Zaragoza está más cerca de tener una ordenanza cívica después de que el texto saliera adelante este jueves en una comisión extraordinaria de Presidencia gracias al apoyo de Vox al PP. La iniciativa contempla un conjunto de sanciones entre las que se encuentran las despedidas de soltero, los grafitis o el botellón. También se contemplan multas por dormir en parques para combatir el sinhogarismo. Asimismo, la ordenanza prohíbe acceder con burka a dependencias municipales. Solo queda la aprobación definitiva en el próximo pleno para que la normativa vea definitivamente la luz.

La denominada Ordenanza Cívica y de Convivencia Ciudadana, que sustituye a la derogada en 2014, establece un régimen sancionador con multas de entre 50 y 3.000 euros, divididas en infracciones leves, graves y muy graves, además de la obligación de reparar los daños causados al patrimonio público.

Entre las infracciones muy graves, castigadas con hasta 3.000 euros, figuran los actos vandálicos contra infraestructuras y mobiliario municipal, los grafitis con materiales especialmente agresivos, el vertido incontrolado de residuos, la organización de eventos ilegales multitudinarios y la venta ambulante ilegal. Las sanciones se endurecen además cuando estos actos afectan a elementos declarados Bien de Interés Cultural.

Las infracciones graves, con multas de hasta 1.500 euros, incluyen el botellón, la contratación o prestación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público, las despedidas de soltero que alteren gravemente la convivencia y los insultos y humillaciones en la vía pública.

Las infracciones leves, sancionadas con hasta 750 euros, recogen conductas como orinar o escupir en la calle, no recoger los excrementos de las mascotas, arrojar colillas o basura al suelo, manipular contenedores, abandonar bicicletas o patinetes en la vía pública y, tras las aportaciones incorporadas durante la tramitación, usar fuentes de sonido en el transporte público colectivo cuando alteren el descanso de otros usuarios. También se sanciona la ocupación de parques y jardines para pernoctar, aunque el texto rebaja esta conducta a falta leve tras la aportación de la Coordinadora de Entidades para Personas sin Hogar de Zaragoza.

La norma incorpora también una disposición que impide acceder a edificios y equipamientos municipales ocultando el rostro –con casco, pasamontañas, burka o niqab– sin identificarse previamente ante la Policía Local. Otras novedades incluyen el reconocimiento del derecho al descanso como parte del derecho a la salud, la incorporación de la salubridad como deber básico de convivencia y la prohibición de usar fuentes de sonido en el transporte público cuando perturben a otros viajeros.

El pacto entre PP y Vox

El texto ha salido adelante gracias al acuerdo alcanzado entre el PP y Vox, cuya portavoz, Eva Torres, ha reivindicado el papel de su formación como impulsora de la norma: “Fuimos el grupo municipal que puso encima de la mesa la necesidad de tener una ordenanza cívica para regular los comportamientos incívicos que provocan problemas de salud, sanitarios y de limpieza en Zaragoza”.

Torres ha recordado también que la moción que su grupo presentó en mayo de 2025, respaldada por unanimidad en el pleno, dio pie a que “más del 90 por ciento de los zaragozanos manifestaran la urgencia de contar con este marco regulatorio para mejorar su calidad de vida diaria”.

Por parte del equipo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Relaciones Institucionales y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, ha defendido que la aprobación del texto supone “un paso decisivo para que Zaragoza vuelva a disponer de una herramienta eficaz para proteger la convivencia, el espacio público y los derechos de la inmensa mayoría de ciudadanos que respetan las normas”.

“Nace del sectarismo”

El concejal socialista Horacio Royo ha censurado que el Gobierno de Natalia Chueca haya roto el diálogo con la oposición para pactar la norma con Vox, tras aceptar únicamente ocho de las 43 enmiendas presentadas por su grupo. A su juicio, la ordenanza “nace del sectarismo, no responde a los verdaderos problemas de convivencia de la ciudad, incorpora un evidente sesgo ideológico y vuelve a señalar a las personas más vulnerables”.

Royo ha recordado que fue el propio PSOE quien impulsó en 2021 la necesidad de una ordenanza cívica, recogiendo una recomendación del Justicia de Aragón tras la pandemia, pero ha lamentado que el resultado final se aleje de aquel planteamiento: “Todos compartíamos la necesidad de mejorar la convivencia, pero lo que hoy aprueban PP y Vox está muy lejos de aquel objetivo”.

El edil socialista ha calificado la norma como “una oportunidad perdida para construir un marco de convivencia útil, consensuado y centrado en los problemas reales de Zaragoza”, y acusó al PP de haber optado por “mirar a su socio de la ultraderecha antes que construir consensos”.

Royo también ha cargado contra el mantenimiento de las sanciones a personas sin hogar: “Una persona que vive en la calle no va a poder pagar una multa. Lo único que consigue esta ordenanza es acumularle deudas y estigmatizar aún más a quienes ya atraviesan una situación de extrema vulnerabilidad”.

Por último, el concejal socialista ha rechazado el apartado sobre el uso del burka, que atribuye a una estrategia política de Vox asumida por el PP: “Han inventado un problema que no existe para ofrecer una solución que además puede ser ilegal”. En este sentido, ha advertido de que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana solo permite requerir la identificación cuando existen indicios de delito o infracción administrativa.

El presidente del Gobierno de Aragón ha colocado este jueves la primera piedra del telecabina que unirá las estaciones de Astún y Candanchú. La infraestructura afronta su fase de construcción con una inversión superior a los 29 millones de euros y la previsión de estar en funcionamiento en la temporada 2027-2028. El proyecto permitirá unir las dos estaciones del valle del Aragón mediante una conexión de 3.595 metros y, según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, generará un impacto económico de hasta 11,5 millones de euros anuales en la zona.

El presidente, Jorge Azcón, lo ha definido este jueves como “el proyecto de infraestructura en la montaña más importante que en este momento se está haciendo en todo el Pirineo”. La actuación forma parte de la apuesta del Gobierno aragonés por reforzar el turismo de nieve y montaña y cuenta con financiación autonómica, de la Diputación Provincial de Huesca y de los fondos europeos de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.

La infraestructura será una telecabina monocable desembragable de diez plazas fabricada por Leitner. Contará con dos tramos conectados mediante una estación intermedia en Piedras Rojas y unirá la base de Candanchú, junto a Pista Grande, con la llegada del telesilla Pastores en Astún en un recorrido de poco más de diez minutos.

La primera fase contempla la puesta en servicio de 24 cabinas con capacidad para transportar hasta 600 personas por hora. El proyecto prevé ampliaciones posteriores que permitirían alcanzar los 2.400 viajeros por hora. El Gobierno de Aragón asegura además que la instalación funcionará durante todo el año para actividades como senderismo y turismo activo, con el objetivo de desestacionalizar la oferta del Valle del Aragón.

El proyecto, sin embargo, mantiene abierto el debate sobre su impacto ambiental y el modelo de desarrollo asociado al turismo de nieve. La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, junto con varias organizaciones ecologistas, ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el que cuestiona la evaluación ambiental de la infraestructura.

IU rechaza el telecabina por considerarlo “insostenible”

Izquierda Unida de Aragón ha reiterado su rechazo al telecabina coincidiendo con la colocación de la primera piedra. La coordinadora general de IU Aragón, Marta Abengochea, ha criticado la presencia de Azcón en el acto, que ha calificado como “un ejercicio de propaganda”.

“Hoy hemos visto a Jorge Azcón acudir a la colocación de la primera piedra de una infraestructura muy contestada socialmente. Desde Izquierda Unida de Aragón mantenemos una posición firme. Y es que el telecabina Astún-Candanchú es un proyecto social y ambientalmente insostenible que solo sirve para reforzar el negocio de la nieve y la especulación inmobiliaria”, ha afirmado Abengochea.

“Resulta preocupante que el Gobierno de Aragón siga adelante con este proyecto mientras existen dudas tan relevantes sobre su impacto ambiental y mientras una parte importante de la sociedad civil organizada está reclamando que se reconsideren este tipo de actuaciones”, ha señalado.

La formación reclama un cambio de modelo para las zonas de montaña, con una economía más diversificada y menos dependiente de la nieve.

La apuesta del Ejecutivo de Jorge Azcón por la educación privada le sitúa ya a la vanguardia de los gobiernos autonómicos del PP. Al menos así queda reflejado tras lo vivido en la pasada Conferencia Sectorial de Energía, en la que se aprobó el reparto de dinero por parte del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) a las comunidades para climatizar centros sanitarios y educativos. Tal y como ha revelado este jueves la ministra Sara Aagesen, Aragón se quedó solo en su abstención a este desembolso al exigir que los fondos –de carácter público– pudieran destinarse también a colegios concertados.

En la reunión, de carácter telemático y celebrada el pasado martes, se votaba la propuesta del Miteco para transferir 368 millones de euros a las comunidades autónomas, de los que 14,3 corresponderían a Aragón, para actuaciones de climatización y eficiencia energética en hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública de salud, y tambíen para colegios y otros centros docentes públicos, dentro de los programas PREE Sanitario y PREE Docente, respectivamente.

Y la delegación aragonesa fue la única que no dio su apoyo, algo que ha hecho público la titular del Ministerio en una entrevista en la Cadena SER. “Fue por unanimidad salvo por una comunidad autónoma: Aragón. Quería que se incorporaran colegios concertados, no solo los públicos. Pero nosotros como Administración General del Estado utilizamos el dinero público para la enseñanza pública”, ha reafirmado Aagesen.

Azcón “favorece los intereses privados”

Las reacciones a la noticia han sido inmediatas. El PSOE aragonés ha reclamado a Azcón que “explique a los ciudadanos” esta circunstancia. “No estamos ante una discrepancia técnica ni ante un reparto que perjudique a Aragón. Estamos ante una decisión política que vuelve a demostrar cuál es el modelo del PP: reclamar fondos al Estado y, cuando llegan, intentar desviarlos hacia la privada”, han incidido fuentes socialistas, para quien el presidente autonómico “cada vez que tiene que elegir favorece los intereses privados”. “Lo hace en la educación, impulsando la concertada mientras debilita la red pública, y lo hace en la sanidad, aumentando las derivaciones y las oportunidades de negocio para empresas privadas”, han abundado los socialistas.

