En la calle Puchsbaumgasse del distrito diez de Viena, un lado de la acera es previsible: estructuras de metal aparcadas en fila descansan en la vía pública que se presenta escueta para los viandantes. Al otro lado de la acera: otro desfiladero de coches, esta vez más pequeño. Donde antes había tres plazas para aparcar ha brotado un oasis de plantas y bancos de madera donde los vecinos se sientan, charlan, fuman, leen o simplemente están. Es el fruto del esfuerzo de un grupo de residentes que, con la ayuda del Ayuntamiento, ha instalado este suspiro en medio del asfalto. El suceso no es exclusivo de la calle Puchsbaumgasse ni del distrito diez. Los Grätzloasen se reiteran a lo largo de la ciudad y forman parte de una transformación estratégica que busca liberar el espacio ocupado por los vehículos y devolverlo a las personas.

Los vieneses han sido testigos de los beneficios de una serie de medidas que han contribuido a que el número de automóviles en la ciudad haya pasado de representar el 40% en 1993 al 25% en 2025. Medidas en gran parte relacionadas con algo tan cotidiano como el hecho de poder aparcar o no un coche. Los Grätzloasen son únicamente un detalle de estos esfuerzos.

La primera vez que en Viena se introdujo una política que limitaba el aparcamiento en lugares públicos no se hablaba con letanía de la movilidad sostenible, aunque ya entonces el cambio climático era una realidad. Sucedió en 1993, cuando encontrar una plaza de aparcamiento en el centro se volvió misión imposible, y se decidió priorizar el estacionamiento a los residentes que abonaran una tarifa plana mensual. Desde entonces, los visitantes debían pagar por hora y contaban con un tiempo limitado para estacionar su coche. El objetivo en ese momento no era otro que mejorar la situación de los residentes, pero se comprobó que la medida también pacificaba el tráfico.

Funcionó durante una década, pero conforme pasaba el tiempo, Viena crecía en número de habitantes y los barrios exteriores se rehabilitaban y volvían populares, se repitió la misma situación. En varias zonas se alcanzó un nivel de ocupación tan denso que ni siquiera cogía el espacio para maniobrar la entrada o salida de una plaza. La administración de Viena descubrió además que había personas que se desplazaban desde otros lugares (ciudades colindantes, Polonia, Chequia) para trabajar y que dejaban el coche aparcado durante toda una semana en esas áreas cercanas al centro.

Aunque puede que la idea más radical fuera subvencionar, de forma más o menos indirecta, un abono anual mediante el dinero recaudado por los estacionamientos. Por ley, todos los ingresos que provienen de estos se destinan a desarrollar una movilidad alejada del uso del coche: gran parte va a parar a las mejoras en el transporte público, y una porción menor a favorecer otras modalidades como nuevas infraestructuras para ciclistas. Esa combinación —la ampliación de la gestión del aparcamiento junto con un abono para el transporte público muy barato y subvencionado por los propios conductores— supuso un auténtico terremoto en términos de movilidad. En el primer año desde su entrada en vigor, el uso del coche privado cayó un 6%, mientras que el transporte público aumentó hasta un 39%.

El proceso no fue fácil porque la rivalidad política siempre entra en juego. En este caso, por ejemplo, algunos distritos, donde recae la última palabra, se negaron a aplicar restricciones. “Pero mi predicción de que esto tendría un efecto dominó fue exactamente lo que ocurrió”, señala Vassilakou, aludiendo a los barrios que más tarde se sumaron por su cuenta a esta tendencia. Finalmente, en 2022 el Gobierno actual armonizó la regulación en todos los distritos de Viena: desde entonces, no existe aparcamiento callejero gratuito en ningún rincón de la ciudad. Se requiere el permiso de residencia o un ticket de corta duración. El coche solo puede estar aparcado un máximo de dos horas, y el precio es de 1,50 euros cada 30 minutos, aunque en 2026 subirá a 1,70 euros (una subida del 30%).

“La gestión de las plazas de aparcamiento tiene un gran impacto en el reparto modal [el porcentaje de viajes de cada transporte]. La proporción de modos de transporte respetuosos con el medio ambiente en Viena ha aumentado de manera constante, pasando del 60 % en 1993 al 75 % en 2024”, explica el departamento de Desarrollo Urbano y Planificación de Viena. Asimismo, el número de coches ha disminuido en unos 13 distritos vieneses, según la organización austriaca VCÖ, dedicada a la movilidad sostenible. En 20 años, el número de coches por cada 1.000 personas en Viena ha disminuido de 402 a 363.

Pero no es oro todo lo que reluce. Para Gunter Emberger, jefe de la Unidad de Investigación de Planificación del Transporte e Ingeniería del Tráfico de la Universidad Técnica de Viena, cuando la ciudad limitó el aparcamiento a los no residentes no reparó en qué hacer con ese espacio que podía ser ocupado por los coches de los propios vecinos. “Hay una diferencia enorme entre pagar 120 euros al año por un permiso de residente y pagar 100 euros al mes por aparcar en un garaje. La ciudad tendría que haber tenido un concepto preparado en el cajón, ya hubiera sido un plan para reconstruir esa calle, para convertir el espacio en una infraestructura ciclista, para plantar árboles, lo que fuera”, señala Emberger.

Vassilakou no cree que exista ese fenómeno en estampida de residentes que sacan sus coches del subterráneo para aparcarlos al aire libre, pues la calle no ofrece la seguridad de un garaje. Pero coincide en que una vez que se dispone del espacio, hay que ocuparlo con otros usos. “Algunos distritos han impulsado proyectos de renaturalización, peatonalización, aceras más amplias. Pero otros no”, lamenta.

Uno de esos distritos es el 10, el segundo más densamente poblado de Viena, donde se ha construido la primera supermanzana de la capital austriaca, el Supergrätzl Favorite. El tráfico de paso de los vehículos ha sido eliminado de la zona, y las calles se han ensanchado a favor de peatones y ciclistas. Alrededor de la escuela del barrio, las calles son exclusivas para los peatones.

El asfalto se ha retirado y el material del suelo es ahora pavimento permeable y claro que repele el calor. Hay bancos, zonas con agua, árboles, personas que se quedan y disfrutan de la calle y que no solo la atraviesan rápidamente. La zona donde se encuentra el Supergrätzl se seleccionó en gran parte por el sobrecalentamiento que sufría y porque en ella había una escuela que, preocupada por exceso de tráfico y la seguridad de los niños, así como las molestias de ruido, pedía desde hace años un cambio urgente. “También fue muy importante que el alcalde de este distrito estuviera tan a favor de probar el proyecto”, recalca Florian Lorenz, arquitecto paisajista de Studio Laut, el estudio responsable del concepto y proceso de participación ciudadana de la supermanzana, así como de su fase preliminar de urbanismo táctico.

Lorenz recuerda que al principio muchos vecinos estaban preocupados porque pensaban que no podrían usar sus coches como antes. La realidad es que, aunque el tráfico de paso no está permitido, los vecinos sí pueden utilizar sus coches para entrar y salir de sus casas. “A veces solo hay que explicar las cosas, muchas preocupaciones son muy fáciles de aclarar”, dice, y señala que los procesos informativos y de participación en todas las etapas del proyecto han sido fundamentales tanto para involucrar a los vecinos como para mejorar el diseño. “Por un lado, hemos tenido gente diciendo que al haber más gente en la calle hay problemas de ruido, y es normal que esto sea un problema si estás acostumbrado a una calle silenciosa donde antes solo había coches aparcados. También hemos recibido críticas de que el proyecto no era lo suficientemente ambicioso, que se necesitaban más árboles, o que seguía habiendo tráfico”. Gracias a estos comentarios, por ejemplo, se han instalado grandes bolardos verdes para organizar el tráfico y reemplazar la señalización más liviana que se había instalado en un primer momento.

Solo en el año 2025 se impulsaron alrededor de 160 proyectos nuevos, de los cuales 110 ocuparon plazas de aparcamiento para transformarlas en pequeñas plazas de encuentro. La iniciativa debe ser propuesta y ejecutada por los vecinos, pero Lokale Agenda 21 Wien, un programa municipal de participación ciudadana y desarrollo sostenible, es la que facilita, asesora y tramita los 5.000 euros de ayuda.

Gabriele Teufl-Kral es una de esas ciudadanas que hace unos años decidió crear un Grätzloasen en el distrito 16, ocupando una antigua plaza para coches junto a un parque. Teufl-Kral descubrió online esta iniciativa, intuyó el respiro que supondría para su zona dominada por los coches y reunió a otros vecinos para idear un concepto que cumpliera con los requisitos del ayuntamiento: un espacio libre de consumo donde las personas se encuentren en igualdad de condiciones. Hoy, los vecinos de la zona se conocen —esto es para Teufl-Kral lo más importante— y las plantas y asientos de madera del Grätzloasen Blumenwiese im Park (pradera de flores en el parque) son testigos de los talleres, mercadillos de segunda mano, comidas vecinales o sencillos encuentros y momentos de reposo.

No fue fácil convencer inicialmente a todos los residentes. “La mayoría estaba contenta, pero había sobre todo personas mayores que decían que estábamos quitando plazas de aparcamiento, que vendría gente a consumir drogas o a beber o a dormir allí. Cuando la gente grita es porque tiene miedo de lo desconocido”, dice Teufl-Kral. Su remedio fue sencillo y eficaz: conversar. A veces las preocupaciones son prácticas. Por ejemplo, alguien tiene un familiar mayor al que debe recoger y necesita una plaza de aparcamiento cerca de su casa. “Es interesante ver cómo mientras gran parte del debate en torno a las plazas de aparcamiento es muy ideológico, cuando se trata de las Grätzloasen, vemos que la discusión no es tan teórica. La gente dialoga sobre esto y puede construir una relación diferente en torno al tema”, dice Halkic.

Quizá ahí reside una de las claves en la lucha contra el lugar central que siguen ocupando los coches en todas las ciudades. Viena no es París, no. Pero puede que haya encontrado su propio camino, implementando políticas que demuestran cómo un cambio gradual y participativo, impulsado tanto desde arriba como desde abajo, puede generar a largo plazo resultados visibles y, sobre todo, asumidos por las personas que, con sus diferencias e intereses muchas veces contrapuestos, pasan sus días en esas calles. “Las ciudades resultan ser problemas de complejidad organizada, como las ciencias de la vida”, dijo la gran urbanista Jane Jacobs en Muerte y vida de las grandes ciudades (1961). Esa es la lección que deja Viena, con sus innovaciones e imperfecciones: diseñar desde cero la ciudad ideal es fácil, reconstruir una ciudad real requiere de una imaginación colectiva.

Kate Valentine sostiene con sus dos índices hacia arriba y una sonrisa infinita el ánimo de la decena de mujeres reunidas en una sala del ayuntamiento en el pequeño pueblo de Forest Row. Esta localidad a una hora al sur de Londres rodeada de bosque tiene solo tres calles, pero alberga uno de los movimientos más potentes de cuidado de la salud mental a través del canto de mujeres y madres. Sin nociones de solfeo, sin partituras ni nada que mirar, juntas en un gran círculo, estas mujeres empiezan a entonar una melodía, guiadas por Valentine. Algunas están sentadas en sillas, otras en el suelo sobre una alfombra llena de materiales de juego, pues esta es la única hora a la semana en la que ellas encuentran un espacio al que acuden con sus bebés o hijos pequeños haciendo otra cosa que no sea solo cuidar. Aquí no vienen a un grupo de crianza, el encuentro no es para los niños, aunque puedan estar. Se trata de ellas, de fortalecerlas, nutrirlas y darles alas. De forma mágica, en medio de carreras de los pequeños por la sala, o del llanto de alguno de los bebés, entre todas consiguen que en el ambiente flote una poderosa y bella melodía a varias voces que suena realmente bien.

La maternidad y todo lo que la rodea sigue siendo invisible más allá de la puerta de casa. Solo es bien acogida si no molesta. Las madres, como dice Valentine, “no son un asunto sexy ni interesa”. Sin embargo, a muchas esta experiencia se las lleva por delante. Una de cada ocho mujeres en Reino Unido sufre depresión postparto.

“La misión de Singing Mamas es empoderar a las mujeres para mejorar su bienestar a través de una comunidad creativa”, resume sonriente la creadora de Singing Mamas sentada en la terraza de un pequeño café de Forest Row. El proyecto es una poderosa conexión con la promesa de vida buena que el ecologismo dejó apartada y que hoy resurge con fuerza en una nueva mirada ambiental que aspira a convencer de que se puede vivir aún mejor de como lo estamos haciendo dentro de los límites planetarios. Juntarse con otras personas en un grupo con un interés común es algo tan natural como revolucionario en estos tiempos de desconexión generalizada. Pero tiene la fuerza suficiente para promover actividades de bajo impacto en emisiones de carbono, si encontramos el tiempo. La creatividad compartida es un lujo popular que no necesita grandes aparatos ni infraestructuras, hacer arte de forma colectiva es un gesto de lo más sencillo que trae bienestar sin consumo y de forma local. “Es un modelo de bienestar en un lugar, algo muy diferente de ir a otra zona con un experto que te ve un rato. Esto es tu gente y los especialistas están ahí, dentro, es la fuerza de la comunidad”, se emociona Valentine.

La creatividad compartida es un lujo popular que no necesita grandes aparatos ni infraestructuras, hacer arte de forma colectiva es un gesto de lo más sencillo que trae bienestar sin consumo y de forma local

Esta enfermera de 45 años nunca planeó un movimiento que hoy se ha extendido por el boca a boca en más de 12 países; tampoco pensó que formaría a más de 400 personas para ser ‘líderes’ de otros grupos de madres. A ella le encantaba cantar de niña, –“los niños y la música van unidos de forma natural”–, aclara. A los 11 años, en una prueba musical en la escuela, su maestra le dijo que no tenía buena voz. Se quedó traumatizada y se calló. Hasta un día que, tras ser madre de su tercer hijo, pegó la cara en el cristal del café de la escuela infantil, donde vio a un grupo de personas que cantaba de forma muy relajada. “Mis hijos lo disfrutaron tanto que volví cada semana y yo pude experimentar de nuevo los beneficios de cantar. Después tuve que mudarme aquí, a Forest Row, y dejar aquella encantadora comunidad”. Y fue en este pueblo y en busca de nuevos amigos, donde una conocida le organizó sin ella saberlo un encuentro con otras madres para que ella lo guiara. “Kate, ¿creo que tú sabes algunas canciones, no?”.

Sarah Ravenscroft tiene cuatro hijos y un marido que siempre está trabajando, incluidos los fines de semana. Ella trabaja lunes y jueves como maestra de niños de cinco años. No se pierde este grupo ni una sola semana. Le gusta mucho cantar y le habían dicho que aquí no iba de ser perfecta, de saber cantar. “Yo aquí siento fuerza, conexión, amor, esas cosas que merecemos sentir cuando trabajamos tan duro. Yo me he sentido muy aislada, sobre todo con mi hijo autista, cuando no era posible estar con él en ningún grupo ni se comprendía quién era. Muchas veces estás en casa y cuando sientes que todo es un caos vienes aquí y sientes un apoyo increíble”.

Sarah Harvey atravesó una depresión postparto al nacer su primer hijo. A las 16 semanas logró salir de casa para intentar conectar con otras personas. “Me gustaba la idea de ir porque iba a hacer algo, cantar, el plan de sentarme con otras madres para hablar era demasiado duro en ese momento”. Durante semanas atravesó ese proceso solo con el apoyo de este grupo. ¿Le ha ayudado con su salud mental? “Desde luego, el propio proceso de cantar creo que ha sido sanador para mi sistema nervioso, respirar, mantener la atención, fomentar la creatividad, cuando creas un ritmo entre todas las mujeres. Lo que estamos haciendo es a la vez sencillo y salvajemente nuevo”.

Grace Agatte-Bacon tiene su propia empresa, al nacer su primera hija paró solo el día que dio a luz. Cuando hablamos, a mediados de septiembre, hace una semana que se ha mudado a Forest Row con su familia; antes, cuando vivía a las afueras de Londres, se sentía muy sola, sus amigos estaban lejos. “Quería estar en un lugar donde hubiera una mejor comunidad. Espero recuperar el canto, antes estaba siempre cantando. Como adultos siempre estamos pensando en algo, preocupaciones. Pero cuando cantas solo haces eso, estás feliz”.

Roxana Bibi es madre soltera de dos hijas adoptadas después de pasar por varios y fallidos tratamientos de fertilidad. “Ser madre es potencialmente muy aislante, tienes que prepararte para afrontar que tu vida estará en una burbuja y tener pequeños espacios para salir de ella. Este es mi espacio, es como un masaje emocional, sin hablar, inspirador, son canciones que hablan de la vida, del amor, no es algo cognitivo, entra en cada célula de tu piel, en todas partes”.

Todas estas mujeres tienen bajas de maternidad largas, pasan mucho más tiempo con sus bebés 19 de lo habitual, está en la cultura inglesa. Las estadísticas muestran que, si en los 30 países más ricos del mundo las mujeres se toman una media de 19 semanas de baja por maternidad, en Reino Unido permanecen con sus bebés 39 semanas de media, aunque el sistema permite 52, un año. Para hacerse una mejor idea, en Noruega la baja alcanza 49 semanas, y en Suecia un año y medio; está muy documentado lo beneficioso que resulta para los bebés hasta tres años permanecer con sus madres. El problema de los largos periodos de baja, sin olvidar la capacidad financiera para sostenerlo y la exclusión de las madres de la rueda laboral, es la soledad del proceso y su fuerte impacto en la salud mental. En Reino Unido, al igual que en otros países, esta baja prolongada se puede compartir con la pareja, pero se trata de un paso aún muy sobre el papel.

Catarina Neves es socioterapeuta y acude al grupo de música de Forest Row todos los miércoles desde que nació su hijo de dos años. Intenta no perderse ninguno. Va al organizado a mediados de septiembre para hacer las fotos de este reportaje, con su hijo. Empezó a hacer fotografía para recuperar poco a poco su identidad, “para sentir que soy yo”. Pero reconoce que le costaría mucho volver a su trabajo anterior por la carga mental que significa asumirlo todo. “Si trabajas a jornada completa y eres madre algo va a fallar, eso es lo que siento yo. No es fácil decir ”ahora paro mi carrera y me ocupo del niño“, pero al final también ves que todos nos beneficiamos. Por eso estos grupos son muy importantes, no tenemos que vivir como lo estamos haciendo, necesitamos más comunidad, más apoyo, no se puede estar sola”.

Madres, enfermeras, médicos, matronas, músicos, maestras y trabajadores sociales forman el grupo que impulsa el trabajo de Singing Mamas. Todos ellos persiguen que el sistema sanitario de Reino Unido prescriba de forma habitual cantar como herramienta de bienestar y de salud, de prevención de enfermedades y como tratamiento. Ya hay estudios que respaldan esta mirada, por sus resultados. Uno de los primeros, publicado en 2018 por British Journal of Psychiatry, concluyó que cantar acelera la recuperación de los síntomas de depresión postparto. Se organizó un grupo de canto para 134 mujeres durante diez semanas. Al cabo de ese tiempo todas ellas habían mejorado y en las seis primeras semanas había remitido el 35% de los síntomas depresivos, tristeza persistente, problemas para el autocuidado, insomnio y fobia a las relaciones sociales.

Cantar, hacer jardinería, cocinar o caminar son actividades dentro de una tendencia que en Reino Unido ya es un plan gubernamental activo desde 2018: la salud creativa. Es decir, prevenir y ayudar a tratar dolencias con una actividad social. “La prescripción social es la idea de que el servicio público de salud va a prescribir una actividad que se desarrolle en tu comunidad para cuidar tu salud o para una intervención quirúrgica específica”, explica Valentine mientras conduce bajo un manto de agua. Por ejemplo, hay un modo concreto de cantar que aumenta la capacidad pulmonar y ayuda para tratar el asma.

Las mujeres entrevistadas para este reportaje coinciden en lo poderoso de las letras, de los ritmos, se sienten transportadas hacia ellas mismas y a cómo se encuentran en ese preciso instante. Es presente puro y eso las reconforta. Kate Valentine cuenta que las melodías salen de infinidad de fuentes: culturas populares de distintos países, las que compone el equipo o ella misma, o las madres que a su vez se convierten en líderes de su propio grupo y escriben. Hay canciones pop, folclóricas, tradicionales, clásicas. “Pero no son aleatorias, hay una conciencia real de qué canciones elegimos y la fuerza que tienen, están orientadas a fortalecernos en el interior, afrontar los retos como madres, o te conectan con la naturaleza”.

Nada en este movimiento respira que es necesario saber cantar o hacer música. No hay notas buenas ni malas. Los humanos llevamos la música de forma natural, está en todas las culturas populares, pero muchas veces ya no practicamos, hasta que nace un bebé. “Si no vienes de una familia que canta es muy probable que abandones antes o después. Parte de la misión de Singing Mamas es restaurar la cultura del canto natural”. Por eso Valentine se empeña en que cantar llegue al sistema sanitario. Si está prescrito en un hospital o en un entorno médico para las mujeres será más fácil superar el pudor que la mayoría de ellas resume en: “Yo no sé cantar”.

