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Economistas Sin Fronteras

Somos una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD), fundada en 1997 por un grupo de profesores y catedráticos universitarios, activamente comprometidos y preocupados por la desigualdad y la pobreza.

Nuestro objetivo principal es contribuir a generar cambios en las estructuras económicas y sociales que permitan que sean justas y solidarias.

Nuestros fines son la realización de programas y proyectos para contribuir al desarrollo de zonas y sectores de la población especialmente vulnerables, tanto en España como en los países del Sur; el fomento de una nueva cultura económica a través de la promoción de la Responsabilidad Social Corporativa y las Inversiones Socialmente Responsables y la realización de acciones de sensibilización y educación para el desarrollo de la sociedad civil.

Precariedad, qué bonito nombre tienes

Primero fue el co-working, luego llegaron los minijobs, las trabacaciones… y, más tarde, cuando la tasa de desempleo marcó un nuevo máximo histórico, allá por julio de 2012, el trabajo se convirtió en un bien tan escaso que hubo de compartirse. Así es la vida en los tiempos del jobsharing. Más suerte parecieron correr, en cambio, los entrepreneurs que, a la sombra de la ‘nueva economía digital’ y su giro discursivo, sortearon el crack, con start-ups llamadas a introducir innovadores modelos de negocio sostenible y sostenido, eso sí, a hombros de los así llamados “trabajadores pobres”. Cosas de millennials…

De millennials, de treinteenagers, de doers y de riders que ven cómo últimamente la precariedad les adelanta en bicicleta, abanderando una nueva forma de autoempleo part-time, flexible y autónomo, al que el lenguaje periodístico se ha encargado de dar un toque de distinción, vistiéndolo de hipster. ¡Ay!, precariedad, qué bonito nombre tienes. Así, neologismos,  blendings y todo tipo de anglicismos se suceden desde hace tiempo en el discurso mediático, con permiso de la economía ‘colaborativa’, invocando como novedosos fenómenos que en realidad no lo son tanto.

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Economía Social y Solidaria: ni entramado ni clientelismo

Algunos medios de comunicación convencionales se lanzaron hace poco más de un mes a la generación de una falsa polémica en torno a la relación que desde el Ayuntamiento de Madrid se mantiene con el tejido cooperativo de la ciudad. Las secciones dedicadas a información de Madrid en El País y El Mundo consideraron que la tormenta que terminó forzando la dimisión de Cifuentes era el mejor momento para hablar del volumen de la contratación menor en el Ayuntamiento de Madrid y, en concreto, la facturación que a través de este mecanismo de contratación pública había recaído sobre entidades de la Economía Social.

Bajando a lo concreto, para El País las informaciones ofrecidas entraban dentro del marco de “una investigación (…) que los lectores tienen derecho a conocer, gobierne quien gobierne” y se escudó en la veracidad de los datos publicados. Además a través de Lola Galán, la defensora del lector, el diario recordaba que “en un país democrático la prensa tiene una misión fiscalizadora de enorme importancia que no debe ser torpedeada bajo ningún concepto”. Hasta aquí es fácil estar de acuerdo con la defensa de los contenidos vertidos sobre la Economía Social y Solidaria (ESS). Sin embargo, este postulado no justifica bajo ningún concepto el uso tendencioso, el maltrato informativo y la parcialización con el que estas empresas periodísticas han intentado machacar durante un mes al tejido organizado que en esta ciudad trabaja por la consolidación de formas de economía ajenas a la lógica capitalista. Economías sociales, solidarias, feministas, sostenibles y que se basan en la cooperación y no en la competencia o el lucro.

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Crecimiento por cercamiento: otra vuelta de tuerca de la economía colaborativa

Ya tenemos bastantes datos que ponen en cuestión que las pujantes plataformas de economía colaborativa nos vayan a llevar a la tierra prometida. Más bien tiene pinta que, de seguir así, el tiempo en el desierto va a ser largo y duro.

La charla que dio Juliet Schor en diciembre sobre el lado oscuro de la economía colaborativa nos dejó el corazón en un puño. En la charla presentó las principales conclusiones del proyecto de investigación que ha dirigido durante siete años, estudiando diferentes plataformas y modelos de economía colaborativa. En dos líneas dijo que la promesa de más eficacia, más sostenibilidad, más lazos sociales y más prosperidad y oportunidades para los que están siendo excluidos del mercado convencional está muy lejos de realizarse. Y peor: esa promesa les está dando un capital moral a las plataformas sobre el que construyen una legitimidad social (y de forma preocupante, política) que las evidencias no sostienen.