Las mismas fuentes del partido han destacado la situación que viven “miles de alumnos y docentes”, que “soportan temperaturas superiores a 30 grados en las aulas”, y lo han contrapuesto a “la prioridad” del Gobierno de Aragón de “conseguir que el dinero llegara también a la privada”. “A este paso, ¿lo próximo que hará el Gobierno de Azcón será pedir al Gobierno de España fondos públicos para climatizar la Quirón?”, se han preguntado los socialistas.

Como respuesta, el Ejecutivo autonómico ha confirmado que se abstuvo en la Conferencia Sectorial de Energía al considerar “que el reparto de fondos excluye a una parte de la educación sostenida con fondos públicos”, aunque dice compartir “plenamente el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los centros educativos y acelerar su adaptación frente a los efectos del cambio climático”.

Según han explicado desde el Departamento de Economía, que tiene asumidas las competencias en materia de energía, “Aragón defiende que las ayudas deben llegar tanto a los centros públicos como a los concertados, al formar ambos parte de la red que presta el servicio público educativo”. La exclusión de la concertada “por motivos meramente ideológicos” supone, desde su punto de vista, “una discriminación para una parte del alumnado y de las familias”. Así, el Ejecutivo autonómico votó 'no' a la iniciativa “por coherencia con los objetivos de equidad, eficiencia energética y adaptación climática”.

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón (Fapar) ha hecho público una nota en la que se manifiestan “estupefactas” ante la noticia y en la que califican la posición del Ejecutivo autonómico de “irresponsable e injustificable”. “Cada vez que se ha pedido al Departamento la intervención urgente en este tema, han recurrido a la crítica al Gobierno estatal reclamándole fondos para climatización. Por eso se entiende aún menos este rechazo, peligrosamente ideológico”, ha indicado la Federación. A su vez, Fapar ha recordado a Educación que la concertación se otorga “para el pago de docentes y programas educativos”, pero no para “sus infraestructuras” ni para su “mantenimiento o acondicionamiento”.

La conmemoración de los 90 años del inicio de la Guerra Civil española levanta ampollas, especialmente en la extrema derecha. Un acto organizado para este fin de semana en el que se va a recordar la llegada a la localidad zaragozana de Bujaraloz de la Columna Durruti ha recibido duros ataques por parte de Vox, que ha tachado de “aquelarre anarquista” el evento. La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) ha reaccionado criticando a la formación por “pretender prohibir jornadas culturales y conmemorativas locales” y advirtiendo: “Aragón no necesita lecciones de revisionismo de quienes niegan los derechos humanos más elementales”.

En una comparecencia en las Cortes de Aragón, el diputado de Vox Santiago Morón ha mostrado su rechazo a los actos organizados, cuya presentación tiene lugar este miércoles en la Plaza Mayor del mencionado municipio. Todo ello “con la connivencia de su alcalde, el socialista Darío Villagrasa”, según Morón. Se trata, según la extrema derecha, de un “aquelarre anarquista de cuatro días” para “homenajear a la Columna Durruti, que dejó un reguero de sangre en el 36, desde su salida en Barcelona hasta Aragón y luego en el frente de Madrid”.

Morón ha destacado que entre las “hazañas de las tropas marxistas y anarquistas en Bujaraloz” se encuentra “el asesinato de vecinos desde el principio de la contienda” o “el incendio y expolio de iglesias”. El portavoz de Vox ha valorado que las jornadas “no tienen otro interés que provocar la confrontación entre españoles, en línea con la memoria democrática”. “Probablemente estos actos se ajusten a las leyes de memoria que Vox derogará en cuanto lleguemos al Gobierno de España, como hicimos con la Ley de Memoria Democrática en Aragón”, ha concluido.

A Mercedes Sánchez, miembro de la junta directiva de la ARMHA, las declaraciones de la extrema derecha no le han causado sorpresa: “¿Qué se puede esperar de un partido que ensalza a un dictador genocida?”, se ha preguntado, y ha rechazado con rotundidad su “intento de secuestrar y falsear el pasado con fines partidistas”. “Calificar de aquelarre un debate histórico o memorialístico demuestra una profunda intolerancia democrática y una voluntad inequívoca de blanquear y justificar el fascismo y la dictadura franquista”, ha apuntado.

“Censura ideológica”

Sánchez ha recordado que la extrema derecha “sistemáticamente oculta” que la violencia en los primeros compases de la Guerra Civil fue “consecuencia directa de un golpe de Estado militar que quebró la legalidad constitucional”, aunque ha añadido que desde la ARMHA siempre condenan “todo acto de violencia cometida al margen de la ley, venga de donde venga”.

“Pretender prohibir jornadas culturales y conmemorativas locales bajo la excusa de evitar la confrontación es en realidad un intento más de imponer la censura ideológica y perpetuar el olvido de las víctimas de la represión franquista”, ha destacado la directiva de la ARMHA, para quien “las derechas radicales buscan suprimir las leyes de memoria democrática porque temen a la verdad científica y el derecho legítimo de las familias a encontrar a sus desaparecidos”. “Aragón no necesita lecciones de revisionismo histórico de quienes niegan los derechos humanos más elementales”, ha incidido, y ha zanjado: “La memoria histórica no genera confrontación. La verdadera confrontación y el peligro para la convivencia democrática proviene de quienes, instalados en el negacionismo, pretenden blanquear los crímenes del franquismo y pisotear la dignidad de las víctimas. Por eso siempre nos encontrarán enfrente”.

Las jornadas

Las jornadas –en este enlace, el listado de actos completo– empiezan este mismo miércoles, con la presentación por parte de los colectivos organizadores. A las 20:00 horas está previsto la inauguración de una exposición con objetos de las trincheras y fotografías, entre otros documentos, de la mano de Víctor Asensio, en la sala de exposiciones Casa Torres Solanot. Y por la noche se proyectará el documental 'Juan Mariné, entre luz y sombra', en el salón de actos del Ayuntamiento.

El jueves abrirá a las 10:00 horas la Feria del libro anarquista, una hora después habrá una recreación histórica en la plaza y otros espacios y, a continuación, la presentación de una ruta con lugares emblemáticos de la Guerra Civil en Bujaraloz que se pueden consultar con códigos QR. A las 12:30 horas se presentará el libro 'Little Durruti. Un libro para salvar una librería'. Por la tarde habrá dos ponencias, un recital poético y, por la noche, la proyección de 'Los aguiluchos de la FAI', primera parte.

Mientras, viernes y sábado habrá durante la mañana y la tarde más actos, hasta el cierre de las jornadas en la medianoche.

El presidente del Gobierno de Aragón ha elogiado la colaboración entre administraciones para sofocar los incendios forestales que se han producido este verano y algunos de ellos siguen activos en las tres provincias de la comunidad autónoma. “Creo que ya ha habido un antes y un después”, ha estimado, en referencia a que “son mayores” los medios que provienen de otras comunidades autónomas para apagar las llamas.

“Durante estos días he hablado con numerosos presidentes de comunidades autónomas vecinas o no tan vecinas”, ha contado Azcón al detallar que se ha 'wasapeado' con la presidenta de Navarra, Maria Chivite; el presidente de Cataluña, Salvador Illa; el presidente de Murcia, Fernando López Miras, o con el presidente de Andalucía, José Manuel Moreno Bonilla, para pedir medios.

“La realidad es que la colaboración que hoy mantenemos tanto con la Administración General del Estado, como con la UME, como con los medios de otras comunidades autónomas, sinceramente, es muy superior a la que se venía teniendo. No es que quiera criticar, pero creo que hemos aumentado la colaboración con otras comunidades autónomas de una forma objetiva y tendremos la oportunidad de verlo”, ha explicado.

Como ejemplo, ha señalado que en el incendio forestal de Ejulve (Teruel) ha acudido un helicóptero de Murcia, con su brigada correspondiente; también medios aéreos de Cataluña, y en el incendio forestal de Plan (Huesca) hay también dotaciones que han venido desde Andalucía. “Son ayudas para luchar contra el fuego que tienen que ver con la coordinación directa”, ha sintetizado para añadir que también ha conversado estos días con la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y en concreto, la visita que hizo al incendio forestal de Orés (Zaragoza) el pasado viernes “fue como consecuencia de una llamada del día anterior con ella”.

“El día anterior llamé a la ministra para agradecerle los medios que el ministerio estaba destinando a nuestra comunidad autónoma para apagar los fuegos. Al día siguiente la ministra y vicepresidenta vino a nuestra comunidad autónoma y yo creo que eso ha mejorado mucho. El antes y el después se ha producido”, ha enfatizado.

Asimismo, Azcón ha informado de que desde Aragón buscan medios adicionales de extinción de incendios, que abarcan no solamente a empresas aeronáuticas, sino que han iniciado conversaciones con las regiones vecinas francesas para conocer cuáles son los medios aéreos que tienen a su disposición, pero no es sencillo“, ha reconocido.

La Vicepresidencia primera del Gobierno de Aragón, en manos de Vox, ha vuelto a utilizar los medios institucionales para atacar a los menores migrantes a través de una nota sobre un supuesto suceso en un centro de acogida. En su reacción, el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha evitado criticarlo expresamente y solo ha deslizado un reproche: “Si los hechos no están contrastados, mi opinión es contraria”, ha señalado.

La mencionada información, distribuida a los medios y publicada en el portal Aragonhoy –el oficial del Gobierno de Aragón– alude a una presunta agresión a una educadora social en un centro de menores, del que incluso se da la ubicación. Según la Vicepresidencia, con competencias en Servicios Sociales, han pedido a la Fiscalía que autorice una prueba al joven “para conocer su edad real”. “Su edad declarada, no contrastada fehacientemente, es de 17 años”, añade la nota, sin aportar más argumentos al respecto.

El escrito del Ejecutivo autonómico da incluso aporta datos particulares del menor, como su origen, e informa de que cuatro agentes se personaron en el centro ante su “gran agresividad”.

Según informa la Vicepresidencia del Gobierno, la educadora “ha sido sometida a un continuo y agresivo acoso por parte de este interno”, tal y como supuestamente detalla la denuncia; la mujer habría “requerido asistencia sanitaria” y estaría “de baja a consecuencia de estos hechos”.