Para Iñigo, que trabaja como bombero en Madrid, el año 2026 empezará con una restricción que lo tiene bastante perturbado. Ya no podrá circular con su furgoneta diésel sin etiqueta- matriculada en 2005- que utiliza para trasladarse al aeropuerto, su lugar de trabajo. Sus opciones son dos: comprarse un nuevo vehículo -la misma camioneta eléctrica de segunda mano ronda los 22.000 euros- o levantarse todos los días a las tres de la mañana -entra a las seis- para combinar varios autobuses nocturnos y llegar a tiempo a su puesto de trabajo. “Todavía no sé lo que voy a hacer. Me preocupa la situación”, reconoce a menos de un mes para que esta política de movilidad entre en vigor.

Iñigo (que pide no dar su apellido) no es el único vecino de Madrid intranquilo por esta medida. A partir del 1 de enero de 2026, el Ayuntamiento de Madrid implantará una de las restricciones de tráfico más amplias de su historia. Quedará prohibida la circulación de los coches sin etiqueta ambiental de la DGT por todo el municipio, sin excepciones. La moratoria para los residentes de Madrid, que podían todavía desplazarse con estos coches durante 2025, finalizará definitivamente el 31 de diciembre.

La administración municipal calcula que la restricción afectará a 114.000 vehículos, el 14% de los que entran diariamente a la ciudad (800.000). Se trata de aquellos coches de gasolina matriculados antes del año 2000 y los de motor diésel anteriores a 2006. Con el cambio de año, únicamente podrán acceder los coches con distintivos de tipo B, C, ECO o 0 emisiones. “Las Zonas de Bajas Emisiones de Madrid no tienen marcha atrás. No es una decisión ideológica, es mandato legal y una necesidad técnica para mejorar la calidad del aire”, ha aclarado en varias oportunidades el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, tras la petición de una nueva prórroga que presentó la organización Automovilistas Europeos Asociados, que defiende los derechos de estos usuarios.

Los expertos en movilidad avalan la medida. Las Zonas de Bajas Emisiones son una de las políticas más efectivas para mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos. También para reducir los gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático.

Eva Alonso Epelde, investigadora de Basque Centre for Climate Change (BC3) y Núria Pérez Sans, geógrafa y especialista en movilidad y transporte, coinciden en que es una “muy buena noticia” que estos vehículos, que emiten entre cinco y diez veces más óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas en suspensión (PM) que los que sí tienen etiqueta, dejen de circular por las calles. Sin embargo, advierten de que la ejecución de esta restricción debe ir acompañada de muchas otras políticas para evitar un aumento en la desigualdad en la movilidad y un incremento de la pobreza asociada al transporte. Ponen tres ejemplos: la identificación de los colectivos más vulnerables afectados, un conjunto de medidas compensatorias y complementarias y una potente campaña de comunicación.

Lo que se critica en Madrid es que nada de esto se ha hecho. En el caso de Iñigo, la próxima prohibición le deja en una situación muy vulnerable. “Entiendo y comparto la medida ambiental, que también es por una cuestión médica. Muchísima gente fallece por enfermedades respiratorias o derivadas de la situación de contaminación que hay en Madrid. Pero me siento desprotegido por las formas. Si por ejemplo tuviera cerca una estación de coches eléctricos, igual me pongo a hacer cuentas y me compensa en tiempo y dinero. Pero nada nuevo se ha hecho en el barrio en materia de movilidad”, se queja este bombero.

Cuando la transición de la movilidad genera más desigualdad

La transición energética del sector del transporte y la transformación de la movilidad debe ser justa, explica Alonso, coautora del informe Vulnerabilidad y pobreza en el transporte en España, coordinado por la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes). Para ello, es necesario actuar “antes, durante y después de las medidas” para evitar que aumenten las desigualdades existentes o se generen nuevas.

Según esta experta, en España se habla mucho de pobreza energética, pero muy poco de pobreza del transporte. “Es crucial poner la lupa en este término porque el transporte es un eje transversal en nuestras vidas. Es una necesidad básica que tiene un gran impacto en el día a día de los ciudadanos y en la igualdad de oportunidades. El acceso al transporte está estrechamente relacionado con la igualdad, el trabajo, la salud, la educación y otras”, señala.

Según un estudio realizado por BC3 y el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA), en España existen entre 350.000 y 550.000 hogares con vulnerabilidad severa desde la perspectiva del transporte, lo que equivale a 1,3 y 1,8 millones de personas. A su vez, hay dos millones de hogares, más del 10% de la población, para los cuales su gasto en transporte supone una carga excesiva.

“No se pueden adoptar políticas de restricciones que afectan sobre todo a barrios populares sin identificar a los colectivos vulnerables y sin implementar de forma paralela medidas compensatorias para mitigar el impacto de no poder usar más los coches”, puntualiza Alonso. 

Si un ayuntamiento identifica a los vecinos vulnerables afectados por una política de movilidad, puede aplicar políticas segmentadas y focalizadas, explica esta investigadora. Un ejemplo: un sistema de leasing social, el alquiler accesible de vehículos eléctricos. Alonso ha participado en un informe en el que se concluye que en España este sistema permitiría a los hogares con rentas bajas acceder a un vehículo eléctrico por 90 euros al mes.

El ejemplo de Barcelona

Núria Pérez trabaja en el área de movilidad del Institut Metròpoli, un consorcio público de investigación urbana centrado en el estudio y la gestión del área metropolitana de Barcelona, donde la restricción total de los coches más contaminantes -residentes y no residentes- se aplica desde 2020.

Recuerda una política compensatoria que funcionó muy bien: la T-Verde, una tarjeta de transporte gratuito por tres años para quienes desguazaban sus coches sin etiqueta. “Es decir, ibas al desguace y te volvías con un pase gratuito por todo Barcelona. Todavía hay más de 16.000 de estas tarjetas activas”, cuenta sobre el éxito de la medida.

También se aplicó un sistema de excepciones y autorizaciones especiales -trabajadores con pocos meses para jubilarse, por ejemplo-, la extensión de la tarifa plana del transporte público (de 18 a 36 distritos) y una “poderosa campaña de comunicación” que empezó meses antes de la implementación de la restricción.

“Fue una campaña con varias etapas, muy bien pensada. Se hizo mucho hincapié en que la contaminación mata y en la necesidad de respirar un aire limpio, en los beneficios para la salud de niños, adultos y personas mayores. Las encuestas confirmaron que la relación entre salud y movilidad creció mucho en toda la población y que mucha gente que dudaba sobre los beneficios de la medida la terminó comprendiendo”, narra Pérez.

Otro eje central de esta política, recuerda la experta, fue la mejora en la calidad y la oferta del transporte público, además de más carriles bici y más bicicletas públicas. “La accesibilidad a un transporte público de calidad es clave y crucial cuando se restringe la circulación de los coches privados”, sentencia.

El enfado en Aluche

Según un mapa sobre la composición del parque de vehículos y de su antigüedad realizado por el BC3 y la organización Transport & Environment, Madrid es una de las ciudades con más coches sin etiqueta del país. Esos vehículos están, en su mayoría, matriculados en los barrios de la periferia.

Aluche, en el distrito Latina, al suroeste de la ciudad, es uno de ellos. Un paseo por las calles adyacentes al metro permite identificar muchos coches aparcados sin etiqueta. Al consultar por la medida, la mayoría de las respuestas de sus vecinos transmiten bronca y enfado. Las palabras “injusticia” y “discriminación” son las que más se repiten en la catarsis colectiva.

Jorge, repartidor, piensa que “todo esto de las etiquetas ambientales es para incentivar la venta de coches y beneficiar a las empresas de automoción”. Su coche tiene etiqueta C, por lo que la restricción del 1 de enero no le afecta. Pero tiene amigos y familiares que sí. “Los coches de segunda mano están más caros que nunca. Y no todos los recorridos se pueden hacer en transporte público. La mayoría de la gente que vive en este barrio necesita tener un coche”, dice.

Mónica, comerciante, señala que si la medida se tomase con “un criterio 100% ambiental”, muchos coches híbridos y de gas licuado (GLP) tampoco deberían circular. “Contaminan tanto o igual que los coches más viejos”, afirma. Razón no le falta. Son muchas las organizaciones ambientales que llevan años pidiendo modificar el criterio que se usa para definir estas etiquetas, vigentes desde 2016.

La distinción se hace por tipo de motorización y año de matriculación, y no según las emisiones reales de los vehículos. La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada el 8 de octubre, incluía el compromiso del Gobierno de revisar y reformar el sistema de etiquetas ambientales de la DGT. Sin embargo, una enmienda del PP en el Senado, que contó con el apoyo de Vox y Junts, logró eliminar del texto esta disposición, por lo que las etiquetas se seguirán entregando sin contemplar las emisiones de CO₂ como criterio principal.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pone un ejemplo para visibilizar un “sistema desfasado que convalida absurdos”. Un Vehículo Utilitario Deportivo (SUV) con un motor híbrido que emite 293 g/km de CO₂ dispone de una pegatina Eco; pero una berlina compacta matriculada en 2010 con un motor de combustión que libera 126 g/km de CO₂-menos de la mitad- tiene una etiqueta C.

Paula Jiménez Argumosa, socióloga y economista, integrante de la consultora Traza, lleva años realizando investigaciones sobre la percepción del cambio social y del cambio climático por parte de las clases populares. Ha realizado investigaciones de campo en Villaverde y Tetuán, otros barrios madrileños en los que viven vecinos con rentas medias y bajas. Revela que las restricciones a los vehículos a combustión son, de lejos, las políticas verdes que “más crispación social” generan en estos distritos.

Explica que, para las clases populares, el coche ha sido -y sigue siendo- un bien de “estatus y autonomía” y una “parte esencial del pack familiar”. Por cómo se está planteando la transición en movilidad, estos hogares “no se sienten parte de la propuesta de futuro”, sino que están siendo marginados. 

“Cuando hay políticas públicas que se aplican sin ninguna sensibilidad social, las personas que se sienten perjudicadas no se rebelan solo contra esa política pública, sino contra lo que representa, contra la lucha climática y la transición energética. Lo perciben como una cuestión de clases culturales cosmopolitas con alto nivel educativo y de renta, que en este caso pueden comprar un coche ecológico y que pueden resolver el problema a escala individual”, analiza.

Jiménez propone dejar de implementar políticas aisladas de transición ecológica en términos de prohibición por un “paquete de medidas deseables”, ligadas al empleo, a la conciliación y a la vida de los barrios. Se le ocurre, por ejemplo, ligar la movilidad y los empleos de proximidad. ¿Y si revitalizamos los polígonos industriales del sur de Madrid para que los vecinos lleguen al trabajo en sus bicicletas?, pregunta.

Si bien la bicicleta en Países Bajos es un gran igualador social –todos nos mojamos igual en la lluvia–, tampoco esta se libra de los lances de la política. La polémica del momento se llama bici eléctrica y, en concreto, fatbike: una pesada y rápida bici a propulsión con neumáticos anchos. Las fatbikes, que han irrumpido con fuerza en los últimos años y ya son inseparables del paisaje urbano, han creado dos clases en el carril bici: la de los que arduamente pedalean y la de los que, con más facilidad, van electrificados.

No ayuda a la buena imagen de la fatbike que esta bici sea especialmente querida entre jóvenes con raíces migrantes. Y, así pues, hasta el político ultraderechista Geert Wilders se ha pronunciado al respecto, definiendo a sus usuarios como “gentuza que recluta a solicitantes de asilo para vender droga” y exigiendo “expulsarlos inmediatamente del país”. Un delirio que no le impide liderar las encuestas de cara a las elecciones que se celebran el 29 de octubre.

A Julio César, sin embargo, le encanta su fatbike. Este colombiano, que se define como un “manitas”, es voluntario en un taller de bicicletas del centro de Ámsterdam. En la llamada Fietskliniek –clínica de bicicletas– los vecinos pueden hacer uso de toda clase de herramientas. Julio y la mejicana Damaris Bolio les van dando mientras tanto las instrucciones. Porque la idea es, además de arreglar tu bici, aprender a hacerlo uno mismo. La tarifa son cuatro euros, y los materiales, que se pagan aparte, son a menudo reutilizados y a precio amigo.

La división de opiniones brota en el taller: “Mientras una esté sana hay que pedalear. Es bueno para la salud y el medio ambiente, por eso no me gustan las bicis eléctricas”, dice Bernadette de Graaf. Las otras mujeres presentes en el taller la respaldan.

Julio, que además de moverse en su fatbike, se encarga de arreglar estas bicis, le contesta: “Lo que le pasa a la gente es que nunca ensayaron a ir en bici eléctrica. No tienen ningún problema”. Aunque, eso sí, Julio concede que pedalear menos le repercute en la condición física: “Lo noto, por eso vengo de mi casa a acá caminando, si lo hago todo con la eléctrica me quedo sin forma”.

Otra preocupación es la seguridad. En los Países Bajos prácticamente nadie se pone el casco. Y ahora, con la irrupción de la bicicleta eléctrica, el asunto ha cobrado especial urgencia. Porque, aunque una bici con batería en principio no supera los 25 kilómetros por hora, hay quienes las trucan para alcanzar casi los 50. De los 270 ciclistas muertos en accidentes de tráfico en el último año, casi la mitad circulaba en bici eléctrica. Una importante parte de ellos, además, eran mayores de 75 años, una franja entre la que este tipo de bici es especialmente popular.

A pesar de todo ello, Herbert Tiemens, urbanista en el Ayuntamiento de Utrecht, defiende la bicicleta eléctrica con entusiasmo: “Es la opción perfecta para quienes ahora todavía se mueven en coche. Dentro de las ciudades la bicicleta es la opción más fácil, pero en cuanto tienes que ir de un pueblo a otro o de una ciudad a otra, mucha gente toma el coche. Para ese tipo de desplazamientos, la bici eléctrica puede ser la solución”. Y es que en este país la red de carriles bici no comprende tan solo cada recoveco de las urbes, sino que conecta cada punto del territorio.

Cuando el reloj marca las 11:00, los alumnos de uno de los cursos de primaria del colegio CEIP Navas de Tolosa, ubicado en el barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, en el distrito de Villaverde, en el extremo sur de Madrid, ya tienen puestos sus trajes de baño y aplicada la crema solar. El recreo, con una temperatura asfixiante que supera los 33 grados, será con agua. Saltarán, jugarán y gritarán debajo de una zona con muchos chorros, una propuesta pionera para combatir el calor en los patios escolares. “Se secan y entran fresquitos al aula para seguir estudiando, es una maravilla”, explica Carmen Rubio, la directora.

A los niños y niñas de primero y tercero, con solo una clase por curso, les toca los lunes. A los de segundo, los martes. Los miércoles se mojan los de cuarto. Y jueves y viernes, los mayores, los de quinto y sexto. Los pequeños de educación infantil van después. Los juegos se activan con pulsadores. El agua cae durante cuatro minutos y los alumnos están autorizados a pulsar el botón un máximo de tres veces. “Es una solución muy buena para combatir un calor que en mayo y junio es cada vez más intenso”, cuenta Rubio, que lleva más de 20 años trabajando en esta institución.

Al principio, reconoce, el agua en el patio fue un “caos”. “Nos encontramos con algo totalmente novedoso, que nadie sabía cómo gestionar”, recuerda. Se estableció un cronograma y un protocolo para su uso. Los padres saben que, esos días, sus hijos deben llevar en la mochila un bañador, una toalla, crema solar y una muda de ropa seca. “Es el segundo año de esta experiencia, la recomendamos. No podemos seguir con los patios de siempre, solo con pistas asfaltadas y sin sombras”, reflexiona la pedagoga.

Los juegos de agua del CEIP Navas de Tolosa forman parte de un proyecto piloto de la Unión Europa para la renaturalización de patios de colegios. Lovaina (Bélgica), Cracovia (Polonia) y Madrid fueron las tres ciudades elegidas para empezar a aplicar el programa People-Driven: Adapting Cities for Tomorrow (LIFE PACT), de adaptación urbana al cambio climático.

Manuel Alméstar, investigador del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Madrid, fue el nexo entre la UE y el Ayuntamiento de Madrid, que eligió al barrio de San Cristóbal –con uno de los índices más altos de “vulnerabilidad social, económica y ambiental” de la ciudad– para ejecutar el programa. Se formó un equipo compuesto por tres laboratorios de innovación (Democratic Society, Basurama, Dark Matter Labs) y se convocó al consorcio local y a organizaciones sociales del barrio para pensar un nuevo patio del colegio, adaptado a las olas de calor con soluciones basadas en la naturaleza.

Superado con éxito el reto institucional de la gobernanza de la obra, “uno de los más difíciles”, admite Alméstar, llegó el momento de escuchar a los alumnos, quienes, a pura imaginación, “modelaron físicamente nuevos escenarios para su patio”. “El resultado fue un torrente de ideas tan oníricas como concretas: mesas de ping-pong hechas de madera, túneles subterráneos para jugar al escondite, huertos, flores y hasta un cine de marionetas”, recuerda el investigador.

El proceso de escucha con el alumnado permitió identificar las áreas del patio que generaban más satisfacción, los pocos espacios con sombra, por ejemplo, o frustración, canchas a pleno sol imposibles de utilizar en los meses de calor. “Cuando quieres saber qué opina un niño, puedes montar un taller, donde el niño habla, o proponer actividades, donde el niño juega. En este proyecto hicimos lo segundo. Provocamos distintas situaciones en el patio, simulando el festejo de un cumpleaños, por ejemplo, para ver sus reacciones, sus movimientos y necesidades. A partir de esa observación se pensó y se ejecutó un diseño”, explica Juan López-Aranguren, arquitecto del laboratorio Democratic Society.

La renaturalización

Alméstar lamenta que, en la mayoría de las ciudades occidentales, los centros educativos y sus entornos se siguen diseñando con patrones arquitectónicos que datan de mediados del siglo XX, que tienden a “maximizar el espacio utilizable para campos de deportes y áreas de recreo pavimentadas, con poca consideración por la diversidad ecológica o las necesidades de desarrollo integral de los niños”.

Como resultado, los patios escolares son, en su mayoría, “espacios planos y homogéneos, con escasa o nula vegetación, y diseñados principalmente para deportes competitivos”. “Esta disposición no solo ignora la importancia de la actividad física no estructurada y la interacción social espontánea, también pasa por alto los crecientes desafíos ambientales y de salud que enfrentamos. La renaturalización de los entornos escolares emerge como una respuesta necesaria y oportuna para abordar tanto las necesidades de desarrollo de los niños como las demandas de sostenibilidad ambiental”, subraya.

Además de los juegos de agua, el proyecto de “oasis climático” inaugurado en la primavera de 2024 incluyó la apertura del patio escolar hacia el entorno natural circundante, el bucólico parque de la Dehesa Boyal, que linda con el colegio. Se tiraron los muros perimetrales de hormigón de dos metros de altura y se colocaron vallas abiertas, con barrotes muy finos, casi transparentes.

Ahora tenemos un cole integrado en la naturaleza, sin muros que recordaban a los patios de las cárceles, una maravilla tanto para los alumnos como para los profesores

Carmen Rubio — Directora del colegio público Navas de Tolosa de Madrid.

“Ahora, el patio y la dehesa forman parte de un mismo espacio. Un entorno más verde, con un efecto refrigerador y que mejora la relación de los niños con la naturaleza”, explica el experto. La directora del colegio se anima a aventurar que este derribo tampoco tiene ningún antecedente en la península. “Esta obra fue la que más miedo y dudas nos generó. Había temor de que los niños se salieran o que interactuaran con personas de fuera. Pero en este año y medio que llevamos con el patio renaturalizado no ha pasado absolutamente nada. Ahora tenemos un cole integrado en la naturaleza, sin muros que recordaban a los patios de las cárceles, una maravilla tanto para los alumnos como para los profesores”, señala.

También se sustituyó el pavimento duro por materiales permeables como grava, arena o tierra para “mejorar el confort térmico”. Se plantaron más de 70 árboles –aún muy pequeños– y se creó una zona de sombra mediante pérgolas vegetales. Las nuevas gradas de las pistas de deporte se construyeron con bancos de gaviones, una combinación de piedra y madera que absorbe menos calor que el cemento.

¿Cuánto ha bajado la temperatura en este patio? Las mediciones cuantitativas son el próximo paso, asegura Alméstar. Pero según las estimaciones del proyecto, la vegetación, los nuevos materiales, las sombras y el agua reducen la temperatura entre 2 ºC y 5 ºC: “Entre todos, profesionales, alumnos, profesores, autoridades políticas, técnicos municipales y vecinos hemos rediseñado las propias reglas de juego, hemos demostrado que estos proyectos son posibles. Ahora el reto es escalar a los 250 colegios públicos de Madrid. Por qué no a todos los de España”.

Este patio es un mundo

Para la directora de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), Elena Núñez, San Cristóbal es el barrio “más multicultural” de todo Madrid. “Conviven más de 60 nacionalidades”, agrega Montse Moya, de la organización vecinal Cinesia. Por lo tanto, coinciden ambas mujeres, el “patio del colegio es un mundo”. Desde el 2024, un mundo “más verde, natural y fresco”.

Meses atrás, el colegio reunió en un acto a todos los actores que intervinieron en esta transformación. En la jornada, que se tituló Elogio al patio escolar, se proyectó un documental con las voces de los alumnos. En las disertaciones, Marisol Mena, técnica del Ayuntamiento de Madrid, reconoció que el proyecto marcó su vida profesional. “Es un antes y después en mi carrera”, aseguró emocionada.

