El Diputado del Común de Canarias, Jerónimo Saavedra, ha declarado “obstruccionista” al Ayuntamiento de Telde por el silencio administrativo y la dejadez en las denuncias ciudadanas, en las que no respeta los plazos para entregar la información que se le requiere en las quejas de los vecinos. 

Saavedra ha elevado en este 2014 la advertencia que en el informe anual de 2013 del Diputado del Común sobre la ciudad grancanaria, a la que acusó, entre otras Administraciones Públicas canarias, de “no responder al concepto de buena administración, y por ende, buen servicio al ciudadano”.

El que fuera presidente del Gobierno de Canarias ejerce en la actualidad la tarea de Alto Comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y puede investigar sobre el retraso indebido en la actuación administrativa; errores o arbitrariedades en la aplicación de las normas; sobre el silencio administrativo ante las peticiones ciudadanas; sobre el trato incorrecto a los ciudadanos; sobre la negativa injustificada a facilitar información; sobre la inejecución de las propias resoluciones adoptadas; y en general sobre cualquier mal funcionamiento de la administración pública canaria en cualquiera de sus ámbitos.

De esta manera, confirma las denuncias presentadas por la oposición al equipo de la alcaldesa María del Carmen Castellano, a la que acusan de “no contestar” a la información pedida en los Plenos y a los posteriores requerimientos que le ha hecho el Diputado del Común.

Entre estos partidos de la oposición se encuentra Nueva Canarias Telde, quien ha recordado, a través de su candidata Carmen Hernández, que “de nada sirven las Leyes de Transparencia y de Participación Ciudadana, ni la aproximación de las nuevas tecnologías a los ciudadanos, cuando no se cree con convicción en dicha participación ni se cumple con el mínimo de entregarles la documentación administrativa que estos solicitan”.

Hernández también ha lamentado este “obstruccionismo” que es ahora subrayado por el Alto Comisionado y que sirve para verificar que el Gobierno formado por el Partido Popular, Coalición Canaria y el Centro Canario Nacionalista “se llena la boca hablando en vano de la participación ciudadana, pero luego se demuestra con creces que no es que la incentive, sino que por el contrario la dificulta, gestionando el municipio de espaldas a la gente”.

La figura del Diputado del Común cumple 30 años en su versión actual, por lo que el próximo jueves el Parlamento lo celebrará durante un solemne acto en Santa Cruz de La Palma, sede del alto comisionado para la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Poco días después Jerónimo Saavedra presentará su informe anual ante el Legislativo, del que ya se sabe que las quejas llegan hasta las 1.648.

La primera edil de Telde, María del Carmen Castellano (PP), ha manifestado este martes que le gustaría presentarse de nuevo como candidata a la Alcaldía del municipio a pesar de estar imputada por el caso Faycán.

La máxima regidora ha asegurado a Efe que en estos últimos diez años no ha cambiado nada en su situación, porque sigue imputada en un caso en el que aún no se ha pronunciado la Justicia.

En cualquier caso, Castellano ha subrayado que será el PP el que decida qué candidatos optarán tanto a la Alcaldía de Telde como al resto de las instituciones públicas canarias en las próximas elecciones locales y autonómicas.

“Me gustaría volver a presentarme, pero no es un tema que dependa de mí, sino de la formación política en la que milito”, ha apuntado la alcaldesa.

En relación a la medida impulsada por el PP para no llevar a imputados por caso de corrupción en sus listas electorales, Castellano ha señalado que se va a “mirar tema por tema” y que su caso “sigue siendo exactamente igual que el de hace 10 años, por desgracia para mí, para mi familia e, incluso, para el partido”.

María del Carmen Castellano está imputada por presunta malversación de fondos públicos, fraude, falsedad y blanqueo en la supuesta trama de corrupción urbanística del caso Faycán, que se produjo durante el mandato del PP y Ciuca entre los años 2003 y 2007, por la cual la Fiscalía ha pedido una pena de cinco años de cárcel para ella.

Por otro lado, ante las declaraciones efectuadas por la candidata a la Alcaldía de Telde por Nueva Canarias, Carmen Hernández, a la Cadena Ser en la que ha manifestado que Castellano no optaría a la reelección al Consistorio y que, además, la ciudadanía teldense iba a castigar al PP, la alcaldesa popular ha asegurado que son “tonterías que dicen determinadas personas”.

Castellano ha indicado que esa decisión corresponde a la “voluntad popular”, que será la que elija a los representantes municipales el próximo 24 de mayo y a su formación política, que es la que decide a sus candidatos.

“Nadie está en condiciones de saber qué es lo que va a ocurrir”, ha señalado la máxima regidora de Telde, quien ha agregado que ella no depende de Carmen Hernández, sino del PP, “que es algo más serio que esta señora”.

Alumnos y padres del colegio público Príncipe de Asturias en el barrio teldense de Taliarte se han concentrado en la mañana de este miércoles en las puertas del centro para exigir medidas que soluciones los desperfectos que sufre la instalación.

Los padres denuncian el deterioro del edificio y piden un colegio digno para que sus hijos puedan asistir a clase en condiciones de seguridad.

Laura Gómez, la presidenta del Ampa del Príncipe de Asturias, asegura que existen cornisas tan viejas y deterioradas que han caído en las zonas de paso y de juego de los niños con el peligro que ello supone.

“Hemos mandado varios escritos contando la situación al Ayuntamiento pero no nos han respondido a ninguno”, añade Laura.

