Hace unos días, Más Madrid presentaba un plan de contingencia para dar respuesta a los retos históricos que se plantean en la ciudad. Si bien la agenda urbana sigue siendo la que era -contaminación, movilidad, desigualdad, limpieza, seguridad, urbanismo y patrimonio cultural, acceso a la vivienda…- se ha visto reenmarcada en la triple crisis que estamos viviendo: la pospandemia, la reconfiguración global derivada de la guerra de Putin, y el colapso climático. Tres elementos que interactúan entre sí en forma de inflación, crisis energética, carencia de infraestructuras estratégicas y obsolescencia de arquitectura de la Administración municipal.

En el pasado pleno municipal fue presentado un plan de mínimos acogido por el Gobierno de Martínez Almeida con la condescendencia autocomplaciente propia de su carencia principal: una idea vertebradora de la ciudad. Sin ideas claras de las metas que buscamos, todo esfuerzo por llegar resulta inútil. Si, además, a eso le sumamos una alianza formal o informal con la ultraderecha, que trabaja por retroceder e incluso negar los objetivos, como la Agenda 2030, la falta de foco es total, y de ahí que el equipo de Gobierno actual apenas plantee parches, un muestrario de lo que puede ser y no es.

En este contexto nuestro grupo planteaba cinco ejes de acción: personas, cambio climático, movilidad, energía y gestión. El primero, sobre medidas para las personas, las familias y el pequeño comercio, que va encaminado a ayudar a transitar en estos tiempos inciertos al grueso de la población, con una voluntad política decidida en la actualización salarial negociada entre los distintos actores sociales y gubernamentales, así como de una actualización real de los fondos de apoyo a personas y familias especialmente vulnerables, sobre las que va a impactar el nuevo paradigma con más dureza aún. También, dentro de este epígrafe, de apoyo al pequeño comercio por ser fuente de empleo, pero también como forma de mantener una ciudad que siga siéndolo. Y por último de ayudas al IBI para familias vulnerables, para jóvenes y para el sector cultural.

En segundo lugar, una batería de medidas de lucha y mitigación de los efectos del cambio climático. Es necesaria una red de refugios climáticos, que preparen la ciudad para esos eventos extremos a los que ya empezamos a estar acostumbrados, y también una apuesta real por la reforestación de zonas verdes (en la que además de anunciar que se van a plantar árboles, se planten, y luego se rieguen, por ejemplo), pero también de nuestras azoteas, un proyecto probado en otras ciudades que ha sido muy exitoso.

Tercero, medidas de impulso a la transición a la movilidad sostenible que permitan abandonar el coche, que ocupa el 80% del espacio urbano, como elemento central de la ciudad. Si hoy día tuviéramos esa red de carriles bici segregados y un BiciMad adecuadamente gestionado y dotado veríamos la eclosión que ha ocurrido en otras ciudades de nuestro entorno. Además, es necesario el impulso a una red de autobuses de alta velocidad que conecten la ciudad con una corona urbana completamente desatendida desde hace 15 años.

En cuarto lugar, necesitamos medidas de ahorro y racionalización de la energía basadas en la evidencia y no en las ocurrencias o en el marketing político. La apuesta por la energía solar, tanto en los edificios públicos como su promoción en los privados, es un imperativo de los tiempos que corren que, lejos de ser una moda de los titulares, han venido para quedarse. Por eso planteamos una Agencia Municipal de la Energía de la Ciudad de Madrid, que transversalice los esfuerzos de una Administración cuya arquitectura se nos ha quedado obsoleta.

Lo cual nos lleva al último punto, la gestión y la arquitectura de la Administración, en dos ejes: por un lado, la descentralización, el acercamiento de la gestión a los distritos, donde hacemos una propuesta que camine hacia un cambio radical en la representación distrital, los “alcaldes de barrio”; y, por otro, la transversalización de los elementos centrales de la agenda urbana en un entorno que rompa con la tendencia de nuestra Administración municipal al “confederalismo” distrital y de las áreas centrales de Gobierno.

En su ceguera, Almeida ha dedicado el presupuesto a “chapa y pintura” y a enajenar recursos públicos a manos privadas, dilapidando la oportunidad presupuestaria que nos brindaba estar exentos de las reglas de estabilidad presupuestaria, el maná de los Fondos Europeos y el aumento exponencial de los Fondos de Compensación del Estado. De continuar en el próximo mandato, se consolidará una hipoteca del futuro de Madrid de la que nos costará salir en un futuro muy próximo.

