente le dejó en libertad al no ver suficientes indicios para sostener su permanencia en la cárcel.

Se trata, según ha señalado la vicepresidenta autonómica y portavoz, Mar Vaquero, del “incendio de mayor magnitud registrado en Aragón desde 1994”, y provocó importantes daños sobre el medio natural, las infraestructuras públicas y las poblaciones de la zona, con afección a la masa forestal, los ecosistemas y el patrimonio natural, paisajístico, histórico y cultural.

Las llamas provocaron además el fallecimiento de Javier García Sancho, militar de la Unidad Militar de Emergencias, y dejó heridos a otros tres integrantes de la UME durante las labores de extinción.

La emergencia obligó también al desalojo y evacuación de numerosas localidades, y el confinamiento de otras durante varios días. El incendio afectó asimismo a espacios de especial valor ambiental y patrimonial, entre ellos los Paisajes Protegidos de San Juan de la Peña y Monte Oroel y de la Sierra de Santo Domingo.

La magnitud del fuego exigió el mayor despliegue de medios realizado hasta la fecha en Aragón para combatir un incendio forestal, con la participación de hasta 42 medios aéreos y más de un millar de efectivos de distintas administraciones y organismos, además de recursos internacionales movilizados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Zona catastrófica

En paralelo, el Consejo de Gobierno ha acordado solicitar al Gobierno de España “la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” –la antigua zona catastrófica– para seis municipios oscenses golpeados por el mismo fuego: Las Peñas de Riglos, Bailo, Santa Cilia, Santa Cruz de la Serós, Caldearenas y Jaca.

Según el Ejecutivo aragonés, las llamas “quemó más de 14.500 hectáreas y causó importantes daños en masas forestales, infraestructuras públicas y privadas, campos de cultivo y explotaciones agrícolas y ganaderas”. La emergencia obligó a decretar la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de Aragón (Procinfo) y a movilizar medios extraordinarios, tanto nacionales como internacionales.

El despliegue, el mayor hasta la fecha en la comunidad para combatir un fuego forestal, llegó a sumar “hasta 42 medios aéreos y más de un millar de efectivos”, a los que se añadieron recursos internacionales activados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Aragón solicitó también apoyo a Francia mediante el Acuerdo de Málaga.

Durante los peores momentos del incendio se adoptaron medidas de protección para 21 poblaciones: 19 núcleos tuvieron que evacuarse y otros dos quedaron confinados por el humo. El fuego afectó también a espacios de especial valor ambiental y patrimonial, entre ellos los Paisajes Protegidos de San Juan de la Peña y Monte Oroel y de la Sierra de Santo Domingo.

El Gobierno de Aragón sostiene que “la extensión del incendio, las medidas de protección que fue necesario adoptar y los importantes daños sufridos justifican la solicitud de esta declaración”, que permitiría complementar los instrumentos autonómicos ya activados con nuevas ayudas para municipios, empresas y particulares afectados. El acuerdo autoriza al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, a remitir la petición a los ministerios de Hacienda e Interior.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presumido este lunes de estar aplicando la “máxima transparencia” con las obras del nuevo estadio a través de la sociedad La Nueva Romareda, con mayoría de capital público. Pese a ello, el Gobierno del PP sigue sin dar a conocer los polémicos contratos que han permitido al socio privado –el Real Zaragoza SAD, en manos de inversores extranjeros– recibir ocho de los diez millones transferidos por Ibercaja para la denominación del campo de fútbol año y medio antes de su estreno.

En su primera comparecencia del curso político, con un acto en el que ha visitado la marcha de las obras del Centro Deportivo Municipal Sur, la regidora ha tenido que atender numerosas cuestiones de actualidad, y entre ellas ha estado el rescate del club de fútbol el pasado mes de marzo, cuando la propiedad del equipo blanquillo facturó a la sociedad –participada en un 80% por el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón– los mencionados ocho millones de euros.

“No tengo ningún problema en hacer pública cualquier información que pueda ser pública”, ha señalado Chueca, que ha matizado que la sociedad La Nueva Romareda “no es un expediente de la del Ayuntamiento”, en referencia a que se trata de una sociedad mercantil: “Todo lo que legalmente pueda ser público estaré encantada de hacerlo público”, ha señalado.