El Ampa confirma que durante el inicio de este curso 2014/2015 la alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, acompañada del concejal de Educación, Daniel Martín, visitaron las instalaciones y se comprometieron a llevar a cabo los trabajos necesarios para su puesta a punto. La presidenta de la asociación de padres confirma que ha fecha de hoy aún no han tenido noticia alguna desde el Consistorio.

Las concentraciones comenzaron este miércoles y como acto de protesta, muchos padres decidieron que sus hijos no entraran al colegio a primera hora de la mañana. La presidenta del Ampa confirma que cuenta con el apoyo del Consejo Escolar del centro y anuncia que de no recibir una respuesta del Ayuntamiento, se plantearán realizar movilizaciones en el mismo Consistorio.

La comisión de realojo de los vecinos de Ojos de Garza (Telde) afectados por la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria se ha reunido este martes para comenzar a trabajar de forma conjunta en el proyecto y ha sentado también las bases para iniciar el proceso de expropiación negociada.

El Ayuntamiento de Telde será el encargado de iniciar la liberación del suelo para construir la nueva urbanización en Montaña de las Tabaibas, ha informado la alcaldesa del municipio, María del Carmen Castellano (PP).

En este caso, se hará una asamblea con algo más de 30 propietarios, según los datos del catastro municipal, y luego se negociará de forma individual con cada uno de ellos.

Además, el Consistorio, el resto de administraciones públicas y a Aena se han comprometido a trabajar para recabar información sobre el proyecto y exponerla en breve en una asamblea a los vecinos afectados.

Por su parte, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel (CC), ha apuntado que el Ejecutivo ha constituido una comisión para el seguimiento del proceso de realojo, en la que hay representantes de cada una de las instituciones y dos representantes invitados de los vecinos.

Berriel ha señalado que el tiempo que se tarde en realojar a los vecinos dependerá de lo que tarden en decidirse, aunque ha opinado que lo importante es que ya se ha comenzado con el proceso y se va a trabajar de forma continuada.

Al respecto, ha explicado que en el anteproyecto de realojo de los vecinos de Ojos de Garza, el Caserío, y La Montañeta, se ha previsto cinco tipologías distintas de viviendas, con dimensiones diferentes, que se entregarán en función del valor de los bienes de cada propietario.

La portavoz de los vecinos afectados por el realojo, Margarita Alonso, ha indicado que en principio se va a informar a los vecinos del proyecto en general y luego se abrirá un plazo para que los que quieran se acojan al proceso de realojo negociado.

Se ha acordado que se haya tenido en cuenta todo el valor de la vivienda, incluida la construcción y la calidad de los materiales utilizados.

Alonso ha explicado que el proceso negociado es voluntario, por lo que aquellos vecinos que no están conformes pueden estar tranquilos hasta el final o hasta que la expropiación sea forzosa.

En su día, se había elaborado un censo y de los cerca de 900 propietarios, más de 700 estaban a favor del realojo, ha dicho la portavoz.

Las circunstancias económicas y las situaciones familiares han cambiado, por lo que se abrirá un nuevo plazo para que se inscriban los propietarios que quieran acogerse al realojo negociado.

Alonso, que se ha mostrado optimista porque la comisión ha comenzado a trabajar ya de forma real para el realojo de los vecinos afectados por la ampliación del aeropuerto, ha descartado en principio que hayan más huelgas de hambre, y ha negado con rotundidad que vaya a militar en cualquier formación política, puesto que su principal objetivo es velar por el interés de sus vecinos en este asunto.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Telde ha embargado 9,18 millones de euros a 28 imputados del denominado caso Faycán, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de este municipio grancanario durante el periodo gobernado por el pacto PP-Ciuca (2003-2007). El juzgado reclama esta cantidad a los encartados como fianza de responsabilidad pecuniaria.

Según publica este miércoles Canarias 7, las retenciones de mayor cuantía se practican sobre el interventor municipal, Enrique Orts; el exconcejal de Hacienda Carmelo Oliva, y el exalcalde Francisco Valido. A cada uno de ellos le embargan 1,7 millones de euros.

Francisco Gordillo, exasesor de Obras, tendrá que pagar una fianza de 880.000 euros; María del Carmen Castellano, actual regidora del Consistorio, 13.000 euros, y José Luis Mena, exjefe del servicio de Urbanismo, 6.000 euros.

Estas fianzas ya estaban incluidas en el auto de apertura de juicio oral, fechado en junio de 2013. Los imputados podrán abonar las cantidades reclamadas en metálico, presentar un aval bancario o escrituras de viviendas u otras propiedades.

El caso Faycán, según los hechos que se describen en el auto del magistrado del Juzgado de Instrucción 3 de Telde por el que se decretó la formación del procedimiento abreviado, es una “auténtica trama sólidamente asentada en el Ayuntamiento de Telde”, con numerosos cargos políticos de distinto signo y funcionarios implicados, que recibían comisiones de diversas empresas privadas para acceder a contratos públicos o para cobrar deudas pendientes.

La acusación atribuye a Castellano el cobro de sobornos y la posible desviación de fondos del Ayuntamiento para pagos propios del partido (malversación de fondos públicos), por lo que pide para la actual alcaldesa cinco años de cárcel y catorce de inhabilitación.

El Juzgado de instrucción número 2 de Telde ha abierto diligencias previas, a petición de la Fiscalia, por un presunto delito de atentado contra la autoridad del militante de Izquierda Unida Canaria Rafael Casanova, uno de los detenidos en el pregón que dio el ministro José Manuel Soria el pasado 11 de junio en su ciudad natal, quien este martes se presentó a la vista del juicio rápido por una falta de lesiones.

