Tres jóvenes montañeros de entre 18 y 23 años, dos hombres y una mujer, han sido rescatados con síntomas de hipotermia durante la madrugada de este sábado en una zona de la Sierra de Gredos, en el término de Navalperal de Tormes (Ávila), con la intervención de especialistas de la Guardia Civil.

Se trata de dos hombres de 18 y 21 años, que tenían síntomas leves, mientras la mujer, de 23 años, sufría una hipotermia grave, han informado fuentes del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

El rescate comenzó pasada la una de la madrugada con efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil de El Barco de Ávila (Ávila), que se dirigieron hacia la zona en la que se encontraban los montañeros, a unos dos o tres kilómetros del refugio 'Elola', en el término de Navalperal de Tormes (Ávila).

La actuación se desarrolló en medio de unas condiciones meteorológicas adversas, con ventisca y baja visibilidad en esta zona próxima al Circo de Gredos.

Pese a las complicaciones, los agentes lograron localizar a las tres personas con síntomas de hippotermia leve en el caso de los hombres y grave en el de la mujer de 23 años.

Una vez estabilizados, los rescatadores iniciaron el descenso hacia la Plataforma de Gredos, dejando parte del material en la zona en la que se encontraban debido a las condiciones extremas.

Ya en la Plataforma de Gredos, los tres rescatados fueron atendidos por el personal sanitario en una ambulancia, para después ser trasladados al centro de salud de Navarredonda de Gredos (Ávila), donde recibieron asistencia médica.

Agentes de la Guardia Civil tuvieron que intervenir este lunes en un incendio forestal, como consecuencia de una quema autorizada que se descontroló a causa del viento en el término municipal abulense de Muñopepe (95 habitantes), situado a 12 kilómetros de Ávila, quemando 4 hectáreas de pastos, sauces y carrascas.

El fuego, que no ocasionó daños personales, pero sí medioambientales, con 4 hectáreas arrasadas, se originó en el 'Camino de Casasola' poco antes de las 13.00 horas, cuando el instituto armado recibió un aviso del Servicio de Emergencias 112 sobre un incendio originado por una quema autorizada, que se había descontrolado por el viento, ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Una vez activados los protocolos de emergencia, hasta esta zona próxima a la capital abulense se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, de los Bomberos de Ávila, los agentes de Medio Ambiente y varias unidades de Protección Civil.

Las llamas, que afectaron a una zona de matorral con arbolado cercano, se vieron agravadas por las fuertes rachas de viento que dificultaron las labores de extinción y provocaron que el fuego se dirigiera hacia la localidad próxima de Duruelo y su anejo de Casasola.

Debido a la evolución del incendio, los Bomberos de Ávila solicitaron apoyo de medios aéreos, mientras una patrulla de la Guardia Civil de la localidad de Piedrahíta (Ávila) colaboraba en las tareas de control y seguridad del perímetro.

La “rápida coordinación” de los medios que intervinieron hizo que el incendio quedara extinguido a las 18.45 horas, tras haber arrasado 4 hectáreas de pasto arbustivo, zarzas, sauces y carrascas.

Tras este fuego, la Guardia Civil ha recordado la importancia de extremar las precauciones en la realización de quemas controladas, especialmente en jornadas con condiciones meteorológicas adversas, al tiempo que ha reiterado su “compromiso” con la protección del medio natural y la seguridad ciudadana.

El expresidente de Vox Ávila, David Castrejón, que dimitió hace dos semanas junto a otros miembros del Comité Ejecutivo Provincial del partido, ha justificado su deicisón por que el procurador José Antonio Palomo vaya a repetir como cabeza de lista a las Cortes, algo con lo que mantiene “un total desacuerdo”. Han presentado su dimisión el presidente, vicepresidente, secretario provincial y jurídico y otros dos miembros de la gestora no presentaron su dimisión de forma oficial, aunque pero sí mostraron de forma interna un total desacuerdo con el candidato impuesto desde Madrid“.

Castrejón, en una carta dirigida a los medios de comunicación en la que explica los motivos de su dimisión y la de “gran parte del órgano ejecutivo” de la formación en la provincia, ha asegurado que se trata de “un candidato perjudicial para el equipo de Vox y sobre todo para la provincia de Ávila”.

Asimismo, ha manifestado que su decisión la ha tomado porque, “por valores y ética”, no puede avalar una candidatura “basada en intereses personales que no van a situarse a la altura de Ávila”.

En la carta, también ha criticado la “deficiente formación académica” del candidato, así como su “pésimo nivel de trabajo a la hora de recorrer la provincia para escuchar al ciudadano y atender a sus necesidades” y ha asegurado que ha observado “una falta empatía hacia los abulenses”.

Castrejón ha indicado que la candidatura finalmente ha quedado compuesta por miembros que mantienen “discordia” con el número uno y ha detallado que inclusive el concejal de Arévalo, presente en dicha candidatura, el 19 de noviembre firmó un manifiesto junto a otros cinco concejales en el que expresaba una “oposición rotunda” a que el procurador volviese a encabezar la lista, “llegando a descifrar que tomaba la negativa de realizar campaña en el municipio de Arévalo”.

Un mensaje interno que la directiva ignoró

Además, ha señalado que otros miembros de la candidatura han enviado de forma interna al partido un mensaje en el que daban a conocer que si se volvía a poner el mismo candidato, el proyecto “se hacía inviable y por coherencia era imposible continuar trabajando”. En otro punto del escrito, ha subrayado que “algunos miembros de la candidatura no son afiliados al partido”, lo que, a su juicio, deja “en evidencia su compromiso hacia el proyecto de Vox y hacia el ciudadano abulense”.

También ha advertido de que “en la candidatura no aparece ningún candidato que resida en el partido judicial de Arenas de San Pedro” y considera que se ha dejado a 33.000 ciudadanos “sin voz” en el Valle del Tiétar.

