Una ‘Agenda de Acción por la Vivienda’ con horizonte en el año 2030. Con este nombre ha decidido bautizar el Gobierno de Castilla-La Mancha las más de una treintena de medidas que va a adoptar (aunque algunas ya están en marcha) para buscar soluciones a lo que considera “una de las mayores preocupaciones” de la sociedad: la demanda habitacional.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, de 2015 a 2019, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el proyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, que se quedó para siempre en un cajón. Ahí lleva ocho años. Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma.

El propio Gobierno regional reconoce en su 'Portal de Compromisos' que una vez entrara en vigor el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda, aprobaría una normativa regional. Sin embargo, la ley estatal está en vigor desde mayo de 2023 y hoy Page no ha ha hecho referencia a ninguna futura norma autonómica en este sentido. De hecho, en la mencionada web, este compromiso aparece con tan solo un 5% de objetivo cumplido.  

De esta forma, Castilla-La Mancha es, junto con la Comunidad de Madrid, las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Únicamente cuenta con una sobre vivienda protegida, que data de 2002. Asturias, Cantabria y Aragón tienen proyectos en trámite parlamentario muy avanzados.

En su lugar, el Gobierno de Page sigue apostando por planificaciones como la 'Agenda' presentada hoy. Son más de una treintena de medidas que suponen la movilización de unos 500 millones de euros en los próximos cuatro años, para más de una treintena de medidas, algunas ya puestas en marcha, centradas en cuatro pilares: más oferta de vivienda, más ayudas públicas, impuso a la rehabilitación del parque residencial y modificaciones de normativas e instrumentos urbanísticos para disponer de más suelo.

Un reto “estructural” por falta de oferta

Los detalles los ha desgranado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha comenzado afirmando que, aunque “no hay varita mágica” para dar soluciones plenas, en el Gobierno regional sí existe “sensibilidad” para dar respuestas al acceso a la vivienda, resaltando, como es la tónica habitual del Gobierno autonómica, la colaboración público-privada.

“El reto es estructural”, ha dicho, pero ha determinado que la causa principal es un problema de falta de oferta. “Durante más de 15 años no se han construido apenas viviendas y los precios se han disparado. España no puede construir más de 100.000 viviendas al año cuando debería construir más de medio millón. La banca privada no puede asumir este reto en solitario y también debemos dar seguridad jurídica a los pequeños propietarios”, ha argumentado.

Dicho esto, ha informado de que la Agenda estará financiada con fondos propios de la comunidad autónoma, que, según afirma, están ya “por encima” del 40% obligado, y con los contemplados en el Plan Estatal de Vivienda.

Así, en cuanto al primer bloque, ha anunciado un total de 135 millones para la construcción de 500 viviendas en la región. En este punto, ha recordado el Plan 10.000 del Gobierno regional firmado con las constructoras: ya se han tramitado más de 18.000 visados de obra nueva, de los cuales un 20% con viviendas con algún tipo de protección pública, como exige la Unión Europea.

Asimismo, el Consejo de Gobierno de esta semana ha aprobado poner a disposición de la empresa pública GICAMAN dos parcelas en Toledo para la construcción de otras 231 viviendas en el barrio de Polígono.

Esta iniciativa, unida a las conversaciones con el Ayuntamiento de Toledo para recuperar la antigua “L” de este mismo barrio, harán que el Gobierno regional sea “el mayor promotor de vivienda en Toledo”, con 1.150 viviendas en total. No obstante, como promotor, no ha detallado qué tipo de viviendas va a fomentar y si tendrán algún tipo de protección pública o serán promociones privadas.

Además, ha anunciado que la Consejería de Hacienda ha reasignado una parte de los Fondos FEDER  para “redirigirlos” a políticas de vivienda. En total, serán 68 millones de euros para fomentar la construcción de más de 1.000 viviendas en Castilla-La Mancha.

El consejero de Fomento ha hecho especial hincapié en la rehabilitación del parque residencial, el segundo pilar de esta ‘Agenda de Acción’, remarcando que no solo se trata de impulsarla con “fines energéticos”, sino que  también debe estar vinculada a la accesibilidad. Para ello, el Ejecutivo regional va a habilitar una línea de siete millones e euros para actuaciones en viviendas de Castilla-La Mancha.

De igual forma, se habilitarán ayudas para rehabilitar viviendas vacías en núcleos rurales y otras adicionales para edificios en zonas con protección patrimonial, como Toledo, Cuenca o Sigënza, junto con las ya existentes para regeneración urbana, donde la región, ha señalado, ha sido “pionera”.

En paralelo, y a la espera de la resolución que la Comisión Europea haga sobre los fondos comunitarios, como el Fondo Social del Clima y su traducción en materia de vivienda, Castilla-La Mancha habilitará una línea propia por 5 millones de euros para ayudas destinadas al alquiler. Estas subvenciones serán variables en ciudades donde el precio de la vivienda sea más alto o más bajo, y según las rentas personales.

Nacho Hernando se ha referido a otras ayudas ya en marcha, como las deducciones para adquisición de vivienda y los préstamos ‘tipo cero’: el uso del fondo de fianzas, entre otras cosas para asumir el prometido aval del 20% a la compra. Es decir, la Consejería de Fomento podrá disponer de hasta el 80% del importe total de los depósitos y reservará, al menos, el 20% las devoluciones que procedan.

Cambios en la LOTAU

En cuanto al último bloque, se ha referido a la modificación de la LOTAU para agilizar trámites urbanísticos o los planes especiales de reclasificación de suelo rústico en zonas aledañas a los casco urbanos para construir viviendas “en un único acto administrativo”.

En esta línea se enmarca la modificación de la mencionada ley que este jueves se debate en el pleno de las Cortes regionales y que supone dar vivienda pública, no solo a colectivos en situación de vulnerabilidad, sino también a personas con rentas bajas.

Además, para ayudar a los pequeños municipios, el Ejecutivo “flexibilizará” las normas subsidiarias para ayudar en los trámites urbanísticos de los pueblos más pequeños, donde la LOTAU no sirve, por estár “pensada más para grandes ciudades”.

Finalmente, y ante la falta de mano de obra cualificada, el consejero de Fomento ha anunciado que el Gobierno también va a ceder una parcela en el barrio del Polígono de Toledo a favor de la Fundación Laboral de la Construcción, para un futuro centro de formación en oficios relacionados con este ámbito, con el objetivo de llegar a 2.500 jóvenes al año.

España lleva acomplejada con el problema del urbanismo muchísimo tiempo, no se está haciendo lo que hay que hacer, que es, en vez de planes de choque de construcción masiva, hacerlo de forma sostenida y permanente, abordarlo cada año en función de la demanda

Emiliano García-Page

Posteriormente, Emiliano García-Page, ha enmarcado este proyecto en un contexto de “debate colapsado”, con la vivienda como “víctima de la precariedad política que vive en España” y de “mayorías imposibles” en el Congreso. “España lleva acomplejada con el problema del urbanismo muchísimo tiempo, no se está haciendo lo que hay que hacer, que es, en vez de planes de choque de construcción masiva, hacerlo de forma sostenida y permanente, abordarlo cada año en función de la demanda”, ha resaltado.

El presidente de Castilla-La Mancha ha insistido así en un “pacto de país” sobre vivienda. “La vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado y contraponer las dos cosas no conduce a nada. No podemos pensar que esto es un régimen soviético donde toda la vivienda tiene que hacerla el Estado, y darla por orden de lista”.

