Podemos ha presentado en la Comisión Europea una pregunta en la que cuestiona la legalidad de los permisos concedidos por Marruecos a la petrolera italiana ENI al entender que se trata de aguas saharauis.

Al igual que en el Congreso de los Diputados, donde Unidos Podemos logró el apoyo de la mayoría en la que se insta al Estado a que exprese su rechazo a las prospecciones, la formación morada defiende que los sondeos cerca de las costas del Archipiélago son un potencial problema para el medioambiente y pueden tener graves consecuencias para el turismo de las Islas.

Según plantea la eurodiputada Estefanía Torres, “la decisión de la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas (ONHYM) marroquí puede ser objeto de acciones judiciales internacionales porque la zona donde se están realizando las prospecciones corresponde al norte del Sáhara Occidental”.

La pregunta presentada plantea si, teniendo en cuenta una sentencia del Tribunal de Justicia del 21 de diciembre de 2016 en referencia a las relaciones entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, “se ajusta a derecho que una empresa italiana pueda explotar recursos en aguas saharauis”, y si está considerando la Comisión Europea las consecuencias medioambientales que pueden afectar a las costas canarias durante el ejercicio de dichas prospecciones.

“Ya conocemos de sobra cuáles son las catastróficas consecuencias medioambientales de este tipo de operaciones en el mar y que suponen poner en riesgo los recursos naturales y la economía de la zona. Necesitamos información transparente acerca de la concesión empresarial y del proceso de prospección, especialmente para la población canaria, porque estas actividades pueden ser objeto de acciones judiciales ya que la zona afectada por estas actividades corresponde al norte del Sáhara Occidental”, sentencia la eurodiputada.

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha afirmado este miércoles que el Gobierno de Marruecos ha actuado en el ámbito de su soberanía al autorizar prospecciones petrolíferas a la empresa italiana ENI en la costa entre Sidi Ifni y Tan-Tan: “Tiene derecho a gestionar su territorio y sus recursos en la forma que considere oportuno y no cabe objeción posible”.

Es más, ha afirmado que “el desarrollo y la prosperidad de Marruecos son objetivos legítimos que España debe respetar y alentar” en beneficio de los ciudadanos y de la región.

Dastis se ha expresado así en el Pleno del Congreso, en respuesta a una interpelación de la diputada canaria de Podemos Meri Pita, que le ha emplazado a expresar un “enérgico rechazo” y a utilizar la vía diplomática para “evitar que una multinacional golpee” el valioso patrimonio natural de una zona que es un santuario de cetáceos.

La diputada también ha señalado que la zona afectada, que llega hasta la ciudad de Tan-Tan, forma parte de la “zona usurpada” al pueblo saharaui -Tan-Tan está justo al norte del Sáhara Occidental- y que la decisión marroquí viola el acuerdo provisional de 2005 delimitación de aguas entre España y Marruecos. Las alusiones al Sáhara han provocado una y otra vez aplausos de los diputados del grupo morado.

El ministro no ha respondido a la acusación relacionada con el Sáhara -ni para confirmar ni para desmentir la tesis de la diputada- y ha negado la otra. Según ha dicho, España y Marruecos no han delimitado sus aguas pero actúan conforme al criterio de la equidistancia y ha precisado que “aplicando ese criterio es indudable que esas aguas están dentro de la jurisdicción marroquí”.

Con todo, ha reconocido que las actuaciones de los Estados deben respetar el Derecho Internacional, que obliga a respetar el medioambiente y prevé “garantías y responsabilidades si hay consecuencias negativas para terceros Estados”. En ese punto, ha asegurado que el Gobierno español “estará siempre vigilante en la protección de su medio ambiente”.

De hecho, ha desvelado que ha hablado de este asunto con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, en dos ocasiones, el 21 de enero en Argel, donde ambos coincidieron en una reunión del foro 5+5, y posteriormente por teléfono el 29 de enero. Su interlocutor le trasladó que Marruecos quiere “seguir dialogando sobre esto con espíritu de respeto y confianza mutua”.

De la misma forma, ha señalado que la Embajada española en Marruecos está haciendo un “estrecho seguimiento” del asunto, en contacto con las autoridades locales, y que el Gobierno está dispuesto a informar con transparencia a las autoridades canarias, tal como hizo recientemente en una reunión con el presidente autonómico, Fernando Clavijo (CC).

Por otro lado, ha puntualizado que la decisión de la Oficina Nacional de Hidrocarburos de Marruecos es un acuerdo que es condición previa para que la petrolera obtenga permiso de exploración, para lo que hace falta un real decreto de los Ministerios de Energía y de Finanzas.

Así, cree que se trata de “la primera fase de un largo proceso” que no tiene por qué finalizar con perforaciones petrolíferas, porque las prospecciones pueden hacerse con técnicas no “agresivas” -magentométricas, gravimétricas o estratográficas, ha dicho-.

También porque hacer prospecciones no quiere decir necesariamente que al final se vaya a explotar, cosa que dependerá de factores técnicos y también económicos, como sucedió en el pasado, en alusión a lo sucedido en 2015, cuando Repsol renunció a extraer petróleo o gas de aguas canarias por la escasa calidad y cantidad del yacimiento.

Sin embargo, Pita ha descrito aquel episodio como un desistimiento de “saquear” los recursos canarios ante la “determinación” de la ciudadanía y ha advertido al ministro de que “no hay prospecciones seguras” porque no se puede “perforar el lecho marino sin dañarlo”. La diputada ha tildado de “presidente mediocre” y “villano del clima”, en palabras de Greenpeace, al presidente canario.

Además, ha aprovechado para reivindicar que Canarias tenga control de sus aguas archipielágicas y ha acusado al Gobierno central de tratar a la comunidad como “subalterna” y como “territorio de ultramar” más bien olvidado.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido este martes al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, que España exija a Marruecos “todas las garantías de seguridad que sean posibles” si finalmente realiza prospecciones petrolíferas en aguas del entorno de las Islas y que se cuente con el Archipiélago si los dos países deciden reunirse para hablar de este asunto.

Fernando Clavijo se ha reunido esta tarde con el ministro de Asuntos Exteriores para dialogar sobre las prospecciones petrolíferas de Marruecos y expresarle su preocupación por la situación de Venezuela, donde reside una notable comunidad canaria.

Al término de la reunión, el presidente canario ha abogado por fortalecer un debate conjunto entre España y Marruecos, con la participación de Canarias, en favor de las energías renovables.