Finalmente, el expresidente de Vox Ávila ha advertido de que “Vox corre el peligro de perder el escaño en la provincia de Ávila” y que pasará a obtener el cuarto procurador el Partido Popular.

El plazo de consulta del censo electoral en el Ayuntamiento de Ávila para las elecciones de Castilla y León de 2026 se ha abierto desde este lunes 26 de enero hasta el 2 de febrero. En este periodo de tiempo, se podrán consultar los datos del censo electoral, cerrado a 1 de noviembre de 2025 y que contiene la información de fecha de documento hasta el 30 de octubre de 2025.

Todos los electores (españoles residentes en municipios y españoles residentes en el extranjero –CERA-) pueden realizar la consulta de sus datos a través de la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral, llamando al teléfono gratuito 900343232 o, mediante el sistema de identificación Cl@ve, en la sede electrónica del INE; o directamente en la sección de Estadística del Ayuntamiento de Ávila, situada en la planta baja del edificio principal del Ayuntamiento (plaza del Mercado Chico, 1), los días laborables, de 09 a 14 horas.

Durante este periodo de consulta, los interesados podrán realizar las reclamaciones que estimen oportunas sobre sus datos censales, inclusiones, exclusiones y errores observados en los mismos. Las reclamaciones deben formularse ante la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Ávila o a través de la sede electrónica del INE antes de las 12 horas del 3 de febrero; o en la sección de Estadística del Ayuntamiento de Ávila que, con carácter excepcional, permanecerá abierta al público, únicamente para presentar reclamaciones relacionadas con el censo electoral, el 2 de febrero, además de en el horario habitual, por la tarde, de 17 a 19 horas.

Aquellos electores que lo deseen pueden solicitar también ya el voto por correo hasta el 5 de marzo.

Por Ávila propone la celebración de un debate electoral televisado en La 8 de Ávila en el que participen los cabezas de lista de cada partido que concurren a estos comicios por la provincia de Ávila, respetando los principios de pluralismo político, neutralidad informativa, igualdad y proporcionalidad. La formación abulense ha manifestado su deseo de participar en este tipo de debates y en los que propongan los medios de comunicación autonómicos para que los ciudadanos puedan “sacar sus propias conclusiones” sobre la acción o la inacción de las formaciones políticas.

Según ha recordado a través de un comunicado, Ávila reparte 7 procuradores que deberán defender los intereses de los abulenses “por encima de cualquier otro tipo de interés”. “La situación de nuestra provincia hace patente que, durante los últimos 30 años, los representantes de los partidos tradicionales no han hecho los deberes”, ha zanjado la formación, que dirige la alcaldía de Ávila.

Por Ávila ha explicado que un debate en el único canal de televisión local, La 8 Ávila, es una buena opción“ para llegar al mayor número de espectadores” y “favorecer que los abulenses puedan contrastar los programas electorales antes de ejercer su derecho al voto”.

Además, Por Ávila también ha adelantado su deseo de participar en los debates propuestos por los medios de comunicación de ámbito local y autonómico que se propongan entre los candidatos a representar a los abulenses en las Cortes de Castilla y León. Se trataría de una “gran oportunidad” para exponer las líneas maestras de los programas electorales “con transparencia”, bajo la moderación y experiencia periodística de los medios de comunicación, cuyo papel es “vital” para dar a conocer las distintas opciones de voto con las que cuentan los ciudadanos.

Así, esta formación política concurre a las elecciones autonómicas “con propuestas muy necesarias para el progreso de la provincia”, destinadas a revertir la deuda histórica que el Gobierno regional sigue teniendo con Ávila.

Esta mañana, el PSOE también ha mostrado su deseo de debatir mucho y ha hecho hincapié en la importancia de organizar un cara a cara entre Carlos Martínez (PSOE) y Alfonso Fernández Mañueco (PP). En las elecciones de 2022, solo debatieron a escala autonómica los candidatos que tenían grupo propio: Fernández Mañueco, Luis Tudanca (PSOE) y Francisco Igea (Ciudadanos), lo que provocó el rechazo de los miembros del Grupo Mixto (entonces UPL, Podemos y Vox).

El sindicato Jupol ha denunciado este lunes la falta de agua caliente en uno de los bloques residenciales para alumnos de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, ante lo que ha exigido “soluciones urgentes” ante el “deterioro de las condiciones” para los futuros agentes.

A esta “grave situación” se suma que esas mismas instalaciones, donde se forman en torno a 3.000 futuros policías, sufren “continuos cortes de agua”, según detallado el sindicato en un comunicado.

Tras recoger testimonios trasladados de forma anónima a esta organización, Jupol ha sostenido que el agua caliente es “inexistente o, en el mejor de los casos, funciona de manera intermitente durante apenas unos minutos, antes de volver a cortarse”.

Esta situación obliga a los alumnos a “ducharse con agua fría de manera habitual, incluso en jornadas en las que las temperaturas en Ávila alcanzan los 3 grados bajo cero”, lo que a su juicio resulta “absolutamente inaceptable desde el punto de vista de la salud, la dignidad y las condiciones mínimas de habitabilidad exigibles en un centro de formación policial”.

Según Jupol, “la única solución” ofrecida desde la dirección de la Escuela Nacional de Policía ha sido que “los alumnos se desplacen a ducharse al pabellón de tatami”, algo que considera una alternativa “claramente insuficiente y poco realista”.

Este sindicato recuerda cómo desde hace tiempo viene denunciando que la Escuela Nacional de Policía tiene unas instalaciones “completamente obsoletas, de más de 40 años de antigüedad y que nunca se han renovado”, ya que “simplemente se han ido poniendo parches para tapar los problemas”.

Esta problemática ya fue trasladada antes de las vacaciones por parte de los alumnos a la dirección del centro, que reconoció la existencia de calderas averiadas que “estaban siendo reparadas”; sin embargo, a la vuelta del periodo festivo, “el problema persiste exactamente en las mismas condiciones”.