Los hechos sucedieron tras el pregón que el ministro dio en la ermita de San Pedro Mártir. Según la versión de la defensa de Casanova, él se acercó a grabar la actuación de un miembro de la UIP y “obedeció en todo el momento” las órdenes de la Policía, “excepto a negarse a soltar el teléfono y dejar de grabar”, lo que ocasionó un forcejeo. En el mismo, según el agente, Rafael le pegó con el antebrazo en el pecho, por lo que la Policía le imputó por tres delitos: agresión a la autoridad, desacato y resistencia a la detención durante el incidente, hecho que el detenido siempre negó.

Sin embargo, en la vista de esta jornada, a la que acudieron tres agentes, el representante del Ministerio Público solicitó a la jueza Virginia Peña que abriera diligencias previas y suspendiera el juicio rápido, ya que el Policía agredido presentó un parte de lesiones que va a ser investigado porque podría ser un atentado a la autoridad por “acometimiento físico”.

La abogada del acusado, Isabel Saavedra, comentó en declaraciones a este periódico que en la presentación de estas pruebas existen algunas “anomalías”, como que el parte de lesiones “es posterior al día y no en la zona de la agresión”.

La defensa aprovechará el aplazamiento del juicio para presentar más pruebas como “una bolsa cerrada desde el día de los hechos con las pertenencias de Casanova en la que está el teléfono móvil sin la tarjeta de memoria”.

Joan Perdomo fue nombrado por el PP y ha sido destituido por presuntamente haber falsificado la titulación académica que figura en su expediente

Nueva Canarias (NC) presentará el lunes en el Ayuntamiento de Telde una petición para la constitución de una comisión especial que clarifique y depure responsabilidades en el caso de la reciente destitución del director general de Recursos Humanos, Joan Perdomo.

Según ha informado NC en un comunicado, Perdomo fue nombrado por el PP y ha sido destituido en estos días por presuntamente haber falsificado la titulación académica que figura en su expediente, pero después de haberse encargado de asuntos tan relevantes como la negociación con la Policía Municipal.

Los nacionalistas se apoyan en el artículo 51 del Reglamento Municipal, que recoge la posibilidad de convocar una comisión para un asunto concreto, para realizar esta petición.

NC espera que con su iniciativa se ponga en marcha “cualquier vía que permita” que miembros de todos los grupos políticos del pleno puedan esclarecer lo ocurrido y averiguar cómo es posible que alguien sin la titulación adecuada llegara a ocupar ese puesto.

El objetivo es depurar responsabilidades políticas, pero también si las hubiera de algún otro trabajador público, así como tomar medidas de cara a que no pueda volver a ocurrir en el futuro, indica NC en el comunicado.

Los trabajadores de la empresa pública municipal del Ayuntamiento de Telde, Gestel S.L., acaban de presentar un preaviso de huelga como respuesta a los “continuos retrasos” en el abono de los salarios de los empleados públicos desde hace más de tres meses, hasta el punto de que, en la actualidad, se le adeudan los salarios de julio, agosto y septiembre de este año.

En un comunicado difundido por Comisiones Obreras en Canarias, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, Juan Miguel Suárez Santana, recordó que desde el año 2012 se vienen sucediendo situaciones de conflicto en esta empresa pública. De este modo, la plantilla se ha visto reducida en 34 personas, 25 a causa del ERE presentado por la empresa y otras nueve que decidieron irse ante la imposibilidad de continuar soportando la situación.

Además, el pasado mes de mayo se clausuró una de las encomiendas de la empresa pública, la Universidad Popular, en la que otras cinco personas perdieron su empleo. Desde entonces, CCOO denuncia que se ha agravado “aún más” la situación de retraso del abono de los salarios de los trabajadores que siguen desarrollando las encomiendas de bibliotecas, actividades culturales y escuela de Música.

Ante esta situación los trabajadores aprobaron en asamblea y por unanimidad la convocatoria de este preaviso de huelga. Para Suárez Santana el preaviso de huelga no solo se debe enmarcar “en la defensa del empleo público, sino también en la defensa del servicio público al que tienen derecho los ciudadanos teldenses” quienes en los últimos años “han visto cómo se deteriorian muchos los servicios públicos esenciales de la ciudad”.

La huelga busca impulsar la negociación y dar con una solución definitiva a esta situación, “insostenible desde el punto de vista personal y laboral para los trabajadores afectados”. A este respecto, el sindicato ha tomado la iniciativa de convocar a una reunión al grupo de gobierno de la ciudad de Telde y a la oposición para trabajar juntos en la solución de este conflicto.

En caso de no llegar a ningún acuerdo la huelga tendrá lugar durante las 24 horas del día de los próximos 23, 24, 25, 30 y 31 de octubre y los días 6, 7, 13 y 14 de noviembre. En caso de que no se llegue a un acuerdo en este tiempo, a partir del 20 de noviembre la huelga tendrá carácter indefinido.

Pasan los años y el futuro de la finca de San Rafael, situada en la Higuera Canaria, en el municipio grancanario de Telde, sigue siendo incierto. Una década ha transcurrido desde que e el Ayuntamiento la comprara mediante permuta al empresario Santiago Cazorla a través de parcelas de titularidad municipal del barrio teldense de Marpequeña. Cazorla había adquirido anteriormente la finca por un coste de 2,5 millones de euros a la familia Bemjumea y la permutó a la corporación por más del doble de su valor, superando los seis millones de euros.

La operación se declaró ilegal, ya que incumplía varios preceptos legales, como utilizar la fórmula de la permuta en lugar de la compra pública, y desde entonces una sentencia judicial firme obliga a ambas partes a deshacer todo el entramado teniendo el Ayuntamiento que devolver la finca en el estado en el que se la encontró y Cazorla hacer lo propio con las parcelas concedidas.