En este sentido, ha apostado por seguir colaborando con Marruecos para que dé cada vez más peso a las renovables en su país, en lugar de los combustibles fósiles, en vista que ya se puede ver que el país vecino “ha empezado a trabajar por ese camino”.

Clavijo ha recordado que, sin ir más lejos, la isla de Gran Canaria consiguió este lunes abastecer el 36% de su demanda eléctrica con energías renovables, cifra nunca antes alcanzada.

Sin embargo, el presidente de la comunidad autónoma también ha comunicado al ministro su intención de elaborar, tal y como anunció a principios de año, un estudio jurídico para presentar ante la Unión Europea sobre las prospecciones autorizadas por Marruecos a la empresa italiana ENI en aguas próximas a las Islas.

Ante esta situación, Clavijo ha comentado que el ministro le ha transmitido “tranquilidad”, tras confirmarle que ya se han puesto en contacto con su homólogo marroquí, quien les ha asegurado que “las prospecciones están siendo en aguas de Marruecos” y que habrá transparencia en la realización, la profundidad y otros aspectos.

“La voluntad del Gobierno de Canarias es que si se produjese una reunión (entre los dos países), hubiese en ella un representante de nuestro Ejecutivo, dada las relaciones de cercanía y vecindad con el Reino de Marruecos. Y así lo hemos solicitado”, ha añadido Clavijo.

Otro tema fundamental en la agenda que han mantenido ambos políticos ha sido la reciente crisis diplomática entre España y Venezuela, tras haber declarado del Gobierno de Nicolás Maduro “persona no grata” al embajador español en el país caribeño.

Fernando Clavijo ha mostrado su preocupación por los cerca de 60.000 canarios en Venezuela y la “dificultad” para hacerles llegar las ayudas que distintas asociaciones ofrecen a la colonia canaria ante la situación económica del país.

“Próximamente el viceconsejero de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias, Luis Guillermo Padilla, tendrá una reunión con la Dirección General de Consulares para ver cómo se puede seguir ayudando a esta comunidad en una situación compleja”, ha ampliado.

En cuanto al Brexit y su posible impacto económico en el Archipiélago, el presidente canario ha solicitado al Ministerio de Exteriores una reunión con el jefe negociador de la Unión Europea, Michel Barnier.

Con este movimiento buscan obtener una visión general de las negociaciones desde el punto de vista de la exportación y el turismo, puesto que Canarias recibe 5,8 millones de turistas británicos.

Durante el encuentro, Clavijo y Dastis también han hecho referencia a la presidencia canaria de la Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea (RUP), que se inicia este miércoles día 31 de enero.

El presidente autonómico ha pedido al ministro que tanto él como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, puedan estar presentes en algunos de los actos programados para este período de tiempo.

Por último, para finalizar una reunión que ha calificado como “intensa”, han tratado los detalles del Plan África, un proyecto destinado a mejorar las relaciones comerciales entre España y el continente africano.

“En las próximas semanas será cuando salga a exposición pública y le hemos transmitido la impresión de que queremos que Canarias sea una plataforma para todas aquellas empresas que desean operar en África”, ha matizado.

El 19 de abril de este año, el Gobierno de Canarias celebrará un Foro sobre el África Occidental, en el que espera recibir la visita del ministro Dastis. 

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha afirmado este martes que Marruecos ha dado garantías a España de que las prospecciones petrolíferas “se van a llevar a cabo dentro de sus aguas territoriales”. Dastis ha recabado información que le trasladará este martes al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en un encuentro ante la preocupación por la exploración frente a las costas canarias.

Dastis ha destacado que Exteriores está en contacto “permanente” con Rabat para que no haya “malentendidos ni sorpresas”. Por ello, ha defendido que en el marco de las “positivas” relaciones con Marruecos se tenga en cuenta las “regiones afectadas” por esta situación, como el Archipiélago canario.

“Es como abordamos la estrecha relación de vecindad”, ha señalado el ministro en declaraciones a los periodistas tras una reunión con su homólogo de Emiratos Árabes Unidos, Abdalá bin Zayed al Nahyan.

Clavijo solicitó una reunión urgente con Dastis para recabar información sobre la exploración autorizada por Rabat a la italiana ENI en la zona de la cuenca de Tarfaya frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. Al encuentro con Exteriores acuden el consejero de Economía, Pedro Ortega, y el de Acción Exterior, Luis Padilla.

Preguntado por la normativa marroquí que permitiría la expansión de su plataforma continental frente al Sáhara Occidental, anunciada el pasado verano, Dastis ha reiterado que su manera de abordarlo es la misma, tratarlo con las autoridades marroquíes.

Según ha dicho, las cuestiones que puedan tener “impacto” en la relación hispano-marroquí, “independientemente de la legalidad de la situación”, se abordan “con espíritu de buena vecindad” para paliar posibles efectos negativos y evitar “sorpresas” en una relación que supone “beneficio mutuo”.

El acuerdo suscrito entre la compañía energética italiana ENI y el Reino de Marruecos para buscar hidrocarburos en el área denominada Tarfaya off-shore, a apenas 50 kilómetros de la mediana que separa las aguas marroquíes de las españolas, está en una fase muy inicial, según reconocen desde la petrolera.

Así por tanto, fuentes cercanas a ENI tildan el comunicado emitido el pasado mes de diciembre como la notificación de un simple acuerdo que todavía no se ha transformado en permisos. De hecho, la petrolera está a la espera de que el reino vecino le dé luz verde para poder comenzar a estudiar si merece la pena arriesgar en la búsqueda de hidrocarburos en esta parte de la costa africana. En ENI consideran que este área puede ser interesante para su futuro ya que creen que no ha sido explorada del todo. En esta zona, bajo los permisos I-XII, esperan hallar hidrocarburos líquidos, es decir, petróleo.

En esta región, a la que ahora ENI podría lanzarse en un futuro no muy lejano a la búsqueda de bolsas con oro líquido, entre el 30 de junio y el 31 de julio de 2014 se efectuó la prospección de un pozo petrolífero, denominado TAO-1. En aquel momento se perforó bajo una lámina de agua de 105 metros y se alcanzó una profundidad final de 3.518 metros. Las compañías que tenían hace tres años y medio esta concesión del área eran la portuguesa Galp y la australiana Tangiers Petroleum. La versión oficial que se ofreció entonces para descartar la explotación fue que el pozo perforado “no contenía petróleo recuperable”. Precisamente, cuatro meses más tarde después de que las dos compañías probaran en esta área, Repsol lo intentó al este de Fuerteventura y Lanzarote bajo una lámina de agua de 882 metros y alcanzó hasta los 2.211 metros de subsuelo marino, haciendo un total de 3.093 metros de profundidad. El resultado fue similar al de Galp y Tangiers Petroleum ya que se confirmó la existencia de gas, pero ni en cantidad ni de calidad suficientes para hacer atractiva la explotación comercial por parte de la multinacional de origen español.

