A pocos días para que acabe el mes de agosto y enfrentemos la vuelta al curso parece que, como cada año y desde que tengo uso de razón, vuelve a quedarnos pendiente para septiembre la misma asignatura de siempre: la vivienda.

Si bien es cierto que en los últimos años se han conseguido avances significativos en lo que respecta a la construcción- valga el eufemismo- del derecho a la vivienda, es evidente que aún queda mucho por hacer. Por seguir con la metáfora, es como si hubiéramos avanzado en poner los cimientos e incluso tenemos dibujado el plano, pero todavía nos quedan las paredes, las habitaciones, los baños, la cocina y el tejado por construir.

La incesante lucha por los movimientos en defensa del derecho a la vivienda desde hace ya más de una década -tras el estallido de la crisis inmobiliaria anterior- y la perseverancia de Unidas Podemos en el seno del Gobierno de coalición, han conseguido sembrar las bases para que hoy en nuestro país exista la primera Ley por el Derecho a la Vivienda de la historia de la democracia. Sin embargo, esa Ley es una condición necesaria pero no suficiente si de verdad queremos resolver una de las principales disfunciones (o quizá funciones) del sistema económico, que mayor brecha de desigualdad produce hoy en día: el coste de la vivienda.

Mientras una minoría rentista acapara numerosos inmuebles y percibe rentas anuales de 46.700€ anuales de media, el doble que las de los inquilinos- según el estudio de la Hidra Cooperativa- extrayendo rentas a los no privilegiados, la mayoría de la población sigue sufriendo problemas relacionados con la vivienda.

Ya sean problemas en el pago de las cuotas hipotecarias que han vuelto a subir como consecuencia de la decisión política errónea del Banco Central Europeo de elevar por novena vez desde 2022, los tipos de interés (misma receta fracasada aplicada en la crisis inmobiliaria anterior). O ya sean problemas para acceder o mantenerse en una vivienda en alquiler como consecuencia de unos precios desorbitados que superan, en muchos casos, el 60% de los salarios y el 80% en el caso de los jóvenes. O ya sean problemas relacionados con el hacinamiento, las malas condiciones de habitabilidad o la pobreza energética. Y si no, que se lo pregunten a los habitantes de la Cañada Real que en Octubre, si nada cambia, celebrarán el trágico aniversario de cumplir tres años sin suministro eléctrico, en una de las mayores conculcaciones de los Derechos Humanos en nuestro país de los últimos tiempos.

Y sin embargo, mientras el descontrol de los precios de los alquileres continúa y las subidas de los tipos de interés se notan- más bien se sufren- en el bolsillo de las familias, la proliferación descontrolada de la vivienda turística eleva los precios del alquiler y algunas inmobiliarias y fondos especulativos ponen en práctica -con impunidad- triquiñuelas para sortear la Ley de Vivienda, enfrentamos septiembre con la misma eterna asignatura pendiente. Este hecho, que no es casual, o como diría mi querido Jorge Dioni “ no es un fallo del modelo, sino el modelo funcionando a pleno rendimiento”, pone de manifiesto que el principal reto del próximo gobierno de coalición si quiere ponerse el apellido “progresista”, debe ser avanzar con valentía para construir de verdad, de materializar el derecho a la vivienda recogido en la constitución española. 

¿Cómo? Desde luego, desarrollando la Ley e incorporando obligaciones de resultado, un régimen de inspección y sanción ante sus incumplimientos así como mecanismos – jurídicamente viables- que garanticen su efectividad y aplicación en aquellas regiones cuyos gobiernos han decidido cerrar filas con la especulación inmobiliaria (véase Madrid). Pero también encontrando fórmulas legales que pongan coto al negocio de la vivienda turística, al alquiler por temporada y a todas esas fórmulas – de apariencia moderna y con nombres en inglés- que acaban siendo perversiones y nuevos nichos de mercado para la especulación siga campando a sus anchas. Mientras que- como leía el otro día- familias en Tenerife se ven obligadas a vivir en tiendas de campaña en la playa, mientras varias personas desahuciadas del edificio “ La Dignidad” en Móstoles acampan en un parque ante la inacción del gobierno regional y el consistorio y mientras las víctimas de la línea 7 de metro en San Fernando no tienen garantizado su derecho a la vivienda, ni tampoco los vecinos de la Cañada Real, es imposible negar que el problema de la vivienda es más central que nunca en nuestro país. Todo ello sin olvidar que la crisis de la vivienda no es solo una crisis social, sino también climática que necesita rehabilitar un parque envejecido e ineficiente energéticamente hablando.

