La mañana de abril en la que el enfermero maya Luis Cauich recibió la llamada de una amiga, pidiéndole que recibiera a su hija en el Hospital Integral de José María Morelos, Quintana Roo, el mundo sabía aún poco sobre el virus SarsCov2 que ya se estaba extendiendo sobre su superficie. Pero Cauich era consciente de la situación: si la joven de 23 años padecía COVID-19, no había esperanza.

Lleno de angustia, Cauich le tomó signos vitales y datos de registro para su expediente: tenía diabetes, inmunosupresión, enfermedad renal, neumonía, EPOC y una discapacidad. Además, era indígena, dato que dejó registrado en el expediente junto con el resto de información sobre su caso.

“Era maya, toda su familia es maya”, narra el enfermero. Dado su estado de salud no había mucho qué hacer. Un día después, el virus le quitó la vida, y su muerte en un hospital se añadió a la base de datos oficial de la Secretaría de Salud federal (SSA) con un fallo: no se informó de que la joven era indígena. La columna que indica que ella se reconocía como mujer indígena fue añadida por la SSA a la base seis meses después de su muerte, el 7 de octubre.

Como este, la dependencia invisibilizó más de 11.000 casos de COVID-19 entre personas pertenecientes a pueblos indígenas (sumando a quienes así se identificaron y a quienes hablan alguna lengua), con fechas de ingreso a hospitales entre enero y octubre de 2020, a pesar de haber contado con este dato desde el inicio de la publicación de la base. Esto revela el seguimiento continuo y análisis de los datos que hoy suman más de 2.800.000 registros de pacientes en centros hospitalarios de todo el país.

“Ahora resulta que una institución nos va a decir si somos indígenas. Si con el apellido basta”, dijo con rabia Cauich, al saber que no había en los datos oficiales registro de la etnicidad de su amiga en junio, a dos meses de su muerte.

La variable omitida hasta octubre, bajo el nombre “INDIGENA” (sic) permite contrastar el número oficial de pacientes indígenas fallecidos por COVID-19 respecto al total de indígenas enfermos, una proporción conocida como letalidad y compararla con la letalidad entre no indígenas.

De las personas registradas como indígenas o hablantes de estas lenguas un 15% murió por el virus desde comienzos de la pandemia, frente al 10% de no indígenas, de acuerdo con un análisis de los datos abiertos de la Secretaría de Salud federal (SSA) realizado para esta investigación. Es decir, la letalidad del COVID-19 para indígenas es 50% mayor que para el resto de la población, tomando en cuenta el promedio nacional. El hecho de que los indígenas tengan una letalidad mayor según los datos oficiales, no fue mencionado en alguna de las conferencias diarias sobre coronavirus, de acuerdo con su registro estenográfico.

La disparidad en letalidad a escala municipal se dispara aún más. Hasta 7 de cada 10 indígenas contagiados murieron en Motul, una comunidad citricultora, ganadera y turística a 40 kilómetros de la capital de Yucatán, frente a 2 de cada 10 no indígenas. Motul es uno de los más de 40 municipios en el país que han registrado fallecimientos de indígenas, donde murieron más de la mitad de los que se encontraban contagiados por COVID-19.

Una omisión de siete meses

El seguimiento a la base de datos, sus registros y variables, permitió observar cómo el 7 de octubre se añadió la columna “INDIGENA” (sic) con una discreta nota en pdf en la que se lee: “Se incluye la variable ‘INDIGENA’, la descripción y su respectivo catálogo”, sin más explicación.

En la entrevista, la SSA argumenta que excluyó esta información durante meses para proteger la privacidad de los pacientes. “Esa variable se encuentra en todos los estudios epidemiológicos. Lo que nosotros debemos hacer siempre es cumplir con la protección de datos para que no puedan ser identificables las personas, porque los datos hablan de una condición de salud. Entonces hacemos la consulta de qué variables sí, y de qué variables no se publican”, respondió Christian Zaragoza, director de información epidemiológica de la SSA.

Pero esta justificación es inconsistente con la práctica de la Secretaría hasta entonces, ya que publicó desde abril, sobre cada paciente, si habla alguna lengua indígena, su edad, sexo, entidad de nacimiento, entidad y municipio de residencia,  si padece diabetes, EPOC, inmunosupresión, asma, o tiene hábito de tabaquismo, entre otros datos. Entonces, no aplicó el mismo criterio de “proteger el dato” sobre ninguna de estas variables. 

Antes la SSA publicaba exclusivamente una columna que especificaba si el paciente ingresado al sistema hospitalario “habla una lengua indígena”.

El universo de hablantes de lenguas indígenas es sustancialmente menor que el de personas que se reconocen como tales. De los alrededor de 21.5 millones de personas indígenas en México solo cerca de 6.5 millones son hablantes de alguna lengua. 

Antes del cambio en la base de datos sólo habían sido reconocidos 18.262 hablantes de alguna lengua con COVID-19. A partir del ajuste el número subió a 27.611, sumando hablantes y personas auto identificadas como indígenas, sin que sea requisito lo primero. Entre marzo y septiembre fueron subregistrados 9.349 casos de indígenas con COVID-19.

El funcionario de SSA, además, reconoció que los datos sobre indígenas que se integran a la base son deficientes. Hasta principios de diciembre existían 3.447 casos de personas registradas como hablantes de alguna lengua indígena que, simultáneamente, están registradas en la categoría no indígena.

Esta combinación de persona que habla cierta lengua pero no es indígena es inusual en México, donde la población no suele aprender las lenguas originarias a menos que se hablen en casa. Además, el 1 de diciembre había 107.768 casos en los que se llenó la columna sobre identidad indígena con “No especificado”.

“Existe un tema que se llama calidad del dato. Esto significa que el dato está mal. Por eso insistimos siempre a las entidades federativas que hagan una revisión correcta de sus bases de datos y soliciten el apoyo para hacer una corrección”, apuntó Zaragoza cuando le preguntamos en octubre sobre esa inconsistencia en los registros. 

Durante los meses que se omitió esta columna de la base pública, la propia SSA elaboró cuatro reportes realizados entre julio y octubre donde se afirmaba que la mayor letalidad sucedía entre esa población, pero solo hizo públicos estos reportes hasta el 16 de octubre.

“Se observa una mayor letalidad comparada con la población en general. La distribución de esta corresponde con las mesorregiones en donde se describe un mayor número de población indígena, tales como la región sureste, centro y noreste, por lo cual, es importante poner mayor atención en estos grupos”, describe el primero publicado el 22 de julio. 

Y la tendencia no ha cambiado. Con los datos oficiales incluidos en octubre es posible dibujar un mapa de cómo el virus ha diezmado a la población originaria: hay registro de casi 2.000 personas que se reconocen como indígenas o hablan una lengua indígena, los cuales murieron por COVID-19 el 1 de diciembre.

Para encontrar los municipios más letales, en esta investigación se tomaron en cuenta aquellos donde habían muerto 10 o más personas indígenas en datos oficiales. Estos son Motul, Yucatán, con un 64%, 15 pacientes de los 23 registrados, murieron; Puente de Ixtla, Morelos, la mitad de los 22 indígenas con COVID-19 fallecieron; Cozumel, Quintana Roo, 48 % con 14 muertes; Acanceh, Yucatán, 44% defunciones, equivalentes a 10 muertes;  Ocosingo, Chiapas, 44% con 23 fallecimientos; y Benito Juárez, Quintana Roo, 34%, equivalente a 59 muertes.  

A nivel de entidad y ajustando por población, las mayores tasas de registros oficiales de muerte indígena están en Oaxaca (205 muertes y .17/100.000 hab), Tlaxcala (11 muertes y .16/100.000 hab.), Hidalgo (113 muertes y .10/100.000 hab.), Morelos (22 muertes, .10 muertes/100.000 hab.), Campeche (45 muertes, .09/100.000 hab.), Veracruz (63 muertes y .09/100.000 hab.), Guerrero (68 muertes, .05/100.000 hab.), Quintana Roo (128 muertes, .05/100.000 hab.) y Yucatán (261 muertes, .05/100.000 hab.). 