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La gran crisis de los sistemas centralizados

¿No tiene la sensación de que en los últimos años las personas ni creen ni confían en lo colectivo? La crisis ha hecho estragos en los pilares sociales, una crisis financiera que, como un virus, comenzó a expandirse desde lo financiero a lo económico, de lo económico a lo político, y de lo político a lo social. Y dentro de este nuevo escenario de descrédito de las instituciones así como de prácticamente cualquier tipo de organización y herramienta de lo social -sindicatos, ONGs, etc.-, han surgido respuestas paradójicas por parte de las sociedades occidentales: la elección de Trump, la salida de Reino Unido de la UE o el auge de la extrema derecha -ya gobernando países centroeuropeos- a lo largo y ancho del viejo continente. Vistos estos resultados, increíble pero cierto es que la derecha ha sabido articular una respuesta rápida y efectiva sobre las ruinas que dejó la crisis, así como tomar la iniciativa con un discurso que, nos parezca acertado o no, está movilizando el voto de gran parte de nuestras sociedades ante la atónita mirada de la izquierda.

¡Ah! ¡La izquierda! La crisis financiera te dio la razón tras tantas décadas de protesta contra los fundamentos del sistema económico vigente, pero ¿por qué no estás recogiendo esos frutos hoy? ¿Quién se ha llevado tu queso? La crisis actual en la izquierda es un hecho a nivel global. En primer lugar, existe una ausencia de referentes teóricos y académicos que pasen del mero diagnóstico a formular marcos metodológicos que puedan tener eco en la política real. En segundo, hay una preocupante carencia de casos reales de éxito-país que den razones y motivación a las sociedades para creer que sus propuestas son positivas, pero sobre todo realistas. En los últimos años, aquellos gobiernos de izquierda que se han posicionado como estos casos de éxito -la Uruguay de Múgica o el Brasil de Lula, principalmente- tienen poco o ningún eco en Europa por la lejanía de sus realidades con las sociedades y problemas europeos, muy diferentes. Y, además, durante sus gobiernos ambos presidentes firmaron un pacto tácito de no injerencia con el sistema económico liberal, sin siquiera plantear alternativas o avanzar hacia otros modelos económicos más justos. En resumen, sin referentes teóricos ilusionantes ni ejemplos reales de una alternativa exitosa, comienza a ser frustrante ver a la izquierda manteniendo discusiones de los retos del siglo XXI con argumentos del siglo XX, rechazando ya casi de manera patológica cualquier novedad social o tecnológica, añorando un pasado al que ya parece imposible volver desde el punto en el que el mundo nos ha colocado.

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La insoportable levedad de la regulación española en pro del derecho de acceso a los servicios financieros

Al igual que sucede en la novela de Milan Kundera, la inutilidad de la existencia y la sensación del eterno retorno son dos elementos que parecen consustanciales al avance del derecho universal de acceso a los servicios financieros en España. Parece que hay más interés y contundencia en promover el ‘deber de uso’ por parte de una mayoría rentable de la población- como sucede en el ámbito de las pensiones privadas - que en garantizar el derecho de acceso a la minoría no rentable – y cada vez menos minoritaria. Ojo, debe diferenciarse bien entre el ‘derecho de acceso’ y el ‘deber de uso’ de los servicios financieros, dos conceptos muy distintos si no antagónicos. Nos centraremos básicamente en el primero, puesto que considerar el segundo implicaría una extensión ilimitada de estas reflexiones.

Podemos decir que la senda ha sido positiva en los últimos años: la Directiva Europea de Cuentas de Pago (Unión Europea, 2014) recoge el derecho de acceso “a cuentas de pago básicas con independencia de las circunstancias financieras del consumidor, como su situación laboral, nivel de renta, historial crediticio o insolvencia”. Incluye a personas que, aún sin disponer de residencia legal, no pueden ser expulsadas del territorio europeo. Este ha sido el gran hito del camino en Europa: reconocer que los servicios bancarios y los medios de pago son tan necesarios ya en nuestra sociedad como el acceso a la electricidad, por ejemplo, máxime cuando se pretende digitalizar lo más posible la economía y en algunos países el comercio sin pagos en efectivo se vislumbra en el horizonte [ 1]. Europa ha hecho sus cálculos en cuanto a la contribución de la inclusión financiera a la inclusión social y, de hecho, la Comisión Europea ha compensado económicamente a La Banque Postale francesa por mantener desde 2012 la Libreta A. Esta cuenta básica gratuita, adecuada para el mantenimiento de pequeños montos, ha contribuido a la inclusión financiera en Francia, complementándose con la presencia de la entidad en zonas suburbanas deprimidas y abandonadas por el resto del sector bancario. La Comisión Europea ha justificado esta compensación en base a la descarga de costes que ha supuesto para los servicios públicos.