Por eso, ya es hora de garantizar realmente, con inversión pública suficiente, un verdadero parque de vivienda público y social en alquiler. Y para que deje de sonar a una especie de “propósito de año nuevo” o manida retahíla, debe ir acompañado de un aumento presupuestario fuerte. Empezar por destinar el 1% del PIB sería una buena manera de demostrar que, esta vez, vamos en serio y con la determinación de aprobar la asignatura en junio.

Leía el otro día en una interesante columna de opinión de Irene Vallejo en El País que decía que ya en el siglo II antes de Cristo se sucedían los problemas de hacinamiento y convivencia como consecuencia de que los inquilinos de las viviendas de la Roma clásica no podían pagar los elevados precios de los alquileres. Y escribía Vallejo que “hoy como entonces, vivir bajo techo se ha convertido en una lucha cotidiana. Una sociedad sana debe ofrecer cobijo digno y asequible a todos”. Pues eso. 

¿No os ha pasado nunca que vais al cine y resulta que conocéis prácticamente a todos los espectadores que hay en la cola para entrar? A mí tampoco, bueno, no hasta hace un par de miércoles; ahora ya sí.

El equipo de En los márgenes había organizado un preestreno de la película para el movimiento de vivienda. Querían agradecer de algún modo la aportación de todas esas personas de las que se habían nutrido para hacer esta película permitiendo que la viéramos antes que nadie y que lo hiciéramos todas juntas; y al margen del detalle, quiero pensar que eso de compartirlo todo, como en la PAH, crea tendencia. Ahora bien, eso suponía en mi caso encontrarte súbitamente con la mayoría de las personas que han marcado los últimos diez años de mi vida, pero en el mismo lugar, en el mismo momento, y todas de golpe. Y eso sobrecoge, porque además, a gran parte de ellas llevaba tiempo sin verlas. Pero además significa que desde que llegas a la puerta del cine hasta que te sientas en tu butaca has dado y recibido tantos abrazos, sonrisas y besos, y has tenido tantos vuelcos de corazón, que no sabes ni dónde estás ni a lo que has venido. Y así pasó, que cuando se apagaron las luces y se encendió la pantalla, todo lo que pasó me pilló totalmente desprevenida.

No sabría decir si antes había llorado tanto con una película, pero lo que es seguro es que nunca lo había hecho tan pronto, tan constante y con tantos motivos. Cuando vas a ver una película que explora un universo que conoces tan bien y que de algún modo sientes que te pertenece, siempre acabas entornando suspicazmente los ojos y soslayando indignada la lista de licencias que se han tomado para que la película encaje dentro de una estructura dramática, y eso cuando no entras directamente en cólera por la dejadez absoluta siquiera por evocar la realidad a la que apelan. Con En los márgenes no he sido capaz, y no lo digo yo, lo dice todo el rímel que en nombre de la rabia se echó a perder aquella tarde en aquel patio de butacas. La película no tiene ni una sola imprecisión. No hay nada que le ocurra a Rafa, el abogado que interpreta Luis Tosar, que no me haya ocurrido a mí. Por momentos sentía estar haciendo una especie de terapia regresiva y catártica. Pensar que el resto del mundo iba a poder ser testigo de las frustraciones padecidas hasta entonces en mi pequeño entorno activista, y a veces incluso en absoluto anonimato, eran una forma de devolverme en diferido una caricia y algo de justicia, de sentir que alguien tiraba de una pesada manta gigantesca que ahogaba realidades aún mayores que la propia manta, que se abrían de par en par dos ventanas enfrentadas por cuya corriente iban a salir volando todos esos mantras que estigmatizan tanto a quien padece un desahucio.

