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Pancarta de protesta contra los desahucios

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Concluye el 2020. Hace un año la actualidad política en España se centraba en la formación de un nuevo Gobierno que, después de una absurda repetición electoral, se concretó en el pacto de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Muchas personas celebraron este acuerdo y confiaron en que el nuevo Ejecutivo revertiría los aspectos más regresivos de las políticas de su predecesor, el de Mariano Rajoy, y desarrollaría una agenda social más o menos ambiciosa. Lo cierto es que el gobierno de coalición del PSOE y UP apenas comenzaba su andadura cuando ha tenido que hacer frente a una situación excepcional, motivada por la irrupción del SARS-CoV-2.

La primera fase de crisis sanitaria y económica impactó con fuerza en los estados. La UE suspendió la austeridad, y en España y el resto de países de la UE aumentó considerablemente el gasto público para evitar que el mercado de trabajo y la economía se desplomaran. Posteriormente hemos sufrido una segunda ola de la pandemia que pudo afrontarse con un mayor grado de previsión. Las medidas adoptadas para contener la expansión del virus no han resultado tan estrictas como lo fueron en la primera fase. Sin embargo, en el estado español concluiremos el año con una fuerte contracción del PIB, superior al 10%, debido al confinamiento, las restricciones a la movilidad y el hundimiento del turismo.

Son tantas las reflexiones que nos inspira este presente tan incierto que vivimos, que es difícil determinar qué es lo importante. Todo lo es, los aspectos sanitarios de esta crisis, la manera en que se ha abordado y el lastre de los recortes sufridos a raíz del rescate financiero, sus efectos económicos y las repercusiones sobre la población más vulnerable. Se trata de una crisis multidimensional donde unos aspectos se interrelacionan con otros. Al mismo tiempo, y siempre desde mi opinión, los diferentes hilos parecen confluir en la cuestión europea, siendo las instituciones supraestatales de la UE donde, en gran parte, se juega nuestro futuro.

Así, durante el pasado mes de julio se alcanzaba un acuerdo entre los Estados Miembros sobre la dotación una parte importante de los fondos que la UE destinará a la recuperación, a través del llamado Next Generation Fund. Un acuerdo con aspectos positivos y negativos. El montante de las ayudas se financiará con deuda emitida por la Comisión Europea, con la garantía del Presupuesto comunitario, lo que implica un cierto grado de mutualización. El fondo constará de una parte de ayudas que no se tendrán que reembolsar, y otra parte de créditos que tendrán que devolver los estados.

El Pacto de Estabilidad Europeo ha quedado de momento en suspenso, como comentábamos, lo cual no quiere decir que en un futuro no se apliquen nuevamente políticas de austeridad. La percepción de las ayudas estará sujeta al control de la Comisión y los Estados Miembros, no así del Parlamento Europeo, de tal manera que los Estados perceptores deben someter sus presupuestos al visto bueno comunitario. Las negociaciones con los estados llamados "frugales" fueron duras, y ya hemos visto recientemente los problemas que han existido con Polonia y Hungría para liberar los fondos, que llegarán en junio del año próximo.

Los Presupuestos Generales del Estado

Con estos mimbres, el Gobierno español ha elaborado sus Presupuestos para el año 2021. Unos Presupuestos Generales del Estado que, aprovechando las circunstancias, cabría calificar como expansivos: contemplan un aumento del gasto público en general respecto a los anteriores Presupuestos del Ministro Montoro, y un incremento del gasto social en particular.

Dicho esto, cabría preguntarse en qué se concretará el control comunitario sobre los presupuestos de los estados miembros destinatarios de los fondos europeos. ¿Servirá realmente, en lo que se refiere al Estado español, para financiar una supuesta transición hacia un modelo menos dependiente del turismo y del ladrillo? Está por ver, en este sentido, cuál será el margen de actuación y cuáles las contrapartidas que deberá ofrecer un Gobierno que debe compaginar unos niveles elevados de gasto social con la apuesta por unas determinadas líneas estratégicas en la economía y cumplir, finalmente, con las exigencias comunitarias. Las recientes recomendaciones del Pacto de Toledo, las dificultades para acometer una nueva subida del salario mínimo, e incluso algunos anuncios realizados por el presidente Pedro Sánchez sobre la apuesta por el Hidrógeno, no invitan demasiado al optimismo. Todo ello hace temer que el reparto de unos ya de por sí insuficientes fondos europeos beneficie a los habituales grandes conglomerados financieros y energéticos, como ya está sucediendo en algunas autonomías.