A la espera de la vía penal, la vía contencioso–administrativa desestimó los recursos de defensa que los implicados presentaron. En el caso de la entidad pública se alegó la imposibilidad de cumplir con la resolución por el deterioro de la propiedad que además sigue estando a nombre del particular, y en el caso de Cazorla por haber construido en las parcelas y posteriormente vender los inmuebles resultados.

Mientras tanto, la realidad es que la finca lleva 10 años abandonada a su suerte, sin nadie que la vigile y, mucho menos, que la cuide. No obstante, sí ha contado con innumerables visitas por parte de okupas y saqueadores que se han encargado de extraer objetos de valor y destrozar más de lo que por sí hace el abandono y el olvido.

Cualquier persona que se acerque al lugar puede entrar en el recinto sin ningún problema, básicamente porque una de las puertas de acceso a la finca está derribada. Además, todas las de la casona están abiertas o arrancadas, dando lugar así a una realidad estremecedora.

Ventanas abiertas de par en par que se golpean por el viento, cristales rotos, inmuebles dañados, pintadas en las paredes... Se trata del peor panorama imaginable. Incluso en una estancia, convertida ya en el típico picadero juvenil, se puede leer “la habitación de los pinchitos”. Es difícil encontrar un rincón que no haya sufrido un desperfecto.

Caminar por el interior es una difícil tarea porque, aparte de los cristales que se desprenden del techo y que caen, el suelo está lleno de restos de muebles, sábanas, cortinas (ninguna queda en pie), latas, botellas, colchones, almohadas y basura. Además ya no queda nada de valor, tan solo trozos de revistas y libros deshojados que se aprecian entre tanto desecho. Los sanitarios tampoco se han salvado de las actuaciones de los vándalos, que más que dedicarse solo a sustraer lo que considerasen, destrozaron todo a su paso. También ha desaparecido todo tipo de instalación eléctrica.

Incluso la ermita anexa a la casona ha sido destinada al hospedaje de extraños. La imagen de la virgen ya no se encuentra en el altar y las cruces de madera que adornaban las paredes están tiradas y rotas por el suelo.

Ni un habitáculo del recinto se salva del caos salvo la azotea, en la que, a pesar de la tierra y ramas traídas por el viento, solo se pueden encontrar botes de pintura vacíos y secos y algunos cristales rotos, panorama nada comparable con el del piso inferior.

En cuanto al amplio terreno que rodea la casona, está totalmente seco y descuidado, al igual que los tres estanques que están próximos a la misma. Solo quedan vivos algunos árboles por fortuna del destino. En el invernadero se pueden encontrar macetas vacías y la barandilla que da paso a él está arrancada y tirada en el suelo. También ha corrido la misma la suerte la que da acceso a la entrada principal de la casa.

No obstante, aún queda un rincón de la finca que sí sigue en actividad, un pequeño garaje que está abarrotado de garrafas vacías y en el que alguien pone de comer a gatos que han hecho del lugar su casa.

Siguen sin conocerse las causas que provocaron el accidente

El Ayuntamiento de Telde ha expresado este viernes su pesar por el fallecimiento de los jóvenes Aconay Barreto y Kilian José Sosa durante un accidente cuando buceaban en el sur de Gran Canaria, mientras realizaban el mantenimiento de unos criaderos de peces.

La alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, expresa en un comunicado “su profunda consternación y acompaña en el sentimiento a todos sus familiares y amigos”.

Ambos jóvenes teldenses fueron estudiantes de la Escuela Taller Caletones, impulsada por la concejalía de Desarrollo Local.

Los dos submarinistas fallecidos eran operarios que realizaban una inspección a unos criaderos de peces y el accidente ocurrió cuando se encontraban sumergidos para supervisar las instalaciones, sin que por el momento se conozcan las causas que condujeron a su fallecimiento.

El colectivo ecologista Turcón ha desarrollado este martes una actividad voluntaria de limpieza manual de piedras en la charca de la playa de Salinetas, situada en el municipio grancanario de Telde. Los voluntarios que se han presentado también han procedido a limpiar la playa, recogiendo los restos de basura que se podían encontrar dentro de la charca y en la arena. El próximo miércoles también se seguirá con la labor.

Honorio Galindo, presidente de Turcón, ha explicado que el objetivo de esta propuesta es facilitar el proceso de recuperación de la biodiversidad del lugar. “La naturaleza se sana por sus propios mecanismos, nuestra labor es controlar y concienciar a las personas”, ha expuesto Galindo. La retirada de piedras grandes del enclave facilitará el procedimiento y evitará que los niños se hagan daño cuando se bañen allí.

Colillas, bolsas de plástico y pañuelos de papel son los principales residuos que han extraído los voluntarios. No obstante, el presidente del colectivo ecologista ha admitido que “había menos basura de la que se esperaba”.

El Ayuntamiento de Telde también ha colaborado con esta actividad de sensibilización y concienciación medioambiental suministrando bolsas de basura y carretillas.

El Cabildo de Gran Canaria, a través del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca, Patrimonio y Aguas, Francisco Santana, ha entregado al Ayuntamiento de Telde 25 árboles frutales para repoblar una finca que la corporación municipal ha podido recuperar, ya que anteriormente había sido expropiada, gracias al Convenio de Zonas Agrarias Deprimidas (ZAD).