Entre estas entidades, los municipios con mayor muerte son Benito Juárez, Quintana Roo (57 muertes en la zona, mejor conocida como Cancún); Mérida, Yucatán (33), y Juchitán, Oaxaca (29).

La SSA no hace pública la información sobre los pueblos indígenas a los que pertenecen los fallecidos, pero en el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún y donde el COVID-19 ha sido más letal para la población indígen, habitan integrantes de los pueblos maya, tseltal, tsotsil, chol y tojolabal.

Las muertes, tasas y el porcentaje de letalidad para cada municipio, tanto indígena como no indígena,  pueden consultarse en este mapa hecho con los datos de la Secretaría de Salud. 

Cifras que no convencen

En conferencia de prensa por la ceremonia de Día de Muertos en Palacio Nacional, el titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, reconoció la muerte de 1.494, excluyendo a las personas hablantes de lenguas indígenas mal registrados como no indígenas.

Esto supone una diferencia de 300 muertes si se contabiliza a hablantes de lenguas originarias que aunque fueron mal registrados, sí hablan lenguas indígenas, y para esa fecha habían sido confirmados como fallecidos por COVID-19. Sin embargo, ambas cifras generan escepticismo entre expertos.

“Es muy poco, y ojalá que así lo fuera”, apuntó Arturo Erdely, doctor en matemáticas y especialista en estadística de la Universidad Nacional Autónoma de México, en referencia a la proporción de indígenas contabilizados respecto del total de muertes en la base de datos. “Ese número de muertes no tiene sentido en México, donde la población indígena es tan alta [21.5%]”. Si uno de cada cinco habitantes del país son indígenas y sólo hay registro de 2.000 muertes,  no le cuadra la subrepresentación.

De las 97.200 muertes registradas en total hasta el 1 de diciembre un 21.5% corresponderían a alrededor de 20.000 fallecimientos indígenas.

“No estoy diciendo que necesariamente deba encontrarse esa cantidad”, explica el matemático, “porque la base de datos gubernamental no es representativa, no es una muestra aleatoria. Pero aún así, lo más lógico es que la gente más pobre estuviera más representada en la estadística de muertes”.

El profesor Erdely propone un ejercicio para estimar una cifra que pueda acercarse más a la realidad, y que se esquematiza así: hay municipios en que la población indígena es muy alta y hay decenas de muertes por COVID-19. Sin embargo, muy pocas de esas muertes están registradas como indígenas. En esos municipios, una cifra más “real” debería aproximarse al porcentaje de población indígena para ese tipo de municipios.

Por ejemplo, un municipio clasificado “indígena” como Halachó, Yucatán, es 99.8% indígena. Pero en los datos de COVID-19 sólo la mitad de las 20 muertes en Halachó están registradas como indígenas. El registro de muertes indígenas debería estar mucho más cerca del total de las muertes (19 o 20 muertes indígenas en un municipio casi 100% indígena sería mucho más creíble). 

“Es mejor ver el municipio de residencia y se clasifican si es municipio indígena o no indígena y hay que hacer un cálculo, contrastar [contra datos oficiales] de esta manera. Si discrepan mucho estos cálculos yo le creería más al tema de municipio de residencia indígena”, explicó el matemático.

Cada municipio tiene cierto porcentaje de población indígena de acuerdo con información censal. Si tiene más de 40% de población indígena se califica como indígena y si tiene menos de ese porcentaje pero más de 5.000 habitantes indígenas se cataloga como “municipio con presencia indígena”. Al replicar el ejercicio de Halachó para todos los municipios clasificados como indígenas y con presencia indígena se obtiene un estimado de 11.622 defunciones indígenas usando el método propuesto por el estadístico, una diferencia de 9.913 con los registros oficiales.

El subregistro de casos totales ha sido la norma en México y, en distintos grados, en todo el mundo. En México la autoridad sanitaria ha dicho que deliberadamente se clasificó a enfermos como positivos por COVID-19 usando exclusivamente resultados de pruebas de laboratorio, que de por sí muestran altos índices de positividad, es decir que son muy escasas. Además, hasta agosto la estrategia federal consideraba muy pocos síntomas como característicos de coronavirus, como reconoció el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatell.

Hasta el 7 de octubre se comenzaron a incorporar en la base de datos algunos de los positivos hallados por métodos distintos a la prueba. Todos estos datos dependen, también, de quienes puedan llegar a un hospital COVID-19.

Otros datos

Mientras omitía la alta letalidad para indígenas de los datos públicos también la omitió en las conferencias verspertinas, el principal órgano de comunicación de gestión de la pandemia del gobierno federal.

En una de las conferencias más recientes dedicadas al tema indígena, el 12 de septiembre, Jose Luis Alomía, director general de epidemiología de la SSA, omitió informar sobre la mayor letalidad, a pesar de que consta en los reportes elaborados por la Secretaría.

“Finalmente, como un tercer componente informativo, vamos a revisar la estadística de la afectación que en su momento se ha dado a la población indígena. Nos lo habían solicitado en algunas de estas conferencias”, dijo entonces Alomía.

Pero en su revisión del tema solamente mencionó el número total de muertes y presentó la estadística de enfermedades concurrentes de las muertes. No comparó la letalidad indígena contra la letalidad no indígena.

En otra exposición, López Gatell usó el estadístico de incidencia (cuántos enferman) y no la letalidad (cuántos mueren de entre quienes enferman) para hablar de población indígena.

“Afortunadamente hasta el momento, la proporción de enfermedad, digamos, la incidencia en poblaciones indígenas es sustancialmente menor que en poblaciones no indígenas”, dijo el funcionario en conferencia de prensa del 20 de julio, dos días antes de la fecha del primer reporte de letalidad que, aunque confirma esa afirmación, también indica que a pesar de ser “pocos” los registros de indígenas fallecidos por COVID-19 respecto de no indígenas, es un 50% más probable para indígenas morir que para no indígenas.

Y aunque el número de casos totales de indígenas fallecidos (incidencia) sí era y sigue siendo menor que el de no indígenas, los funcionarios omitieron que la probabilidad de morir para un indígena contagiado era ya alrededor de 40% mayor que la de una persona no indígena para septiembre, probabilidad que hoy es 50% mayor a nivel nacional, como se ha explicado antes.

Consistentemente, en otras conferencias donde periodistas preguntaron sobre el tema, la secretaría lo evadió ofreciendo cifras convenientes. En la conferencia del 24 de junio, la titular del programa público IMSS-Bienestar, Gisela Lara respondió a dudas usando exclusivamente datos de su programa que atiende a muy pocas personas indígenas respecto del total nacional.

“Si ustedes se fijan, la incidencia por cada 100.000 personas tampoco es cierto de que a los indígenas les va peor, déjenme decirles que no [...] Entonces, no es cierto que están mal atendidos; al contrario, creo que les está yendo mejor, son más cuidados los indígenas, los que se dicen indígenas”, manifestó en la conferencia del 24 de junio la titular del programa público IMSS-Bienestar, Gisela Lara.

Aunque no hay ninguna evidencia de que los cuerpos indígenas sean menos resistentes a la enfermedad, la continua lucha para acceder a las condiciones de una vida digna y plena van desgastando el organismo y contribuyendo a producir las condiciones que son factores de riesgo en muchas enfermedades, de acuerdo con la doctora Leslie Korn, Phd en Medicina del Comportamiento y ex investigadora Fulbright en México.

La COVID-19, según la especialista, opera a través de un conjunto de procesos inflamatorios de diversos órganos, contra los que finalmente el cuerpo puede perder la batalla. Diabetes, cáncer, enfermedad del corazón, incluso la depresión inicia con estrés e inflamación crónicos.

“No olvidemos el efecto de la pobreza y el estrés de la pobreza por no poder llevar alimentos o por no poder pagar tus gastos. También crearán un proceso inflamatorio en el cuerpo”, explicó Korn.