La alcaldesa ha asegurado que aplica la “máxima transparencia” y se ha referido a los contratos: “Se han ido contando y se han hecho públicos”, ha indicado, pese a que lo único que ha trascendido han sido las notas de prensa oficiales, en las que se omiten cuestiones fundamentales de los documentos. Por ejemplo, que la mayor parte de la cantidad transferida por Ibercaja no iba a quedarse en la sociedad La Nueva Romareda, sino que terminaría en las arcas del club, cuya propiedad pasó semanas después de esta operación a un fondo de capital riesgo internacional.

A su vez, la regidora ha puesto el énfasis en que “las condiciones en el contrato de gestión” que han terminado suscribiéndose “son mejores de las que se contaron inicialmente, cuando arrancó el proyecto”. “Hemos negociado con el club para mejorar las condiciones para la sociedad. No hay nada que ocultar”, ha insistido.

Relación con Vox

Sobre la relación con el grupo municipal de Vox –que entre otras cuestiones se ha mostrado crítico precisamente con el pago de ocho millones de euros al Real Zaragoza–, ha avanzado que la semana que viene mantendrá una reunión para retomar las conversaciones y ver “exactamente cuál es la situación” después de que este año pusieran unos condicionantes sobre la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para aprobar el presupuesto de 2026.

“Yo lo acepté con una condición muy clara que era el que no pusiese en riesgo las bonificaciones al transporte. La ZBE puede estar sujeta a modificaciones siempre que esté dentro de la ley y que además esté dentro del marco que marca el Ministerio de Transportes para la concesión de la subvención al transporte público a los ciudadanos de Zaragoza. Eso no lo vamos a poner en juego”, ha avisado.

A su parecer, esta solución “es satisfactoria” para todos los objetivos y ha emplazado a Vox a que decida si lo acepta o no para poder seguir avanzando en la tramitación y en cumplir el compromiso de presentar el presupuesto de 2027.

Parque de Atracciones

Sobre la continuidad del Parque de Atracciones, ha informado de que “está ya empezando a solucionarse definitivamente y poder arrancar este proyecto que ha costado varios meses más de lo que nos hubiese gustado”. Ha asegurado que está dentro de los plazos “razonables” de una licitación “tan relevante y de tantos años de vida”.

Ha indicado que el objetivo es que se pueda abrir “cuanto antes”, pero ha dicho desconocer “con exactitud” si es posible llegar a las fiestas del Pilar. “Estoy convencida de que en este momento en el que ya se ha llegado a un acuerdo, de que ya se está solucionando el problema que había administrativo entre los socios, pues sin duda los nuevos socios o la nueva sociedad, la que ha quedado, es la que tiene el mayor interés en abrir cuanto antes para poder aprovechar un buen momento como es el Pilar, así que en breves lo sabremos”.

Aragón abre curso político este martes con un Gobierno autonómico aún a medio gas y dos socios que se rehúyen para minimizar al máximo el riesgo de que surjan grietas: PP y Vox han evitado en este tiempo juntarse incluso en las fotos, con la extrema derecha poniendo el foco semana sí, semana también en los menores migrantes no acompañados. Tras el sobresalto de los incendios, por el que ambos partidos tendrán que dar explicaciones en las Cortes, llega un periodo con un objetivo principal: que la comunidad vuelta a tener unos Presupuestos tras dos ejercicios de prórroga.

La imagen más llamativa de este periodo, un buen ejemplo de la marcha de la coalición en esta primera fase, se dio en junio, cuando los dos vicepresidentes –Mar Vaquero, del PP, y Alejandro Nolasco, de Vox– evitaron coincidir frente a las cámaras en la sala de prensa, cuando primero una y luego el otro subieron al estrado a dar sendos mensajes contrarios a la inmigración. Juntos, pero no revueltos. La propia gestión de los fuegos del verano ha sido significativa, con consejeros y directores generales de uno y otro partido divididos en las apariciones públicas.

El principal objetivo de Azcón en su segunda legislatura como presidente autonómico es, como mínimo, que la coalición dure más que la anterior, rota en julio de 2024, menos de un año después de su formación. Pese a que en aquella situación primó más la política nacional, los populares han evitado en todo momento desde la toma de posesión de las consejerías –Vox se quedó con Servicios Sociales, con rango de Vicepresidencia, más Medio Ambiente y Agricultura– que surja cualquier fricción entre los socios.