La parcela se encuentra situada en la trasera de la Ermita de San Pedro Mártir, situada en el barrio teldense de San Juan, y ya dispone de naranjos y limoneros plantados que se intentarán rescatar. “Esta es la razón por la que entregamos tan pocos ejemplares, pero se irá viendo en función de la demanda”, ha explicado Francisco Santana, quién ha definido el proyecto como “una manera de darle un pulmón al casco de Telde”.

Según ha indicado María del Carmen Castellano Rodríguez, alcaldesa de Telde, el lugar se convertirá en “un punto de encuentro, a disposición de turistas y de la gente de Telde”.

Por su parte, la concejala de Agricultura, Ganadería y Pesca, María González, ha concretado que la propuesta se centrará en “impulsar los productos locales”, ya que todos los visitantes que acudan a la finca podrán “conocer los frutos típicos del lugar y comprarlos”.

El Ayuntamiento de Telde está buscando una solución similar para la Finca del Viso, situada en la Herradura. González ha declarado que “se están haciendo pequeñas parcelas para plantar 100 almendros” y participar, de este modo, en la ruta de estos frutos.

Después de que la junta de gobierno local haya dado el primer paso en el trámite administrativo para la aprobación del Plan General de Ordenación de Telde, Nueva Canarias se queja del escaso nivel de participación que se ha concedido a la sociedad.

En marzo, el partido político ya había reclamado la constitución de una mesa de expertos y la participación ciudadana en el diseño de la ciudad del futuro, al tiempo que destacaba la necesidad de despejar las dudas jurídicas, económicas y de otra índole que ya planteaba el avance.

Ahora, denuncian que el concejal de Urbanismo, Pablo Rodríguez, no se ha reunido con los dos principales colectivos ecologistas de la ciudad ni con ningún otro grupo de afectados o expertos, incluidos los grupos políticos.

Califican los dos encuentros entre los nacionalistas de ambos partidos como “anecdótico para un acercamiento superficial a las líneas generales del plan, porque no han llegado a ver un borrador del documento”.

En palabras de Carmen Hernández, “NC al menos no cree en la política de participación basada en la foto, que es lo que ha ocurrido en el diseño de este documento tan importante que recoge la apuesta por el modelo de ciudad presente y futura, básico para conseguir el equilibrio social, económico y medioambiental de un territorio”.

El grupo en la oposición resalta la necesidad de tener en cuenta la precaria situación económica del Ayuntamiento de Telde, que da poco margen de maniobra para “aventuras urbanísticas”, además de denunciar que el expediente recibido recientemente estaría incompleto al faltar el informe del interventor, que acreditaría, junto al secretario, la viabilidad de la ficha económica.

NC insiste en rechazar una “política basada en la imagen, sin que haya un trabajo de fondo con la sociedad” y critica que solo se disponga de 10 días para que los grupos de la oposición estudien en profundidad el documento.

Actualmente, hay una falta de regulación legal específica en materia de intervenciones corporales, algo que habría de solucionarse con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

A priori, constitucionalmente nos encontramos con la regulación del derecho a la intimidad (art. 18 CE), no existiendo, como sí se da en el caso de la inviolabilidad domiciliaria y en el secreto de las comunicaciones, reserva absoluta de previa resolución judicial.

No obstante, el art. 8 CEDH, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recoge que no podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley, por lo que se debe regular por ley las medidas que supongan una intromisión en los derechos a la intimidad e integridad física.

Con la regulación actual y el acuerdo del pleno de la sala 2.ª del Tribunal Supremo, de 31 de enero de 2006, se pueden distinguir dos casos:

1) Obtener una muestra del cuerpo del sospechoso de haber cometido un delito para su posterior análisis de ADN. El art. 363.2 LECrim indica que siempre que concurran acreditadas razones que lo justifiquen, el juez de instrucción podrá acordar, en resolución motivada, la obtención de muestras biológicas del sospechoso que resulten indispensables para la determinación de su perfil de ADN. A tal fin, podrá decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

2) Supuestos donde no es preciso injerir en la esfera privada y, por tanto, no afecta a los derechos fundamentales. El art. 326.3 LECrim señala que cuando se pusiera de manifiesto la existencia de huellas o vestigios cuyo análisis biológico pudiera contribuir al esclarecimiento del hecho investigado, el juez de instrucción adoptará u ordenará a la Policía Judicial o al médico forense que adopte las medidas necesarias para que la recogida, custodia y examen de aquellas muestras se verifique en condiciones que garanticen su autenticidad sin perjuicio de lo establecido en el art. 282.

La Policía Judicial tiene la labor de averiguar delitos y descubrir al delincuente, para lo cual debe llevar a cabo todos los actos de investigación necesarios para su cometido: recoger los efectos, instrumentos y pruebas que pudieran desaparecer, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.

En este sentido, la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, da cobertura legal a los reconocimientos, inspecciones e intervenciones corporales al sospechoso para extraer una muestra biológica que determine el perfil de ADN. Por su parte, la regulación de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN aparece en la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de Octubre (uso que debe darse a los datos obtenidos, laboratorios acreditados, nivel de seguridad aplicable, etc.).

Requisitos de la injerencia

En cualquier caso, la injerencia en la intimidad exige la existencia de un fin constitucionalmente legítimo y una previsión legal específica de la medida (generalmente acordada mediante resolución judicial), además de tener que ser necesaria e imprescindible.

El consentimiento del sospechoso permite la injerencia en el derecho protegido, de manera que, de no aceptar, sería indispensable una resolución judicial habilitante que evite que se anule la prueba obtenida.

