El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso interpuesto por los condenados en el caso Mamotreto de la playa de Las Teresitas, los exconcejales Manuel Parejo y Norberto Plasencia (de CC), la extécnica de Infraestructuras Loreto Ariz y el funcionario de Urbanismo Epifano Gómez, contra la negativa del Ayuntamiento a la petición de los recurrentes de modificación de la normativa urbanística para así evitar parte de la demolición. Esta sentencia se produce cuando el edificio de aparcamientos sin terminar en la playa, el llamado mamotreto, ya ha sido demolido.

Los recurrentes fueron condenados en su día por el Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife, además de a distintas penas de prisión e inhabilitación por prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio, a costear la demolición del edificio de aparcamientos, pero el fallo en apelación de la Audiencia, si bien confirmó la condena, dejó abierta la posibilidad de que el Ayuntamiento pudiera legalizar parte de las obras ilícitas y, con ello, evitara parte de la demolición, siempre que se produjera una modificación del planeamiento municipal. Esto al final no ha ocurrido.

Los condenados pidieron al Ayuntamiento que llevase a cabo esas modificaciones y, al recibir una respuesta negativa de la Corporación, en abril de 2016, acudieron a la jurisdicción contencioso administrativa, que ahora no solo ha desestimado el recurso, sino que los ha condenado en costas.

El fallo considera “paradójico” que “quienes han resultado ser condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones públicas en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se alcen ante esta jurisdicción en defensa del patrimonio municipal”.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo entiende que la decisión de proceder o no a la legalización instada por los condenados es competencia del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y no un “derecho subjetivo” de los condenados, y explica que, al haber sido acordada en la vía penal, la cuestión corresponde al incidente de ejecución de aquel fallo.

Asimismo, recuerda la autoridad judicial la existencia de un auto del Juzgado de lo Penal que conmina al Ayuntamiento a la “demolición total de la obra”.

El periodista Noé Ramón ha publicado el libro Las Teresitas: de la A de Anticorrupción a la Z de Zerolo, en el que se recoge los diferentes juicios celebrados en los últimos meses por la operación de compraventa de los terrenos del frente de la playa chicharrera.

La editorial Ediciones Idea, que es la que ha editado el libro, recuerda que el juicio principal tuvo lugar a finales del pasado año y la correspondiente sentencia condenatoria “permitió conocer de primera mano los entresijos de una particular forma de entender la política y los negocios, tal y como se relata ahora en esta obra”

El libro también hace referencia a la vista civil que tuvo lugar a principios de 2016, al juicio a los directivos de la Junta de Compensación que se celebró a la vez que el principal, al del edificio conocido como mamotreto, situado al inicio de la playa, y a la investigación sobre la financiación irregular del Centro Canario Nacionalista (CCN).

La sentencia, en primera instancia, condenó al exalcalde de Santa Cruz Miguel Zerolo y al exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, así como a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González y a los técnicos Víctor Reyes y José Tomás Martín.

Noé Ramón Martín Plasencia nació en 1965 en Santa Cruz de La Palma, estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y desde el año 1991 ha trabajado en distintos medios de comunicación de varias islas, entre ellos Canarias Ahora y Tenerife Ahora.

En la actualidad colabora con el periódico El Día en la sección de tribunales.

La Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción ha manifestado este lunes su intención de llevar ante la Fiscalía a los responsables de lo que entienden que es “el mayor acto de irresponsabilidad democrática cometido en torno al edificio”. Los responsables de la Plataforma, junto a los concejales de Santa Cruz José Ángel Martín (PSOE) y Pedro Fernández Arcila (Sí Se Puede), comprenden que puede existir un delito de desobediencia en grado de inducción y ponen como fecha límite para que se derribe el mes de octubre -cuando está prevista la demolición- para, si eso no ocurre, acudir al Ministerio Público, a la Fiscalía.

Voces representativas de Coalición Canaria (CC) en el municipio capitalino, entre ellas las de tres exalcaldes, se han manifestado en contra del derribo del mamotreto tras la adjudicación de la demolición de esa estructura en aplicación de una sentencia firme. Incluso han creado un colectivo para su legalización y han lanzado una campaña en change.org, lo que significa promover el incumplimiento de la sentencia, que, como se ha dicho, ya es firme. Este grupo está encabezado por tres de los exalcaldes de Santa Cruz de Tenerife, de manera especial Manuel Hermoso, también expresidente del Gobierno de Canarias.

El citado exalcalde y expresidente canario, junto al exregidor local José Emilio García Gómez, hoy en el PP, expresaron su intención de abrir un diálogo interno dentro del partido para que no se derrumbe el edificio, lo que expresaron en Diario de Avisos, donde llegaron a señalar que iban a “intentar convencer a Coalición Canaria para que se abra un diálogo y se busquen soluciones a ese asunto”. Los exalcaldes se sumaban así a la postura que venía defendiendo el exconcejal de Urbanismo Carlos Garcinuño (PP), quien fue destituido en junio por el actual alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez (CC), tras votar en contra de la adjudicación de la demolición del mamotreto.

Los representantes de la oposición en el Ayuntamiento tinerfeño se han querido sumar este lunes al comunicado que el presidente de la Audiencia Provincial tinerfeña, Joaquín Astor Landete, transmitió hace unos días acerca del mantenimiento del mamotreto. Landete echaba por tierra uno de los argumentos esgrimidos por los exalcaldes: su mantenimiento como parte del patrimonio público. “Una edificación ilegal no es patrimonio público, sino la utilización ilícita del dominio público cuya salvaguardia corresponde al Ayuntamiento”, apostilló. Al respecto, consideró que “las llamadas a la desobediencia respecto a la resolución judicial que ordena la demolición de la obra, orquestadas desde sectores interesados y que puedan llevar a confusión a la ciudadanía, constituyen un acto de irresponsabilidad inadmisible en un Estado de Derecho”.

Las Teresitas, una historia de corrupción

El frente de playa de Las Teresitas envuelve varios de los casos de corrupción urbanística más destacados de la isla de Tenerife. Uno de los más conocidos es el caso Las Teresitas, por el cual fue condenado a seis años de prisión el exsenador de Coalición Canaria Miguel Zerolo. Como resultado del entramado del caso Las Teresitas surge una obra con valor simbólico sobre la que pesa otro caso de corrupción urbanística: se trata del mamotreto.

De aquel denominado pelotazo de libro surge una de las piezas separadas más conocidas, el caso mamotreto. El edificio de aparcamientos situado en el frente de la playa santacrucera formaba parte de un plan previsto para remodelar la zona, donde no solo se habría incluido un parking, sino también un centro comercial. Esta propuesta ha sido durante muchos años una de las grandes peticiones de los vecinos de la ciudad.

Sin embargo, en la actualidad, el edificio diseñado por el arquitecto francés Dominique Perrault debe ser derribado. Sobre el mamotreto pesa una sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz, ya que fue construido de forma ilegal durante el mandato del exalcalde Miguel Zerolo.

Es en el año 2007 cuando la Fiscalía abre instancias por delitos medioambientales a raíz de una denuncia de la Asociación Tinerfeña de la Naturaleza (ATAN) y el grupo socialista. Un año más tarde, las obras fueron paralizadas y comenzaría una de las piezas separadas del caso Las Teresitas. Una de las razones de la ilegalidad del edificio era que incumplía el proyecto original y el Plan General vigente en ese momento, de tal manera que los responsables del Ayuntamiento de Santa Cruz se habían saltado las recomendaciones de los técnicos.

La sentencia firme del caso mamotreto se dicta en el año 2014, y concluye con penas de prisión para los exconcejales Manuel Parejo, también implicado en el caso Las Teresitas, Norberto Plasencia y la extécnica de Infraestructuras Loreto Ariz, por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación administrativa.

A pesar de que la sentencia firme se dicta en el año 2014 y de que los acusados ya cumplen condena, el caso mamotreto parece no concluir. La sentencia deja claro que el edificio de aparcamientos debe ser derribado y costeado por los condenados; sin embargo, no ha sido hasta este año cuando se ha adjudicado la obra del derribo.

A lo largo de estos dos años y medio, la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción ha venido advirtiendo al Ayuntamiento de Santa Cruz y al grupo de gobierno de los delitos en los que se podría incurrir en caso de no cumplirla. Obra que a día de hoy se encuentra adjudicada y pendiente de demolición.