Y eso que el vicepresidente de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha estirado hasta el límite el chicle de la gestión de los menores migrantes y de los centros de acogida. Al punto de que la propia directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales presentó este lunes su dimisión, oficialmente por “motivos personales” pero con el trasfondo de las continuas polémicas de Nolasco en este ámbito. En todo caso, en las filas del PP el silencio sobre los pasos que da Vox es absoluto: por cualquier rendija se puede colar el virus de una hipotética ruptura.

El único conato de desacuerdo se vivió a finales de mayo, cuando Nolasco anunció un refuerzo policial en los centros de acogida legalmente inviable –y que además queda fuera de la competencia de su Departamento– y que fue replicado por la vicepresidenta y portavoz Mar Vaquero, del PP, quien constató públicamente que la medida no era “posible”. El máximo responsable de Vox en Aragón evitó el choque y se limitó a señalar que buscarían “otras opciones”. Desde entonces, nada más.

Las consecuencias de los incendios

Uno de los temas candentes del otoño va a ser, sin duda, las consecuencias políticas por los incendios de este verano, con el peor balance que ha vivido Aragón desde que hay registros y con actuaciones muy polémicas como las obras en la carretera A-132, autorizadas por el Ejecutivo autonómico y en las que se originó el incendio de Las Peñas de Riglos, que llegó hasta el mismo San Juan de la Peña.

Este mismo lunes, los portavoces de los grupos se han reunido con la presidenta de las Cortes y un asunto común que ha surgido ha sido el de los fuegos, y la necesidad de impulsar una comisión de investigación en la que se debata qué ha podido fallar. Así lo ha reclamado por ejemplo el representante de Chunta, Jorge Pueyo, para quien Azcón debe “depurar responsabilidades” ante las “absolutas negligencias” que desde su punto de vista se han dado. También lo ha pedido Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe), quien ha puesto a su vez el foco en la proliferación de centros de datos.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha propuesto acordar un “Plan Aragón 2027” frente a las emergencias climáticas que nazca “desde el consenso” y que recoja las “propuestas e ideas” de quienes viven en el territorio. “Desde el PSOE tendemos la mano. Lo vivido este verano nos tiene que llamar a todos a trabajar desde la unidad y la responsabilidad”, ha señalado la dirigente socialista, que ha pedido “más prevención, más medios, mejores condiciones laborales de los profesionales y un operativo preparado los doce meses del año”.

El entendimiento de la oposición con el Gobierno, en todo caso, se antoja casi imposible y más con la posición mantenida por Vox, para el que detrás de los incendios estaría el “fanatismo climático de la izquierda” y no la falta de medios que denuncian los bomberos forestales en la comunidad.

Además, la principal medida que debe ver la luz en los próximos meses es el Presupuesto autonómico de 2027 tras dos ejercicios de prórroga, algo inédito desde la debilidad parlamentaria en la primera legislatura del socialista Javier Lambán (2015-2019). Para ello deberán fructificar unas negociaciones entre el PP y Vox que nunca han sido fáciles, aunque el clima actual es mucho más propicio que en el pasado. En principio, en septiembre los socios deberían sacar adelante el techo de gasto para llegar con plazo suficiente al 31 de diciembre con la ley presupuestaria aprobada.

Escasa actividad legislativa

Y es que el hecho de haber tenido que prorrogar las cuentas de 2024 dos años seguidos ha supuesto que Aragón se haya situado entre las comunidades autónomas con menor incremento en políticas sociales. Mientras, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha venido advirtiendo de la “incertidumbre institucional” que genera la falta de presupuestos, algo que dificulta “la labor de supervisión fiscal”. La falta de cuentas fue precisamente el argumento que llevó a Azcón a convocar elecciones a finales del año pasado.

En materia legislativa, fuera de los presupuestos el PP tratará de que vea la luz la ley de Vivienda que tramita desde la legislatura pasada, para la que no ha tenido problemas en introducir la 'prioridad nacional' requerida por Vox. De hecho, la actividad normativa en las Cortes desde 2023 ha estado bajo mínimos debido a la fragilidad parlamentaria del PP de Azcón, ya que solo han visto la luz legislaciones de poco calado, otras que venían del Ejecutivo de Lambán y derogaciones ideológicas como la de la Ley de Memoria Democrática.