En cambio, la alternativa que presentamos, mitigar estos retos y preparar la ciudad para cambios que han venido a quedarse, con voluntad política y convicción de que se pueden resolver, atiende una mejor calidad de vida para todas y todos los vecinos de Madrid. Pero es que, además, es una obligación democrática porque, si no, corremos el riesgo cierto de que la ciudadanía termine pensando que la política no vale para nada, y que nos pase como a nuestra vecina Italia.

IFEMA, la joya de la corona de los consorcios públicos, es uno de los mayores actores de eventos y congresos del planeta. Gracias a sus actividades, la región se beneficia de más de 5.000 Millones de euros al año, lo que supone casi el 4% del PIB de la capital y más del 2% del de la Comunidad, y 40.000 empleos.

Y es que nuestra Institución Ferial, gracias al acuerdo alcanzado por Carmena y Cifuentes en 2016, que ponía fin a décadas de nepotismo y sueldos de escándalo, ha pasado de pérdidas consistentes a disparar sus beneficios alcanzando más de 40 millones positivos el año anterior a la pandemia.

Decía Marx que la historia se repite siempre dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Corría el año 2012 y en la Comunidad de Madrid gobernaba Esperanza Aguirre que encaraba su tercer mandato con Mayoría Absoluta. Aquel año, entraba en vigor la “Ley de Medidas Fiscales y Administrativas”, que modificaba la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y permitía autorizar proyectos sin la participación de los ayuntamientos. Y con esta aprobación, Las Vegas Sands Corporation se plantó en Madrid con la promesa de invertir “miles de millones” en un complejo de casinos -previa modificación de la legislación laboral y la ley antitabaco- para crear la nueva “Las Vegas” de Europa. Mientras, nuestra entonces presidenta decía que, “evidentemente, la prohibición de fumar se cambiará”.

Más allá del humo -nunca mejor dicho- y de las apuestas -también bien traído-, el otro gran negocio de Las Vegas son las Ferias y Congresos, que suponen cada año más de un 11.000 Millones de dólares del estado de Nevada y esto, que bien lo sabía Sheldon Aldelson, era otra de las condiciones para instalar Eurovegas en la región: quedarse IFEMA.

El proyecto, sin que se conozcan los motivos definitivos, fracasó. Se dice que los bancos no estaban dispuestos a financiar el complejo, que Rajoy se negó a que España fuera un país bananero adaptando las normas a empresarios extranjeros o que el anuncio de Tokio 2020 hizo plegar velas y mirar a Asia, pero finalmente Madrid se quedó sin pelotazo.

Hoy, la región de Madrid afronta de nuevo esta historia, esta vez como farsa, conteniendo exactamente los mismos tres elementos que hace 10 años: suelo, casinos y congresos. En 2019 Ayuso trató de modificar la ley del suelo encerrando diputados en la Asamblea de Madrid y ante semejante farsa -aún pendiente del TC- decidió promulgar la Ley Ómnibus que permitirá la discreción absoluta del Consejo de Gobierno en materia urbanística. Mientras tanto el Grupo Cordish -al que Cifuentes denegó la construcción de su complejo de casinos en 2017- acaba de volver a manifestar su interés en instalarse en la Comunidad de Madrid. ¿Coincidencia?

Hace escasas semanas, mientras dimitía el director general desde 2016, el Comité Ejecutivo de IFEMA envió a la corporación municipal una propuesta de cambio de estatutos para volver a la IFEMA de antes, esto es: al descontrol de contratos de nuevos ejecutivos y sueldos o a la falta de independencia de gestión.

Pero esta propuesta tiene un escollo que salvar, ya que cualquier modificación de los estatutos de IFEMA requiere, por Ley, de la unanimidad de los socios, y solo el PP en minoría apoya esta reforma en el Ayuntamiento de la capital. Pero el PP de Ayuso es mucho PP, y no se arredra con menudencias legales, por lo que llegó a plantear saltarse la aprobación del Pleno Municipal.

Por el momento ha bastado con que se conocieran públicamente estas intenciones para dejar en conato el Golpe de Estado de Ayuso sobre IFEMA, pero a nadie extrañaría que lo volvieran a intentar.