Aquella joven maya, que el enfermero Luis Cauich vio morir en un hospital de Quintana Roo el pasado abril, padecía diabetes, inmunosupresión y enfermedad renal.

La diabetes, que en los años 30 era una “enfermedad de ricos”, hoy afecta a quienes son obligados a optar por alimentación disponible de bajo coste, azúcares y harinas procesadas. Quienes viven con una costante tensión por la discriminación y el racismo terminan padeciendo hipertensión, la mayor comorbilidad entre indígenas de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. Es un círculo vicioso.

La COVID-19 frenó en la frontera sur mexicana la marcha desde Chile de una niña haitiana que había nacido hacía pocos meses. La Nena sobrevivió seis días sin comer –bebiendo solo agua con sal o azúcar– durante una caminata de dos semanas a través de la selva de Colombia y Panamá a finales de 2019. 

La Nena, su madre y su padre permanecen desde enero de 2020 en un limbo causado por la llegada de la pandemia. La travesía comenzó en la desértica ciudad de Arica, en el norte de Chile, en noviembre de 2019, y sigue pausada en la selvática ciudad de Tapachula, Chiapas, a más de 5.000 kilómetros y casi doce meses de distancia.

El caso no es excepcional. Centenares, sino miles, de migrantes haitianos se han convertido en parte del paisaje de Tapachula en estos meses. Se les ha podido ver caminando desde primera hora de la mañana por el centro de la ciudad comercial, principalmente en las inmediaciones del mercado Sebastián Escobar, donde muchos trabajan vendiendo chips de telefonía, frutas y verduras.

También se les podía encontrar en las colonias de la periferia, congregados en lugares con WiFi abierto y dentro de habitaciones donde el alquiler se paga por día, semana o mes, en circunstancias de hacinamiento y precariedad.

En octubre de 2019, un año después de la primera caravana migrante que, nutrida por miles de personas centroamericanas, entró en estampida en México, empezó a crecer la presencia haitiana en la frontera sur. No eran personas solas, sino familias que fueron llegando para integrarse al panorama multicultural que estaba instalado en Tapachula, la segunda ciudad en importancia de Chiapas, la más cercana a Guatemala.  

El efecto de la pandemia

A partir de marzo de 2020, con el azote de la pandemia, el flujo migratorio centroamericano disminuyó notablemente y el paisaje de la ciudad cambió. El regreso de personas guatemaltecas, salvadoreñas y hondureñas a sus países de origen dejó a la vista una numerosa población haitiana en las calles.

Su presencia se notaba al recorrer las calles a principios de agosto, cuando visitamos la ciudad en plena pandemia. Frente al mercado de Tapachula, sentados en el suelo junto a las manualidades, las verduras, ajos y brebajes curativos que tienen a la venta, un grupo de personas haitianas escuchaba reggae cantado en creole. Una de ellas, Katiana Joshef, llegó a decir en su inexperto castellano que ella y sus amigos estaban ahí, llegados desde Chile, porque “el presidente Sebastián Piñera habla mal de Haití”.

Desde el Cono Sur llegó también Julién, un emprendedor haitiano atraído por las noticias sobre la reciente creación de un asentamiento de sus compatriotas en Tapachula que se encontraban esperando la resolución de sus trámites migratorios, y que vio una oportunidad de negocio: a 100 metros del parque central instaló un restaurante que sirve arroz con frijoles, bacalao a la criolla o plátano, pollo y cerdo fritos (o griot, su nombre en la carta), además de una barbería especializada en cabello afrocaribeño. 

“Los haitianos somos inteligentes, hacemos negocios como los chinos”, dice con orgullo el nuevo empresario.

Fermina Rodríguez Velasco, técnica en Integración Social del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFMC), una organización que da atención a la población migrante y refugiada en la frontera sur, explicó que, debido a la COVID-19, la atención humanitaria se ha dado por teléfono. El registro de esas llamadas que lleva la organización, a falta de censo oficial, permite tener una idea aproximada de la cantidad de personas de una u otra nacionalidad que llegan a esta región. A partir de marzo, las llamadas fueron mayoritariamente de personas haitianas.

Son personas que viajaron a pie por rutas escondidas, retomaron los viajes colgados en los techos de trenes, encontraron cerrados los albergues donde se suele ayudar a la población migrante, sobrevivieron a los ataques de pobladores locales que los consideraban transmisores del virus y a la represión por parte de las autoridades migratorias mexicanas.

“A partir de marzo la gran mayoría de demandas de ayuda humanitaria han sido de personas haitianas. No hay posibilidad de saber cuántas han llegado. Hay familias que vienen de Brasil, Panamá o Chile. Vienen con viajes de seis meses encima y en un estado de salud muy precario”, dice por teléfono Fermina Rodríguez.

La historia de La Nena 

Años antes de que naciera La Nena, en septiembre de 2016, su madre, Velnays, trabajaba como encargada de una tienda en Puerto Príncipe, capital de Haití. Ahí sufrió un asalto a mano armada. 

“Yo pasé como seis años trabajando en un negocio. Entraron cuatro ladrones con pistola. Venían a buscar el dinero. Yo tenía la responsabilidad del negocio. Me dijo la persona 'pasa el dinero, pasa el dinero'. Uno dijo 'mátala', otro dijo que no”, recordó en una entrevista realizada el 31 de julio, en la calurosa habitación que compartía con su pareja y su bebé. Mientras hablaba, Velnays resoplaba y sudaba. Su cuarto contaba con poca ventilación y se le notaba visiblemente incómoda debido al calor.

Decidió entregar el dinero y los asaltantes se fueron. La segunda sorpresa de ese día se la dio su jefe.

“El jefe viene y dice '¿cómo pasó el dinero? Usted es igual que las personas (ladrones)'. Llamó a la policía”. Según contó, haciendo un esfuerzo por hablar en español, ella respondió: “¿Cómo igual que el ladrón? Mi vida es importante”.

Velnays relató que su exjefe le respondió: “Tu vida es importante para ti. Para mí, no”. Es un recuerdo que le seguía alterando durante la entrevista, en la habitación ubicada en la zona norte de Tapachula donde vive con su hija y su marido, 

Ese altercado y el terremoto de magnitud 7 en la escala Richter que destruyó al país caribeño en 2010 la hizo ser parte de la diáspora haitiana hacia Chile.

Encontró esa oportunidad cuando Chile envió a sus Fuerzas Armadas como parte de la ayuda humanitaria de la ONU. El vínculo entre los uniformados y la población local pavimentó la preferencia haitiana por viajar a ese país sudamericano además de una legislación antigua (vigente desde la dictadura de Pinochet) que permitía el ingreso sin visa a los ciudadanos de Haití.

En 2016, la diáspora haitiana empezó a sentirse en Chile. Ese año entraron al país 48.783 migrantes provenientes de Haití. Más de los que se habían registrado en los tres años anteriores juntos. En septiembre, Velnays y su pareja Sergoi llegaron a Santiago. Se establecieron en Puente Alto, una comuna periférica de la capital chilena, en un cuarto diminuto.

Al año siguiente, en 2017, el número de haitianos que aterrizaron en Chile fue más del doble: 104.782. Un informe reservado de 2017, que estuvo en las manos de la expresidenta Michelle Bachelet, señalaba que “se aprecia que el incremento extraordinario de los flujos de ciudadanos haitianos ha generado una compleja realidad social que afecta a una proporción importante de ellos”. En esa ocasión, se levantó un requerimiento simple para los ciudadanos haitianos que ingresaran al país: una visa consular, que establece un período máximo de estancia en el país y la identificación de las personas. 

Pese a ello, el flujo de migrantes procedentes de Haití siguió creciendo: para 2018 ya se habían convertido en la tercera comunidad extranjera más grande del país, con 179.338 personas, solo por detrás de venezolanos y peruanos.