Y es que les ha salido una película funambulista que camina hábil y segura por un delgado cable del que suelen caer muchas películas que intentan acercarse a lugares que no son comunes. Ese cable tiene a un lado la tentación de usar el contexto de los desahucios como recurso efectista para contarnos la enésima ucronía personal de su autor, y en el otro, la tibieza de pasar de puntillas por la realidad para beneficiarse de su tirón taquillero, pero sin molestar a nadie. En vez de eso, sales del cine con la certeza de que cualquiera que haya pasado por el movimiento de vivienda o que haya sido víctima o testigo de esta vergüenza nacional, sabe que la película tiene más verdad que cualquier telediario. Y por si eso fuera poco, que no lo es, se atreven a meterle el dedo en el ojo al sistema, que no a los funcionarios que no tienen más remedio que operar en él, que no sale muy bien parado en esta película como no lo sale en la retina de quien, en algún momento, ha sido víctima de la sinrazón de la lógica capitalista y ha necesitado que el Estado del bienestar salga en su ayuda.

Ya superada incluso la resaca de la llantina reflexiono sobre la capacidad que puede tener una película para cambiar marcos, y pienso en todos esos espectadores que van a asomarse a En los márgenes durante las próximas semanas. Imagino que habrá muchos cuya visión de los desahucios está esculpida por esa otra pantalla más pequeña, y por desgracia hegemónica, que aún no brilla por su ausencia en la mayoría de hogares y que construye, con la eficacia de una gota serena, los marcos de pensamiento de quien no tiene tiempo para pensar. Y siento algo así como si mi estómago sonriese imaginando la posibilidad de que 105 intensos minutos de lágrimas sean suficientes para pudrir esos enfermizos marcos y que después cada uno, libremente y de camino a casa desde el cine, empiece a construir su propio marco de pensamiento. Un marco de pensamiento que además de ser propio se ubique cerca de la realidad y atesore esa certeza transversal, indiscutible, y como insinúa el personaje de Luis Tosar, ineludible: y es que el elemento imprescindible de la vida, y al que hay que proteger por encima de todo lo demás no es la propiedad, ni el dinero, ni los privilegios, ni si quiera las ideas de cada cual; son las personas, y personas es nombre común, plural y por cierto…femenino.

De eso a que la opinión pública le dé por fin el espaldarazo definitivo a la necesidad de la aprobación ya de la Ley de Vivienda que está bloqueada en el Congreso no hay ni un paso. Porque no existe motivo alguno para que esa ley no salga adelante con todas las garantías que las personas afectadas necesitan, así que ojalá el cine, como no pocas veces ha hecho, funcione y En los márgenes no sea la primera de una trilogía.

La última década larga comenzó, en términos políticos, con la crisis de 2008 y apenas acaba de terminar con la pandemia. Echando la vista atrás, una siente haber vivido una década histórica desde la revuelta de las plazas hasta la moción de censura del gobierno de Rajoy, pasando por las mareas, las PAH, las marchas por la dignidad, los gobiernos municipales y autonómicos del cambio… El ciclo de rebeldía y organización ciudadana de esta década ha sacudido el país de arriba a abajo con resultados que, como reconocía hace unos días el expresidente Zapatero señalando los avances en leyes de igualdad del Gobierno de Coalición, todavía no alcanzamos a dimensionar realmente. En algunas regiones y ciudades, esa ola cristalizó en cambios políticos que han podido echar raíces y tomar sendas de progreso y profundización democráticas que será difícil revertir. Pero Madrid, ¿qué pasa con Madrid? 

Seamos claras. Lo calificamos como trumpismo madrileño, encabezado por el Gobierno de Díaz Ayuso, ha logrado renovar el proyecto político de las derechas con enorme eficacia. Lo que parecía en un primer momento una huida hacia delante de los restos del aguirrismo tras ser devorados por su propia dinámica corrupta (Cifuentes), logró sobrevivir en sus cuarteles de invierno de la Corte de Madrid tomando prestados los diputados de Ciudadanos y, finalmente, ha conseguido actualizar los significados de su proyecto con una considerable potencia política, pandemia mediante.

