Pedían a gritos una solución, pero han acabado señalados como responsables. “No entendemos por qué nos culpan a nosotros de los contagios si hemos pasado meses confinados en el CETI y el único contacto con el exterior se ha dado con los trabajadores del centro. Nosotros no somos un foco de rebrotes”, dice Abdellah desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde se desencadenó un brote de coronavirus a finales de agosto tras meses de denuncias por sus condiciones de hacinamiento.

Desde el mes de marzo, el Defensor del Pueblo y distintas organizaciones solicitan a Interior, Migraciones y el Gobierno de la ciudad una respuesta para los cerca de 1.300 migrantes alojados en un espacio con capacidad para albergar a 700 en plena crisis sanitaria. Sus peticiones no fueron escuchadas y, más de un mes después del primer contagio detectado en el centro, el número de residentes infectados ha ascendido a 132. En total, hay 382 positivos en Melilla. “La situación de Melilla es complicada, en el CETI el riesgo de contagio era evidente, lo anticipamos, lo transmitimos a las autoridades sanitarias. También la plaza de toros es una situación que nos parece inadecuada”, reconoció este miércoles en el Congreso el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, quien solicitó a Interior al inicio de la pandemia la aceleración de los traslados de inmigrantes a la península, a lo que Fernando Grande-Marlaska se niega.

Peticiones para acelerar traslados

Desde Amnistía Internacional acusan de inacción al Gobierno. “Llevamos muchos meses pidiendo al Ministerio de Interior un plan para descongestionar el centro y acelerar los traslados a la Península, especialmente de las personas vulnerables como mujeres víctimas de violencia de género, niños y niñas, personas del colectivo LGBTI, o aquellas que cuentan ya con protección internacional. Pero parece que la salud de estas personas no importa, sino que cada ministerio descarga la responsabilidad en el otro, sin que ninguno finalmente tome la decisión”, dice Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Ya advertimos desde el inicio de la pandemia sobre los posibles contagios y la dificultad para mantener las distancias de seguridad en un centro tan hacinado. Esperamos no tener que lamentar algo más grave”, apuntan desde la ONG.

Durante las últimas semanas se han sucedido una serie de acciones de rechazo a los residentes del centro que alimentan el discurso de odio contra los extranjeros, responsabilizándolos del avance del virus en la ciudad autónoma: pintadas, protestas contra el aislamiento de los migrantes contagiados en determinados barrios o declaraciones políticas que colocan a los residentes del CETI en el centro de la diana. La última ha surgido desde el Partido Popular melillense.

Esta semana, la senadora popular Sofía Acedo pidió cambiar el régimen jurídico del CETI –caracterizado por ser un centro abierto, que permite la entrada y salida de sus residentes- por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), es decir una instalación policial cerrada, para impedir que los migrantes puedan moverse por la ciudad autónoma: “Ya está bien de solidaridad mal entendida. Los gobiernos local y central deben trabajar para impedir la inmigración irregular”, dijo la senadora.

Illa y Simón

Las declaraciones realizadas por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no han sentado bien en el CETI de Melilla.

En su comparecencia conjunta el 28 de septiembre, Simón señaló que el brote en el CETI, con 84 positivos, “no favorecía” la evolución epidemiológica de la ciudad que sumaba 521 casos (siendo el CETI una sexta parte del total). El responsable de Emergencias Sanitarias lamentó que el impacto del CETI hiciera que los datos de Melilla no fueran “todo lo favorables que podían ser”. Illa también destacó que la situación epidemiológica de la ciudad estaba vinculada al brote en el CETI, aunque quiso rebajar la tensión y afirmó que las autoridades sanitarias locales iban en la dirección correcta.

“Los representantes políticos ponen en la picota a los residentes del centro que se han pasado encerrados dos meses y medio y han padecido el primer contagio a los cinco meses del inicio de la crisis sanitaria por focos externos al CETI”, dicen a elDiario.es fuentes del CETI.

