Junts, el bolsillo y la patria

Que los ciudadanos se desesperen escuchando los fragmentos de algunas discusiones parlamentarias o televisivas es triste pero lógico. Que un diputado aproveche su intervención en la tribuna de oradores para recordarles a sus compañeros para qué están ahí es más novedoso. Lo hizo este martes el portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, durante el debate sobre la proposición de ley para regular el alquiler de temporada. 

“Los ciudadanos están bastante hartos de ese humo, sobre todo la gente que busca desesperadamente una vivienda y no la encuentra. Porque esa es la principal preocupación de la ciudadanía. Por encima de los debates que llenan de horas esta Cámara. Esa y no otra es la principal preocupación. Y entenderán que toda esa gente, cuando llega este debate y se maneja en ciertos términos, se plantee algo que va en contra de la propia esencia de la democracia y el poder público: Si el poder público no me protege, si no me defiende cuando estoy necesitado, ¿para qué sirve el poder público? Esa es la realidad”, resumió Matute.

El resultado de la votación sirvió para constatar cuál es la realidad a la que se refería el diputado de EH Bildu: La derecha y la extrema derecha tumbaron una propuesta que lo único que pretendía era admitir a trámite un texto que procedía del Sindicato de Inquilinos e Inquilinas. PP, Vox, Junts y UPN prefieren que sus votos sirvan para seguir alimentando la especulación en vez de intentar frenarla. 

Junts había explicado que se abstendría, pero tres minutos antes de la votación anunció al portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, que votarían en contra y por lo tanto tumbarían la propuesta. ¿Qué había cambiado? Que el PNV había confirmado su apoyo a tramitar el texto y por lo tanto iba a prosperar a no ser que los de Puigdemont se alineasen con PP, Vox y UPN. Y es lo que hicieron. No querían que la proposición saliese adelante y de ahí que en el último momento pasasen de la abstención al ‘no’. No hay patria que pueda competir con el patrimonio. No deja de ser paradójico (por no buscar un adjetivo más fuerte) que Junts se manifestase hace solo una semana, con motivo de la Diada, reclamando “el derecho a una vivienda digna y accesible”. 

La oferta de alquiler de temporada en Catalunya representa el 25%. Un porcentaje que en la ciudad de Barcelona ya es del 40%. Cuando Junts se pregunte (si es que se lo cuestiona) por qué cada vez menos jóvenes se declaran independentistas pueden recordar la foto de este martes en el Congreso e igual ahí encuentran una buena explicación. 

Turull intentó justificar en X el cambio de voto apelando a una vulneración de competencias. Un argumento que no se sustenta teniendo en cuenta que cuando en el mes de mayo se debatió en el Parlament una regulación similar también la rechazaron. En ese caso, Junts se situó como ahora junto al resto de la derecha: PP, Vox y Ciudadanos. Por cierto, ese día el PSC se abstuvo y de esta manera decayó el decreto de la Generalitat aprobado hacía un mes para obligar a los propietarios a especificar y acreditar con qué finalidad se alquila la vivienda de temporada. Otro ejemplo de los bandazos que tanto el PSOE como el PSC han ido dando.  

El despropósito de Junts es mayor, si cabe, si se tiene en cuenta que al mismo tiempo que tumbaban el intento de regular los alquileres de temporada, los de Puigdemont promovían el nuevo cambio en el Código Penal para endurecer las penas contra los multirreincidentes, una receta que incluso jueces y abogados advierten que no garantiza ni mucho menos la solución al problema. ¿Para el problema de la vivienda no vale regular pero frente a los hurtos sí? Ambas votaciones, además, eran tan solo el inicio de una tramitación parlamentaria que hubiera permitido escuchar y confrontar argumentos durante semanas.

Ninguna de las dos eran votaciones definitivas, pero Junts ha optado por perpetuar privilegios en materia de vivienda y promover un mayor castigo en materia de seguridad. 

En los dos casos la solución de fondo es, efectivamente, mucho más compleja que un cambio en la ley. Existen amplios consensos en actores de todas las ideologías en que lo primero que hace falta en estas dos carpetas tan sensibles es dinero e inversión pública. Dinero para aumentar de forma sustancial el parque de vivienda social en España para adecuarlo a la media de la UE, y dinero para crear más juzgados para agilizar los procedimientos y rebajar la saturación que sufren. Dinero, protección social y Estado del Bienestar; no demagogias ni soluciones populistas.

P. D. Entre el humo del que se quejaba Matute sí se ha abierto paso una propuesta que con acierto se ha bautizado como ‘el milagro de Unzúe’. El exportero y entrenador navarro avergonzó a los diputados el pasado mes de febrero cuando compareció en el Congreso para reclamar una ley que ayude a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). “Si algo no tenemos los enfermos es tiempo”, explicó Unzúe tras pedir voluntad y un poco de empatía. Su intervención es la que ha agilizado las negociaciones entre los partidos que finalmente han alcanzado un acuerdo para aprobar la ley para la atención integral de estos enfermos. La norma marcará la diferencia entre la desesperación y la dignidad para las 4.000 personas que sufren la crueldad de esta enfermedad mortal.