Orlando Chacón, concejal presidente del distrito de Villaverde, celebró que el patio haya dejado de ser “un mar de cemento y hormigón” para convertirse en “un auténtico oasis climático y social”. “Este patio no es solo un lugar de recreo. Es un espacio de convivencia, aprendizaje y acción colectiva”, enfatizó.

La directora del cole, Carmen Rubio, espero que el proyecto se replique en otros espacios: “Tiene que servir de ejemplo, no sabéis lo satisfactorio que es ver a los niños y niñas frescos, mojados y alegres con el calor de estos últimos días”.

En el verano de 2016, la ciudad polaca de Gdansk, situada en la costa báltica, con 470.000 habitantes, sufrió una inundación que dejó dos personas fallecidas, cientos de evacuados y casas convertidas en lodazales. Cuando la tormenta pasó, dos barrios quedaron anegados, con muy poca ayuda de la administración. Faltaban palas, guantes, barreños y carretillas. Tampoco había contenedores para tirar los enseres. Los teléfonos de emergencia colapsaron. “Fue un caos”, recuerda el politólogo Marcin Gerwin, uno de los muchos damnificados.

Cuando Gdansk volvió a la normalidad, este vecino, con experiencia en el activismo social, se acercó al Ayuntamiento y pidió hablar con el alcalde. Un año antes, el Ejecutivo local había aprobado una ley que habilitaba a los residentes a iniciar asambleas ciudadanas para debatir sobre problemáticas puntuales y específicas. “Tenemos que preparar mejor a Gdansk para las fuertes lluvias como parte de la adaptación de la ciudad al cambio climático. Hay que convocar- una asamblea”, le dijo Gerwin al líder político, que aceptó la propuesta y se comprometió a aprobar toda recomendación que contara con el 80% de los votos.

“Una asamblea ciudadana es una forma de tomar decisiones democráticamente sobre asuntos de una comunidad local, se supone que deben tener un impacto real en las decisiones que se toman. Eso es lo más difícil y en Gdansk lo logramos”, explica el politólogo, especialista en desarrollo sostenible y participación.

Con el aval del alcalde, convocó a ONG, instituciones públicas y expertos para dar forma a la asamblea. Se utilizó el registro de votantes para identificar a los posibles participantes a través de una selección aleatoria teniendo en cuenta determinados datos demográficos: género, grupo de edad, distrito y educación. Luego se enviaron 8.000 invitaciones a personas que coincidían con los perfiles buscados.

En la protección moderna contra inundaciones hay tres estrategias de mitigación que deben implementarse simultáneamente: construcción de reservorios de retención, planificación urbana y educación

Michał Szydlowski — ingeniero de la Universidad Tecnológica de Gdansk

Más de 500 vecinos se inscribieron para participar. En un sorteo transmitido en vivo por el sitio web del Ayuntamiento –“para generar transparencia y confianza”, explica Gerwin– , se seleccionaron 34 mujeres y 29 hombres. Todos recibieron una retribución de 150 euros para cubrir los gastos de traslado y el cuidado de los niños durante los tres fines de semana que duraba el encuentro.

En paralelo, el Ayuntamiento publicó una convocatoria para expertos en materia hídrica y de adaptación al cambio climático. “Es vital que los participantes se familiaricen primero con las posiciones de todos los representantes: oficinas, instituciones, organizaciones no gubernamentales, consejos de distrito, residentes, expertos”, señala Gerwin.

Decisiones ciudadanas vinculantes

Una vez reunidos, el equipo organizador lanzó dos preguntas a los participantes: ¿Qué se puede hacer para mejorar la retención de agua de lluvia? ¿Cuál debe ser el alcance de la ayuda a los habitantes de Gdansk después de lluvias torrenciales? Los dos primeros días fueron formativos. Los asambleístas escucharon las opiniones de varios expertos.

“Para reducir el riesgo de inundaciones causadas por fuertes lluvias, la escorrentía debe detenerse lo más alto posible, en el bosque y en las fuentes de los arroyos, y dejar espacios de inundación en los tramos superiores de los ríos es un método más eficaz”, expuso Mateusz Grygoruk, del departamento de Hidrología y Recursos Hídricos de la Universidad de Economía de Varsovia.

“En la protección moderna contra inundaciones hay tres estrategias de mitigación que deben implementarse simultáneamente: construcción de reservorios de retención, planificación urbana y educación. Esto último significa aprender a vivir con la posibilidad de inundarse”, agregó Michał Szydlowski, ingeniero de la Universidad Tecnológica de Gdansk.

Pocos políticos quieren ir en contra de la opinión pública. Las asambleas nos permiten traducir los sentimientos de la gente en acciones

Piotr Grzelak — concejal

En las dos últimas jornadas todas las propuestas se sometieron a deliberación. Con el 80% de los apoyos, las mociones se transformaban en recomendaciones formales de la asamblea y se convertían en obligatorias para el gobierno local. Con una adhesión menor, se cursaban como sugerencias al consistorio sin la obligación de ponerse en práctica.

Los asambleístas redactaron un total de 19 recomendaciones, de las cuales 16 lograron una adhesión superior al 80%, entre ellas una inversión de 40 millones de euros en infraestructura hídrica, la prohibición de nuevas talas de bosques y una campaña de educación ciudadana con todos los recursos de emergencia disponibles en caso de nuevas inundaciones.

Aplicado hasta el 90% de las medidas

Melisa Ross, investigadora postdoctoral sobre Desigualdad y Política Social de la Universidad de Bremen (Alemania) y codirectora de la Red de Asambleas Ciudadanas Globales (GloCAN), realizó un seguimiento político de las recomendaciones de la asamblea. El municipio informó de que, transcurridos dos años, había podido tramitar el 90% de las medidas recomendadas por la asamblea.

En primer lugar, los funcionarios del gobierno local encargados del proceso evaluaron “qué departamento, qué recomendaciones y qué unidad podría implementarlas de forma adecuada”. El resultado fue el lanzamiento de una campaña de comunicación para informar a los residentes sobre cómo actuar en caso de una situación de emergencia y dónde obtener ayuda; la creación de un fondo para pequeñas intervenciones para construir piscinas de retención natural y un nuevo plan de desarrollo urbano, entre otras medidas.

Durante los años posteriores, un equipo de gobierno siguió en contacto con los organizadores de la asamblea para comunicar los avances e informar a los ciudadanos sobre las etapas de implementación de sus recomendaciones. Gdansk volvió a sufrir lluvias torrenciales, con pluviometrías muy por encima de la media. Pero ninguna tormenta dejó las trágicas postales de 2016.

El poder ciudadano es clave para los tiempos que vienen

Marcin Gerwin — politólogo

“Pocos políticos quieren ir en contra de la opinión pública. La pregunta que siempre nos hacemos es cómo conseguir la aprobación de esa opinión pública. Las asambleas nos dan esa posibilidad, traducir los sentimientos de la gente en acciones. Es una herramienta para conocer la opinión de los ciudadanos sobre temas importantes para su ciudad”, resumió el concejal Piotr Grzelak en la investigación de Ross.

La asamblea sobre la adaptación al cambio climático no fue la única en Gdansk. Se organizaron dos más, una de ellas sobre la contaminación del aire. La experiencia sirvió de modelo para otras ciudades de Polonia. Siete distritos celebraron paneles similares relacionados sobre la protección del medio ambiente.

En 2021, Gdansk dio un paso más en la participación ciudadana en la toma de decisiones. El Ayuntamiento creó el Presupuesto Ciudadano Verde, una forma de consulta social destinada a diagnosticar las necesidades de los ciudadanos en el ámbito de la ecología. Cualquier residente puede presentar una propuesta –la plantación de vegetación en áreas verdes urbanas o la creación de nuevas zonas verdes, por ejemplo– para que sea valorada por las autoridades locales.

En 2025, la cantidad destinada a este presupuesto roza el millón de euros: “El poder ciudadano es clave para los tiempos que vienen”, afirma Gerwin.

Segunda ola de asambleas climáticas ciudadanas

Hace unas semanas, Oxfam Intermón, Greenpeace, Asamblea Cívica por el Clima, el Observatorio de Sostenibilidad y Globe International realizaron una jornada de debate en el Congreso de los Diputados para pedir la implementación de un Parlamento Ciudadano Permanente por el Clima, un espacio de “deliberación continuo y vinculante” para enfrentar la “doble crisis”, la ecológica y la democrática.

En España, las asambleas ciudadanas climáticas se consolidaron en los últimos años, tanto a nivel estatal, autonómico (Catalunya, Navarra) y municipal (Barcelona, Bilbao, Mallorca). En junio de 2022, 100 ciudadanos consensuaron 172 propuestas climáticas (cinco meses con encuentros los fines de semana) que entregaron en mano al presidente Pedro Sánchez.

A juicio de estas organizaciones, España y Europa necesitan ahora una “segunda ola” de asambleas climáticas para romper con “la inacción política” y ejercer de contrapeso ante “la deriva antidemocrática”. Gdansk es un espejo. Bruselas, otro.

Muchas veces los partidos políticos no reflejan el sentir de la ciudadanía. Por eso urge expandir los derechos de participación pública

Alberto Vela — asesor de European Environmental Bureau

En 2023, ante el reto de lograr la neutralidad de carbono para 2050, el Gobierno de la capital de Bélgica creó un Consejo Ciudadano Permanente para el Clima con el objetivo de involucrar a los ciudadanos en las decisiones climáticas. La tarea de esta nueva institución es hacer recomendaciones sobre la política climática de la región, fijando la agenda, proponiendo soluciones y monitoreando los resultados.

Alberto Vela, asesor de European Environmental Bureau (EEB), la red más grande de organizaciones ciudadanas ambientales de Europa, dice que el doble desafío de esta “segunda ola” es, por un lado, institucionalizar las asambleas, que la permanencia obligue a las administraciones a su seguimiento; y por el otro, seducir a la sociedad civil no organizada, “muy intoxicada por la desinformación contra las políticas climáticas”.

De aquí al 2030, explica, los países tendrán que aplicar muchas de las normativas del Pacto Verde. “Este es el examen real de la política climática de la UE, donde la segunda ola de participación puede tener mucho sentido. Se va a necesitar consenso y aceptación de esas políticas. Por eso, abrir el proceso de participación con consultas de forma permanente puede resultar clave”, reflexiona.

Vela se aferra a una lección positiva de la primera tanda de asambleas climáticas: la valentía y la comprensión de sus participantes cuando los debates logran sortear los “canales de distorsión” (las redes sociales) y el lobby de las grandes corporaciones. “Si sientas a gente conservadora a hablar del impacto en la salud de los coches de combustión circulando por el centro de las ciudades, y piensan en sus abuelos y en sus hijos, si advierten que se trata de su salud, seguramente apoyarán medidas de protección ambiental. Es decir, muchas veces los partidos políticos no reflejan el sentir de la ciudadanía. Por eso urge expandir los derechos de participación pública”, señala.

En la azotea del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB), ubicado en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, junto a la AP-7, hay un invernadero que, hasta hace algunas semanas, tenía albahacas y lechugas. Las hojas fueron recolectadas en Navidad y repartidas entre los 200 trabajadores del edificio. Ahora ha empezado la temporada de tomates. En este techo verde, que funciona desde hace diez años, un metro cuadrado equivale a 17 kilos de tomates.

Con ese dato, los científicos Diego Macall, ingeniero agrónomo y magíster en Economía Agrícola; Xavier Gabarrell, licenciado en Ciencias Químicas y doctor en Biotecnología; y Sergio Villamayor Tomás, especialista en Economía Ecológica, empezaron a hacer cálculos. ¿Cuántas azoteas hacen falta para cubrir la demanda de tomates de la ciudad?, se preguntaron. Tomaron como referencia los 437 edificios municipales, 65 hectáreas de superficie de tejados.

En la simulación, los modelos matemáticos arrojaron una producción de 8.866 toneladas de tomates. Barcelona tiene 59.718 edificios, por lo que 437 representan el 0,64% de la superficie total. En promedio, y según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los habitantes de Barcelona consumen, de forma colectiva, 28.549 toneladas de tomates al año.

“Es decir, utilizando solamente los tejados públicos podríamos suplir el 31% de la demanda de tomates de los 1,6 millones habitantes de Barcelona, lo cual, francamente, es sorprendente”, admite Macall. Aclara que se trata de una estimación “conservadora”, pues en la investigación, pendiente de publicarse en la revista científica Cities, se tomó como referencia una producción de 14 kilos por metro cuadrado, tres menos que la cosecha media en el edificio de ICTA-UAB.

Tomates, lechuga, pepino

El estudio se centró en el tomate, el cultivo de mayor consumo en Barcelona, pero los resultados se replican para otras dos hortalizas, la lechuga y el pepino, que también forman parte de la dieta mediterránea. Macall explica que para obtener estos rendimientos, los huertos de las azoteas necesitan, como mínimo, una “estructura sencilla de plástico” para el control de la temperatura y la humedad, y para proteger los cultivos de pájaros y roedores.      

“Las cifras van a cambiar si hacemos el estudio en otras ciudades de España. Hay variables que no serán las mismas, como la temperatura, las pendientes de los edificios o la morfología urbana. Pero esta investigación revela que muchas ciudades del país podrían usar sus azoteas para producir alimentos a gran escala”, señala el investigador.

El trabajo, agrega, busca visibilizar el potencial de los tejados verdes en un contexto global de reducción de las cosechas debido al cambio climático. “La producción de alimentos va a disminuir en los próximos años por el calentamiento global, eso es un hecho. Por tanto, estamos obligados a ser más creativos y resilientes. Cultivar en las azoteas es una muy buena estrategia de adaptación urbana”, subraya Macall. 

Según el panel de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la producción española de tomate ha disminuido casi un 19% en una década. En 2014 se recolectaron 4.888 millones de kilos. En 2023, la cifra descendió a 3.968,46 millones. Las variables del mercado explican parte de este descenso, pero los factores climáticos –las sequías casi crónicas en zonas productoras y las temperaturas extremas– también han influido, según este organismo internacional.

La producción de alimentos va a disminuir en los próximos años por el calentamiento global, eso es un hecho. Por tanto, estamos obligados a ser más creativos y resilientes. Cultivar en las azoteas es una muy buena estrategia de adaptación urbana

Diego Macall — Ingeniero agrónomo en el Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals

La mayoría de los tomates que se consumen en Catalunya proviene de los invernaderos de Almería, asfixiados en las últimas campañas por la falta de lluvias. Los agricultores están utilizando agua desalinizada para regar, lo que ha aumentado los costes de producción y ha generado una subida de precios.

Para Macall, la producción de alimentos en las azoteas “es un nicho de negocio para el sector privado, una oportunidad para los municipios y un reaseguro social para la ciudadanía, que contará con una producción local y con precios más bajos”, explica. “Las políticas locales de adaptación al cambio climático van a ser cada vez más necesarias. La reducción de alimentos parece todavía lejana, pero llegará. Y cuanto más resilientes seamos, menos impactos sufriremos”, concluye.

Su colega, Xavier Gabarrell, agrega que renaturalizar las azoteas en ciudades, que están planificadas a base de hormigón, tiene múltiples beneficios, como la mitigación del efecto ‘isla de calor’ y la retención de las aguas pluviales ante episodios de lluvias torrenciales. La mayoría de las azoteas verdes en España son “tejados improductivos de vegetación ornamental”. Muy pocas comunidades de vecinos apuestan por “variedades comestibles”.

Es muy difícil derribar edificios para hacer parques o espacios verdes. ¿Cuáles son las superficies que están muy mal aprovechadas? Las azoteas.

“Necesitamos que las azoteas no solo sean verdes, sino que recuperen las funciones que la naturaleza ha perdido por su impermeabilización, como la producción de alimentos. Es muy difícil derribar edificios para hacer parques o espacios verdes. ¿Cuáles son las superficies que están muy mal aprovechadas? Las azoteas. Si le hemos quitado a la naturaleza una parte del suelo para realizar sus funciones, porque hemos construido encima, quizá es hora de devolverle la última capa de nuestros edificios: los techos”, plantea.

El huerto de la azotea de calle Manuel de Falla

Tanto Macall como Gabarrell animan a los vecinos de las grandes ciudades a construir huertos en las azoteas, a que esta renaturalización incluya el cultivo de frutas, verduras y hortalizas. “Vale la pena intentarlo solo por la función social. Cuando un techo sin utilidad se convierte en productor de alimentos, se genera una nueva dinámica entre los vecinos, aparece un nuevo rincón de encuentro y acogida, todas las experiencias confirman esto”, explican.

Hasta 2020, los propietarios de las 12 viviendas del edificio de calle Manuel de Falla 34, situado en el barrio de Sarrià de Barcelona, no tenían casi relación. En una reunión de propietarios, un vecino convenció al resto de presentarse en la segunda edición del concurso de cubiertas verdes, una convocatoria lanzada por el ayuntamiento en 2017 en inmuebles de titularidad privada.

El edificio, de cinco pisos, fue uno de los diez ganadores. Las obras transformaron una cubierta de 236 metros cuadrados de baldosa de cerámica en una azotea plagada de vegetación mediterránea. El año pasado, el Instituto Municipal de Paisaje Urbano publicó un informe con los “beneficios sociales” derivados de la implantación de este plan.

En el caso de este edificio, por la caracterización demográfica de sus familias (muchos niños), se construyó un huerto urbano autogestionado con hortalizas biológicas para la realización de actividades recreativas y pedagógicas.

Los técnicos que realizaron la inspección para el informe observaron que el huerto había conectado a las familias, que era “el eje” de la renaturalización. “Las principales actividades que se realizan son el cuidado del huerto, considerado el elemento clave de la cubierta, y las reuniones y celebraciones vecinales. De hecho, se considera que la cubierta ha supuesto una importante mejora en la calidad de vida de vecinos y vecinas”, se detalla en el documento.

Para Gabarrell, el desafío es que la azotea de la calle Manuel de Falla deje de ser la excepción y se transforme en “la regla” en las próximas décadas. “Hace 15 años, las comunidades energéticas parecían una utopía. Y hoy estas comunidades avanzan y están consolidadas. ”¿Qué mejor para los propietarios de un edificio que pasar del encuentro frío y fugaz en un ascensor, a una cálida y amena interacción junto al huerto de una azotea“?

En Groninga, la capital de la provincia más septentrional de los Países Bajos, seis de cada diez desplazamientos son en bici. Aquí, sus habitantes han logrado parar las extracciones de gas del mayor yacimiento del país debido a los terremotos que la fracturación hidráulica producía. Así, no es de extrañar que Linda Steg se doctorara en la universidad de esta ciudad en 1996 con una tesis sobre las conductas humanas en torno al uso del coche y al consumo de energía, en la primera promoción que hubo de su especialidad, la psicología ambiental. “Me gusta mi trabajo porque combina la ciencia de evidencia muy sólida con una gran repercusión práctica”.

Hoy, Steg es una de las mayores expertas mundiales en psicología ambiental; en 2020 obtuvo uno de los galardones más prestigiosos de las Ciencias en Países Bajos, el premio Stevin. Esta catedrática forma parte de un grupo internacional de más de 40 investigadores dedicados a observar cómo nos comportamos frente al cambio climático, qué nos motiva a actuar contra este fenómeno y por qué. Desde su despacho desgrana las razones por las cuales considera que los científicos no deberían ocupar las sillas de los políticos y explica por qué ella prefiere no ser activista climática: “No quiero influir en mis encuestados con mis opiniones, prefiero no decirle a la gente lo que tiene que hacer. Mi labor es aportar conocimiento”.

¿Qué es la psicología ambiental?

Es la disciplina que analiza la interacción entre el medio ambiente y los seres humanos: tradicionalmente se centraba en cómo las condiciones ambientales afectaban al bienestar de las personas –por ejemplo, cómo se vive en ciudades con alta contaminación–, y poco a poco se ha ido enfocando también hacia entender qué motiva a la gente a actuar de manera proambiental, a cambiar sus hábitos para reducir su huella de carbono o a proteger la naturaleza. En esta otra vertiente estudiamos además los mecanismos que pueden implementar los gobiernos para promover este comportamiento.

Lleva más de 30 años especializada en psicología ambiental y fue una de las primeras expertas europeas en este campo de estudio. ¿Qué ha cambiado desde que usted empezó en los años 90?

El director de mi tesis fue uno de los primeros catedráticos de esta disciplina. En los años 80, después de la crisis del petróleo, los problemas ambientales iban creciendo y muchos expertos empezaron a darse cuenta de que en ellos también existía un componente conductual. Cuando yo empecé, la Universidad de Groninga contaba con uno de los grupos de investigación más grandes de Europa especializados en esta rama de la psicología, pero también había otros, como en Surrey (Reino Unido) o en Gotenburgo (Suecia).

En todo caso, nada comparable con lo de hoy en día. En los últimos años ha sido una auténtica explosión, se estudia el cambio climático desde muchas dimensiones humanas y las instituciones internacionales le prestan mucha atención. Todo el mundo entiende que tenemos un grave problema, y para saber cómo implementar bien una transición ecológica se necesitan a las ciencias sociales del comportamiento.

A las personas nos excita más pensar que las cosas van mal y ese sentimiento lo explotan muy bien los algoritmos de las redes sociales y los medios de comunicación

Según un estudio publicado en Nature desarrollado en todo el mundo, ocho de cada diez personas están dispuestas a actuar contra el cambio climático. ¿Por qué tendemos a pensar que son menos?