Mensajes anti-inmigración

En 2018, Sergoi consiguió trabajo en una oficina del centro de Santiago. Él y Velnays se mudaron a un barrio más céntrico. Según su relato, ese año, en el camino de ida y vuelta al trabajo, vivió dos episodios de discriminación en la calle. Preguntamos, pero se mostró incómodo y no quiso precisar lo ocurrido. De acuerdo al testimonio de Sergoi y Velnays, tras la llegada a la presidencia de Sebastián Piñera en marzo de 2018, los ánimos antiinmigrantes se caldearon. Y ambos empezaron a sentirlo en carne propia. 

En abril de 2018, el gobierno de Piñera ideó un plan para regularizar a los extranjeros con la intención de “ordenar la casa”. Al anunciar el aumento de requisitos para postular a visas, dependiendo del país de procedencia, el presidente aseguró que “la inmigración en Chile está fuera de control”. A partir de entonces, la gente de Haití necesita una visa para ingresar al país, aunque sea por turismo, con un tope de estancia de 30 días. 

Un tercer incidente violento hizo que Sergoi y Velnays decidieran marcharse de Chile: en octubre de 2019, poco tiempo después de nacida La Niña, Sergoi fue asaltado en la calle. Le robaron el teléfono y el dinero. Debido a que era un inmigrante sin papeles, no pudo interponer una denuncia ante los Carabineros, el cuerpo de policía chileno. Hasta ahí llegó su paciencia.

La Nena nació en septiembre de 2019. Su nacimiento está en los registros de algún hospital de Santiago del que sus padres no recuerdan el nombre; su salida de Chile está registrada por la frontera norte de Chacalluta, dos meses después, en noviembre de ese mismo año. Según registros entregados a través de transparencia de la Policía de Investigaciones que se encarga de los pasos fronterizos, como en México lo hace el Instituto Nacional de Migración, 268 personas haitianas cruzaron ese  puesto fronterizo en 2019. Detrás de estas cifras están personas que encarnan una nueva diáspora haitiana, esta vez hacia el norte del continente. 

De acuerdo con el relato de Sergoi, la pareja tenía un dinero ahorrado que usaron para comprar pasajes de avión desde Santiago hasta Arica, la última ciudad del norte de Chile. Desde ahí, en noviembre de 2019, avanzaron hacia la línea fronteriza en contraflujo de los migrantes colombianos que llegan caminando de manera clandestina por parajes desérticos no autorizados, donde aún hay una cantidad indeterminada de minas antipersonales colocadas por el régimen de Augusto Pinochet a finales de los años 70.  

El muro de los lamentos

En Tacna, la ciudad más austral de Perú, llegaron a la terminal de buses, ubicada junto a una pequeña plaza conocida entre la población local como “el muro de los lamentos” porque ahí deambulan personas en tránsito que fueron rechazadas en la frontera.

Sergoi, Velnays y La Niña siguieron en un viaje de 20 horas en autobús hacia Lima. Desde la capital peruana tomaron otro bus hacia la frontera con Ecuador, aproximadamente 20 horas más. Después entraron a Colombia para seguir hasta el norte y, finalmente, enfrentarse al Tapón del Darién, el tramo selvático que corta la carretera Panamericana y es imposible de cruzar a bordo de un vehículo. Un lugar extremadamente peligroso, controlado por grupos armados.

Contrataron a alguien que los guiara. Pagaron 40 dólares por persona, incluyendo a La Nena.

“Pasamos 14 días caminando con la niña. Seis días sin nada para comer, ¡nada, nada! La niña tenía dos meses. Tomaba agua con poquito de sal y un poquito de azúcar. Mucha lluvia, mucha agua siempre. Muchas personas se fueron al río en Colombia para Panamá”, recuerda Sergoi de ese viaje. 

Con un precario castellano, pues su idioma natal es creole, su relato se construye con palabras como “mafia”, “pistola”. Frases como “quitaban teléfono”, “tienen muchos hombres y quitaban plata” o “mucho problema con haitiano, todo es muy complicado”.

Velnays también tiene vívido el recuerdo de la falta de alimento para su bebé. “Fui para la selva. Pasé 14 días caminando. Es muy difícil. Seis días no comí nada. Solamente agua, ¡solamente agua! No tenía leche, pañales, nada, nada, nada”, nos dijo. 

Un nuevo país, una nueva normalidad

Tras cruzar en buses Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, la familia llegó a México. El 23 de enero de 2020 quedaron varados en Tapachula, con La Nena sufriendo un intenso cuadro de urticaria, cuando las autoridades mexicanas los confinaron en la Estación Migratoria Siglo XXI durante 23 días. Al salir, a mediados de febrero, el coronavirus ya había llegado a México y el mundo había cambiado. 

Realizaron la solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda al Migrante (COMAR). A la fecha su caso está aún en trámite. A inicios de octubre, esta comisión publicó que en lo que va del año 4.241 personas de Haití habían iniciado ese mismo trámite, el segundo grupo más numeroso solo por detrás de los migrantes provenientes de Honduras.

Velnays y Sergoi consiguieron el apoyo económico de la ACNUR por tres meses, lo que les ayudó a mudarse a una cuartería donde viven más personas haitianas, en una colonia dormitorio, que se vacía durante el día porque los trabajos esenciales no paran, y quienes se quedan ocupan la calle porque el calor es imposible. Los tres se instalaron en una habitación pequeña, de aproximadamente tres por seis metros, sin cama ni baño.

De acuerdo con Fermina Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el retraso en la resolución de trámites de la COMAR ha sido determinante para que personas que tenían planes de salir, cuando mucho, seis meses después de su llegada, establecieran su residencia en Tapachula. 

En esa interminable espera se vencieron los plazos de los apoyos de la ACNUR. A la tragedia se sumó la crisis económica consecuencia de la pandemia. Con la caída económica de la zona, el alquiler de los cuartos se convirtió en una preocupación para muchos. Familias enteras de migrantes haitianos comenzaron a compartir habitaciones para dividir gastos. Las personas que trabajaban en negocios como restaurantes, fondas o tiendas, quedaron en la calle.

El 24 de agosto murió un joven haitiano de 25 años llamado Demosthene Herold. Tenía síntomas de COVID-19 y, de acuerdo con sus compañeros de vivienda, llevaba varios días sin comer. Su cuerpo fue sacado a la calle para ser recogido por las autoridades. 

Desde que en abril se les acabó el apoyo de la ACNUR, ni Sergoi ni Velnays han hallado trabajo fijo. 

-¿Cómo vivieron la llegada de la pandemia?

-Pues vivo así -dijo Sergoi y señaló el interior de su precaria y sofocante vivienda-. No tengo nada para vivir por aquí.

En cuanto consigan su permiso de libre tránsito, planean recorrer por autobús los 3.919 kilómetros que los separa de Tijuana, donde está “La pequeña Haití”, un asentamiento creado en 2016 cuando migrantes provenientes de ese país quedaron varados a menos de tres kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Hoy viven ahí más de 20.000 personas procedentes del Caribe.  

De momento, la bebé haitiana que sobrevivió a los peligros de Tapón del Darién, y a la incomodidad, la fatiga y el hambre en el camino, está “más o menos”, según el reporte de su madre. Come bien y toma mucha leche, aunque también se fastidia a ratos por el intenso calor selvático de Chiapas. En algún punto de su viaje aprendió a caminar y, al igual que su madre y su padre, está sobreviviendo como puede a la pandemia y a los duros desafíos de la ruta migrante. 

Matías Jara, de CIPER, contribuyó con la investigación desde Chile; y en fotografía, Ángeles Mariscal, de Chiapas Paralelo.

Rodrigo Soberanes es un periodista mexicano que vive en el estado de Veracruz. Su trabajo se centra en coberturas y reportajes sobre migración y desplazamiento forzado dentro y fuera de México. Se ha especializado en coberturas de comunidades indígenas sobre violencia y territorio, así como en temas sociales y ambientales. 

