El acceso a servicios bancarios básicos ha sido reconocido como una necesidad para la integración social por la Comisión Europea a través de la Directiva de Cuentas de Pago (2014) que garantiza a cualquier persona de la UE el derecho a disponer de una cuenta bancaria que permita realizar transferencias y pagos, y tener una tarjeta de débito. Este derecho, que nos parece tan descafeinado, debería apreciarse cuando necesitamos domiciliar un recibo de, por ejemplo, suministros como la electricidad, cuyo derecho de acceso ha tenido mucha más repercusión en el debate público. O cuando se tiene que recibir una ayuda pública, léase una beca de estudios o el ingreso mínimo vital. O cuando no tenemos una nómina fija y en el banco nos plantean que, entonces, ¿para qué queremos abrir una cuenta? O cuando a una persona que trabaja como autónoma desde hace más de 15 años, pongamos por ejemplo como electricista y en España, pero nacida en un país del este de Europa, en la sucursal le espetan: “No, no tenemos la política de abrir cuentas a personas que no conocemos”. En todos estos momentos –de los que he sido testigo– me he planteado la misma cuestión: ¿te pueden denegar la 'compra' de un producto, bien sea una cuenta bancaria o una barra de pan?

Pues sí, nada lo impide (o lo impedía). Realmente, se ha llegado a esta situación porque un ya antiguo dilema (o, si queremos utilizar el leguaje técnico de los economistas, fallo de mercado), que venía afectando al crédito o a los seguros, ha empezado a plantearse en el ámbito del ahorro: la selección adversa. Esto se produce cuando hay un desequilibrio en la información que conoce cada una de las partes en una transacción económica y, a raíz de ello, una de ellas corre el riesgo de aceptar algo que no le interesa. Y no, no estamos hablando de que sea la persona que abre la cuenta la que se esté planteando que dispone de poca información: son las entidades bancarias las que temen que quizá no vayan a ganar lo suficiente con las comisiones cobradas, o con otros servicios asociados a esta cuenta. Y, para evitar este riesgo, utilizan un proceso de signalling (otra vez nos ponemos en plan técnico), que consiste en considerar determinados atributos como garantes de la fiabilidad y rentabilidad como cliente: hoy por hoy, la 'señal' estrella consiste en tener una nómina o unos ingresos fijos que superen un umbral mínimo, pero todo puede cambiar en base a la creatividad que vayan mostrando las entidades bancarias y, no nos olvidemos, al big data, esa información de nuestro día a día que muchas veces no somos conscientes de que estamos trasladando al mercado, y que al marketing (y a la segmentación de consumidores) les viene de perlas.

Pero, volviendo al punto inicial, hoy en día la legislación nos garantiza poder disponer de una cuenta. En la Unión Europea se considera fundamental para poder desarrollar una vida normalizada. Si no tenemos otra, tenemos derecho a una cuenta básica, con un coste máximo de 3 euros mensuales o, si cumplimos determinados requisitos de vulnerabilidad económica, gratuita. Pero no parece que esto haya revolucionado mucho el panorama, ni creado mucho entusiasmo: la única referencia entre organizaciones de consumidores que se ha encontrado a estos efectos es un artículo de OCU donde la principal utilidad que se le ve es poder abrir una cuenta en otro país de la UE si vamos a residir allí temporalmente. Como profesora universitaria estoy inmersa en proyectos de investigación y entrevistas a personas en riesgo de exclusión social sobre sus relaciones con los bancos, pero ninguna de ellas ha comentado conocer estas cuentas. Y, sin embargo, puede beneficiar bastante a personas con inestabilidad laboral o de bajos ingresos.

En Economistas sin Fronteras nos planteamos el porqué de este desconocimiento y desafección, y qué papel estaban jugando las entidades bancarias: si consiguieron colocar preferentes e hipotecas a diestro y siniestro, ¿cómo no hay nadie que conozca las cuentas básicas? Cierto es que, en este caso, son las políticas públicas para la inclusión financiera las que requieren a la banca que ofrezca estos servicios básicos, suficientemente competitivos y accesibles para cualquier persona… y no tanto una decisión de la banca. Por ello, quisimos evaluar su grado de implementación en la oferta bancaria, así como la transparencia en las páginas web y las sucursales. Tras visitar numerosas oficinas bancarias en tres ciudades españolas, como mystery shoppers, se constató que las entidades bancarias españolas habían hecho los deberes, pero sin esmero: todas cumplen los requerimientos legales de información y publicidad (ahí están por si alguien pregunta, aunque sólo un 23% de las entidades colgaba la información en el tablón de anuncios); pero no van más allá en cuanto a la facilitación de costes (considerando que lo establecido por el Ministerio de Economía es un máximo que se puede reducir voluntariamente) o la aplicación de estrategias de marketing efectivas para dar a conocer el producto, particularmente entre la población en situación de exclusión social y financiera (ninguna entidad había desarrollado folletos u otros elementos de publicidad, más allá de los folletos legales, y en sólo una sucursal el personal comercial había gestionado y abierto cuentas básicas).

Desde Economistas sin Fronteras creemos que es importante que las entidades financieras normalicen el uso y acceso de las cuentas de pago básicas, entre otras medidas que las entidades financieras deben considerar incorporar en su actividad comercial destinada a personas físicas. Esta regulación contribuye a combatir las dificultades (costes y comisiones excesivas, discriminación, trato inadecuado, lenguaje inaccesible, sentimientos de frustración y ansiedad) que afrontan los colectivos socialmente más vulnerables en sus transacciones bancarias, que a veces socavan aún más su vulnerabilidad financiera, y que, en definitiva, les dificulta su integración en la sociedad.

Beatriz Fernández Olit es Profesora de la Universidad de Alcalá y miembro de Economistas sin Fronteras.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión de la autora y ésta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.