La evidencia científica sostiene que solemos subestimar lo mucho que otras personas se preocupan por cuidar de los demás, por actuar de forma ecológica y por apoyar políticas climáticas. Una de las razones que explica esto es la atención mediática que reciben las noticias negativas. Esto provoca que tengamos la sensación de que hay mucha oposición, cuando no es así. Los que se oponen suelen ser más ruidosos y siempre están presentes en los debates, hablando más fuerte que el resto.

Cuando un programa de televisión invita a participar a dos personas con visiones opuestas, el espectador interpreta que ambas posturas tienen el mismo peso porque las dos están representadas por una persona. Pero en asuntos como el cambio climático esto no es así: los negacionistas son tan minoritarios respecto a la opinión general que sentar en una mesa a uno que piensa así frente a otro que no puede transmitir la falsa idea de que los dos grupos son igual de fuertes. A las personas nos excita más pensar que las cosas van mal y ese sentimiento lo explotan muy bien los algoritmos de las redes sociales y los medios de comunicación.

¿Pueden las redes sociales contribuir a forjar comunidades online de gente que quiera actuar contra el cambio climático?

Pueden, sí, pero según están diseñadas suelen motivar a los usuarios a formar parte de grupos que funcionan como burbujas de opinión donde lo que predomina es el discurso negativo sobre algo.

Esta relación intensa, pero online, ¿favorece la ecoansiedad?

En nuestro equipo de investigación estudiamos esto, el hecho de que el problema del cambio climático pueda llegar a tener un impacto en la salud mental de algunas personas. El miedo es paralizante cuando uno no sabe qué hacer para combatirlo. En un artículo que acabamos de publicar detallamos mecanismos que ayudan a la gente a sobrellevar una ansiedad así. Normalmente, uno intenta enfrentarse al problema para reducir sus efectos, pero en este caso el cambio climático ya está aquí, por lo que los psicólogos tenemos que ayudar a las personas a aceptar la realidad promoviendo estrategias que reduzcan el estrés, como formar parte de grupos de gente proactiva o saliendo a menudo a la naturaleza. Abordar el problema sin más ya no es suficiente porque vemos el efecto negativo que ya está teniendo el calentamiento global por todas partes. Hay que aprender a vivir con ello.

¿Qué influencia tiene el discurso colapsista en nuestro comportamiento frente al cambio climático?

Si un discurso se centra en asustar a la gente sobre las consecuencias de algo lo más probable es que se obtenga la reacción contraria a la esperada. Si junto a esa alerta no se ofrecen pistas, soluciones, una guía para abordar el problema, el resultado es la parálisis y la ansiedad. Es muy importante ofrecerle a la gente caminos y salidas a los problemas, y decirle que no es la única que actúa.

¿Cómo transformamos el deseo de querer hacer algo en acción?

En primer lugar, debemos reflexionar sobre las acciones particulares que tienen más sentido para nosotros, desde una dieta vegetariana hasta usar menos el coche o mejorar el aislamiento de nuestros hogares. Pero también podemos comprometernos en acciones que hagan posible una transición ecológica real, como votar a partidos políticos con una fuerte agenda verde o participar en organizaciones que presionen a las empresas que contaminan, de tal forma que ya no influyes solo en tus elecciones sino también en las de otras personas. No se trata de aleccionar a la gente diciéndole lo que debe hacer, sino crear un entorno que ofrezca la posibilidad de actuar contra el cambio climático. Como he mencionado antes, este es el deseo de la mayoría.

Y si las medidas políticas son insuficientes ¿cómo se puede promover un comportamiento proambiental en un contexto que no lo favorece?

Lo primero que tenemos que decir es que los políticos se equivocan cuando dicen que a la gente no le importa el cambio climático. La mayor parte de las encuestas de opinión demuestra que los votantes quieren más acciones climáticas, pero también piden que estos cambios se implementen de una manera justa. Las personas con menos recursos y con bajo poder adquisitivo ya practican un estilo de vida más sostenible que quienes vuelan a menudo, tienen casas más grandes o consumen más en general.

Por mucho que Trump se empeñe en recuperar el carbón, la economía ya está encauzada en otra dirección, la energía solar y la eólica son más baratas, por lo que veo difícil que haya muchos inversores interesados

Los que más tienen suelen ser lo que más contaminan, por lo que estos últimos deberían hacer más contra el cambio climático. Lo mismo ocurre a escala de un país. En países ricos como los europeos vemos cómo muchos de los que dicen estar concienciados y preocupados por el clima no actúan de acuerdo a esta creencia. En este sentido, una transición justa, que tenga en cuenta este reparto de responsabilidades, es fundamental para lograr que una mayoría apoye las medidas y las practique.

¿Por qué cree que se produce esta desconexión entre nuestras creencias y nuestras acciones?

En primer lugar, por la falta de información: puede haber personas que no consumen carne, pero sí lácteos, ya que desconocen el impacto negativo que estos últimos también tienen sobre el planeta. Otra razón es que la manera en la que la sociedad está organizada hace que muchos hábitos ecológicos sean difíciles de practicar, porque son molestos, complicados, requieren esfuerzo. Vivimos en una sociedad en la que todavía se subvenciona a la industria fósil, por lo que los productos que derivan de ella son relativamente baratos. Para cambiar el comportamiento en la gente lo primero que tiene que cambiar es el sistema, de tal forma que pasar de un hábito que contamina a otro que no lo hace sea una elección sencilla y atractiva.

¿Sufrir una tragedia ambiental puede hacer que las víctimas se adapten mejor a los efectos del cambio climático?

Hace unos años hicimos un metaanálisis de esto y comprobamos que experimentar un desastre ambiental no tiene un efecto en los mecanismos de adaptación al cambio climático de las víctimas, es decir, alguien que sufre un huracán no necesariamente toma más medidas para proteger su casa o a su familia que quien no lo ha padecido. En una ola de calor, la responsabilidad de protegerse depende de cada uno de nosotros y de cómo evaluamos el riesgo. Pero también es esencial que los gobiernos informen bien y den instrucciones claras acerca de lo que hay que hacer en caso de emergencia, eso reduce estrés y hace que los ciudadanos sean más conscientes del peligro sin crear alarma.

Usted está ahora investigando sobre la aceptación pública del hidrógeno. ¿Qué puede contar sobre esto?

El hidrógeno se está promoviendo en Holanda como uno de los componentes claves en el futuro sistema energético y nuestra labor es analizar su impacto social. Qué ve con mejores ojos el público general: ¿el hidrógeno azul o el verde? O ¿el que se pueda producir aquí o el que se importa?; ¿qué incentivos económicos tendrá su desarrollo? Es importante estudiar todo esto en su fase inicial para poder tener en cuenta estos aspectos cuando se desarrolle la tecnología. Para que un cambio de este calibre tenga éxito tenemos que asegurarnos de que la gente lo quiere y lo acepta.

La transición energética es un tema complejo de entender, ¿cómo pueden los ciudadanos tomar decisiones que favorezcan el medio ambiente sin tener que estudiarse todas las opciones?

Los ciudadanos no tienen que ser expertos en sistemas energéticos, no debería ser su rol, más allá del conocimiento científico cada uno de ellos tiene su experiencia propia y personal, que también es valiosa. En realidad, el proceso debería ser al revés: los responsables políticos deberían preguntar a la gente qué es importante para ellos, cuáles son sus necesidades, y a partir de ahí implementar un sistema energético que responda a esas cuestiones.

En relación con los responsables políticos: ¿Cómo cree que puede influir en las conductas ecológicas de los estadounidenses el nuevo mandato de Donald Trump?

Durante la primera presidencia de Trump estudiamos esto mismo, y lo que vimos fue que la gente a la que le gustaba Trump pasó a ser más escéptica en torno al clima, mientras que los que no le apoyaban se volvieron más proclima. Hubo muchos estados y compañías que hicieron más para compensar la falta de apoyo del gobierno. Por lo tanto, si bien él influye en las opiniones de la gente que le apoya, también produce el efecto opuesto en quienes le rechazan. Al igual que ocurre hoy en los Países Bajos, estos líderes podrán retrasar los avances que son tan necesarios, pero llegan en un momento en el que ya hay mucho hecho. Por mucho que Trump se empeñe en recuperar el carbón, la economía ya está encauzada en otra dirección, la energía solar y la eólica son más baratas, por lo que veo difícil que haya muchos inversores interesados. Por lo tanto, creo que en los próximos años podemos esperar el mismo efecto que durante su primer mandato: que más gente se comprometa con el cambio climático.

Cintia Gisele Bavera se mete en su traje de neopreno, coge su tabla y entra en el mar. No va a surfear olas, sino a remar durante una milla náutica –una hora de ejercicio– para recoger microplásticos. Lo hará arrastrando una pequeña red de pesca. Lo recolectado irá a un laboratorio científico de la Universidad de Barcelona, que analizará su fuente y su procedencia (fibras de ropa, restos de bolsas, pellets). El objetivo es obtener una radiografía de la contaminación de la zona de mar más cercana a la costa, donde los barcos de investigación oceanográfica, encargados de tomar estas muestras, no pueden acceder por la poca profundidad y por la presencia de bañistas.

Cintia nació en Buenos Aires y vive en España desde hace 20 años; en la pandemia dejó su trabajo estable y bien remunerado en la banca de Barcelona para dedicarse a la protección del mar. Ella es una de las voluntarias de Surfing for Science, un proyecto de ciencia ciudadana que recaba datos sobre la enorme cantidad de microplásticos que flotan en tres costas de España: Catalunya, País Vasco y Baleares.

La pesca de estos pequeños plásticos, de un tamaño superior a 0,3 mm, se realiza cada 15 días por la misma zona costera durante un año. Los colaboradores navegan con una embarcación pequeña sin motor, como un kayak, un remo o una tabla de surf. La red, diseñada y confeccionada para el proyecto, se engancha detrás, arrastrando y embolsando estas diminutas partículas.

La recogida se hace cerca de la orilla, donde los flujos de plástico son mayores, pues se genera “la transición entre las fuentes y el destino final, entre el continente y los océanos”.

Es un proyecto pionero en el mundo que nos ayuda a entender cuáles son las fuentes y los mecanismos de dispersión de los microplásticos en la zona costera, un primer paso para actuar y diseñar estrategias encaminadas a disminuir su llegada

Anna Sánchez Vidal — Profesora de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona

“Es un proyecto pionero en el mundo que nos ayuda a entender cuáles son las fuentes y los mecanismos de dispersión de los microplásticos en la zona costera, un primer paso para actuar y diseñar estrategias encaminadas a disminuir su llegada”, explica Anna Sánchez Vidal, profesora de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona, la investigadora principal de un programa que cuenta con el apoyo económico de Surfrider Foundation Europe, una organización sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la protección de los océanos.

Los microplásticos llegan al agua por múltiples vías: el vertido directo a las playas, a través de barcos de pesca o recreativos, por vertidos industriales, aportes fluviales, escorrentía o aguas residuales. Pueden provenir de la degradación de objetos más grandes como envases o bolsas o ser liberados directamente al medio ambiente en forma de fibras, o pellets. “Según sean estos vertidos, encontraremos un tipo de microplástico u otro”, explica la oceanógrafa.

Las muestras recogidas por estos “científicos ciudadanos”, como llama la investigadora a los voluntarios, se procesan y caracterizan en los laboratorios. Propiedades como el color, la forma y el polímero dan pistas sobre su procedencia.

¿Por qué es importante determinar la fuente de la contaminación? Para traducir evidencia científica en medidas concretas. Sánchez Vidal pone ejemplos. La presencia de muchos productos de higiene requerirá hacer más esfuerzos en la depuración de aguas residuales. En el caso de hallar pellets, se podrá identificar a las empresas responsables de la fuga. Y si abundan los microplásticos de césped artificial, las autoridades competentes podrán diseñar mecanismos para que las aguas pluviales de los campos de fútbol pasen antes por una depuradora.

“El objetivo final del proyecto es doble: está la parte científica, determinar la abundancia y características de los microplásticos en zonas muy próximas a la costa; y también buscamos aumentar la cultura científica de la sociedad con relación a la contaminación por plástico”, resume la investigadora.

Los resultados

El proyecto se puso en marcha en 2020. Surgió impulsado por una estudiante de Ciencias del Mar de la Universidad de Barcelona, que diseñó para su trabajo de fin de grado una innovadora red para recoger plásticos en la costa. Con esta herramienta, al equipo de oceanógrafos de la universidad se le ocurrió recoger muestras por toda la costa de Barcelona para “entender la magnitud de la tragedia de los microplásticos”.

Pero faltaban los brazos humanos dentro del agua. El convenio con clubes de remo y escuelas de actividades náuticas permitió encontrar a voluntarios dispuestos a ayudar. Sánchez Vidal calcula que en estos cuatro años han participado más de 500 personas.

“Ahora tenemos un total de 15 redes distribuidas en estas tres costas. Debe quedar claro que los científicos no podríamos estar haciendo estos proyectos solos. El papel ciudadano es vital. No es muy apetecible remar en invierno en el País Vasco, pero los voluntarios lo han hecho”, destaca.

El análisis de las muestras ha arrojado que Barcelona es el lugar donde hay más concentración de microplásticos por metro cuadrado. Que en las zonas cercanas a la petroquímica de Tarragona se acumulan pellets de forma masiva.

Una cosa que nos ha sorprendido es la cantidad de trozos de césped artificial, lo que ha dado la señal de alerta. Este producto se está vendiendo como una solución a la sequía. Hay un boom de jardines artificiales para ahorrar agua

Anna Sánchez Vidal — Investigadora de la Universidad de Barcelona

“Una cosa que nos ha sorprendido es la cantidad de trozos de césped artificial, lo que ha dado la señal de alerta. Este producto se está vendiendo como una solución a la sequía. Hay un boom de jardines artificiales para ahorrar agua. De nuestro análisis se desprende que muchos fragmentos van a parar a los océanos”, advierte la experta.

Por eso, insiste en la importancia de saber de dónde vienen los microplásticos. “Si uno llega a casa y se encuentra que se ha dejado el grifo abierto, lo primero que hace es cerrar el grifo. Después uno coge la fregona. Nosotros queremos cerrar el grifo de entrada de plástico al medio marino. La clasificación por origen nos permite esta radiografía. El segundo paso son las políticas públicas, que ya no depende de nosotros”, subraya. Sobre este punto lamenta la falta de interés.

La especialista aclara que ya no se trata únicamente del impacto en la fauna marina, que ingiere estos microplásticos, provocando ahogamientos, obstrucciones, la disminución en las tasas de crecimiento o la muerte por inanición causada por la sensación de saciedad. “El problema es de salud pública”, dice.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), hay evidencias de presencia de microplásticos en los productos pesqueros y acuícolas que los humanos consumimos. Se han encontrado que más de 220 especies diferentes ingieren desechos microplásticos en condiciones naturales: mejillones, ostras, almejas, camarón pardo, cigala, anchoas, sardinas, entre otros peces y mariscos.

Estudios científicos recientes han detectado microplásticos en órganos del ser humano, como los pulmones, el cerebro, el tracto digestivo, el hígado y los genitales.

La ONU ha alertado este año, a través del Foro Económico Mundial que, de continuar la actual tendencia, para el año 2025 el océano albergará una tonelada de plástico por cada tres toneladas de pescado, es decir, en 2050 habrá más plástico que pescado.

Los 153.000 habitantes de la región belga de Midden-Waasland ya no tiran sus residuos domésticos en los enormes contenedores ubicados en las calles. Desde 2019, estos vecinos tienen sus propios cubos identificados con un chip que permite pesar la cantidad de basura generada. Cuanta menos basura tiran, menos pagan.

En cuatro años, este sistema de pago por generación ha logrado reducir un 38% la cantidad de residuos, según las estadísticas de MIWA, la empresa encargada de la recogida y del reciclaje de esta región de Bélgica. En 2018, la generación de basura anual per cápita fue de 161 kilos. En 2023, esta cifra descendió a 99 kilos.

El cambio supuso modificar miles de contenedores nuevos y modernizar los camiones de recogida, que ahora están equipados con ordenador, sistema de carga y de pesaje calibrado. “Estamos seguros de que recuperaremos esta inversión porque el porcentaje de residuos se ha visto reducido, lo que disminuye de forma considerable todos los costes de tratamiento”, explica el director de MIWA, Sven Peeters.

Los cubos son de tres tamaños: 40 litros (vivienda de una persona), 120 litros (hasta cuatro habitantes) y 240 litros (más de cinco). Son solo para los residuos que no se pueden reutilizar, que no son reciclables y que no pueden clasificarse en ningún otro lugar. Llevan un chip –asociado a la dirección y a una persona de referencia– que permite pesar las bolsas que se depositan.

Cada unidad familiar dispone, además, de otro cubo verde (sin identificación) para los residuos orgánicos y de bolsas azules (prepagas) para plásticos y envases. Hay inspectores que, cada tanto, participan en las rondas de recolección. Si la clasificación no es correcta, no cargan los residuos, lo que genera un coste extra en la factura.

En la región belga de Midden-Waasland los vecinos realizan dos pagos al año, según el peso de sus residuos y su clasificación, además de una tarifa fija por la recogida

Los vecinos realizan dos pagos al año según el peso de sus residuos y su clasificación, además de una tarifa fija por la recogida. Hasta los 100 kilos por miembro de la familia se paga 0,23 euros por kilo. Cruzada esa barrera, cada kilo adicional cuesta 0,30 euros.

En el caso de los bloques de edificios, el cubo familiar se reemplaza por contenedores ubicados frente al inmueble con llaves, tarjetas identificativas y un sistema de peso que, en cada depósito, registra la cantidad de residuos descartados. “Es un modelo de precios justo y honesto. Quien más genera, más paga. Quien menos genera, menos paga”, resume Peeters.

El sistema de pago por generación no solo funciona en esta región de Bélgica. Muchos otros municipios europeos lo han adoptado para reducir el volumen de residuos y mejorar los índices de reciclaje, algo que la Comisión Europea celebra en sus últimos informes. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario aclara que sigue siendo minoritario en el continente.

En 2018, la Directiva 2018/851 sobre residuos –que modificó el reglamento de 2008– promovió la responsabilidad ambiental de los productores de residuos a través del principio “de que quien contamina paga” para que los países pudiesen cumplir los objetivos de reutilización y reciclaje: 50% en 2020; 55% en 2025; 60% en 2030 y 65% en 2035.

El pasado julio, Bruselas informó de que 18 países, entre ellos España, no cumplieron el porcentaje de 50% en 2020. La lista incluye a Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y Suecia.

Los países que sí cumplieron (Alemania, Austria, Bélgica, Grecia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Luxemburgo y Países Bajos) suspendieron otras exigencias, como el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Por tal motivo, la Comisión abrió 27 procedimientos de infracción contra todos los miembros de la UE.

Según la evaluación realizada a mediados de año por la Agencia Europea de Medio Ambiente, la mayoría de los Estados miembros “corren el riesgo” de no alcanzar los objetivos de preparación para la reutilización y el reciclaje de residuos municipales para 2025. Según cifras oficiales, los europeos generan una media de 521 kilos de residuos municipales por persona, una cifra que, en lugar de disminuir, crece en las actualizaciones de las estadísticas.

Los expertos avalan el pago por generación

En abril, España acogió el Waste in Progress 2024, el congreso de referencia a nivel estatal en materia de gestión de residuos municipales. Los expertos mundiales que disertaron coincidieron en que la mejor manera de elevar los porcentajes actuales de reciclaje y de alcanzar los objetivos europeos pasa por lograr que quien tira más desechos pague más por ello.

Por definición, el pago por generación representa la traducción del principio “quien contamina, paga” en su aplicación a las tasas de residuos. Supone, por tanto, computar la generación real de residuos de cada hogar o comercio y definir el importe de la tasa en función de la cantidad y tipo de residuos generados. El objetivo principal del sistema es crear un incentivo económico para reducir la generación de residuos.

Fernando Follos, ambientalista y consultor de empresas gestoras de residuos, explica que el pago por generación es “un modelo útil”: tocar el bolsillo reduce la cantidad de residuos en los hogares. “Reparte el esfuerzo y penaliza a los menos concienciados. Ayuda a que aquellos que todavía no separan, lo hagan”, resume.

En Alemania, muchos municipios cercanos a Hamburgo (430.000 habitantes) han pasado del modo tradicional de recogida a los contenedores con identificador. “Mi experiencia de 30 años en este sector indica que este modelo es el mejor para disminuir la generación de residuos y mejorar los porcentajes de reciclaje”, explicó durante el congreso Dennis Kissel, responsable de esta gestión en la región alemana de Holstein.

En Italia, 49 municipios de la provincia de Treviso (550.000 habitantes), tienen este sistema desde hace diez años. El incentivo de pagar menos por reciclar y por generar menos bolsas ha cambiado los hábitos de los ciudadanos, según Paolo Contò, director del servicio de gestión de residuos de esta región. “Los resultados que hemos obtenido son muy interesantes, pues solo el 10% de la población no separa, el 90% sí lo hace”, explicó.