Por ello, Jupol exige a la Dirección General de la Policía y a la Dirección de la Escuela Nacional de Policía de Ávila la “reparación inmediata y definitiva” de las instalaciones de agua caliente afectadas, la revisión urgente del estado general de las infraestructuras residenciales y la adopción de medidas para garantizar unas condiciones de vida adecuadas a todos los alumnos.

Igualmente, reclama que “se depuren responsabilidades” si se confirma la existencia de una “dejación de funciones” o una “gestión negligente” de un problema que “se prolonga desde hace meses, pese a haber sido comunicado reiteradamente”.

Ecologistas en Acción ha recurrido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo el proyecto de astroturismo de la Diputación de Ávila, Stellarium Ávila Center, en la sierra de Gredos, puesto que la Junta de Castilla y León ha autorizado la construcción de este enclave en el Puerto del Pico sin exigir siquiera una Evaluación de Impacto Ambiental. Se ha recurrido la autorización del Ejecutivo autonómico y la aprobación del proyecto de la Diputación, que contempla un centro de interpretación del cielo nocturno y cuatro observatorios pequeños, conectados a través de caminos. El escrito ha sido interpuesto el 7 de enero y la asociación espera que se admita a trámite próximamente.

“El proyecto es bonito, con guías de cielo nocturno por los pueblos y han hecho miradores estelares por Gredos en sitios estratégicos donde hay mejor visión. Pero ahora lo del Stellarium es otra historia”, explica la portavoz Ecologistas en Acción Ávila, Nuria Blázquez Sánchez. Este complejo estará ubicado en un espacio especialmente protegido, dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos y la Red Natura 2000. Además, cuenta con amparo legal europeo al formar parte de la Red Natura 2000, como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). El proyecto de astroturismo compartirá la finca con la base de helicópteros BRIF Puerto del Pico, que contarácon un aparcamiento con capacidad para para 4 autobuses y 40 plazas de aparcamiento, para lo que será necesaria una tala de árboles.

Después de presentar alegaciones y recursos administrativos, Ecologistas en Acción ahora acude ante la Justicia porque considera que la ubicación es incompatible con el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Gredos, puesto que el Stellarium estaría en una Zona de Uso Limitado, y los centros de interpretación deben estar fuera de esta zona. Los ecologistas no comprenden que sea necesario ubicar el Stellarium en esa zona concreta, dado que el propio proyecto reconoce que “el edificio será principalmente visitado de día”.

Además, consideran que el proyecto no ha evaluado el impacto acumulativo de sumar el Stellarium a las infraestructuras existentes y futuras en la misma finca, puesto que la BRIF está realizando obras de ampliación en este momento. El edificio tampoco tendría acceso a una red pública de agua, de la que necesitarán 487,5 litros diarios (para una afluencia media de 75 personas al día). Se barajan dos opciones: un depósito de acumulación o la conexión a una presa cercana que se utiliza actualmente para el ganado. El proyecto considera que sería mejor construir ese depósito de agua sanitaria de 30.000 litros, que debería ser llenado con camiones cisterna de manera trimestral.

La Junta de Castilla y León no ha considerado necesaria una Evaluación de Impacto Ambiental a pesar de que el proyecto implica movimientos de tierra, creación de caminos, aparcamientos y consolidación de pistas que, requieen de una en cualquier Zona de Uso Limitado. “Esta decisión supone un grave incumplimiento de la normativa ambiental y una dejación de funciones por parte de la administración encargada de proteger estos espacios”, agrega Blázquez. 

Ecologistas recuerda que este proyecto está cofinanciado con fondos europeos Next Generation, que exigen expresamente que las actuaciones financiadas no causen daños al medio ambiente. El abogado especializado en derecho ambiental y urbanístico y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid que llevará el caso, Jaime Doreste, considera “especialmente preocupante” este punto.

El Grupo Avintia, especializado en la fabricación modular de viviendas, pondrá en marcha en el polígono industrial de Vicolozano, a unos 5 kilómetros de Ávila, un proyecto que generará 300 empleos directos y 5.000 indirectos, tras una inversión de 45 millones de euros.

Para ello, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha firmado este jueves en la capital abulense un protocolo de colaboración con el presidente del Grupo Avintia, Antonio Martín, quien ha calificado de “histórica” esta jornada.

Este proyecto empresarial, que se desarrollará sobre una superficie de 10 hectáreas, estará destinado a la fabricación modular de 5.000 viviendas al año “con los máximos estándares de calidad y competitividad”, ha explicado Martín sobre esta iniciativa incluida en la “ciudad de la industrialización”.

Dicha ciudad será “el motor para liderar la transformación” de este sector, apostando por la “construcción industrializada”, ha comentado el presidente del Grupo Avintia, quien ha agradecido la colaboración del Gobierno autonómico, que pondrá a disposición de la empresa una nave industrial de 17.000 metros cuadrados en régimen de alquiler, durante 20 años, con opción a compra.

En este espacio se instalará un complejo fabril del que saldrán anualmente más de 5.000 viviendas, con un porcentaje destinado al parque público de la Junta de Castilla y León, al tiempo que se creará un centro de formación especializada, que contará con espacios destinados al diseño, a la carpintería exterior, a los baños y a la realización de terrazas, balcones y chimeneas.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha destacado que este proyecto es el resultado de un “largo trabajo” y de la “firme apuesta” de la Junta por el polígono industrial de Vicolozano, cuyas obras de ampliación ya se encuentran en su tercera fase, con 70 nuevas hectáreas de suelo industrial.

Al respecto, el presidente del Gobierno autonómico ha comentado que los trabajos “avanzan a buen ritmo”, con una inversión de 17 millones de euros.

Alfonso Fernández Mañueco ha agradecido al Grupo Avintia que “haya traído los Reyes —Magos— a Ávila” con un “gran proyecto empresarial y de futuro” para la capital y la provincia de Ávila, centrado en la fabricación modular de viviendas para toda España.