Además, el Ejecutivo señala que “el presunto mena ha vuelto a quedar en libertad” aunque ha sido trasladado a otro centro “fuera de Zaragoza”.

“Que se publique la verdad”

Pese a esta utilización ideológica del portal oficial del Gobierno de Aragón, el presidente Azcón se ha mostrado muy tibio al ser cuestionado por este periódico. “A mí lo que me preocupa es que publique la verdad, que se digan cosas que sean verdad. Cuando la información está basada en hechos y por lo tanto se cuenta la verdad, es algo distinto: es sobre el juicio, la crítica política o la opinión que se puede tener”, ha argumentado el jefe del Ejecutivo tras la presentación de un centro de datos en el Edificio Pignatelli.

A continuación, el dirigente popular ha manifestado un leve reproche: “Yo defiendo que se publique la verdad, que contemos hechos. Si los hechos no están contrastados, mi opinión es contraria”, ha indicado.

Semanas atrás, la Asociación de Periodistas de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón pidieron a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, vinculada a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que valorase estas publicaciones. El pasado lunes, el comité deontológico concluyó que no podía abrir un expediente debido a que las notas se hacían públicas en un portal oficial –no en un medio de comunicación–, pero instó a cumplir con “las obligaciones éticas que establece el Código Deontológico del Periodismo en el tratamiento de cuestiones relacionadas con las migraciones”, algo plasmado en la 'Guía para el correcto tratamiento mediático de las migraciones', suscrita de hecho por el Gobierno de Aragón.

En ese contexto, Asimismo, insiste en la necesidad de contrastar los hechos, evitar la difusión de bulos, informar con rigor y credibilidad, extremar la protección de menores y colectivos vulnerables y evitar titulares o enfoques narrativos que puedan inducir a la confusión o favorecer la estigmatización.

La Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha estimado la medida cautelar solicitada por la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que pedía la suspensión del acuerdo aprobado por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA). Esta resolución del TSJA permitirá que se pueda celebrar la Feria Taurina del Pilar en la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza, incluidas las tradicionales vaquillas durante el periodo festivo.

En dicho acuerdo, dictado el 18 de marzo, el TACPA declaraba nulo el procedimiento de licitación y los pliegos referidos a la explotación de la plaza de toros. En el auto dictado por la Sala, junto a la estimación de la medida cautelar solicitada por la DPZ, el tribunal valora también los recursos presentados por las mercantiles Nautalia Viajes SL y Tauremoción SL contrarias a la decisión de acordar la medida cautelar y los intereses de otras nueve mercantiles más que si optaron al concurso y que mantienen abiertas las expectativas.

La decisión adoptada por los magistrados de la Sala supone que la plaza de toros de Zaragoza podrá estar en funcionamiento durante la Feria taurina del Pilar. Y ante los argumentos dados por las dos mercantiles contrarias a que se estime el recurso de la DPZ, los magistrados explican en su auto que “hay un riesgo de pérdida patrimonial importante para la DPZ y un riesgo de pérdida de lo que queda de temporada taurina”. Afirman más concretamente que “estamos ya ante una situación de perjuicio objetivo causado a la explotación de la plaza de toros de La Misericordia, que ya dio lugar, a la pérdida de la Feria de San Jorge y que, de no concederse la medida cautelar, dará lugar a la pérdida de la del Pilar, para octubre de 2026”.

Abundando en esta cuestión, los magistrados argumentan: “Hay una pérdida que se traduce en la falta de explotación de la plaza de toros para una actividad tradicional, y con un innegable aspecto cultural. Si no se concede la cautelar, es evidente que en Zaragoza no habrá toros para, cuando menos, la Feria del Pilar, pues por rápido que se resuelva el procedimiento, y no hay quien le quite cuatro o seis meses, aunque se elimine la prueba, ya no daría tiempo”. Y valoran que “las pérdidas serían pérdidas irreparables”.

Su decisión, resultado de la valoración de los intereses de todas las partes afectadas, se sustenta no solo en lo reclamado por la Diputación Provincial, sino también en los intereses de las nueve mercantiles concursantes con expectativa de obtener la licitación, y en los intereses económicos y públicos. En este sentido expresan que existe un interés general por tratarse de una actividad lúdico cultural que genera a su vez un interés económico.

“Un bien patrimonial”

Insisten en que “la plaza de toros es un bien patrimonial, que no satisface un servicio público, aunque satisfaga unos intereses públicos relacionados con el ocio y la cultura, que una corporación local puede explotar o no, según las circunstancias, condiciones de la plaza, gastos que conlleve, interesados en la explotación, demanda de público, por lo que, dentro de ese arco, bien puede intentar explotarse, aunque se renuncie a imponer criterios técnicos de calidad”.

Según el texto de la resolución, “la DPZ ha cambiado de modo relevante el contrato inicialmente planteado, ha renunciado a todo intervencionismo y ha optado por una solución rápida que garantice el canon y facilite, en lo posible, y sin garantías de calidad y número, la celebración de festejos”. En este sentido, manifiestan los magistrados, “lo que podemos decir por ahora es que no tiene nada que ver con el otro pliego. En aquel lo rechazable no era el contenido, sino el continente; es decir, el vehículo jurídico a través del cual se imponía una intervención en la gestión de la plaza bajo la apariencia de un arriendo patrimonial que no era tal”.

Y añaden que “ahora no es así, a cambio del precio en el periodo indicado no impone nada, más allá de las obligaciones legales, el respeto del uso, el adecuado mantenimiento, entre otros,. No impone programación, mínimo de actividades obligatorias, estándares de calidad, reserva de entradas y criterios de adjudicación sujetos a juicios de valor”. Concluyen que “el tiempo ha forzado a una solución de emergencia para salvar en lo posible la temporada, perdida ya la Feria de San Jorge”. Por todo ello, la Sala acuerda estimar la medida cautelar solicitada por la Diputación Provincial de Zaragoza.

“Vamos a tener vaquillas”

El presidente de la Diputación de Zaragoza (DPZ), Juan Antonio Sánchez Quero, se ha mostrado satisfecho tras conocer la noticia: “Para el Pilar vamos a tener toros y vamos a tener vaquillas”, ha manifestado en una rueda de prensa, en la que ha valorado la decisión del TSJA.

Sánchez Quero ha comparecido en el aula cultural del coso de La Misericordia, poco antes del inicio de la manifestación convocada bajo el lema 'Zaragoza quiere toros', para valorar la decisión judicial y anunciar que ya ha firmado la providencia para convocar la mesa de contratación y agilizar al máximo la adjudicación. “Como el tiempo apremia, acabo de firmar una providencia para que a lo largo de la mañana se convoque la mesa de contratación. Si administrativamente es posible, intentaremos adjudicar hoy mismo; si no, el lunes al mediodía la Diputación habrá resuelto el proceso y tendremos empresa adjudicataria trabajando para que en el Pilar haya toros y haya vaquillas”, ha afirmado.

El presidente ha recordado que la Diputación, propietaria de la plaza desde 1858, es la institución encargada de organizar los festejos taurinos en Zaragoza, aunque las competencias en materia taurina correspondan al Ayuntamiento.

Durante su intervención, el presidente provincial ha reivindicado que la DPZ “se ha dejado la piel” para garantizar la celebración de la feria y ha defendido que la institución ha actuado “impecablemente” durante todo el procedimiento administrativo. “Si no hubiera habido toros para el Pilar, no habría sido porque la Diputación hubiera hecho mal las cosas. Las ha hecho impecablemente desde el punto de vista jurídico. Si no hubiera habido todos habría sido única y exclusivamente por el rosario de recursos presentados por Nautalia y Tauroemoción”, ha manifestado.

Críticas al PP

En este sentido, ha acusado a ambas empresas de haber actuado “de mala fe” con el único propósito de paralizar la licitación. Como ejemplo, ha señalado que Nautalia explota actualmente la plaza de toros de Valencia mediante un contrato, según ha dicho, de características similares al impulsado por la Diputación zaragozana. Asimismo, ha criticado que Tauroemoción mantuviera el recurso contra los pliegos mientras concurría al concurso para optar a la gestión de la plaza. “Presentó un recurso y, al mismo tiempo, presentó oferta para quedarse con la plaza. Si hubiera sido la única empresa, habría retirado el recurso y hoy tendría la gestión”, ha sostenido.

Sánchez Quero ha ido más allá al asegurar que, “a su juicio”, detrás de todo el proceso ha estado la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), a la que ha atribuido un intento de boicot para que ningún empresario concurriera a la licitación.

En este punto, ha dirigido sus críticas al Partido Popular, al que ha acusado de politizar el conflicto y de respaldar a las empresas recurrentes. En concreto, ha pedido al presidente provincial del PP, Ramón Celma, que “se informe del proceso”, “deje de mentir” y apoye a la Diputación para garantizar la celebración de la feria. “El equipo de Gobierno no es antitaurino. Nos hemos dejado la piel para que haya toros y vaquillas en Zaragoza. En política no vale todo”, ha señalado, al tiempo que ha reprochado algunas declaraciones realizadas en las últimas semanas por responsables del PP y por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Por otro lado, el presidente provincial ha defendido la asistencia de la Diputación de Zaragoza a la manifestación convocada por las peñas taurinas, aunque finalmente la institución decidió no acudir oficialmente tras recibir una carta en la que se le solicitaba que no participara para evitar una mayor confrontación.

Sánchez Quero ha insistido en que todavía cabe recurso contra el auto judicial en un plazo de cinco días, aunque ha confiado en que ninguna de las partes vuelva a recurrir para no poner en riesgo la celebración de la Feria del Pilar. “Ahora lo que toca es adjudicar la plaza y dejar trabajar a la empresa para que los zaragozanos puedan disfrutar de los toros y de los festejos populares este mes de octubre”, ha concluido.

Manifestación

La comparecencia de Sánchez Quero ha dado paso a la manifestación convocada bajo el lema 'Zaragoza quiere toros', en la que han participado alrededor de un centenar de aficionados, profesionales y representantes de peñas taurinas para reclamar una solución que garantice la celebración de la Feria del Pilar.