En el caso de que haya que extraer una muestra o fluido que requiera un acto mínimo de intervención corporal del detenido, el consentimiento se hará en presencia de su letrado, siendo informado de modo claro y concluyente de que el resultado podría incriminarle.

Si el detenido se negara a la reseña biológica o de ADN en sede policial, se procedería de modo parecido a cuando se niega a la reseña dactilar, haciéndose constar mediante diligencia en el atestado policial y dando cuenta a la autoridad judicial para que determine el modo de proceder.

Encabezará la lista de la formación política en el municipio grancanario para las próximas elecciones de mayo de 2015

Hernández se compromete a reducir en un 20% los salarios de todos los miembros de la corporación local y a limitar el número de asesores

La asamblea general de militantes de Nueva Canarias (NC) en Telde ha votado por unanimidad que Carmen Hernández encabece la lista del partido como candidata a la Alcaldía del municipio grancanario para las próximas elecciones de mayo de 2015.

Los nacionalistas, que se definen en un comunicado “de izquierdas”, culminan de esta forma un proceso de elección que comenzó hace más de dos meses con la activación del procedimiento estatutario y que en Telde ha llevado, además, a un estudio y debate en profundidad sobre los criterios objetivos que deberían fundamentar la elección de su candidato.

La propuesta política que Hernández presentó a la militancia para avalar su candidatura contempla, en otras iniciativas, la sustitución de los planes de ajuste que han derivado en el incremento de los impuestos y el recorde de los servicios a los ciudadanos, por un plan de saneamiento y viabilidad económica que “libere de esa carga a los vecinos y centre su prioridad en hacer viable, eficaz y sensible con las personas el mantenimiento y funcionamiento del Ayuntamiento”.

Asimismo, asegura que el primer decreto que firmará en caso de que salir elegida tras los comicios, será la reducción en un 20% de los salarios de todos los miembros de la corporación local y la limitación del número de asesores a su mínima expresión.

Por otro lado, insta a colocar a la problemática de las familias y las actividades económicas más castigadas por la crisis, como “primera prioridad de gobierno”.

En este punto, dice empeñar su palabra en “trabajar sin descanso para conseguir de las instituciones insulares, canarias, estatales y europeas los recursos necesarios” para ejecutar “de forma inmediata” un plan integral de empleo e Integración social; otro de reactivación y dinamización económica, con especial atención al tejido empresarial de la ciudad; y uno más de emergencia social, que garantice que “a ninguna familia le falte sustento, techo y lo básico para desarrollar su vida en condiciones dignas hasta que se reincorporen al mercado de trabajo y quede eliminado su riesgo de exclusión social”.

Por otro lado, promueve una puesta en orden del consistorio, para convertirlo en una herramienta “útil, eficaz, rápida y solvente para mejor bienestar de los ciudadanos” que busque “verdaderas oportunidades para los emprendedores e inversores y definitiva recuperación de la credibilidad y buena reputación de la ciudad”.

En otro apartado de su intervención la candidata nacionalista se comprometió a volver a abrir las escuelas infantiles, respaldar el deporte y poner en valor el movimiento asociativo, que “no sólo volvería a gozar del apoyo y respeto que se le ha hurtado, sino que serán los protagonistas de la escuela de democracia y participación social en que queremos convertir a Telde”.

Palacio de Rocha de Telde. Dos jóvenes azafatas invitan a entrar al edificio y, con una sonrisa, entregan un folleto de la candidatura a la alcaldía de Telde de Pablo Rodríguez. En el interior, se agolpan centenares de personas y caminar se hace complicado mientras en la pantalla, irónicamente, se lee el eslogan para la próxima campaña de Coalición Canaria en Telde abriendo paso.

La música jazz acompaña un ambiente de apoyo al candidato capitaneado por el presidente de Canarias, Paulino Rivero, y completado por Fernando Bañolas y María del Mar Julios, entre otros.

En la siguiente sala hay un segundo monitor, esta vez con imágenes que se suceden de Pablo Rodríguez, quien comienza su discurso visiblemente emocionado y con micro de corbata. Agradece la asistencia y disculpa la ausencia de Margarita Alonso, tachando el conflicto entre Ojos de Garza y Aena como “una injusticia para un barrio de cinco mil vecinos que lleva 10 años sufriendo”.

Se refiere ahora a los taxistas, “otro colectivo que se ha cometido una terrible injusticia con ellos”. Recuerda que hace cinco años se presentó a sus primeras elecciones con el lema aire nuevo y asegura que “ese aire nuevo ya está en el municipio, aunque hace falta abrir muchas puertas y muchas ventanas”.

Promete que “no va a haber nadie que nos pare en el camino de hacer las cosas bien” y anuncia que se ha aprobado la inversión de seis millones de euros para una zona deportiva en La Barranquera, con capital privado.

Termina de hablar. Suena U2 en los altavoces y algunos asistentes se sacan fotos con Paulino Rivero. El nacionalista califica a Rodríguez como un “candidato magnífico” para cambiar la idea que desde fuera se tiene de Telde, cuyas referencias aluden a los “conflictos con líos, con diferencias, con falta de compromiso, con falta de seriedad, con falta de rigor”, según Rivero.

En el acto también estuvo Juan José Gil (PP), a quien últimamente se le relaciona junto a los círculos Coalición Canaria. Para acallar los rumores de un posible transfuguismo, el alcalde de Ingenio dijo que acudía al acto por la amistad que le une a Pablo Rodríguez y por la lucha que han mantenido ambos a favor del sector del taxi.