Finalmente, ha destacado que esta 'Agenda' es “posibilista” y podrá salir adelante aunque no haya Presupuestos del Estado, anque ha reconocido que algunas medidas sí dependen en algunas líneas del Plan Estatal de Vivienda. “Si hubiera otra dinámica global, las medidas serían mucho mayores”, ha concluido.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reaccionado a las palabras del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el juicio del denominado 'caso mascarillas' indicando que el presidente del Gobierno no era “el número 1 de la trama”, señalando que “si el presidente del Gobierno fuera el número uno, estaría sentado en el banquillo”.

“Para mí es de perogrullo”, ha señalado el mandatario castellanomanchego ante preguntas de los medios durante la presentación del Plan de Acción por la Vivienda 2026-2030 realizada este miércoles en Toledo. “Creo que es evidente que los jueces y el fiscal hubieran procedido si hubieran visto indicios”, ha expuesto García-Page. “Lo demás son debates y críticas políticas”, ha añadido.

El mandatario autonómico ha argumentado que “no es el debate”, sino “la responsabilidad en los nombramientos”. “Todos estamos convencidos de que alguien te puede fallar”, ha afirmado, apuntando que “el problema de fondo es cuál es el espacio”.

“Cada uno entiende la responsabilidad política pues a juicio de conveniencia”, ha declarado.

“Inmensa carga probatoria”

Por otro lado, el presidente castellanomanchego ha relativizado el peso del juicio oral, apuntando que “el 90% de las sentencias de los tribunales, y se lo digo como abogado, no tienen que ver con el juicio oral”. “Realmente los juicios y las sentencias se basan en las aportaciones documentales”, ha continuado en este sentido.

“El problema de este pleito es que es inmensa la carga probatoria que han aportado los propios inculpados”, ha señalado García-Page, apuntando a “mensajes entre los imputados y reuniones indiscretas a la vista de todos”.

Emiliano García-Page quiere que el Gobierno de Pedro Sánchez presente ya los Presupuestos de 2026. Lo ha rogado y lo ha pedido “por favor”. Lo ha hecho con motivo de la presentación de la denominada ‘Agenda de Acción por la Vivienda“ de Castilla-La Mancha con horizonte hasta 2030, que en algunas de sus medidas depende de las cuentas estatales.

“No termino de entender cómo hoy el Gobierno de España no plantea el proyecto de Presupuestos. Que lo plantee, por favor”, ha pedido. “Y más en plena campaña electoral en Andalucía”, ha añadido, cuando la candidata socialista y ex ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que el presupuesto “ya estaba listo” para que lo presentara su sucesor, en alusión a Carlos Cuerpo.

Así, ha interpretado que es “de libro” que el Ejecutivo central presente el proyecto de Presupuestos “en próximos días”. De lo contrario, Page ha advertido de que habrá un “auténtico problema” cuando “desaparezcan de golpe” los fondos europeos, actualmente en negociación.  

Afectan a políticas de vivienda y financiación autonómica

“El Presupuesto no es una opción, es una obligación del Gobierno, y espero que se presente, y tener garantías de si el Plan Estatal de Vivienda se va a poder realizar o no”.

A esta circunstancia ha añadido que, además, en la coyuntura actual, es “imposible” hablar de financiación autonómica, “a pesar de que lo hagan con los independentistas”, si no hay delante de la mesa un proyecto de cuentas públicas con una proyección de ingresos.

De hecho, Page no descarta la posibilidad de reclamar la convocatoria de una nueva Conferencia de Presidentes para hablar de presupuestos, financiación autonómica y fondos europeos.

El Gobierno de Castilla-La Mancha lleva años realizando una política de vivienda propia que no termina de asumir del todo los postulados del Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero que tampoco se desvincula ni confronta con el Estado de manera absoluta. Ahora, ha decidido sumarse al nuevo Plan Estatal de Vivienda para recibir los 280 millones que le corresponden, pero para ello debe modificar sus políticas en vivienda pública.

Durante la primera legislatura de Emiliano García-Page, cuando gobernó con Podemos, llegó a redactarse el proyecto para una Ley de Vivienda propia de la comunidad autónoma, que se quedó para siempre en un cajón. Ahí lleva ocho años. Entre otras cuestiones, en ella se blindaba la vivienda pública y se establecía todo un compendio para ampliar a la oferta en la comunidad autónoma.

De esta forma, Castilla-La Mancha es, junto con la Comunidad de Madrid, las dos únicas comunidades autónomas sin ley de vivienda propia. Únicamente cuenta con una sobre vivienda protegida, que data de 2002. Asturias, Cantabria y Aragón tienen proyectos en trámite parlamentario muy avanzados. Pero el Gobierno de Page sigue sin mencionar normativa propia.

De hecho, el presidente castellanomanchego ha apostado por la tibieza en este sentido. Ha defendido fórmulas mixtas de colaboración entre el sector público y privado con proyectos como el 'Plan 10.000' y nunca ha llegado a ‘topar’ el precio de la vivienda en la comunidad autónoma. Sí ha gestionado todas las ayudas públicas del Gobierno de España destinadas a mejorar al acceso a la vivienda, con especial incidencia a las destinadas al alquiler para jóvenes.

Castilla-La Mancha no es de las comunidades autónomas con los precios más altos de alquiler y vivienda en España, pero hace un par de años que ya comienza a notar la escalada de precios, sobre todo en Toledo, Talavera de la Reina, Guadalajara y Albacete.

El último dato es muy reciente: el precio de la vivienda subió un 19% en esta región en el primer trimestre del presente año, hasta los 1.987 euros por metro cuadrado, según las tasaciones realizadas por la empresa de valoración inmobiliaria Tinsa. Y además, hay otro fenómeno creciente: los madrileños emigran a Castilla-La Mancha. Lo indican los datos relacionados con el padrón, la demanda de vivienda e incluso el incremento de la población escolar. Un ‘exilio’ que se concentra en particular en los dos grandes corredores en Toledo y Guadalajara, al límite con la Comunidad de Madrid.

Con todo este contexto, el pasado mes de abril, el Gobierno castellanomanchego confirmó que se sumará al recién presentado Plan Estatal de Vivienda aprobado del Ejecutivo central. Y al mismo tiempo, esta semana va a presentar su propia Estrategia regional de Vivienda. Ni rastro ni mención a una ley propia, como se intentó hace ocho años.

Resulta, por tanto, muy llamativo que ahora el Gobierno dé un giro a su política de vivienda pública. El Grupo Parlamentario Socialista, que tiene mayoría absoluta en las Cortes regionales, ha presentado una proposición de ley de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda y suelo de Castilla-La Mancha. Responde a la “necesidad de reforzar los instrumentos de intervención pública” en materia de vivienda “optimizando recursos ya existentes y orientándolos a garantizar el acceso”.

La propuesta incluye la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) de la región de manera que se modifica el uso dotacional del suelo público residencial, destinado a satisfacer las necesidades temporales de vivienda.  

En la norma urbanística vigente, las viviendas dotacionales públicas están destinadas a demandantes con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre, es decir, a colectivos vulnerables.