Javier García es fotógrafo y videorreportero desde 1994. En 2007, fundó el Colectivo Audiovisual “Sacbé Producciones”, enfocado en la producción de cortometrajes y documentales sobre migración y temas sociales en México. En 2016 dirigió el premiado documental La cocina de Las Patronas, sobre la comunidad de mujeres que asisten a migrantes centroamericanos en Amatlán de Los Reyes, Veracruz.

Quinto Elemento Lab es un laboratorio de investigación e innovación periodística con sede en México. Este reportaje forma parte de la serie de cinco partes “Migrar bajo las reglas del COVID-19” que puedes leer aquí.

“Vengo de El Salvador y caminé mucho”. Así se presentó Óscar Rivas*, un campesino de 53 años que inició su marcha en invierno de 2019 y recibió la primavera de 2020 en México en plena pandemia. Después de caminar sobre vías del tren, terracerías, carreteras y potreros a más de 1.200 kilómetros de casa y dormir al aire libre sobre piedras, procurando evitar el contacto con otras personas.

Rivas dejó su casa de San Salvador el 24 de diciembre de 2019, tenía entonces 52 años. Antes de emprender la ruta migratoria había intentado vivir del trabajo en el campo, en la construcción y en la guerra, como soldado combatiente durante el conflicto civil de su país. 

Al inicio, el viaje fue veloz. A los cinco días de paso rápido por Guatemala dejó atrás el Triángulo Norte de Centroamérica. Podía viajar en transporte público sin temor a que lo detuvieran. Los primeros casos positivos de COVID-19 estaban en el otro lado del mundo, en Asia y Europa. Durante esos días recorrió casi 500 kilómetros sin sobresaltos.

Esa forma de viajar se terminó en cuanto cruzó el río Suchiate y entró a México por Ciudad Hidalgo, Chiapas. En territorio mexicano el Instituto Nacional de Migración (INM), apoyado por la policía federal y a veces por el ejército, dificulta el tránsito de personas como él, en circunstancias de migración forzada. Las detienen, confinan y deportan. 

Óscar Rivas nos contó su historia al final de su travesía desde un punto de la ruta migratoria donde finalmente encontró un techo y pudo quedarse un tiempo para recuperarse. “Reforzaron los puestos de seguridad de migración, la Guardia Nacional. Todo eso se les dificulta a las personas para avanzar. Entonces uno tiene que hacer el esfuerzo sea como sea”, afirmó Óscar, quien estaba sorprendido por el aumento en la vigilancia que percibió hacia personas viajando sin documentos. No era novato, ya una vez antes había intentado emigrar.

Las carreteras no eran opción, entonces buscó las vías del tren, no para subirse a un vagón -en su viaje previo, durante 2019, presenció un asalto con disparos y desbandada de migrantes hacia el monte- sino para seguir a pie la ruta regular del migrante: las vías del ferrocarril. 

Inició su marcha para llegar a Villa Comaltitlán, a 98 kilómetros de la frontera donde vivía una familia conocida. “Tenía una mochila, no traía unos buenos zapatos, venía enhuarachado”, explica Óscar. Estaba en plena travesía sin dinero y únicamente con una muda de ropa como equipaje. Tardó tres días en llegar. 

Es un tramo de la vía del tren a un costado de la Sierra Madre, atravesando ríos y riachuelos que se abren paso desde las montañas hacia el mar. A su derecha, encontraba las montañas coronadas con nubes o neblina; hacia la izquierda, un paisaje extendido hacia la playa. 

Era mediados de marzo de 2020 y la pandemia estaba en marcha. La Organización Mundial de la Salud no tardaría en declarar emergencia internacional por la propagación de la COVID-19, con casi 8.000 contagios y 170 muertes en China. Mientras tanto, en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informaba sobre el inicio del proceso de preparación de la estrategia para combatir el nuevo coronavirus.

Comer iguanas, dormir a la intemperie

Óscar se internó por tramos de selva mediana y baja con parajes de manglares, lagunas costeras y esteros. A su alrededor tenía una vasta cantidad de fauna conformada por especies de aves endémicas y migratorias, incluso, por el jaguar. De ahí en adelante, las condiciones naturales del camino, junto con su capacidad de supervivencia aprendida en el ejército salvadoreño, le dieron la posibilidad de sobrevivir durante su travesía, que sucedió en su mayoría alejada de lugares poblados. Esa fue su “distancia de seguridad”. 

Cuando Óscar estaba en la guerra, en las montañas de El Salvador, había días en que el helicóptero que llevaba el alimento, no llegaba. Por eso comía animales asados y hierbas del monte hervidas con sal.

“Si traigo con qué matarme un pajarito, lo cocino y me lo como. Por ahí abundan muchas iguanas. Me hacía una lumbre y ya, me las comía asadas en una estaca. Con el hambre todo sabe bueno. Esto fue cuando ya me quedé sin dinero”, relató tres meses después del fin de su travesía.

Años atrás, durante la guerra, en las ocasiones en que el helicóptero no llegaba, hacía caminatas de hasta 15 días y llegó a pasar, según contó, hasta tres meses “durmiendo en el monte”. 

Para dormir, tanto en el conflicto armado como en su travesía por el sur de México, en medio de la pandemia, buscaba un descampado donde no hubiera demasiadas piedras amontonadas u otros recovecos que pudieran ser guaridas de animales. Por el mismo motivo, evitaba quedarse bajo los árboles. Pequeñas planicies con hierba crecida alrededor eran el lugar ideal. 

El mejor horario para descansar era antes de que comenzara a oscurecer, alrededor de las cinco y media de la tarde, porque así podía controlar mejor sus condiciones de seguridad. Normalmente, a las cuatro de la mañana ya estaba en marcha sobre las vías.

En una ocasión durante la guerra, contó, se separó de su pelotón cerca de un poblado, dejó su zona de seguridad porque olió tortillas recién hechas. Cuando volvió con ellas, sus superiores lo castigaron por haber pasado por alto una táctica del enemigo, que envenenaba soldados luego de atraerlos de forma parecida a como Óscar fue atraído por el aroma a maíz recién cocinado. Fue así como aprendió a no salirse de su zona de seguridad.

-¿Utilizaste esa enseñanza para no exponerte a autoridades y pobladores durante tu viaje?

-¡Exactamente! Exactamente...  

Llegó a principios de enero a Villa Comaltitlán, Chiapas, un caluroso y pequeño municipio costeño de actividad cañera y comercial, donde trabajó dos meses en la construcción. Decidió quedarse ese tiempo porque se enteró del avance de la COVID-19 y de las dificultades que enfrentaban otros migrantes para seguir su camino.

“Escuché las noticias y estaban diciendo de eso. Venía una caravana que no la dejaron pasar por lo mismo, me quedé mientras dos meses trabajando”, explicó. 

Albergues cerrados por la pandemia

El 30 de enero, se instaló el Comité Nacional para Seguridad en Salud, una instancia creada para atender la emergencia sanitaria. El 28 de febrero, México registró su primer caso positivo por COVID-19. Óscar empezó su camino de nuevo a pie a inicios de marzo y el mundo ya era otro. No encontró albergues para migrantes donde poder dormir, asearse y descansar. Estaban cerrados debido a la contingencia.

Siguió su camino por las vías, que tienen un trazo paralelo a la carretera donde, de haber sido una persona con papeles, podría viajar sin el riesgo de ser asegurado por el INM en uno de los nueve puestos de control que hay entre Tapachula y el límite de Chiapas con Oaxaca. 

“Había muchos puestos [de control migratorio] y tenía que venir sacándoles la vuelta”, recordó el salvadoreño. Humedales, potreros y terracerías iban quedando atrás mientras transcurría su marcha, paso a paso, hacia el norte del continente.

Después de más de 50 kilómetros de marcha, pasó por Mapastepec, donde en 2018 se ubicó un campo de 3.500 refugiados de la primera caravana migrante. Una parte de ellos fueron reubicados antes de la pandemia en un centro de detención instalado en Tuxtla Gutiérrez. Para Óscar, a estas alturas, tras recorrer unos 450 kilómetros, el calzado ya era un problema. Necesitaba zapatos nuevos. 