Para tapar esta parálisis legislativa, los populares continuarán llevando a la Cámara autonómica cuestiones de ámbito nacional, como la crisis inmigratoria en Ceuta. Y en asuntos que les puedan afectar también tratarán de girar el foco hacia Madrid, con el ejemplo de la proliferación de centros de datos en la comunidad y el decreto ley sobre estas instalaciones que desarrolla el Gobierno central.

La gestión de los centros de menores migrantes en Aragón, en la picota por las continuas polémicas de la Vicepresidencia autonómica de Vox, se ha cobrado su primera víctima. Marta Tejero, directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ha dimitido este lunes tras poco más de tres meses en el cargo, con lo que abre una crisis en el Ejecutivo autonómico.

La marcha de Tejero se produce oficialmente “por motivos personales”, según una nota hecha pública por el Gobierno de Aragón. Sin embargo, el cese llega tras un tumultuoso periodo en el que Vox ha centrado sus políticas públicas precisamente en los menores migrantes y en los centros de acogida. Durante este periodo, la extrema derecha ha reclamado más actividad policial dentro de estas instalaciones –lo que fue frenado desde el PP–, ha puesto el foco en la edad de estos niños, niñas y jóvenes y ha lanzado iniciativas como la retirada de la paga semanal solo a los menores extranjeros.

En la mencionada nota, el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia –que tiene al frente a Alejandro Nolasco, de Vox– ha agradecido a la ya exdirectora del IASS “los servicios prestados” en este tiempo, en el que según el Ejecutivo ha desarrollado “una labor en aras a la mejora constante de los servicios sociales de la comunidad autónoma de Aragón”. “Su gestión fue fundamental para permitir el traslado de las personas mayores que tuvieron que ser desalojadas a consecuencia del incendio forestal en las Cinco Villas a la residencia Mimara en Zaragoza durante el pasado mes de julio”, ha incidido el mencionado Departamento.

Aún no ha trascendido quién va a suceder a Tejero, psicóloga de formación y que hasta su nombramiento era precisamente jefa del servicio de Menores del propio IASS, un puesto funcionarial. Este relevante organismo se ocupa de cuestiones como las residencias de mayores, la dependencia, la gestión de estancia temporal de menores extranjeros, los centros de menores, el acogimiento familiar, las adopciones o la prestación aragonesa complementaria del ingreso mínimo vital (IMV).

La diputada de Vox en las Cortes de Aragón Lorena García ha apostado este lunes, tras entrevistarse con la presidenta de la institución, María Navarro, por “acabar con las políticas irracionales de fanatismo climático”, destacando que han generado una acumulación de combustible vegetal “exagerada” en los montes de Aragón.

En rueda de prensa, García ha mecionado los incendos forestales de Las Peñas de Riglos, Cinco Villas, Ejulve, Peñarroya de Tastavins, Leciñena y Tamarite de Litera, con más de 45.000 hectáreas quemadas, causando “considerables perjuicios para los desalojados y para las actividades económicas de la zona y, lo que es más duro, la pérdida de vidas humanas”, recordando al cabo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fallecido en Riglos y el bombero de la DPZ muerto en un incendio en Calatorao. “Nuestra gratitud y agradecimiento a todos aquellos profesionales que se juegan su vida para protegernos a todos es permanente”, ha proclamado.

Ha rechazado las políticas aplicadas por Teresa Ribera en su etapa de ministra para la Transición Ecológica y las del Gobierno de Aragón de 2015 a 2023, a lo que ha opuesto la “hoja de ruta” del pacto de gobierno PP-Vox, firmado el pasado 22 de abril, tras las elecciones autonómicas, “una hoja de ruta que está suponiendo mejoras y beneficios para todos los aragoneses”, en alusión a “la eliminación del gasto superfluo y priorizar la atención en sanidad, educación y servicios sociales para todos nuestros ciudadanos”, también “más recursos para los nuestros, para los de casa”, la prioridad nacional “de acuerdo con el marco legal vigente”.