Ingresos que no permiten “una vivienda a precio de mercado”

La propuesta socialista abre ahora el abanico: cambia esa frase incorporando que se destinarán, mediante alquiler, cesión o cualquier otra fórmula de tenencia temporal, a residencia habitual de personas “cuyo nivel de ingresos no les permita acceder a una vivienda a precio de mercado”. Es decir, va más allá de la situación de vulnerabilidad y contempla el acceso a vivienda pública para personas con rentas bajas.

Hay varias circunstancias determinantes para este cambio. El Plan Estatal de Vivienda contempla que Castilla-La Mancha reciba 280 millones de euros por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Esta cifra supone 205 millones más que la recibida en el plan 2022-2025. Pero para recibir esa cantidad, el Ejecutivo de Pedro Sánchez impone tres condiciones.

La primera es que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. La segunda es que deberá compartir más datos sobre vivienda y facilitar información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real.

Además, el Gobierno de Sánchez exigirá a las comunidades que cofinancien en un 40% este plan. Las comunidades podrán hacer frente a dicha aportación autonómica con los fondos europeos que reciban para las políticas de vivienda.

Otro factor determinante es que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es castellanomanchega y mantiene muy buenas relaciones con el Gobierno de Page. Fue portavoz del Ejecutivo regional con José María Barreda y posteriormente alcaldesa de Puertollano (Ciudad Real). Pese las tensas relaciones entre Page y Pedro Sánchez, siempre ha recibido alabanzas por parte de ambos, y viceversa.

Es más, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha la ha eximido de toda responsabilidad en el fracaso del decreto de prórroga de los alquileres en el Congreso, responsabilizando a Sumar de forzar la votación sin contar con el respaldo de Junts.

Ahora, la colaboración del Ejecutivo de Page con el Ministerio de Vivienda parece tomar más fuerza. La mencionada ampliación del uso de vivienda pública más allá de los colectivos vulnerables, que previsiblemente aprobarán esta semana las Cortes regionales, es un guiño de la comunidad autónoma en ese sentido.

También lo es el hecho de que la propuesta de los socialistas castellanomanchegos incorpore el uso del fondo de fianzas, entre otras cosas para asumir el prometido aval del 20% a la compra. Es decir, Consejería de Fomento podrá disponer de hasta el 80% del importe total de los depósitos y reservará, al menos, el 20% las devoluciones que procedan.

El gasto con cargo al importe de las fianzas depositadas se destinará a inversiones para la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas protegidas; a actuaciones directas en núcleos de población sujetos a un proceso de regeneración o renovación urbana; a actuaciones de fomento de la adquisición y de la promoción de vivienda de nueva construcción; y a medidas de fomento del alquiler y políticas de fomento del derecho de acceso a la vivienda.

Castilla-La Mancha, sin zonas tensionadas

De momento, y a la espera de la Estrategia Regional de Vivienda que el Gobierno castellanomanchego presenta este martes, la situación de la vivienda en la región tan solo cuenta con estos giros en las medidas autonómicas. No hay nada o casi nada a nivel local: ningún ayuntamiento de la comunidad autónoma ha pedido la declaración de 'zonas tensionadas' aunque la Consejería Fomento se ha mostrado dispuesta a estudiarlas.

Sí hay mociones aprobadas en los ayuntamientos de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y en Cuenca para aprobar que se instauren estas zonas, pero aún no han cursado formalmente las solicitudes. En Cuenca, donde gobierna el PSOE, el Ayuntamiento ya cuenta con un informe de apoyo que detecta un riesgo “especial” de insuficiencia de oferta de vivienda para la población y que respalda la declaración de la localidad como zona de mercado residencial tensionado.

En Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Talavera de la Reina gobiernan el PP y Vox, y en Albacete lo hace el PP en solitario. Ninguno de sus ayuntamientos ha manifestado intención alguna de realizar esta petición.

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha manifestado que espera que la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que se apliquen las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura sea suficiente para que se cambien estas normas, aunque ha advertido de que, en caso de que no sea así, el Gobierno autonómico seguirá “insistiendo”.

“Han pasado más de dos años”, ha recordado la consejera, desde que este cambio se debería haber hecho y la “paciencia” del Gobierno de Castilla-La Mancha ha llegado a un punto en el que les ha “obligado” a presentar una demanda contra el Estado pidiendo y exigiendo que se cumpla lo que dice el Real Decreto, y “es que se tiene que contar con unas nuevas reglas de explotación”.

Para la consejera, desde el Estado “se piensan que, como este año ha empezado con lluvias en primavera, ya está todo solucionado”. “Pero no está solucionado”, ha aseverado.

Por todo ello, el Gobierno autonómico ha presentado un informe en su demanda que “viene a demostrar” la existencia de “daños” por el incumplimiento de los caudales. “Esa es la situación que nosotros hemos puesto encima de la mesa, han admitido a trámite nuestra demanda y lo que esperamos es que, cuanto antes, se nos presente una modificación de las reglas de explotación”, ha apuntado.

Toda la legislatura hablando de construir o no un macrohotel a orillas del río Tajo a su paso por Toledo. El proyecto cogió velocidad con la llegada de PP y Vox al Ayuntamiento de Toledo, en 2023. Se planteó un macrocomplejo de cinco alturas, 110 habitaciones y más de 250 plazas de aparcamiento que despertó una fuerte contestación social y política que todavía hoy, tres años después, no ha terminado.

En dos ocasiones ha salido a información pública, para que las personas interesadas pudieran opinar y presentar alegaciones. En la segunda de esas ocasiones, la actual, las expectativas se redujeron: la construcción que se plantea ha menguado su volumen -se proyectan edificios fragmentados en lugar de una mole- y se ha pasado de cinco a tres alturas, pero la ubicación sigue siendo la misma.

El conocido como Hotel de la Cava se asentaría en la zona conocida como La Solanilla, uno de los parajes de Toledo con la mayor biodiversidad natural de plantas y animales, especialmente de aves, en todo el recorrido del río a su paso por la capital de Castilla-La Mancha. Hace unos meses esta cuestión ya se puso en el punto de mira por plantearse en plena zona inundable del río Tajo.

El proyecto provocó incluso la creación de una plataforma ciudadana, que cuenta incluso con página web, para expresar el rechazo a la iniciativa y se han recogido firmas en este sentido.

Movimiento Sumar pide que se descarte

Este lunes Movimiento Sumar Castilla-La Mancha ha comentado que ha presentado alegaciones ante el complejo hotelero, que ahora plantea 96 habitaciones, servicios de restauración, 21 plazas de aparcamiento en superficie y aparcamiento subterráneo de 247 plazas, en tres plantas, y reclama al Ayuntamiento que descarte el proyecto y apueste por incorporar estos terrenos al uso público.

La formación considera que el proyecto es “incompatible con la estrategia de renaturalización del Tajo” impulsada en los últimos años y de hecho, el actual alcalde Carlos Velázquez lleva hablando toda la legislatura de su proyecto 'Renace Tajo'. Para la formación política, la construcción de este hotel supondría urbanizar una zona actualmente natural y abrirla a un uso intensivo con tráfico, restauración y eventos.

“No tiene sentido invertir en recuperar las riberas del río y, al mismo tiempo, permitir actuaciones que van justo en la dirección contraria”, señala el portavoz, Jose Luis Resuela.