Maria Calaf Forn, consultora ambiental y coordinadora del área de tasas de residuos de la Fundación catalana ENT, que asesora a entidades públicas y privadas en la gestión medioambiental, señala que los niveles de recogida separada en municipios con estos sistemas tienden a estar entre el 70% y el 90%. “Su implantación contribuye sensiblemente a alcanzar los objetivos de recogida separada y reciclaje marcados en la legislación estatal y europea. Las experiencias de otros países sugieren que se trata de instrumento central tanto para la adecuada financiación del servicio como para generar incentivos hacia una gestión más eficiente”, subraya.

Aplicación “testimonial” en España

El Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, creado en 2018 por la Fundación ENT, publicó en 2023 el estudio Las tasas de residuos en España 2023, en el que se analizaba las tasas de hogares y comercios de una muestra de 131 municipios, incluidas todas las capitales de provincia.

La mayoría de los municipios, se explica en el documento, aplica un modelo de tasas con cuotas fijas: todos los domicilios pagan lo mismo con independencia de si separan o no sus residuos. “Aplicar una cuota fija implica que los domicilios que generan menos y separan más residuos están subvencionando implícitamente a aquellos con peores prácticas ambientales en materia de residuos”, afirman los autores del estudio, entre los que figura Calaf Forn.

En España, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular obliga a las entidades locales a implementar una “tasa específica, diferenciada y no deficitaria” que, justamente, permita implantar sistemas de pago por generación. Los municipios tienen de plazo hasta el 10 de abril de 2025 para poner en marcha sus proyectos.

La norma no impone la obligación taxativa de exigir una tasa totalmente individualizada para cada ciudadano a partir de esa fecha, sino que busca que se incorporen estos sistemas de forma paulatina, en consonancia con el principio “de quien contamina paga” que promueve la Comisión Europea.

Por el momento, señala el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos, la aplicación en España de sistemas con pagos por generación es “testimonial”, a diferencia de lo que sucede en los países más avanzados en materia de gestión de residuos. “Según nuestros datos, el porcentaje no llega al 1% del total, concentrado en unas pocas comunidades autónomas, algunas de las cuales están haciendo esfuerzos para promoverlos, como Catalunya o Islas Baleares”, señala Calaf Forn,

El municipio de Girona (100.000 habitantes) lanzó en mayo su nuevo modelo de recogida segmentada por zonas de la ciudad. En los barrios periféricos, con casas bajas y menos densidad de población, la recogida se hace puerta a puerta con cubos que llevan chips identificativos. En los barrios del centro, el ayuntamiento ha colocado contenedores inteligentes que se abren con una tarjeta identificativa. Los residuos (plásticos, orgánicos, etc,) se descartan según un calendario semanal.

Sergi Cot, concejal de Acción Climática de Girona, explica que el objetivo último del nuevo sistema es aplicar un pago por generación. “Estamos en plena fase de implementación. Ahora en octubre incorporaremos a los comercios al sistema de puerta a puerta. Y en febrero de 2025 queremos tener toda la ciudad con contenedores inteligentes. Hoy estamos en una tasa de reciclaje del 52% y con este nuevo sistema aspiramos llegar al 70%”, detalla. Y agrega: “Si lo hacemos bien, bajaremos la cantidad de residuos, bajaremos los costes y bajaremos el importe que pagan los vecinos por el servicio. Esto, al cabo, motiva a la gente”.

En su opinión, este modelo puede aplicarse en ciudades pequeñas y grandes. “Puede funcionar también en Barcelona, Madrid o Valencia. Al final los distritos operan como pequeñas ciudades. Si en Girona lo hacemos bien, técnicamente se puede replicar en toda Barcelona. Si funciona en dos calles de Girona puede funcionar en 10.000 de Barcelona”, concluye.

Sin aire acondicionado, Phoenix, la capital de Arizona a las puertas del desierto de Sonora, no sería hoy la quinta ciudad más poblada de Estados Unidos. Ni Disney World Orlando podría haberse convertido en el segundo destino turístico mundial a pesar de ubicarse en la calurosa y húmeda Florida. El invento para apaciguar el termómetro que paradójicamente está contribuyendo al calentamiento del planeta por su consumo energético permitió el desarrollo de las ciudades en el sur de Estados Unidos, la zona conocida como el Sun Belt que forman hasta 18 estados.

“Es el factor más importante en el desplazamiento de población a zonas que, de otra forma, no habrían podido sostenerlo”, dice por videollamada el profesor emérito de arquitectura y planificación urbanística de la Universidad de Michigan, Robert Fishman. “Un aspecto muy significativo, además de la comodidad en la vivienda, es que hizo posible que las fábricas y las oficinas continuaran operando en veranos increíblemente calurosos”, señala.

Este académico realizó en 1999 un estudio todavía citado hoy en día sobre las diez principales variables que influyeron en el desarrollo de la ciudad americana de la segunda mitad del siglo XX: el aire acondicionado aparecía en noveno lugar por detrás de las autopistas, coches, centros comerciales y los suburbios residenciales, entre otros. En lo que respecta a las ciudades del sur, matiza Fishman, la suma de inviernos suaves, aire acondicionado en verano y vivienda relativamente barata es la combinación perfecta que ha conquistado a tantos estadounidenses. Los tres estados más poblados del país se encuentran en el cinturón del sol: California (38 millones de habitantes), Texas (28 millones) y Florida (21 millones).

En el otro lado de la balanza está el peaje que ha ido imponiendo esta tecnología que, cada vez, se está convirtiendo en imprescindible en lugar de un lujo: el aire acondicionado es el aparato doméstico que más energía consume. A nivel mundial supone el 10% de la electricidad. Y mucha de esa energía ha sido obtenida mediante la quema de combustibles fósiles, es decir, la causa principal de calentamiento global. Con el aumento de las olas de calor derivado de la crisis climática, la predicción es que en las próximas décadas se triplique el número de aparatos en todo el mundo, aumentando la presión sobre la red eléctrica.

En los últimos diez años se han registrado un 60% más de apagones en el sur de Estados Unidos por incidentes de calor que en los diez años anteriores, según la organización Climate Central. En China, en los últimos años se han batido récords de generación eléctrica debido a la demanda para conectar los aparatos de aire debido a los picos de temperatura que han puesto contra las cuerdas a las redes eléctricas del país. Los refugios climáticos son la respuesta que muchas administraciones dan a las secuencias de olas de calor extremo. Y los refugios al uso son salas con el aire acondicionado a tope.

El calentamiento global del planeta también hecho, por ejemplo, que en España, se haya doblado la necesidad de refrigeración en los edificios desde 1979. Los datos de la Eurostat muestran que, para mantener lo que denominan “temperatura de confort” es necesario recurrir a algún sistema de “aire acondicionado”. Los datos son consistentes “con la percepción de que cada verano hace más calor”, ha explicado la Aemet.

Lo mismo que se ha contabilizado en España ocurre en los países de la cuenca mediterránea europea como Chipre, Malta, Grecia o Italia donde el índice de severidad del calor crece más de un 100%, según Eurostat. Y a mayor severidad, más necesidad de enfriar el aire. De hecho, la región mediterránea es la segunda del mundo más afectada por la crisis climática después del Ártico. La aguas del mar Mediterráneo se calientan un 20% más rápido que el resto del planeta.

El historiador y profesor en la universidad de Florida del Sur, Raymond Arsenault, afirma en su premiado ensayo El fin del largo caluroso verano: el aire acondicionado y la cultura sureña (1984), que la llamada “revolución” de este invento fue en realidad “una evolución que llegó en distintas olas. Para los años 70 se extendía incluso a establos para el ganado, gallineros e invernaderos.

Desde su casa en San Petersburgo, Florida, el autor Señala que este invento “ha amortiguado nuestro sentido del tiempo”. La regulación del clima en los espacios interiores por los que nos movemos y en algunos exteriores, como el aire que refresca a la gente guardando fila en Disney World que apunta Arsenault, “casi nos permite ignorar” las estaciones del año y ha “debilitado el vínculo con la naturaleza y el calor” que caracterizaba a los habitantes del sur.

Tener control sobre la temperatura “ya no se considera un privilegio, sino un derecho”, dice, “a pesar de que en muchas partes del mundo apenas se utiliza”. China y Estados Unidos son los principales consumidores. Según la Agencia Internacional de Energía, existen unos 2.000 millones de unidades de aire acondicionado en todo el mundo, el 70% de los cuales están en viviendas.

Ha amortiguado nuestro sentido del tiempo. Casi nos permite ignorar las estaciones del año y ha debilitado el vínculo con la naturaleza y el calor

Ramond Arsenault — Profesor de la universidad de Florida del Sur

De la imprenta a los cines

Aunque el sistema de aire acondicionado se inventó en el norte, su desarrollo inicial se dio en el sur. En 1902, el joven ingeniero Willis Carrier logró bajar la temperatura de la imprenta litográfica de Brooklyn de forma accidental, su objetivo era estabilizar la humedad que afectaba al papel. Durante los siguientes 20 años se utilizaría en las industrias del algodón, tabaco, papel, cerveza… para mejorar la producción. Al controlar la temperatura y la humedad se mantenía la consistencia en la fabricación de productos con independencia de la época del año o de la hora del día.

A finales de los años 20 del siglo XX entró en los cines, gracias de nuevo a las mejoras introducidas por Carrier, que lideró la industria hasta su muerte en 1950. Hay quien dice que la época dorada de Hollywood le debe parte de su éxito a este invento que atrajo a las salas a un público deseoso de escapar momentáneamente del sofocante calor estival. En los 40, los aparatos de regulación de temperatura sustituyeron a los ventiladores de techo en los grandes almacenes y diez años después fueron instalados en las habitaciones de hoteles. Para entonces, y tras superar la oposición por las epidemias causadas a través de los sistemas de ventilación, los nuevos hospitales ya se equipaban con sistemas de regulación de temperatura. Uno de los ideales de arquitectos del modernismo como Le Corbusier, sellar los rascacielos del ambiente exterior, no fue realmente práctico hasta la llegada del aire acondicionado.

El tamaño y el precio habían mantenido estos sistemas fuera del alcance del bolsillo del ciudadano medio hasta que después de la Segunda Guerra Mundial aparecieron las económicas unidades para la ventana acompañadas de una estrategia de marketing para promocionarlas como símbolo de modernidad y estatus. Las ventas se dispararon y no han dejado de crecer. En 1960 el 13% de los hogares tenía aire acondicionado, comparado con el 55% de los hogares en 1980 y el 90% en la actualidad. En Europa, por el contrario, el número de usuarios se sitúa en el 20%.

“Una de las cosas más sorprendentes de mi vida, y nací en 1946, es la bajada de precio tan radical que ha experimentado el aire acondicionado. Cuando era pequeño, incluso familias de clase media como la mía tenían quizá un aparato en una habitación. Ahora la mayoría de las viviendas nuevas tiene aire acondicionado centralizado. Las unidades para ventana son increíblemente baratas. La gente relativamente pobre puede permitirse un aparato para un apartamento pequeño”, cuenta Fishman.

Condiciona el urbanismo

El éxito del aire acondicionado marcó un punto de inflexión en el diseño de edificios y en la planificación urbana. “Aceleró un giro hacia el interior especialmente en la casa americana, que había sido mucho más abierta, con su famoso porche necesario para aprovechar las brisas y donde se pasaba mucho tiempo en verano, frente a la calle, viendo a los vecinos. Ahora, delante de la casa está el jardín con su césped siempre vacío. La gente se retira al interior mucho más que antes,” comenta Fishman.

Las nociones de orientación, ubicación, diseño del espacio en la vivienda, tan importantes para la buena arquitectura, pasaron a ser irrelevantes en el negocio de la construcción, más interesado en atender la creciente demanda con diseños uniformes de casas unifamiliares que se podían levantar de forma rápida y barata, dando origen a un paisaje de suburbios que se extiende desde el centro urbano formado por rascacielos y edificios de oficinas. Ciudades como Houston, Miami, Las Vegas o Atlanta experimentaron un crecimiento por encima de la media en la segunda mitad del siglo XX. La población en los estados del sur pasó de ser el 28% en 1950 al 40% en el año 2000.

“Las casas americanas, con sus estructuras de madera, eran muy ligeras comparadas con la albañilería de las europeas en parte porque el combustible, carbón o petróleo, era muy barato. Hemos aplicado la misma filosofía al aire acondicionado”, explica Fishman. “No tiene sentido concentrar población en lugares como Las Vegas o Phoenix, donde vas a tener un uso intensivo de energía, agua y demás recursos. Pero la filosofía americana es seguir construyendo”. Precisamente en Phoenix desde el año pasado están paralizados los proyectos de nueva vivienda que dependen de agua subterránea porque según las predicciones, dada la crisis climática no hay recursos suficientes para abastecer el crecimiento continuo.

Es el factor más importante en el desplazamiento de población a zonas que, de otra forma, no habrían podido sostenerlo

Robert Fishman — Profesor emérito de arquitectura y planificación urbanística de la Universidad de Michigan

Los beneficios innegables

Los beneficios del aire acondicionado en la reducción del número de muertes por calor extremo, la mejora de las condiciones de trabajo y del funcionamiento de hospitales y escuelas, el aumento de la productividad y del nivel de vida son innegables. Y, si bien los equipos son cada vez menos contaminantes, las emisiones indirectas de CO₂ vinculadas a la energía necesaria para su funcionamiento van en aumento, contribuyendo al incremento de la temperatura y a una mayor dependencia de los sistemas de refrigeración.

Existen estrategias pasivas de alivio de temperatura, como la ventilación natural, el uso de vegetación o la creación de sombras, utilizados por las antiguas civilizaciones en Oriente Próximo en las que se inspira la arquitectura sostenible contemporánea para minimizar el uso de refrigeración y calefacción. Sin embargo, Robert Fishman cree que sociedades como la americana “está tan vinculada al alto uso de energía” que la única esperanza para reducir el impacto del aire acondicionado en la crisis climática reside en “el tremendo avance tecnológico de la energía renovable”.

Para Raymond Arsenault, sentado a la mesa de su despacho bajo dos ventiladores en el techo que disminuyen el uso de aire acondicionado, cree que tenemos que moderar el consumo sistemas de refrigeración. Aunque sabe que no será fácil. “Para mucha gente el aire acondicionado es tan fundamental como la comida”.

Marta mueve su abanico con ahínco. Está sentada en la marquesina refrigerada que el Ayuntamiento de Madrid instaló en julio para combatir el calor en el intercambiador de autobuses del barrio de Pavones, en el sureste de la ciudad. Son las dos de la tarde de un martes de mediados de agosto, y la combinación del sol con el pavimento eleva la temperatura por encima de los 34 grados que marca la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). “Se siente un pelín más de fresquito, sobre todo en la espalda, pero el calor no lo quita”, dice la mujer mientras espera la llegada de la línea 144 para ir a trabajar.

El sol entra por la marquesina y llega hasta el asiento de metal, así que otros dos pasajeros que aguardan de pie –sin sentir el aire frío que recorre la espalda de Marta– prefieren salirse y guarecerse en la sombra trasera de la marquesina, el refugio que también eligen quienes esperan en las otras siete paradas, no refrigeradas, de esta área intermodal de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

La sombra natural, la que entregan los pocos árboles que hay en el intercambiador, es la más codiciada. La más amplia, debajo de una frondosa copa, la ocupan los autobuseros mientras esperan el horario de salida de sus rutas.

Para la mayoría de los usuarios, la nueva marquesina refrigerada pasa totalmente desapercibida. “No sabía”, repiten casi todos. En los primeros días, las pantallas de publicidad tenían la leyenda “Vaya, vaya... No tendremos playa, pero ¿Quién tiene la primera marquesina que da fresquito?”. Ahora, la cartelería tiene la imagen del actor Jeremy Allen White, protagonista de la serie The Bear. No hay información alguna sobre las características de la nueva estructura. Solo un pequeño ‘botón de enfriamiento’ entre el vidrio y el panel de respaldo de madera.

Para saber cómo funciona, hay que entrar en la web de JCDecaux, la empresa que ha desarrollado y patentado este mobiliario urbano, ideado para “ofrecer un espacio fresco para el bienestar de los usuarios en los periodos de calor extremo”.

El sistema –se explica– funciona a través de un control inteligente que se activa cuando detecta la presencia de usuarios y cuando la temperatura exterior supera los 25 grados. Debajo de la marquesina hay un depósito de agua conectado a un módulo de evaporación y ventilación (ubicado en el respaldo del asiento), el cual permite que se enfríe el aire para aclimatar el espacio.

El techo tiene un pequeño panel solar que abastece de energía al circuito. Según la compañía, este sistema de refrigeración permite reducir la temperatura hasta nueve grados, una variación, se aclara, que “depende de las condiciones climáticas del lugar”.

“Por ejemplo, al medir la temperatura en el prototipo, se observó que la temperatura exterior de la marquesina era de 35ºC, con una sensación térmica de 48ºC. En contraste, la temperatura interior se mantuvo en 30ºC, con una sensación térmica de 32ºC”, explica JCDecaux, que se jacta de haber creado “una solución inspirada en la naturaleza” con “técnicas tradicionales de enfriamiento que se utilizan en el desierto” y un “proceso natural de evaporación que evita el uso de aire acondicionado”.

Para la empresa, Madrid presenta “condiciones ideales” por su “calor intenso” para el funcionamiento del sistema refrescante de la estructura debido a la muy alta tasa de evaporación.

Diez veces más cara que una marquesina normal

En la inauguración de esta marquesina refrigerada, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, la promocionó como “única en el mundo”. Un segundo prototipo se instaló en otra área intermodal de la ciudad, en Villaverde Cruce.

El coste actual de esta marquesina ronda los 75.000 euros. Supone una inversión pública diez veces superior al de una normal. En Madrid hay 4.565 marquesinas. Es decir, la erogación para refrescar todas las paradas superaría los 337 millones de euros, una partida muy superior al presupuesto anual destinado al Transporte Público (261 millones).

El propio funcionario reconoció que se trata de una inversión “inasumible”. “Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos meses y estudiaremos la posibilidad de que se puedan instalar más en un futuro. A lo largo de los próximos meses se podrían instalar en lugares de gran confluencia del centro”, adelantó.

Sevilla, otra ciudad que sufre el efecto “isla de calor urbana”, el acusado aumento de la temperatura en entornos urbanos respecto a las áreas rurales o verdes circundantes, también va a probar este tipo de marquesinas.

El mes pasado, el Ayuntamiento sacó a licitación pública un prototipo similar creado por la Universidad de Sevilla, un contrato de 768.362,43 euros para que las primeras unidades estén funcionando en el verano de 2025.

Apuesta fallida

Para Fernando Prieto, director del Observatorio de la Sostenibilidad, Madrid necesita una adaptación al calor extremo con políticas públicas “integrales y estructurales”, como la “renaturalización” de muchos de sus espacios.

En este escenario, unas marquesinas refrigeradas asoman como un “parche” y una “apuesta fallida” en una ciudad en la que el cemento y el asfalto siguen dominando en la planificación urbana.

Según un estudio del CIEMAT, en una década Madrid ha sufrido un aumento anual de la temperatura del aire de 1,8°C, una disminución de la humedad del 9% y un tiempo veraniego que empieza en mayo y acaba en octubre

La evidencia científica, explica, es clara: el aumento de los espacios verdes y de la cobertura vegetal en calles y plazas reducen la exposición a las altas temperaturas, y con ello disminuyen la vulnerabilidad humana frente a las olas de calor.

“La isla de calor en Madrid está suficientemente acreditada para pensar que se puede solucionar con unas cuantas marquesinas, por más modernas que sean. Es un parche muy caro y de dudosa utilidad”, critica. Y agrega: “Urge despavimentar, eliminar asfalto y plantar miles de árboles”.

El ejemplo de París

Pone el ejemplo de París, que tras la celebración de los Juegos Olímpicos ha acelerado su “transformación verde”: la plantación de 170.000 árboles hasta 2026, la eliminación de plazas de aparcamiento para convertirlas en zonas verdes y el retiro de un 40% de todo su asfalto.

En junio, la capital francesa inauguró la nueva plaza de Catalogne, transformada en un bosque urbano. Donde antes había una inmensa rotonda asfaltada, ahora hay 470 árboles, plantas y arbustos. La proyección es que en unos años, cuando los árboles sean más maduros, el proyecto va a reducir la temperatura de la plaza y sus alrededores hasta 4°C.

Madrid va en el sentido opuesto. Según datos oficiales del Ayuntamiento, el recuento anual de árboles de 2023 ha arrojado un saldo negativo respecto a 2022. La ciudad perdió 6.225 árboles en sus calles y zonas verdes de los distritos y 2.699 ejemplares en los parques históricos.

Según un estudio del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), durante la última década Madrid ha sufrido un aumento anual de la temperatura del aire de 1,8°C, una disminución de la humedad relativa anual del 9% y una prolongación del periodo estival, con temperaturas de verano que empiezan en mayo y acaban en octubre.

En su reciente informe Adaptación de las ciudades al calor extremo: protección frente a los impactos en la salud, Greenpeace advierte que Madrid –al igual que la mayoría de las ciudades de España– está lejos de la cobertura vegetal mínima en las zonas urbanas que recomiendan los expertos. Esta proporción se resume en “la regla 3-30-300”: toda persona debería poder ver tres árboles desde su casa, tener un 30% de cobertura vegetal en su barrio y un espacio verde a 300 metros.