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De cómo el 3% del crecimiento deviene en más pobreza y desigualdad

Como ni la riqueza, ni la producción, ni el consumo de un país se mide en bienes materiales y servicios a disposición de las personas, sino en magnitudes monetarias, es fácil inducir a la gente al engaño permanente al equiparar el discurso del crecimiento con la igualdad social y económica.

El gobierno saca pecho por el alza anual del 3% del PIB y deja entender como ese porcentaje de subida supondrá una mejora para la vida de los ciudadanos. Todo el tiempo oímos machaconamente la virtud del crecimiento económico como condición para nuestro bienestar.

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Contra un éxito masculinizado

El 9 de marzo amanecimos con la mejor de las resacas, la resaca de la lucha. Sí, aún habíamos tenido que aguantar algún “feliz día de la mujer, hermosa”, algún ramo de flores de quien no ha entendido nada, alguna campaña de publicidad vergonzosa, y por supuesto despertábamos en un mundo, todavía, profundamente machista. Pero despertamos sabiendo que habíamos inundado mil y una calles, sabiendo que habíamos alzado la voz por nosotras y por las que ya no están, sabiendo que éramos manada haciendo historia.

Ahora que ya hemos reposado, que ya nos hemos felicitado, que hemos recuperado las gargantas de las afonías, es el momento de dejar claro que esto no para. Con las pilas cargadísimas y apoyadas las unas en las otras, sigamos luchando, pinchando, cuestionando.

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Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. ¿Econo-ignorantes todos y todas?

Exposición de los hechos:

I. Martes 12/12/2017. En el marco de un encuentro con académicos, políticos y activistas, organizado en Londres por los colectivos Rethinking Economics y New Weather Institute, se redacta un manifiesto con 33 tesis para una reforma en la Economía. Al terminar el encuentro parte de los participantes se trasladaron a la London School of Economics y pegaron sus demandas en la puerta.

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No hagáis llorar al Impuesto de Sucesiones

El impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) no sólo parece no gustarle a nadie, sino que además su impopularidad ha crecido últimamente de forma notable. El debate sobre cuánto pagamos, qué pasa con los bienes inmuebles o a partir de qué cifra tenemos que pagar es prolongado, pero lo que sí está claro es que a día de hoy el impuesto tiene tan mala fama que podemos asegurar que lo odia más gente de la que lo paga. Los argumentos en su contra son múltiples, sobre todo si fijamos la vista en la población andaluza, donde las cantidades a pagar son mayores que en el resto de España y donde surge con unanimidad un gran lamento: es injusto.

Una de las quejas más importantes contra el impuesto es que aun siendo de competencia estatal son las CCAA las que determinan su uso, creando así disparidades entre ellas mismas y sobre el total a pagar. Como consecuencia, es notablemente más alto en Andalucía y Asturias que en Madrid o La Rioja. Pero, ¿supone este desequilibrio el motivo definitivo para abogar por su cancelación total? ¿Existe realmente una razón de ser para el Impuesto de Sucesiones y Donaciones?

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Las pensiones, asunto pendiente

Las trompetas de los malos augurios suenan fuertes señalando el siguiente objetivo del monstruo neoliberal. La recurrente utilización del Fondo de Reserva por parte del Gobierno ha puesto el grito en el cielo: “Bye, Bye, pensions”. Parece ser que las pensiones de las generaciones futuras (léase 2040) no están garantizadas según el actual sistema de financiación actual (aunque mi compañero en Economistas sin Fronteras, Juan Gimeno Ullastres, cuestionó en un artículo reciente la crisis de las pensiones tal y como nos la presentan). Es cierto que existe desequilibrio, no lo escondamos. Pero ¿existe solución? Seguro. Pero no es mágica ni sencilla. Un análisis de las causas, huyendo de la simplicidad del debate político, es el camino más adecuado para que, como sociedad, decidamos qué queremos hacer con nuestras pensiones.

El sistema de reparto que utilizamos para sufragar las pensiones tiene un funcionamiento muy sencillo. Las pensiones que pagar en un periodo deben salir de las cotizaciones de los trabajadores-empresarios (por cuenta ajena y autónomos) en ese periodo. En caso de que las cotizaciones excedan de la cuantía de las pensiones se puede dotar el Fondo de Reserva. El problema aparece cuando las cotizaciones no son suficientes para hacer frente a las obligaciones. Se puede recurrir al Fondo de Reserva, cómo ahora, o bien, hay que acudir a nuevas formas de financiación, como ha hecho el Gobierno para hacer frente a las extras del año pasado o los 15.000 millones que ha pedido prestado (va a deuda pública) para este año. El artículo 50 de la Constitución española establece que: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.”

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