“Esta es una gran oportunidad para ganar competitividad en la construcción industrializada, como fuente de crecimiento y empleo”, ha apuntado Fernández Mañueco en un acto que también ha contado con la asistencia, entre otros, de la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y del presidente de la Diputación abulense, Carlos García.

Según Antonio Martín, este proyecto “pionero” nace de la “apuesta” de la Junta de Castilla y León por “la vanguardia”, así como de su “compromiso por la vivienda asequible”.

En este sentido, ha comentado que este grupo, a través de su sistema 'Avita', ha entregado hasta el momento más de 2.500 viviendas, mientras que otras 2.500 se encuentran en ejecución.

La pequeña localidad abulense de Villar de Corneja ha repetido este miércoles el ritual de las últimas dos décadas, en las que sus escasos vecinos, todos de avanzada edad, han adelantado la hora mágica para comerse las uvas y celebrar por adelantado la llegada del año nuevo, aunque en esta ocasión han sido menos que nunca.

Los once residentes de finales de 2024, se han convertido en cuatro -literalmente- 365 días después, ya que siete de ellos han decidido trasladarse a la residencia de la cercana localidad de Piedrahíta, según ha relatado a EFE la alcaldesa de este pequeño pueblo de la denominada España vaciada, Carmen Hernández.

“Mientras yo esté, lo voy a seguir celebrando, aunque sea sola”, apunta la regidora con una pena amortiguada en este último día de 2025 gracias a la llegada de visitantes, familiares y amigos de los habitantes de este pueblo, que han arropado con su presencia a los 4 residentes de Villar de Corneja, en un día frío y soleado, con el telón de fondo de la Sierra de Gredos nevada.

Sin embargo, ninguno de los cuatro residentes ha podido estar presentes: Félix, padre, por su avanzada edad, y Félix, hijo, y los hermanos Justino y Gregorio, todos ellos con más de 60 años, porque estaban trabajando en las fábricas textiles de la cercana localidad de Santa María del Berrocal.

Sí, este pequeño municipio situado en el límite con la provincia de Salamanca, a 70 kilómetros al oeste de la capital abulense, ha visto cómo su población ha llegado a los 70 vecinos en un día en el que las campanadas han resonado bien distintas a como lo hacen en las bulliciosas calles de las grandes ciudades.

Quizá por eso esta modesta celebración se ha convertido en una reivindicación del silencioso y cada vez más deshabitado mundo rural, que quiere llamar la atención sobre una agonía que no cesa, según vuelve a destacar la alcaldesa de Villar de Corneja.

Las cuatro casas rurales, con sus 18 plazas, ponen algo de vida los fines de semana o periodos vacacionales en este pueblo que, según su alcaldesa, podría desaparecer “en un año”, lo que le hace verse en 2026 “ola para las uvas”.

“Vamos a menos”, añade Carmen Hernández, antes de insistir en que Villar de Corneja es “uno de los pueblos vaciados”, como tantos años a los que, según ella, las administraciones tienen abandonados, no solo por falta de inversiones, sino también por las dificultades administrativas para, por ejemplo, poner en marcha un negocio turístico en un molino cuyo propietario “lleva 2 años y medio esperando”.

“No hay que juzgar por la gente empadronada, porque a menos gente, menos dinero” para estos pueblos que se encuentran al borde de la desaparición, sostiene Hernández, que critica la falta de servicios, al tiempo que lamenta las complicaciones para poner en marcha una sala de usos múltiples para el pueblo.

Con su habitual sonrisa y optimismo, Carmen Hernández se desvive para que sus vecinos puedan disfrutar de estas campanadas al mediodía, 21 años después de que en 2004 decidiera poner en marcha esta iniciativa para que las personas de avanzada edad pudieran disfrutar, como el resto, de la bienvenida al año nuevo en compañía.

Año tras año, la población se ha ido reduciendo hasta llegar a los 4 vecinos que residen en la actualidad en la localidad, tres con más de 60 años y uno mayor de 90, según relata la regidora, mientras trata de poner orden frente al Ayuntamiento entre los asistentes, llegados de diversos puntos.

A todos ellos, algo más de 70, les ha repartido las tradicionales doce uvas en bolsitas, a la espera de que el reloj del Consistorio comenzara a dar las campanadas, con la correspondiente advertencia de la alcaldesa: “Las primeras -campanadas- no, las segundas”.

Tras las campanadas, ha llegado el momento del brindis y de los buenos deseos entre los participantes en esta simbólica fiesta en la España vaciada, que también ha querido poner de relieve algunas tradiciones como la elaboración de gorras hechas a base de paja de centeno.

Varios de los participantes han sustituido los gorros y las diademas navideñas por estas gorras tradicionales que tratan de recuperar o mantener en algunos pueblos de la zona. Después ha llegado el momento de degustar las raciones de empanadas y turrones, regados con la sidra, alguna de cuyas botellas se le ha resistido a alguno en el momento del descorche para brindar, anticipadamente, por 2026.

La Junta de Castilla y León abrirá expediente sancionador contra el 'influencer' que fue denunciado, hasta en seis ocasiones por la Guardia Civil, tras realizar supuestamente actividades ilegales dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila.

Este creador de contenido, con miles de seguidores en redes sociales, ha sido denunciado por el instituto armado tras 'colgar' vídeos en los que aparecía bañándose en lagunas glaciares del macizo abulense, donde acampó en zonas prohibidas e hizo volar drones en espacios sensibles de este ecosistema vulnerable.

Según ha explicado este lunes a los periodistas el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, la Administración autonómica “ha iniciado las actuaciones pertinentes”, tras la denuncia formulada por la Guardia Civil, lo que “se sustanciará con el correspondiente expediente sancionador”.