En las últimas semanas, Almeida nos ha sometido a un espectáculo bochornoso arrastrando por los mentideros de la Villa la aprobación del Proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid 2022.

Primero, que si solo con su socio preferente, el partido de ultraderecha Vox; luego que no, que mejor con su invento, el grupo mixto; pero luego que tampoco con el Grupo Mixto que vuelven con Vox, luego Vox les cierra la puerta y vuelven a recurrir a la desesperada al Grupo Mixto… Esto, lo único que refleja es la fragilidad de este alcalde y la debilidad de sus pactos de gobierno, que hacen aguas por todos lados.

Al alcalde que atesoró todo el crédito político gracias a los Pactos de la Villa que le ofreció Más Madrid, y que hoy vuelve a ser aquel político de tierra quemada que fue en la oposición, sin brújula, ni más criterio y dedicación que la guerra nacional por el espacio político entre la derecha y la ultraderecha, solo le quedan las intrigas y el chalaneo.

Para Almeida, estos presupuestos no van del Ayuntamiento de Madrid. Por desgracia, solo van de encuestas. En su guerra de las derechas importan mucho más las elecciones en Andalucía o ahora en Castilla y León que los intereses de los madrileños.

Hace mucho tiempo que ya no es alcalde de Madrid. Está a otra cosa, le interesa mucho más medrar en su partido, traicionando a diario a su otro socio, Cs, que servir a sus vecinas y vecinos y las consecuencias se ven cada día en la gestión: en el abandono de los servicios, en el desastre de la movilidad y la contaminación, en la limpieza, el ataque a las asociaciones vecinales o a los colectivos LGTBI+ y feministas.

Este sainete presupuestario se enturbia aún más ahora que todo apunta a que se aprobará con los votos de cuatro concejales tránsfugas, que en estos días han ido rebajando sus exigencias para aprobar el presupuesto, pero siempre mostrando su plena disposición a negociar estas cuentas. Estamos ante un pago de favores, es sencillo. Una vez más, el grupo creado de manera ilegal por Almeida, su grupo “comodín” (como lo denomina el propio alcalde) le sirve para aprobar unos malos presupuestos para Madrid. Blanquear al gobierno de Almeida es algo que ninguna fuerza progresista, ni ninguna persona preocupada por Madrid y por un futuro sostenible, justo y feminista para las madrileñas y madrileños, podría apoyar. De hecho, ninguna lo hace.

El Grupo Mixto empezó pidiendo una reforma del IBI, el transporte gratuito en hora punta (cuando el 90% de la gente tiene abono), la gestión del pago del Ingreso Mínimo Vital por el Ayuntamiento o más viviendas en alquiler a precio asequible. Medidas que quedan muy bien en un titular de prensa, pero que no pueden ponerse en marcha a través de una enmienda en el presupuesto.

La primera por ser ilegal. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales no permite una bajada del IBI diferenciada por valores catastrales. Y el resto, porque no son competencias únicamente municipales. En definitiva, un brindis al sol, para dejar la puerta abierta a lo que quisiera plantearles Almeida. 

Sus exigencias podrían haber sido estas o cualesquiera otras. De hecho, tras reunirse con Villacís hace una semana, rebajaron sus expectativas a que Almeida aumentara el presupuesto del IBI Social y se hicieran mejoras en las bibliotecas municipales. El pasado lunes la prioridad era otra, las subvenciones a colectivos LGTBI. Será que antes los colectivos LGTBI no eran importantes.

Todo este juego del Grupo Mixto, lejos de expulsar a Vox del tablero, les ha hecho el juego. Algo que ya se está reflejando en las encuestas. Y que queda patente en la próxima alternativa electoral, porque es con Vox con quien el PP pretende gobernar en 2023.

Las consecuencias de no sacar adelante el presupuesto no son dramáticas nada más que para los intereses de Almeida. Dos años perdidos viviendo de la herencia del mandato de Manuela Carmena, sin plantear ni una sola cosa relevante que transforme nuestra ciudad y deteriorando los servicios públicos. Y ahora con un presupuesto que amplía la brecha que nos separa del resto de capitales que están aprovechado la pandemia para avanzar y transformarse en lugares más verdes, más justos, más saludables.