Movimiento Sumar también denuncia que el plan “subestima los valores ambientales de la parcela”, al limitar el estudio florístico exclusivamente al arbolado y omitir el impacto sobre la vegetación arbustiva y herbácea, “clave” para la nidificación de las aves ligadas al ecosistema del Tajo.

Resuela, que es también investigador en la Universidad Politécnica de Madrid ha cargado contra el proyecto diciendo: “Las imágenes generadas por IA son un insulto a nuestra inteligencia. Cualquier persona con un mínimo de formación en ecología sabe que, con 350 litros de agua al año, que es lo que llueve en Toledo, no vamos a tener un bosque como el que muestran en la vida”. Se refiere a las imágenes del proyecto difundidas en el documento para presentar alegaciones y que no considera realistas.

La formación ha generado una imagen alternativa, que aseguran es más realista del impacto que esta intervención podría tener, tal y como se aprecia en la imagen que abre esta información.

En el plano patrimonial, advierte Movimiento Sumar de que el proyecto pone en riesgo el paisaje histórico de Toledo, al situarse en una zona protegida por la Unesco y junto a elementos emblemáticos como la muralla o el Puente de San Martín. Recuerdan además que expertos en geografía han cuestionado su compatibilidad con los criterios de protección del paisaje cultural.

Otro de los puntos clave de las alegaciones es el riesgo de inundabilidad, ya que los terrenos se encuentran en zona de flujo preferente del río y con alta probabilidad de avenidas, un aspecto que, según Sumar, no está adecuadamente reflejado en el plan.

Seguir ampliando este modelo supone profundizar en el desequilibrio entre uso residencial y turístico y deteriorar la calidad de vida de la ciudadanía

La formación también cuestiona la necesidad de nuevas plazas hoteleras en la ciudad, recordando que Toledo ya presenta una de las mayores ratios de oferta turística en relación con su población de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.

“Seguir ampliando este modelo supone profundizar en el desequilibrio entre uso residencial y turístico y deteriorar la calidad de vida de la ciudadanía”, subraya Resuela.

Por todo ello, Sumar plantea una alternativa, que el Ayuntamiento explore fórmulas para incorporar la parcela al patrimonio público, mediante compra, compensación o expropiación y destinarla a ampliar los espacios verdes y conservarla como un espacio de especial protección para la fauna ribereña.

“Estamos ante una oportunidad para ganar ciudad y proteger el Tajo, no para repetir errores del pasado”, concluyen desde Sumar.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha confirmado la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para que se apliquen las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.

“Estamos ya enfocados a que se empiece a tramitar la demanda que hemos hecho, la denuncia ante el Ministerio y espero que simplemente se vean obligados a cumplir. Es tristísimo ganar sentencias y sentencias y tener que seguir yendo los tribunales para que se cumplan”, ha afirmado en Toledo con motivo de la Romería del Valle.

En este punto, ha tildado de “absolutamente inasumible la inactividad del Gobierno”, a pesar de “muchas sentencias y después de haberse aprobado y estar vigente planes hidrológicos que obligan al cambio de las reglas de explotación”. “Me da mucha tristeza, me da mucha pena, pero no como presidente no me voy a confirmar con lamentarlo”, ha aseverado.

Estamos para defender los intereses de la tierra, esté quien esté en el Gobierno

Reconociendo que “algunos se extrañan” de que un presidente del PSOE pueda recurrir o pleitear con el Gobierno del mismo signo político, ha señalado que “hay que retratarse y ser sinceros”. “Estamos para defender los intereses de la tierra, esté quien esté en el Gobierno”.

Le “duele especialmente” a García-Page cuando se incumple “la palabra que nos han dado a todos, que está en el Boletín oficial” y que a él mismo le han dado “muchos responsables públicos”. “Van unos, vienen otros, pero lo cierto y verdad es que la gestión hidráulica en España está muy lejos de estar a la altura del país”.

Esta realidad, ha lamentado, se replica “casi confederación a confederación, cuenca a cuenca”, y una región como Castilla-La Mancha tiene siete cuencas hidrográficas, ha señalado.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha denunciado que el agitador ultra Vito Quiles comió, en el Senado, con dos senadores del PP de esta comunidad autónoma el pasado martes, justo un día antes de que mantuviera un incidente con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, a la salida de un bar. Un hecho que denunciará como agresión, según confirmaban a elDiario.es fuentes cercanas a Gómez, al considerar que Vito Quiles entró “en un local privado” del que no le dejaba salir y califican lo ocurrido de “acoso”.

Este jueves, el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego Sergio Gutiérrez ha pedido al presidente del PP Paco Núñez que condene estos hechos “antidemocráticos” y que, por extensión, “pida explicaciones a sus dos senadores sobre qué hacían comiendo con un agitador”.

Gutiérrez no alude de forma expresa a ningún senador en concreto en una publicación en las redes sociales, pero se hace eco de la información difundida por el programa de TVE, Mañaneros 360, en la que se señala al que fuera presidente del PP de Cuenca, Benjamín Prieto y al presidente del PP de Guadalajara, Lucas Castillo.

“La evidencia de que dos senadores del PP de Castilla-La Mancha hayan comido con un agitador antes de un incidente lamentable de este con la mujer del presidente del Gobierno (a la que deberían respetar en sus derechos como persona) demuestra qué clase de Partido Popular tenemos en Castilla-La Mancha. El más radical de toda España”.

Este medio se ha puesto en contacto con el PP regional para conocer su versión de lo ocurrido, pero fuentes de la formación han declinado hacer comentarios al respecto.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha pedido este jueves al presidente regional del PP, Paco Núñez, que dé explicaciones y pida “perdón” tras la declaración de inspector jefe Manuel Morocho en el juicio del caso 'Kitchen'. “Con este relato, Cospedal no solo estaba en el ajo sino en la sala de máquinas dirigiendo”.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, quien ha dicho que Núñez “no puede estar mudo” ante las declaraciones del principal investigador de la trama 'Gürtel'.

“Debería pronunciarse y no tendría sentido que no lo hiciera cuando se ha sabido que Cospedal estaba en el ajo: Hemos escuchado audios con Villarejo, cómo decía la señora Cospedal que había que conseguir esa libretita y hoy sabemos que tenía reuniones, no solamente de manera esporádica en alguna cafetería, sino en el propio Ministerio de Defensa”.

A ello ha unido que Morocho ha desvelado en el juicio cómo Cospedal “recibía documentos importantes para que ella tuviera conocimiento de esto”, por ello ha reiterado que “se hace más urgente que nunca que Núñez diga algo de quien es aún su presidenta de honor y fue su presidenta del PP de Castilla-La Mancha de 2011 a 2015”, ha reiterado.

“Creo que ha quedado claro que, en un día como hoy, los castellanosmanchegos y las castellanomanchegas nos sentimos avergonzados de las declaraciones que hemos escuchado de la persona que más sabe de este caso de corrupción”, ha aseverado.

Por todo ello, ha vuelto a pedir al líder del PP en la región, “a quien idolatra o idolatraba a la presidenta de honor de su partido”, que dé algún tipo de explicación, “porque hasta el momento la señora Cospedal, que aparece constantemente en estas investigaciones, sigue siendo la presidenta de honor del PP de Castilla-La Mancha”, ha concluido.