Los asistentes han salido desde las inmediaciones de la plaza de toros de La Misericordia portando una gran pancarta con el mensaje 'Feria taurina ¡Solución ya!', defendiendo la continuidad de los festejos taurinos en Zaragoza, en este contexto marcado por la incertidumbre generada por los recursos judiciales presentados contra el procedimiento de adjudicación de la gestión del coso.

La Conferencia Sectorial de Energía ha aprobado la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para repartir 368 millones de euros, de los que 14,3 corresponden a Aragón, para actuaciones de climatización y eficiencia energética en hospitales, centros de salud, consultorios locales y otros inmuebles de la red pública de salud, y para colegios y otros centros docentes públicos, correspondientes a los programas PREE Sanitario y PREE Docente, respectivamente.

La reunión de la Conferencia Sectorial de Energía ha tenido lugar este martes en formato telemático entre las comunidades y ciudades autónomas y con la presidencia del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

Ambas líneas de ayuda se nutren del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y los gobiernos locales establecerán los criterios, alcance, intensidad y requisitos específicos para acceder a las ayudas en sus respectivas convocatorias. Igualmente podrán determinar el régimen de aplicación, bien por concesión directa o bien por concurrencia competitiva.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, adscrito al Miteco, actuará como coordinador y transferirá los fondos a cada territorio.

La temperatura como criterio

Las comunidades y ciudades autónomas han solicitado incorporar criterios adicionales, como la temperatura, en próximas convocatorias de la misma índole, y el Miteco se ha comprometido a estudiar en un futuro la posibilidad de ampliar los recursos económicos asignados a las dos líneas, siempre que haya fondos disponibles y solicitudes al respecto por parte de los gobiernos regionales.

El reparto de los 168 millones del PREE Sanitario, basado en el número de camas hospitalarias del Sistema Nacional de Salud y el número de centros de salud y consultorios locales de la estadística más reciente del “Informe Anual del Sistema Nacional de Salud del año 2024” del Ministerio de Sanidad, supone que a Aragón le corresponden 7.441.544 euros.

Por su parte, el reparto de los 200 millones del PREE Docente, proporcional al número de centros de cada territorio, supone que a Aragón se le asignan 6.908.677 euros.

En el ámbito de la redes e infraestructuras eléctricas, Groizard ha revelado que tras estudiar más de 2.500 alegaciones a la Propuesta de Planificación con horizonte 2030 –cinco veces más que en la anterior Planificación con horizonte 2026– se han incrementado las inversiones previstas para atender más solicitudes de acceso y acelerar el proceso de electrificación de la economía.

Grandes demandas de energía

Así, las posiciones de la red de transporte para atender las peticiones a las redes de distribución, muy relevantes para la industria o la vivienda, se han aumentado un 52%, y las posiciones para atender las grandes demandas de energía alimentadas directamente desde la red de transporte crecen un 12%.

Igualmente, suben un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos, un 17% las subestaciones, un 11% los kilómetros de nuevas líneas y un 6% la capacidad de las redes existentes, gracias a su mejora y repotenciación.

Groizard también ha apuntado que el próximo Real Decreto sobre planes de inversión en redes de transporte y distribución de electricidad prevé que las distribuidoras presenten una adenda a sus planes para 2027, al objeto de que los gobiernos regionales puedan conocerlos e informar sobre ellos.

Finalmente, la Conferencia ha analizado el grado de certificación de las líneas de ayuda territorializadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, constatando el avance de las gestiones necesarias para acreditar el cumplimiento de los objetivos ante la Comisión Europea.

En este sentido, se ha informado de las negociaciones con el Ejecutivo comunitario sobre la posibilidad de aprovechar los remanentes de aquellas líneas con los hitos cumplidos, recogida en el Real Decreto-ley 18/2026 y aún pendiente de concretar.

Un día después de que la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, reclamara una reunión urgente con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para exigir explicaciones por el futuro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, Teruel Existe ha dado un paso más y ha pedido directamente la dimisión del titular del departamento. La formación considera que el estudio informativo del tramo Teruel-Sagunto, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “confirma la renuncia” a la doble vía electrificada de alta capacidad comprometida durante años para la provincia.

En una rueda de prensa, el portavoz de Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, y el portavoz del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, Manolo Gimeno, han asegurado que el documento avala las denuncias que la formación venía realizando desde hace meses. Según han explicado, el estudio plantea únicamente tres alternativas basadas en una vía única destinada principalmente al transporte de mercancías y mantiene el trazado ferroviario actual, heredado del siglo XIX.

Guitarte ha defendido que una infraestructura de esas características “hace prácticamente inviable” un uso mixto eficiente para pasajeros y mercancías y supone abandonar el verdadero Corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta capacidad planteado inicialmente. Además, ha recordado que las primeras fases del estudio contemplaban una doble vía electrificada apta para velocidades de hasta 300 kilómetros por hora y ha atribuido el cambio de planteamiento a la pérdida de representación parlamentaria de Teruel Existe tras las elecciones generales de 2023.

El portavoz también ha advertido de una aparente contradicción entre los dos tramos del corredor. Mientras el estudio del recorrido Zaragoza-Teruel continúa contemplando la doble vía, el de Teruel-Sagunto apuesta por una única plataforma ferroviaria. A su juicio, esto podría anticipar la intención del Ministerio de dejar caducar la tramitación ambiental del tramo norte para terminar descartando la doble vía en todo el eje ferroviario.

Pide dimisiones y una rectificación

Para Teruel Existe, la decisión supone un “tremendo engaño político” a la provincia de Teruel y al conjunto de Aragón porque, según sostiene, compromete una infraestructura estratégica para el desarrollo logístico y económico del territorio. Guitarte ha advertido de que, si las mercancías del Mediterráneo terminan canalizándose hacia Zaragoza por Tarragona y Lleida, Aragón “perderá competitividad y oportunidades de desarrollo”.

Por ello, la formación ha exigido la dimisión inmediata de Óscar Puente y ha reclamado a los diputados y senadores aragoneses que presionen al Gobierno para modificar el proyecto. En caso de no lograrlo, considera que también deberían asumir responsabilidades políticas. Asimismo, ha emplazado al Partido Popular a impulsar iniciativas institucionales que obliguen a posicionarse sobre el futuro del corredor.

En la comparecencia, Manolo Gimeno ha defendido el valor estratégico del Corredor Cantábrico-Mediterráneo, al recordar que conecta Valencia, Zaragoza y Bilbao, integra un área de influencia de más de once millones de habitantes y concentra más del 22% del PIB nacional. En su opinión, el estudio publicado constituye “el mayor atentado contra la provincia de Teruel desde la cancelación del ferrocarril Baeza-Saint Girons”.

Además de las críticas políticas, Teruel Existe ha instado al Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Teruel, el Ayuntamiento de la capital, la Cámara de Comercio, CEOE y CEPYME a elaborar de forma conjunta alegaciones técnicas que rebatan los argumentos utilizados por el Ministerio para justificar el proyecto. El periodo de información pública permanecerá abierto hasta el próximo 12 de septiembre. La formación también ha anunciado que remitirá una carta al ministro para trasladarle formalmente la petición de dimisión y solicitará una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para expresar su rechazo al nuevo planteamiento del corredor.

La alcaldesa de Teruel y líder del PP en la provincia, Emma Buj, ha anunciado este lunes que ha solicitado formalmente una reunión urgente con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para abordar el futuro del Corredor Cantábrico-Mediterráneo tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de una alternativa que “condena a Teruel a convertirse en el cuello de botella” de esta infraestructura estratégica.

Buj ha realizado este anuncio tras la Junta de Gobierno Local y ha explicado que el Ayuntamiento también presentará alegaciones al proyecto para defender una infraestructura “ambiciosa” que responda a las necesidades de Teruel y del conjunto del eje ferroviario entre el Cantábrico y el Mediterráneo.

La alcaldesa ha mostrado su rechazo a una propuesta publicada en el BOE, que contempla una doble vía entre Zaragoza y Teruel, con pendientes máximas del 18%, mientras que entre Teruel y Valencia mantiene una única vía con pendientes de hasta el 23%. En su opinión, esta solución impide que el corredor cumpla la función para la que fue concebido. “No solo perjudica a Teruel, sino también a Zaragoza, Valencia y al conjunto del corredor, porque deja de ser una verdadera conexión entre el Cantábrico y el Mediterráneo”, ha afirmado.

Entre las alegaciones que presentará el Ayuntamiento figura la construcción de un 'bypass' ferroviario para mercancías que conecte el Puerto de Escandón con Platea y el aeropuerto, de manera que los trenes de carga no atraviesen el casco urbano. Buj ha recordado que esta propuesta ya fue planteada durante la fase inicial de alegaciones y que llegó a estudiarse, aunque finalmente fue descartada por su coste económico.

La alcaldesa ha calificado esa decisión de “auténtica barbaridad”, ya que, según ha explicado, el incremento previsto del tráfico ferroviario de mercancías supondrá un importante perjuicio para los vecinos de Teruel al discurrir la vía junto a numerosas viviendas. “Para nosotros era fundamental que la estación de mercancías se ubicara en Platea y que los trenes de carga no atravesaran la ciudad. El único motivo por el que se ha rechazado es el coste económico”, ha señalado.

El Ayuntamiento reclamará una doble vía electrificada entre Teruel y Valencia y la ejecución de ese bypass para mercancías, con el objetivo de que la ciudad no soporte un tráfico ferroviario de mercancías permanente junto a las zonas residenciales.

La alcaldesa ha insistido en que el Consistorio “irá a máximos” en sus alegaciones para reclamar una inversión que permita desarrollar un auténtico Corredor Cantábrico-Mediterráneo y no actuaciones puntuales que, en sus palabras, “no dejan de ser lo mismo que se está haciendo ahora, pero un poquito más”.

Ampliación de Pinilla

Durante su comparecencia, Emma Buj también ha informado de los avances en el proyecto de ampliación del campo Pinilla. La alcaldesa ha explicado que la Dirección General de Patrimonio ha emitido un informe favorable sobre una parte esencial del proyecto, concretamente la correspondiente a la zona de tribuna, donde se concentran buena parte de los servicios de la instalación.

Aunque todavía queda pendiente resolver algunos aspectos relacionados con la grada adyacente, Buj ha asegurado que el proyecto “va por muy buen camino” y ha señalado que, una vez se reciba la comunicación oficial, el Ayuntamiento trasladará el visto bueno a la empresa redactora para continuar con su desarrollo. “No dejamos de trabajar en agosto y, en cuanto tengamos la comunicación oficial, la empresa podrá avanzar en la redacción definitiva”, ha indicado.

