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Economistas Sin Fronteras

Somos una Organización no Gubernamental de Desarrollo (ONGD), fundada en 1997 por un grupo de profesores y catedráticos universitarios, activamente comprometidos y preocupados por la desigualdad y la pobreza.

Nuestro objetivo principal es contribuir a generar cambios en las estructuras económicas y sociales que permitan que sean justas y solidarias.

Nuestros fines son la realización de programas y proyectos para contribuir al desarrollo de zonas y sectores de la población especialmente vulnerables, tanto en España como en los países del Sur; el fomento de una nueva cultura económica a través de la promoción de la Responsabilidad Social Corporativa y las Inversiones Socialmente Responsables y la realización de acciones de sensibilización y educación para el desarrollo de la sociedad civil.

La insoportable levedad de la regulación española en pro del derecho de acceso a los servicios financieros

Al igual que sucede en la novela de Milan Kundera, la inutilidad de la existencia y la sensación del eterno retorno son dos elementos que parecen consustanciales al avance del derecho universal de acceso a los servicios financieros en España. Parece que hay más interés y contundencia en promover el ‘deber de uso’ por parte de una mayoría rentable de la población- como sucede en el ámbito de las pensiones privadas - que en garantizar el derecho de acceso a la minoría no rentable – y cada vez menos minoritaria. Ojo, debe diferenciarse bien entre el ‘derecho de acceso’ y el ‘deber de uso’ de los servicios financieros, dos conceptos muy distintos si no antagónicos. Nos centraremos básicamente en el primero, puesto que considerar el segundo implicaría una extensión ilimitada de estas reflexiones.

Podemos decir que la senda ha sido positiva en los últimos años: la Directiva Europea de Cuentas de Pago (Unión Europea, 2014) recoge el derecho de acceso “a cuentas de pago básicas con independencia de las circunstancias financieras del consumidor, como su situación laboral, nivel de renta, historial crediticio o insolvencia”. Incluye a personas que, aún sin disponer de residencia legal, no pueden ser expulsadas del territorio europeo. Este ha sido el gran hito del camino en Europa: reconocer que los servicios bancarios y los medios de pago son tan necesarios ya en nuestra sociedad como el acceso a la electricidad, por ejemplo, máxime cuando se pretende digitalizar lo más posible la economía y en algunos países el comercio sin pagos en efectivo se vislumbra en el horizonte [ 1]. Europa ha hecho sus cálculos en cuanto a la contribución de la inclusión financiera a la inclusión social y, de hecho, la Comisión Europea ha compensado económicamente a La Banque Postale francesa por mantener desde 2012 la Libreta A. Esta cuenta básica gratuita, adecuada para el mantenimiento de pequeños montos, ha contribuido a la inclusión financiera en Francia, complementándose con la presencia de la entidad en zonas suburbanas deprimidas y abandonadas por el resto del sector bancario. La Comisión Europea ha justificado esta compensación en base a la descarga de costes que ha supuesto para los servicios públicos.

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De cómo el 3% del crecimiento deviene en más pobreza y desigualdad

Como ni la riqueza, ni la producción, ni el consumo de un país se mide en bienes materiales y servicios a disposición de las personas, sino en magnitudes monetarias, es fácil inducir a la gente al engaño permanente al equiparar el discurso del crecimiento con la igualdad social y económica.

El gobierno saca pecho por el alza anual del 3% del PIB y deja entender como ese porcentaje de subida supondrá una mejora para la vida de los ciudadanos. Todo el tiempo oímos machaconamente la virtud del crecimiento económico como condición para nuestro bienestar.

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Contra un éxito masculinizado

El 9 de marzo amanecimos con la mejor de las resacas, la resaca de la lucha. Sí, aún habíamos tenido que aguantar algún “feliz día de la mujer, hermosa”, algún ramo de flores de quien no ha entendido nada, alguna campaña de publicidad vergonzosa, y por supuesto despertábamos en un mundo, todavía, profundamente machista. Pero despertamos sabiendo que habíamos inundado mil y una calles, sabiendo que habíamos alzado la voz por nosotras y por las que ya no están, sabiendo que éramos manada haciendo historia.