Según esta investigación, Madrid se encuentra justo en el “límite mínimo” de los índices de vegetación y de espacios verdes recomendado por la OMS, con un 27% de zonas verdes. El problema es que casi el 70% de la población no tiene acceso a estos espacios.

“El plan A de Madrid de adaptación al cambio climático, estructural, integral y ambicioso, está todavía sin desarrollar. Ante esta carencia, promocionar unas marquesinas refrescantes sobre grandes planchas de hormigón es desviar el problema y las soluciones”, concluye Prieto.

Techos verdes

En 2019, la ciudad de Utrecht (Países Bajos) decidió recubrir de plantas unas 300 marquesinas para reducir el calor y revertir el debilitamiento de la población de abejas y mariposas. El proyecto se ha replicado en Reino Unido, Bélgica, Suecia y Dinamarca.

En Derby y Leicester, ciudades inglesas, han bautizado a estas singulares paradas con el nombre de “bus bee stops”. En 2022, el Ayuntamiento de Brighton instaló estos jardines silvestres en algunas de sus marquesinas después de que casi 50.000 personas firmaran una petición.

“Queremos extender esto a tantos países como sea posible. Vemos esto como una adición escalable a largo plazo a nuestras marquesinas de autobuses. Nos gustaría hacerlos en todas partes, los efectos positivos son increíbles”, resume Louise Stubbings, directora creativa de Clear Channel UK, firma que administra las marquesinas de muchos ayuntamientos.

En su opinión, “las paradas de autobuses son una representación visible de los pequeños cambios que queremos que realicen las comunidades, las personas y las organizaciones para crear más espacio para la naturaleza”.

En España, el Centro de Investigación de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería (CECOUAL) diseñará estos techos verdes para las marquesinas de la capital almeriense, a modo de “estaciones ecológicas”.

La acción, según el convenio firmado por el Ayuntamiento, permitirá mitigar el efecto isla de calor, mejorar la calidad del aire, capturar agua de lluvia y aumentar el hábitat para la vida silvestre.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se sumergió el 17 de julio en el Sena con su traje de neopreno y nadó cien metros entre los flashes de los fotógrafos para mostrarle al mundo que el río estaba en óptimas condiciones para los Juegos Olímpicos. Entonces no imaginó que una lluvia torrencial el mismo día de la inauguración iba a trastocar un saneamiento que ha costado seis años de trabajo y 1.400 millones de euros de inversión.

Hasta los 30 milímetros de agua que cayeron el viernes 26 de julio, el equivalente en París a 15 días de lluvias, los análisis bacteriológicos del río daban resultados que permitían realizar las pruebas olímpicas. Los resultados del 15 de julio, hechos públicos por la Fundación Surfrider, una ONG que realiza mediciones periódicas en el Sena, mostraban una cantidad de E.coli y Enterococcus (contaminación fecal) en el límite autorizado para los deportistas.

Pero tras las intensas lluvias, el testeo del Sena arrojó valores mucho más altos para estas dos bacterias, por lo que la prueba de triatlón masculina prevista el 30 de julio tuvo que ser suspendida. “El agua no ofrece garantías suficientes para permitir la celebración de la prueba. Esto se debe a las lluvias que han caído sobre París los días 26 y 27 de julio”, explicó en un comunicado la federación internacional de Triatlón Mundial. Finalmente, algunas de las pruebas comenzaron, con quejas de los deportistas y mofas en las redes sobre las consecuencias de sumergirse en esas aguas.

Lo cierto es que las fuertes precipitaciones que cayeron sobre la capital francesa elevaron los niveles de contaminación del río. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) explica esta relación en su reciente informe sobre la calidad de las aguas de baño en Europa: “Los episodios de lluvia intensa (más de 20 mm en un día) aumentan el riesgo de mala calidad de las aguas de baño debido a la movilización de la contaminación procedente de desbordamientos de alcantarillado, inundaciones o escorrentías superficiales, con los correspondientes posibles impactos en la salud de los bañistas”.

Un problema que va en aumento

Según este análisis, elaborado con los datos notificados por los Estados miembros de la UE para las temporadas de baño 2020-2023, la mayoría de las aguas de baño “son de calidad” para los nadadores. Sin embargo, el porcentaje de “mala calidad” (índices elevados de E.coli y Enterococcus), hoy del 1,5% (321 cauces), va a aumentar en los próximos años como consecuencia del calentamiento global, alerta la agencia.

“La contaminación de las aguas superficiales y subterráneas sigue siendo significativa y puede verse exacerbada por el cambio climático, que va a aumentar la intensidad y la frecuencia de diversos fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las lluvias intensas”, se advierte.

Este caso puntual y de mucha visibilidad por los Juegos Olímpicos no es una excepción; es frecuente en muchos ríos. No hay saneamiento ni tecnología que pueda asegurarnos aguas limpias ante un cambio climático que empieza a exponer la vulnerabilidad de los sistemas hídricos

Rafael Seiz — coordinador del Programa de Agua de WWF

Para este organismo, hay una “relación conceptual directa” entre el calentamiento global y los fenómenos hidrometeorológicos asociados a la aparición de E.coli y Enterococcus y cianobacterias, que no están sujetas al control cuantitativo que prescribe la Directiva Marco del Agua, aunque ante la presencia de niveles elevados los expertos suelen recomendar la prohibición del baño.

Lo que ocurrió en estos días en el Sena está detallado en este documento de la Unión Europea: “La contaminación a corto plazo puede producirse durante fuertes lluvias, cuando se supera la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales y se vierten aguas residuales sin tratar”.

“Lo que tiene que quedar claro es que este caso puntual y de mucha visibilidad por los Juegos Olímpicos no es una excepción, es frecuente en muchos ríos. No hay saneamiento ni tecnología que pueda asegurarnos aguas limpias ante un cambio climático que empieza a exponer la vulnerabilidad de los sistemas hídricos”, reflexiona Rafael Seiz, coordinador del Programa de Agua de la organización conservacionista WWF.

El minucioso análisis de AEMA, para el que se cruzaron datos de la temporada de baño entre 2008 y 2022 con los registros de precipitaciones horarias de Copernicus ERA5, revela que la correlación entre lluvias torrenciales y el aumento de la contaminación está ocurriendo “de forma constante en toda Europa”. La agencia alerta de que “las aguas europeas contaminadas como consecuencia de fuertes lluvias suponen un peligro para la salud de los bañistas” y que la problemática se “incrementará a medida que el cambio climático aumente la frecuencia de estos fenómenos meteorológicos extremos”.

Desde 1923 los parisinos no pueden darse un chapuzón en el Sena. Ese año, la prefectura ordenó la prohibición por “la suciedad fecal” de las aguas

Julio de 2023 fue el más lluvioso de los últimos años en París, con 107 milímetros de lluvia acumulada, muy por encima del promedio (70 mm). La anomalía se ha repetido este año, según ha adelantado Patrick Marliere, director de la Agencia de Meteorología de Francia.

El impacto del hormigón

Entre las medidas preventivas para mejorar la calidad del agua de los ríos, la AEMA destaca la “retención natural” y el “aumento de los espacios con vegetación” en las zonas urbanas.

La “creciente urbanización” –explica este organismo– hace que las infraestructuras de gestión de aguas residuales sean vulnerables al cambio climático. En el caso de París, las organizaciones ecologistas llevan décadas denunciando que la pavimentación excesiva de calles y plazas, con pocos espacios verdes que absorban el agua de lluvia, tiene “relación directa con la contaminación del Sena”.

El año pasado, el ayuntamiento anunció un ambicioso plan de renaturalización para bajar las temperaturas y reducir los impactos de las lluvias torrenciales. La ciudad planea plantar 170.000 árboles hasta 2026, eliminar plazas de aparcamiento para convertirlas en zonas verdes en el horizonte de 2030 y suprimir un 40% de su asfalto.

El plan de París tras los Juegos Olímpicos es abrir tres zonas públicas de baño. Desde 1923 los parisinos no pueden darse un chapuzón en el Sena. Ese año, la prefectura ordenó la prohibición por “la suciedad fecal” de las aguas. En 1990, cuando era alcalde de la capital, el expresidente Jacques Chirac prometió que bajo su mandato sería posible volver a bañarse. La promesa nunca se cumplió.

Tenemos que aprender a gestionar el riesgo más que el volumen del agua. No hay tecnología que sustituya a la naturaleza

Anne Hidalgo, alcaldesa desde 2014, se ha aferrado a la tecnología para terminar con un siglo de contaminación. París ha construido un innovador y gigantesco depósito para complementar su red de depuración: un cilindro de hormigón de 50 metros de diámetro por 30 de profundidad con una capacidad de 50.000 metros cúbicos, capaz de almacenar una cantidad de agua equivalente a 20 piscinas olímpicas.

Para especialistas como Seiz, apostarlo todo a la tecnología no funcionará: “El gran reto que tenemos por delante es pasar de una gestión de los recursos y de las cuencas con la certidumbre que nos daba la ciencia y tecnología, a una gestión plagada de incertidumbres y riesgos por el cambio climático. Tenemos que aprender a gestionar el riesgo más que el volumen del agua”.

El experto hídrico resume toda su argumentación y explicación en una frase: “No hay tecnología que sustituya a la naturaleza”.

Con la convocatoria de elecciones generales en Reino Unido recién anunciada, la contaminación de ríos, lagos y costas se perfila como uno de los temas que más preocupa a los votantes junto con la sanidad pública, la crisis de precios y la inmigración. Las cifras hablan por sí solas. En el último año se contabilizaron 464.056 descargas de aguas residuales, lo que supone un incremento del 54% respecto a 2022. Para la Angling Trust, asociación que representa a los pescadores con caña, esto ha repercutido directamente en la muerte de más 200.000 peces en el último año, pero sobre todo existe una preocupación creciente por la salud pública. Las infecciones son muy habituales entre los aficionados a los deportes acuáticos y el riesgo de resistencia antimicrobiana por la presencia de fármacos en los caudales de agua naturales va en aumento.

En Reino Unido los vertidos de aguas residuales están permitidos solo cuando se producen lluvias torrenciales. El sistema de saneamiento no tiene capacidad para gestionar esos volúmenes de agua, que van por los mismos canales de desagüe que los vertidos domésticos (aguas fecales, de ducha, lavadoras), comerciales e industriales a las plantas de tratamiento, así que las compañías de agua abren las válvulas de desbordamiento en ríos, lagos y mar para evitar inundaciones en el sistema y, en consecuencia, vertidos en las viviendas. Los episodios de precipitaciones extremas son cada vez más habituales debido al cambio climático pero muchos se quejan de la frecuencia de vertidos no relacionados con fuertes lluvias.

SAS es una de las organizaciones ambientales, grupos de bañistas y colectivos de deportes acuáticos que hace unos días protestaban en playas y ríos del país para demandar una mejora en la calidad de las aguas. En la localidad costera Brighton, destino vacacional de turistas y estudiantes de inglés, se concentraron cientos de personas. El representante local de Surferos Contra Vertidos, Stuart Davies, aseguraba que este año ya han contabilizado 92 descargas en una playa cercana considerada apta para el baño, casi el doble de las que se produjeron el año pasado.

“La población de Brighton se cuadriplica en verano, lo cual supone una enorme presión en un sistema de saneamiento que se desmorona y no recibe financiación suficiente. Necesitamos un plan de inversión adecuado que investigue cómo y por qué se producen los vertidos, ponga el foco en la infraestructura y el alcantarillado y busque soluciones sostenibles con la naturaleza”. Esta organización critica la mala gestión de un complicado modelo y los beneficios millonarios a costa del contribuyente que acaban en los bolsillos de directivos y accionistas en lugar de financiar el mantenimiento y modernización de la necesitada infraestructura.

Una extraña película en el traje de neopreno

Josh y Yannic, amigos y residentes en la ciudad acudieron juntos al evento luciendo el mensaje “Sick of Shit” (hartos y enfermos de mierda) en sus camisetas. Tim, que lleva 30 años haciendo surf, comentó haber sufrido todo tipo de infecciones por la mala calidad del agua: otitis, conjuntivitis, gastroenteritis y el impétigo que le causó una llaga alrededor de la boca. “En los 90 había mucha contaminación por todas partes, después poco a poco fue mejorando y ahora ha empeorado otra vez. Hay más gente en el agua y se ve más el problema. Hay sistemas de desbordamiento combinado por todas partes y está constantemente vertiendo porque no puede abarcar las necesidades de la población”, comentaba.

Tim, que lleva 30 haciendo surf, dice haber sufrido todo tipo de infecciones por la mala calidad del agua: otitis, conjuntivitis, gastroenteritis y el impético que le causó una llaga alrededor de la boca. “En los 90 había mucha contaminación por todas partes, después poco a poco fue mejorando y ahora ha empeorado otra vez

Nicky siempre consulta las alertas de incidentes en la aplicación de SAS antes de bajar a la playa a nadar todos los viernes, una información sin la que no podría haber organizado un chapuzón para el Día Internacional de la Mujer en el que participaron 500 bañistas. “A veces sales del agua y notas una extraña película en el traje de neopreno que huele raro”, confesaba.

Tanto las aguas residuales como las depuradas contienen altas concentraciones de microorganismos fecales que acaban en los ríos, lagos y mares, pues las plantas de tratamiento no están diseñadas para eliminarlos, sino para reducir la materia orgánica y contaminantes sólidos –como las numerosas toallitas húmedas–, lo que puede suponer un riesgo para la salud por la exposición a bacterias como la salmonella o el E-coli, que pueden provocar diarreas y vómitos o, en casos más extremos, virus como la hepatitis A que puede causar infección de hígado.

Un nuevo informe del Centro Nacional de Políticas de Ingeniería que ofrece soluciones al gobierno y las empresas para reducir estos riesgos, indica la “desproporcionada exposición” en el agua de bacterias resistentes a los antibióticos pues “las alcantarillas son el principal foco desde el que liberamos organismos fecales resistentes”. El cuerpo humano no descompone totalmente los antibióticos ingeridos y las depuradoras tampoco están equipadas para eliminarlos, de manera que acaban en la naturaleza. La Organización Mundial de la Salud reconoce la resistencia antimicrobiana como una de las grandes amenazas de la actualidad.

Insecticidas, antibióticos, antiinflamatorios

La doctora española Helena Rapp Wright participó en un estudio de Imperial College de Londres publicado en 2023 para analizar cuáles son los químicos presentes en los ríos para después poder conocer su impacto sobre el medio ambiente. La mayoría de los compuestos que detectaron tras recoger muestras de 14 ríos y afluentes del Támesis a su paso por Londres y sus alrededores entrañaban un riesgo bajo de impacto. Pero encontraron tres en cauces próximos a las depuradoras que sí podrían suponer una amenaza para el entorno natural. El insecticida Imidacloprid, prohibido desde 2018, dio las concentraciones más altas, seguido por el antibiótico Azitromicina y el antiinflamatorio Diclofenaco.

¿Qué significan estos resultados? La presencia de pesticidas no es una buena noticia, pero en general la doctora Rapp Wright hace una lectura positiva: “Actualmente hay 204 millones de químicos registrados, de los cuales unos 350.000 tienen licencia de fabricación. Londres es una ciudad con millones de habitantes y el número de químicos que encontramos no me parece desorbitado”.

Estos resultados no se pueden extrapolar, dice la experta, porque el consumo de fármacos varía entre poblaciones, al igual que los tratamientos desinfectantes de las depuradoras, la reacción entre distintos compuestos químicos y el caudal de los cauces. La diferencia en infraestructura entre unas regiones y otras también juega un importante papel. Londres cuenta con cinco depuradoras y la empresa de agua Thames Water está construyendo un túnel de 25 kilómetros por debajo del río, que recogerá todas las aguas de desbordamiento.

Este mes se han anunciado 27 nuevas áreas aptas para el baño en Inglaterra, sumando un total de 451 puntos repartidos a lo largo de la costa y algunos ríos. Pero esto no es garantía de aguas más limpias, de hecho, el año pasado la organización SAS recibió información de casi 2.000 casos de infecciones y enfermedades después de utilizar zonas de baño clasificadas como ‘buenas’ o ‘excelentes’.

Andrew Thompson, doctor en ingeniería química y colaborador del informe del Centro Nacional de Políticas de Ingeniería, tampoco quiere hacer sonar la alarma. “La posibilidad de que estemos ante una crisis de salud pública inminente es discutible, pero lo que es evidente es que ahora es el momento adecuado para planear qué acciones tenemos que emprender, en lugar de tener que reaccionar a un brote de una enfermedad infecciosa. Esto no es solo un problema en Reino Unido sino que se tiene que abordar en muchos países”. Los ingenieros proponen medidas para mitigar el colapso del sistema, como sustituir las superficies impermeables que pavimentan muchas ciudades por sistemas de drenaje sostenible, y recomiendan robustecer los procesos de desinfección y monitorizar los recursos hídricos durante todo el año, entre otras medidas a corto plazo que podrían ser puestas en marcha en lugares con mayores riesgos para la salud pública.

Este mes se han anunciado 27 nuevas áreas aptas para el baño en Inglaterra, sumando un total de 451 puntos repartidos a lo largo de la costa y algunos ríos. Pero esto no es garantía de aguas más limpias. De hecho, el año pasado la organización SAS recibió información de casi 2.000 casos de infecciones y enfermedades después de utilizar zonas de baño clasificadas como ‘buenas’ o ‘excelentes’. Aún así, la directora de campañas Dani Jordan, aplaude la decisión. “Este estatus solo se otorga cuando ya hay gente utilizando ese cauce y supone que va a ser monitorizado en verano y que es obligatorio atajar cualquier contaminación que amenace la salud de los bañistas. Es una herramienta estupenda y un paso adelante para limpiar nuestros ríos y playas”, confirma.

La organización Amigos del Dart ha conseguido cuatro puntos designados aptos para el baño en el estuario del río, en el idílico condado de Devon. La estampa bucólica de este río surcando paisajes rurales y pueblos pintorescos contrasta con los altos niveles de E-coli y Enterococcus que en ocasiones han recogido los análisis de voluntarios

Este era el objetivo de la organización Amigos del Dart, que tras una campaña de 18 meses ha conseguido cuatro puntos designados aptos para el baño en el estuario del río, en el idílico condado de Devon. La estampa bucólica de este río surcando paisajes rurales y pueblos pintorescos contrasta con los altos niveles de E-coli y Enterococcus que en ocasiones han recogido los test de voluntarios y que evidencia, según Hannah Pearson, una de las fundadoras de la organización, la contaminación agrícola, otra de las grandes amenazas para los recursos hídricos.

Residente desde hace casi 30 años y nadadora habitual en estas aguas, Pearson sufrió recientemente una severa infección cutánea que desencadenó en principio de sepsis. Ya recuperada, se muestra motivada para lograr que el río sea saludable. “Nuestro foco como organización es remediar esta situación. No podemos continuar con el declive de los bancos de peces, la ecología del río”, cuenta. En los últimos ocho años sólo se han realizado dos análisis exhaustivos de los ríos y la nueva Oficina de Protección Ambiental no ve muestras de mejoría ante la falta de nuevas leyes sobre el agua que sustituyan la legislación europea.

El Departamento de Medio Ambiente ha contestado con una declaración escrita tras declinar una entrevista: “La contaminación de vertidos es inaceptable, por lo que estamos haciendo una consulta para prohibir pagos extra a los directivos cuando se ha incumplido la ley, multiplicando por cuatro las inspecciones a las compañías y proporcionando más financiación a los reguladores del agua”.

Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, cada vez son más los británicos que exigen, como dice Jordan, “un auténtico compromiso para limpiar” los recursos hídricos a la clase política.

En Lahore, la segunda ciudad más grande de Pakistán, llevan casi dos meses sin ver el sol. Pero no está nublado: la app de Google muestra un cielo despejado en el teléfono de Mariam Shah, aunque ella desde su ventana solo ve niebla. Es la boina que se instala durante los meses de invierno en esta urbe asiática de más de 13 millones de habitantes, la más contaminada del mundo en 2023. En los peores días del año, la ciudad llega a registrar valores de contaminación atmosférica 70 veces superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mariam Shah es una escritora paquistaní con dos hijas pequeñas, vive en una zona residencial acomodada a las afueras de Lahore. Hace tan solo unas semanas, las vacaciones de Navidad llegaron tras varios confinamientos, decretados para prevenir la propagación de conjuntivitis debido a la polución. Colegios, restaurantes, comercios y gimnasios cerraron durante varios días para evitar el contagio y reducir la movilidad. Unas semanas después varias avionetas sobrevolaron la ciudad propagando hielo seco y yoduro de plata para provocar la llamada “lluvia artificial”, en colaboración con Emiratos Árabes Unidos. “Mis hijas no han salido a la calle durante las vacaciones, porque además de la boina, ha hecho más frío de lo habitual”, comenta Mariam en conversación telefónica. 

Mientras, las escuelas alargaron diez días la vuelta al cole de los más pequeños ante la epidemia de neumonía y bronquitis que sufre Lahore desde hace semanas, con un aumento del 100% de los casos. Frío, sequía o niebla, los medios de comunicación y los organismos públicos achacan estos problemas a distintos factores climatológicos, obviando el verdadero causante de todo esto: la contaminación atmosférica. “Esto no es niebla, es polución. La niebla no causa problemas de salud”, afirma Abid Omar, ingeniero paquistaní fundador de la plataforma independiente Pakistan Air Quality Initiative encargada de monitorizar en tiempo real los niveles de concentración de partículas contaminantes en el aire. 