El mamotreto se encuentra rodeado, a su vez, por dos asuntos de referencia en la playa. Por un lado, la aprobación del Plan Especial de la Playa de Las Teresitas, que contempla la construcción de un nuevo edificio de aparcamientos, cuestión que la propia Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción ha llevado a Fiscalía. Y por otro lado, la titularidad de los terrenos del frente de playa. Como consecuencia del caso Las Teresitas y de la compraventa del frente de playa de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, propietarios de la sociedad limitada Inversiones Las Teresitas, no se tiene claro si los terrenos son de titularidad pública o pertenecen a esos empresarios. Por esta razón, el propio Plan Especial no se podría llevar a cabo, opinan algunos grupos políticos en el Ayuntamiento.

El exsenador de Coalición Canaria (CC) Miguel Zerolo, condenado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a siete años de prisión por malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso Las Teresitas, ha quedado en libertad provisional y deberá personarse en el juzgado más cercano a su residencia entre los diez primeros días de cada mes. No podrá salir de territorio nacional hasta que el Tribunal Supremo confirme o no la sentencia de la Audiencia Provincial.

El tribunal no se ha pronunciado aún sobre la garantía de indemnización al Ayuntamiento en lo que se llaman las “medidas reales”, que no son otras que las referentes a la responsabilidad civil, lo que se espera en un próximo auto judicial. Esa responsabilidad civil es de cerca de 62 millones de euros, que se deben devolver a las arcas públicas del Ayuntamiento.

En cuanto a los otros cinco condenados, que son dos técnicos municipales (Víctor Reyes y Tomás Martín); el exconcejal de Urbanismo y mano derecha de Zerolo, Manuel Parejo (ya en prisión por otra causa judicial, el caso Mamotreto), y los empresarios beneficiados, Antonio Plasencia e Ignacio González, la Audiencia Provincial ordenó la entrega del pasaporte , sin necesidad de comparecer en un juzgado periódicamente.

Esta es la medida salomónica que ha dictado la Sección Segunda de la Audiencia Provincial seis días después de que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular solicitaran, en una vista que se celebró el pasado viernes, que se dictara la prisión provisional para el exsenador y exalcalde de la capital Santa Cruz de Tenerife, condenado por la compraventa fraudulenta del frente de la principal playa de la ciudad, la de Las Teresitas.

Esa operación benefició a los empresarios condenados, en contra de los intereses ciudadanos, al permitirles la compra de 101 parcelas de la playa y aledaños, parte de ellas de propiedad municipal, de las que 11 de ellas luego fueron recompradas por el Ayuntamiento por tres veces el valor de toda lo pagado por los empresarios. Fueron 33 millones de euros por todos los terrenos y 52 millones por la venta de las 11 parcelas. El dinero que deberá devolverse a las arcas municipales es de cerca de 62 millones de euros, sumados los más de nueve millones que corresponden a intereses.

La sombra del cohecho sobreseído

El auto judicial dado a conocer este jueves fundamenta que la prisión “es una medida excepcional” y que solo debe aplicarse a casos en los que el riesgo de fuga para eludir la acción de la justicia sea más que razonable y que no estén marcados “por una alarma social”.

Para el tribunal juzgador, los hechos esgrimidos por la Fiscalía Anticorrupción, en los que se alegaba un riesgo “altísimo” de posibilidad de fuga por parte de Miguel Zerolo, dado que debía poseer ingresos ocultos que le han permitido vivir seis años (justo tras la compraventa de la playa) sin que se percibieran movimientos en sus cuentas bancarias, no son suficientes para ordenar su ingreso en prisión.

Al contrario, dice el tribunal que son “indicios” que se manejaron durante la investigación de este calificado como “pelotazo de libro” por un posible cohecho que que finalmente fue sobreseído.

En este sentido, dice el auto judicial que “el Ministerio Fiscal y la acusación apuntan a la existencia de indicios de que Zerolo Aguilar podría ser titular de un patrimonio ubicado probablemente en el extranjero y mantenido fuera del alcance y conocimiento de las autoridades españolas. Para mantener tales afirmaciones se alude a diversos informes policiales unidos a una de las piezas del procedimiento (las investigaciones por cohecho) que fue finalmente sobreseída”.

También añade que “este  tribunal ya hizo en su sentencia referencia a que los hechos que se declaraban probados habían generado extraordinarias plusvalías y que incluso se había acreditado la recepción de elevadas cantidades de dinero por alguna de las personas relacionadas con ellos”.

Pero estas sospechas no pudieron concretarse, por lo que, dicen los jueces, no cabe basarse en ellas para adoptar la medida cautelar para cuatro de los condenados, para los que se pedía la prisión provisional: además de Miguel Zerolo, Manuel Parejo y los dos empresarios, Plasencia y González.

Las acusaciones particulares argumentaron que Miguel Zerolo, aparte de la posibilidad de tener dinero fuera de España, no tenía en la actualidad empleo conocido, al contrario de los técnicos Víctor Reyes y Tomás Martín (exsecretario de la Gerencia de Urbanismo y exdirector de esta entre 1999 y 2001, cuando se ejecutó la compra y luego la compraventa del frente de la playa), quienes mantienen sus puestos de trabajo.

Sin embargo, los magistrados consideran que la prisión provisional es desproporcionada hasta que sea firme, y que el “riesgo de fuga” puede ser compensado con la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse en algún juzgado, el que designe, los primeros días de cada mes. Agregan que Zerolo siempre “ha estado a disposición de este tribunal”. Lo estuvo en la vistilla del pasado viernes, en la que defendió su falta de medios económicos y su intención de no huir.

En cuanto al exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial estima que, dado que ya está en prisión, los controles sobre su posible riesgo de fuga están en manos de las autoridades penitenciarias. También señalan que, como Zerolo, no ha faltado a las comparecencias ante el tribunal.

Ni la Fiscalía ni la acusación particular, representada por el abogado de Justicia y Sociedad Pérez Ventura, solicitaron el ingreso en prisión de Víctor Reyes y Tomás Martín, para quienes ha dictado la liberad provisional con retirada del pasaporte, pero sin necesidad de comparecer ante un juzgado.

Es la misma medida adoptada para los empresarios condenados. El tribunal admite que cuentan con un cuantioso patrimonio que les ha permitido hacer frente a las fianzas impuestas, pero argumentan que “se trata nuevamente de personas que han atendido cada citación judicial que se les ha dirigido; que tienen un arraigo personal extraordinario en Santa Cruz de Tenerife”.

Continúa el auto con que “ambos son personas ”de edad avanzada. Es difícil imaginar llevando una vida clandestina, ocultándose a las autoridades. No se aprecia, a la vista de lo anterior, la concurrencia de circunstancias de las que quepa derivar un riesgo de fuga...“.

Falta el auto que dirima la necesidad de garantizar el pago de la indemnización al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por el negocio fraudulento.

Para las acusaciones particulares del caso Las Teresitas no cabe duda de que las posibilidades de fuga de Miguel Zerolo, condenado a siete años de prisión y 17 de inhabilitación por esta causa, son “altísimas”. Tan altas como la posibilidad de fugarse de otros tres condenados: Manuel Parejo y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín. Para los cuatro se ha pedido la prisión incondicional.

Es lo que ha manifestado la fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez, al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en la comparecencia (vistilla) que se ha celebrado este viernes para solicitar la adopción de medidas cautelares que garanticen el cumplimiento de la sentencia, aunque no sea firme y haya sido recurrida al Tribunal Supremo, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Esas medidas, personales unas (el arraigo) y reales otras (la fianza para cumplir con la responsabilidad civil), van desde el ingreso en prisión provisional hasta la liberad provisional con fianza, o la simple retirada del pasaporte y/o comparecencia en los juzgados cada mes o cada 15 días.

La petición de prisión provisional para Miguel Zerolo ha sido contundente. El exalcalde de la capital tinerfeña y exsenador por Coalición Canaria se volvió a sentar en el banquillo de los acusados al lado de otros dos condenados, los funcionarios Tomás Martín y Víctor Reyes (no acudieron los empresarios Antonio Plasencia ni Ignacio González, ni el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, que cumple otra condena en la cárcel de Tenerife), y escuchó, negando con la cabeza, el repaso que la Policía Judicial hizo a sus cuentas bancarias y a las de su familia desde 1999 hasta 2006, cuando se presentó la denuncia ante la Fiscalía que iniciara esta causa.

La descripción de los hechos y supuestos sobre las posibilidades de fuga de Miguel Zerolo, “multiplicadas tras conocer la sentencia por la que ha sido condenado”, la llevó a cabo María Farnés Martínez. Para ello se basó en una sentencia del Tribunal Constitucional.  