La parlamentaria de Vox también ha defendido la vivienda digna, recuperar la seguridad en las calles, “la vida que teniamos”, una bajada real de impuestos, la libertad de elección de centro educativo. Además, ha continuado, el Gobierno de Aragón “está trabajando” en la elaboración del proyecto de ley de presupuestos para 2027 “conforme a la ley y a lo firmado por ambas partes”.

Sobre la propuesta de Aragón-Teruel Existe de crear una Comisión de estudio o investigación sobre los centros de datos, García ha señalado que su grupo está al espera de conocer las propuestas que presenten los grupos parlamentarios, al tiempo que ha criticado el Real Decreto sobre centros de datos aprobado recientemente por el Gobierno de España, afirmando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “perjudica a todas las comunidades”.

El diputado del PP por Zaragoza, Pedro Navarro López, renunciará este lunes “por motivos profesionales” a su acta en el Congreso y pondrá fin a su etapa en la política activa después de más de veinte años, abandonando también sus responsabilidades internas en el Partido Popular, han confirmado fuentes de la formación política.

Navarro, una persona en su día muy cercana al presidente aragonés, Jorge Azcón –a quien sustituyó al frente de las Nuevas Generaciones en Aragón, precisamente–, estaba a cargo desde julio de 2025 de la Vicesecretaría de Organización del PP de Aragón y de la Secretaría de Transparencia y Buen Gobierno en la dirección nacional de la formación. Su renuncia es una decisión que ya habría sido trasladada con anterioridad al partido.

Su próximo destino profesional será la consultora de asuntos públicos Vinces, donde asumirá la dirección de la nueva delegación que la firma abrirá en Aragón, ha publicado 'Heraldo de Aragón'.

Nacido en Zaragoza en 1977 y licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, Navarro ha ocupado cargos en distintos niveles de la Administración. Fue diputado en las Cortes de Aragón entre 2007 y 2011 y posteriormente formó parte del Ayuntamiento de Zaragoza como concejal entre 2011 y 2019.

Más tarde pasó a la política nacional y obtuvo acta en el Congreso por la circunscripción de Zaragoza. En las elecciones generales de julio de 2023 encabezó la candidatura del PP por esa provincia.

El escaño que deja Pedro Navarro será ocupado previsiblemente por la siguiente integrante de la candidatura electoral, Mireia Bondía, alcaldesa de Maella. El Partido Popular cuenta también por Zaragoza con los diputados Luis María Beamonte y Raúl Cuevas.

Villanueva de Gállego está poniendo a prueba la otra cara de la carrera de Aragón para convertirse en uno de los grandes polos de centros de datos de Europa. Mientras el Gobierno de Jorge Azcón ofrece su 'alfombra roja' a las grandes tecnológicas y Amazon Web Services (AWS) amplía sus instalaciones en la Comunidad, el Ayuntamiento de este municipio zaragozano ha decidido llevar a los tribunales las condiciones en las que se está produciendo esa expansión.

El conflicto no gira en torno a si Villanueva quiere o no centros de datos, ya que la respuesta del municipio es positiva y, de hecho, ya cuenta desde 2022 con una de las instalaciones de AWS en Aragón. Lo que cuestiona ahora el Ayuntamiento es quién asume las consecuencias económicas y urbanísticas de seguir ampliando estas infraestructuras.

El pleno municipal ratificó el pasado 23 de julio la presentación de un segundo recurso contencioso-administrativo contra uno de los últimos proyectos de expansión de AWS aprobados por el Gobierno de Aragón. El primero se había presentado contra el PIGA aprobado en agosto de 2025. Ambos recursos plantean objeciones similares sobre el aprovechamiento urbanístico, el tratamiento del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la conservación de la urbanización y las infraestructuras asociadas y las obligaciones que el Ayuntamiento sostiene que acabarían recayendo sobre las arcas municipales, así como las infraestructuras vinculadas al suministro eléctrico.

Fuentes municipales consultadas por elDiario.es aseguran que el Ayuntamiento lleva meses intentando abrir una negociación con el Ejecutivo autonómico sin haber obtenido hasta ahora una respuesta concreta. “Ellos han hecho lo que han querido hacer”, resumen estas fuentes, que consideran que la tramitación de los nuevos proyectos se ha realizado sin tener en cuenta las necesidades del municipio y ahora solo hay “silencio”.