La misma fuente confirma que continúa sin estar programado un traslado a la península para descongestionarlo como reclama Amnistía Internacional, entidad que critica la falta de compromiso del Gobierno central con estas personas. “El último traslado fue en mayo, cuando 136 personas fueron reubicadas en centros peninsulares mejor adaptados”, dice Virginia Álvarez, investigadora de la organización. Para la portavoz de Amnistía Internacional, las declaraciones de Simón e Illa forman parte del “atropello y negligencias” que suma el Ejecutivo y que no evitan “los conatos racistas y xenófobos” que se pueden ver tanto en redes sociales como en la calle.

Encerrado en una ciudad donde no te quieren

“Me siento impotente, siento que de no puedo hacer nada al estar encerrado en una ciudad donde no te quieren y encima no poder continuar mi viaje para reunirme con mi familia en Francia”, reconoce Abdellah. El solicitante de asilo, que no forma parte de los infectados, asegura estar algo más aliviado porque “el CETI ha mejorado el reparto de mascarillas”, prácticamente diario, y ha reforzado los dispensadores de gel hidroalcohólico: “Ya no me los encuentro vacíos”, dice el hombre, que hace poco más de un mes se quejaba de la falta de medidas de higiene contra el coronavirus en el centro, cuando surgieron los primeros casos en las instalaciones dependientes del Ministerio de Inclusión. “Nos culpan de todo, pero nadie se pone en nuestra situación”, remarca este solicitante de asilo.

Sin embargo, “el rebrote del odio”, como lo llama Abdellah, repuntó a inicios de septiembre. Tras el inicio del brote en el CETI, la Ciudad Autónoma anunció un acuerdo alcanzado con la Secretaría de Estado de Migraciones que consistía en trasladar a los residentes del CETI enfermos de COVID-19 a las instalaciones deportivas de Altos del Real, situadas en la periferia del barrio El Real, el más extenso de Melilla. De esta forma se pretendía garantizar su cuarentena y aislamiento, además de evitar la propagación del virus en el centro de acogida, que duplica el aforo permitido e impide mantener la distancia de seguridad. A fecha de 15 de septiembre albergaba a 1.385 personas, a pesar de tener una capacidad máxima de 782, de acuerdo con la respuesta parlamentaria escrita que el Gobierno de España dirigió al diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, el pasado 29 de septiembre.

Caravana contra el aislamiento en un polideportivo de los migrantes contagiados

Poco después la Asociación de Vecinos del Real organizó una cacerolada para reflejar su rechazo al confinamiento de las personas migrantes enfermas en módulos prefabricados de la Ciudad Deportiva de Altos del Real. Desde esta entidad consideraban que suponían “un foco de contagio e inseguridad” para los vecinos del barrio y solicitaban su traslado a otras instalaciones.

Una vez que los residentes contagiados del CETI fueron trasladados a la Ciudad Deportiva de Altos del Real, la misma asociación vecinal organizó una caravana con un centenar de vehículos que recorrieron toda la ciudad para demostrar su rechazo a la decisión del gobierno melillense de trasladar a los migrantes infectados.

“El barrio se ha declarado en contra de este centro, por la peligrosidad sanitaria que nos podría generar”, sostenían desde la organización. “Carece de sentido tener esa bomba ahí tan cerca de los colegios, las mezquitas y de un barrio con tanta gente”, añadían, quienes han lanzado una campaña de recogida de firmas en Change.org que acumula mil apoyos. Hace unas semanas, la plaza de toros donde han sido alojados los residentes del CETI considerados “vulnerables” amanecía con una pintada: “Plaza de moros”.