Por otro lado, a Junta de Gobierno Local ha aprobado varios asuntos de gestión municipal, entre ellos la declaración de validez de la justificación de la subvención nominativa concedida al Centro Asociado de la UNED en Teruel correspondiente al ejercicio 2025, por importe de 40.000 euros.

También ha dado luz verde al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Teruel y la Comarca Comunidad de Teruel para la promoción turística durante 2026, con una aportación de 4.500 euros por parte del Ayuntamiento y de 3.000 euros por parte de la institución comarcal.

Además, se ha aprobado el proyecto correspondiente al modificado número 2 de las obras de mejora y acondicionamiento de la calle Cuesta de los Gitanos, con un presupuesto de 1.017.038 euros. La alcaldesa ha precisado que no se trata de una nueva actuación, sino de la aprobación formal de las modificaciones introducidas durante la ejecución de una obra ya en marcha.

Por último, la Junta de Gobierno ha tomado conocimiento del expediente de incorporación de remanentes de crédito al Presupuesto General de 2026 por importe de 325.551 euros, destinado a actuaciones que actualmente se encuentran en ejecución.

Alcaldes y concejales de las localidades pirenaicas de Aínsa, Biescas, Canfranc, Sabiñánigo, Jaca, Benasque, Hecho y Ansó, entre otras, se han reunido este lunes en la cabecera jacetana para analizar la falta de vivienda en zonas turísticas y la negativa del Gobierno de Aragón a declararlas como zonas tensionadas. El secretario general del PSOE altoaragonés, Fernando Sabés, ha criticado que el Gobierno de Jorge Azcón “desprecie” el trabajo de los municipios para encontrar soluciones que permitan precios asequibles a vecinos y trabajadores.

Una veintena de regidores municipales socialistas han exigido al Gobierno de Aragón que “deje la confrontación” y trabaje con los ayuntamientos que están buscando soluciones para fomentar vivienda asequible en zonas tensionadas por los precios de mercado, especialmente las ubicadas en municipios turísticos. Entre los participantes han estado la presidenta de la comarca de la Jacetania, Olvido Moratinos, los alcaldes de Sabiñánigo, Berta Fernández; de Aínsa, Enrique Pueyo; de Biescas, Lorena Cajal; o Canfranc, Fernando Sánchez.

Ante todos ellos, Sabés ha criticado que “el Gobierno de Jorge Azcón desprecie el trabajo y el esfuerzo de muchos alcaldes que buscan soluciones para que vecinos y trabajadores puedan tener acceso a un alquiler asequible y esté más ocupado en la confrontación con el gobierno central que en escuchar al territorio”. El dirigente socialista ha argumentado “la soledad de estos alcaldes y alcaldesas, que los 365 días del año atienden las necesidades reales de sus vecinas y vecinos y que en lugar de recibir apoyo del Gobierno de Aragón solo encuentran silencio y palos en las ruedas”.

El socialista se ha referido a la negativa del Gobierno de Aragón de declarar zonas vulneradas municipios que ya lo habían solicitado, como Biescas y Aínsa, una medida que contempla el Plan Estatal de Vivienda y que, entre otras mejoras, ampliaría las ayudas para acceder a alquileres asequibles. “¿Qué les queda a estos alcaldes si ya no tienen ni el respeto institucional ni el apoyo de un gobierno aragonés?”, se ha preguntado Sabés.

La presidenta de la Jacetania, Olvido Moratinos, ha destacado que Jaca fue “pionera en regular las viviendas de uso turístico”, una normativa que ha sido “asimilada” por el Gobierno de Aragón. Moratinos ha subrayado la necesidad de un “control exhaustivo” sobre qué viviendas están legalizadas. Moratinos ha recordado que su grupo municipal del Ayuntamiento de Jaca ha solicitado en dos ocasiones que se declare la zona como tensionada, lo que traería “beneficios para inquilinos y propietarios”. Sin embargo, anbas propuestas fueron rechazadas por el equipo de gobierno, lo que desde su punto de vista revela “que es un tema ideológico”.

La también presidenta de la comarca de la Jacetania ha recordado que convertir el municipio en zona tensionada permitiría “regular los precios” y así hacer “las viviendas más asequibles”. “Tenemos que buscar medidas a corto, a medio y a largo plazo y no solo construir viviendas para posibles trabajadores, sino para gente que quiera asentarse en nuestros territorios, que quiera formar sus proyectos de vida aquí”, ha manifestado.

Rechazada “sin dar una explicación”

La alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, ha denunciado el incremento del 10% en los precios de venta de viviendas y el aumento de los alquileres en el municipio durante el presente año. A pesar de las medidas implementadas en los últimos dos años, como la regulación de viviendas de uso turístico y el establecimiento de un 15% de viviendas de protección oficial, estas acciones han resultado insuficientes. Cajal solicitó al Gobierno la declaración de Biescas como zona tensionada: “No podemos dejar pasar esta oportunidad, porque está claro que la cosa lejos de ir arreglándose cada vez está peor”.

Sin embargo, la alcaldesa de Biescas ha criticado la falta de respuesta del Gobierno a sus peticiones, advirtiendo que los ayuntamientos están en mejor posición para entender el mercado local y las necesidades de sus vecinos. “El Gobierno de Aragón la ha rechazado de plano sin entrar a dar una explicación oportuna, ni siquiera una llamada de saber qué situación tenemos. Los ayuntamientos somos quienes conocemos nuestro mercado y a nuestros vecinos”, ha recordado.

En esta línea, el regidor de Aínsa, Enrique Pueyo, ha denunciado la falta de atención del Ejecutivo autonómico a las necesidades de su municipio en el contexto de la ley de vivienda del Gobierno central. Pueyo ha afirmado que los ayuntamientos son los que pueden solicitar la declaración de zona tensionada, pero se siente “poco escuchado y reconocido” por las autoridades autonómicas. “Ni siquiera una llamada de teléfono o ver qué ocurre realmente en nuestros pueblos”, ha incidido Pueyo.

En su opinión, las medidas propuestas por el Gobierno de Aragón son insuficientes y “no abordan” los problemas habitacionales que enfrentan los ciudadanos hoy en día. El alcalde ha subrayado que, aunque se han puesto en marcha iniciativas significativos desde el Ayuntamiento, la falta de soluciones inmediatas podría llevar a una crisis habitacional aún mayor en el futuro.

El nuevo mapa concesional del autobús en Aragón dejó a los vecinos de Tarazona sin estación de autobuses, ya que la anterior adjudicataria, Therpasa, era propietaria de la instalación utilizada hasta ahora, en la avenida de Navarra. Desde entonces, los turiasonenses tienen que esperar casi a la intemperie, con apenas una marquesina bajo la que resguardarse. Esta situación va a cambiar, aunque requerirá mucha paciencia de los afectados: al menos hasta 2030 no habrá una nueva estación. Así queda plasmado en un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, dado a conocer este viernes, por el que se impulsará una infraestructura en el terreno de la antigua Textil. Las obras está previsto que comiencen en año y medio.

El documento, suscrito por el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, el alcalde de Tarazona, Pedro Antonio Jaray, y la directora gerente de la sociedad pública Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), Inmaculada Aured, permitirá desarrollar esta instalación y concentrar en un único espacio las salidas y llegadas del transporte público interurbano.

La futura estación “se ubicará sobre una parcela de aproximadamente 2.500 metros cuadrados aportada por SVA y situada en los antiguos terrenos de la textil, un emplazamiento céntrico y con excelentes condiciones de accesibilidad”, ha explicado López. El consejero ha detallado que la nueva infraestructura dispondrá de espacios para viajeros, zonas de espera, servicios, taquillas e información, andenes y áreas de circulación y maniobra para los autobuses.

En virtud del texto suscrito, el Gobierno de Aragón contribuirá a la financiación de la actuación mediante una subvención directa “de hasta 1,5 millones de euros, destinada tanto a las obras como a los estudios previos y honorarios técnicos necesarios para ejecutar el proyecto”. La ayuda se abonará mayoritariamente al inicio de las obras para facilitar su desarrollo.

“Una solución transitoria”

Por su parte, SVA pondrá a disposición los terrenos necesarios para la estación y asumirá la redacción y tramitación de los proyectos de reparcelación y urbanización, incluyendo una primera fase que permitirá dotar de accesos a la nueva infraestructura. Incluso, si fuera necesario, facilitará la ocupación anticipada de los suelos para agilizar la redacción de los proyectos técnicos.

El Ayuntamiento de Tarazona será el encargado de redactar los proyectos básico y de ejecución de la estación, tramitar su aprobación, licitar las obras y asumir la contratación y dirección de los trabajos. El protocolo establece que las obras deberán comenzar en un plazo máximo de 18 meses y finalizar en los 24 meses siguientes, lo que permitirá disponer de la nueva estación en un plazo aproximado de tres años y medio. A este respecto, López ha puntualizado que “se va a explorar una solución transitoria para que, durante el tiempo que necesitamos para levantar la nueva estación, los usuarios puedan utilizar las instalaciones anteriores a la puesta en marcha del nuevo mapa concesional”.

Por su parte, el alcalde de Tarazona, Pedro Antonio Jaray, ha agradecido “el esfuerzo realizado por el Gobierno de Aragón en los últimos meses para que hoy Tarazona pueda anunciar una nueva estación de autobuses a la medida de las necesidades de los vecinos y usuarios”. Jaray ha destacado que la nueva infraestructura “estará en un espacio céntrico, un lugar accesible para todas las personas”.

Esta actuación forma parte del proceso de transformación urbana de los antiguos terrenos de la antigua Textil Tarazona, un ámbito de más de 48.000 metros cuadrados que albergará 264 nuevas viviendas, zonas verdes, viarios y equipamientos públicos. La nueva estación de autobuses se convertirá en uno de los principales servicios públicos de este desarrollo y contribuirá a mejorar la movilidad, reforzar el transporte público y ofrecer a los ciudadanos unas instalaciones modernas, accesibles y acordes con las necesidades actuales.