“No tiene actividad profesional actual, así que no tiene arraigo profesional aquí”. Entre 1999 y 2006, apenas ha habido movimientos en sus cuentas bancarias, con meses en esos años en los que ni siquiera se ha reflejado un gasto de supermercado o retirada de dinero en efectivo. Ningún gasto. “Tiene una cuenta encubierta. Ha tenido que disponer de dinero para su vida cotidiana. ¿De dónde lo ha sacado? Ni idea”, dijo la fiscal, quien añadió que el alcalde (al que se le califica en la sentencia como la cabeza de “una trama delictiva organizada”) no hizo durante la investigación judicial nada “para desmentir los indicios policiales”.

Los premios de lotería

Miguel Zerolo siempre ha afirmado que le tocó la lotería de Navidad y acto seguido la de El Niño, pero la fiscal se preguntó de dónde había obtenido el dinero para pagar una serie entera y gastar más de 2.000 euros, como tampoco se explica la compra de varios vehículos de gama media pagados en efectivo, entre 1999 y 2002.

Es el tiempo en el que se llevó a cabo la operación de Las Teresitas, es decir, desde que Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, que eran los empresarios más poderosos de la provincia tinerfeña, crearon Inversiones Las Teresitas, SL, para comprar todos los terrenos de la playa y tres años después venderlos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la décima parte, el frente, por tres veces su valor.

Entre medias, sí aparecen gastos en las cuentas bancarias de Zerolo pero para ocio, como viajes a Senegal, Ghana, Argentina o Uruguay. La fiscal recordó al tribunal que, cuando en 2011 Zerolo fue nombrado senador por Coalición Canaria, hizo público que tenía acciones en diversas empresas, algunas de ellas mineras, por valor de más de 467.000 euros. “Es evidente y acreditado que tiene una patrimonio y una economía oculta”.

La sentencia de la Audiencia Provincial ha expuesto que la indemnización al Ayuntamiento por el perjuicio causado se acerca a los 62 millones de euros (52.588.156,75 euros, a los que se suman 9.159.884,67 de intereses), por lo que la Fiscalía y la acusación particular han solicitado que se lleve a cabo el bloqueo de cuentas bancarias, depósitos u otros productos financieros de los seis condenados para garantizar el pago, y que, en caso no se ser suficiente, se embarguen los bienes muebles e inmuebles que indirectamente pudieran tener.

Los arraigos en el extranjero

Las acusaciones particulares también destacaron las altas posibilidades de fuga de Manuel Parejo, pese a que ya está en prisión por el caso Mamotreto. Sin embargo, al cumplir una pena de poco más de tres años y poder obtener beneficios penitenciarios en nueve meses, las posibilidades de fuga son elevadas, máxime cuando está pendiente de que se celebre otro juicio por el caso La Ninfa, por el que puede ser condenado a seis años de cárcel. En total, más de 16.

Manuel Parejo, que era concejal de Urbanismo y mano derecha de Miguel Zerolo entre 1999 y 2001, tiene su familia y su trabajo en Tenerife, pero la fiscal desveló que Parejo tiene un hijo en República Dominicana, que a su vez tiene una empresa sin actividad mercantil clara, que arrancó con ocho millones de pesetas en 1999 y que en 2001 tenía un capital superior al millón y medio de euros.

“No tenía actividad en España pero había transferencias regulares de capital de República Dominicana a Tenerife y de Tenerife a República Dominicana, con las comisiones bancarias que ello supone. La explicación es que las certificaciones bancarias justificaban las salidas de capital al extranjero”, dijo la fiscal, por lo que cree probable que tenga algún patrimonio fuera de España. 

Antonio Plasencia igualmente tiene familiares fuera. Su hija Ana reside en Estados Unidos y a su cuenta han llegado transferencias que superan los cinco millones y medio de euros. Además, prosiguió la fiscal, de las cuentas de Ignacio Plasencia e Ignacio González salieron 423 millones de euros y 170 millones de euros que “no se sabe dónde han ido a parar”, dijo Martínez.

A Ignacio González no se le conocen familiares en el extranjero, pero sí sus numerosas transferencias de capital a diversos países para la compra de inmuebles, como hoteles, por lo que la fiscal asimismo cree que existe riesgo de fuga. La acusación particular solicitó que, en caso de que no se dictase la medida cautelar de prisión, se le impusiera una libertad condicionada y una fianza de al menos el 10% de la responsabilidad civil, esto es, de unos seis millones de euros.

Los otros dos condenados por el caso Las Teresitas, Tomás Martín y Víctor Reyes, el exgerente y el exsecretario general de la Gerencia de Urbanismo, respectivamente, condenados a penas más bajas, de cuatro años y cuatro años y medio de cárcel, no tendrán que ir a prisión provisional, ya que las acusaciones no lo han solicitado.

“Es una anticipación de la pena”

El abogado defensor de Zerolo dijo sentirse “indignado” ante la petición de prisión porque se trataría de una “anticipación de la pena”, ya que ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo, pero centró su alegato en que “no se tiene prueba alguna de los hechos expuestos. El cohecho quedó fuera de la vista oral”, dijo.

Jorge Muñoz rebajó el dinero de las acciones de bolsa que tenía Zerolo a 150.000 euros porque “las acciones suben y bajan además del sobrecoste de tener dos hijos que estudiaban en Madrid”. En relación con el dinero en su bolsillo para la vida cotidiana, reprochó a la fiscal que no supiera que las retribuciones del alcalde como consejero de CajaCanarias y como miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria tinerfeña “se pagaban en efectivo”.

“Son hechos subjetivos. Es inadmisible que se pida la prisión provisional. Como mucho, que se le retire el pasaporte”. 

El abogado de Manuel Parejo coincidió con su colega en que la privación de libertad supondría una anticipación de la pena, cuando esta no es firme. “Si no hay sentencia firme, Parejo es inocente”, recalcó, y en cuanto al riesgo de fuga, lo considera imposible “porque antes se tendría que fugar de la prisión”.

Recordó que Manuel Parejo “ingresó voluntariamente en la penitenciaría de Tenerife cuando ya conocía la sentencia” del caso Las Teresitas, lo que le supone indicio sobrado para garantizar que no tiene intención de huir del país.

La defensa de Antonio Plasencia sostuvo que se estaba ante “un acto propagandístico”, para “tener buenos titulares”, porque dijo no explicarse cómo teniendo tan claro el alto riesgo de fuga la fiscal no había solicitado “el mismo día que se conoció la sentencia, el pasado 27 de abril, la adopción de las medidas cautelares”. “Mi cliente no ha venido hoy porque el tribunal se lo ha permitido. Tiene 80 años y está convencido de que se ganará este juicio en el Tribunal Supremo”, aseveró.

“Pretender que con 80 años quiera fugarse, y que ahora esté con otros delincuentes comunes haciéndose un pasaporte falso... Toda su familia está aquí, hijos, nietos. Si quiere yo le traigo su pasaporte ahora mismo. Hay medidas menos gravosas que la privación de libertad”.

El abogado del que fue presidente de la Cámara de Comercio tinerfeña, Ignacio González, defendió que “no concurren los requisitos para que se adopte ningún tipo de medida”, y en todo caso, añadió, “el ingreso en prisión ”es una medida excepcional“.

La “mala fe” del Ayuntamiento de Santa Cruz

Una vez decidido por los magistrados que la vista sería pública, el presidente del tribunal, Joaquín Astor Landete, dedicó unos minutos a reprocharle a la representante del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la “mala fe” de sus servicios jurídicos al adherirse a las peticiones de la Fiscalía tan solo unas horas antes de la celebración de la vistilla de este viernes.

El magistrado dejó claro a la letrada que “la presentación de los escritos la tarde del día anterior, cuando tenían conocimiento de esta comparecencia desde hacía días, no son las formas”.

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, condenado a siete años de prisión por el caso de las Teresitas, ha asegurado este viernes durante la vista judicial para examinar las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones y la Fiscalía, que no puede fugarse a ningún sitio porque no quiere, además de que no tiene dinero ni patrimonio.

Zerolo ha hecho uso a su derecho a intervenir en la vista después de que la Fiscalía y la acusación particular pidieran su ingreso en prisión por riesgo de fuga hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación sobre la sentencia.

“Si tengo que subir a la cárcel ingresaré con la cabeza alta y la conciencia tranquila”, ha afirmado Zerolo, quién ha asegurado que se siente inocente y que confía en que el Supremo, “en la distancia”, haga justicia.

El exalcalde ha afirmado que carece de patrimonio y de voluntad para eludir la acción de la justicia porque está arraigado en Tenerife, donde reside su familia y porque le gusta esta tierra.

Ha retado a la fiscal y a la acusación particular “a que sigan buscando” porque no tiene dinero y ha atribuido a leyendas urbanas la suposición de que tiene patrimonio oculto.