Cierre con el estado de alarma

El CETI cerró sus puertas el mismo día que el Gobierno de España decretó el estado de alarma y no las reabrió hasta el 25 de mayo, cuando la ciudad autónoma entró en la fase 2 de la desescalada, tres días después de que Melilla se declarara primer territorio libre de coronavirus, a pesar de que una semana más tarde apareció un nuevo caso. Desde mayo a julio, el contador de pacientes Covid-19 en Melilla se mantuvo controlado con casos puntuales, pero a finales de julio y principio de agosto apareció un rebrote de cerca de decenas de personas paralelo a la llegada de turistas y al regreso de quienes se fueron de vacaciones con la reapertura de conexiones aéreas y marítimas con península a finales de junio.

No fue hasta el 21 de agosto cuando se conoció el primer contagio de coronavirus en el CETI, cinco meses después del estallido de la crisis sanitaria. Ese mismo día, el Gobierno de Melilla emitió una orden para confinar el CETI, que derivó en las protestas de los acogidos ante el miedo a un posible contagio. Finalmente, el confinamiento del centro fue tumbado por el juzgado.

En cuestión de mes y medio los casos positivos en este centro de acogida de migrantes han escalado hasta superar el centenar. Fuentes del CETI aseguran a elDiario.es que realizarán próximamente, sin determinar fecha, un cribado con PCR a todos los residentes del centro, sin excepciones, con el fin de detectar nuevos casos de coronavirus y agilizar los aislamientos de los enfermos.

Por su parte, desde Amnistía Internacional acusan al Gobierno de España de dejación de funciones. La responsable de Investigación de esta organización, Virginia Álvarez, critica que los ministerios de Interior, Sanidad y Migraciones no asuman sus responsabilidades y “se pasen la pelota sin tener en cuenta que tienen en sus manos la vida de más de 1.300 personas”. Además, recuerda que los tres ministerios son responsables de los acogidos en el CETI y que, entre otras funciones, Sanidad debe hacerse cargo de los protocolos sanitarios, Migraciones de las instalaciones de acogida e Interior de los traslados.

26 residentes del centro han sido detenidos por "lanzar piedras y objetos" durante la protesta desatada tras un brote de coronavirus, después de pedir desde el estado de alarma su traslado a la península ante la saturación del CETI

Agentes antidisturbios han intervenido este miércoles en el Centro de Estancia Temporal para Extranjeros (CETI) de Melilla tras el aumento de la tensión en las protestas surgidas desde este martes por cerca de 200 migrantes “por miedo al coronavirus”, después de surgir un brote de la enfermedad entre los residentes del centro, quienes llevan denunciando sus condiciones de hacinamiento desde el estado de alarma. Los manifestantes piden su traslado a la península, una medida negada de forma reiterada por el Ministerio del Interior.

Según informa la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, “se ha personado una fuerte presencia policial en el lugar, un total de 13 patrullas de la Guardia Civil, de la Jefatura Superior de Policía y de la Policía Local”. “Algunas de las personas que protestaban han llegado a arrojar piedras y objetos contra los agentes e incluso algunos residentes han protagonizado intentos de escapar saltando el recinto del CETI”, aseguran las mismas fuentes en un comunicado, por lo que los agentes han detenido a 26 residentes del CETI.

Como consecuencia de estos hechos, añaden, seis guardias civiles y tres agentes de la Policía Nacional han resultado heridos “al ser alcanzados por las piedras y han sido atendidos por sanitarios del 061”. Una empleada del CETI ha sido evacuada del centro por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ante su estado de nerviosismo.

“Las mujeres embarazadas y con niños pequeños se escondieron en las habitaciones, los hombres empezaron a gritar y a concentrarse en la puerta sobre las 12:30...”, describe un trabajador del centro a elDiario.es. “La cosa fue a más y los trabajadores acabamos huyendo. Es difícil comprender lo que pasa y la situación de estas personas”, añade.