Las soluciones que está implementando el gobierno, como la lluvia artificial, no sirven para nada. El parque automovilístico en Pakistán no deja de aumentar y el transporte es el principal causante de la polución del aire

Abid Omar — Fundador de la plataforma independiente Pakistan Air Quality

Las decenas de estaciones de medición que han instalado en colegios, viviendas y otros edificios no oficiales miden la presencia de estas partículas diminutas, de apenas 2,5 micras de diámetro, de polvo, hollín, metales o sustancias químicas que, al ser inhaladas, penetran en el tejido pulmonar y llegan al torrente sanguíneo, causando graves problemas circulatorios y pulmonares. Si bien existen otros compuestos contaminantes como el dióxido de nitrógeno y óxido de carbono, estas más finas son las causantes del mayor número de muertes por aire contaminado. “Las soluciones que está implementando el gobierno, como la lluvia artificial, no sirven para nada”, declara Omar; “el parque automovilístico en Pakistán no deja de aumentar: el transporte es el principal causante de la polución del aire, sobre todo cuando circula con gasolina de mala calidad, como el diésel”. 

El aire sucio, la primera causa de muerte 

La grave contaminación atmosférica que sufre Lahore altera el día a día a todos los niveles: la escasa visibilidad hace que el aeropuerto sufra retrasos diarios; los ingresos hospitalarios por asma aumentan en los días de mayor polución y la productividad laboral desciende. “Hay días en los que me levanto por la mañana con un carraspeo en la garganta y los ojos me escuecen después de pasar un rato en la calle”, cuenta Mariam. El otro efecto, el que no se ve, es el que repercute en la salud a largo plazo. “Respirar aire contaminado durante años provoca enfermedades respiratorias crónicas”, explica en conversación telefónica Pallavi Pant, investigadora y experta en contaminación atmosférica del Health Effects Institute de Boston.

En la región del sur de Asia, el aire sucio es la primera causa de muerte, por delante de la desnutrición, el tabaquismo o la hipertensión, con 2,2 millones de fallecidos al año. Además del transporte, hay otros factores que intervienen para que esto ocurra: “en Pakistán no tenemos un sistema de gestión de basura organizado, no la separamos, no la reciclamos, sencillamente se quema; también en invierno se queman los restos de las cosechas, algo que se hace a gran escala, y toda esta combustión contamina el aire”, explica Abid Omar. 

Además, hasta un 28% de las micropartículas que circulan por el aire proceden de los hogares, en un país en el que un tercio de la población vive en la pobreza, más de la mitad de las familias calienta sus casas y cocina con hornos de leña y quemando carbón y estiércol. “No se le puede poner puertas al aire, por eso, la contaminación doméstica es otro factor muy importante”, recalca Pallavi Pant. En invierno, la situación empeora. “Hace más frío y la velocidad del viento es menor, por lo que la contaminación aumenta: se usa más el transporte, en su mayoría privado, y las fábricas de ladrillos –Pakistán es el tercer productor mundial– están en su periodo de máxima producción, para evitar el calor extremo del verano. Por último, en esta época se produce en Lahore el efecto de la inversión térmica, un fenómeno que tiene lugar por su proximidad al Himalaya y que hace que la contaminación se quede atrapada en las capas bajas”, explica Pant.

En la región del sur de Asia, el aire sucio es la primera causa de muerte, por delante de la desnutrición, el tabaquismo o la hipertensión, con 2,2 millones de fallecidos al año

En las próximas semanas llegará la primavera a Lahore, conocida históricamente como la ciudad de los jardines. En esta región del sur de Asia, de clima subtropical, preocupa el calor extremo de la primavera y del verano, con el termómetro llegando a marcar 40 grados ya desde abril, antes de la época del monzón. Con el cambio climático, el aumento gradual de las temperaturas puede dar lugar a una mayor contaminación por ozono, el cual se instala en el suelo y desencadena la formación de más partículas finas en el aire. A su vez, diversos estudios revelan cómo las concentraciones excesivas de estas micropartículas contribuyen a alterar la formación de nubes, lo que podría tener un efecto secante, es decir, retrasaría cada vez más la llegada de estación del monzón en las próximas décadas. En definitiva, cuanto más calor, más polución y a mayor polución, menos lluvia. 

El ejemplo de China 

“La sensación es de claustrofobia, llevar más de un mes con esta boina encima, sin ver nada, me produce mucha ansiedad”, describe Mariam. “Está siendo una época del año muy difícil, realmente nos está afectando psicológicamente”. Mariam cuenta cómo las calles están más vacías de lo habitual y la imagen de la ciudad resulta “apocalíptica”. Ella es amiga de Abid Omar, por lo que está más concienciada que el resto acerca de los riesgos de respirar aire contaminado. Es una de las pocas personas que cuenta con dos purificadores de aire en su casa, uno en el dormitorio, de fabricación casera, y otro en el salón. En los días en los que la app de IQAir indica niveles altos, Mariam los enciende. El resto del tiempo, no. Utiliza mascarillas para salir a la calle pero reconoce que la mayor parte de la gente no lo hace. 

Está siendo una época del año muy difícil, realmente nos está afectando psicológicamente

Mariam Shah — Escritora paquistaní, residente en Lahore

Tomar medidas contra la polución es algo que la mayor parte de los paquistaníes no puede pagar. El sueldo medio mensual ronda las 24.000 rupias paquistaníes –unos 80 euros– , pero un purificador de gama media para una habitación no muy grande cuesta entre 200 y 300 dólares, explica Abid Omar. 

Tanto él como la investigadora Pallavi Pant están convencidos de que el problema no se resuelve a nivel particular, sino que hace falta tomarse el reto en serio y “seguir el ejemplo de China”. Pallavi explica que desde 2013, China ha implementado una serie de medidas muy severas para controlar la contaminación atmosférica: “Ha propiciado que las familias usen combustibles más limpios en sus casas, llevando la electricidad a muchas viviendas; ha monitorizado los niveles de polución de manera más exhaustiva y ha pasado del carbón al gas en el sector industrial”. Como consecuencia, en solo cinco años, el gigante asiático ha logrado reducir en un 30% la concentración de partículas finas contaminantes en el aire. “Es un ejemplo de cómo un país puede lograr resultados tan favorables en apenas una década”, concluye Pant.

La Ley de Cambio Climático, aprobada en 2021, establece la obligación de que los municipios de más de 50.000 habitantes cuenten con una Zona de Bajas Emisiones, es decir, un perímetro en el que se restrinja el uso de vehículos contaminantes y se fomente el cambio modal a alternativas más limpias. El plazo para poner en marcha estas áreas venció el 1 de enero de 2023, pero solo 14 de las 149 ciudades llamadas a hacerlo inauguraron estos espacios antes del comienzo de año. La mayoría de las restantes tiene planes, con más o menos detalle y con más o menos intenciones, y diversas fechas para su puesta en marcha.

Hemos analizado los 149 proyectos y hemos comprobado que muchas ciudades preparan zonas de mínimos que apenas modificarán la movilidad contaminante: incluyen espacios que ya eran peatonales, no limitan el acceso de los coches más contaminantes o se niegan a introducir cambios.

Hay casos especialmente llamativos. Sevilla tiene una Zona de Bajas Emisiones ya en vigor; funciona en el barrio de La Cartuja, una zona periférica con menos densidad de tráfico que su centro. La ZBE, de aproximadamente 1,19 kilómetros cuadrados (el 0,84% de la extensión del término municipal) se divide en dos: Cartuja Norte y Cartuja Sur. En la norte se incluye el parque de atracciones Isla Mágica, una zona donde no hay tráfico motorizado. La parte sur se enmarca dentro de un gran espacio verde en el que se ubica el Parque Científico y Tecnológico de la ciudad.

La Zona de Bajas Emisiones de Sevilla fue planteada por la anterior corporación municipal del PSOE, dirigida desde enero de 2022 por Antonio Muñoz. La idea era complementar la ZBE con otro espacio similar en el centro de la ciudad, pero el actual gobierno municipal, del PP, ha declarado en múltiples ocasiones, tanto en campaña electoral como tras su victoria, que no seguirá adelante con estos planes. No han contestado a las preguntas de este medio.

La Línea de la Concepción (Cádiz) también cuenta con una Zona de Bajas Emisiones en vigor bastante peculiar. Al igual que la de Sevilla, su perímetro se divide en dos: un espacio situado en pleno centro histórico que ya es peatonal en su mayor parte, y otro que coincide en su totalidad con el parque Princesa Sofía, como se plasma en la ordenanza que regula la medida. El ayuntamiento ha renombrado el espacio como ‘Zona de Bien Estar’, jugando con el acrónimo de la medida de restricción a los coches con más emisiones: el nombre nace de una campaña de la Red de Ciudades Que Caminan para que las ZBE “sean mucho más que sustituir unos coches por otros”.

Fuentes del ayuntamiento explican a Ballena Blanca que la ZBE en el parque incluye la eliminación de “cerca de 228 estacionamientos” en las dos calles que, en forma de cruz, dividen la zona verde en cuatro, pero que no ha habido cambios de calado en la movilidad del espacio. Sin embargo, aseguran que la peatonalización en marcha en el espacio céntrico, que se inició antes de la Ley de Cambio Climático y que ahora simplemente se ha adaptado a la norma, ha evitado el consumo de 51.000 litros de combustible y ha mejorado la calidad del aire del municipio.

Algeciras, también en la provincia de Cádiz, no ha puesto en marcha aún su ZBE, si bien ya está avanzado, según el plan presentado por el ayuntamiento. La zona acotaría 1,59 kilómetros cuadrados (el 1,85% del municipio) e incluye en la mayor parte de su extensión áreas verdes como el parque María Cristina, otro parque canino y una zona peatonal. No obstante, aunque las restricciones y el trazado de este espacio aún están en discusión, el gobierno municipal pretende incluir un tramo de la avenida Virgen del Carmen, una arteria principal; y solo podrían acceder a ella los coches con la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico (DGT), es decir, eléctricos puros e híbridos, así como los residentes y los vehículos en labores de carga y descarga.

Por último, la ciudad de Cuenca estudia implantar una Zona de Bajas Emisiones de aproximadamente dos kilómetros cuadrados que, aunque de manera menos evidente que el resto de casos, también pretende incluir zonas ya peatonales dentro del perímetro para que poco cambie. En este caso, el espacio se ubica en pleno centro de la ciudad, pero buena parte está ocupado por el Parque de San Julián y la Plaza de España, por donde tienen prohibido transitar los vehículos, según ha explicado el concejal de Movilidad, Adrián Martínez, en rueda de prensa. El perímetro no es definitivo y aún no está claro qué tipo de restricciones afrontarán los coches, motos y camiones que circulen por el resto de la zona.

Molestar lo menos posible al tráfico contaminante

Estos son los casos más visibles, pero el análisis va más allá de estas cuatro urbes y muestra que varios municipios planean un diseño de sus Zonas de Bajas Emisiones que apenas altera la circulación en su interior sin reducir por tanto los niveles de contaminación. La maniobra más común es incluir dentro de la ZBE zonas ya peatonalizadas o barrios que en la actualidad solo permiten el paso a vehículos de residentes, por lo que no se produce ningún cambio real, solo un cambio de nombre.

En Córdoba, la Zona de Bajas Emisiones ya está en funcionamiento, aunque en realidad lleva años vigente y la nueva denominación ha sumado vehículos a la circulación de su casco histórico, en vez de restarlos, pues se ha instalado sobre las zonas llamadas ‘Acire’, en las que solo podían entrar residentes; ahora, también podrán acceder vehículos con etiquetas de la DGT B y C, es decir, con motor de gasolina y posteriores a 2001 y de diésel ensamblados a partir de 2006, como se explica en la Ordenanza de Movilidad publicada por el consistorio.

En Logroño, el ayuntamiento pretende incluir como Zona de Bajas Emisiones un espacio peatonal en el casco histórico cuya transición arrancó en 2021, como explica el propio consistorio. Por su parte, Palencia pretende que los cambios “no afecten al 95% de los palentinos”, como declaró en rueda de prensa el concejal de Urbanismo, Álvaro Bilbao, incluyendo todos los residentes en el municipio; las futuras restricciones, en principio, afectarán solo a los visitantes, como confirma el ayuntamiento. Majadahonda, en Madrid, aprobó una moción en el ayuntamiento para que la Zona de Bajas Emisiones sea “sin restricciones al tráfico”. 

Si Villareal, con su estructura demográfica y estructura urbana, no tiene niveles de contaminación elevados, no necesita esta zona de bajas emisiones

Emilio Obiol — Concejal de Territorio y Movilidad del Ayuntamiento de Villareal

Otros municipios se niegan directamente a implantar la Zona de Bajas Emisiones. Villarreal (Castellón), por ejemplo, aprobó una moción en el pleno del Ayuntamiento para no aplicar la medida. “Si Villareal, con su estructura demográfica y estructura urbana, no tiene niveles de contaminación elevados, no necesita esta zona de bajas emisiones”, aseguró el concejal de Territorio y Movilidad, Emilio Obiol, en un pleno.

Prohibiciones o restricciones de acceso, según la ley

La ley es clara y el decreto que la desarrolla también. El Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones, indica que “las medidas (…) incluirán prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, según su potencial contaminante”. Y añade: “Las prohibiciones o restricciones de acceso afectarán prioritariamente a los vehículos con más potencial contaminante y serán proporcionales a los objetivos de calidad del aire y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero que se hayan dispuesto, lo cual deberá estar suficientemente motivado”.

El propio decreto asegura que “únicamente se podrán establecer excepciones a las restricciones previstas” cuando se garantice que las medidas tomadas mejoran la calidad del aire, mitigan el cambio climático, reducen el ruido y ya hayan puesto en marcha acciones dirigidas a reducir la preponderancia del vehículo contaminante en la vía pública. La única ciudad que se ha acogido a esta excepción, con el beneplácito del Ministerio para la Transición Ecológica es Pontevedra, pues la mayor parte del municipio es peatonal.

Varios alcaldes y alcaldesas han justificado su negativa a implantar Zonas de Bajas Emisiones con los datos de calidad del aire de sus municipios, que muestran que no tienen un problema con la contaminación. Aunque, la ley no establece salvaguardas a los municipios de más de 50.000 habitantes que tengan buenos registros, dado que aunque no se sobrepasen los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o por la Unión Europea, la polución es nociva y aumenta la mortalidad de los ciudadanos aunque sea con bajos niveles.

Por otro lado, la norma también busca mitigar los efectos del cambio climático, un problema global al que el tráfico de estas ciudades contribuye negativamente, aunque los niveles de contaminación sean aceptables. El transporte representa, según el inventario de Transición Ecológica, el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España; de ese porcentaje, el 65,68% corresponde a los viajes por carretera de pasajeros. Las emisiones de coches, motos, camiones y demás vehículos en las ciudades fueron de 28.249 kilotoneladas de CO₂, según los últimos datos disponibles (de 2018), es decir, casi un tercio del total de emisiones del sector del transporte a nivel nacional.

Un 26% de las ciudades que cuentan con ZBE ya en marcha o con planes para implantarlas en los próximos meses han incluido restricciones a vehículos contaminantes. Barcelona y su área metropolitana, Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca o Vigo, han puesto en marcha o proyectan un espacio anticontaminación amplio, pero con prohibiciones dirigidas únicamente a los vehículos más sucios. Es la línea de actuación más común en las grandes ciudades europeas, con París y Londres a la cabeza.

Los próximos meses definirán el destino de las Zonas de Bajas Emisiones en España. El retraso es evidente: solo 14 de las 149 ciudades obligadas a instalarlas lo ha hecho en plazo. El resultado de las demás es incierto, con ayuntamientos que se han tomado en serio el reto y otros que buscan reducir la medida al mínimo legal o, en ocasiones, ni eso. La salud pública queda, una vez más, supeditada al relato.

En cada lavadora que la científica Dominique Claveau puso entre junio y noviembre de 2021, apuntó todo tipo de datos: lavado con agua fría o caliente, programa y duración, tipo de ropa, de detergente, cuántos lavados al día. Después de unas cuatro o cinco lavadoras, hacía una maniobra que también realizaban otros 30 hogares, y que consistía en vaciar y limpiar el filtro de microplásticos que habían instalado para un experimento de ciencia ciudadana.

“Las fibras textiles son la principal fuente de contaminación de ríos y océanos por microplásticos, queríamos saber cuánto de esa polución se puede ahorrar deteniéndola donde se produce, en este caso, en la lavadora”, comenta Claveau por videoconferencia desde Montreal, donde trabaja como directora de proyectos en la Universidad Politécnica.

Las microfibras de la ropa representan el 35% de la contaminación por microplásticos, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Estas partículas, inferiores a 5 mm e invisibles al ojo humano, se desprenden por millones de los tejidos sintéticos con cada lavado; también se sueltan de los neumáticos de los vehículos con el rodamiento, o de los productos cosméticos. En definitiva, están por todas partes, llegando a ríos y océanos, al interior de los peces, y de los humanos. Ya es sabido que estamos comiendo plástico.

Las fibras textiles son la principal fuente de contaminación de ríos y océanos por microplásticos, queríamos saber cuánto de esa polución se puede ahorrar deteniéndola donde se produce, en este caso, en la lavadora

Dominique Claveau — Investigadora de la Universidad Politécnica de Montreal (Canadá)

A la académica Dominique Claveau la idea del experimento le llegó por Catherine Houbart, activista ambiental y directora de la organización conservacionista GRAME. Houbart había descubierto “con gran sorpresa” que el río San Lorenzo, uno de los principales ríos de Norteamérica y frontera natural entre Estados Unidos y Canadá en su primer tramo, es uno de los más contaminados por microplásticos del mundo; de modo que quería abordar el problema junto a la ciudadanía, en casas y con lavados reales, no haciendo girar una lavadora en un laboratorio. Una vez realizado el experimento necesitaría que la universidad analizara los datos.

Hacer visible lo invisible: 12,8 toneladas de plástico retenidas

La organización GRAME compró los filtros a un fabricante canadiense, y buscó voluntarios que, durante seis meses, fueron apuntando, igual que Dominique y que la propia Catherine, todos los detalles sobre sus lavados. Se les pidió que cada cierto tiempo limpiaran los filtros, instalados de forma externa y conectados a las lavadoras, y que aislaran la materia que salía de ellos. “Yo al principio usaba un filtro de café para tirar el agua que sobraba, no se podía desechar tal cual en el lavabo porque esta también contenía microplásticos”, apunta Claveau. Los voluntarios metían lo atrapado por el filtro en pequeñas bolsitas de plástico con cierre hermético, que algunos congelaban y otros secaban. Después, las enviaron por correo postal en dos tandas a la Universidad Politécnica de Montreal.

En el laboratorio, primero secaron y pesaron las muestras. A continuación, limpiaron la materia y dejaron fuera los tejidos naturales como el algodón. “Lo que obtuvimos era el reflejo de cómo está compuesta la ropa, que no siempre coincide con lo que marca la etiqueta”, explica la investigadora de la politécnica. Lo que salió es que el 32% de los tejidos recuperados eran plástico. “Con los datos en la mano, sacamos la calculadora”, como ha explicado Mohammed Abourich, autor del informe tras el experimento.

El estudio concluyó que el filtro atrapa el 87% de los microplásticos que se desprenden en cada lavado, y que un hogar canadiense medio podría desviar de los cursos de agua 16 gramos de materia plástica al año, el equivalente del peso de una botella de plástico de refresco de 500 ml. Extrapolado a la escala de la ciudad de Montreal, esto significa un potencial de 12,8 toneladas de plástico evitadas.

A Catherine Houbart de GRAME lo que más le sorprendió fue, por un lado, la cantidad de microfibras que se generan en un único hogar, “se hizo visible lo que suele ser invisible”, comenta por videoconferencia desde su oficina en Montreal. También, que el filtro debería estar dentro de la lavadora. “Muchos candidatos al final nos dijeron que no podían unirse al proyecto porque no tenían espacio donde colocar el filtro. No es realista que dejemos de consumir fibras sintéticas, lo mejor sería que estos filtros estuvieran integrados en las máquinas, como en Francia”, analiza.

En el país europeo será obligatorio a partir de 2025 la venta de lavadoras con filtros de microplásticos integrados, con el objetivo de reducir esta contaminación masiva. Mientras, queda pendiente qué hacer con los restos que se recogen. En este experimento canadiense se tiraron a la basura. “Es verdad que la materia no desaparece, lo que hacemos es moverla de sitio, pero creo que es mejor que soltarlos a lo bruto en el medio ambiente”, concluye la investigadora de la Universidad Politécnica de Montreal. 

En la pedanía de El Palmar (Cádiz), los vecinos no reciben agua potable en sus casas, tampoco hay alcantarillado ni farolas en las calles. Sin embargo, cada verano, los más de 20.000 turistas que acuden a su paradisiaca playa de cuatro kilómetros tienen duchas de las que sale agua dulce para quitarse la sal del baño en el mar.

Pero este año las cosas son diferentes, con los embalses en la provincia de Cádiz a menos del 30% de su capacidad. “Hace siete meses que no llueve, quitar las duchas de las playas era un clamor popular”, exclama Manuel Martín, pediatra jubilado y vocal de la asociación de vecinos Santo Domingo de la Calzada, que lleva 30 años reclamando agua potable y servicios básicos en este núcleo costero de Vejer de la Frontera.