El PP responde aludiendo a Hernández Moltó, Bono o Paco Pardo

El PP ha rebatido este jueves al PSOE para afirmar que el único exalto cargo de Castilla-La Mancha que ha sido condenado por la justicia es el expresidente de Caja Castilla-La Mancha Juan Pedro Hernández Moltó, al tiempo que ha aludido a los “asuntos turbios” de la Hípica y del 'Pocero' del expresidente regional Pepe Bono y el expresidente de las Cortes y actual director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo.

En rueda de prensa la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, ha lamentado que los socialistas no hayan puesto el foco en esta jornada de pleno en garantizar que se cumpla el pacto de la carrera profesional o en las necesidades de agua para la región.

“Como el PSOE hace esta casa para lo que le da la gana y utiliza esta sala de prensa para hablar de temas nacionales, lo mismo que el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, prohíbe en debate parlamentario, me veo obligada a contestar”, ha argumentado.

Ha dicho así al PSOE que “si quiere seguir ese camino” el PP está dispuesto a llevar al Parlamento autonómico iniciativas en este sentido. “Si hablamos de asuntos turbios hay mucho que hablar, empezando por los expresidente de Castilla-La Mancha. A todos ellos le une Emiliano García-Page porque con todos ha trabajado y con todos ha estado”, ha agregado.

Tras afirmar que hoy es un día complicado para el PSOE porque comparece en el Tribunal Supremo José Luis Ábalos, Agudo ha pedido al presidente de Castilla-La Mancha que se pronuncie para decir si sigue opinado de él que es “un buen compañero que tenía en su actuación el interés del Estado”.

“O qué tiene que decir del 'número 1' de la trama al que lleva manteniendo con sus votos diez años en el Gobierno de España”, ha dicho en referencia a Pedro Sánchez. “Si el PSOE quiere hablar de expresidentes, desde el PP no tenemos ninguna duda en que podemos empezar a hacerlo, pero debatiendo en el pleno de las Cortes”, ha zanjado.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido la labor de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, la castellanomanchega Isabel Rodríguez. La ha eximido de responsabilidad de la derogación, con los votos de PP, Vox y Junts, del decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027, achacando esa responsabilidad al “empeño” de Sumar en llevar el decreto al Congreso “sabiendo que no iba a salir”.

La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha manifestado, que Isabel Rodríguez está haciendo “una buena labor” junto con su equipo y es conocedora, “como buena responsable política que es”, de que las mayorías en el Congreso “son las que son”.

“Ahora mismo hay una mayoría de derechas que impide que se aprueben determinadas actuaciones”, ha insistido, asegurando que el hecho de que Sumar se “empeñara” en llevar este decreto al Congreso “no quiere decir que la ministra de Vivienda, ni mucho menos esté haciendo una mala labor”.

“Al contrario, yo creo que está liderando, con todas las dificultades que tiene, la política de vivienda en España. Lo que tiene que saber Sumar es que no tiene mayoría”, ha insistido.

Así, ha reiterado la idea de que ha ocurrido “lo que sabíamos que iba a ocurrir” y ha lamentado que Sumar llevara el decreto al Congreso buscando “el conflicto político o coger determinado protagonismo político”.

El Partido Popular de Albacete ha procedido a la expulsión de quien ha sido alcalde de Villaverde de Guadalimar, Ángel Fiteni, hasta octubre de 2025, por presunta malversación de fondos públicos.

Además, el partido le ha instado “a dar cuenta del dinero recaudado por la venta de entradas en la piscina municipal durante los últimos años, y a dar explicaciones del paradero de unos 15.000 euros”.

Así lo ha manifestado el secretario provincial del PP de Albacete, Bernardo Ortega, quien, en un comunicado, ha explicado que este tipo de comportamientos “no tienen justificación alguna y, por lo tanto, ante la falta de transparencia de su gestión municipal, y al margen del proceso judicial que pudiera abrirse contra Fiteni, éste ya no forma parte del Partido Popular”.

“Ha defraudado nuestra confianza”

Ortega ha reiterado que el PP es el primer interesado en que se aclare este asunto y ha lamentado que Ángel Fiteni “haya defraudado la confianza depositada en él por el Partido Popular y los vecinos que le respaldaron con su voto en las últimas elecciones municipales”.

De la misma forma, el PP ha instado al resto de grupos políticos a actuar “de manera firme y decidida” cuando se producen casos de gestión irregular en los municipios de la provincia.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha unidades móviles con profesionales de diferentes disciplinas de apoyo a la salud mental infanto-juvenil en las siete áreas de salud que hay en la región para atender a niños y niñas de 0 a 17 años.

Así lo ha avanzado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante su participación en el I Foro 'Crecer con Bienestar: Salud mental en la infancia y la adolescencia' organizado por las Cortes de Castilla-La Mancha y Unicef, donde ha indicado que estas unidades se podrían licitar en mayo.

“Creo que en mayo vamos a dar ese pequeño salto. Finalmente, si sale bien será no tan pequeño. Será más importante en una región como la nuestra y, desde luego, tenemos muy claro que hay que seguir metiendo recursos”, ha reconocido.

Ha reconocido que la salud mental depende de contextos nacionales e internacionales “que están todavía sin perimetrar”, ha lamentado que al ser un problema a combatir por todo el mundo, nadie “termine por abordar el manejo de las redes sociales”.

En su opinión, “también requerirán de una regulación, alguien tiene que abordar ese toro”, ha alertado García-Page, que se ha mostrado convencido de que “siempre se puede hacer algo, menos estar cruzado de brazos”.

Dicho esto, ha aseverado que el “populismo barato” que, a su entender impera, “trae como consecuencia que se instale el cortoplacismo”, que impide abordar cuestiones urgentes, como la salud mental.

“Aquí sólo importa realmente si estoy mañana en el mismo puesto y qué va a pasar en las próximas elecciones, que siempre hay elecciones. Y ese cortoplacismo tan radical, que está instalado, impide abordar los asuntos que requieren tiempo”, ha terminado criticando.

UNICEF cree que es “un desafío estructural”

La presidenta de Unicef España, María Ángeles Espinosa, ha incidido durante el acto en Toledo en que la salud mental se ha convertido en “uno de los retos sociales de nuestra época” y, concretamente, la de niños y adolescentes es un “desafío estructural” que requiere de soluciones “valientes, sostenidas y ambiciosas” para no empeorar en el corto y medio plazo.

Ha puesto el acento en que los datos son “preocupantes” ya que cuatro de cada diez adolescentes afirman haber tenido algún problema de salud mental en el último año “y uno de cada tres no se lo ha contado a nadie, con lo que eso supone”.

De hecho, según los datos disponibles más del 50 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 29 años han experimentado síntomas de “malestar psicológico, tristeza, angustia, estrés o ansiedad” y cerca del 30% tiene “sintomatología clave compatible con un diagnóstico clínico de salud mental”. Unos datos que en su opinión deben ser reinterpretados además teniendo en cuenta la “particularidad” de la transformación digital, que ha “modificado profundamente los entornos y contextos en que nuestros niños, niñas y adolescentes juegan, crecen y se desarrollan”.

“A pesar de que el entorno digital es una enorme oportunidad, es importante instruirles, educarles en un uso adecuado y seguro porque, si no, el espacio digital también se puede convertir en un nuevo factor de riesgo para esos factores psicológicos que, si no se atienden, se convertirán en problemas más graves”, ha continuado.