Las prospecciones realizadas en 2014 tanto en la parte marroquí como en la parte española tuvieron profundidades que superaron los 3.000 metros, mientras que ENI señaló en su comunicado de prensa que su actividad exploratoria se llevará a cabo a un millar de metros. Este dato, según apunta El Guincho-Ecologistas en Acción, evidencia que las posibles catas se efectuarían en las aguas más próximas a las Islas, en torno a la mediana entre Marruecos y Canarias, ya que cerca del litoral marroquí existe una amplia plataforma continental en la que la profundidad es escasa.

Entonces, teniendo en cuenta que ni Repsol, ni Galp, ni Tangiers Petroleum han tenido éxito en esta parte del Atlántico, ¿por qué a ENI le interesa probar? En primer lugar, porque como se señalaba en la nota de prensa emitida por la compañía, Marruecos había realizado análisis batimétricos y sísmicos “de muy alta resolución y con equipamiento técnico adquirido en 2015”, pero, sobre todo, porque entienden que el hecho de que otros sondeos hayan resultado fallidos no implica en este mundo de las prospecciones nada. Así, tiene el precedente del yacimiento de Zohr, en Egipto, donde en agosto de 2015 encontró el mayor yacimiento de gas natural del mar Mediterráneo, con reservas estimadas de 850.000 millones de metros cúbicos de ese combustible, a pesar de ser un sitio en el que las catas realizadas con anterioridad nunca dieron buenos resultados, como explica en su página web. A finales de 2017 la empresa energética italiana comenzó a explotar este yacimiento de gas.

De todos modos, las fuentes aclaran que en caso de que, una vez tengan los permisos, no vean muy conveniente la búsqueda de hidrocarburos, dejarán de lado el proyecto, aunque recalcan que todavía es muy pronto para sacar conclusiones ya que por el momento simplemente tienen acuerdos y datos en papel, no sobre el terreno, y hasta que no se hagan las perforaciones no se sabrá qué hay debajo del agua. Eso sí, inciden en que la probabilidad de éxito va desde 0 al 100%, por lo que no descartan nada ya que aún se está en una estadía muy inicial.

Las medidas medioambientales que emplearía la compañía en caso de que inicie los trabajos están entre las inquietudes de la ciudadanía y las autoridades canarias, sobre todo por el hecho de ser de un país no perteneciente a la Unión Europea. Las fuentes aclaran que trabajan en diferentes rincones del mundo y que están bajo la lupa de muchísimos colectivos medioambientales y de autoridades públicas, por lo que aplican los estándares internacionales para no tener problemas “en ningún nivel”. Entre los rincones en los que tienen yacimientos están Noruega o la costa italiana del Adriático, en la turística región de Apulia.

Nueva Canarias (NC) ha mostrado este jueves su apoyo a la propuesta de organizaciones ecologistas para declarar la zona marítima entre las costas de Lanzarote, Fuerteventura y el continente africano como reserva ambiental internacional que impida las prospecciones petrolíferas y proteja la riqueza marina y turística de la zona.

En un comunicado, el presidente de NC, Román Rodríguez, ha pedido a las autoridades estatales que defiendan los intereses canarios frente a las prospecciones petrolíferas autorizadas por Marruecos cerca de las aguas canarias.

Ben Magec-Ecologistas en Acción ha propuesto la protección del área ante proyectos petrolíferos como el autorizado por Marruecos a la empresa italiana ENI, iniciativa que apoya NC.

Al igual que las prospecciones de Repsol de 2012, estas actividades suponen un riesgo para el medio marino, las costas y el sector turístico canario, según NC.

Rodríguez ha pedido que el Gobierno estatal recabe toda la información sobre estas autorizaciones para ver si se ajustan al derecho internacional, si existen estudios de impacto ambiental, si hay planes de contingencia y si cumplen las directivas europeas.

El Partido Socialista ha anunciado que ultima el diseño de una campaña de rechazo a las prospecciones petrolíferas anunciadas por Marruecos frente a las islas de Lanzarote y Fuerteventura.

Según señala la portavoz del grupo parlamentario socialista, Dolores Corujo, la amenaza ambiental derivada de los sondeos para la extracción de crudo promovidos por el Reino Alauí es idéntica a la que supusieron los trabajos de Repsol hace unos años, “que generaron una enorme respuesta ciudadana contra la instalación de una industria sucia, contaminante y en las antípodas de nuestro modelo de desarrollo”.

Pese a las dificultades de intervenir en una decisión soberana de otro país, portavoz parlamentaria considera que existen canales de encuentro y conversación con Marruecos, en el ámbito político y diplomático, que deben ser explorados a la mayor brevedad posible.

“Nos dirigiremos al Gobierno de España, a la Unión Europea y al propio Marruecos si es necesario, para invitarle a reflexionar acerca de los importantes recursos pesqueros, medioambientales y turísticos que se ponen en juego tanto en fase de sondeos como en una potencial extracción de petróleo”.

Finalmente, Dolores Corujo ha recordado que “la apuesta de las Islas y del propio Estado español por las energías renovables, limpias, baratas y sin límites, no solo nos atañe en el aquí y ahora, sino a nivel planetario y si queremos garantizar la pervivencia de las futuras generaciones”.

En la misma línea se expresó este martes el diputado autonómico Mario Cabrera, que como presidente del Cabildo majorero fue uno de los líderes de la reacción política a las perforaciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno de Mariano Rajoy a Repsol.

Para Cabrera, las prospecciones petrolíferas en aguas próximas al Archipiélago suponen una “inseguridad para Canarias” y resaltó que el Gobierno español “tenía que haberse sentado” con el Ejecutivo marroquí y acordar “otras alternativas” para el brazo de mar que hay entre las Islas y el continente africano.

El diputado nacionalista también subrayó que “la apuesta por combustibles fósiles, del siglo pasado, no tiene sentido” en la actualidad y recordó que hay “experiencias” de alternativas distintas al desarrollo de energías contaminantes, como “cuando Marruecos planteó poner una central nuclear en Tan Tan”.