La detección de varios casos positivos de coronavirus en el centro ha disparado el nerviosismo entre los migrantes acogidos, después de haber pedido durante meses su traslado a la península y denunciar sus. “Tenemos miedo al coronavirus. Estamos hacinados, no hay posibilidad de mantener la distancia de seguridad, apenas tenemos mascarillas o geles”, explicó a elDiario.es Abdellah , un joven palestino que lleva poco más de un año en el centro a la espera de una respuesta de su petición de asilo. Con esas palabras describía la situación de desesperación que viven las 1.375 personas residentes del CETI, según los últimos datos facilitados por la Secretaría de Estado de Migraciones a este diario, cifra que prácticamente duplica la capacidad de acogida del centro, de 782. Fuentes del CETI consultadas por este medio aseguran que los baños están provistos de geles hidroalcohólicos, aunque reconocen que dadas las características del centro es imposible mantener distancia de seguridad.

Desde el estado de alarma, las personas acogidas en el Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (CETI) de Melilla han comprobado que las medidas repetidas hasta la saciedad por las autoridades para evitar los contagios no eran para ellos. Se preguntaban cómo podían respetar la distancia social si cada día, en la cola del comedor se encontraban con centenares de personas; si dormían bajo lonas junto a decenas de compañeros, separadas por estrechos pasillos que imposibilitan evitar el contacto; si apenas había mascarillas y gel para todos. El pasado viernes, se cumplió el temor de numerosas organizaciones especializadas tras detectarse el primer caso de coronavirus en el CETI. A pesar del riesgo de expansión del virus en el interior, el Gobierno mantiene en condiciones de hacinamiento a 1.375 personas en un espacio con capacidad para alojar a 782.

La residente infectada fue trasladada al Centro COVID-19 para su aislamiento. Ese mismo día, la Consejería de Salud Pública, en coordinación con el Ministerio de Inclusión -del que depende el centro-, ordenó el cierre del CETI durante las dos semanas siguientes, medida que ha sido suspendida este martes por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Melilla tras considerar que “no es proporcional”. Este fin de semana se detectó un segundo caso positivo en el centro. Un hombre que fue llevado al hospital comarcal de la ciudad con síntomas coincidentes con coronavirus y donde le confirmaron que era positivo, apunta un medio local. En ambos casos se desconoce cómo y dónde pudieron contagiarse. Ante la reapertura de puertas del CETI, ni la Consejería de Salud Pública, ni la Delegación del Gobierno, ni la Secretaría de Estado de Migraciones aclaran si se procederá a la realización de pruebas a todos los residentes y empleados.

Desde la Secretaría de Estado de Migraciones explican a elDiario.es que “se está desplegando en coordinación con la Consejería de Salud de Melilla un operativo que permitirá rastrear y asegurar la cuarentena o el seguimiento de quienes así lo precisen”, del que no han detallado más detalles. “La Ciudad Autónoma de Melilla cuenta con un centro preparado para estos casos, ya que acoger la cuarentena de personas con Covid-19 que no puedan seguir sus confinamientos en sus hogares o en el centro donde estén albergados”, añaden las mismas fuentes.

El cierre temporal y la situación en el centro de acogida ha disparado el nerviosismo entre los migrantes acogidos, después de haber pedido durante meses su traslado a la península. Cargados con pancartas en castellano y árabe con mensajes como ‘Pedimos seguridad y protección, no miedo’ y ‘Huimos de la guerra para no morir aquí’ y al grito de ‘salida’ y ‘libertad’, cerca de 200 residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla se han concentrado este martes en las puertas de las instalaciones reclamando el traslado a la península “por miedo al contagio de coronavirus”. Hasta la puerta del centro se desplazaron “varias patrullas de la Guardia Civil, aunque no ha sido necesaria su intervención, pues la protesta se ha desarrollado sin incidentes, según la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.