La alocución de Zerolo ante el tribunal no estaba prevista, pero el exalcalde pidió la palabra dolido porque para justificar su ingreso provisional en prisión la fiscalía y la acusación particular aludieran a que llevaba un elevado nivel de vida sufragado con dinero de origen desconocido y que posiblemente cuente con un patrimonio oculto.

Los coches que compraba “eran coches normales” y los gastos en efectivo procedían de la caja de la perfumería de su mujer, aseguró Zerolo.

“Todo esto se va diciendo, va generando leyendas urbanas y va calando en toda la población y hay personas de buena fe que se creen” lo que va diciendo una acusación popular que “es totalmente política”, manifestó.

Entre otras cosas, mucha gente se ha creído que le ha tocado la lotería “170 veces” cuando el premio que se sacó también benefició a gente de otros partidos, de sindicatos y trabajadores del casino donde se adquirieron los décimos, afirmó.

Zerolo dijo al tribunal que hasta ahora ha estado callado y le ha salido mal, a la vista de la sentencia condenatoria en primera instancia, y señaló que “nunca hubo presunción de inocencia, sino de culpabilidad”.

Se mostró preocupado por los titulares que en su opinión reflejarán los medios sobre esta vistilla, en la línea de “Zerolo tiene que tener patrimonio, tiene patrimonio pero no sé donde, ha ganado muchísimo dinero, tenía un nivel de vida y comía fuera muchas veces”.

Pero aseguró que nunca en su vida ha tenido patrimonio, “le guste a quien le guste” y retó a que lo sigan buscando porque no existe.

Se quejó de que desde que dejó la política ha intentado ganarse la vida honradamente, sin acceso a los bancos por las investigaciones judiciales, y a las personas que han intentado apoyarle económicamente “los ha llamado la policía para ver qué hacían con Zerolo”.

“He subsistido a veces con ayudas de amigos, sigan buscando porque no me importa, no tengo dinero, ni áticos, ni fincas ni yates, sigan buscando porque no lo tengo”, reiteró.

El exalcalde descartó cualquier intento de fuga, no sólo por su arraigo en la isla, sino por principios, porque ni su familia ni amigos, ni él mismo, entenderían que fuera un prófugo.

Por eso aseguró que aunque confía en que el Tribunal Supremo declare su inocencia, si tiene que entrar en la cárcel lo hará “con la cabeza alta y la conciencia tranquila”.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó este miércoles la adhesión a la solicitud de “medidas cautelares de carácter real” planteadas por el Ministerio Fiscal tras la sentencia dictada por la Audiencia Provincial sobre el caso de Las Teresitas. Hay que recodar que la Fiscalía ha propuesto, entre otras medidas, el ingreso en prisión provisional del exsenador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo.

El acuerdo, que implica la actuación del Ayuntamiento en la comparecencia prevista por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife para este viernes, persigue “el aseguramiento de la totalidad de las cantidades que en concepto de responsabilidad civil derivada de los delitos reconoce la sentencia a favor del Ayuntamiento”.

En una nota, el Ayuntamiento informa de que la Junta de Gobierno considera que las medidas propuestas por el Ministerio Fiscal en esta fase del procedimiento resultan necesarias para “proteger el derecho a la tutela judicial efectiva del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”.

El acuerdo recoge lo solicitado por la Fiscalía en la consideración tercera de su escrito, en el que se señala que el importe afianzado por los condenados (26.010.132 euros) no garantiza el pago de las responsabilidades civiles impuestas, dado que es menor que el importe de la indemnización civil fijada en la sentencia (52.588.156,85 euros) y de los intereses correspondientes (9.159.884,67 euros).

Al respecto, el Ministerio Fiscal solicita que se requiera a todos los condenados para que, en el plazo que fije el tribunal, designen bienes realizables “que sean suficientes para garantizar el pago de la totalidad de las indemnizaciones a cuyo pago se les condena en la sentencia dictada, acordándose la práctica a tal fin de las valoraciones y tasaciones precisas”.

La Fiscalía también propone que subsidiariamente y para el caso de que no se cumpliera el anterior requerimiento, o para el caso de que los bienes designados fueren insuficientes, se acordaran medidas como el bloqueo y retención de activos financieros o el embargo de bienes muebles o inmuebles que estuvieran a nombre de los condenados, de forma directa o indirecta.

El Ayuntamiento indica que el acuerdo adoptado hoy responde a la instrucción dictada por el alcalde el pasado 27 de abril para recuperar el dinero público invertido en la compra de los terrenos y para hacer efectivas las indemnizaciones que, a favor de esta Corporación municipal, se recogen en la sentencia sobre este caso.

El pleno que celebrará el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife este viernes aprobará una moción institucional, consensuada por todos los grupos políticos, en la que se lamentará los efectos negativos “evidentes” que la operación de compraventa y el “largo” proceso de Las Teresitas han tenido para la playa y la ciudad.

En el texto también se condena “sin paliativos”, y sin perjuicio de los recursos que puedan presentarse en tanto la sentencia no sea firme, los hechos delictivos objeto del fallo dictado por los tribunales de Justicia.

El acuerdo señala además que el Ayuntamiento reafirma su “firme” voluntad de colaborar con la Justicia poniendo a disposición de estas autoridades toda la documentación que pueda ser relevante en cualquier investigación, como “ha venido haciendo hasta ahora”, recoge la citada moción.

El texto acordado por todos los grupos también expresa el rechazo del Ayuntamiento a la corrupción en todas sus formas, y se compromete a combatirla con “toda contundencia” desde sus competencias.

En relación con los procesos judiciales, el pleno ratifica su “firme” voluntad de ejecutar las sentencias judiciales del caso de Las Teresitas, en el ámbito que le corresponda como actores civiles y en aras de restablecer la legalidad, así como de garantizar el interés general y los derechos patrimoniales de los ciudadanos de Santa Cruz y del propio Ayuntamiento.

En esta línea, el texto recoge que los servicios jurídicos realizarán “diligentemente” en la causa civil y ante cualquier recurso que se pueda presentar en la causa penal todas las gestiones y los trámites oportunos, por la vía legal de mayor garantía, tendentes a la recuperación del dinero que en su momento pagó el Ayuntamiento y cuyo expediente fue declarado contrario a derecho por sentencia del Tribunal Supremo en el año 2007, conforme a la estrategia marcada por los propios servicios jurídicos municipales, lo que la propia sentencia “ha demostrado como acertada”.

Respecto a la reciente sentencia penal, esta de la Audiencia Provincial, la moción indica que la Junta de Gobierno, como órgano competente y previo informe de los servicios jurídicos, acordará las medidas necesarias para garantizar el cobro de las cantidades pecuniarias a que tenga derecho el Ayuntamiento, mediante el aseguramiento de bienes de las personas condenadas que consideren los órganos judiciales.

Al mismo tiempo, se dice que el Consistorio, sus organismos autónomos y cualquier entidad dependiente de este, iniciarán, “de inmediato” y conforme a los trámites legales y administrativos oportunos, las acciones que correspondan tendentes al “estricto” cumplimiento de la sentencia en sus propios términos y en cuanto a la relación laboral y la función pública de cualquier personal funcionario, laboral o eventual declarado culpable por los tribunales de Justicia.

En cuanto a la actual tramitación del Plan Especial de Las Teresitas, se señala que su culminación y aprobación definitiva deberá tener las debidas garantías jurídicas, de manera que el litigio sobre la titularidad de los terrenos no afecte negativamente a su desarrollo y objetivos.

El Ayuntamiento reitera, ante todo, que seguirá trabajando por el objetivo de tener una playa de Las Teresitas acorde con lo que Santa Cruz se merece: “Una playa de titularidad pública, de todos y para todos, con los servicios y equipamientos que corresponden para el mejor futuro de San Andrés y de toda la ciudad”.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, se ha posicionado este viernes, a título personal, a favor de que se solicite “cuanto antes” la ejecución provisional de la sentencia del caso Las Teresitas, si bien ha aclarado que esa decisión depende de los servicios jurídicos municipales, informó la agencia Europa Press.

En una entrevista concedida a Cope Canarias y recogida por Europa Press, ha apuntado que “el grupo de gobierno no se mete a abogado”, como hacen otros grupos municipales, y ha subrayado que al conocerse la sentencia dio instrucción a los servicios jurídicos de la corporación para que obraran en defensa del interés municipal.

“No voy a hacer nada que no venga propuesto por los servicios jurídicos, porque, si ordeno hacer algo y creen que no es lo mejor, sería un contrasentido, y yo no funciono así”, ha destacado.