El terreno estaba abonado. La siembra de dos décadas de gobiernos neoliberales en Comunidad y Ayuntamiento, en asalto permanente a los servicios públicos, ha dado como fruto que una parte de la población ha adoptado estilos de vida que rompen con algunos ejes tradicionales de la izquierda: educación pública, sanidad pública, pensiones públicas, transporte público, etc. En Madrid, como punta avanzada del neoliberalismo en el Estado, lo público está en retroceso y pierde el vínculo con clases trabajadoras de rentas medias. El caso de la vivienda pública y social en Madrid (IVIMA), que fue en su día una conquista de las luchas urbanas por la vivienda de los 70 y 80, y que posteriormente ha quedado como algo residual y con carga estigmatizante, empieza a vislumbrarse en otros ámbitos de lo público, especialmente en la educación. No es solo el riesgo de deteriorar lo público, sino también el riesgo de que la sociedad madrileña se divorcie de lo público, al haberlo hecho inviable, y asuma el mercado como estado natural en el que competir por abajo por los recursos escasos. Ese es el verdadero proyecto político del PP-Ayuso en alianza con la extrema derecha. 

Ese proyecto ideológico-mercantil también es compartido por el entorno empresarial cercano al partido, incluidos muchos medios de comunicación, en una relación de vasallaje orientada a captar recursos públicos. Se trata de una estructura clientelar bien engrasada en todos los niveles del mini-Estado que ya es la Comunidad de Madrid. 

Sin embargo, esta realidad política aparentemente irresistible tiene los pies de barro. Los surcos de un nuevo ciclo apenas empiezan a percibirse y debemos prestarles toda nuestra atención. Durante dos años de pandemia, el protagonismo casi exclusivo de las pantallas para conocer el “afuera” había estrechado nuestra percepción del mundo. No solo la socialización en la calle se había casi anulado sino que la forma de percibir la realidad estaba hegemonizada por redes sociales y un ecosistema comunicativo, al menos en Madrid, dominado por la derecha y la extrema derecha. Tras la retirada de las mascarillas y la caída de muchas restricciones de la pandemia, la vida social brota de nuevo. El encuentro en calles, plazas y barrios nos lleva de vuelta a comprender la riqueza y complejidad de la vida, a percibir los problemas sociales y encontrarnos cara a cara tanto con la empatía y solidaridad ciudadanas como con la desigualdad creciente y la brecha que separa cada vez más el Madrid rico del empobrecido. 

Esta recuperación del espacio público y las relaciones humanas también cambia, en parte, nuestras prioridades políticas. Durante las últimas semanas, las movilizaciones están cobrando cierta intensidad, especialmente en sanidad, e incluso hemos visto algún paso atrás de la presidenta en su embestida por el cierre de los SUAP. Estas avanzadillas son verdaderas victorias de donde veníamos, pero no son suficientes. Hemos estado mucho tiempo centradas en los políticos y sus declaraciones más que en hechos y realidades sociales cercanas.

Para vencer al nacional-trumpismo que ha tomado Madrid como bastión debemos alimentar los procesos de lucha y organización social que despuntan por la región. Existe un Madrid posible en las personas que se manifiestan cada tarde ante el cierre de los servicios de urgencias de Atención primaria, en las madres y padres que rodean los centros educativos pidiendo entornos escolares seguros, en los 17.000 excluidos de las ayudas al alquiler que intentaron organizarse pero les cogió la pandemia, en los habitantes de los “nuevos barrios” de Madrid como el Cañaveral, las Tablas, Montecarmelo o los Molinos en Getafe que se organizan para mejorar su vecindario, para hacer barrio, en los trabajadores y trabajadoras de Telemadrid que se rebelan contra la destrucción del servicio público, en las vecinas de Cañada Real que mantienen la lucha por contratos de luz en sus casas, en los taxistas voluntarios para llevar enfermos durante la pandemia y ahora se enfrentan a la desregulación del transporte, en los conductores de Metro o la EMT que van a la huelga para defender lo público y sus puestos de trabajo, en los grupos de consumo responsable, en los colectivos ecologistas, pacifistas, en las feministas, en las luchadoras por los derechos LGTB. Existe un Madrid posible cada vez que convertimos el dolor en rebeldía, la queja en protesta y el futuro en esperanza colectiva.  