“Tenemos miedo al coronavirus. Estamos hacinados, no hay posibilidad de mantener la distancia de seguridad, apenas tenemos mascarillas o geles”, afirma Abdellah, un joven palestino que lleva poco más de un año en el centro a la espera de una respuesta de su petición de asilo. Con esas palabras describía la situación de desesperación que viven las 1.375 personas residentes del CETI, según los últimos datos facilitados por la Secretaría de Estado de Migraciones a este diario, cifra que prácticamente duplica la capacidad de acogida del centro, de 782. Fuentes del CETI consultadas por este medio aseguran que los baños están provistos de geles hidroalcohólicos, aunque reconocen que dadas las características del centro es imposible mantener distancia de seguridad.Abdellah apunta que sí que distribuyeron dispensadores de gel hidroalcohólico en los baños, pero como si no hubiera porque se gastan muy rápido y tardan en rellenarlos.

Abdellah está “cansado” de reutilizar la misma mascarilla: “Después de tanto tiempo creo que ya no es efectiva, por eso muchos no la llevan”. El joven palestino ha participado en la concentración de esta mañana motivado no solo temor a contagiarse en unas instalaciones masificadas, sino también por la desesperación que supone esperar más de un año atrapado en Melilla esperando una respuesta a su petición de protección internacional. “Huyo del genocidio que comete Israel en Palestina. Cuanto más tiempo pase hasta que me concedan la protección, más tardaré en reagruparme con mi mujer e hija”, explica rodeado de otros jóvenes que reclaman el traslado hacia la península para poder seguir con su ruta migratoria.

“Hemos dejado atrás penurias en busca de un futuro mejor y nos encontramos encerrados sin saber si estamos contagiados o si tendremos tratamiento y sin posibilidad de viajar hasta la península para seguir adelante”, explica brevemente Mourad, pseudónimo de un tunecino de 30 años que ya se manifestó a inicios de año ante la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma por la paralización de los traslados de sus compatriotas “por presiones de Francia a España”, según sospecha, para evitar la llegada de más migrantes procedentes de este país magrebí. “Estamos sanos, nos contagiaremos y encima nos culparán a nosotros de ser el foco de infección”, lamenta.

Históricamente, gobiernos de distintos colores han tratado de prolongar la estancia de los migrantes en las ciudades autónomas bajo el supuesto argumento de que permitir una rápida salida hacia el resto de Europa podría conllevar un aumento de las entradas clandestinas a través de este punto. A pesar de las reiteradas exigencias por parte del Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y Amnistía Internacional, Interior ha rechazado aprobar el traslado a la península de un número de personas suficiente para descongestionar el centro. Desde que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo se han realizado únicamente dos traslados de residentes del CETI hacia la península: 51 personas en el mes de abril y otras 136 en mayo. En ese mismo mes se desplazaron hasta 50 migrantes con diversas patologías a un hotel para evitar que un posible contagio agravara su situación.

Después de que Interior se haya negado durante meses a desbloquear los traslados, la Secretaría de Estado de Migraciones ordenó en mayo impedir nuevas entradas en el CETI. Según aseguran fuentes de la institución, el objetivo fue “garantizar las condiciones de acogida de las personas que se encuentren” en el centro. No obstante, su ocupación continúa superando su capacidad con creces y, según organizaciones sociales, no cumple con las garantías. Los migrantes recién llegados desde entonces, entre los que se encuentran los 30 hombres que saltaron la valla la semana pasada, son alojados en la plaza de toros de la ciudad, un espacio que también está masificado, al alojar a 500 personas. 

Entidades como Solidary Wheels y No Name Kitchen, que también operan sobre el terreno atendiendo las necesidades de las personas migrantes, condenan “el hacinamiento y la falta de higiene”, así como “la falta de medidas de protección y distanciamiento social ante la pandemia por covid-19”. Por ello, exigen al Ministerio del Interior del Gobierno de España que “tal como recomiendan la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet y el subcomité de prevención de la tortura, así como el Defensor del Pueblo español, se realicen con urgencia traslados a la península de las personas migrantes o solicitantes de asilo que sean necesarias para poder ofrecer las justas garantías sanitarias que cualquier ser humano merece”.