A pesar de que el entorno digital es una enorme oportunidad, es importante instruirles, educarles en un uso adecuado y seguro porque, si no, el espacio digital también se puede convertir en un nuevo factor de riesgo

María Ángeles Espinosa — Presidenta de UNICEF

En este sentido, ha explicado que entre el 60% y el 70% de los trastornos mentales comienzan antes de los 18 años pero, ante esta realidad, el acceso a la atención “sigue siendo limitado, un privilegio reservado a unos pocos”.

En España hay, aproximadamente, seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, una cantidad “insuficiente”, ha dicho, para la demanda creciente, máxime si se tiene en cuenta que “muchos de los malestares emocionales no tienen por qué derivar en problemas de salud mental si se abordan a tiempo”, según recoge Europa Press.

“De ahí la insistencia de Unicef en el papel de la prevención, la importancia de tener información adecuada y conocer cuáles son los recursos y medidas que pueden ayudar a solventar esos problemas”, ha razonado.

Por todo ello, este es un foro, ha apuntado la presidenta de Unicef España, que pretende “incrementar el conocimiento, afianzar el compromiso y generar alianzas entre diversos actores con responsabilidad, competencia e influencia”. “Unicef solo no puede abordar esa labor compleja y larga”, ha apostillado.

Finalmente, Espinosa ha expresado su agradecimiento a las Cortes regionales y a su presidente porque desde que conoció la propuesta apostó “de una manera clara y firme” por abrir el debate a otros expertos como profesionales del ámbito sanitario, educativo o del tercer sector y darles voz en un problema “tan complejo”.

Hay fenómenos naturales que la ciencia aún no explica del todo: los agujeros negros, la materia oscura y el misterioso encogimiento del currículum de muchos políticos. Uno abre sus biografías oficiales y descubre que, por arte de magia, la experiencia profesional cabe en un post‑it. Y sin letra pequeña.

La escena es conocida: personas que han hecho de la política su único oficio, o que vienen de profesiones cuya exigencia académica no desvela a nadie, acaban gestionando presupuestos que harían sudar frío a un director financiero. Y ahí están, tan tranquilos, tomando decisiones que afectan a millones de ciudadanos, mientras uno se pregunta si han manejado alguna vez algo más complejo que un grupo de WhatsApp.

La preparación empresarial brilla por su ausencia. La económica, también. La organizativa, mejor no mencionarla. Y el dominio de idiomas… bueno, digamos que muchos se sienten muy cómodos en su monolingüismo militante. Leer, leen poco; escribir, lo justo; y cuando oyen la palabra intelectual, algunos reaccionan como si les hubieran insultado en arameo. Para ellos, alguien que sabe redactar un párrafo con subordinadas o hilar un discurso con argumentos, es sospechoso de elitismo, pedantería o, peor aún, pensamiento propio ¡gran pecado!

Aun así, pontifican. Y pontifican con una seguridad que ya quisiera un catedrático en su discurso inaugural. Se suben al atril, inflan el pecho, sacan un papel doblado del bolsillo, que no leen, y proclaman verdades universales con la firmeza de quien jamás ha dudado de nada, quizá porque dudar exige leer, contrastar y pensar. Su superioridad es tan rotunda que termina revelando lo que pretende ocultar: una inanidad y una inferioridad que se nota a kilómetros.

Mientras tanto, la ciudadanía sueña con perfiles solventes, gente que sabe dónde pisa, que entiende un balance, que distingue un dato de una ocurrencia. Personas con trayectoria real, de esas que no se evaporan al primer vistazo. Nombres preparados, de cualquier signo político, capaces de aportar algo más que frases huecas y promesas con fecha de caducidad inmediata.

Sin embargo, la realidad insiste en ofrecernos representantes del club del currículum menguante. Y claro, de ahí salen políticas que duran lo que un yogur abierto, iniciativas sin visión que se improvisan de un día para otro y ocurrencias que se presentan como soluciones estratégicas. Todo muy dinámico, muy fresco, muy efímero.

El resultado es un paisaje político lleno de gestos, titulares y postureo, donde la gestión seria parece un lujo escandinavo. Y mientras tanto, los ciudadanos observan, suspiran y continúan esperando que, algún día, la competencia profesional en el desempeño político deje de ser una rareza y pase a ser un requisito.

Los alcaldes de Albacete, Manuel Serrano, Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, se han aliado para exigir al Gobierno de España que reabra de forma inmediata la línea ferroviaria directa que conecta estas tres ciudades, interrumpida desde el pasado 28 de febrero de 2022, durante la reunión mantenida en el Consistorio madrileño para evaluar la situación creada por el nuevo retraso en la recuperación del servicio.

Según informa el Consistorio albaceteño, los tres alcaldes han defendido que la reapertura no puede seguir sometida a aplazamientos ni a decisiones pendientes de concreción, reclamando al Ministerio de Transportes que aclare cuándo volverá a estar operativo el servicio entre el sureste peninsular, Castilla-La Mancha y la capital de España; qué trenes se van a programar y qué compromisos asumirá Renfe o el operador correspondiente para recuperar la conexión directa.

El alcalde de Albacete dice que es una “infraestructura clave”

Manuel Serrano ha destacado la vinculación de la ciudad con el ferrocarril y los 170 años de historia compartida y de progreso que han unido los destinos de Madrid, Albacete y Cartagena a través de un eje ferroviario que ha sido históricamente una “infraestructura clave”, lamentando el proceso de degradación que sufre desde hace décadas por la “falta de inversiones, de modernización, la obsolescencia técnica y la reducción de servicios”.

“El corredor no sólo conecta ciudades, sino que es un eje vertebrador de comarcas y municipios, siendo especialmente relevante su conexión con el puerto de Cartagena: una de las principales infraestructuras logísticas del Mediterráneo donde el transporte por carretera no es una opción”, ha dicho.

Serrano ha mostrado su preocupación ante los problemas provocados por este “aislamiento ferroviario” en los municipios afectados, una vez que el cierre de esta línea ha limitado las oportunidades laborales, educativas y sanitarias de sus ciudadanos; ha reducido la competitividad de las empresas; dinamitado las posibilidades turísticas; y ha perjudicado el medio ambiente ante el aumento de emisiones de gases contaminantes al crecer el uso del vehículo privado y el transporte de mercancías por carretera.

El alcalde albaceteño ha apostado por abordar las soluciones desde una “perspectiva integral”, con la reapertura inmediata del servicio ferroviario “para que no se eternice ni se normalice una situación anómala”, modernizando y electrificando posteriormente la línea, adaptándola a estándares europeos e integrando el corredor Albacete-Cartagena en una estrategia global de transporte.

“La cohesión territorial, el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental serán los grandes beneficiarios de la recuperación de una infraestructura ferroviaria que nunca debió dejarse perder y que además tiene una demanda consolidada”, ha añadido.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha señalado que “es incomprensible que Cartagena esté aislada desde hace cuatro años”, asegurando que “hay que decir basta” ante esta situación. En este sentido, Almeida ha añadido que “no puede pasar ni un solo día más sin que exista esta conexión férrea entre las tres ciudades”.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha remarcado que la situación es especialmente crítica para su municipio, señalando que “Cartagena lleva cuatro años condenada al aislamiento ferroviario por el incumplimiento del Gobierno” y ha reiterado que “la falta de servicio perjudica a los vecinos, a los estudiantes, a las empresas, al turismo y a la actividad industrial de Cartagena, que necesita una conexión ferroviaria directa, fiable y competitiva con Madrid”.