Nuestra constitución prevé en su catálogo de derechos fundamentales el derecho a un proceso público con todas las garantías(artículo 24). En el procedimiento penal, estas garantías se plasman en una amalgama de derechos que garantizan a los acusados cuestiones tan básicas como conocer el delito que se les imputa o garantizar que, en caso de condena, ésta no será sobre hechos distintos a los que constituyen el objeto del juicio oral.

Todas éstas garantías se reflejan perfectamente en la propia constitución de una manera clara y sencilla, encontrándonos expresamente para el ejercicio de la defensa el derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia, lo que, en la práctica, da derecho a mentir, no dejando pasar nunca que la presunción de inocencia implica que, en caso de que estemos imputados por un delito, no somos nosotros los que debemos probar nuestra inocencia; al contrario, es el acusador quien tiene que demostrar el hecho y la participación del acusado.

El imputado es el sujeto pasivo del proceso penal y el titular indiscutible del derecho más esencial que ha de hacerse valer en una sociedad democrática: la libertad. Por tanto, la simple imputación no es más que la sospecha de la participación de una persona, en concreto, en un determinado hecho punible, sin entrar en consideraciones acerca de la culpabilidad o no del sujeto, que deberá determinarse en sede judicial.

El imputado se encuentra en situación de igualdad respecto de las partes acusadoras y, por lo tanto, en idénticas posibilidades de intervenir en la fase de instrucción (investigación judicial del hecho).

El derecho a la defensa sirve para hacer efectiva la inocencia, siendo un derecho que habilita al imputado para el ejercicio de las facultades reconocidas por las leyes sustantivas y procesales, y que le permiten oponerse a la pretensión penal instada contra él.

El derecho de defensa es un derecho genérico que engloba el derecho a ser informado de la acusación, el derecho al principio de contradicción, al acceso penal, a la asistencia letrada, a la práctica de cuantas pruebas fueren necesarias, a no declarar contra sí mismo, derecho a los recursos, a la última palabra, etcétera.

Algunos de estos derechos, como se ha referido anteriormente, están consagrados expresamente en la constitución, existiendo además otros como los previstos en los artículos 17 (libertad) y 18 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones). Todos ellos forman un catálogo de garantías constitucionales que se amplían expresamente en el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este último artículo se refiere a los derechos de toda persona detenida o presa, y establece el derecho a designar abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y judiciales e intervenga en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto. Si el detenido o preso no designara abogado, se procederá a la designación de uno de oficio.

La asistencia de letrado es obligatoria desde la detención o desde la imputación de un delito. En otro orden, nos encontramos también con el derecho a la información del acusado, quien debe conocer perfectamente los hechos que se le imputan, siendo ello fundamental para la defensa, y debiendo ser informado también de todos sus derechos, tanto en la sede policial como en sus declaraciones judiciales, del material probatorio en que se sustenta la acusación formulada o la calificación jurídica de los hechos imputados.

En suma, un conjunto de derechos necesarios e imprescindibles en un estado de derecho; facultades y prerrogativas que hacen posible que se dicten sentencias sólo respecto de hechos probados, con igualdad de condiciones en el procedimiento penal para todas las partes.

Coalición Canaria de Telde ha proclamado de manera oficial a Pablo Rodríguez candidato a la Alcaldía de Telde para las próximas elecciones municipales de 2015.

Su canidatura, la única presentada en el municipio, consiguió 362 votos de la militancia en el proceso de primarias instaurado por los nacionalistas. Es la primera vez que se celebran elecciones internas en una organización política de ámbito local en Canarias.

Los militantes del partido político han respaldado a Pablo Rodríguez con el 98% de los votos escrutados, convirtiéndole en el primer candidato a la alcaldía escogido mediante un proceso abierto, participativo y transparente, en el que la base toma todo el protagonismo de la organización, según un comunicado de la organización.

Hasta un 53,7% de los miembros de CC Telde se movilizaron el pasado 17 de junio para dar apoyo a Rodríguez, quien declaraba que se postulaba a alcalde “ con la voluntad de dar continuidad al proceso regeneracionista comenzado hace apenas tres años”.

Además, el actual primer teniente del alcalde del Ayuntamiento de Telde afirmaba que “ la sociedad demanda cada vez más tomar parte de los asuntos de interés general y tener más participación y peso en lo público”, por lo que “Telde merece ser un municipio moderno de futuro adaptado a los tiempos que corren y a la categoría de gran ciudad que posee”, zanjaba el candidato.

La planta desalinizadora Telde II debía haber comenzado a funcionar este junio, según asegura la concejala de Aguas del Ayuntamiento de Telde, Sonsoles Martín.

Para ello, habrían de realizarse pruebas previas y obtener la autorización para instalar el sistema eléctrico. La planta lleva tres años sin estar operativa, desde que se construyera en 2011 gracias a la inversión de 19 millones de euros del Ministerio de Medio Ambiente. El problema, al parecer, era que los tubos de succión de agua que se construyeron eran demasiado cortos.

Ahora, con una inversión de la empresa mixta Aguas de Telde -propiedad de Canaragua y Ayuntamiento de Telde-, la desaladora podría al fin cumplir su objetivo tras reparar los desperfectos que impedían el tratamiento del agua . En principio, la partida económica se estimaba en 500.000 euros, aunque no se ha especificado el gasto final.

La obra ha consistido en acondicionar el interior y el exterior de la explotación, consiguiendo completar la conexión hidráulica de los pozos de captación de líquido entre las plantas Telde I y Telde II, garantizando así la entrada de caudal. Se espera que la nueva estación incremente la producción en 1.000 m3/día, llegando hasta los 16.000 m3/día en total.