Tras recibir un aviso anónimo, la Policía Nacional se presentó a las cinco de la madrugada del pasado 17 de julio en una pequeña churrería de una concurrida plaza de Melilla. En la pequeña trastienda del local, entre una nevera, una pila de sillas y varios trastos, los agentes encontraron dormidos sobre un par de colchones a Samir Ouchen (nombre ficticio) y su compañero, después de trabajar durante jornadas completas y horas extra por un salario de 120 y 600 euros respectivamente. Se encontraban, indica el atestado policial, en “condiciones de semiesclavitud”.

Diez días después de aquella madrugada en que la policía le sobresaltó mientras dormía, Samir Ouchen explica a eldiario.es las condiciones en las que trabajó durante más de cinco años en esa pequeña churrería por un centenar de euros al mes. “Estoy luchando por mis hijos. Si no lo hago yo, ¿quién lo hará?”, se pregunta el hombre de 51 años, sentado en un banco en la Plaza de las Culturas de la ciudad autónoma, a pocos metros de la cafetería donde pasaba horas sin apenas descanso.

El camarero residía en la ciudad marroquí de Nador, limítrofe con Melilla, y cada día atravesaba la frontera para acudir a su puesto de trabajo. Hasta que el cierre de fronteras de Marruecos ligado a la pandemia le dejó atrapado en el lado español y le empujó a pernoctar en la misma cafetería donde trabajaba por un mísero salario.

Según la Policía, las condiciones de trabajo eran abusivas e ilegales. Tanto Samir como su compañero son presuntamente víctimas de explotación laboral. “Llevo 13 años trabajando en Melilla, sin contrato porque nadie me hace contrato. Los últimos cinco años y medio, casi seis, los he pasado en la cafetería trabajando mucho y cobrando muy poco”, relata Samir. Este marroquí comenzó recibiendo 100 euros al mes. Poco después, le añadieron 20 euros más por una media jornada que siempre se alargaba, pero por la que nunca le pagaban horas extra. A inicios de año le subieron a 50 euros semanales, 200 al mes, pero con el estallido de la pandemia, dejaron de pagarle.

La jornada laboral de Samir comenzaba a las seis de la mañana y acababa a mediodía, cuando su compañero —que a diferencia de él, sí tenía contrato como trabajador transfronterizo y cobraba 600 euros mensuales— tomaba el relevo hasta medianoche. Ambos trabajaban de camareros, atendiendo la terraza y sirviendo las consumiciones. Con la intención de aumentar sus ganancias, Samir también se dedica a lavar coches: “Así me saco un extra, igual que también hago recados a los vecinos, les hago la compra, ayudo a los mayores…”.

Todo cambió con el decreto del estado de alarma y el cierre de la frontera con Marruecos: con el negocio cerrado y sin poder regresar a su hogar, se vieron obligados a dormir en la trastienda del local. “Una vecina me dio el colchón y la almohada, el empleador se negaba a facilitarlo o mejorar las condiciones”.

Durante estos cuatro meses se aseaba “como podía” en los servicios de la cafetería, los mismos que utilizaban los clientes, sin apenas ventilación y condiciones insalubres, que representaban un peligro para los trabajadores y clientes. Comían al finalizar su jornada alimentos procedentes de la caridad de los vecinos de viviendas de los alrededores.

Amenazas y coacciones

La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Jefatura Superior de Policía de Melilla constató que no se les permitía parar a descansar para comer, tampoco se cumplía con el salario mínimo interprofesional, no tenían derecho a pagas extraordinarias, vacaciones y permisos, ni bajas médicas remuneradas. Samir, que actualmente se encuentra en situación irregular en España dado que no posee autorización de residencia ni trabajo, confirma lo relatado por los agentes en un comunicado policial.

“No me hablaron nunca del contrato, no me lo querían hacer y se aprovechaban de mi desesperación y situación personal: si no trabajo yo, se buscarán a otro y no podré mantener a mi familia”, cuenta con la voz temblorosa. Los insultos y amenazas verbales también formaban parte de su rutina. “Pensaban que, de esta forma, trabajaríamos más y mejor”. Samir apunta que, si en algún momento preguntaban por mejorar su situación, recibían amenazas de agresiones físicas.