Ha añadido que, una vez tramitado el dicho expediente, se conocerá “si el instructor, con carácter objetivo, considera oportuno elevar propuesta de resolución sancionadora”, según Hernández, quien ha señalado que el proceso se encuentra aún en “un momento muy inicial como para tener mas información al respecto”.

“Se están recabando datos, se está elaborando el expediente y se dictará la correspondiente resolución”, ha concluido Hernández sobre este 'influencer' que aparece en las imágenes rompiendo el hielo de la laguna glaciar con piedras o hachas, para después lanzarse al agua.

Una vivienda de 500 metros cuadrados ha sido demolida por orden judicial después de que la Guardia Civil haya detectado, catorce años después de su construcción, que se trata de una edificación ilegal en suelo protegido dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en la provincia de Ávila.

La casa fue levantada sin licencia y ahora el Ayuntamiento del municipio en el que fue edificada, no especificado en la nota difundida este viernes por la Guardia Civil, ha ejecutado su demolición durante este mes de diciembre, tras la condena judicial a los promotores por delito urbanístico.

Construida en una localidad del Valle del Tormes, en la vertiente norte del macizo, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Ávila ha informado de la ejecución de la orden judicial de demolición de esta construcción destinada a “vivienda ocasional”.

Los propietarios condenados son matrimonio y se les consideran autores de un delito contra la Ordenación del Territorio y el Urbanismo, tras quedar acreditado que la edificación, inicialmente autorizada como nave agroganadera, fue “transformada en una vivienda sin la correspondiente licencia ni autorización administrativa”.

La construcción fue detectada por primera vez por la Guardia Civil en 2011, cuando se constató que las obras promovidas bajo la apariencia de una nave agrícola y ganadera habían derivado en una edificación “con tipología y distribución propias de una vivienda”.

Las inspecciones del SEPRONA coincidieron con los informes técnicos emitidos por la Comisión Territorial de Urbanismo y por el Servicio de Asistencia y Asesoramiento a Municipios de la Diputación de Ávila, confirmando que el uso real de la construcción “no se correspondía con el autorizado”.

La edificación, con una superficie de unos 500 metros cuadrados en planta, se encontraba ubicada en “suelo rústico especialmente protegido, dentro de los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos”, donde el uso residencial resulta “incompatible con la normativa urbanística y medioambiental vigente”.

Al incumplir los promotores la obligación de ejecutar voluntariamente la demolición en los plazos establecidos por la autoridad judicial, el Ayuntamiento procedió a la ejecución subsidiaria de las obras de derribo, en cumplimiento de la sentencia firme dictada el pasado 1 de diciembre. 

El sindicato CCOO se ha dirigido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ávila para que imponga multas al alcalde de la capital, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, de Por Ávila, ante el “incumplimiento persistente” de sentencias judiciales sobre la valoración de puestos de trabajo.

Para ello, CCOO se refiere al artículo 112.3 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), denunciando el “incumplimiento persistente de la sentencia firme, y los sucesivos requerimientos judiciales”, en relación con la valoración de puestos de trabajo en el Consistorio, ante la “falta de identificación del responsable” de dicho incumplimiento.

Esta situación “convierte al alcalde en responsable directo de un presunto delito de desobediencia judicial”, según ha explicado en nota de prensa este sindicato, que considera a Sánchez Cabrera “responsable último del incumplimiento de sentencias”.

Se trata de fallos que obligan al Ayuntamiento de Ávila a valorar de forma “justa y actualizada” puestos de trabajo, de acuerdo con lo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Sin embargo CCOO, ante la presunta desobediencia judicial “por no haber sido identificadas la personas responsables del incumplimiento judicial”, dice haberse visto “en la obligación de recurrir, nuevamente” al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ávila para instarle a que “imponga multas coercitivas” al alcalde de la ciudad, “en su condición de responsable último del incumplimiento”.

Al respecto, este sindicato dice tener constancia de que el regidor “ha tenido conocimiento del requerimiento judicial, de la obligación de ejecutar la sentencia y de la necesidad de identificar al funcionario competente y responsable de ello, sin que se haya dado respuesta satisfactoria al respecto”.

Desde su punto de vista, el Ayuntamiento de Ávila “no ha adoptado ninguna medida dirigida al cumplimiento de la resolución judicial”, de manera que la sentencia “permanece abierta, incumplida y conscientemente desatendida, frustrando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución”.

Ante esta situación, CCOO ha instado a que “se deduzca testimonio” del alcalde de Ávila ante el juzgado de instrucción para “depurar su posible responsabilidad penal” por delito de desobediencia a la autoridad judicial, al constar “acreditado su conocimiento efectivo, su posición de garante y su negativa consciente y reiterada a ejecutar mandatos judiciales firmes”.

Los trabajadores de la Residencia de Mayores de la Junta de Castilla y León en Ávila han denunciado las agresiones e intimidaciones que llevan sufriendo, desde hace años, por parte de la familiar de un residente.

Ante esta situación, el personal de este centro dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se ha concentrado este miércoles a las puertas de la residencia para exigir que se adopten las medidas necesarias para evitar este tipo de comportamientos que repercuten en los trabajadores.

En representación de la plantilla, José Antonio Nieves, miembro del comité de empresa por UGT, ha dado un ultimátum al centro para que se frenen “de inmediato” este tipo de episodios que se vienen traduciendo en episodios de “violencia física y verbal” hacia la familia por parte de la familiar de un residente.

Por ello, ha dado a conocer, en declaraciones a los medios, que si se vuelve a producir un nuevo episodio de violencia hacia los empleados, se paralizará la actividad no esencial y convocarán movilizaciones, después de tres años de este tipo de comportamiento, especialmente con los técnicos de atención directa.

“El 95 por ciento de los días tenemos movida con ella, nos insulta, nos intenta agredir”, ha señalado José Antonio Nieves, quien considera que la situación resulta “insostenible”, después de que el pasado mes de septiembre, una trabajadora fuera víctima de una agresión física.