Otra cuestión importante tiene que ver con la fiscalidad, tanto a nivel comunitario como interno. Así, cabe preguntarse en qué medida los tributos pueden servir como instrumento de solidaridad en el marco de la UE. ¿Se produciría algún avance hacia la unión fiscal? No parece, en este sentido, que exista una voluntad real de acabar con las distorsiones que provoca el dumping que practican algunos Estados Miembros y avanzar hacia una teórica armonización.

Por otro lado, en España la disminución en la recaudación que se ha producido en este ejercicio hace pensar que las previsiones del Ejecutivo pueden ser poco realistas. ¿Servirán los nuevos impuestos sobre las transacciones financieras y las grandes tecnológicas para dotar de recursos las arcas públicas y que el déficit no se dispare aun más? ¿Se adoptarán medidas para que la carga tributaria no termine trasladándose a los ciudadanos? Lo que sí sabemos es que, mientras tanto, el BCE sigue inundando de liquidez los mercados y comprando deuda corporativa, mientras obliga a los estados a financiarse a través de esos mismos mercados (si bien, hoy por hoy, a tasas negativas).

En definitiva, todo apunta a que la resolución de esta crisis puede suponer un test definitivo para el proyecto europeo. Si no se avanza en términos de convergencia e integración más allá del euro y el Mercado Único, si no se da una respuesta que implique un cierto grado de solidaridad entre los Estados, si se mantiene la Europa de las dos velocidades y la división del trabajo que condena a los países del Sur a la esclavitud de la austeridad y la deuda, la pregunta sobre el sentido de permanecer en la UE podría abrirse paso en el debate.

Un año difícil para España

Volviendo al nivel estatal, ¿cómo se afrontará la profunda crisis económica y social en ciernes? ¿Qué ocurrirá en el mercado laboral una vez que se ponga fin a los ERTES? Hay colectivos que parecen ya abandonados a su suerte y cuyo sostenimiento ha dependido durante la pandemia de unas redes de solidaridad y apoyo mutuo que llevan tiempo demandando a las administraciones que cumplan con sus responsabilidades.

Si durante los últimos meses se ha venido escenificando el apoyo de las empresas del IBEX al Gobierno de coalición, desde luego no me imagino un consenso similar entre quienes se sitúan en los espacios más frágiles del tejido social. El eslogan "no dejaremos a nadie atrás" se antoja irónico a estas alturas, tras el fracaso del IMV y con una línea divisoria muy marcada entre quienes no pueden acceder al mercado laboral formal y el resto de la población. Una división que deja fuera a colectivos de personas que desarrollan trabajos que, no olvidemos, se han demostrado esenciales durante el confinamiento.

Así, ¿qué consecuencias tendrá el más que probable aumento del desempleo, o cuando muchas personas que han cobrado prestaciones del Estado hasta el momento pasen a engordar las filas de aquellos colectivos en situación de vulnerabilidad? En esta situación resultará clave, asimismo, la evolución del mercado inmobiliario, en el cual se da una situación extremadamente compleja. Debemos recordar que, para una parte importante de la población, y como complemento a unos salarios que han ido perdiendo valor, el patrimonio inmobiliario ha constituido una importante fuente de renta, cuando no una auténtica tabla de salvación. ¿Cómo se resolverá esta tensión de la cual depende a su vez el aumento de la fractura social? Dicho de otro modo, el cobro de las rentas de una parte depende de la solvencia de la otra, en un contexto de aumento de la pobreza y la precariedad. Las tensiones ya se dejan notar en aspectos como la campaña mediática contra la ocupación, o en cuestiones como la paralización de los desahucios, la regulación de los precios de alquiler o el desarrollo de la futura Ley de Vivienda. Una normativa a la que se oponen los grandes tenedores, quienes, aprovechando su mayor capacidad de agencia, están haciendo valer sus intereses haciéndolos coincidir con una parte importante de la ciudadanía y presionando sobre la parte del Gobierno más sensible a sus demandas.

Las respuestas a estos interrogantes las conoceremos pronto. Felices fiestas y mucha fuerza. La necesitaremos para pelear por nuestros derechos en este año nuevo que en breve comienza.

Economistas sin Fronteras no se identifica necesariamente con la opinión del autor y esta no compromete a ninguna de las organizaciones con las que colabora.

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Publicado el
30 de diciembre de 2020 - 06:00 h

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