Me considero activista antes que diputada. Aunque ya lo sabía, tras un año en el Parlamento madrileño soy mucho más consciente de que sin activismo no hay democracia. Las compañeras con las que hablo manifiestan lo mismo. Debemos secarnos las lágrimas y tomar ejemplo de quienes están levantando la cabeza para plantar cara a quienes destruyen lo común. Estoy hablando de alimentar un proceso de incorporación y protagonismo de la sociedad en la construcción de las transformaciones que necesita la región. No es solamente acudir a una, dos o tres movilizaciones de la decena de ellas que se producen semanalmente. Me refiero a articular, a diseñar conjuntamente, a escuchar, pensar y dibujar juntos el horizonte de cambio que tanto necesita esta región. La “innovación social” es una idea con un enorme potencial para desarrollar desde los movimientos sociales en diálogo con instituciones dentro y fuera del Estado, y que no podemos regalar a las escuelas de negocios. Me refiero a apostar por procesos de cooperación entre sujetos sociales dónde compartamos objetivos concretos y alcanzables para, al mismo tiempo, generar las condiciones de posibilidad para un verdadero cambio cuya potencia desborde los ciclos electorales. La democracia es mucho más que el calendario electoral. 

Tras 27 años de gobierno autonómico del mismo partido, sacar de las instituciones al Partido Popular es un objetivo prioritario, pero no el único. Hoy el reto es avanzar con todas las fuerzas sociales hacia la reversión del “Madrid de los mercaderes” en un proceso que quizá lleve más tiempo del que nos gustaría. Esperar a que quizás, en el último momento, una suma de siglas sea capaz de generar las condiciones para una victoria electoral es tan cortoplacista como ilusorio. El reto está en incorporar, fortalecer y renovar la acción política desde ese lugar de cooperación ciudadana junto a una mayoría social que va mucho más allá de los partidos y que, en buena medida se siente distanciada de estos o considera que las transformaciones más profundas se producen en lo cotidiano y desde fuera de las instituciones. 

Los partidos son imprescindibles, pero son una parte del proyecto que necesitamos construir para derrotar a la derecha en Madrid y que las instituciones de nuestra Comunidad se conviertan en baluartes al servicio de los derechos humanos, los valores progresistas y solidarios. El menú democrático necesita contar con muchos otros ingredientes sociales, además de diálogo, tiempo y cariño.  

Grupos políticos, colectivos, ciudadanos, sindicatos, asociaciones vecinales e instituciones por el cambio debemos tener el valor de encontrarnos de igual a igual para compartir objetivos de avance y generar las sinergias necesarias para ganar. Nuestro proyecto político debe ser, en esencia, la cooperación social para el bien común y para detener la distopía de competición salvaje a la que nos quieren conducir.

No son tiempos de resignación. Si nos fijamos bien, tenemos delante de nosotras las pistas para la construcción del cambio en Madrid. 

Aunque no haya sido noticia de primera página, la constatación del expolio que ha supuesto para las arcas públicas, Sareb, el “banco malo”, no ha pasado desapercibido.

Creada en 2012 por Rajoy y De Guindos para comprar los denominados “activos tóxicos” de las entidades bancarias rescatadas, esta sociedad adquirió viviendas, suelos y préstamos por valor de 50.781 millones de euros. Con el objeto de que no impactase negativamente en las cuentas de las Administraciones Públicas, Sareb se constituyó con mayoría de accionistas privados sin consolidar su balance con las cuentas del Estado. Pero, aunque el Estado solo tiene el 45% de las acciones, aportó el 95% de la financiación. Eurostat se ha dado cuenta de la trampa que hizo el PP y eso hace imprescindible cambiar la ley.

Antes ya cargábamos con el aval de la deuda emitida por Sareb que fue en el inicio más de 50.000 millones de euros, pero ni esa cifra ni las pérdidas que cada año ha tenido el banco malo se imputaban como si fueran públicas.

Pero lo eran.