El caso de Villanueva de Gállego pone así el foco en una cuestión que empieza a repetirse allí donde se está produciendo la expansión de estas infraestructuras, territorios que quieren saber cuánto cuesta acogerlas y cómo se reparten los beneficios y las cargas de esa actividad.

El coste de acoger los centros de datos

La principal preocupación municipal tiene una doble vertiente porque, por un lado, la localidad deja de ingresar determinados recursos fiscales asociados a la construcción de los centros. Por otro, tal y como denuncian, el planeamiento aprobado le atribuye responsabilidades de conservación y mantenimiento de una superficie de grandes dimensiones. “Se deja de percibir el ICIO y además se carga al Ayuntamiento con el mantenimiento de todas esas zonas”, explican las fuentes municipales.

El Ayuntamiento no ha cerrado todavía una estimación del coste que supondría esa conservación a largo plazo y las fuentes consultadas rechazan aventurar una cifra sin disponer de los cálculos técnicos. En cambio, sí señalan que el ámbito de la ampliación en Villanueva de Gállego supera las 80 hectáreas y consideran “desproporcionado” que el municipio tenga que asumir las obligaciones de conservación asociadas a ese nuevo desarrollo. “¿Cómo vamos a asumir el mantenimiento de otra zona más grande que la localidad que tenemos ahora?”, plantean.

Según la versión municipal, no existe actualmente una contraprestación específica por asumir esas tareas. Por ello, desde el Ayuntamiento reclaman que se negocie algún tipo de compensación antes de tener que incorporar esas obligaciones a sus cuentas.

La discusión lleva así a una cuestión que trasciende del municipio y que está relacionada con quién asume el coste de las infraestructuras públicas necesarias para hacer posibles estas inversiones privadas, desde las conexiones eléctricas y de agua hasta la urbanización, los accesos y la conservación posterior de los nuevos ámbitos.

De hecho, esta discusión ha empezado a aparecer en otros territorios que han apostado por convertirse en grandes polos de centros de datos. Mientras que las empresas llegan atraídas por la disponibilidad de suelo y energía, su implantación exige también ampliar redes eléctricas, garantizar el suministro y adaptar infraestructuras públicas. Por estos motivos, el debate ha dejado de ser tecnológico o empresarial y ha pasado a estar relacionado con cuestiones relacionadas con la política energética, el urbanismo y la situación fiscal.

Más en concreto, en Aragón ya se han producido conflictos similares en torno a otros proyectos como el de Villamayor de Gállego, donde se ha cuestionado la implantación del macrocentro de Azora y varios municipios han formulado alegaciones por las consecuencias fiscales y territoriales asociadas al mismo.

A su vez, la expansión de los centros de datos vinculados al crecimiento de la Inteligencia Artificial está generando también debates similares en Estados Unidos y Europa sobre quién debe financiar las redes necesarias para atender su demanda eléctrica y hasta qué punto esa nueva demanda puede competir con la de hogares y otras actividades económicas.

Un conflicto que contrasta con el precedente de Amazon

El Ayuntamiento de Villanueva de Gállego compara la situación actual con la primera implantación de AWS en la localidad. Como afirman fuentes municipales, durante el mandato de Javier Lambán se alcanzó un convenio de colaboración entre las administraciones que supuso una compensación de alrededor de 3,5 millones de euros.

Ese acuerdo se ha traducido en actuaciones relacionadas con el abastecimiento de agua del municipio, entre ellas un nuevo depósito, una balsa, edificios asociados y canalizaciones. Además, tal y como sostienen, las obras se encuentran actualmente en ejecución a través de Suelo y Vivienda de Aragón.

Para el Ayuntamiento, la diferencia es que aquella implantación estuvo acompañada de una negociación y de actuaciones compensatorias, mientras que en la nueva expansión no existe, hoy en día, un acuerdo equivalente.

Según las fuentes municipales, en una reunión mantenida hace meses con el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, se planteó estudiar la posibilidad de un nuevo convenio, pero, como aseguran desde el Consistorio, no se ha recibido ninguna propuesta concreta.

Por todo ello, aunque la vía de negociación sigue abierta, insisten en que ahora el Gobierno de Aragón deberá fijar su posición en el procedimiento judicial y “dar soluciones” para que la localidad no tenga que asumir “costes tan elevados”.