Trámites urbanísticos

Durante su intervención para anunciar la nueva estación de autobuses, Octavio López se ha referido al desarrollo global del ámbito y ha revelado que el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza dio luz verde el pasado día 10 de julio al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tarazona. A partir de ahí se pueden impulsar los proyectos de reparcelación y de urbanización que habrá de redactar SVA, y a continuación se licitarán las obras. “La previsión es estar ejecutando las obras de urbanización en marzo de 2028 estaremos ejecutando la urbanización”, ha señalado el consejero.

Octavio López ha recordado también que ya está prevista la inversión para la ejecución de las primeras 35 primeras viviendas de las 264 previstas en el ámbito, sobre las que habrá que definir “si serán viviendas públicas o si serán viviendas con algún tipo de protección pública y si son viviendas finalistas de alquiler asequible, de venta de alquiler con opción de compra”.

“En definitiva –ha concluido Octavio López-, la hoja de ruta está marcada, la apuesta está definida y la colaboración con el Ayuntamiento de Tarazona y su alcalde es absoluta, y hay dos cuestiones muy claras: una, que aquí en estos suelos va a ir una estación de autobuses moderna para el futuro de la movilidad del transporte en Tarazona y en la comarca; y, dos, que se van a cumplir los plazos para el desarrollo de este suelo que lleva esperando más de 20 años

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, para que vuelva a ser la candidata del PP a la Alcaldía de la capital aragonesa en las elecciones municipales de mayo de 2027, tal y como la propia regidora ha anunciado de una llamativa forma.

“Hoy tengo algo que contaros. Alberto Nuñez Feijóo me ha elegido, de nuevo, para ser candidata a la Alcaldía de Zaragoza para seguir transformando nuestra ciudad”, ha expresado Chueca en su cuenta de la red social de Instagram.

“Hace ya tres años que me disteis vuestra confianza. Tres años maravillosos en los que no he dejado de trabajar para que Zaragoza mejore”, ha dicho Chueca en un video grabado en el Puente de Piedra y en el que se dirige a los zaragozanos.

“Ahora, con más ilusión que nunca quiero seguir trabajando para vosotros para seguir transformado Zaragoza y que brille como merece, porque lo mejor está por llegar”, ha concluido en su vídeo en el que además de la basílica del Pilar de fondo se ve a la alcaldesa en distintas actividades realizadas a lo largo del año.

También la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha asumido este lunes el “reto” de la candidatura a la Alcaldía de Huesca por el PP en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, fecha a la que llegará “la misma ilusión” y “las mismas ganas” que el primer día,

En la misma línea que Natalia Chueca, Orduna ha anunciado en redes sociales que el presidente nacional de los Populares, Alberto Núñez Feijoó, la ha designado candidata a la Alcaldía de Huesca “para seguir transformando la ciudad”. Un anuncio que se hará oficial este sábado en Santiago de Compostela.

Para la actual alcaldesa, la transformación de Huesca en estos años es “innegable” y en sus redes ha dicho que “el cambio que hemos vivido en Huesca hará también, sin duda, un futuro para España”. Por eso, ha continuado, “os esperamos este sábado en Santiago de Compostela con Alberto Núñez Feijoó”.

Procedente del ámbito empresarial, Lorena Orduna se presentó por primera vez a las elecciones de mayo de 2023 como candidata a la Alcaldía de Huesca por el PP y se quedó a un concejal de la mayoría absoluta, al lograr 12 de los 25 concejales que conforman la corporación municipal.

El Grupo Parlamentario Socialista ha asegurado que la negativa del Gobierno de Aragón a entregar los informes sobre la privatización del Bachillerato “es un escándalo”. Así lo ha dicho el portavoz socialista en la Comisión de Educación, Jorge Pastor, quien este miércoles ha criticado el “oscurantismo” del Gobierno de Jorge Azcón sobre este asunto. El PSOE solicitó hace 99 días información para conocer los informes que avalaban la privatización del Bachillerato anunciada por Jorge Azcón estando como presidente en funciones.

“La única respuesta ha sido que la orden está paralizada por medidas cautelares y no se aporta ni más información ni ninguno de los informes solicitados”, ha dicho Pastor. El diputado ha recordado que se pidieron tanto los informes de Intervención y los de Inspección Educativa “que debían justificar las necesidades de privatizar el Bachillerato cuando en Aragón sobraban más de 2.000 plazas de Bachillerato, siendo que además es una etapa no obligatoria”.

Pastor ha denunciado la negativa a facilitar esta información y ha argumentado que “aunque la orden para privatizar el Bachillerato esté paralizada cautelarmente, el expediente administrativo tiene que existir”. Ha comparado esta solicitud con la realizada en el caso de la devolución de las pinturas de Sijena: el PSOE también solicitó información y la respuesta fue “que el proceso estaba judicializado y que, por tanto, fuésemos mejor directamente al departamento y que en el Departamento se nos daría la información que estábamos solicitando”. “¿Por qué en este caso todavía no nos dan estos informes?”, se ha preguntado el parlamentario socialista.

Un minuto y medio: eso es lo que ha tardado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en acordarse de Pedro Sánchez durante su discurso sobre el estado... de la ciudad. La regidora ha intervenido este miércoles durante algo más de hora y media, un tiempo en el que ha tratado de concentrar todos los anuncios que ha podido –algunos ya conocidos y otros no–, en el que no ha rehuido las polémicas con proyectos como Distrito 7 o Etopia y en el que ha hecho un sinfín de referencias a la política nacional, sin olvidar –un clásico– el terrorismo de ETA.

“Una Zaragoza que ha recuperado el orgullo”. “Después de demasiados años de resignación, Zaragoza ha recuperado la ambición”. “Zaragoza va camino de convertirse en la capital mundial de la calidad de vida y el bienestar”. Estas son algunas de las frases con las que Chueca ha querido llamar a la épica en su tercer debate, de nuevo celebrado en plena canícula estival. Recibida con abrazos por la plana mayor del PP aragonés, incluidos el presidente aragonés, Jorge Azcón, y la presidenta de las Cortes, María Navarro, y despedida con un ruidoso aplauso, Chueca ha leído un discurso autocomplaciente, sin espacio para la crítica –la suya, ya que con las instituciones socialistas, previas o coetáneas, ha sido mucho menos condescendiente– y con una batería de propuestas que, de salir adelante, comprometerán el panorama inversor del Ayuntamiento para los próximos años.

La oposición, por supuesto, ha querido dejar en evidencia el idílico dibujo trazado por la regidora: del “relato de fantasía” denunciado por la portavoz del PSOE al “puro teatro” resaltado por Elena Tomás (Zaragoza en Común) o a la “ciudad imaginaria” descrita por Natalia Chueca, según Eva Torres (Vox).

Hasta 79 veces ha asomado la palabra 'millones' en su parlamento, en su mayor parte como referencia a compromisos hechos públicos por la alcaldesa: reforma de un amplio tramo del Canal Imperial de Aragón, el DAT Alierta, cheque bebé, vuelos desde el aeropuerto, el Conservatorio de Música... Aunque en el apartado de gasto la gran 'estrella' es el nuevo contrato del bus, que se va a llevar al menos 1.200 millones de euros del Presupuesto municipal en los próximos diez años.

Giros de guión frente a las críticas

Lo cierto es que, pese a las innumerables polémicas de los últimos meses y los proyecto en entredicho, la alcaldesa de Zaragoza no ha rehuido ninguna de estas cuestiones, con la misma fórmula en todos los casos: de haber problemas, estos corresponderían a administraciones socialistas o de otro color político, presentes o pasadas. Así ha sucedido con Distrito 7, que va de fiasco en fiasco y que corre el riesgo de terminar en los tribunales: para Chueca, sin embargo, han conseguido dar forma a un proyecto que para “la izquierda” era “el abandono, la acumulación de basuras y ratas”.

O con Etopia, cuyo principal apoyo –la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento– el Gobierno del PP ha sacrificado y que, a tenor de las palabras de la alcaldesa, ha pasado de la noche al día: “Donde antes había exposiciones de PlayMobil, ahora hay un espacio que se ha consolidado como un verdadero Centro Municipal de Talento Digital e Emprendimiento”.

Algo similar con el programa Volveremos, que ha afrontado las críticas de los propios comerciantes de la ciudad en los últimos meses: “¿Por qué algunos siguen intentando torpedear este programa? ¿Qué tienen en contra de los comerciantes?”, se ha preguntado Chueca, en un nuevo giro de guion sobre lo sucedido.

La víctima favorita, a más de 300 kilómetros

Pero la víctima favorita de la alcaldesa de Zaragoza en su discurso de este miércoles no estaba en el salón consistorial, sino a más de 300 kilómetros de distancia: Pedro Sánchez y su Gobierno de España. Le ha dedicado numerosos pasajes de su intervención, incluido curiosamente el comienzo y el cierre.

Al principio, por su 'olvido' del debate sobre el estado de la nación, que no se celebra desde 2022, y para denunciar que “es el propio sistema el que está en riesgo” merced al supuesto “cuestionamiento constante” del Ejecutivo de Sánchez al Estado de derecho. Y al final, en este caso sin mencionarle de manera expresa, al incidir en su defensa “del Estado de derecho para que nadie esté por encima de la ley”. “Las democracias no se rompen de un día para otro, se debilitan poco a poco”, y para evitarlo su remedio es “convocar elecciones”, ha incidido Chueca al final.

Entre medias, un rosario de reproches a cuenta de un Gobierno de España “que agoniza”, que “ha incumplido la regla de gasto”, que “asfixia a la clase media, a los autónomos ya las empresas”, que basa “su política en intervenir el mercado” y “genera inseguridad jurídica” o que renuncia a aplicar “una política de inmigración ordenada”.

Lo curioso es que Chueca también ha sacado pecho de que tanto el Ministerio de Hacienda como el de Vivienda le han felicitado supuestamente por su gestión en ambas áreas. Aquí, por supuesto, el Gobierno central acertó.