Ahora que ya hemos reposado, que ya nos hemos felicitado, que hemos recuperado las gargantas de las afonías, es el momento de dejar claro que esto no para. Con las pilas cargadísimas y apoyadas las unas en las otras, sigamos luchando, pinchando, cuestionando.

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Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. ¿Econo-ignorantes todos y todas?

Exposición de los hechos:

I. Martes 12/12/2017. En el marco de un encuentro con académicos, políticos y activistas, organizado en Londres por los colectivos Rethinking Economics y New Weather Institute, se redacta un manifiesto con 33 tesis para una reforma en la Economía. Al terminar el encuentro parte de los participantes se trasladaron a la London School of Economics y pegaron sus demandas en la puerta.

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No hagáis llorar al Impuesto de Sucesiones

El impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) no sólo parece no gustarle a nadie, sino que además su impopularidad ha crecido últimamente de forma notable. El debate sobre cuánto pagamos, qué pasa con los bienes inmuebles o a partir de qué cifra tenemos que pagar es prolongado, pero lo que sí está claro es que a día de hoy el impuesto tiene tan mala fama que podemos asegurar que lo odia más gente de la que lo paga. Los argumentos en su contra son múltiples, sobre todo si fijamos la vista en la población andaluza, donde las cantidades a pagar son mayores que en el resto de España y donde surge con unanimidad un gran lamento: es injusto.

Una de las quejas más importantes contra el impuesto es que aun siendo de competencia estatal son las CCAA las que determinan su uso, creando así disparidades entre ellas mismas y sobre el total a pagar. Como consecuencia, es notablemente más alto en Andalucía y Asturias que en Madrid o La Rioja. Pero, ¿supone este desequilibrio el motivo definitivo para abogar por su cancelación total? ¿Existe realmente una razón de ser para el Impuesto de Sucesiones y Donaciones?

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Las pensiones, asunto pendiente

Las trompetas de los malos augurios suenan fuertes señalando el siguiente objetivo del monstruo neoliberal. La recurrente utilización del Fondo de Reserva por parte del Gobierno ha puesto el grito en el cielo: “Bye, Bye, pensions”. Parece ser que las pensiones de las generaciones futuras (léase 2040) no están garantizadas según el actual sistema de financiación actual (aunque mi compañero en Economistas sin Fronteras, Juan Gimeno Ullastres, cuestionó en un artículo reciente la crisis de las pensiones tal y como nos la presentan). Es cierto que existe desequilibrio, no lo escondamos. Pero ¿existe solución? Seguro. Pero no es mágica ni sencilla. Un análisis de las causas, huyendo de la simplicidad del debate político, es el camino más adecuado para que, como sociedad, decidamos qué queremos hacer con nuestras pensiones.

El sistema de reparto que utilizamos para sufragar las pensiones tiene un funcionamiento muy sencillo. Las pensiones que pagar en un periodo deben salir de las cotizaciones de los trabajadores-empresarios (por cuenta ajena y autónomos) en ese periodo. En caso de que las cotizaciones excedan de la cuantía de las pensiones se puede dotar el Fondo de Reserva. El problema aparece cuando las cotizaciones no son suficientes para hacer frente a las obligaciones. Se puede recurrir al Fondo de Reserva, cómo ahora, o bien, hay que acudir a nuevas formas de financiación, como ha hecho el Gobierno para hacer frente a las extras del año pasado o los 15.000 millones que ha pedido prestado (va a deuda pública) para este año. El artículo 50 de la Constitución española establece que: “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.”

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Dinero ten, pero… ¿de qué tipo?