Y lo único que podría ser preocupante, los fondos europeos y las, antes diabólicas y hoy esenciales (lo son), subvenciones nominativas, se pueden tramitar con modificaciones presupuestarias y subvenciones directas, sin más problema que su voluntad política de hacerlo.

Almeida intentará parecer un hombre de Estado por haber sacado este presupuesto adelante, pero no pasará más que por el Emperador desnudo ante la evidencia de haber traicionado a sus socios, a la democracia y así mismo. Ese será su único legado, con o sin Presupuestos 2022.

Decía John Berger en su libro “Modos de ver” que el auténtico poder de la representación reside en quién mira y qué quiere ver. El patrimonio cultural en la ciudad de Madrid ha resultado una víctima más de un modelo urbanístico voraz, desmedido y terriblemente cortoplacista. Es tradición que las políticas municipales no hayan querido ver en el patrimonio un agente capaz de contribuir a la transformación urbana sostenible. Al negar la capacidad que el patrimonio tiene de regeneración como proceso dinámico y participativo han anulado los beneficios sociales, económicos y ambientales que la valorización del patrimonio vierte en la ciudadanía. 

Así, en octubre de 2020, el Área de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Madrid licitaba la revisión del catálogo de elementos protegidos que forma parte del PGOUM 97, dejando fuera cualquier consulta o forma de participación de la ciudadanía en la confección del inventario de elementos a salvaguardar, quedando en manos únicamente, en primera instancia, de un equipo técnico cuyo enfoque principal se centra en lo artístico y lo arquitectónico; y en última instancia de las decisiones políticas del equipo de gobierno municipal, sin rendición de cuentas o explicación de sus decisiones ninguna. 

Para subsanar esta evidente deficiencia, el grupo municipal Más Madrid presentó en enero de 2021 una proposición en el Pleno municipal que, tras su negociación con el Área de Urbanismo, quedó aprobada por la unanimidad de los grupos de la siguiente forma: “este proceso de actualización y modificación del Catálogo se llevará a cabo con la adecuada participación de los ciudadanos y de las entidades y profesionales expertos en esta materia o concernidos por la mejor protección de nuestro patrimonio, que constituye un valor esencial en el desarrollo de las personas y en su calidad de vida”. 

Sin embargo, a día de hoy, este proceso no ha comenzado salvo por torpes movimientos que indican la total falta de compromiso del consistorio por los catálogos como primer motor de toda operación de tutela del patrimonio. El procedimiento elegido escapa del control total de intereses conocidos, ignorando la construcción de un modelo de ciudad moderno, participativo y cuidadoso del entorno cultural, en beneficio de la mayoría frente al modelo nuevamente de unos pocos.

Las anomalías de esta forma de entender el espacio público, vertical y paternalista, no terminan en una discrecionalidad sospechosamente arbitraria, sino que este modo tradicional madrileño de enfrentar el patrimonio cultural también reproduce la invisibilización de los distritos periféricos frente al centro histórico, dejando la cultura en manos de extraños intereses ajenos a cualquier modernidad e integración real de toda la ciudad. 

Efectivamente, actualizar el pensamiento y la acción patrimonial generan tensión. Una tensión que no puede obviar la responsabilidad de la administración en proteger y devolver a la sociedad a la que pertenece su patrimonio en el sentido más amplio y diverso. No puede -en el siglo XXI- entenderse un catálogo de elementos protegidos sin un proceso de discusión abierta sobre el concepto mismo de selección, sobre quién y cómo se fijan las prioridades, sin un diálogo que establezca qué se queda fuera y por qué, sin un acto crítico de conocimiento de lo realizado. 

La Convención de Faro (firmada por España el 12 de diciembre de 2018), hace hincapié en los aspectos importantes del patrimonio cultural en relación con los derechos humanos y la democracia. Promueve una comprensión más amplia del patrimonio y su relación con las comunidades y la sociedad. Anima a los ciudadanos a reconocer que los objetos y lugares no “son en sí mismos”, sino que son valiosos debido a los significados y usos que las personas les dan y por los valores que representan. Circunstancias como la monumentalidad, la antigüedad o la rareza de un monumento deben evaluarse junto con el resto de las fuerzas motrices que llevan a la ciudadanía a valorar (o no) esos bienes (Fouseki y Sakka). El binomio cualidad-calidad no puede ser (solo) el hilo conductor en las políticas de protección del patrimonio cultural. 