El ICIO: el ingreso que Villanueva reclama

Uno de los elementos centrales del recurso es el tratamiento fiscal de las nuevas construcciones. El Ayuntamiento sostiene que la aplicación del PIGA tiene consecuencias sobre el ICIO y que, por lo tanto, Villanueva de Gállego deja de percibir unos ingresos que considera “relevantes”, ya que puede ascender a hasta un 4% de la inversión privada en el proyecto constructivo. Como explican, el ICIO constituye un ingreso extraordinario, mientras que otros impuestos municipales, como el IBI, pueden generar ingresos recurrentes una vez que los inmuebles entren en tributación.

El municipio todavía no ha percibido, según las fuentes municipales, el IBI correspondiente al primer edificio de AWS. Por eso, el Ayuntamiento espera que las nuevas instalaciones generen ingresos por este concepto cuando comiencen a tributar.

Por otro lado, existen expectativa respecto al IAE, aunque en este caso el importe dependerá de dónde quede localizada fiscalmente la actividad económica de la empresa.

“Si Amazon tiene la facturación aquí y no la tiene en Irlanda, por decirte algo, sí que se va a percibir bastante dinero de IAE”, detallan las fuentes, que subrayan que todavía desconocen cuál será el resultado final.

El debate económico, por tanto, no consiste únicamente en calcular cuánto dinero deja Amazon en el municipio. La cuestión es comparar los ingresos municipales que genera la actividad con los costes públicos asociados a su implantación y mantenimiento.

“Amazon no tiene la culpa”

Desde Villanueva de Gállego remarcan que Amazon no es el principal responsable del conflicto. Es más, tal y como señalan las fuentes municipales, “no tiene la culpa de absolutamente nada de esto”. A su juicio, la multinacional actúa dentro de las condiciones que le ofrece la Administración y es el Gobierno de Aragón quien tiene capacidad para establecer el marco urbanístico y administrativo en el que se desarrollan los proyectos.

Eso no significa que el Ayuntamiento no haya pedido a la compañía que participe, sino que además se ha trasladado a AWS que ejerza de empresa mediadora ante el Ejecutivo autonómico para tratar de encontrar una solución.

El Consistorio reconoce a su vez iniciativas de la compañía en el territorio, como colaboraciones con la Universidad San Jorge y actividades de divulgación tecnológica entre colectivos locales.

Asimismo, el Ayuntamiento ha observado que las obras han generado una importante presencia de trabajadores de empresas contratistas en Villanueva. Es más, algunas de las personas empleadas en la construcción, explican las fuentes, proceden del propio municipio.

Sin embargo, el escenario durante las obras no necesariamente será el mismo que cuando los centros estén operativos. Por eso, el debate sobre el empleo estable es uno de los principales argumentos de las organizaciones que cuestionan la expansión de los centros de datos en Aragón.

Aragón, laboratorio de la nueva economía digital

Lo que ocurre en Villanueva no es un episodio aislado porque Aragón está intentando aprovechar su disponibilidad de suelo, su producción energética y su posición geográfica para convertirse en un gran nodo europeo de infraestructuras digitales.

AWS fue la primera gran tecnológica en apostar por la Comunidad y ahora su expansión se ha multiplicado. En base a esta decisión, empresas como Microsoft, Blackstone, Azora, Samca, ACS, Merlin y otros grupos forman parte de una cartera de iniciativas que ha situado a Aragón en el centro del desembarco de los centros de datos en España.

El Gobierno autonómico defiende esta estrategia por el volumen de inversión asociado y por la oportunidad de atraer una nueva actividad económica. La propia AWS ha elevado hasta 33.700 millones de euros su inversión prevista en España hasta 2035, con una parte sustancial destinada a Aragón.

No obstante, la dimensión de estas instalaciones también está provocando una creciente discusión sobre sus necesidades materiales porque los centros de datos necesitan enormes cantidades de electricidad de forma continua y requieren infraestructuras específicas para garantizar su suministro. De hecho, Aragón produce actualmente aproximadamente el doble de la electricidad que consume, pero el crecimiento previsto de la demanda puede alterar esa situación.

Además, aunque los promotores se comprometan mayoritariamente a utilizar energías renovables, producir y transportar la energía requiere nuevas instalaciones, redes y ocupación de suelo.