La moneda se define en el diccionario como una “Pieza de oro, plata, cobre u otro metal, […] acuñada con los distintivos elegidos por la autoridad emisora para acreditar su legitimidad y valor”. Si se presta atención a la palabra “valor” contenida en la definición, una se da cuenta de que refleja dos conceptos que no tienen por qué estar ligados: el valor económico de los productos en el mercado y los valores que forman parte de nuestras convicciones morales y guían nuestras decisiones.

Estas dos acepciones crean un desfase entre el precio del producto y nuestro acto de consumo, concebido desde un punto de vista ético. Hoy en día, la forma de consumir se ha convertido en una forma de expresarse como consumidor y ciudadano. Aún así, la persona consumidora debe superar numerosos obstáculos en el momento de elegir un producto en una sección repleta de artículos casi idénticos. Es ambicioso pensar que tomamos una buena decisión sin tener acceso a toda la información que desearíamos tener acerca de un producto, su modo de producción o los salarios percibidos por las trabajadoras durante todo este proceso.

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Las trampas sobre el futuro de las pensiones

Llevan un cuarto de siglo anunciándonos la inevitable (supuesta) quiebra de las pensiones. Y ahora nos martillean con el agotamiento del fondo de la Seguridad Social. ¡ El Gobierno tiene que aprobar un préstamo especial para hacer frente a la paga extra de diciembre! Además, vienen los robots y ya no vamos a tener quienes coticen para pagar las pensiones futuras. Parece un panorama desolador que nos aboca inevitablemente a suscribir planes privados o a pasar del actual sistema de reparto a uno futuro de capitalización.

Pero nada de lo anterior es creíble. Es necesario desmontar la sucesión de engaños que pretenden vendernos año tras año. Estas son las principales trampas que hay que sortear:

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¿Por qué la cooperación para el desarrollo no funciona?

En 2016, el Estado Español destinó 4.096 millones de dólares a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Muchos, muchos euros que, aun siendo más del doble que el año anterior, suponen sólo el 0,33% de la RNB (Renta Nacional Bruta) de ese mismo año 2016, bien lejos del famoso 0.7% demandado por numerosos colectivos en defensa de los Derechos Humanos a nivel internacional.

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¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos?

Estos días, cuando comienzan en el Congreso los trabajos de la Comisión para la evaluación del funcionamiento del modelo autonómico, pueden ser un buen momento para recordar algunos cambios que se han producido en la demografía española en los últimos años. Es muy probable que los debates en la Comisión discurran sobre los logros económicos del estado autonómico, quizá –ojalá- también sobre cómo construir un nuevo marco normativo que facilite la resolución de conflictos entre los gobiernos autónomos regionales, entre sí y con el gobierno central, que dificulten llegar a situaciones como las que estamos viviendo respecto de Cataluña. Será difícil, no obstante, que se llegue a considerar como derecho ciudadano el poder llevar una vida digna en el lugar donde uno desee vivir dentro del Estado español, sin menoscabo del derecho a vivir dentro de toda España en igualdad de condiciones que los demás, derecho ya recogido en el artículo 19 de la Constitución.

De concretarse esta sospecha, estaremos ante una situación, al menos, paradójica. Sí, resulta llamativo que, de forma generalizada, o por lo menos, desde la práctica de lo políticamente correcto, se acepte que haya que facilitar soluciones a los problemas reales que motivan las migraciones internacionales, sean de índole política o, sobre todo, de raíz económica, sin que exista la misma unanimidad respecto de los movimientos migratorios interiores. Porque hay que reconocer que no son infrecuentes las voces contra las transferencias entre las regiones ricas hacia las más pobres del territorio nacional – no se ignora que no son flujos territoriales propiamente dichos, sino entre actores económicos a través de la administración tributaria, aunque difícilmente pueden dejar de ser interpretadas como transferencias “entre territorios”-, aceptándose la idea de que la “buena vida gratis” se mantiene como un pozo sin fondo que amenaza la prosperidad de los – que así mismo se ven como - más laboriosos.

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