Los valores patrimoniales son nutrientes identitarios. El patrimonio nos define y nos explica como sociedad y solo podemos asumir esto si tenemos en cuenta que el patrimonio es una realidad cambiante y es la ciudadanía la que proyecta valores, por eso hay que invertir en conocer cuáles son esos valores (culturales, ambientales, históricos, sentimentales, científicos…). Con frecuencia parte de esos valores pasan desapercibidos en nuestro relato colectivo y habrá por tanto que generar mecanismos o herramientas que rescaten esa realidad diversa y dispersa. Los componentes ideales y espirituales de los bienes son tanto o más importantes que la propia materialidad vinculada al concepto decimonónico de las “bellas artes”. Los pasados son complejos y los futuros deben ser tan diversos como reclame la comunidad. 

Cuidar (valorar), es tanto reconocer a las personas que han formado parte del pasado, como las que forman parte del presente como depositarias de esa vida en comunidad. Construir inventarios, catálogos o listas de cualquier tipo, debe necesariamente otorgarles un valor de representatividad incluyendo la participación ciudadana como un elemento de visibilidad en las decisiones urbanas que conforman su territorio. 

Ante la pregunta de cómo dar respuesta a todos estos retos sin formar parte del gobierno, Más Madrid, como plataforma política, cuya función social está mucho más allá de la mera actividad política institucional, con el fin de proporcionar una herramienta que facilite y desarrolle la comprensión del patrimonio cultural y natural como el soporte físico de la memoria colectiva de la ciudad y de su identidad, hemos creado un formulario de registro simplificado para conformar un catálogo participativo y ciudadano que permanezca como registro de aquello que la ciudadanía valora y desea mantener para las generaciones venideras: 

Su intención no es otra que dar voz a los distritos en la elaboración de los discursos sobre el patrimonio y su articulación con la sociedad y servir de soporte futuro de esa memoria colectiva. No pretende este catálogo ser alternativo al “oficial”, sino complementario. No es una crítica a los profesionales institucionales, sino una mirada a ampliar horizontes y criterios. No es un catálogo cerrado, sino dinámico y en constante construcción, porque no se entiende el patrimonio cultural con fecha de caducidad. La motivación es elaborar un catálogo que deberá huir de la visión fragmentaria de los bienes a favor de una visión integradora, coordinada y crítica. Y, además, es una particular invitación a darse un paseo por Madrid con una mirada cultural. 

Como decía Koichiro Matsuura (director general de UNESCO entre 1999-2009) el patrimonio no es solamente sede de la memoria de la cultura de ayer, sino también el laboratorio donde se inventa el mañana.

Las catástrofes nunca vienen solas, las suele acompañar la mala gestión haciendo indistinguible dónde termina lo inevitable y dónde empieza lo provocado. Esta es la historia de IFEMA durante 2020 y lo que llevamos de 2021: una sucesión de errores, politiqueos y quién sabe qué más de los gobiernos de Almeida y Ayuso, que acrecentaron la crisis de una de las empresas más importantes de la región, a pesar de que tuvieron la oportunidad de paliarlos parcialmente.

Durante el mandato de Manuela Carmena garantizamos la independencia de gestión de IFEMA en lo político al contratar a un nuevo equipo directivo, que aún permanece al frente de la empresa. Es el estatus jurídico de este tipo de empresas públicas lo que afianza su independencia de gestión en lo económico. Este blindaje ante las injerencias políticas logró los mejores resultados de la historia del consorcio ferial en 2018 y en 2019 y esperábamos que también fuera así en 2020. 

Sin embargo, llegó la pandemia y detuvo la actividad, amenazando su supervivencia, igual que ha ocurrido con todos los negocios dependientes de la movilidad. En el caso de IFEMA había que sumar otras dos situaciones inducidas por el propio Gobierno regional: el uso de la instalación como hospital de campaña, algo que paralizó el espacio durante todo el pasado año, y la negativa de la derecha a modificar las condiciones jurídicas para continuar con la independencia de su gestión.

