Derecho a la vivienda, condición para la investidura

Tener un hogar es una guerra imposible de ganar que se libra sin terreno neutral, con todo diseñado para la especulación, donde los beneficios de los especuladores (banca, constructoras, fondos buitre y demás granes tenedores) se multiplican siempre, y las pérdidas que generan la avaricia de los anteriores, en forma de sufrimientos son inasumibles.

Es insoportable que los seis primeros bancos del estado (Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja) ganen 68,8 millones de euros cada día (12.385 millones de euros en este primer semestre), regalos directos por las medidas del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés benefician sólo a unos, los de siempre. Impresiona saber cómo se incrementa el capital especulativo que no paga un euro en impuestos: la de los fondos buitre, extranjeros, radicados en su mayoría en paraísos fiscales, que operan en nuestro país mediante el paraíso fiscal interior que son las SOCIMs.

Y más inasumible, si cabe, el permanente machaque en la población: mayores apuros, familias que, al dispararse las cuotas hipotecaries con un euríbor del 4,25%, y los créditos al consumo/tarjetas de crédito para cubrir necesidades básicas y alquileres, los salarios no suben lo suficiente; y más y más sacrificios también para miles de autónomos y pequeños empresarios al aumentar los costes financieros, además de enfriar la economía con menos consumo y menos empleo.

El problema es que llueve sobre mojado. Desde 2008, se sigue castigando a sectores de la población con más de un millón cien mil desahucios; hipotecas plagadas de cláusulas abusivas; la estafa de las preferentes; venta masiva de nuestros créditos a fondos de titulización; rescate financiero de las cajas y banca; llamada a fondos buitre para un boca a boca, que origina una SAREB y que nos sigue clavando con todo descaro la puntilla (sigue desahuciando, haciendo cajas vendiendo a terceros lo nuestro y no pasando las viviendas y su gestión a Parque Público).

La excusa ahora es la inflación; aunque hubiera presiones inflacionarias tras la pandemia y aumento de los precios de la energía por la guerra, los análisis más racionales desvelan que la inflación no está originada por el consumo, sino por la avaricia de las grandes empresas, que siguen aumentando precios de manera artificial precisamente para obtener miles de millones de beneficios a costa de enfriar la economía, de los ingresos de los más bajos, y pronto dirán que reduzcamos el gasto público en derechos y servicios públicos, no el gasto militar. La independencia absoluta del BCE con respecto a los gobiernos de la zona euro, contrasta con su subordinación al FMI y Banco Mundial, con razones de geoestrategia y política económica norteamericana.

Sea como sea, desde la PAH alertamos: hay que adoptar un Plan de Choque si no se quiere erosionar más la vida democrática colectiva. Es un grito de amplias capas despoblación que debe enfrentarse la emergencia habitacional, con viviendas de alquiler social y de alquiler asequible y con medidas para evitar más pérdida de vivienda.

Sin más dramatismo, pero habrá que decirlo: en nuestro estado, el que cae, se queda en el suelo, porque tenemos un Parque Público de miseria (el 1,6%), ya ocupado, que ni puede ayudar a enfrentar la emergencia habitacional, ni sirve como regulador de precios en un mercado neoliberal, que se niega a aumentar la oferta de casas en alquiler, para evitar una caída de precios, y esto, a pesar de que en España, y según el INE, existen 3,8 millones casas desocupadas.

¿Qué hacer? Hay muchas experiencias aprovechables en CCAA y muchas propuestas de MMSS. Habría que recoger, entre otros, el derecho subjetivo de la ley 3/2015 vasca y ley 2/2017 valenciana; la exitosa experiencia catalana del alquiler social obligatorio de la 24/2013; el Decreto Ley 6/20 sobre la ampliación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto, el Decreto 130/21 de movilización de vivienda vacía o el 3/23 sobre el acoso inmobiliario de la legislación y Unidad de Ayuda ante el Desahucio; o los límites al precio de los alquileres que se prevean en todas las zonas tensionadas en la reciente ley de vivienda 12/2023.

Desde la PAH, insistimos que hay medidas posibles, necesarias y útiles:

- El alquiler social obligatorio para los grandes Tenedores -incluyendo SAREB- y el realojo por las administraciones de viviendas de pequeños tenedores previos a un desahucio, con la incorporación de las recomendaciones del Comité DESC de Naciones Unidas. También la expropiación de parte de esas casas desocupadas, el control de precios de alquileres en todas las zonas tensionadas del estado aplicables a los fondos y SAREB, así como medidas de limitación del Euribor

- Las medidas necesarias para evitar más pérdida de vivienda: créditos blandos, ampliación no restrictiva del CBP y mejora y ampliación de la moratoria del 2024, alquiler de por vida a las personas mayores y colectivos, regular alquiler de habitaciones.

- Respecto al Parque Público, saludamos todas las promesas electorales que, en su caso, serán efectivas en 4/5 años; para enfrentar ya la enorme emergencia habitacional de vivienda social y asequible es necesaria una ampliación drástica urgente poniendo a disposición de las administraciones las viviendas de la SAREB y las vacías de la banca rescatada, la puesta en marcha programas de solidaridad con garantías y estímulos para los propietarios particulares superando el relato ficticio de terror permanente contra la ocupación y la total iniciativa de las administraciones con la aplicación del tanteo y retracto, y la expropiación de viviendas vacías de grandes tenedores destinando una parte importante del presupuesto total de gasto en viviendas.

Los MMSS, como la PAH y otros, no podemos tolerar esta situación. Ya nos toca avanzar para que se supere esta situación explosiva. Hacemos una llamada a la sensibilidad y compromiso de todos los partidos y de la sociedad; tener un techo no puede depender de estrategias partidistas. Los MMSS y la PAH no vamos a permitir ni un desahucio sin alternativa, más agresiones o la pasividad para mejorar y desarrollar los marcos normativos hasta conseguir que se garantice el derecho a la vivienda para todas las persones y unidades de convivencia, su firme compromiso colectivo, y la movilización, será la mejor forma de empezar unas nuevas Cortes e investidura.

*Carles Compte, Francisco Morote y J. Luis González Meseguer, de la Comisión de Estrategias de la PAH