La campaña electoral para las municipales de 2027 ya ha comenzado, al menos para la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. La regidora ha aprovechado su discurso en el debate sobre el estado de la ciudad para hacer una batería de anuncios a menos de un año de los comicios. Uno de los más destacados puede suponer una enmienda a lo mostrado hasta ahora por el PP en la capital aragonesa: la línea 2 del Tranvía. El Gobierno municipal va a encargar un estudio a la Universidad de Zaragoza para “definir los corredores de transporte público de alta capacidad”, entre lo que se incluye el eje este-oeste. Además, la regidora ha dado a conocer un acuerdo con el Gobierno de Jorge Azcón para reforzar el aeropuerto de Zaragoza, con el objetivo de llegar a más de 30 ciudades y 11 países diferentes.

Junto a la movilidad, otros grandes anuncios han sido en materia de vivienda, con el desbloqueo de tres solares municipales en Arcosur y Santa Isabel para construir 249 viviendas protegidas, o de familia, con un cheque bebé de 300 euros por cada niño nacido o adoptado.

“Zaragoza necesita certezas, no ideología ni promesas vacías y por eso esta colaboración con la universidad nos va a enseñar el camino para hacerlo con garantías técnicas y económicas”, ha esgrimido Natalia Chueca para justificar su cambio de posición respecto de la línea 2 del tranvía. Pese a que abiertamente no ha dado por hecho que apostará por esta infraestructura, ha engarzado el mencionado estudio en la “planificación a medio plazo” para “la ciudad de los 800.000 habitantes” y lo ha unido a la ampliación de la línea 1 hasta Arcosur.

El informe, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, tendrá una duración prevista de entre cuatro y cinco meses y será desarrollado por el Grupo de Investigación en Transporte y Logística (GITEL) de la Unizar.

No ha sido la única novedad con este medio de transporte, ya que Chueca ha trasladado la adquisición por parte de la sociedad de Los Tranvías de dos nuevos convoyes que llegarán a la ciudad en 2028, hasta completar un aumento del 20% de la capacidad para entonces.

Vuelos directos con París, Venecia o Varsovia

Respecto del aeropuerto, el acuerdo con el Ejecutivo autonómico se articulará después del verano, tendrá una duración de cinco años y permitirá “triplicar el número de destinos y duplicar el número de países con los que Zaragoza estará conectada”, ha manifestado la alcaldesa, quien ha cifrado la “aportación inicial” para el año que viene en dos millones de euros.

Con este contrato, el Gobierno municipal aspira a que Zaragoza “tenga una base de una aerolínea”. Entre los “destinos directos” que ha mencionado Natalia Chueca están París, Venecia, Budapest, Sofía, Varsovia o Sicilia.

En cuanto al cheque bebé, se trata de “una apuesta por el relevo generacional”. Estará dotado con 300 euros por niño nacido o adoptado –400 euros en el caso de niños o niñas con discapacidad– y se podrá canjearse en las farmacias. Podrán acceder, eso sí, las familias que lleven más de cinco años empadronadas en Zaragoza y con residencia en España. Con la previsión de más de 4.000 nacimientos anuales, el coste “rondará el millón de euros”, según Chueca.

La vivienda ha sido también protagonista destacada del discurso de la alcaldesa de Zaragoza. Ha anunciado que esta semana van a “movilizar” tres solares en Arcosur y el barrio de Santa Isabel que permitirán la construcción de 249 viviendas protegidas y, a cambio, el ingreso por parte del Consistorio de siete millones de euros.

También ha dado a conocer ayudas por 4,7 millones de euros para “embellecer la ciudad” a través de mejoras en las fachadas, por un lado, y para mejorar “las zonas más degradadas y antiguas de la ciudad”. Otros 2,7 millones irán destinados a recuperar 150 viviendas en el barrio de La Madalena, una partida que cuenta con fondos europeos.

La alcaldesa ha anunciado la movilización de tres solares municipales en Arcosur y Santa Isabel para construir 249 viviendas protegidas, una operación que además reportará 7 millones de euros al Consistorio. Chueca ha anunciado también 2 millones de euros para dos nuevas líneas de ayudas a la rehabilitación de fachadas, así como otros 2,7 millones para mejorar 149 viviendas en el barrio de La Magdalena gracias a fondos Feder. A ello se suma la recuperación de seis viviendas y seis locales comerciales en la calle Las Armas, en el Gancho, con una inversión de 2,3 millones de euros adicionales en ese barrio.

Tras la recuperación de la ribera del Huerva, la alcaldesa ha propuesto “lo mismo” para el Canal Imperial de Aragón, con un proyecto que “ya están redactando los servicios municipales” para “renovar integralmente” el entorno de esta infraestructura entre la avenida de San José y el colegio de Santa Ana, un espacio que separa los barrios de La Paz y San José. La actuación comprenderá 93.000 metros cuadrados, una superficie superior a la del Huerva.

La inversión prevista aquí asciende a 17 millones de euros y comprenderá la movilidad peatonal y ciclista, la plantación de árboles, la incorporación de zonas de juegos infantiles o la mejora de la iluminación.

En materia cultural, la alcaldesa de Zaragoza ha anunciado la puesta en marcha de un Conservatorio Municipal Profesional de Música, que estará ubicado en el Cuartel Palafox, en el paseo de Domingo Miral y de cuya construcción este 2026 se celebran precisamente cien años.

Y en el área deportiva, el Gobierno municipal aplicará una bonificación del 50% en el alquiler de las instalaciones municipales a las federaciones que apuesten por la capital aragonesa como sede de competiciones de ámbito nacional o internacional.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado este martes que su grupo presentará el miércoles un recurso en el Juzgado de Zaragoza para reclamar el acceso a los distintos expedientes relacionados con el centro termal y spa de Ranillas, en el recinto de la Expo, ante el “oscurantismo” por parte de la alcaldesa Natalia Chueca, que, diez días después de conocerse su citación judicial, “sigue sin dar las explicaciones oportunas”. Ranera ha recordado además que la regidora ha rechazado convocar una Junta de Portavoces extraordinaria.

“Solo tenemos información por las noticias que aparecen en los medios de comunicación”, ha señalado. “Nos vemos obligados a ir mañana mismo al Juzgado porque tenemos derecho a la participación política y, por supuesto, a la información, tal como marca el artículo 23 de la Constitución”, ha añadido. Y ha advertido de que, “cuando no se da información ni a los concejales ni a la ciudadanía, algo se está ocultando y cada vez esto huele peor”.

Ranera ha cuestionado los motivos por los que el Gobierno de Natalia Chueca continúa negando el acceso a la documentación. “¿A quién quiere proteger la alcaldesa? ¿Por qué no convoca la Junta de Portavoces? ¿Por qué no nos dan los expedientes? ¿Por qué nos estamos enterando por los medios de comunicación de las distintas denuncias y condenas que ya está teniendo este Ayuntamiento?”, se ha preguntado. Por ello, ha defendido que el PSOE está obligado a actuar para garantizar el ejercicio de la labor de oposición y el derecho a la información.

Asimismo, ha explicado que el grupo socialista también reclamó el expediente relativo al spa de Ranillas, sin haber obtenido respuesta dentro del plazo establecido por el Reglamento Orgánico Municipal. “En cuatro días, tal y como marca el Reglamento Orgánico, nos tienen que dar la información. Hoy es el cuarto día y el Grupo Municipal Socialista no tiene ninguna información”, ha señalado.

Consecuencias para las arcas municipales

Ranera también ha mostrado su preocupación por las consecuencias económicas que puede tener este caso para las arcas municipales tras conocerse las primeras condenas judiciales. “El Ayuntamiento ya está condenado al pago de 164.000 euros a cuatro trabajadores y existe la posibilidad de que esta cantidad pueda ampliarse al conjunto de trabajadores, pudiendo llegar a casi dos millones de euros”, ha advertido.

La portavoz socialista ha reprochado además a la alcaldesa haber asegurado que desconocía estos hechos. “Si la alcaldesa desconoce los hechos, no sé qué me preocupa más: que los desconozca, que sus concejales no se lo cuenten o que verdaderamente esté mintiendo a toda la ciudad”, ha afirmado.

Ante esta situación, Ranera ha exigido responsabilidades políticas a Natalia Chueca. “La alcaldesa no puede eximir su responsabilidad, lo conozca o no lo conozca. Si esto le viene muy grande, yo le aconsejo que con dignidad se vaya y abandone la Alcaldía, porque hay que empezar a pedir ya responsabilidades a este Gobierno”, ha manifestado.

Por tanto, ha recordado que el grupo socialista solicitó una Junta de Portavoces el lunes de la semana pasada para conocer el alcance de este asunto, petición que fue rechazada por la alcaldesa. “Por primera vez en la historia de este Ayuntamiento, una alcaldesa no ha consentido que celebremos esa Junta de Portavoces y, por lo tanto, que no tengamos esa información”, ha lamentado.

Casi dos décadas después de que, en 2008, Chunta Aragonesista y Puyalón de Cuchas hicieran oficial su ruptura, ambos partidos han anunciado que se reitengran para buscar “un espacio político amplio, inclusivo e intergeneracional”. Esta última formación, de carácter más nacionalista, ha supeditado el “proyecto soberanista” a dar “respuestas colectivas” ante “el retroceso en capacidad de movilización”.

El acuerdo, basado “en el respeto mutuo y la complementariedad de roles”, estipula que a partir de ahora Puyalón de Cuchas deja de ser un partido político –y sus militantes participarán de forma individual en Chunta Aragonesista. De esta forma se busca “reactivar redes, atraer nuevos sectores y fortalecer la base social del aragonesismo de izquierdas, especialmente entre quienes nunca se sintieron identificados con estructuras partidarias tradicionales”.

Puyalón se inscribió como partido en 2009, un año después de que se consumara la ruptura con CHA tras la VIII Asamblea Nacional de la formación aragonesista, en la que resultó elegida como líder Nieves Ibeas con apenas un 55% de apoyos. Meses antes, en las elecciones autonómicas de 2007, Chunta se había pegado un batacazo que le llevó a pasar de nueve escaños a cuatro, aunque la corriente interna de Puyalón ya llevaba tiempo mostrándose crítica, en especial a raíz de la expulsión de Chobenalla, las juventudes del partido, por su radicalidad.

Ahora, ambas formaciones se reencuentran en un clima de intensa división en la izquierda, tanto a nivel autonómico como en el conjunto nacional.