A este hecho, que se encuentra en proceso judicialo, se suman otras agresiones verbales reciente, que hicieron necesaria la intervención policial, a raíz del aviso por parte de uno de los visitantes de la residencia.

Ante esta situación, la Junta de Castilla y León ha emitido un comunicado en el que rechaza “cualquier actitud de desprecio en la residencia de personas mayores”, al tiempo que asegura que “desde el principio se ha intervenido, siempre dentro de la legalidad”.

Tras apuntar que la situación “ha sido comunicada y valorada por el Servicio de prevención de riesgos laborales de la Junta desde el primer momento y con conocimiento de los delegados de prevención de los distintos sindicatos”, la Administración autonómica afirma que “se han seguido las pautas dadas por dicho Servicio de prevención”.

Al respecto, afirma que “desde el principio” se ha actuado “con las herramientas disponibles, siempre dentro de la legalidad, sin poder excederse en normas más allá de la legislación vigente”.

Tras rechazar “cualquier actitud de falta de respeto, insulto y desprecio tanto a los trabajadores como a los residentes y sus familiares” por parte de esta persona, la Junta les emplaza a que “si es necesario, denuncien estos comportamientos ante la Justicia”.

El comité de empresa de la planta que la multinacional japonesa Nissan tiene en Ávila ha convocado movilizaciones durante el próximo mes de diciembre debido a la falta de acuerdo con la dirección ante la negociación del nuevo convenio colectivo.

La decisión ha sido adoptada tras la reunión mantenida por ambas partes durante la mañana de este jueves ya que, a juicio de la representación sindical, el encuentro “realmente no ha servido para nada”, según consta en la comunicación interna entre la plantilla, que actualmente se acerca a los 500 empleados.

El comité de empresa ha informado de que la dirección “no ha presentado ninguna nueva propuesta”, tras varias reuniones previas, instando a los representantes de los trabajadores a que fueran ellos quienes las plantearan.

“Después de un receso, la hemos presentado por mayoría dentro del comité de empresa, basada en dar más facilidades en las condiciones de flexibilidad”, han comunicado los representantes sindicales, que han lamentado que la reunión haya sido “totalmente infructuosa”.

Fuentes del comité han señalado a EFE que la principal discrepancia se centra en las medidas de flexibilidad, que a su juicio deben ser compensadas con una “contraprestación”.

Ante esta situación, el comité ha aprobado un calendario de movilizaciones que arrancará el próximo martes, 2 de diciembre, con una concentración, a partir de las 11.00 de la mañana, en la antigua puerta principal de la planta.

Para el siguiente martes, 9 de diciembre, está prevista una segunda concentración junto a la zona de Recursos Humanos, mientras que el jueves, 18 de diciembre, se ha convocado un paro de una hora, entre las 11.15 y las 12.15 horas, en el exterior de la fábrica.

Pese a estas movilizaciones, desde la representación sindical se espera que la dirección acepte su propuesta para “no tener que llevar a cabo ninguna de estas medidas”.

El Servicio de Protección de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investiga a cuatro personas por la muerte de un total de 49 aves protegidas que han muerto electrocutadas en tendidos eléctricos situados en el norte de la provincia de Ávila.

Entre las aves muertas figuran ejemplares de águila imperial y milano real, según ha informado en nota de prensa la Guardia Civil, que investiga a los titulares de las líneas eléctricas, ya que “no habían sido adaptadas a la normativa de protección de la avifauna”.

Se les considera presuntos autores de delitos contra los recursos naturales y el medioambiente, así como contra la flora y fauna y contra los animales, a raíz de la localización de 49 aves protegidas muertas por electrocución y colisión en tendidos eléctricos situados en la comarca abulense de La Moraña.

La investigación se inició en octubre de 2024, cuando agentes medioambientales de la comarca forestal de Arévalo (Ávila) informaron de la existencia de tendidos eléctricos aéreos en el vecino término municipal de Madrigal de las Altas Torres, que estaban causando “una elevada mortandad de avifauna”.

Sin embargo, a pesar de las advertencias y requerimientos administrativos, las líneas “no habían sido adecuadas a la normativa sectorial vigente”, los que hacía que el riesgo para las aves continuara.

Así, durante las investigaciones, se conoció la localización de 42 animales muertos bajo dichos tendidos eléctricos en los últimos cuatro años, siendo recogidos y remitidos al Centro de Recuperación de Animales Silvestres (C.R.A.S.) de Valladolid, para determinar las causas de la muerte.

El estudio de la zona permitió certificar que las líneas eléctricas discurren por terrenos incluidos en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Tierra de Campiñas”, catalogada con una sensibilidad ambiental “muy alta” para aves esteparias y planeadoras.

Además, se trata de una Zona de Distribución de Especies Amenazadas, Zona de Riesgo de Electrocución de Aves -muy alto- y Zona de Protección para la Avifauna contra la Colisión y la Electrocución de Líneas Eléctricas de Alta Tensión en Castilla y León.

En colaboración de la Junta de Castilla y León, a través de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y de Industria, Comercio y Economía, se incorporaron a las diligencias los expedientes administrativos existentes, que incluyeron los resultados de las necropsias realizadas a los ejemplares, así como la identidad de los titulares responsables de las líneas eléctricas.

Los informes de necropsia determinaron que la causa principal de las muertes fue “la electrocución, siendo la colisión la causa restante”, según la Guardia Civil, que señala cómo los agentes del Seprona realizaron posteriormente inspecciones técnico-oculares de las líneas eléctricas, verificando su estado y el grado de cumplimiento de la normativa.

En dichas inspecciones fueron localizados otros siete ejemplares electrocutados, lo que elevó hasta 49 las aves muertas.

Las inspecciones demostraron que, mientras algunas líneas habían sido corregidas y adecuadas, otras continuaban presentando riesgo de electrocución, al no haberse llevado a cabo las medidas de protección exigidas por la administración.