Óscar siguió su marcha apartado de los puestos de control migratorio, que ejercían la vigilancia con mayor intensidad a raíz de la emergencia por la COVID-19.

Caminó por las vías, alimentándose de iguanas y comida que conseguía de manera esporádica en algún caserío, aseándose en los ríos y durmiendo en recovecos descampados, a merced de la lluvia y los zancudos. 

“Cuando me agarraba la noche buscaba en el monte, y para bañarme, los ríos. Es que por Chiapas y parte de Oaxaca hay muchos ríos. Traigo mi jabón y mi pasta de dientes. Lavaba mi ropa porque sólo traía dos cambios”, contó.

Era, en parte, como estar en la guerra. Así que esa experiencia, que le dejó una lesión de bala en la parte izquierda del tórax, le sirvió para realizar una marcha de aproximadamente 870 kilómetros por parajes deshabitados, esquivando ciudades y poblados donde los casos positivos del coronavirus iban creciendo junto con el rechazo a la presencia de migrantes, quienes eran percibidos entre los pobladores como vectores de contagio. 

“Lo que aprendí ahí [en la guerra] nunca se me olvida y siempre lo pongo en práctica para bien porque tengo entrenamiento en sobrevivencia y eso me ayuda mucho. Dormíamos en el monte todos mojados, salíamos al lodo. Eran los zancudos y todo eso”, recordó.

Las vías lo llevaron a Arriaga, Chiapas, una población que en los últimos años ha sido un lugar importante en la ruta migratoria. Al llegar ahí, Óscar ya se encontraba a más de 700 kilómetros de casa.

Una parada clave en la ruta migratoria, desierta

Durante décadas, a Arriaga llegaban miles de migrantes cada semana después de una peligrosa caminata desde Tapachula. Había hoteles y posadas para migrantes, tiendas con comida típica de diversas regiones, oficinas de las embajadas de El Salvador y Honduras. Toda una economía local alrededor del fenómeno migratorio. Desde que en 2005 el huracán Stan inhabilitó el paso de los vagones en el tramo que une Guatemala con la frontera del lado mexicano, es ahí, en Arriaga, donde comienza el viaje en tren para los migrantes.

El albergue de Arriaga, con cupo para unas 100 personas, suele estar siempre rebasado, pero sigue cerrado hasta hoy. Nadie contesta el teléfono. La pintura blanca de su fachada luce vieja y descuidada, al igual que sus puertas rojas de lámina, que entre las rendijas dejan ver hierbas crecidas y superficies empolvadas en el interior. Un lugar abandonado. 

Las fuerzas, sus huaraches y sus habilidades de supervivencia le alcanzaron a Óscar para salir de Chiapas y llegar a Chahuites, Oaxaca. En este punto, tras 324 kilómetros de viaje dentro de  territorio mexicano, está el peor recuerdo de su travesía: las ampollas y el sangrado de los pies. En la guerra nunca le faltó el calzado, en la ruta migratoria, sí.

“Lo más difícil de todo el viaje fueron las ampollas, llegué a Chahuites sangrando de los dedos y los talones”, contó. En Chahuites, trabajó dos semanas y compró unas botas de trabajo negras, con suela gruesa, nuevas, que le costaron 450 pesos, unos veinte dólares americanos. Las conserva. Están impregnadas de polvo de cemento y aún las utiliza.

En ese tramo de su viaje, según relató, ya había perdido la cuenta de los días. La cuenta que no se le escapa es la del número de personas migrantes que vio en esa parte del camino, ocho exactamente.

Estaba a 405 kilómetros de distancia del que, sin saberlo aún, sería su destino: el albergue veracruzano de Las Patronas. Pero antes de llegar a Veracruz pasaría por Oaxaca. La Jornada de Sana Distancia en México por el COVID-19, que empezó el 23 de marzo, ya estaba en marcha.

870 kilómetros después

En la comunidad de La Patrona, municipio de Amatlán, en el centro de Veracruz, el grupo de mujeres que desde hace 25 años da alimentos y brinda albergue a la población migrante, conocido como Las Patronas, ya notaba el cambio en las dinámicas de la ruta migratoria. 

Había preocupación y confusión entre los grupos que se encargan de la ayuda humanitaria en las rutas migratorias. Norma Romero, líder de Las Patronas, entendió, gracias a la información que llegaba desde el sur a través de sus contactos, que la situación de los migrantes se había complicado aún más.

“De por sí mucha gente ya había discriminado al migrante porque decían que la mayor parte de las enfermedades que se habían visto eran enfermedades que ellos traían. Después decían que venían a robar el trabajo. Ya habían antecedentes en contra de migrantes, luego con la pandemia, la militarización vino a ocasionar más problemas y ponerlos más en riesgo”, dijo Romero entrevistada en el comedor de Las Patronas, a finales de julio.

Allá en la ruta migratoria de donde llegaban noticias a Las Patronas, estaba Óscar caminado hacia Ixtepec, Oaxaca, en la cintura de la República, donde visitó el albergue Hermanos en el Camino, del famoso padre Alejandro Solalinde, en busca de descanso. Pero, igual que el de Arriaga, lo encontró cerrado.

“En Ixtepec me quise quedar pero nomás estuve tres horas y me vine en la noche”, dijo. 

Hermanos en el Camino tiene una puerta al costado de la vía férrea y otra -la principal- en una calle paralela. Ambos sitios suelen tener un intenso tránsito de personas que entran y salen. Es una presencia migrante que se extiende hacia las vías, donde están los vagones, y hacia el centro de Ixtepec. A finales de julio, cuando lo visitamos, no había nadie afuera.   

61 kilómetros a pie en una noche

Cuando Óscar pasó por ahí cuatro meses antes de nuestra llegada, vio a una treintena de personas migrantes en las inmediaciones del albergue que, como él, no pudieron entrar. No interactuó con ellas, arrancó en la oscuridad y amaneció en Matías Romero, lo que significa que atravesó 61 kilómetros de camino sobre las vías en una noche.

Mientras tanto, Norma Romero, líder de Las Patronas, escuchaba  penurias de boca de migrantes y llamadas preocupadas de otras personas defensoras de Derechos Humanos que dan ayuda humanitaria en la ruta migratoria. 

“Algunos [migrantes] nos decían que llegaban en autobús, algunos nos decían que no tenían dinero y llegaban caminando. Está el cierre de los albergues, que afecta mucho, en el cansancio, la comida, el aseo personal”, dijo cuando la encontramos. 

En épocas normales, a lo largo del trayecto desde la frontera hasta Las Patronas, en el camino recorrido por Óscar, las y los migrantes encuentran por lo menos seis albergues en donde, en otras circunstancias habría encontrado refugio. Pero en ese momento estaban completamente cerrados o sólo ofrecían alimentos y medicina fuera de sus instalaciones.

Las Patronas, contra el cierre de los albergues

A Norma Romero le inquietaba el cierre de los albergues. “No vimos bien esa idea de que se cerraran los albergues. Si queremos saber cuántos migrantes vienen contagiados, ¿cómo vamos a enterarnos?”, explicó, sentada en una mesa vacía del comedor, ya entrada la noche.  Para ella, esas medidas sólo invisibilizaron la travesía migrante empujándola a rutas más peligrosas,y descontroló la ayuda humanitaria.

Es el caso de Óscar, quien recorrió rutas peligrosas y en ningún momento recibió ayuda humanitaria.

Su relato sobre el resto del viaje es breve. Desde Oaxaca enfiló rumbo a Veracruz y pasó, por ejemplo, por la comunidad de Medias Aguas, un pequeño poblado del que se oye hablar hasta Centroamérica por su fama de peligroso.

Visitamos esa comunidad con una comitiva de la Cruz Roja para constatar las circunstancias de la población en tránsito que, como Óscar, pasa por ahí ya sea caminando o sobre el tren. En una esquina de la comunidad, el conductor frenó, dijo que no podíamos seguir porque estábamos entrando a territorio controlado por la delincuencia y giró de inmediato hacia la entrada del pueblo. 