La oposición de Más Madrid a la primera decisión, utilizar IFEMA como hospital de campaña, es más que conocida. Consideramos que fue un error estratégico en la inversión pública, que tiempo después se incrementó con la construcción del Zendal, y que detrajo recursos clave de la Atención Primaria, la salud pública, los rastreadores e, incluso de los hospitales de red madrileña. Aún hoy no sabemos cuánto cobrará IFEMA por este alquiler de sus instalaciones. Dada la situación, no deja de ser una perfecta cuadratura de un círculo nada virtuoso.

Respecto a la segunda cuestión, en septiembre pasado el grupo municipal de Más Madrid propuso -precedido por una pregunta al Gobierno de España trabajada con nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, liderado por Íñigo Errejón- blindar su independencia de gestión. El objetivo era proporcionar al equipo directivo de IFEMA, y a todos los consorcios análogos en España, una herramienta esencial para tomar decisiones sin tener una espada de Damocles sobre la cabeza, sobre todo de cara a este 2021.

La propuesta consistía en solicitar al Ejecutivo una moratoria para 2020 y, si fuese necesario 2021, en la norma que dicta la disposición adicional 14 de la LRSAL, que rige que los consorcios públicos, para mantener el estatus de independencia de gestión, no pueden rendir pérdidas durante dos años consecutivos. De otra forma, pasan a formar parte de los presupuestos de la Administración Pública de la que dependen y a regirse de acuerdo con las normas de gestión de la misma. En el caso de IFEMA, esta situación impediría la agilidad que requiere el consorcio, poniendo en serio peligro la futura recuperación tras la crisis sanitaria de toda la región de Madrid.

La derecha, en el último minuto, no quiso apoyar la propuesta por motivos políticos, en parte por no aceptar una enmienda de gestión de un grupo político progresista, en parte por partidismo interno y en parte por fundamentalismo ideológico. Llegaron a argumentar que esta moratoria era “la excepción de la excepción” y que no sería aprobada por el Gobierno de Sánchez. Sin embargo, la propuesta fue apoyada y enmendada por el PSOE que, como luego observó el propio Gobierno de Almeida, no puede votar en Cibeles sin preguntar al Gobierno. 

Siempre caben más dudas, como si no será una operación que termine con la entrada de operadores privados en el consorcio, dejando la instalación en ámbito público, pero entregando el negocio a la iniciativa privada. El tiempo lo dirá y aquí lo dejamos por escrito para presentar batalla si se llega a plantear semejante aberración.

En 2021, las previsiones de IFEMA, influenciadas por la ceguera habitual de la Consejería de Sanidad de Madrid, pasaban por recuperar la actividad en Semana Santa. Algo que Más Madrid ya advirtió como altamente improbable, puesto que la evidencia médica apuntaba en otra dirección.

El resultado ha sido que los trabajadores acaban de recibir una propuesta del Comité Ejecutivo de IFEMA para realizar un ERTE de reducción de jornada, que irá negociándose en las próximas fechas, que afectará duramente a toda la plantilla hasta entrado 2022 y que pondrá en jaque la capacidad operativa de preparación de las próximas ferias.

Lograr beneficios es un objetivo de cualquier empresa pero también lo es sobrevivir y tener vocación de permanencia y, en el caso de las empresas públicas, su objetivo primordial es la prestación de un servicio público, tal y como reiteradamente ha recordado el Tribunal Supremo. Y la responsabilidad de los políticos y gestores públicos es cuidar del patrimonio colectivo, esa es su misión como responsables del bien común.

Ahora IFEMA, al estar condicionada a no tener una cuenta de resultados negativa en 2021, parece obligada a destruir su capacidad operativa y los vínculos sociales de una plantilla hasta ahora muy comprometida con una empresa que, y este dato es clave para entender nuestra perspectiva, cuenta con más de 85 millones de euros en caja fruto de los beneficios que ha ido atesorando en los últimos ejercicios, y que si bien estaban destinados a la ampliación de sus instalaciones, también sirven con músculo financiero para resistir la durísima prueba de la pandemia.

A la vista de la colección de errores de los actuales gobiernos municipal y regional, Más Madrid continuará insistiendo en buscar una solución sensata y ajustada a previsiones realistas desde el Congreso de los Diputados, la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento, pues aún se está a tiempo de negociar con el Estado la liberación de la espada de Damocles que tiene el segundo motor económico de Madrid.