Arroyo ha asegurado que seguirá impulsando un “frente común” para evitar que los vecinos afectados sigan perdiendo oportunidades, recordando que, en la Región de Murcia, da servicio a Cartagena, Torre-Pacheco, Murcia, Archena, Fortuna y Cieza; en la provincia de Albacete, atraviesa Hellín, Tobarra, Pozo Cañada, Chinchilla de Montearagón, Albacete, La Roda, Villarrobledo, Socuéllamos y Alcázar de San Juan, y en la Comunidad de Madrid, incluye Aranjuez y Madrid.

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a levantar la voz contra los acuerdos alcanzados por PP y Vox en algunas autonomías para criticar a quienes hablan “de prioridades nacionales” cuando “la única prioridad que han tenido desde que nacieron es ganar las elecciones a base de demagogia”.

Así lo ha manifestado este martes durante la presentación del refuerzo del Programa de Retorno del Talento que otorgará una mayor dimensión a las acciones de acompañamiento a las personas que quieran regresar a la región.

Durante ese acto, el presidente regional ha señalado que actuaciones como esa “sí que son prioridad”. Ha sido entonces cuando ha criticado a los que “hablan incluso de prioridades nacionales cuando la única prioridad que han tenido desde que nacieron es ganar las elecciones a base de demagogia”.

“Nosotros tenemos que tratar a la gente en este país como queremos que traten a los españoles cuando van fuera o trabajan fuera; ni más ni menos”, ha zanjado García-Page.

Ayer llamó a empresarios y sindicatos a “levantar la voz”

Se trata del segundo día consecutivo que el presidente castellanomanchego rechaza los términos de los pactos que han alcanzado PP y Vox en algunas autonomías. “No termino de entender que empresarios y sindicatos no levantéis la voz más claramente”, declaró ayer. “Uno estaba acostumbrado a que pudiera ser populista alguien que tiene el 10% del voto, o a ejercer un poco de populismo todo tipo de organizaciones sociales. Pero es que hoy el populismo se ha institucionalizado”, lamentó García-Page.

Dichas críticas que fueron respondidas por el líder regional del Partido Popular, Paco Núñez, que aseguró que Page tiene “tics de dictador”.

El líder regional del Partido Popular, Paco Núñez, ha asegurado este lunes que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tiene “tics de dictador”.

Así lo ha indicado durante la Junta Directiva Autonómica del PP-CLM, junto al secretario general del PP, Miguel Tellado. Nuñéz se ha referido así a las críticas que previamente había realizado García-Page contra los acuerdos “a la contra” de PP y Vox en algunas autonomías. “No termino de entender que empresarios y sindicatos no levantéis la voz más claramente”, había enfatizado.

“Uno estaba acostumbrado a que pudiera ser populista alguien que tiene el 10% del voto, o a ejercer un poco de populismo todo tipo de organizaciones sociales. Pero es que hoy el populismo se ha institucionalizado”, lamentaba García-Page.

Unas declaraciones que han sido respondidas por el líder regional del PP asegurando que son “tics de dictador”. “¿Quién es Page para decirle a la gente lo que tiene que denunciar?”, ha rematado Núñez.

Este lunes ha comenzado una nueva semana de huelga a nivel nacional a la que están llamados más de 7.500 médicos, facultativos y residentes de Castilla-La Mancha.

El paro se prolongará hasta el jueves 30 de abril y, según el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM), se convoca por “la falta de respuesta del Ministerio de Sanidad” a las demandas planteadas.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, se ha pronunciado este lunes sobre estas movilizaciones y ha defendido que “lo mejor que podría pasar es establecer un marco y dejar después a las comunidades autónomas que, una a una, resuelvan los temas que realmente importan”.

“Al final la prestación asistencial se hace en las comunidades autónomas. Espero que cuanto antes se llegue a un acuerdo y que esta huelga termine lo más pronto posible”, ha asegurado el titular regional de Sanidad castellanomanchego, a preguntas de los medios de comunicación recogidas por Europa Press.

A juicio de Fernández Sanz, el hecho de no contar con las comunidades autónomas, “está teniendo un coste importante para todos”.

“El inicio de las negociaciones entre Ministerio y sindicatos no ha dado el resultado obtenido y nosotros lo que pretendemos es seguir ayudando. Tres comunidades -Castilla-La Mancha, Euskadi y Canarias-, propusimos un mediador, pero parece que eso no ha surtido tampoco el efecto esperado y seguimos esperando que se llegue a un acuerdo”, ha insistido.

Calendario de movilizaciones

CESM ha convocado diversas movilizaciones durante estos días de huelga. El acto central tendrá lugar en Albacete, con una manifestación el martes 28 de abril a las 19:00 horas, que partirá desde la puerta principal del Hospital General de Albacete y finalizará en la plaza del Altozano. Desde la organización se recomienda acudir “con bata blanca como símbolo de unidad, compromiso y defensa de la profesión médica”.

No será la única acción de protesta. De forma paralela, se han organizado concentraciones en distintos puntos del territorio regional:

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez (PP), ha dicho no estar preocupado por el hecho de que Vox, su socio de Gobierno en el Ayuntamiento, exija en el Ayuntamiento capitalino la 'prioridad nacional' como así ha hecho para pactar los gobiernos de Extremadura o Aragón.

Estas declaraciones contrastan con el hecho de que el Grupo Popular en el Ayuntamiento rechazara, en el último pleno municipal, varias mociones de Vox en las que pedía, entre otras cosas, el rechazo a la política migratoria del Gobierno de España y reprobar la gestión que “promueve un modelo inmigratorio de puertas abiertas, efecto llamada y multiculturalismo que está alterando la realidad social, demográfica y cultural de España”.

Pero hoy el alcalde no ha rechazado esa 'prioridad nacional'. “Me preocupan más otras cosas que preocupan más a los ciudadanos de Toledo”, ha dicho para añadir que su “verdadera prioridad nacional es desalojar a Sánchez del Gobierno de España”.

Esa, ha insistido el alcalde de Toledo, es la “verdadera prioridad nacional”, por lo que ha añadido que le gustaría que así lo entendieran también desde el Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento toledano.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado este lunes contra los acuerdos “a la contra” de PP y Vox en algunas autonomías. “No termino de entender que empresarios y sindicatos no levantéis la voz más claramente”, ha enfatizado.

“Uno estaba acostumbrado a que pudiera ser populista alguien que tiene el 10% del voto, o a ejercer un poco de populismo todo tipo de organizaciones sociales. Pero es que hoy el populismo se ha institucionalizado”, ha lamentado García-Page durante la Jornada 'Castilla-La Mancha, Tierra de Oportunidades. Modelos de negocio para el siglo XXI', que organiza el periódico digital ENCLM organizada en la sede de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).

Y el populismo, ha subrayado, trae como consecuencia muchas cosas, pero sobre todo “rompe” la dinámica de gobernar para todos, de gobiernos en positivo. Ha sido en este punto donde el presidente socialista ha hecho alusión a los acuerdos que se están firmado en algunas autonomías entre PP y Vox. “¿No tienen la sensación de que los acuerdos que se están planteando constituyen gobiernos a la contra?”, se ha preguntado.