Aunque De Guindos decía en 2012 que Sareb no nos costaría ni un euro a la ciudadanía, la realidad es que nos ha salido por un ojo de la cara. No es nuevo porque lo mismo ha pasado con el resto del rescate bancario que, como recordaréis, iba a ser un préstamo que nos devolverían o como el de las autopistas de peaje que nos saldría gratis.

Bueno, pues con Sareb, los “buenos gestores” también nos mintieron.

En junio de 2021 la sociedad se había tragado los 1.200 millones puestos de capital y los 3.600 millones de deuda subordinada que habían puesto los accionistas. En total 4.800 millones. Pero además el patrimonio neto de Sareb era negativo en casi 9.700 millones de euros. En total un agujero que asciende a unos 14.500 millones de los que 12.000 millones son públicos. Hablar de cifras con muchos ceros nos hace, quizás, perder la perspectiva, pero este importe equivale a pagar 4 años el Ingreso Mínimo Vital a 1 millón de familias.

Los accionistas privados de Sareb no van a poner un euro más para revivir al “muerto” así que nos quedaremos por un eurillo con la totalidad de Sareb junto los 35.000 millones de euros de deuda garantizada.

Cabría preguntarse si el gigantesco quebranto es un simple error de gestión. Porque han puesto “a los mejores” a implementar el plan de negocio con el pésimo resultado que estamos padeciendo.

Pero no es solo que hayan sido incapaces de no perder “hasta nuestra camisa” con el suelo y los inmuebles. Es que, además, sus decisiones contratando un derivado que nos ha costado casi 4.000 millones de euros y modificando los bonos para que Sareb no se beneficie de los tipos de interés actualmente negativos nos ha supuesto otros 1.000 millones de pérdidas. Han agrandado el desastre. En definitiva, en torno a un tercio de las pérdidas se pueden atribuir de forma directa a cómo se ha gestionado la sociedad.

Sin embargo, a pesar de las negligencias de los altos ejecutivos y miembros del consejo de administración de Sareb, a ellos no les ha ido nada mal porque se han llevado casi 37 millones de euros en retribuciones. Un poquito exagerado para haber “logrado” pérdidas todos los años y volatilizado hasta ahora 14.500 millones de patrimonio…

La aprobación del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifica el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos y en particular el régimen de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria deja en evidencia la negligente actuación del PP en el rescate bancario y debería ir acompañada de una comisión de investigación parlamentaria que estableciese las responsabilidades políticas de unas decisiones que han causado un descomunal coste y quebranto de fondos públicos.

A partir de la aprobación de esta norma se elimina los límites a la participación del Estado en el accionariado de Sareb, permitiendo así la nacionalización de facto. La fórmula de salida de los accionistas privados (bancos y aseguradoras) ha sido pasteleada por la ministra de Economía Nadia Calviño y la banca durante los últimos meses y parece que, además del quebranto ya sufrido y el que queda por caernos encima, la banca podrá computarse los créditos fiscales (DTA) correspondientes a las pérdidas que les ha generado su participación en Sareb, lo que en la práctica nos costará en torno a 782 millones adicionales en créditos fiscales monetizables. Es decir, en menos impuestos pagados en los próximos años por parte de los bancos si las cosas les van bien. Y si les van mal, se los tendremos que abonar.

Bueno… pero y entonces ahora que Sareb ya es “completamente nuestra” ¿qué podemos hacer?

Pues desde luego, algo diferente a la denominada “función desinversora”, que han protagonizado tanto el PP como el PSOE durante estos años de gestión de la Sareb que se ha traducido en malvender viviendas, suelo y créditos con gigantescas pérdidas.

Imaginaos que Sareb asumiese la función de convertirse en una herramienta pública con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda.

No parece sencillo a primera vista porque, aunque posee unos 57.000 inmuebles, no todos son viviendas, también hay garajes o locales. Sin embargo, una parte importante podrían formar parte de una estrategia para facilitar vivienda asequible y eso supone que los “activos” comiencen a concebirse como viviendas que integren el parque social para garantizar acceso a la vivienda de la población.