Además, bajo algunos de esos tendidos se hallaron más cadáveres de aves protegidas, como el águila imperial ibérica o el milano real, especies que utilizan las torretas eléctricas como puntos de descanso o caza.

La Guardia Civil ha incidido en “el grave daño medioambiental” causado por la falta de adecuación de estas infraestructuras eléctricas, y recuerda a los titulares de líneas eléctricas su “obligación legal de mantener y adaptar las instalaciones para evitar la electrocución y colisión de aves, conforme a la normativa vigente en materia de protección de la avifauna”.

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera (Por Ávila), ha felicitado tanto a la Junta de Castilla y León, por el envío del mensaje a través del sistema ES-ALERT en torno a las 23.30 horas del jueves, como a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), por declarar la alerta roja por precipitaciones y fuertes vientos.

El regidor, que la pasada noche emitió un bando informando de la situación a los vecinos de la capital, ha señalado a los periodistas tras el pleno extraordinario celebrado en el Consistorio, que la decisión de la Administración autonómica y AEMET fue “la adecuada”, para “prevenir a la población” y que “no ocurrieran incidentes como lo que vivimos el año pasado por la falta de alerta”.

“Es mejor prevenir”, ha añadido Sánchez Cabrera, que ha dicho entender que “muchos” abulenses “se asustaran cuando les llegó esa alerta a los teléfonos móviles”, pero considera que “es mejor eso, a que pueda ocurrir cualquier tipo de desgracia”, según recoge EFE.

La Guardia Civil estableció este jueves por la noche un dispositivo de prevención en El Barco de Ávila debido a la alerta roja por lluvias y posible desbordamiento del río Tormes a su paso por la localidad. A primera hora de la noche se cortaron las vías AV-P536, AV-P417, AV-P537 y N-502. También fueron evacuadas dos personas por precaución, ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ávila.

Respecto a las incidencias en la capital abulense, el alcalde ha apuntado que, salvo incidencias puntuales, no hubo que lamentar desgracias personales, excepto el atropello de un joven durante la noche del jueves en la zona universitaria de la ciudad.

Por otra parte, ha considerado una “buena noticia” estas lluvias, dado que los tres embalses que abastecen a la capital —Serones, Becerril y Fuentes Claras— se encontraban en conjunto por debajo del 50% en sus reservas.

En el caso de Serones, ha dicho estar “preocupado” ante la posibilidad de que las fuertes precipitaciones puedan haber arrastrado al embalse de Serones la ceniza acumulada en sus proximidades, tras el incendio del pasado 15 de agosto, que arrasó más de 3.000 hectáreas en las proximidades de Ávila.

Para comprobar si esto ha sido así, se han desplazado a la zona técnicos municipales con el objetivo de comprobar si ese arrastre se ha producido o no.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene actualmente en aviso naranja los ríos Bernesga (en Cascantes, León y Alija de la Ribera), Porma (en Secos, León) y Tera (en Puebla de Sanabria, Zamora).

La Guardia Civil, en coordinación con la Policía Local, ha detenido a un hombre como supuesto autor de dos delitos de incendio forestal y otro de robo con fuerza en la localidad abulense de Las Navas del Marqués, situada muy cerca de la Comunidad de Madrid.

La investigación, realizada por efectivos del Equipo Roca Sur, de las compañías de Arenas de San Pedro y Cebreros, se inició el pasado 3 de octubre, tras tener conocimiento, a través de la Policía Local de Las Navas del Marqués, de un conato de incendio en el 'Camino de la depuradora'.

Las llamas, que se originaron de madrugada, afectaron a una zona de monte bajo y zarzal, llegando a arrasar unos 100 metros lineales, sin causar daños materiales de relevancia.

Una vez realizada la inspección ocular de la zona, los agentes determinaron que el incendio podría haber sido intencionado, al detectarse varios puntos de inicio que se encontraban próximos entre sí.

Debido a la “gravedad de los hechos” y a la “alarma social generada”, la Guardia Civil inició una investigación, en colaboración con la Policía Local que, analizando distintos indicios, permitieron dirigir las pesquisas hacia una dirección concreta que condujo hacia la identificación del presunto responsable.

En el curso de las pesquisas, los agentes detectaron la posible relación de este suceso y otro que había tenido lugar el 23 de septiembre en el mismo municipio abulense.

Se trató de otro incendio forestal que, en aquella ocasión afectó a 5.200 metros cuadrados de pinar y monte bajo, y de un robo con fuerza en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

Teniendo en cuenta estas circunstancias, el instituto arado amplió la investigación, permitiendo reforzar las líneas de trabajo abiertas, de manera que se consolidó la hipótesis principal.

Una vez analizada la información obtenida, la Guardia Civil confirmó la vinculación de un vehículo con los lugares investigados, de manera que, con todos los indicios reunidos, se estableció un dispositivo en Las Navas del Marqués para localizar al sospechoso, que fue detenido y puesto a disposición judicial en calidad de detenido el pasado 29 de octubre.

No obstante, la investigación continúa abierta, con el objetivo de determinar si el detenido pudiera estar implicado en otros hechos similares ocurridos en la zona.

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, investiga el posible uso de ambulancias 'pirata' en la provincia de Ávila, en cuanto al uso de esos vehículos sin estar contratados por la administración autonómica.

Esta investigación se lleva a cabo a partir de la denuncia realizada por el sindicato CGT, según informa este martes 'Diario de Ávila' y ha confirmado a los periodistas el delegado territorial de la Junta, José Francisco Hernández, para quien la investigación demuestra que “los controles funcionan”.

“El hecho evidente es que esa denuncia, que recibí como delegado territorial de la Junta, fue tramitada de manera inmediata a la Dirección General de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad”, ha relatado Hernández, quien ha confirmado que “se están realizando las investigaciones y controles correspondientes”.