El secretario general de Puyalón, Chabier Mallor, ha explicado este lunes que “tras 16 años de trayectoria política, Puyalón de Cuchas considera necesario un cambio de ciclo organizativo y de estrategia, priorizando su función como motor ideológico y dinamizador de espacios de convergencia, más allá de la forma partidaria tradicional”. “El proyecto soberanista –entendido como defensa de soberanías múltiples: territorial, social, energética y de género– sigue siendo una alternativa política vigente en Aragón. Sin embargo, la reconfiguración de la izquierda aragonesa, el retroceso en capacidad de movilización y la emergencia de una crisis multidimensional —ecosocial, económica, institucional y cultural— demandan respuestas colectivas, amplias y estratégicamente articuladas”, ha añadido, tal y como han trasladado las dos formaciones en una nota de prensa.

En este contexto, Mallor considera que “el capital político, social y relacional acumulado por Puyalón de Cuchas, en plataformas, candidaturas municipales, redes de activismo y centros sociales, debe ahora ponerse al servicio de un proyecto de mayor alcance. Reconocemos que las relaciones históricas entre nuestras organizaciones no siempre han sido fluidas, pero el momento actual exige generosidad estratégica, autocrítica compartida y voluntad de convergencia”.

“La casa común del aragonesismo”

Por su parte, el presidente de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo –que en el mencionado congreso del partido en enero de 2008 tenía doce años–, ha destacado la importancia de este acuerdo, y se ha comprometido a que CHA asuma su papel como “la casa común del aragonesismo y una plataforma política abierta, capaz de articular los movimientos sociales, la ciudadanía activa y la representación institucional”.

Pueyo se ha mostrado convencido de que “el acuerdo entre CHA y Puyalón de Cuchas contribuirá a cerrar viejas heridas y reparar decisiones que generaron contradicciones para recuperar el potencial transformador de Chunta Aragonesista como referente de la izquierda aragonesa”.

“Aspiramos a ser un espacio donde la clase trabajadora aragonesa tenga voz central, y donde los valores de la izquierda –solidaridad, justicia social, derechos humanos y ecologismo– sean el eje de toda acción política. Frente al avance de la extrema derecha y la fragmentación social, solo un proyecto amplio, plural y cohesionado para conseguir una acumulación de fuerzas puede ofrecer una alternativa real”, ha finalizado el presidente de CHA.

La gestión del centro termal y el spa de Ranillas, en el recinto de la Expo, está generando problemas al Gobierno del PP en Zaragoza por tierra, mar y aire. O, lo que es lo mismo, por lo mercantil, por lo contencioso... y también por lo social. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ratificó en abril que el Ayuntamiento debe asumir los salarios de cuatro extrabajadores de la concesionaria, Cublan Inversiones, que gestionó el centro hasta su quiebra. La sentencia confirma además que el Ayuntamiento incurrió en sucesión de empresa al recuperar las instalaciones tras la resolución de la concesión administrativa —la tesis que el Consistorio lleva año y medio negando en los tribunales— y le impone las costas del recurso.

El fallo, adelantado por la Cadena SER, se apoya en un auto firme del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Zaragoza, dictado el 24 de septiembre de 2024 dentro del propio concurso de Cublan, que ya había declarado que la reversión de la concesión al Ayuntamiento constituyó sucesión de empresa a todos los efectos laborales. Los cuatro demandantes de este pleito formaban parte de una plantilla más amplia: la de los 16 empleados que Cublan tenía de alta cuando el Ayuntamiento recuperó las instalaciones. La propia Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ya había dado de alta de oficio a los 16 en el código de cuenta de cotización del Ayuntamiento, como sucesor de Cublan, con efectos retroactivos a 29 de septiembre de 2023.

Otros dos frentes

La sentencia social llega en un momento delicado para el Ayuntamiento, que libra con la TGSS dos batallas más por la misma cuestión de fondo: si heredó no solo la deuda, sino también la plantilla de Cublan.

El primero de esos conflictos se remonta también a 2024: la Dirección Provincial de la Tesorería resolvió liquidar las cuotas impagadas y sancionar al Consistorio por no subrogar a los 16 trabajadores que la empresa, para entonces quebrada, tenía en plantilla cuando el Ayuntamiento revirtió la concesión. Esa resolución fue ratificada por la propia Seguridad Social. El Gobierno de Zaragoza —con la alcaldesa Natalia Chueca al frente, junto a los consejeros Víctor Serrano, Sara Fernández y Ángel Lorén— acordó llevar esta sanción a la vía contencioso-administrativa, con lo que abrió un tercer frente judicial en el caso.

Menos de un año después, el Consistorio se vio obligado a recurrir una segunda resolución de la TGSS, esta vez por una cantidad mucho mayor. La Dirección Provincial de la Tesorería había abierto el 29 de abril de 2024 un expediente de derivación de responsabilidad solidaria por las deudas de cotización que Cublan dejó impagadas entre agosto de 2021 y septiembre de 2023, y reclamó entonces 464.162 euros. Tras las alegaciones municipales, la Subdirección Provincial de Recaudación Ejecutiva resolvió en junio declarar al Ayuntamiento responsable solidario de esa deuda, pero elevó la cifra final a 467.064 euros por conceptos que incluyen descubiertos de cotización, vacaciones no disfrutadas y trabajadores dados de alta que no llegaron a figurar en los boletines de cotización.

El Consistorio recurrió en alzada, pero la Seguridad Social desestimó ese recurso y agotó la vía administrativa; con dictamen previo de la Asesoría Jurídica Municipal, el Gobierno de Zaragoza decidió el pasado mes de octubre volver a acudir al TSJA.

La justificación del Ayuntamiento

La defensa municipal es la misma en los tres frentes: sostiene que no hubo sucesión de empresa, sino la simple reversión de unos bienes municipales, y que la explotación seguía de hecho en manos de terceros —una agrupación de interés económico y una sociedad de gestión de golf constituidas por Cublan antes de perder la concesión—. El dictamen jurídico que respalda los recursos ante la TGSS, fechado el 6 de octubre, insiste en que la cuestión “sigue sin resolverse”. La sentencia social del 20 de abril, sin embargo, desmonta ese argumento con un dato incómodo para el Consistorio: fue el propio Ayuntamiento el que pidió en 2024 que se suspendiera este mismo procedimiento social hasta que el juez del concurso se pronunciara sobre la sucesión de empresa —alegando que esa competencia era exclusiva y excluyente del juez mercantil—, para después intentar obviar el fallo cuando le fue desfavorable.

El trasfondo de los tres frentes es el mismo conflicto, que se libra a la vez en lo mercantil, en lo contencioso y en lo social: en febrero de 2024, la Sección Primera del TSJA ya había dado la razón íntegramente a Cublan en la vía contenciosa, declarando que la empresa tenía licencia tácita desde 2011 y un “indiscutible derecho a la licencia expresa” desde diciembre de 2021, semanas antes de que el Gobierno de Zaragoza le denegara el aval que habría evitado su quiebra. Esa sentencia alimenta la tesis que Cublan y sus acreedores defienden desde mayo de 2023 en la pieza de calificación del concurso, donde piden que se declare culpable de la quiebra al Ayuntamiento. Esta pieza ha cobrado actualidad estos días con la citación como afectados de nueve responsables del gobierno municipal PP-Cs de 2019-2023, entre ellos el actual presidente de Aragón, Jorge Azcón.

El PSOE ha incrementado sus críticas contra la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, por la gestión del antiguo spa de Ranillas. La portavoz socialista, Lola Ranera, ha denunciado el “oscurantismo” y la “falta de transparencia” del Gobierno municipal tras conocerse la citación judicial de los integrantes del anterior Ejecutivo de Jorge Azcón por un acuerdo adoptado en enero de 2022 sobre esta concesión, mientras que el PP ha rechazado estas acusaciones y sostiene que no existe ningún procedimiento penal.

Ranera ha reprochado que, una semana después de trascender la resolución judicial, ni Chueca ni Azcón hayan ofrecido explicaciones sobre un asunto que, a su juicio, puede acarrear “importantes consecuencias políticas y económicas” para la ciudad. La portavoz socialista ha llegado a preguntarse “a quién está protegiendo” la alcaldesa y ha reclamado acceso inmediato a todos los expedientes municipales y al expediente jurídico relacionado con el caso, al advertir de que podría derivar en “indemnizaciones millonarias” para el Ayuntamiento.

La dirigente del PSOE también ha criticado que el Gobierno municipal rechazara convocar una Junta de Portavoces solicitada por su grupo para abordar este asunto. Según ha afirmado, es la primera vez que una alcaldesa se niega a hacerlo pese a la petición formulada conforme al Reglamento Orgánico, una decisión que, en su opinión, “acrecienta las sospechas de que algo se quiera ocultar”.

Ranera ha recordado que la resolución judicial hace referencia al acuerdo del Gobierno municipal del 28 de enero de 2022, presidido por Jorge Azcón, y que la citación afecta a quienes formaban parte de aquel Ejecutivo, entre ellos la actual alcaldesa. Asimismo, ha vinculado este caso con lo que considera una forma de actuar del Gobierno local respecto a distintas concesiones municipales, citando también los quioscos del Parque Grande, el Parque de Atracciones o Giesa.

El PP rechaza las acusaciones

Frente a estas críticas, el Gobierno municipal ha negado que exista un procedimiento penal por el caso del spa de Ranillas. El consejero de Presidencia, Ángel Lorén, ha asegurado que no hay “ninguna citación para declarar, ningún procedimiento penal ni ninguna imputación” y ha defendido que el asunto se enmarca en un procedimiento mercantil derivado del concurso de acreedores de la empresa concesionaria.

Lorén ha acusado además a Ranera de “mentir” y de “confundir los intereses de la ciudad con los del PSOE”. Según ha explicado, el Ayuntamiento está actuando en los tribunales para defender los intereses municipales y recuperar el dinero que, sostiene, perdieron los zaragozanos con la gestión de la concesión. También ha recordado que el spa fue adjudicado durante el mandato del socialista Juan Alberto Belloch y afirmó que el centro funcionó durante años sin licencia.

El responsable municipal ha añadido que el Consistorio remitió en diciembre de 2025 las actuaciones a la Fiscalía ante la posible existencia de indicios relacionados con la gestión de la empresa concesionaria y reiteró que el objetivo del Ayuntamiento es salvaguardar los intereses públicos.