Bermúdez ha comentado que no hay un plazo determinado para presentar la solicitud, tal y como le han asegurado “personalmente” desde la Fiscalía y desde el juzgado, y ha insistido en que serán los servicios jurídicos los que digan “cuál es el mejor momento y en qué condiciones”.

En su opinión, “para nada” se debilita la postura del Ayuntamiento por no pedir aún la ejecución de la sentencia, recordando que él mismo firmó la reconvención para pedir el dinero del frente de playa en noviembre de 2011.

Bermúdez espera que el dinero se pueda recuperar, y para ello ha dicho que el Ayuntamiento ha iniciado un “camino de seriedad y seguridad jurídica”, como demuestra que la sentencia le da la razón “y va más allá incluso”.

“No vamos a bajar los brazos”, ha agregado, subrayando que los servicios jurídicos, si lo estiman oportuno, tendrán asesoramiento externo para “ganar consistencia” en la defensa.

La vista, o vistilla, para la ejecución provisional de la sentencia sobre el caso Las Teresitas ya tiene fecha, el 26 de mayo. Ese día, la acusación particular y la Fiscalía solicitarán al tribunal que ha juzgado esta causa que se lleven a cabo las medidas cautelares previstas en la ley, entre ellas el ingreso en prisión provisional del exsenador y exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo.

El ingreso en prisión sin fianza es la medida solicitada para Miguel Zerolo tanto por la Fiscalía como por la acusación particular, representada por el abogado Pérez Ventura, ante la posibilidad de ocultación de bienes y de fuga del condenado.

Pero esta no es la única opción que tienen los magistrados porque también pueden decidir la retirada de pasaporte y la comparecencia en los juzgados cada 15 días, el conocido como modelo Urdangarin.

No se sabe aún si en esa vistilla se pronunciará también el abogado que representa al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El pasado 11 de mayo, el actual concejal de Urbanismo sostuvo que el plazo para solicitar la ejecución de la sentencia “es amplio”, hasta que sea firme el fallo (cabe recurso ante el Tribunal Supremo).

El caso es que, en esa comparecencia de los abogados de la defensa y de las acusaciones, la Fiscalía también ha interesado que se avale el pago de los 109 millones de euros, a los que deben hacer frente los seis condenados.

El exalcalde y exlíder de CC en Santa Cruz fue considerado culpable de un delito de malversación y de otro de prevaricación por la compra por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife del frente de la principal playa de la ciudad, Las Teresitas, a un precio tres veces superior al estimado, por lo que ha sido condenado a siete años de prisión y 17 años y medio de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público.

Las partes no se pronunciarán sobre Manuel Parejo, exconcejal de Urbanismo en Santa Cruz (considerado la mano derecha de Zerolo en lo que los jueces calificaron como una “trama delictiva jerarquizada”), que ya ingresó en el penal de Tenerife, en cumplimiento de los tres años de prisión a los que fue condenado por el caso Mamotreto.

Junto a Zerolo y Parejo, fueron condenados los extécnicos municipales Víctor Reyes y Tomás Martín, además de los empresarios beneficiados con la compraventa de la playa, Antonio Plasencia Santos e Ignacio González Martín. Reyes estará de nuevo en el banquillo en julio, por la supuesta malversación en la compra por parte del Ayuntamiento de la casa Siliuto, mientras que Tomás Martín coincidirá más adelante en el banquillo con Parejo por el caso La Ninfa.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha recordado este viernes, a través de una nota de prensa, que dispone de plazo suficiente para solicitar, si así lo decide finalmente, la ejecución provisional de la responsabilidad civil de la reciente sentencia sobre la playa de Las Teresitas, la dictada por la Audiencia Provincial y recurrida ante el Supremo por al menos cuatro de los seis condenados.

La oposición en el Consistorio santacrucero, sobre todo PSOE, Sí Se Puede e IUC, han pedido que este trámite se haga de forma inmediata para evitar males mayores: posibles alzamientos de bienes por parte de los condenados y el paso del tiempo para recuperar los en torno a 100 millones de euros que fija la sentencia de la Audiencia Provincial, que no es firme.

El artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Civil señala textualmente que “la ejecución provisional podrá pedirse en cualquier momento desde la notificación de la resolución en que se tenga por interpuesto el recurso de apelación, o en su caso, desde el traslado a la parte apelante del escrito del apelado adhiriéndose al recurso, y siempre antes de que haya recaído sentencia en este”.

La segunda teniente de alcalde y concejala responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, Marisa Zamora, dijo a este repecto -tal y como ya hizo el jueves durante la celebración de la Comisión de Control- que la Corporación no está limitada por ningún plazo a la hora de solicitar la ejecución provisional de la sentencia y que esta petición se puede formalizar en cualquier momento del proceso, antes de que haya una resolución firme sobre la casación, la decisión del Supremo.

El Ayuntamiento, en cualquier caso y en cumplimiento de una instrucción del alcalde dictada el mismo 27 de abril, continuará “con el ejercicio de aquellas actuaciones procesales que sean necesarias en defensa del interés general de todos los santacruceros y sobre todo en la recuperación del dinero público invertido en la compra de los terrenos, para hacer efectivas las indemnizaciones que, a favor de esta Corporación municipal, se recogen en dicha resolución judicial”.

Zamora advirtió que el Ayuntamiento no ha ejercitado nunca la acción penal y sí la civil para el caso que se declarara la responsabilidad penal, y añadió que, como regla general, el juez, en virtud de su potestad jurisdiccional, es quien debe juzgar y ejecutar lo juzgado. Ahora bien, matizó la concejala, el artículo 989 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que la parte perjudicada, en este caso el Ayuntamiento, pueda pedir la ejecución provisional de la responsabilidad civil que, en cualquier caso, no es obligatoria ni preceptiva ni está sometida plazo, como queda de manifiesto en el artículo 527 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Coalición Canaria (CC), que gobierna en minoría en La Laguna, se volvió a quedar muy sola en un pleno lagunero, en este caso el celebrado el jueves. El apoyo más cercano, que no fue tal en sentido estricto, se lo dispensó una vez más el PP, que se abstuvo en el crítico asunto relacionado con la moción presentada por la oposición de izquierdas acerca de la muy de actualidad sentencia de Las Teresitas.

Esa moción solicitaba una declaración del Ayuntamiento lagunero a favor de que CC pidiera perdón de forma pública por la implicación de exgestores públicos de su partido en el “pelotazo de libro” de la compraventa del frente de playa de Las Teresitas, una “trama jerarquizada” que, por ahora, se ha saldado con penas de cárcel para Miguel Zerolo y Manuel Parejo, políticos entonces de CC, y para los dos empresarios de Inversiones Las Teresitas, entre otros.

Pese a las decisiones de CC y PP, la moción, que entró en registro del Ayuntamiento firmada por ediles de los partidos XTF-NC y Unidos Se Puede y que se debatió en la sesión de este jueves, resultó avalada por el pleno debido al respaldo de los partidos que la propusieron, del PSOE en pleno (uno de los denunciantes del caso Las Teresitas es concejal socialista en Santa Cruz, José Ángel Martín), lo que están en el Gobierno local y los separados (dos de cinco), y de Ciudadanos.

La aprobación de la moción supone un buen tirón de orejas a CC por la forma en que este partido gestionó el reseñado asunto de Las Teresitas y subraya en su texto que la sentencia de la Audiencia Provincial tinerfeña reprocha con dureza “la forma de gestionar el poder municipal” en beneficio “de los intereses privados y en contra de la legalidad y de los intereses públicos”.

Con esta moción municipal, la Corporación lagunera “exige a CC que pida disculpas públicas a los ciudadanos por haber respaldado la operación de Las Teresitas, que tan grave daño económico ha supuesto para los intereses públicos” en el municipio de Santa Cruz. Los condenados deben pagar en cumplimiento del fallo, que no es firme, algo más de 100 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular han solicitado a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife el ingreso en prisión provisional de Miguel Zerolo y los otros cinco condenados por el caso Las Teresitas, para lo que se deberá llevar a cabo una comparecencia. Las acusaciones igualmente han solicitado que se depositen los avales suficientes para garantizar el pago de 109 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

La acusación particular (representada por el abogado Pérez Ventura) y la fiscal del caso Las Teresitas, María Farnés Martínez, han pedido en concreto que se lleven a cabo las medidas cautelares que se recogen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ante posibles riesgos como el de fuga o la ocultación de bienes, algo que la acusación particular considera posible en el caso del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador de Coalición Canaria Miguel Zerolo. En la sentencia, que se hizo pública el pasado 27 de abril, a Zerolo se le considera la cabeza visible de una “trama delictiva jeraquizada”, en la que su mano derecha era Parejo, exconcejal de Urbanismo en el mismo consistorio.