Un error estructural sin responsables

Telde II se ideó ante la carencia de abasto que sufre el municipio del este de Gran Canaria, cuyo consistorio se ha visto obligado a comprar agua procedente de pozos privados. Así, su puesta en funcionamiento facilitará el ahorro y la independencia productiva del agua de consumo doméstico. El edificio podrá ampliarse en el futuro y está dotado con un sistema de eficiencia energética de vanguardia.

Ante la pregunta de por qué nadie se percató de que se estaba construyendo una planta inservible en el momento de su finalización y si existe algún responsable del posible error, el Ministerio de Medio Ambiente se limita a explicar que las obras fueron financiadas por la Dirección General del Agua, en base a un convenio firmado el 9 de diciembre de 2008 entre el órgano estatal y la Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, desde donde se dirigieron los trabajos.

“A partir de ese momento, este Ministerio desconoce el uso que el Gobierno de Canarias ha hecho de estas obras”, añaden desde el Gobierno de España.

Sin embargo, desde el ejecutivo regional se afirma que Telde II “está cedida desde hace al menos seis años al Ayuntamiento de Telde, asumiendo este su gestión, mantenimiento y conservación”. Además, alegan que “la planta la ejecutó el Ministerio directamente y la cedió al Gobierno (de Canarias) y este, a su vez, al ayuntamiento a petición del mismo”. De momento, Telde II continúa sin aportar al abasto municipal ni una gota de agua desalinizada, un problema que habría de quedar resuelto en pocos días.

Cada año, 60.000 animales son maltratados en España en fiestas populares y 200.000 animales son abandonados; entre ellos, 150.000 perros y 50.000 galgos encuentran la muerte asesinados. Algunos animales son llevados hasta la extenuación, mutilación, desnutrición, parálisis, daños irreparables o incluso hasta la muerte.

En el año 2004, se incluyó en nuestra legislación penal el delito de maltrato a los animales domésticos, tipificado en el art. 337 CP tras una legislación nada satisfactoria y es que, como advertía el Fiscal Coordinador de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, en un artículo publicado en El País en el año 2006: “la conciencia de atizarle al perro sigue estando arraigada y eso tiene que cambiar”.

La respuesta penal a aquellos comportamientos que deben sancionarse llega muchas veces tarde y quizás esto se haya dado con creces en este tipo de delitos. Así, la cada vez más sensibilización de la sociedad por los derechos a los animales ha generado una mayor protección a los mismos, plasmándose en tipos penales que pretenden dar cobertura a la protección animal, aún cuando existen sectores que continúan criticando la escasa protección jurídica en este tipo de supuestos.

Hasta la reforma penal, que entró en vigor en el año 2004, el derecho penal se ha mantenido prácticamente al margen de la protección de los animales, siendo considerable hasta el momento el lamentable fracaso del derecho administrativo y no bastando las simples sanciones de ésta índole.

El maltrato a los animales se refleja en el artículo 337 CP, 631 y 632 CP. Concretamente, el artículo 337 CP establece el maltrato a los animales como delito con penas que pueden llegar hasta el año de prisión, sancionando actos que supongan un maltrato injustificado y con ensañamiento a animales domésticos causándoles la muerte o provocándoles lesiones que les produzcan un grave menoscabo físico.

Hablamos de un tipo penal claro que deja fuera de protección a los animales salvajes (por lo que excluye las corridas de toros). De esta manera, cuando hablamos de animal doméstico, se trata de proteger al animal que cohabita con nosotros, teniendo un carácter social o lúdico. No obstante, podrían incluirse también animales que aún siendo salvajes, son acostumbrados a la compañía de una persona, dependiendo de ésta para su subsistencia.

Por otro lado, como se observa, la acción delictiva que se castiga es sólo aquel acto que pueda llegar a causar la muerte o provocar lesiones que produzcan un grave menoscabo físico; por tanto, podrían quedar fuera actuaciones que lejos de producir necesariamente un daño físico en el animal, puedan suponerle un daño psíquico.

En estas situaciones el animal, aún teniendo lo indispensable para su subsistencia, se pasa toda su vida atado o gravemente desatendido, produciendo una lesión que puede manifestarse en una agresividad descontrolada.

Los casos en los que no se produzca la muerte del animal o bien un resultado lesivo grave, debemos acudir al catálogo de faltas, donde los artículos 631 y 632 CP prevén respuestas menos graves para este tipo de conductas.

El art. 632.2 CP castiga el maltrato cruel a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizadoslegalmente y siempre que no sea uno de los supuestos nombrados del art. 337 CP.

En el precepto 632.2 CP, se incluye el concepto de crueldad, que impide la aplicación del tipo para los casos de maltrato que no supongan, por tanto, actos de crueldad.

Finalmente, señalar también la falta prevista en el art. 631.2 CP, donde se castiga el abandono de animales domésticos en condiciones de peligro para su vida o integridad física; puede considerarse que se trata de un precepto de compleja aplicación por estar ante un delito denominado de peligro hipotético, es decir, el abandono sólo sería delictivo si pone en peligro la vida o integridad del animal.

Esta falta engloba aquellos supuestos de abandono con evidente desprotección para el animal (carreteras, en plena calle, etc.), terminen o no con un resultado de lesiones o de muerte. Podemos entender que quedarían algunos supuestos excluidos, como aquellos donde el dueño del animal deja atado al mismo a una reja o a un árbol y a la vista de terceros que pueden evitar el acto de abandono cometido.

Aún, quizás, queda mucho por legislar, pero resulta interesante que se proteja a los animales cuando éstos muchas veces son los que nos protegen a nosotros o a nuestros bienes.