La pregunta es reiterada: “Si en Madrid llevamos las mascarillas y la pandemia se descontrola ¿qué estamos haciendo mal?”. Una parte importante de los contagios en Madrid se producen en los barrios más humildes, donde el hacinamiento en las viviendas y la imposibilidad de salir de la ciudad por vacaciones se ceban con la desigualdad. Pero también, entre los no estamos limitados por las terribles restricciones de la pobreza, parece que estemos relajándonos en privado, respetando las medidas higiénicas, y el eventual aislamiento individual, solamente cuando nos exponemos al escrutinio de desconocidos o a ser multados.

¿Será que padecemos de algún tipo de defecto intrínseco? Francamente, no. Es más bien el politiqueo, la política reducida a la confrontación mediática de intereses partidistas, produciendo dos cortocircuitos: uno en la ejecución de la estrategia epidemiológica de la Comunidad para evitar un nuevo confinamiento general, y otro en la construcción del compromiso colectivo con las medidas individuales.

Pensemos en los cuatro meses (hasta la firma de los Pactos de Cibeles, luego bautizados Acuerdos de la Villa, que propuso Más Madrid) en los que José Luis Martínez Almeida cosechó el entusiasmo por no politiquear abiertamente, y en cómo se va diluyendo esta imagen por su apoyo, ahora consolidado como portavoz del PP, a Isabel Díaz Ayuso y a Pablo Casado, ninguno de los cuales ha demostrado capacidad de diálogo alguna.

Nos enfrentamos a un problema de Salud Pública. La Salud Pública es política, pero nunca es politiquera. Antepone lo colectivo a lo individual, el medio plazo a lo inmediato, el relato del tsunami al lenguaje belicista. Se centra, en detrimento de lo “hospitalocéntrico”, en la Atención Primaria, en la Medicina Preventiva y en la Salubridad.

Sin embargo, el gobierno madrileño para resolver la contradicción entre su ideología neoliberal y la Salud Pública, se ha instalado en soslayarla con propaganda. Desoye contratar rastreadores o reforzar Atención Primaria, pero construye un hospital innecesario. Plantea un cribado en los nuevos focos o exigen PCR en Barajas, pero sin el menor rigor científico. O confronta con el Gobierno de España negando sus propias competencias. Estos elementos además de dificultar la labor de la Administración, irrumpen en la agenda mediática generando confusión y desconfianza en las medidas a seguir en la población.

Igual pasa en las competencias municipales, en forma de colas del hambre, de movilidad insostenible, de contaminación, de suciedad viaria… Gracias a la oposición, el Ayuntamiento ha ido ofreciendo colaboraciones a la Comunidad que han sido o bien rechazadas, como con los rastreadores, o bien desatendidas, como con las residencias o colegios. El Ayuntamiento, lejos cuidar del pueblo de Madrid, ha callado, protegiendo la lógica del Partido Popular contraria a la Salud Pública y que ahora, con las nuevas funciones políticas del alcalde, pretende vestir de voluntad de pacto nacional.

En términos económicos las viejas soluciones neoliberales de los conservadores, bajadas de impuestos y reducción del gasto público, son contrarias tanto a la contención de la enfermedad como a la recuperación en este contexto. La pandemia rompe por el eje al neoliberalismo individualista, y bien es cierto que el Gobierno de España, quizás contentado en mostrarse como la alternativa al avance de los conservadores más radicales, no está luchando todo lo enérgicamente que debiera contra las causas profundas del crecimiento de la ultra derecha.

Solamente con paciencia, con cuidado, con colectivo, con fortalecimiento e inversión en los servicios públicos, luchando comprometidamente contra la desigualdad y en favor del medio ambiente, desde la moderación y el consenso, podremos evitar volver a abrir en falso los negocios, los colegios, los centros de ocio… atender la angustia inmediata sale mucho más caro que hacer las cosas bien, pero para ello es imprescindible que la mayoría de los grupos políticos interioricemos de una vez por todas que la quiebra de la Salud Pública es la placa tectónica que alza el tsunami de las olas de la pandemia.

Mientras esto no ocurra, estaremos condenados a añadir al sacrificio que ya vivimos, dosis definitivamente insoportables de desesperación y tensión social y económica, que pueden poner en riesgo a la sociedad y a la democracia en su conjunto.