Esas medidas cautelares pueden variar desde la prisión provisional sin fianza a la prisión provisional con fianza, o bien el conocido como modelo Urdangarin, que es la entrega del pasaporte y comparecencia cada 15 días en los juzgados. Para dictar esas medidas, la Audiencia Provincial deberá fijar una comparecencia y escuchar también los alegatos de los abogados de la defensa.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene hasta este viernes de plazo para sumarse a la petición de la Fiscalía y la acusación particular, según recoge Radio Club Tenerife en su página web.

Miguel Zerolo y Manuel Parejo, que fueron emblemas de Coalición Canaria en Tenerife, han sido condenados por prevaricación y malversación a siete años de prisión y 26 años, en total, de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público.

También fueron condenados los técnicos municipales Víctor Reyes y José Tomás Martín (secretario y gerente de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife) a cuatro años y medio de prisión y cuatro años de prisión, respectivamente. Los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, beneficiados por la compraventa del frente de la playa y demás terrenos aledaños, en un negocio que se ha visto frustrado tras esta sentencia, han sido condenados a cinco años y medios de cárcel.

El pago de los 109 millones de euros también alcanza a las empresas puente de los empresarios condenados: la promotora Punta Larga, de Plasencia e hijos, y la promotora Victoria, de Ignacio González y su hijo Pedro González.

Manuel Parejo ya está en prisión

Las medidas cautelares que solicitan las acusaciones pública y particular incluyen a Manuel Parejo, que fue concejal de Urbanismo entre 1999 y 2001, cuando se fraguó la venta fraudulenta del frente de la principal playa de la capital tinerfeña, Sin embargo, Manuel Parejo, que había sido condenado a tres años y medio de prisión por el caso mamotreto (pieza separada del caso Las Teresitas), ya está en la prisión de Tenerife desde este miércoles.

Por el caso mamotreto fueron igualmente condenados la extécnico municipal Loreto Ariz, que ingresó el pasado 4 de mayo en la prisión de Tahíche, en Lanzarote, y el exconcejal de Santa Cruz de Tenerife Norberto Plasencia, cuya fecha para ingresar en la única cárcel de Tenerife concluye este viernes a las 12.00.

El presidente del Cabildo de Tenerife asegura que la sentencia es "clara y contundente" y demuestra que las cosas se podían haber hecho de manera diferente

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, ha afirmado este martes que no ampara ni es “condescendiente” con la gestión política que hizo su partido (CC) en la compraventa del frente de la playa de Las Teresitas, ya que la sentencia, “clara y contundente”, demuestra que las cosas se podían haber hecho de manera diferente.

En un post publicado en su perfil de Facebook, ha señalado que, aunque la sentencia aún no es firme y no quiere prejuzgar lo que decida finalmente el Tribunal Supremo, ha quedado probado que hubo un “grave perjuicio” para las arcas públicas y los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife debido a los delitos de prevaricación y malversación, por lo que cree que se deben “reforzar” los medios para que casos como ese no vuelvan a repetirse.

Alonso ha admitido que el caso Las Teresitas “pone en cuestión” parte de la gestión de CC en la capital tinerfeña, formación que, no obstante, en diferentes corporaciones siempre ha tenido el objetivo de lograr una “playa de calidad” sin construcciones en el frente y con equipamientos y servicios públicos, objetivo compartido también por el PP y el PSOE, que aprobaron la compraventa y el convenio urbanístico.

Para ello, ha señalado que es “legítimo y necesario” que se apruebe el Plan Especial, pues desde CC se busca “de manera prioritaria” mejorar el acceso al mar y la rehabilitación y recuperación de Las Teresitas, al tiempo que ha apoyado la decisión del Ayuntamiento de recuperar el dinero pagado en la operación.

Con todo, ha señalado que en el próximo congreso insular de CC se debe “poner en orden” el “compromiso político” del partido con la isla y con Canarias, insistiendo en que “el árbol no puede ocultar el bosque” de todos los que trabajan por el bien común y entienden la política como un servicio.

“Denunciar malos comportamientos de cualquier partido, incluidos los de la formación política en la que militamos, no equivale a condenar la política en su conjunto, ni justificar el escepticismo y absentismo en la relación con la acción política”, concluye.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y exdirigente del Cabildo tinerfeño, Ricardo Melchior, ha mostrado este jueves su disgusto por la sentencia del caso Las Teresitas, que “ha sido muy dura” cuando no ha habido condena por cohecho.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser y recogida por Europa Press, ha precisado que “nadie ha metido la mano en la lata del gofio y se lo ha llevado a su casa”, por lo que ha lamentado que al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, se le haya condenado a siete años de cárcel por malversación y prevaricación cuando “lleva 15 años sufriendo palos de la Justicia”.

“No me gusta, sinceramente”, ha admitido, incidiendo en que si el cohecho “no se ha podido probar, no existe”.

Melchior ha destacado que el “fundamento” de una democracia es que exista la justicia, y en España “existe justicia, pero a veces se pueden cometer errores”.

Las hemerotecas están plagadas de artículos de opinión que, a lo largo de la tramitación del sumario penal por el caso de Las Teresitas, elogiaban al político que promovió aquella operación, Miguel Zerolo, y menospreciaban a los denunciantes del caso, a cuya cabeza siempre colocaron al autor de la denuncia, el dirigente socialista Santiago Pérez.

El periódico El Día, baluarte del tinerfeñismo más radical, se alzó siempre con el récord de menciones y descalificaciones, defendiendo la operación como una recuperación de la playa para los vecinos y señalando a los denunciantes como enemigos del progreso de la isla. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, conocida la semana pasada, califica esa operación de delictiva y bastante alejada de los intereses públicos.

En un editorial publicado el 4 de septiembre de 2010, con la instrucción judicial en pleno apogeo, el periódico El Día abandonaba cualquier rasgo de sutileza desde su titular: “Cualquiera menos Santiago Pérez”. El equipo de editorialistas, a cuyo frente se encontraba su director y propietario, el fallecido José Rodríguez Ramírez, y lo completaban Ricardo Peytaví y Andrés Chaves, se refería al proceso de primarias abierto en el PSOE de Canarias para elegir a candidato a presidente de la autonomía en las elecciones de 2011. Uno de esos pre-candidatos era Santiago Pérez, cuya exclusión de la vida política perseguían los editorialistas: “Siempre hemos abogado por un candidato de Tenerife”, decía aquel editorial, “pero no Santiago Pérez. Antes, mejor el diablo. Santiago Pérez es lo más nefasto que hay para el propio Partido Socialista, para el pueblo de Tenerife, para el pueblo de Canarias e incluso para él mismo, ya que se ha condenado al fuego eterno, políticamente hablando, por su trayectoria en la vida pública”.

El repertorio de descalificaciones no termina ahí. En el siguiente párrafo se puede leer que Santiago Pérez “es un político ruin que aspira a bolchevizar la sociedad canaria, porque siempre se ha comportado con rasgos estalinistas, leninistas y hasta troskistas. Dicho con pocas palabras, es lo peor de lo peor que ha existido en la política canaria”.

El motivo de esa retahíla de improperios no era otro que “sus continuas denuncias a instituciones y personas honradas que han conseguido en política, y también en el mundo empresarial, mucho más que él”. Se referían los editorialistas a Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife por Coalición Canaria, y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, todos ellos condenados a prisión en la sentencia de Las Teresitas.

Más adelante y sin circunloquios, el periódico define como “el más perjudicial” de los casos denunciados por Santiago Pérez el de la playa de Las Teresitas: “Solo por hacerle daño a CC y a Miguel Zerolo, que tanto poder y protagonismo le han quitado al Partido Socialista, se ha opuesto el señor Pérez de una forma tenaz al proyecto de mejora de la playa de Las Teresitas”.

Miguel Zerolo ha sido condenado a siete años de prisión como autor de un delito de malversación, más diecisiete años y medio de inhabilitación por el delito de prevaricación en el caso de Las Teresitas. Esta condena, susceptible de ser recurrida ante el Tribunal Supremo, se suma a la que ya tiene de ocho años de inhabilitación por prevaricar en el caso García Cabrera. Las acusaciones estudian pedir su ingreso en prisión por riesgo de fuga y alzamiento de bienes.

El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, dijo este viernes que su partido no se plantea pedir disculpas por el caso de Las Teresitas porque la sentencia no es firme, aunque si el Tribunal Supremo la confirmara “seguramente haríamos una declaración en ese sentido”.