Por eso el debate ha comenzado a desplazarse de la pregunta inicial sobre “¿cuánto dinero va a invertir Amazon o Microsoft?” a “¿qué recursos públicos y territoriales necesita esa inversión para funcionar?”. Y, en el caso de Villanueva de Gállego, la pregunta también está en qué ocurre cuando una inversión privada de escala internacional aterriza en un municipio pequeño y las infraestructuras y servicios necesarios para acompañarla quedan, al menos en parte, en manos de la Administración local.

Dos recursos y una negociación pendiente

Por ahora, Villanueva de Gállego mantiene sus dos recursos judiciales y, aunque no hay prevista ninguna nueva movilización municipal más allá de la vía judicial, el Consistorio espera que el Gobierno de Aragón vuelva a sentarse a negociar durante las próximas semanas.

“A ver si ahora en septiembre hay suerte porque no se entiende que no haga nada al respecto, y más cuando el segundo recurso fue aprobado por unanimidad del pleno, donde hay concejales del PP que forman parte del actual equipo de gobierno municipal”, subrayan. En este sentido, desde Villanueva de Gállego consideran que el respaldo de los distintos grupos demuestra que la reclamación trasciende las diferencias partidistas.

Mientras las obras de AWS continúan y Villanueva de Gállego quiere saber quién debe asumir su mantenimiento, la DGA tiene ahora que decidir si responde a esa presión con una negociación o mantiene su actual posición.

Si el municipio consigue una nueva fórmula de compensación o logra que se modifiquen las condiciones de conservación y aprovechamiento urbanístico, el resultado podría trascender al municipio. En una comunidad que ha apostado por atraer una de las mayores concentraciones de centros de datos de Europa, saber quién asume los costes de esa implantación puede acabar sirviendo de presente para otros ayuntamientos que afronten inversiones de esta escala.

El Gobierno de Aragón vuelve a mover ficha para sacar adelante su apuesta por el Bachillerato concertado después del varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) el pasado mes de junio. El Departamento de Educación ha abierto una consulta pública para elaborar un decreto que regulará el régimen de los conciertos educativos en la comunidad. El trámite se inició hace una semana y estará abierto hasta el próximo 9 de septiembre. Por el momento, solo consta una aportación: “Dinero público para la pública”.

La iniciativa llega después de que el TSJA suspendiera cautelarmente la orden con la que el anterior Ejecutivo —durante la primera legislatura de Jorge Azcón, antes de las elecciones anticipadas— abrió la puerta a financiar con fondos públicos las unidades de Bachillerato de centros privados. El tribunal frenó la medida al considerar que había sido aprobada por un Gobierno en funciones y que no se había acreditado una situación de extraordinaria y urgente necesidad que justificara su adopción.

Ahora, Educación plantea dotar a Aragón de un marco autonómico propio para los conciertos. El documento sometido a participación no menciona expresamente el Bachillerato, pero sí plantea “determinar las enseñanzas susceptibles de concierto educativo y la modalidad de concierto por el que se rigen”. También recoge entre sus objetivos “establecer los requisitos y criterios para la concertación, así como el contenido de la concertación y las obligaciones y derechos de las partes”.

El Gobierno explica que hasta ahora Aragón se ha apoyado en la normativa estatal y considera necesario desarrollar su propia regulación para “reforzar la seguridad jurídica de este instrumento”.

El movimiento se produce después de meses de contestación política y social al plan para llevar el concierto educativo al Bachillerato. Tras la resolución judicial, el propio Azcón admitió que era “muy difícil” que pudiera implantarse el próximo septiembre, aunque aseguró que el Ejecutivo no renunciaba a ampliar la oferta concertada.

La consulta pública supone ahora el primer paso para elaborar el nuevo decreto. El proceso permanecerá abierto hasta el 9 de septiembre y ciudadanos y organizaciones podrán presentar sus aportaciones sobre la necesidad de la norma, sus objetivos y las posibles alternativas. En este último apartado, el Departamento sostiene que “No existe otra alternativa ya que la normativa básica estatal utilizada hasta el momento resulta incompleta en determinados aspectos”.

Por ahora, una semana después de abrirse el proceso, solo hay una aportación registrada. Cinco palabras que condensan buena parte del debate sobre la medida: “Dinero público para la pública”.