“Respetamos la autonomía de cada territorio para decidir sobre sus recursos, pero el Gobierno de España debería preocuparse un poco más”, abundó Cabrera, quien apostilló que “el canal entre Canarias y el continente es un área de extrema sensibilidad ecológica”, en el que “no se puede establecer una línea imaginaria y pensar que lo que se haga a unos cientos de kilómetros no nos afectará aquí”.

“Coincidencias” con las explosiones sónicas

El máximo dirigente de CC en Fuerteventura señaló que esperará a “conocer los datos que el Gobierno de Canarias está recabando” a través de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), pero destacó que “empiezan a haber demasiadas coincidencias entre los sonidos detectados en noviembre en Fuerteventura y Lanzarote con este tipo de actividades mineras submarinas”.

Tal y como desveló Canarias Ahora, buceadores de ambas Islas detectaron el pasado 22 de octubre sonidos de explosiones que concuerdan con los que se producen en prospecciones petrolíferas mediante cañonazos sónicos al subsuelo marino.

“Ya hemos asistido en varias ocasiones a perforaciones en la costa africana”, afirmó Cabrera, quien recordó que “hasta en su momento el propio [José Manuel] Soria”, exministro de Industria, “se encargó de anunciarlas desde el Ministerio aludiendo a la famosa 'pajita' por la que según él se chupaba a de la supuesta bolsa común de petróleo”. “Ojalá ahora vuelva a repetirse el fracaso”, apostilló.

“Lo que está claro”, reflexionó Cabrera, “es que las petroleras y los fondos de inversión especulativos se han repartido el mar africano, como en el siglo XIX los imperios europeos se repartieron la tierra”. “Han troceado, vendido y revendido el mar prometiendo oro a países muy pobres”, y “el petróleo no trae riqueza a las poblaciones que sufren las extracciones, sólo a los especuladores y a las multinacionales”, concluyó.

Marruecos ha adjucado a la compañía ENI los permisos para realizar sondeos petrolíferos frente a las aguas de Lanzarote y Fuerteventura, islas que mostraron en 2014 su rechazo al petróleo. Las prospecciones ocuparán un área de 23.900 kilómetros cuadrados en una profundidad de 1.000 metros.

Según informa el periódico ABC, la empresa ha recibido el permiso después de que Marruecos haya llevado a cabo análisis batimétricos y sísmicos “de muy alta resolución y con equipamiento técnico adquirido en 2015”.

Los sondeos se realizarán en frente a las ciudades de Sidi Ifni, Tan Tan y Tarfaya. ENI tiene el 75% de participación en estos depósitos y el resto está controlado por Onhym.

Además, las autoridades marroquíes han anunciado la creación de la zona industrial de Tarfaya que costará 8 millones de euros y contará con 35 hectáreas para saneamiento, electrificación, cableado de telefonía e iluminación pública y estudios de ingeniería civil.

La noticia se conoce después de que este periódico publicara que buceadores profesionales de Lanzarote y Fuerteventura detectaran explosiones que concordaban con las de sondeos petrolíferos.

El buceador Carlos Suárez (del Centro Océanos de Fuego, en Lanzarote) y veterano en las profundidades aseguró a Canarias Ahora haber identificado estas explosiones con las que realizan buques especializados. Además, Sofía Menéndez, miembro del colectivo Agonane-Ecologistas en Acción, escribió dos días después de se detectasen estas explosiones sónicas a la delegada del Gobierno en Canarias, quien rechazó tener constancia de que se estuvieran realizando prospecciones en Canarias.

Energía y Medio Ambiente también aseguraron a este periódico no haber autorizado sondeos en los fondos de Lanzarote y Fuerteventura. Ambos departamentos del Ejecutivo de Mariano Rajoy no descartaron que pueda tratarse de campañas científicas que se estén realizando en la zona, aunque matizan que no tienen constancia de ello.

Así mismo, Fuerteventura lleva años esperando para contar con una línea que vuelva a conectar Canarias con Tarfaya. La línea lleva cerrada desde que el accidente del ferri Assalama en 2008. El barco todavía se puede ver a las afueras del puerto africano.

El Ministerio de Energía ha declarado extinguidos los permisos de investigación que se concedieron a Repsol para hacer sondeos petrolíferos en Canarias por caducidad al vencimiento de su plazo, unas exploraciones que la petrolera abandonó al no hallar recursos que hicieran rentable su explotación.

En la orden que el Ministerio publica este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se recuerda que, en caso de extinción de los permisos, sus titulares están obligados a justificar a plena satisfacción de la Administración la realización de los trabajos e inversiones.

El ministerio dice que, examinada la documentación que obra en el expediente, así como la documentación presentada por el operador en cada uno de los permisos, se desprende que ha transcurrido el plazo de vigencia de los permisos y considera cumplidas las condiciones establecidas en la normativa vigente para extinguir los citados permisos.

Por tanto, la petrolera, que en enero de 2015 anunció que renunciaba a continuar con el proyecto, no será sancionada por no realizar los dos sondeos previstos, sino sólo uno, en el que no halló hidrocarburos con calidad y cantidad suficiente que hiciera atractiva la explotación comercial.

El entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, dijo en 2015 que el Gobierno multaría a Repsol si no cumplía “literalmente” con lo establecido en los permisos que le fueron dados para buscar hidrocarburos en aguas próximas a Canarias.

Repsol comenzó a perforar en la zona de aguas marítimas cercanas a Canarias donde se concedieron los permisos el 18 de noviembre de 2014, pero abandonó los trabajos transcurridos 51 días, después de haber llegado a 2.900 metros de profundidad sin haber encontrado indicios de la existencia de hidrocarburos con la calidad y cantidad necesarias para hacer rentable su extracción.

Los permisos caducaron en marzo de 2016, pero Repsol debía justificar el compromiso que asumió para obtener el permiso, que incluía una planificación, un plan de inversión y programa de trabajos.

Ahora, tras declarar el ministerio la extinción de los permisos, las áreas revertirán al Estado, y la Dirección General de Política Energética y Minas procederá a devolver a Repsol las garantías para responder del cumplimiento de las obligaciones emanadas de la concesión del permiso.

Contra la orden del ministerio, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses o previamente recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el órgano que la dictó.