Además, a finales de 2020 Sareb tenía 72 millones de metros de suelo en desarrollo y finalista que podría convertirse en vivienda pública destinada a alquiler social. Sareb podría construir 360 mil viviendas cuyo coste no superaría los 25 mil millones de euros. Mucha pasta, diréis.

Pues no. Alquilando las viviendas sociales a un precio medio mensual de 100 euros, la rentabilidad para Sareb sería del 1,7%, un 53% superior al coste de la deuda necesaria para construirlas. Sin ir más lejos, en noviembre de 2021 se emitieron bonos del estado a 30 años a un tipo medio del 1,12%.

Aunque esta idea pueda chirriar a los promotores inmobiliarios, fondos de inversión y entidades financieras, no parecería mala idea para la inmensa mayoría de la ciudadanía el desarrollo de una sociedad pública que se encarga de hacer algo así. Claro que eso pasaría por estar de acuerdo con conseguir una bajada del precio de la vivienda de forma generalizada y porque el PSOE aceptara dejar de considerar la vivienda como un bien de mercado.

Algo que a los inversores no les iba a gustar.

Pero tenemos más ideas para hacer con Sareb. Ya que va a ser “totalmente nuestra”, podríamos desplegar una estrategia de inversión en energías renovables en los 98 millones de metros cuadrados de suelo rústico que tiene la sociedad y que supone una superficie similar a la ciudad de Zaragoza. Permitiría una potencia fotovoltaica y eólica instalada de 5.000 MW y una producción anual de al menos 8.000 GWh que podrían abastecer a 250 mil hogares de energía limpia. La inversión necesaria para los 14 millones de paneles ascendería a 3.000 millones de euros. En 2021, Teresa Ribera ha subastado 6.300 megavatios adjudicándose a una media de 30 €/MWh. Como nosotros somos unos soñadores, hemos pensado en que esas instalaciones fotovoltaicas y eólicas que Sareb pusiese en marcha ofrecerían la energía a 25 €, un 17% inferior al precio de adjudicación. Recordemos que el mes pasado el pool eléctrico casaba operaciones en el mercado mayorista a un precio 10 veces superior por lo que esta producción contribuiría a abaratar el recibo de la luz y se amortizaría la inversión de las instalaciones en un razonable plazo de 15 años.

Sin embargo, hay un problema.

Esto a las grandes operadoras del oligopolio eléctrico tampoco les iba a gustar.

Por eso el PSOE no va a querer ni promover una comisión de investigación para depurar las responsabilidades en la gestión de Sareb, ni destinar la vivienda existente ni el suelo edificable a construir vivienda para alquiler social a un precio mensual medio de 100 euros. Tampoco va a provocar a las eléctricas desarrollando energía renovable de titularidad pública en el suelo rústico de Sareb.

Prefiere articular medidas como el bono de alquiler que no deja de ser un incentivo inflacionista a los precios de los alquileres y que no llegará más que a una fracción reducida de jóvenes. Como dice el Consejo de la Juventud, un menor de 30 años no puede alquilar en solitario en ninguna de las 17 comunidades autónomas. Y una ayuda temporal que llegaría en el mejor de los casos a 70.000 beneficiarios (dado que hay 376.300 hogares cuya persona de referencia tiene menos de 35 años, vive en régimen de alquiler, y sus ingresos son inferiores a 23.725 euros anuales) cubriría solo al 19% de los jóvenes en esa situación.

Hacer llegar este bono a todos los inquilinos e inquilinas menores de 35 años con ingresos limitados costaría 26.700 millones de euros, por lo que, en todo caso, esta medida debería presupuestarse cinco veces más, es decir, en 1.000 millones de euros. Pero sobre, esta medida debe ir acompañado de una regulación efectiva de los precios de los alquileres que impida el mantenimiento o incluso la subida de precios que el propio bono, por si sólo, puede provocar. Y para eso es necesario y urgente la aprobación de la Ley de Vivienda estatal.

En cualquier caso, y a medio plazo, más allá de medidas coyunturales, la apuesta y el cambio de rumbo debiera pasar por la consolidación de un verdadero parque público de vivienda en alquiler en condiciones asequibles. Y para eso Sareb también podría valer.

Pero tendría que ser nuestra. De verdad.