Según el sindicato, se estarían utilizando “vehículos viejos, ilegales y peligrosos” a diario, como ambulancias que “no están contratadas por el Sacyl”, de ahí que desde la CGT hayan llevado esa situación a la Delegación Territorial, ya que son vehículos que “no aparecen en el contrato” de la Junta con la concesionaria.

“Creo que es fácil entender que no podemos tener ningún funcionario con carácter permanente en todos los sitios, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tampoco pueden estar vigilantes”, ha analizado el delegado territorial de la Junta.

Hernández ha agradecido a la CGT “el traslado de esa denuncia” y ha garantizado que “se está tramitando y verificando la situación”, antes de “actuar en consecuencia, siempre en directa coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por la presunta comisión de un delito o en su caso como policía administrativa”.

“Pero si la crítica es que la Junta no se ha hecho eco de esa denuncia, lo niego categóricamente”, ha recalcado José Francisco Hernández, quien ha sostenido que se tramitó en el momento en el que le fue comunicada.

La Audiencia de Ávila ha condenado a 25 años de cárcel a un exentrenador del Real Ávila Cadete de fútbol, de 56 años, como autor de dos delitos continuados de agresiones sexuales sobre dos menores durante un año, así como al pago de una indemnización de 140.000 euros, 70.000 para cada una de las víctimas.

La sentencia, conocida casi diez meses después de que se celebrase el juicio en el que el ahora condenado se declaró culpable, considera al exentrenador “autor criminalmente responsable” de dos delitos continuados de agresiones sexuales sobre personas menores de 16 años, por los que ha sido condenado a 12 años y medio de prisión por cada uno de los dos delitos.

En el juicio, el exentrenador, con iniciales M.A.S.P.E., reconoció “íntegramente” todos los hechos por los que había sido encausado y admitió el escrito de acusación. Esta circunstancia hizo que los dos días de vista oral previstos para juzgarle quedaron reducidos a una mañana, ya que tanto el fiscal como la acusación particular que representaba a las dos víctimas y las defensas del Real Ávila y Generali Seguros, renunciaran a las pruebas testificales y periciales.

La fiscalía y la acusación particular, respectivamente, reclamaron 22 años y 2 días y 25 años respectivamente por dos delitos continuados a agresión sexual a menor de 16 años.

Por su parte, el abogado pidió la aplicación de la legislación más favorable, pidiendo para su defendido, como máximo, dos penas de 9 años y un día, lo que sumaba un total de 18 años y 2 días.

Al ser preguntado por su letrado si se sentía arrepentido, el acusado dijo que “por su puesto”, al tiempo que dijo estar dispuesto a someterse a las terapias necesarias mientras permanezca en la cárcel.

M.A.S.P.E. contactó con sus víctimas, que en aquel momento tenían 14 años, a través de perfiles en la red social Instagram, haciéndose pasar por una mujer que amenazaba a los tres con difundir los mensajes y videollamadas de contenido sexual que se intercambiaban.

Según reiteró durante el juicio la acusación particular, estos hechos han causado un “grave daño para la formación, salud y estado psicológico y emocional de los menores”, que en algunos casos se ha traducido en su rendimiento escolar, relaciones familiares, cambio de círculo de amigos y abandono de la práctica del fútbol.

M.A.S.P.E., que permanece en la cárcel desde diciembre de 2022, no podrá aproximarse a menos de 500 metros a las dos víctimas y comunicarse con ninguna de ellas durante el tiempo de diez años superior a la pena privativa de libertad que se le ha impuesto.

Igualmente, la Audiencia le impone 10 años de libertad vigilada, en cada caso, una vez salga de la cárcel al tiempo que le impone otros diez años de inhabilitación especial, tras cumplir la pena en prisión, para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.

En concepto de responsabilidad civil, M.A.S.P.E. tendrá que abonar a cada víctima, por “daños y perjuicios -incluidos los morales-, 70.000 euros, siendo declarado responsables civiles ”subsidiarios y solidarios entre sí“, tanto el Real Ávila C.F., como Generali España S.A. de Seguros y Reaseguros. La sentencia no es firme y puede interponerse un recurso de apelación ante la propia Audiencia Provincial de Ávila.

El alcalde de la localidad abulense de San Pedro del Arroyo (500 habitantes), Santiago Sánchez (PP), ha sido llamado a declarar como investigado el próximo 10 de febrero por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ávila, acusado como supuesto responsable de varios delitos de malversación y fraude electoral.

Según ha informado en una nota de prensa la formación Por Ávila, único partido en la oposición en este municipio situado a 25 kilómetros al oeste de la capital, con 3 concejales, frente a los 4 del PP, dicho juzgado ha iniciado diligencias previas contra el regidor, tras la denuncia interpuesta en su día por el portavoz de XAV, David Custodio López.

Esta formación señala que el alcalde del PP “tendrá que declarar como investigado (...), acordándose en el auto correspondiente multitud de diligencias con la finalidad de aclarar los hechos denunciados por el portavoz de Por Ávila”. El representante de XAV entiende que Santiago Sánchez estaba realizando “unas prácticas abusivas respecto al cobro de anticipos de caja -gastos de representación, dietas y kilometraje- que gravan de forma injustificada a este municipio, en beneficio personal del alcalde”.

Desde Por Ávila se ha solicitado los justificantes de esos gastos, pero “siempre” se les ha negado dicha documentación. En la denuncia también se incluía un presunto delito en las elecciones municipales, al entender que “votó gente que no vive habitualmente en el municipio”, por lo que se está investigando si hubo “falsos empadronamientos”, lo que podría derivar en un delito de fraude electoral.

Por todo ello, señala el portavoz de XAV, se está investigando “un presunto delito electoral en las pasadas elecciones municipales”, así como otro delito de “supuesta malversación de fondos públicos”. Asimismo, David Custodio López explica que también se instruyen diligencias previas contra el alcalde en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila, por “hechos diferentes a los investigados” por el Juzgado de Instrucción número 3.