El vicesecretario general del PSOE en Fuerteventura, Juan Jiménez, ha abogado este martes por llevar a cabo iniciativas políticas en Canarias que mantengan abiertas las investigaciones sobre cómo se concedieron a Repsol los permisos para realizar prospecciones petrolíferas.

Jiménez ha hecho estas declaraciones después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo haya comunicado a los representantes del colectivo El Guincho-Ecologistas en Acción su decisión de mantener vivo el expediente abierto sobre las prospecciones, en vista de que los permisos no han sido anulados.

El dirigente socialista ha recordado que, “a día de hoy, no existe anuncio gubernamental oficial” de que los permisos hayan sido revocados o se haya declarado su caducidad.

Según el también consejero insular de Cultura, resulta “extraña” esta situación, que ha llevado al Parlamento Europeo a mantener abierta la investigación sobre los pasos dados por el Ministerio de Industria sobre el expediente que “aún mantiene muchas dudas sobre los plazos reales que tendría Repsol para llevar a cabo sus planes iniciales”.

“Es evidente que existe una clara contradicción entre la postura de Repsol de que la autorización ya ha caducado y la del Gobierno central, que sostiene que todavía persiste la vigencia de tres años marcada desde agosto de 2014”, opina Jiménez.

A su juicio, “se han producido maniobras dilatorias para no eliminar del todo la posibilidad de que pudieran llevarse a cabo las prospecciones petrolíferas”, pues, de lo contrario, “al Gobierno del PP no le hubiera costado nada cerrar la vía oficial con un decreto final” que, “por razones no explicadas, no se ha producido”.

El consejero socialista sostiene que “estos velos dejan entrever la innegable connivencia entre los intereses privados y el poder político”, por lo que considera que hay que “agilizar el progresivo tránsito de las energías fósiles a las limpias, un paradigma energético por el que apuestan claramente los socialistas”.

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado el recurso presentado por el Cabildo de Lanzarote en contra de las autorizaciones concedidas por el Gobierno central a la compañía Repsol para realizar prospecciones petrolíferas en aguas del Archipiélago. Y lo hace porque considera extinguidos formalmente los derechos para llevar a cabo las perforaciones. En el fallo se recuerda que el Real Decreto emitido en 2012 fijaba un marco temporal de cuatro años para desarrollar los trabajos, después de que los permisos hubiesen quedado en suspenso a raíz de una sentencia emitida en 2014.

El plazo se cumplió el pasado 21 de marzo, fecha en la que debían estar terminadas las prospecciones y a partir de la cual no es posible realizar actividad alguna amparándose en los permisos de investigación conocidos como Canarias 1 a 9. “Por lo tanto, después de esa fecha también se consideran extinguidos los sondeos exploratorios pendientes, por mucho que la autorización para éstos se extendiese hasta el 11 de agosto de este año”.

El Supremo, al igual que ocurrió hace algunos meses con un recurso presentado por el Cabildo de Fuerteventura, considera que no ha habido una renuncia formal por parte de Repsol, pese a las informaciones periodísticas que avanzaban en este sentido dado que se descartó la aparición de gas o petróleo tras los primeros sondeos. La sentencia apunta que hasta el último día de plazo del permiso de investigación no era posible declarar el incumplimiento, como pretendía el Cabildo. Y ello es así en cuanto que la compañía sólo podía actuar hasta esa fecha y a que a partir de entonces ya habría perdido vigencia la autorización.

“Ese es el momento en el que nos encontramos; no está vigente la autorización porque se ha extinguido por transcurso del plazo. Esta situación descrita supone la imposibilidad de considerar un incumplimiento hasta que finaliza el permiso y se constata que el solicitante no ha llevado a cabo todas las actuaciones permitidas o autorizadas que solicitó previendo un beneficio. Y ello se traduce en que se ha intervenido menos sobre el bien público por cuyo interés velaba la Administración que impuso condiciones a esta actuación, precisamente, para preservarlo de posibles perjuicios”.

El Supremo falla que “desde un punto de vista material, puede considerarse, incluso, contradictorio que una administración -el Cabildo de Lanzarote- que se considera afectada por la actuación amparada por la Administración central, reproche a la entidad autorizada no haber realizado todas las actuaciones para las que obtuvo permiso sobre el bien público en cuestión”. La Sala recuerda a la Institución Insular que en teoría cuantas menos intervenciones se hagan sobre el mismo hay menos posibilidades de generar algún tipo de perjuicio.

Pero además, se estima que desde un punto de vista formal, “es evidente que no puede declararse la obligatoriedad del Gobierno central de iniciar un procedimiento de extinción por incumplimiento porque la autorización no está en vigor dado que se ha producido la extinción por transcurso del plazo de su vigencia”.

Las matemáticas podrían evitar catástrofes provocadas por las mareas negras, según un estudio liderado por la investigadora del CSIC Ana María Mancho del Instituto de Ciencias Matemáticas y publicado en la revista Marine Pollution Bulletin.

Así, el artículo indica que las decisiones que se toman durante las primeras horas de la catástrofe son “clave para refrenar el impacto medioambiental o convertirlo en una catástrofe inmensa, como pasó en el año 2002 con el Prestige”.

La información aportada por satélites y sensores permite definir la situación y, gracias a las matemáticas, estos datos pueden emplearse para predecir la evolución del fluido y modelizar el impacto de diferentes intervenciones para decidir cuál es la óptima.

De esta forma, los investigadores aplican técnicas de sistemas dinámicos para modelar el comportamiento de los vertidos. “Hemos podido evaluar y valorar el riesgo potencial del punto de hundimiento con respecto a una posible llegada del vertido a la costa, y así localizar zonas costeras peligrosas y que necesitarían de una mayor vigilancia”, ha afirmado el coautor de un reciente artículo, Víctor José García Garrido.

En este informe estudiaron el caso particular del pesquero Oleg Naydenov, hundido en Canarias el pasado abril de 2015. “Pudimos resaltar la costa suroeste de Gran Canaria (de gran valor ecológico), como zona especialmente peligrosa, donde efectivamente acabaron llegando los primeros restos del vertido (playas de Veneguera)”, ha explicado García Garrido.

Mancho ha señalado que “estas técnicas se han usado con anterioridad, pero es la primera vez que se consiguen resultados tan espectaculares, como identificar los puntos de impacto de la marea negra en la costa, así como el momento en que esto se produce”.

Cuando comenzaron a trabajar ya había pasado más de una semana del accidente, y pudieron informar sobre estos resultados utilizando los datos de Copernicus, el proyecto europeo de observación de la Tierra, proporcionados por Puertos del Estado.