Con el inicio de la desescalada y la reapertura de la cafetería, Samir reinició su actividad, pero su empleador en ningún momento le facilitó equipos ni materiales de protección para prevenir posibles contagios por COVID-19: “No nos dieron mascarillas, ni guantes para protegernos, tuvimos que comprarlas con nuestro propio dinero”.

El otro afectado está dado de alta en la Seguridad Social como trabajador transfronterizo con un contrato de 20 horas semanales, aunque el atestado policial recoge que “en realidad realiza alrededor de 18 horas diarias a cambio de 600 euros mensuales, situación que se ha alargado desde el año 2005”.

La Policía Nacional detuvo al gerente y al encargado de la cafetería, padre de 60 años e hijo de 32 años y ambos de nacionalidad española, por presunta explotación laboral contra estos dos trabajadores “en condiciones de semiesclavitud” y un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según cálculos de UCRIF, “habrían dejado de abonar a la Seguridad Social en concepto de impago de cuotas por estos dos trabajadores unos 60.000 euros”. Este diario ha tratado de hablar con los responsables del negocio, pero no ha sido posible localizarlos.

Incertidumbre y desesperación

Este lunes se cumplen diez días de la intervención policial. Samir ya no trabaja en la cafetería y ha conseguido contactar con un familiar que lo ha acogido en su casa. “Ahora estoy en una casa pequeña, ya no vivo como un animal encerrado. El problema es que sin trabajo no puedo enviar dinero a mi familia”, suspira.

Samir tiene muy claro que no aceptará ningún otro empleo sin contrato y sigue buscando un trabajo en el que todo esté en regla. Mientras tanto, continua con su labor limpiando los coches de los vecinos y haciendo recados. “Me conoce mucha gente de la ciudad, muchos clientes de la cafetería y otros que viven por la zona. Pregunta en aquella mesa grande, donde están aquellas señoras”, dice con una tímida sonrisa.

En esa mesa, que ocupa una parte importante de la Plaza de las Culturas de Melilla, hay unas diez personas de celebración. Cuatro de las mujeres preguntadas afirman conocer a Samir: “Es un buen trabajador, un buscavidas, sabe salir adelante”, comenta una de las señoras. Otra se hace eco de la noticia: “No me creía que viviera en la cafetería. Le ayudaba dándole algo de dinero y comida, pero no tenía ni idea”.

Samir es conocido por su buen hacer y simpatía. Sigue buscando un empleo mientras espera a que abran la frontera para poder regresar con su familia. Mientras tanto, asegura que tiene que lidiar con nuevas amenazas e insultos. “Me persigue el cuñado del dueño. Intenta grabarme con el móvil para ver si trabajo. Creo que pretende presentarlo ante el juez. Trataron de convencerme para que dijera que no trabajaba con ellos en la cafetería, querían que mintiera. El otro día paró el coche la hija del gerente y me insultó llamándome 'cabrón de mierda”, relata mirando por toda la plaza, buscando con la mirada caras conocidas que le sigan.

Preocupado por su familia

Más allá de la persecución y acoso al que se ve sometido, Samir está preocupado porque este viernes, 31 de julio, se celebra el Aid el Adha, la Pascua Grande de la comunidad musulmana conocida por el sacrificio del cordero. “Me duele pasar esta fiesta lejos y fuera de casa, pero haré todo lo que pueda por enviar dinero a mi mujer y que compre un buen borrego para nuestros hijos. No quiero que se queden sin celebración”, cuenta mientras empieza a emocionarse.

Su plan es limpiar todos los coches que pueda y gastar lo mínimo. “Estoy cabreado con mi país. No entiendo por qué Marruecos no abre un pasillo humanitario como ha propuesto España. El cierre de fronteras está asfixiando a todos los marroquíes que vivimos de trabajos en la ciudad autónoma”, lamenta Samir.