El siguiente punto de parada en la ruta migratoria es Tierra Blanca, a 218 kilómetros. Ahí -que es otro lugar insigne de la ruta por la cantidad de migrantes que llegan ahí desde hace décadas- Óscar pasó de largo. El albergue estaba cerrado por la COVID y sólo se ofrecía comida en la puerta. 

El campesino y exmilitar dejó esas tierras calientes y siguió camino hacia las montañas del centro de Veracruz donde, algún día de abril, en algún paraje surcado por vías del tren, encontró a un grupo de cuatro personas que se habían ido juntando en el camino. A uno de ellos -recordó- “lo había correteado la Guardia Nacional y por eso se había ido a las vías”. 

Después encontró un inmenso ingenio azucarero con un poblado construido a su alrededor, llamado Motzorongo, un lugar entre montañas al que se llega por las vías o por una vieja carretera desgastada por los vehículos de carga.

Había completado 431 kilómetros de marcha a pie desde Ixtepec esquivando a la pandemia y puestos de control. Un viaje de 870 kilómetros en total desde que salió de la frontera sur de México.

Según contó Óscar, trabajadores del ferrocarril le hablaron de Las Patronas, famosas por alimentar diariamente a migrantes que cruzan colgados de los techos de los trenes desde hace 25 años, y se ofrecieron a llevarlo en una camioneta adaptada que rueda sobre las vías en labores de reparación. Terminó su viaje a pie. 

Pasó por una enorme estatua de Cristo que, en tiempos anteriores a la pandemia levantaba el ánimo a las multitudes migrantes que viajaban por ahí en trenes, se acercó al pie de la Sierra de Zongolica por parajes exuberantes, zonas de ductos y robo de combustible y emblema de la pobreza. Recorrió 45 kilómetros más en un suspiro. Le dijeron que preguntara por Norma Romero.  

En un momento de abril, cuya fecha exacta escapa a su memoria, la travesía terminó: Las Patronas lo recibieron con arroz, frijoles y pan; hospedaje y cuidados médicos. Veracruz estaba en fase roja por la COVID-19. Óscar hizo dos cosas: se curó los pies maltratados y mandó a arreglar sus botas negras para ir a trabajar a un campo cañero.

La primavera le alcanzó para reunir un dinero y, a partir de ahí, ya con 53 años, cumplidos el 20 de junio, seguir su viaje en transporte hacia el centro de México. Ahora ya está donde quería.

*El nombre de Oscar Rivas fue cambiado a solicitud suya para proteger su identidad.

Rodrigo Soberanes es un periodista mexicano que vive en el estado de Veracruz. Su trabajo se centra en coberturas y reportajes sobre migración y desplazamiento forzado dentro y fuera de México. Se ha especializado en coberturas de comunidades indígenas sobre violencia y territorio, así como en temas sociales y ambientales. 

Javier García es fotógrafo y videorreportero desde 1994. En 2007, fundó el Colectivo Audiovisual “Sacbé Producciones”, enfocado en la producción de cortometrajes y documentales sobre migración y temas sociales en México. En 2016 dirigió el premiado documental La cocina de Las Patronas, sobre la comunidad de mujeres que asisten a migrantes centroamericanos en Amatlán de Los Reyes, Veracruz.

 Quinto Elemento Lab es un laboratorio de investigación e innovación periodística con sede en México. Este reportaje forma parte de la serie de cinco partes “Migrar bajo las reglas del covid” que puedes leer aquí.

Durante el primer semestre de 2020, 1.500 millones de niños y adolescentes en el mundo se quedaron en casa por el cierre de las escuelas debido a la pandemia, según la UNESCO. En México casi 31 millones de niños vieron interrumpidas sus clases, sus juegos, los paseos en bicicleta y las travesuras con amigos a la salida de la escuela. 

Mientras sus padres y madres ganan menos o se enferman o batallan para conservar el empleo, los chicos, lejos de la escuela y de sus amigos, están confundidos y ansiosos. Antes de la llegada del coronavirus, uno de cada cinco niños mexicanos ya batallaba contra la pobreza. Las cifras tras la pandemia prometen ser peores.

Mientras tanto, la COVID-19 amenaza también el bienestar psicológico de los niños. Si bien la salud mental infantil no es un tema prioritario en la agenda noticiosa, los expertos empiezan a encender la alarma. Christian Skoog, representante de UNICEF en México, califica la situación de “muy preocupante” y coloca el foco en “la tensión debido a las circunstancias excepcionales con menos ingresos en el hogar, que generan un futuro incierto, muchas personas en un espacio pequeño, no poder ver amigos”. 

La educación a distancia, la solución sacada del sombrero para que los niños no pierdan el año escolar, plantea retos particulares en un país donde solo el 52.9% de los hogares cuentan con conexión a Internet. Un país donde, además, buena parte de los estudiantes que se alimentaban con las seis millones de raciones de comidas escolares que se reparten todos los días en las escuelas deben encontrar la forma de no quedarse con el estómago vacío.

De la austeridad de la laguna de Alvarado en Veracruz a los elegantes departamentos en Polanco en Ciudad de México, de los niños que debieron salir a trabajar a la calle con sus padres y madres a los niños que tuvieron que quedarse solos en casa. Paliar la ansiedad, la incertidumbre y la angustia ha sido un reto nuevo para todos. La Secretaría de Educación Pública (SEP) fue la gran ausente. En la primera mitad del año, su programa “Aprende en casa” llegó por canales de televisión que no tenían cobertura nacional, los horarios mezclaban preescolar y primaria durante tres horas, los maestros tuvieron que utilizar las herramientas que ellos mismos encontraron para sobrellevar la educación a distancia. 

Por supuesto, esta no es la película completa. Es apenas una serie de instantáneas de las múltiples infancias de los distintos Méxicos y del desafío que han debido enfrentar en circunstancias excepcionales. Y que, con casi toda seguridad, seguirán enfrentando en los próximos meses, durante el nuevo curso escolar.

“¿Podríamos hablar de algo más que no sea coronavirus, por favor? Me da miedo”, dijo Sarah Mac Gillivray Corpi, de 7 años, un día en la mesa familiar. A principios de la pandemia, su bisabuela murió por COVID y Sarah se dio cuenta de lo peligroso que era el virus, aunque no entendía que se trata de una amenaza microscópica. 

Llegó en enero a México, después de dejar a sus amigos en Costa Rica, antes en Perú, donde pasó los últimos años debido a las constantes mudanzas del trabajo de su papá. Por culpa de los calendarios escolares en la Ciudad de México había adelantado curso, no dejaba de sentirse la niña nueva de la clase. “Siento que la cuarentena ha durado 100 años”, dice Sarah, quien pese a volver a su país natal, aún no consigue reencontrarse con él, ni visitar a sus abuelos en San Luis Potosí por la pandemia. Le falta el colegio, los juegos, hacer nuevos amigos; al final extraña a los de aquí y a los de allá.

Cuando no está en el ordenador de mamá siguiendo las clases por Padlet, hace sesiones de Yoga por Zoom, se disfraza de robot y construye castillos en su cuarto, pero el encierro y la escuela a distancia le han sido difíciles y a ratos dolorosos. En casa solo está con adultos. Según un estudio de Save the Children, el 65% de los niños a nivel mundial están sufriendo por el aburrimiento y aislamiento producto de la pandemia. Uno de cada cuatro, está experimentando ansiedad. Cuando Sarah ya no puede más, hace alguna rabieta y llora abrazando en su cuarto a Lima, su perro adoptado. “¿Esto es un COVID?” le pregunta asustada a su papá, confundiendo una semilla verde y espinuda de un árbol liquidambar a un par de cuadras de su casa.