El oceanógrafo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y co-autor del trabajo, Antonio G. Ramos, facilitó los resultados al comité de emergencias que se encargó de gestionar el evento y fueron utilizados para organizar partes de las labores de limpieza llevadas a cabo por los dispositivos de Salvamento Marítimo.

“Hemos comprobado que podemos monitorizar el evento y ofrecer información en tiempo real a los servicios de emergencia”, señala Mancho. El objetivo ahora es diseñar un dispositivo operativo en tiempo real que puedan usar los propios puertos.

“Queremos proporcionar a la comunidad científica una herramienta que combina imágenes por satélite y sensores remotos con matemáticas procedentes de la teoría de sistemas dinámicos, para contribuir a la gestión eficaz de este tipo de catástrofes naturales (derrames de contaminantes en el medio marino), y también a la elaboración de planes de contingencia para abordar estos eventos con un elevado índice de éxito”, ha explicado García Garrido.

Por ejemplo, los investigadores señalan que se podrían utilizar para misiones de rescate o para interpretar las corrientes oceánicas que determinan el movimiento de lanchas a la deriva.

La diputada de Ciudadanos por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, ha registrado una pregunta en el Congreso de los Diputados en la que reclama al Gobierno en funciones cuál ha sido el impacto medioambiental que han generado las prospecciones petrolíferas hechas por Repsol cerca de Canarias.

El texto, del que solicita respuesta por escrito, pide que el Ejecutivo “explique si se ha realizado una evaluación propia sobre el impacto medioambiental generado en las islas de Lanzarote y Fuerteventura durante las nueve semanas que duraron las prospecciones de Repsol en Canarias”.

Rodríguez ha recordado que para llevar a cabo estos trabajos la compañía petrolera tuvo que efectuar el pago de un aval bancario de 20 millones de euros, con el fin de cubrir las responsabilidades medioambientales que se pudieran producir durante estos sondeos.

Por tal motivo, y al haber caducado ya los permisos de Repsol para realizar las extracciones, Ciudadanos se ha interesado también por la situación en la que se encuentra el citado aval bancario, y ha preguntado si “existen razones de algún tipo para justificar la ejecución, total o parcial, de dicho aval”.

Por último, Ciudadanos ha preguntado al Gobierno en funciones que aclare “los pasos que se deben seguir para devolver ese aval”.

La asociación ecologista Greenpeace ha decidido recurrir la causa por la que se investigaba a la Armada por el ataque a los activistas de la organización en aguas canarias, durante una protesta contra las prospecciones petrolíferas de Repsol. Esta acción la toman tras la decisión de la Audiencia Nacional de archivar el caso.

“Consideramos que es un paso atrás en el derecho de manifestación pacífica. No se puede tratar a unos manifestantes pacíficos, con una trayectoria de más de 40 años de acciones no violentas, que ya habían anunciado que no iban a causar daños ni a bienes ni a personas, como si fueran piratas peligrosos. Por ello, amparados en derecho de manifestación acudiremos a donde sea necesario”, ha declarado el abogado de la organización, José Manuel Marraco.

Greenpeace asegura que recurrirá ante Tribunal Constitucional y en su caso, si fuera necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La organización destaca ladesproporción de la actuación de la Armada en la que hirieron a tres personas, una de ella de gravedad.

Y es que, según ha declarado la directora de campañas de la asociación, María José Caballero: “Todos vimos esas imágenes y pudimos comprobar la desproporción y brutalidad de un ataque a personas que protestaban pacíficamente y desarmados contra una agresión medioambiental y que fueron embestidos violentamente por la Armada”.

Los hechos se remontan a noviembre de 2014 cuando durante una protesta contra las prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas canarias, fueron embestidos por miembros de la Armada que protegían al barco de la multinacional Rowan Renaissance.

Durante la protesta, tres activistas resultaron heridos, uno de ellos la joven italiana Matilde Brunetti cayó al mar y sufrió una fractura abierta de tibia, de la que sigue recuperándose, lamenta Greenpeace.

La Audiencia Nacional ha confirmado este viernes el archivo de la causa en la que se investigaba a dos militares de la Armada y a una activista de Greenpeace por un incidente ocurrido el 14 de noviembre de 2014 en aguas de Canarias durante las protestas contra las prospecciones petrolíferas de Repsol.

La sección cuarta de la Sala de lo Penal ha rechazado el recurso contra el sobreseimiento de esta causa, que fue decretado el pasado febrero por el juez instructor José de la Mata al entender que la actuación militar estuvo amparada en la legalidad y que a la activista de nacionalidad italiana que estaba siendo investigada y que resultó herida en el incidente no se la puede imputar un delito de piratería porque ni comandaba ni pilotaba la lancha.

Greenpeace recurrió el auto de archivo, al entender que la Armada empleó “fuerza desmedida” contra esta y otros dos activistas que participaron ese día en las protestas.

Ahora, la Audiencia Nacional sostiene que los hechos “y circunstancias en que se produjeron quedaron acreditados” por imágenes grabadas tanto por Greenpeace como por la Armada en las que se puede apreciar “las numerosas advertencias” que se realizaron a los activistas y que había sido “puestas en tela de juicio” por los denunciantes.

Los incidentes ocurrieron cerca de las costas de Lanzarote y Fuerteventura en el marco de una protesta pacífica que activistas de Greenpeace llevaron a cabo junto a un barco perforadora contratado por la petrolífera Repsol.

Durante la protesta, varias lanchas neumáticas del barco “Arctic Sunrise” de Greenpeace con activistas a bordo se acercaron al buque perforador saltándose el perímetro de una milla de exclusión marítima decretada por el Ministerio de Fomento en torno al punto de las prospecciones y fueron interceptadas por barcas de la Armada.

Entonces, según la versión de la organización ecologista, dos embarcaciones procedentes del buque “Relámpago” de la Armada Española “embistieron repetidas veces” a las barcas neumáticas del “Arctic Sunrise”.

El Ministerio de Defensa negó entonces que la lancha de la Armada embistiera a la embarcación ecologista y subrayó que la intención de los activistas era abordar el barco “Rowan Renaissance”, contratado por la petrolera Repsol para iniciar sus prospecciones.

Durante la protesta, tres activistas resultaron heridos, uno de ellos la joven italiana Matilde Brunetti, que cayó al mar y sufrió una fractura abierta de tibia en la pierna izquierda.