“El objetivo fundamental del que se constituye gobierno en algunos sitios en España es para hacerle la puñeta al menos a la otra mitad. Se están constituyendo gobiernos a la contra”, ha incidido García-Page, quien cree que “sin duda ninguna el culpable definitivo es Vox”.

Dicho esto, ha advertido de que en dichos pactos autonómicos PP-Vox se está incorporando “ir a recortar por completo a los sindicatos y a los empresarios en sus prestaciones de servicios y en su funcionamiento”.

“Aquí podéis estar absolutamente tranquilos, tenéis el compromiso del Gobierno de que no vamos a dejar que se cuele ningún tipo de populismo barato, pero es que no termino de entender que empresarios y sindicatos no levantéis la voz más claramente”.

“No es necesario que se constituyan gobiernos para ir contra gente, o bien contra colectivos empresariales o contra colectivos sociales. Los gobiernos, en definitiva, tendrían que plantearse solucionar problemas”, ha abundado el presidente castellanomanchego.

“Estamos demasiado entretenidos viendo quién entra a la cárcel o quién declara”

Todo esto le lleva a pensar a García-Page que a este país “le vendría muy bien una prolongada etapa de aburrimiento democrático”.

“Estamos demasiado entretenidos todos los días viendo quién entra a la cárcel, quién sale o quién declara”. “Hay una hiperpolitización provocada de arriba hacia abajo que genera un frentismo tremendo, parece que hay que discutir por todo”, ha afeado el presidente, quien ha apuntado que su gobierno prefiere apostar por “la seriedad”.

“La sociedad no puede permanecer en silencio ante la escalada de conflictos armados que estamos viviendo”. Esta declaración es parte del manifiesto que ha lanzado este lunes la recién constituida Plataforma 'No a la Guerra' en Toledo, en un mensaje que sostiene que “las guerras no son inevitables”.

En opinión de este colectivo, “las guerras son decisiones políticas, económicas y geoestratégicas y sus consecuencias las pagan siempre las mismas personas: la población civil, la clase trabajadora, las personas más vulnerables, cebándose especialmente en mujeres, personas LGTBI+ y menores”.

Las “guerras modernas”, como las califican, “rara vez se explican solo por disputas territoriales o ideológicas”. En este sentido reclaman mirar “con perspectiva” y encuentran un “un claro patrón”, que tiene que ver con la disputa por la energía, los recursos naturales y el poder monetario. “Ya no es suficiente con el control de hidrocarburos, ahora sumamos la competencia por recursos como el oro, minerales estratégicos, tierras raras con elementos químicos contaminantes y costosos de difícil extracción, o incluso los alimentos, demostrando así que la geopolítica y la economía vuelven a caminar juntas una vez más”, subrayan.

Esta plataforma se define como un “espacio abierto” que une a organizaciones sindicales, sociales y políticas en el que se integran la Asociación Mujeres de Negro contra la Guerra, la Plataforma 8M Toledo, la Marcha de Toledo por Palestina, la Unión Popular de Estudiantes, Izquierda Unida, Partido Socialista Obrero Español, Movimiento SUMAR, Asociación Vecinal El Tajo, Asociación Vecinal La Cava, AVALTO, Partido Comunista de España, Asociación Cooperativa Patrice Lumumba, la Asociación de vecinos Progresistas 'Amigos del Polígono', Bolo Bolo Castilla-La Mancha, la Federación de Asociaciones Vecinales “El Ciudadano”, La Unión Popular de Inquilinas, Podemos, Feministas de Pueblo Castilla-La Mancha y Comisiones Obreras de Toledo.

Ahora pide a otros asociaciones y colectivos que se sumen a la plataforma, en un mensaje dirigido a la ciudadanía en general para “dejar de normalizar la industria de la guerra como si fuera un negocio más: no, no lo es”, afirman.

En este sentido recuerdan que “las armas no se fabrican sin conflictos armados activos, sin una inversión previa y esa inversión procede en gran medida de entidades financieras internacionales. Bancos que operan en Europa y gestionan ahorros de la ciudadanía que desconocemos el destino final de nuestro dinero”, advierten.

“Mientras se multiplican los conflictos, asistimos también a un preocupante proceso de normalización, a una narrativa que pretende hacernos creer que la guerra es una salida legítima o incluso necesaria”.

Desde la plataforma sostienen que no van a aceptar esa lógica. “No podemos resignarnos a un mundo que normaliza la guerra como herramienta política” porque “la guerra no responde jamás a los intereses de los pueblos que en ella se ven inmersos, sino que obedece a las demandas económicas de unos intereses burgueses y belicistas”.

“Ningún Estado está por encima del derecho internacional”

Después han recordado que “ningún Estado está por encima del derecho internacional” o que no hay “ninguna razón geopolítica justifica la invasión militar de un territorio o el uso de la fuerza bélica como mecanismo de resolución de conflictos”.

Por eso denuncian “todas las vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional”. Exigen un alto alto al fuego “inmediato” y una desescalada, con cese de bombardeos, amenazas y represalias. “Apostamos por la diplomacia, la mediación internacional y el diálogo como únicas vías legítimas para resolver disputas”.

Las cifras del horror de las guerras

En el manifiesto estos colectivos ofrecen cifras escalofriantes: más de 6.000 personas muertas ya en Irán y El Líbano “por obtener el control marítimo del estrecho de Ormuz por EEUU y la expansión territorial por parte de Israel para ampliar su zona de colonos, tras lo ya ejecutado en Gaza y Cisjordania”. Denuncian que “son formas de controlar el tránsito de un porcentaje elevado del suministro del petróleo y el gas mundial” y recuerdan que “este genocidio ha provocado más de 765 víctimas mortales y 2.140 personas heridas desde la entrada en vigor del alto el fuego”.

También aluden al Ministerio de Sanidad gazatí: “Ha recordado que, desde el inicio de la ofensiva israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023, -que dejaron unas 1.200 personas muertas y cerca de 250 secuestradas, según el balance oficial-, se han registrado 72.344 muertas y 172.242 heridas en la Franja”.

Piden “no olvidar” el conflicto de Ucrania, donde la Misión de Observación de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (HRMMU) ha cifrado en más 15.000 las personas muertas, entre ellas 766 niños y niñas y más de 41.000 heridas desde el inicio de la invasión rusa.

O de los conflictos actuales en África que, explican, “han generado una severa crisis humanitaria con cientos de miles de personas muertas y millones de desplazadas, siendo Sudán, con más de 150.000 personas fallecidas desde abril de 2023, y la República Democrática del Congo (RDC), con miles de muertos este año, los puntos más críticos”.

Tampoco se puede perder de vista otros conflictos persistentes, subrayan, en Nigeria y la región del Cuerno de África.

Consideran además “injustificables” lo que tachan de “injerencias sistemáticas en Estados soberanos como Cuba o Venezuela; o la pugna por el control de Groenlandia, que podría albergar hasta el 25% de las tierras raras y así evitar la dependencia del mercado chino, que actualmente procesa alrededor del 90%”.

Después, advierten de los “factores que dificultan el poder afrontar esta crisis económica”, no solo el crecimiento de la deuda pública por la crisis de la COVID-19, sino las propias guerras y conflictos que, explican, “hacen la cooperación internacional más difícil y el aumento del gasto militar mundial en detrimento de derechos tan básicos como la sanidad, la educación o los servicios sociales”.