“Valoraremos ese tema una vez que la sentencia sea firme, no es la primera vez que vemos una condena en primera instancia y revocarla los tribunales superiores”, declaró Barragán respecto al ser preguntado por la posibilidad de que CC se disculpe ante los ciudadanos por el caso de Las Teresitas.

En el caso de Las Teresitas han sido condenados a 7 años de cárcel por delitos relacionados con la corrupción el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, que militaban en Coalición Canaria.

En declaraciones a Efe, José Miguel Barragán ha asegurado que el partido “ha actuado tal y como está previsto” en su código ético, y por eso pidió a Miguel Zerolo que renunciara al acta de senador y que dejara la militancia en CC en 2014, cuando fue condenado por prevaricación en el caso García Cabrera.

Ni Zerolo ni Parejo están en Coalición Canaria ni ocupan cargo público, “hemos actuado correctamente”, dijo Barragán, e insistió en que es necesario esperar a que la sentencia sea firme.

El secretario general de CC aseguró que en 2011 Miguel Zerolo no fue designado senador en representación de la Comunidad Autónoma con la intención de aforarlo, a pesar de que ya entonces estaba imputado en el caso de Las Teresitas.

“Entonces no habíamos planteado todavía el mecanismo que están usando todos los partidos, que es la apertura del juicio oral”, dijo en referencia al código ético que utiliza CC para apartar a los cargos imputados por casos de corrupción.

Aseguró que se le hizo senador “en el interés de aquel momento”, pues “cada cuatro años se ve quién es mejor que vaya al Senado y en el interés de ese año se vio el tema de Miguel Zerolo”.

Si el objetivo hubiera sido conseguir su aforamiento “no le hubiéramos dicho que abandonara el Senado” cuando fue condenado por prevaricación en 2014, “pero le dijimos que cesara de sus funciones y dejara la militancia”, agregó.

Cuatro meses ha tardado el tribunal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife en dictar la sentencia sobre el caso Las Teresitas y lo ha hecho de forma contundente, a lo largo de 165 folios en los que llega a calificar la actuación del exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador por Coalición Canaria Miguel Zerolo y del que era su mano derecha a comienzos de siglo, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, como “trama delictiva jerarquizada”.

Una “trama delictiva” en la que la cabeza era Zerolo, seguido de Manuel Parejo, y cuya base conformaron los extécnicos de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes y José Tomás Martín, todo para favorecer los intereses de los empresarios que se beneficiaron de la compra y posterior venta del frente de la playa de la capital tinerfeña, Antonio Plasencia e Ignacio González, dueños de Inversiones Las Teresitas (ILT).

“Existen diversos indicios que confirman la participación del señor Zerolo Aguilar en la comisión de los hechos con un papel directivo, si bien su distanciamiento físico de la Gerencia y el hecho de contar para la materialización del plan delictivo con la actuación al frente de la Gerencia del acusado señor Parejo Alfonso, hace menos evidente -como es habitual en todos los supuestos de tramas delictivas jerarquizadas con cierta complejidad- su intervención, que, en todo caso, ha quedado probada”, se afirma en la sentencia.

Miguel Zerolo y Manuel Parejo han sido condenados a siete años de cárcel y 17 años y medio de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por el delito de malversación de capitales. Por el delito de prevaricación (dictar resoluciones a sabiendas de su injusticia), han sido condenados a otros ocho años y nueve meses de inhabilitación para ejercicio de cualquier función pública, ni municipal, ni autonómica ni estatal.

Ambos, junto a los también condenados Antonio Plasencia, Ignacio González, sus empresas Promotora Punta Larga y Promotora La Victoria, y los extécnicos Víctor Reyes y Tomás Martín, deberán devolver al Ayuntamiento los 52.588.156,85 euros por los que se compró el frente de la playa y deberán indemnizar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con 9.159.884,67 euros.

Todos ellos fueron los hombres fuertes del poderío de Coalición Canaria en la provincia tinerfeña. La sentencia de la Audiencia Provincial que se ha hecho pública este jueves es, también, una condena a la forma de actuar, de hacer y deshacer en contra de los intereses ciudadanos por parte de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) durante las últimas décadas.

Para llevar a cabo la malversación y prevaricación, Zerolo, Parejo, Plasencia y González contaron con la cooperación necesaria de Víctor Reyes y Tomás Martín, que eran el secretario de la Gerencia de Urbanismo y el gerente de ella en 2001, fecha en la que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acordó comprar el frente de la playa a los empresarios por tres veces su valor real tasado. En vez de 19,2 millones de euros, se pagaron 52,6 millones.

Víctor Reyes ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, 14 de inhabilitación y 8 de inhabilitación para empleo en empresa pública, mientras que Tomás Martín ha sido condenado a cuatro años de cárcel y 19 años y medio de inhabilitación, ambos por malversación y prevaricación.

Es de destacar que Víctor Reyes y Manuel Parejo ya han sido condenados en firme a penas de prisión por el caso Mamotreto (que guarda relación con el caso Las Teresitas) y por los mismos delitos, por lo que su ingreso en prisión debe ser inmediato.

Para lograr el respaldo de los concejales municipales, se usaron tasaciones “manipuladas” y “mutiladas”, dicen los magistrados, con el objetivo de que votaran en pleno, unánimemente, en junio de 2001 la compra del frente de la playa, creyendo que el valor de los terrenos era, en efecto, de cerca de 53 millones, cuando el real era muy inferior.

Es en este punto en el que la intervención de Víctor Reyes, Tomás Martín y su jefe, el concejal de Urbanismo Manuel Parejo, fue decisiva. Y es por esa “manipulación” del expediente que se llevó al pleno, y por el engaño (“simulación de negociación”, se dice en la sentencia) del que fueron víctimas los acusados Emilio Fresco y Emilio García Gómez, portavoces entonces de los grupos municipales del PSOE y del PP, por los que estos han sido absueltos del delito de prevaricación, lo mismo que el exsecretario municipal Zárate Peraza y el exinterventor municipal Messía de Yraola.

La clave de las tasaciones

El tribunal de la Audiencia Provincial afirma que “todo el procedimiento de compra, fijación de precio y fijación del resto del contenido del convenio (de compraventa) estuvo orientado, en definitiva, a maximizar el beneficio para los particulares, a costa del patrimonio municipal y del interés público”.

La base de una afirmación tan categórica está en las tasaciones de los terrenos. La gerencia de Urbanismo ya contaba con varias de ellas, hasta cuatro, pero no satisfacían las pretensiones de Zerolo, Parejo, Plasencia y González.

Manuel Parejo encargó un primer informe a la entonces arquitecta municipal, Pía Oramas, que tuvo en cuenta la realidad de los terrenos: las zonas de dominio marítimo-terrestre que nunca pueden pasar a manos privadas; el deslinde vigente, que era el del año 1961; la moratoria existente que no permitía usos hoteleros más que en circunstancias que no se daban (hoteles como complementos de campos de golf, de parques temáticos, de centros de salud...), y que era necesario modificar todo el Plan Parcial y llevar a cabo actuaciones urbanísticas para hacer viable la pretensión de urbanización que se pretendía.

Esa es otra de las claves del caso Las Teresitas. Cuando Miguel Zerolo propuso en 1999 un concurso de ideas para modernizar la playa (un año después de que Plasencia y González compraran las 101 parcelas de Las Teresitas, incluidos sus terrenos traseros en Valle Las Huertas y Montaña Morera), las premisas fueron no urbanizar el 60%, pero sí satisfacer a los empresarios con un cambio de uso de urbanizable a urbano en los terrenos traseros.

Además, la pretensión era que zonas turísticas pasasen a hoteleras, como una parcela que era de Defensa, aunque ello chocase de lleno con la moratoria turística que dejaba fuera de toda posibilidad la urbanización de Las Teresitas.

Pía Oramas, que según manifestó en la vista oral, llegó a temer por su vida, tuvo en cuenta estas limitaciones y valoró los terrenos en 19,2 millones de euros. También que, en caso de que se pudiesen construir camas alojativas, estas se reducían bastante en cuanto a las pretensiones de los empresarios. Frente a las más de 4.500 camas que tenían en mente Plasencia y González, los estándares turísticos (mínimo 60 metros cuadrados por habitación) las reducían a poco más de 1.800. Y ello bajaba el valor de los terrenos.

Otras dos tasaciones, de la Universidad Carlos III y de la empresa Pool Gest, bajaron incluso más el valor de los terrenos, a unos 18 millones de euros.