Unidos Podemos ha pedido al Gobierno de España que “cumpla las leyes” y suspenda “definitivamente” los sondeos de Repsol en aguas de Lanzarote y Fuerteventura.

En un comunicado, la coalición de izquierdas reclamó al Estado no sólo la formalización de la caducidad de los sondeos, “sino también la revocación del Real Decreto 547/2012 de 16 de marzo, la creación de un Santuario de Cetáceos en la zona y la ampliación del espacio oceánico del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) frente a ambas islas”.

Por su parte, Unidos Podemos ha recordado que el Ministerio de Medio Ambiente remitió a la Comisión Europea una propuesta de LIC reducida casi al 50% sobre la contemplada originalmente en la figura de protección “a fin de dar cabida a las perforaciones”.

Para la coalición, el conflicto de las prospecciones “impuestas” a la población canaria “ha supuesto uno de los más flagrantes episodios de vulneración de la Democracia en España al quedar patente que los intereses públicos quedaron supeditados a los privados por la intolerable y manifiesta connivencia entre el poder político y la multinacional petrolera”.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, consideró este miércoles una magnífica noticia que el Tribunal Supremo haya dado por caducados los permisos otorgados por el ejecutivo central a Repsol para realizar prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a las islas.

“Estábamos convencidos de que habían caducado, pero la sentencia del Supremo da más tranquilidad y es una magnífica noticia para todos los canarios”, afirmó Clavijo en declaraciones a los periodistas.

Las prospecciones podían haber sido “la peor pesadilla” por su incidencia en el sector turístico, pero el asunto queda “zanjado”, señaló el presidente. Confió en que el Estado haya aprendido la lección de que no se pueden imponer las cosas en contra de la voluntad del pueblo canario, y que las empresas involucradas entiendan que “las cosas no se pueden hacer así”.

Del mismo modo se ha pronunciado el presidente del Cabildo majorero, Marcial Morales, quien ha afirmado que se hace oficial que “se acabó el tiempo del petróleo en Canarias”.

Morales, a través de un comunicado, ha dado por hecho que Repsol no podrá retomar los permisos para realizar prospecciones petrolíferas en aguas próximas a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.

Para el nacionalista, “ahora es tiempo de renovables, de dedicar el cien por cien de todas las fuerzas a seguir haciendo de Canarias un paraíso de las renovables, porque es perfectamente posible con la técnica actual”.

El presidente de la corporación insular ha añadido que “quienes nos hicieron pasar por un tiempo de temor colectivo, afortunadamente no se salieron con la suya y consiguieron que esta sociedad se articulara de forma activa”.

Morales ha recordado que gracias a la presión social y a la unidad de todas las instituciones y colectivos, se consiguió que en Canarias “nunca más se tenga la amenaza de las energías contaminantes y siempre se tenga la riqueza de las limpias”.

Santuario de ballenas

La organización ecologista WWF celebra que el Tribunal Supremo haya declarado la caducidad de los permisos concedidos a Repsol para buscar petróleo en aguas de Canarias y ha demandado que esa zona del Atlántico sea protegida “ya” como un “santuario” internacional para ballenas.

Una de las organizaciones ecologistas internacionales que se opuso a las prospecciones, WWF, aprovecha esta noticia para exigir que se atienda su petición para proteger las aguas situadas al este de Lanzarote y Fuerteventura, porque considera que conforman el área marítima “más importante de Europa para las ballenas y delfines”.

De hecho, remarca, en esa zona del Atlántico están presentes una de cada tres especies de cetáceos conocidas en todo el planeta.

“Crear una gran área marina protegida en la zona, un Santuario de ballenas, es el único modo de garantizar la conservación de estos mamíferos marinos y de su hábitat, salvaguardándolos de presiones humanas que ponen en riesgo su supervivencia, como la exploración o la explotación de petróleo o gas, las colisiones o la contaminación”, argumenta WWF, en un comunicado.

Esta organización, ligada históricamente en España al legado del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, anuncia que una de sus primera peticiones al Gobierno que se constituya tras las elecciones del 26 de junio será el “Santuario de ballenas” de Canarias.

WWF remarca que más de 50.000 ciudadanos han firmado ya a favor de esa petición en las diferentes campañas que ha realizado para que se protejan esas aguas y que la iniciativa también tiene el respaldo de científicos dedicados a la investigación de cetáceos, el Gobierno y Parlamento de Canarias y los Cabildos de Lanzarote y de Fuerteventura, entre otras instituciones.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado por caducados los permisos para las prospecciones petrolíferas de Repsol en Canarias a pesar de echar en falta un renuncia formal y avalada por parte de la compañía y el Estado.

Pese a que la polémica ya se ha diluido, lo cierto es que la batalla judicial iniciada por el enfrentamiento entre el Gobierno central y el canario a cuenta de las prospecciones petrolíferas todavía continúa. El Ejecutivo autónomo había solicitado como medida cautelar que se dejaran sin efecto estos permisos pero ya el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se puso del lado del Estado en diciembre de 2014 y enero de 2015 y así ha vuelto a ocurrir ahora en el Supremo en una sentencia fechada el pasado 25 de mayo en la que desestiman el recurso de casación interpuesto por Canarias.

El Gobierno canario argumentó en su recurso que los autos impugnados incurrían en incongruencia entre sí ya que en el primer auto se justifica la denegación de la suspensión en la inexistencia de periculum in mora, mientras que en el segundo se aduce en cambio como causa denegatoria los daños alegados por la compañía en su escrito de oposición. En el segundo motivo se fundamenta la infracción del artículo 130 de la Ley procesal, así como el 24 de la Constitución, por no haber adoptado la medida cautelar solicitada pese a concurrir los requisitos previstos en el citado precepto de la Ley jurisdiccional.

Repsol entiende que el primer argumento es “inadmisible” por dirigirse contra el Auto desestimatorio de la reposición, y que ambos han de ser rechazados, hecho que el TS deniega. También aduce la multinacional que la medida de suspensión solicitada ha perdido objeto de forma sobrevenida después de que anunciara públicamente el 16 de enero de 2015 el final de las actividades de investigación en la zona como consecuencia de los resultados negativos obtenidos en el primer sondeo exploratorio desarrollado desde noviembre de 2014. Una decisión que el Supremo recalca que fue comunicada mediante fax a las Subdirecciones generales de Hidrocarburos y de Evaluación Ambiental, así como a otras instituciones.