Brian Zamudio, de 18 años, y Sara Chavez, de 11, viven en un México excepcional: habitan en el 1% del país que no cuenta con electricidad. Como ellos hay un millón y medio de personas que no pueden encender un foco para leer cuando se pone el sol, ni enchufar el teléfono si se queda sin batería. Ambos viven en una casa a orillas de los ríos Papaloapan y Blanco que desembocan en la Laguna de Alvarado. Se encuentran aislados de la vida citadina y del propio virus. En sus casas cocinan con leña, al igual que el 11% de los hogares mexicanos, y, excepto por teléfonos muy sencillos con pocas funciones y que rara vez tienen señal, ninguno de los dos cuenta con aparatos como tableta, ordenador o impresora, que les faciliten seguir cursos a distancia.

Cargar la batería del teléfono para mandar tareas es ya un trabajo en sí. “Cargamos con placas solares y cuando ya tiene un poco uno pasa en un bote al otro lado del río para buscar señal y así mandar mis tareas”, relata Brian, quien sueña con ganar una beca del gobierno y poder ser biólogo marino.

Para poder continuar su educación vía WhatsApp, Sara tenía que navegar entre los brazos del río Limón y los manglares cerca de la laguna Alvarado en busca de señal. Solo así podía hacer llamadas, mandar tareas o resolver dudas con la maestra. El esfuerzo de aprender sin ir a clases también ha sido psicológico. “Los primeros días solo me dormía y me despertaba a ver la tele”, cuenta. Sara estudia sexto año de primaria y espera algún día ser abogada.

Itzel, de 10 años, Zuria, de 5, y Adhara Martínez, de 3, tuvieron mucho miedo cuando empezó la pandemia. Su padre tuvo que aislarse un mes pensando que en su último viaje se había contagiado de COVID y la única comunicación que tenían era por videollamada. Itzel dice que “se siente estresada sin poder salir a ningún lado. Además, cada vez hay más casos en Ciudad de México y da mucho miedo perder a alguien que quieres”.

La familia no es ajena al trauma y la tensión. En 2013, el crimen organizado los marcó cuando tres miembros de su familia formaron parte de las miles de personas desaparecidas en México. Y a las niñas sus padres les hablan con la verdad. Ellas saben que un tío enfermó de COVID; que hay otros vecinos que ya perdieron la batalla contra el virus; que, aunque la plaza esté llena ellas solo pueden ir a ver a los abuelos usando mascarillas y sin acercarse mucho. 

Cuando juegan en la azotea las dos más pequeñas preguntan si algún día podrán volver a salir. Por suerte, la creatividad de su padre, quien también las fotografía, las lleva siempre a soñar. Gracias a un proyector y Netflix, se imaginan que podrán ser astronautas y huir a otros mundos.

La graduación de preparatoria de Brisa Francisco Rojas, de 17 años, fue distinta de lo habitual. No hubo vestidos, ni idas al maquillador, ni enormes fiestas. Transcurrió, como buena parte de su último año escolar, en una pantalla de 15 pulgadas. 

Brisa vive en una comunidad rural llamada Jalpilla, municipio de Axtla de Terrazas, y desde ahí llevó sus clases por WhatsApp, recibía los ejercicios de estadística, las lecturas de la clase de filosofía y los deberes de todas sus asignaturas, una ventaja con la que no contaron muchos de sus compañeros, que no tienen Internet en casa. Para quitarse la ansiedad, Brisa pasó la cuarentena cosechando piñas y plátanos en el terreno que tiene la familia y viendo recetas en YouTube para hacer sus platillos favoritos. Adelina, la madre de Brisa, es una maestra rural indígena, bilingüe, que a principios de la pandemia iba de casa en casa en las comunidades nahuas y teenek dejándoles a sus alumnos las tareas hasta que se lo prohibieron para evitar contagios. 

Al igual que Brisa, Daniela Aguilar Sánches, de 18, quien vive en otro poblado de Axtla, culminó el último año de bachillerato a través de la pantalla. Recibía clases, deberes y demás mensajes vía WhatsApp y la plataforma Classroom de Google, aunque dice que algunos profesores no sabían usarla y les costó aprender a comunicarse y enseñarles por ahí. Cuando le tocó graduarse del Bachillerato Técnico en Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, hizo una diminuta reunión familiar y vivió la ceremonia a través de un proyector que ampliaba la imagen en la pared de su casa. Brisa y Daniela postularon al competido examen de medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en Ciudad Valles.

Desde que se suspendieron las clases, Briana Villafuerte Caltzontzi, de 6 años, tuvo que acompañar a su madre, Diana, al trabajo en un puesto de periódicos en el centro histórico de Querétaro. Sin peatones en la ciudad bajaron las ventas de revistas, periódicos, chicles, chocolates e imágenes religiosas de Jesucristo Misericordioso. Como mucho, ahora ganan 200 pesos al día, no llegan ni a la mitad de sus ganancias anteriores, y hay que restar los 56 del transporte, donde pasan dos horas yendo al trabajo y dos horas volviendo a casa. 

Briana y su madre compensaron la falta de clases con juegos y deberes que se inventaban utilizando la mercancía que no se vendía: un ejercicio de memoria desplegable con ojos de animales, un ejercicio de origami para la motricidad que se encontraron en una revista, otro de atención visual donde tenía que encontrar personajes en una plantilla. Para trabajar la caligrafía, su madre la ponía a copiar titulares de periódico. Los esfuerzos dieron fruto. Briana ya está en primaria pese a no haber tenido Internet ni un celular para conectarse con sus maestros. 

El cuadernillo que tenía que completar le llegó más tarde porque no tenían un teléfono conectado a Internet. Briana y su madre forman parte del 29,9% de la población mexicana mayor de 6 años que no cuenta con acceso a la red. Llamaron a su tía para que ella lo recibiera por WhatsApp y así Briana pudo cumplir el requisito para graduarse. Cuando lo consiguió, ella, su madre y su tía festejaron en el puesto de periódico, desde donde se conectaron a la ceremonia de graduación. Fue a través de Zoom con el teléfono de su prima y lo que más le conmovió fue volver a ver a su maestra.

Ariadna Rojas García, de 10, es una alumna muy responsable y creativa. Su madre Jessica, secretaria, y su padre Raúl, técnico eléctrico, han hecho malabares para no ser de los 1,1 millones de mexicanos con empleos formales que se han quedado sin trabajo durante la pandemia hasta julio. Siempre preocupados por el bienestar de sus dos hijos, utilizaron unas cámaras que ya tenían instaladas en casa cuando tuvieron que dejarlos solos. Ariadna y Arturo, gemelos, seguían clases a distancia por las clases genéricas que veían en televisión y las tareas a través de WhatsApp, pero al final, el programa que marcaban las autoridades escolares hacía más complicado el trabajo para los niños. “Me paraba todos los días a las 7:00 para ver la clase de mi hermano. A las 10:00 veía la mía y después esperar a que diera la 1:00 para ver la última parte”, explica Ari que ayudaba también a su hermano a hacer sus tareas.

Cuando su maestra Aleida se dio cuenta que los niños necesitaban clases personalizadas para poder seguir el año escolar, dejaron el programa de “Aprende en Casa” a través de la televisión.  

A pesar de que la pandemia significó extender su horario y trabajar de 8 de la mañana a 9 de la noche, cuando Aleida veía el compromiso de niños y padres por mandar sus tareas, se sentía reconfortada. “Dejé de ser sólo la maestra en el aula, pude meterme de manera virtual a sus casas, porque me mandaban fotos y audios en su cotidianidad. Fue una experiencia íntima”, explica.

Sus días en cuarentena se van en preparar y dar las clases a distancia, hablar con padres y alumnos por WhatsApp, revisar tareas, además de cuidar a sus nietos Iker y Kenia, los hijos de su hijo que falleció hace años. Termina exhausta y muy estresada, por lo que empezó clases de yoga en línea.

Este reportaje forma parte de la serie COVID-19 en México, producida por Quinto Elemento Lab.

Fotos: Trasluz Photo

Texto: Stephania Corpi