Para lograr una tasación acorde a los intereses empresariales, la Gerencia de Urbanismo encargó otra tasación a Sociedad de Tasaciones, pero Víctor Reyes, con mandato de Manuel Parejo, les dio instrucciones. No se debía tener en cuenta limitación alguna y la posibilidad de urbanizar no contaba con impedimento alguno, lo que según los magistrados no era real.

Tan irreal que Sociedad de Tasaciones hizo un informe A, según los falsos parámetros, por el que los terrenos valdrían más de 48 millones de euros, pero hizo una tasación B, real, por el que con las limitaciones valdrían menos de 19 millones. Esa tasación B fue ocultada a los concejales que votaron en el pleno municipal la compra de la playa.

Como no se alcanzaba el precio fijado desde un principio por los empresarios, Miguel Zerolo tiró de una quinta tasación: un informe de Tinsa que se hizo a instancias de CajaCanarias para conceder el préstamo de 5.600 millones de pesetas (algo más de 33 millones de euros), pero que nunca fue una tasación real aunque se vendió a los concejales como si lo fuera, sino que fue “una tasación a medida de los vendedores y que el presidente de CajaCanarias (entonces Rodolfo Núñez) hace pasar como tasación objetiva”.

La no inclusión de un informe de un técnico municipal en la operación de compraventa fue uno de los motivos por los que el Tribunal Supremo anuló la operación en 2007.

Noventa millones de plusvalía

“No era posible construir sin modificar el Plan General de Ordenación de la ciudad”, sostienen los magistrados. Según el Plan Parcial de Las Teresitas de 1988, las 11 parcelas del frente de la playa que compró el Ayuntamiento no podían ser urbanizadas “por sus características topográficas o paisajísticas”.

En cuanto a los demás terrenos, en la zona trasera de la playa, sus aprovechamientos y usos quedaron en suspenso hasta que se resolviera un recurso interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que había declarado nulo el Plan Parcial de Las Teresitas de 1988.

Sin embargo, un cambio de los usos de los terrenos, que dejarían de ser urbanizables para ser urbanos, aumentaría de forma considerable esas parcelas de Valle Las Huertas y Montaña Morera, pese al impacto en una zona declarada parque rural.

La plusvalía sería de 90 millones de euros, aproximadamente. A ello se refería la fiscal Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez, que capitaneó la investigación de este caso, cuando hizo suya la frase de “un pelotazo de libro”.

La sentencia también refleja el hecho de que parte de los terrenos que compró el Ayuntamiento de la capital tinerfeña, gracias a la intervención de Miguel Zerolo, Manuel Parejo y “sus cooperadores necesarios”, ya eran propiedad municipal según el inventario de 1967, por el que el frente de la playa fue cedido a la Corporación por la Junta de Compensación a cambio de las obras de mejora que se llevarían a cabo en la playa. Esto, junto al pago a la Junta de 50 millones de pesetas, de los que 11 aún no se han pagado.

Los magistrados afirman que Manuel Parejo y Víctor Reyes conocían que parte del frente de la playa ya era de titularidad municipal porque figuraban en un inventario de bienes, pero ese inventario se guardó bajo llave, hasta que un técnico lo descubrió.

Plasencia y González no podrán mover un ladrillo

La sentencia del caso Las Teresitas no solo condena por cooperador necesario en el delito de malversación a cinco años y tres meses de prisión a Antonio Plasencia, sino que le impide ejercer actividad empresarial alguna relacionada con la promoción y desarrollo de actuaciones urbanísticas durante ese tiempo, además de quedar inhabilitado durante 21 años para cualquier empleo público tras ser condenado igualmente como cooperador necesario en el delito de prevaricación.

Es la misma condena que se ha impuesto a Ignacio Martín González, que durante décadas fue presidente de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña.

Antonio Plasencia fue dirigente de la patronal de la construcción, Fepeco, y vio crecer su emporio empresarial bajo el paraguas de ATI, lo mismo que González Martín. Ya no podrán mover un ladrillo. Sus hijos, Pedro González y Carlos Plasencia, fueron absueltos por no tener iniciativa en el plan delictivo de malversación y prevaricación, del que los hicieron artífices sus padres.

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife Enrique Rosales, lamenta que los vecinos “hayan tenido que pagar la mala gestión que ha hecho CC durante estos años en el poder”, y recuerda cómo el partido “puso” a Miguel Zerolo en el Senado “para aforarlo”.

“No hay que olvidar que hubo otra sentencia de condena por delito de corrupción urbanística en la que el ayuntamiento acata la demolición del mamotreto por 540.095 euros”, señala en una nota tras conocer la sentencia del 'caso Las Teresitas' que condena al exalcalde a siete años de cárcel por los delitos de malversación y prevaricación y que confirma “uno de los mayores casos de corrupción” de Canarias.

“Si en este caso no se consigue recuperar el dinero, también lo terminarán pagando los vecinos”, asegura Rosales.

Asimimo, señala que “respeta la decisión de la Justicia” y añade que “el hecho de enviar gente a la cárcel y estos episodios de la vieja política no alegran a nadie porque no suponen ningún éxito para la política actual”.

Por este motivo, ha insistido en que, tal y como recoge Cs en su programa municipal, “se debe reflexionar sobre la limitación de mandatos”, así como “apostar por la absoluta transparencia en la gestión de la administración pública para que, de una vez por todas, se acabe la desafección política de los ciudadanos hacia los servidores”.

Finalmente, la formación municipal ha defendido que “resolver cualquier caso de corrupción siempre es un éxito para los ciudadanos”, y ha animado a “continuar las investigaciones para limpiar las instituciones públicas y que no se vuelvan a repetir casos como éste”.

El portavoz de Sí Se Puede en el Ayuntamiento capitalino celebra que “por fin la trama corrupta de Coalición Canaria empiece a pagar por robar al pueblo de Santa Cruz de Tenerife”, tras la sentencia que condena al exalcalde, Miguel Zerolo, a siete años de cárcel por los delitos de malversación y prevaricación.

“Es el golpe más duro que se ha infligido a Coalición Canaria y a los empresarios que sostuvieron esta corrupta trama político-empresarial y esperamos que esta sentencia sea solo el comienzo y que continúe el desvelamiento y la condena del resto de redes de corrupción que esquilman las instituciones y, a través del robo de los dineros públicos, despojan a toda la ciudadanía”, asegura en una nota.

En su opinión, la sentencia “tiene repercusiones” en la urbanización del Valle de Las Huertas y en el Plan Especial del frente de playa de Las Teresitas; por ello insta al alcalde, José Manuel Bermúdez, “a actuar en cumplimiento de la ley y en defensa de los intereses de la ciudadanía de Santa Cruz”.

Arcila recuerda que hace menos de un mes, en el pleno anterior, el grupo de gobierno municipal de CC-PP rechazó una moción de Sí Se Puede para ejecutar la sentencia que anulaba la compraventa de los terrenos del frente de playa que eran propiedad de Inversiones Las Teresitas, “una operación que fue clave en este caso de corrupción y que es la que motiva que Miguel Zerolo, Manuel Parejo, Antonio Plasencia e Ignacio González estén ahora condenados a devolver los 52 millones que el Ayuntamiento empleó en la compra anulada de once parcelas”.

A su juicio, “solo es posible hacer justicia si hay reparación, si se devuelve lo robado y se compensa por el daño causado, y así lo ha entendido el tribunal”.

Para la formación ecosocialista, el caso Las Teresitas “ha causado un grave daño al erario público, una apropiación ilegal de 52 millones de euros pertenecientes a los fondos de la corporación que fueron aprovechados por los empresarios condenados con la complicidad de los responsables políticos”. Resalta que “esta sentencia restablece el daño, al obligarlos a devolver esos 52 millones de euros y los intereses por la transmisión ilícita, además de 10 millones de euros por la transmisión de aprovechamiento urbanístico al Valle de Las Huertas”.

El portavoz de Sí Se Puede destaca también que las personas que cargan con las penas más altas, a siete años de cárcel, el exalcalde Miguel Zerolo y al exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, “son figuras destacadas de CC”, mientras que encuentra en la condena a cinco años de cárcel a los promotores de ILT, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, “la confirmación de la vinculación entre empresarios y políticos de CC en un estrecho círculo de intereses compartidos, que la ciudadanía y varias organizaciones políticas llevan años denunciando”.

Arcila felicita a todos los colectivos y vecinos de Santa Cruz que llevan años luchando contra la corrupción de CC, principalmente a Ínsula Viable, por la denuncia ante la Fiscalía, y a la Coordinadora El Rincón, que logró anular el convenio de 2001 con el que se ejecutó la compraventa de las once parcelas de ILT por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz por sentencia del Tribunal Supremo de 2007, “que fue donde por primera vez se reconoció judicialmente esta trama”.