La empresa presidida por Javier Brufau manifiesta que en cuanto a las prospecciones ya realizadas “no es posible suspender lo ya ejecutado”, mientras que ha desaparecido el periculum in mora “al haberse descartado nuevas actuaciones de investigación de hidrocarburos en la zona”. No obstante, la Sala recuerda que ha requerido tanto a la Administración del Estado como a la empresa codemandada si ha existido renuncia formal a hacer uso de la autorización para efectuar sondeos exploratorios en los permisos de investigación de hidrocarburos Canarias 1 a Canarias 9, otorgada por la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas.

El fallo indica que “de los diversos escritos recabados, resulta claro que no ha habido tal renuncia formal a hacer uso de la citada autorización” y recalca que la única información dada por la compañía fue una comunicación de la misma a la Sala en la que explicaba que dichos permisos de investigación habían caducado “por lo que resultaba ya inviable efectuar los sondeos exploratorios sobre cuya suspensión se litigaba en el presente procedimiento”.

Por su parte, el Gobierno canario mantuvo su solicitud de suspensión al opinarar que existe una contradicción entre la postura de Repsol de que la autorización ya ha caducado y la del Estado que mantiene que tiene una vigencia de tres años a partir de agosto de 2014. El Supremo estima que la compañía tiene razón ya que los permisos han prescrito porque en realidad fueron concedidos en el año 2001, aunque fueron anulados en 2004 por determinados aspectos de los permisos por deficiencias en cuanto a las medidas de protección medioambiental y convalidados posteriormente en 2012, por lo que los cuatro años de trabajos debían cumplirse después de este último año hasta el 21 de marzo de 2016.

Como consecuencia de todo ello, el TS considera que los permisos expiraron en marzo de 2016 y que por lo tanto resulta inviable realizar más sondeos exploratorios, por lo que tampoco cabe conceder o rechazar medida cautelar alguna. De este modo, el Supremo dilucida que, como así había sostenido el delegado del Gobierno de España en Canarias y la propia empresa, los permisos están extintos, aunque no ha existido ningún anuncio gubernamental sobre este tema como así reclamó el PSOE, Podemos o el Cabildo de Lanzarote.

El pleno del Cabildo de Lanzarote aprobó este viernes, con el único voto en contra del PP, una moción presentada por el grupo de gobierno (CC, PSOE y PIL) con carácter de urgencia por la que se solicita a la Presidencia del Gobierno de España que informe al Cabildo sobre la situación actual de los permisos concedidos a Repsol para llevar a cabo prospecciones petrolíferas en aguas canarias.

Según se explica en la moción, la iniciativa se adopta después de que “el delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, anunciase la apertura de un período de 60 días para que Repsol justifique su Plan de Inversiones en Canarias con respecto a los sondeos exploratorios, después de que estos caducasen el 20 o 21 de marzo”.

En este sentido, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, aseguró que “en algún momento el PP ha engañado a la sociedad lanzaroteña y canaria, o bien cuando anunció en su día que la vigencia de la autorización concedida a Repsol vencería el 13 de agosto de 2017, o bien ahora con este anuncio realizado por el delegado del Gobierno en Canarias”.

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La diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas Meri Pita ha acusado este martes al delegado del Gobierno en Canarias, Enrique Hernández Bento, de faltar a la verdad después de que la semana pasada asegurara que los permisos de Repsol caducaron “el 20 o 21 de marzo” y cree que con estas declaraciones lo que quieren desde el Gobierno es “tratar de frustrar el efecto de próximos dictámenes previsiblemente desfavorables de la Justicia y del Congreso de los Diputados frente a las tesis del PP y del gobierno español”.

“Los permisos del Gobierno de España, o vencen en la fecha estipulada o no vencen, como sucede con cualquier permiso otorgado por una Administración y que contenga la fecha exacta de vigencia” afirma Meri Pita, quien recuerda que la caducidad de los permisos de exploración Canarias 1 a Canarias 9 no expira hasta agosto de 2017, tal y como se refleja en la Resolución del Ministerio de Industria aprobada el 11 de agosto de 2014 y publicada en el BOE el 13 de agosto, dos días después.

Para Podemos, hasta que el Gobierno de España no certifique la nulidad de permisos por vía oficial, es decir, a través la publicación efectiva de una Orden Ministerial en un Boletín Oficial del Estado, los permisos de perforación en Canarias siguen vigentes y Repsol puede seguir explorando o beneficiándose por mercantilizar con la concesión otorgada por el Gobierno de Rajoy a la petrolera. La también secretaria general de Podemos en Canarias ha recalcado que “la declaración de que Repsol ha renunciado a seguir perforando tampoco es válida, ya que la petrolera ha perdido cualquier atisbo de credibilidad en Canarias”.

“El anuncio de Hernández Bento, claramente irresponsable para el cargo que ostenta, sólo puede ser interpretado como una rectificación del Gobierno de España ante el gravísimo error cometido por apoyar un proyecto privado rechazado masivamente por la sociedad canaria y española, y como evidente lavado de cara ante los nuevos tiempos y coyunturas políticas” sostiene Pita.

La diputada añade que los últimos autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en 2016 y las recientes acciones parlamentarias en el Congreso de los Diputados y en los Plenos de los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura pidiendo la extinción de los permisos, han avanzado de forma positiva y constituyen “un hecho irreversible al que el Gobierno de España ha querido sin duda adelantarse para no dañar aún más la imagen de su nefasto modelo energético”.

“Desde Podemos le pedimos al señor Bento y al señor Soria que, aunque les cueste, informen a la ciudadanía a la que se deben con la máxima transparencia y sin ambages, que retiren definitivamente y de forma oficial cualquier permiso o privilegio concedido a Repsol para sus operaciones exploratorias en las Islas, y sancionen a la petrolera por los incumplimientos constatados en sus operaciones en Canarias”, añade Pita.

“Estamos hablando de una de las zonas con mayor riqueza de cetáceos de Europa y del mundo, hemos pedido en el Congreso el fin de las prospecciones y la creación de un Santuario de Cetáceos en la zona, con la ampliación del espacio oceánico del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) frente a Fuerteventura y Lanzarote, ya que el Ministerio de Medio Ambiente remitió a la Comisión Europea una propuesta de superficie LIC reducida casi al 50% sobre la contemplada originalmente en la figura de protección, a fin de dar cabida a las perforaciones de Repsol y siendo ministro el actual Comisario de Energía Miguel Arias Cañete”, sentenció la diputada.