A finales de junio, el nuevo gobierno del PSOE les ha hecho caso tras 12 años de mayoría absoluta del Partido Popular. El consistorio anunció a finales del mes pasado que quitaría el servicio de duchas en las playas este verano ante “los cientos de peticiones ciudadanas y por sentido de la responsabilidad”.

Resulta complicado conocer el ahorro real de agua con este tipo de medida, sobre todo en un enclave donde no hay suministro municipal. “En algunos casos se trata de una medida simbólica, pero haz un cálculo rápido, cada cinco minutos de ducha son 100 litros que se pierden, en un lugar donde la gente vive a base de pozos de un solo acuífero, lo importante es el mensaje”, ilustra Lola Yllescas, de Ecologistas en Acción de Vejer, Conil y Barbate.

Desde esta organización conservacionista se han estado reuniendo con varios ayuntamientos de Andalucía para pedir la clausura de lo que Yllescas considera “instalaciones que responden a una necesidad creada recientemente, inventada hace pocos años”. Este verano, ante la situación de sequía severa, “es chocante verlas abiertas” y observar cómo “niños y adultos no hacen el mejor uso de ellas”.

Las duchas de playa son instalaciones que responden a una necesidad creada recientemente, inventada hace pocos años

Lola Yllescas — Ecologistas en Acción de Vejer, Conil y Barbate

Cada vez son más los consistorios que están dando el paso de dejarlas sin servicio. Además de Vejer, los ayuntamientos de Chipiona y San Roque tampoco las tendrán abiertas. Torremolinos clausurará la mitad y varios municipios malagueños, al 100%.

En el caso de San Roque, desde el Ayuntamiento no pueden precisar cuánta agua se preservará por cerrar las 38 duchas repartidas en 12 kilómetros de playa, pues esta se incluye en los contadores del agua gestionada para los jardines públicos. “Pero a ver, no habrá agua, el ahorro es evidente”, matizan desde este consistorio.

En Rota, la asociación La Plazoleta, de la organización Ecologistas en Acción, lanzó en mayo una campaña de recogida de firmas para pedir al Ayuntamiento el cierre de todas las duchas y lavapiés de la playa.

“Este colectivo está completamente aburrido de enviar escritos al Ayuntamiento instando a las necesarias y urgentes medidas de control en el gasto de agua y contra su derroche. Por responsabilidad, por conciencia, por respeto, por solidaridad, hemos decidido iniciar esta campaña para conseguir que estos dispositivos no estén operativos”, explicaba entonces la organización en una nota. Recogieron más de 500 firmas en tres días. A finales de junio, el gobierno municipal anunció el cierre del servicio para este verano.

El Área Metropolitana de Barcelona calcula un ahorro aproximado de 20.000 metros cúbicos de agua al mes por el cierre de las duchas de playa

En Catalunya, el Área Metropolitana de Barcelona anunció en el arranque de la temporada de verano, a principios de junio, el cierre de todas las duchas de la región excepto en la ciudad de Barcelona, donde permanecerá abierta una por playa. Y calculaba un ahorro aproximado de 20.000 metros cúbicos de agua al mes, de forma que entre junio y septiembre el gobierno regional prevé ahorrar 80.000 metros cúbicos de agua.

Ferran Campillo (Barcelona, 36 años) practica una especialidad dentro de la medicina aún muy poco común en el país. Es pediatra ambiental y está al frente de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica de La Garrotxa, en Catalunya. En este espacio se analizan los factores de riesgo ambientales que pueden afectar a la salud de la infancia, como la contaminación atmosférica, que causa más de 10% de las muertes prematuras en personas adultas cada año en España y que según la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), sigue siendo el mayor riesgo medioambiental para la salud en Europa.

Hablamos con él a propósito de la petición de la Comunidad de Madrid y de Catalunya de ser excepciones en el cumplimiento de la futura directiva europea contra la polución.

¿Qué es la pediatría ambiental?

Se trata de una subespecialidad pediátrica que se dedica al manejo y a la detección de factores de riesgos ambientales relacionados con la salud de niños y adolescentes. Es una definición corta que abarca un montón de cosas: el sitio donde viven los niños, el cambio climático, la contaminación atmosférica, las condiciones de la escuela; hay muchos factores que de alguna manera pueden afectar al desarrollo y a la salud de la infancia y la adolescencia.

La Comunidad de Madrid y Cataluña forman parte de un grupo de regiones de la Unión Europea que han pedido excepciones en el cumplimiento de la futura directiva contra la polución. ¿Cuáles son los peligros de este paso, especialmente para los niños?

Cualquier región que lo que pide quiere, en vez de intentar llegar a los objetivos que marca la OMS en materia de calidad de aire, tener límites más laxos para favorecer a algún tipo de industria. Es una pésima noticia para la salud de las personas. Estar expuestos a un aire de mala calidad afecta a la salud de niños y adolescentes, incluso en la etapa prenatal, en muchas áreas. Esto conlleva un aumento de enfermedades respiratorias como asma y bronquitis de repetición; ahora mismo, en ciudades como Barcelona, algunos estudios apuntan a que una tercera parte o incluso la mitad de los casos de asma se debe a una mala calidad del aire. El asma no solo afecta a la calidad de vida de ese niño y de esa familia, sino que es un motivo muy frecuente de consulta en pediatría, con lo que todo eso conlleva de gasto sanitario.

La contaminación también tiene consecuencias en el neurodesarrollo. Cada vez sabemos más que los niños que acuden a escuelas donde hay más tráfico motorizado tienen peor rendimiento académico que aquellos que van a escuelas con mejor calidad del aire. Eso es un problema de equidad, los que puedan gozar de mejor calidad del aire tendrán más oportunidades.

¿Qué papel tiene el entorno en la salud de una persona? ¿Es tan importante como la genética o los hábitos?

Se suele decir que, de lo que determina el estado de salud, un 20% depende del sistema sanitario y el 80% está fuera del ámbito sanitario. Aquí entran la genética, los hábitos, la actividad física, el consumo de alcohol, el tabaco, pero también el lugar donde vivimos. Muchas veces decimos que es más importante el código postal que el código genético, porque a veces, con una misma genética, estando en un sitio con peor calidad del aire podemos tener más enfermedades cardiovasculares, infartos, ictus o enfermedades pulmonares crónicas en adultos.

Sin embargo, las políticas sanitarias están muy centradas en la práctica médica, cuando ya estamos enfermos. De hecho, en el presupuesto de sanidad de las comunidades autónomas todo lo que sería salud pública y medicina preventiva creo recordar que en ningún caso supera el 3% del presupuesto.

Para todo lo demás tenemos muy pocos recursos y eso que muchas de las acciones que tienen que ver con la salud están fuera del ámbito sanitario, no dependen de lo que médicos y enfermeros prescriban, sino que están en manos de concejales y alcaldes. Un alcalde puede decidir que por las escuelas de su municipio no pase el tráfico motorizado, o que en un barrio haya muchos más árboles y zonas verdes con todo lo que eso implica para la salud, desde disminuir el efecto isla de calor hasta mejorar la salud mental. Muchos alcaldes y concejales todavía no se dan cuenta de la importancia que podría tener para sus conciudadanos hacer este tipo de políticas.

Un alcalde puede decidir que por las escuelas de su municipio no pase el tráfico motorizado, o que en un barrio haya muchos más árboles y zonas verdes con todo lo que eso implica para la salud

Ferran Campillo — Pediatra ambiental

¿Podría compartir un ejemplo de problemas de salud asociados a la contaminación del aire que ve en su consulta?

Recientemente tuvimos a un niño con un problema de asma. Ya había ido a su pediatra, y el pediatra lo había mandado al especialista. Un niño que cada vez necesitaba más medicación. En la consulta pudimos detectar una serie de factores ambientales que afectaban al desarrollo de la enfermedad. Uno de ellos, muy importante, es la pobreza. Los niños con menos recursos suelen vivir en casas de menor calidad, con problemas de humedad, moho, y quizá también estén expuestos al humo del tabaco y a otras drogas, y todo eso está empeorando la salud de este niño. Después de la intervención que hicimos para el hogar, con el propietario, el ayuntamiento y los servicios sociales, mejoraron sus síntomas. Es un ejemplo de como cuando nos fijamos en el entorno podemos modular muchos de los factores que afectan a las enfermedades.

¿Hay alguna forma de detectar esos riesgos ambientales en la salud?

Hace siete años empezamos a utilizar una herramienta desarrollada por la OMS que se llama hoja verde, adaptada por el doctor Ortega [pionero de la pediatría ambiental en España y responsable de esta unidad en Murcia] para detectar riesgos ambientales. Nosotros la utilizamos durante el embarazo, pues todo lo que suceda en esta etapa puede marcar la salud de esa personita.

En nuestro hospital, igual que se hace una analítica y una ecografía en el primer trimestre, se hace también una hoja verde. Esto nos permite identificar riesgos y proponer intervenciones para reducirlos. Son tareas que a corto plazo no vemos, se tarda diez años hasta ver cómo estamos a nivel de asma u otras enfermedades que puedan estar influenciadas por esos factores ambientales.

¿Cómo afecta el cambio climático a los niños?

Justamente he estado hablando con los responsables de un municipio de mi comarca donde ha habido una inundación recientemente. Aquí en Catalunya estamos en situación de sequía, y una de las cosas que dicen los expertos en cambio climático es que se incrementarán los eventos climáticos extremos, es decir, sequías combinadas con lluvias torrenciales. Siempre ha habido inundaciones, pero serán cada vez más frecuentes y más intensas.

También están los problemas relacionados con el calor. A veces con golpes de calor los niños pueden desmayarse, marearse, tener fiebre. En los últimos diez años se han incrementado de manera casi exponencial las consultas médicas por estos motivos. No son patologías nuevas, pero podemos ver que van a aumentar en frecuencia o en intensidad.

Luego, hay otras enfermedades que son nuevas en nuestra zona. Empezamos a ver cambios de la distribución de lo que llamamos vectores: insectos como algunos mosquitos y garrapatas pueden cambiar su distribución geográfica habitual. Empezarnos a encontrar enfermedades que no eran prevalentes en nuestra zona, como la fiebre del Nilo occidental o el dengue. No nos tiene que extrañar que en los próximos años empecemos a tener en nuestro territorio enfermedades que sonaban a algo tropical.

Los niños, según la OMS, van a ser los más afectados por el cambio climático, ya que por sus condiciones fisiológicas son los más vulnerables a estos impactos. El 88% de la carga de enfermedades y muertes relacionadas con el cambio climático va a recaer sobre los menores de cinco años, que son el 12% de la población mundial. Deberíamos estar muy preocupados por el cambio climático.

El 88% de la carga de enfermedades y muertes relacionadas con el cambio climático va a recaer sobre los menores de cinco años

Ferran Campillo — Pediatra ambiental

¿Cuáles son los beneficios de que los niños estén en contacto con la naturaleza? ¿Qué cantidad es suficiente, según su criterio?

Cada vez hay más estudios que empiezan a describir esto. A partir de dos horas a la semana en contacto con la naturaleza ya empezamos a notar efectos importantes para la salud. La recomendación es cuanto más tiempo mejor, y el entorno, cuanto menos influido por la mano del ser humano, mejor. Hay una recomendación que me gusta mucho de los compañeros de aquí de Canal Salut de la Generalitat que dice: si podemos, todos los días hay que pasar un ratito en un parque urbano, algún día a la semana visitar un espacio natural cercano al domicilio y una vez al mes pasar un día o fin de semana en un parque natural. Aunque no es una recomendación estricta, sí que nos que da una idea de la frecuencia con la que deberíamos estar en la naturaleza. 

Es también muy importante que renaturalicemos las ciudades, reverdecer las zonas urbanas. Tenemos muchas calles sin un árbol, sin arbustos, sin nada que nos recuerde al sitio de donde venimos evolutivamente, que son los bosques y que es esencial por el cambio climático. 

¿Cuáles son las diferencias en términos de salud entre un niño que está en contacto con la naturaleza y otro que no?

De manera global, los niños que están menos en la naturaleza pasan ese tiempo haciendo otra cosa, a menudo expuestos a las pantallas. Según la última encuesta de salud que hace periódicamente la Generalitat de Catalunya, más de la mitad de los niños pasa dos horas o más al día delante de algún dispositivo electrónico. Aparte de los riesgos del acceso a Internet y a las redes en general, lo que dejan de hacer en ese tiempo es actividad física al aire libre, que mejora los niveles de vitamina D y la sociabilización.

Esto quizá se deba en parte al sentimiento de inseguridad en las calles, nos lo dicen muchas familias; pasan coches a una velocidad impresionante, huele a humo, hay pocos espacios en los que los niños se sientan seguros o con acceso a esas zonas verdes.

El problema que tenemos es que los niños no votan. No pueden decidir el entorno en el que viven, si sus papás van a fumar dentro del hogar o si la formación más votada del lugar donde viven no prioriza el desarrollo de la infraestructura ciclista o de más zonas verdes. Por eso es muy importante que como pediatras y sociedad en general defendamos esos derechos de la infancia. 

En un estudio del que es coautor explica que los niños, de manera especial durante los primeros diez años de vida, inhalan más sustancias tóxicas por kilogramo de peso que un adulto. Si a ello unimos la menor capacidad para neutralizar y eliminar los contaminantes externos, sus efectos adversos van a ser más intensos y persistentes. ¿Cómo pueden proteger los padres a los niños?  

A mí me gusta priorizar, vivimos en un mundo en el que es difícil aislarse y estar libre de tóxicos y riesgos, pero tenemos que crear un entorno lo más seguro posible dentro de nuestro alcance. Fumar o no fumar depende de nosotros, así como ir a la escuela a pie o en bicicleta en lugar de en coche o en moto, porque sabemos que la distancia media entre domicilio y escuela es de un kilómetro, que es una distancia fácil para hacer andando, o con qué frecuencia realizamos actividades de ocio en el medio natural.  

Hay otros factores que se podrían solucionar con el voto. Yo me pongo muy contento cuando hay algún alcalde que se dedica a buscar el bienestar de la infancia. Cuando nos ponemos a la altura de los niños, respirando literalmente ese aire más concentrado en tóxicos que está a un metro de altura, nos damos cuenta de que si mejoramos el entorno para los niños, también lo estamos mejorando para toda la comunidad.  

Cuando nos ponemos a la altura de los niños, respirando literalmente ese aire más concentrado en tóxicos que está a un metro de altura, nos damos cuenta de que si mejoramos el entorno para los niños, también lo estamos mejorando para toda la comunidad

Ferran Campillo — Pediatra ambiental

Los disruptores endocrinos son otro de los problemas que preocupa a la comunidad científica, especialmente cuando afectan a los niños. ¿Cómo se enfoca este asunto desde el campo de la pediatría ambiental?

Nos concierne, son muchas de las exposiciones que mencioné anteriormente, especialmente lo que tiene que ver con la exposición a plásticos y pesticidas, ya sea a través de la dieta, o los pesticidas en el hogar como los antimosquitos, y otros muchos componentes de la ropa. Lo que nosotros hacemos son recomendaciones individuales, como no almacenar la comida en envases de plástico, usar siempre envases de vidrio, o el tipo de alimentación, que también influye. Y una cosa que nos preocupa mucho es que vemos cómo la pubertad en las niñas empieza cada vez antes, y estoy convencido de que tener en cuenta todos estos factores podrá mejorar el pronóstico. 

Verano de 2022. Voy a la playa un caluroso día de julio con mi hijo de tan solo meses. Está jugando y como es propio de esa edad, incluso ingiriendo un poco de arena de vez en cuando. Al fijarme bien, veo que hay algo más: pequeñas bolitas de plástico de un color tierra difíciles de distinguir a simple vista. 

Son pellets, pequeños microplásticos del tamaño de una lenteja –inferior a cinco milímetros– que se fabrican principalmente con polietileno, polipropileno, poliestireno, cloruro de polivinilo y otros plásticos o resinas sintéticas y se utilizan en la fabricación de todo tipo de productos de plástico. Es la materia prima para vasos y cubiertos de plástico de un solo uso, bolsas y envoltorios, piezas de coches, ratones y teclados de ordenador, el árbol de Navidad artificial y una interminable lista de artículos, algunos con una larga vida y otros de un solo uso. 

Esto lo sé porque en diciembre de 2019 participé en el proyecto Exxpedition, una expedición internacional de mujeres científicas para investigar sobre la presencia de microplásticos en el mar. Navegamos de Aruba a Panamá recogiendo muestras de la superficie marina y, en todas ellas, encontramos estos pequeños pellets. Durante la travesía, que duró diez días, tomábamos muestras en mar abierto con tres coladores diferentes para determinar el tamaño de los microplásticos y clasificarlos.

Invisibles a simple vista, flotan en el mar, incluso en los lugares más remotos. Según la organización The Great Nurdle Hunt, se estima que alrededor de 230.000 millones de kilos de pellets de plástico llegan a nuestros mares y océanos cada año. Pero, ¿cómo llegan estos pellets al mar? Desde las fábricas de las empresas petroquímicas, o cuando se caen de los barcos que los transportan.

Cuando en mayo de 2021 el buque mercante X-Press Pearl se incendió en el Océano Índico frente a la costa de Sri Lanka, se vertieron 87 contenedores llenos de estos pellets, lo que equivale a aproximadamente 1.680 toneladas de estas pequeñas lentejas de plástico. La ONU dijo que fue “el peor desastre marítimo” en la historia de ese país y busca la forma de regular esta fuente masiva de contaminación, pues dice que las promesas voluntarias de las empresas no son suficientes.

Los pellets se filtran en cada fase de la cadena del plástico, desde el proceso de producción al almacenaje, limpieza, carga o descarga, transporte e incluso en su transformación y reciclaje. Cuando los vertidos ocurren en tierra durante estos procesos, muchas veces estos pequeños plásticos se filtran en los sistemas de alcantarillado y de esta manera acaban acumulándose en el mar.

120 millones en una sola playa

En Tarragona se encuentra el complejo petroquímico más grande del sur de Europa, donde cada año se producen alrededor de 20 millones de toneladas de productos químicos, de los cuales dos millones de toneladas son pellets de preproducción, según un estudio publicado por Good Karma Projects. Esta cifra representa entre el 50% y el 60% de todos los plásticos fabricados en el país. No es de extrañar que las playas de La Pineda y Els Prats, próximas a este complejo petroquímico, tengan una gran acumulación de microplásticos. En marzo de 2019, Greenpeace estimó que en la Playa de La Pineda se acumulaban 120 millones de pellets: llegan por mar, tras ser arrastrados desde tierra por las lluvias.

Ese mismo año, de regreso de la expedición, me llevé un colador al Cabo de Gata. Se me ocurrió que, si filtraba la arena de la playa, encontraría estas bolas. En todas las playas a las que fui, algunas de ellas dentro del parque natural, encontraba esos pellets, teñidos de un color amarillento por el sol que los disimulaba con la arena.

En Barcelona, donde vivo, hice lo mismo. Quería comprobar si en las playas urbanas, que se limpian a menudo, también se encuentran estos residuos. Fui a la de Bogatell y al colar la arena me encontré una imagen parecida: montones de pellets de plástico camuflados entre la arena.

En el mar, los pellets también pueden hundirse y permanecer en el fondo marino o viajar miles de kilómetros flotando sobre la superficie. Expuestos a los rayos del sol, el aire, el viento y las olas, estos microplásticos se van degradando, perdiendo su color y fragmentándose en piezas todavía más pequeñas. A medida que esto ocurre, el riesgo de que los animales marinos los confundan con comida aumenta. Cuando los microplásticos  son del tamaño de un grano de arena, estas partículas pueden ser ingeridas incluso por plancton y al ser tan minúsculas, pasan directamente a su tejido. 

Según The Great Nurdle Hunt, más de 220 especies marinas consumen plástico. La ingesta de plásticos significa que ingieren los aditivos químicos que estos contienen y que muchas veces son tóxicos. Algunos de estos aditivos incluyen ftalatos, bisfenol A (BPA) o organoestaños, que son nocivos para el medio ambiente. Además, los pellets actúan como esponjas tóxicas, atrayendo químicos tóxicos que son repelentes al agua a su superficie y así, los transportan y acogen.

Estos tóxicos contaminantes se concentran mucho más sobre la superficie de los pellets que sobre el mar y, al ser ingeridos los pellets por animales marinos, estos tóxicos se desprenden del plástico y pasan al sistema del animal. Esto significa que cuando los seres humanos comen animales marinos que previamente han ingerido pellets, estos tóxicos se transfieren a través de la cadena alimenticia.

Además de actuar como esponjas tóxicas, los pellets también acogen otras bacterias como el E coli e incluso el bacilo que transmite el cólera. Según un estudio de la Universidad de Stirling, los pellets transportan estos patógenos desde aguas residuales y agrícolas, llevándolos hasta zonas de baño, las playas o los fondos marinos donde crece el marisco. Lo más preocupante es que este fenómeno va en aumento. Así, cuando estamos en la playa jugando inocentemente, podríamos estar entrando en contacto con peligrosos patógenos que han habitado estos pellets que se camuflan con la arena. 

Cada vez que voy a la playa con mi hijo, me preocupan estas bolas, que sean tóxicas para su salud y para el entorno en el que se encuentran.