La noche del 3 de febrero el hospital de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Lankien, Sudán del Sur, fue alcanzado por un ataque aéreo de las fuerzas gubernamentales. El almacén principal quedó destruido y perdimos la mayor parte de los suministros esenciales. El hospital, del que habíamos compartido las coordenadas GPS con el Gobierno y las partes en conflicto, había sido evacuado y los pacientes dados de alta horas antes, después de que recibiéramos información sobre un posible ataque contra la ciudad. Éramos el único proveedor de servicios sanitarios que atendía a unas 250.000 personas en Lankien y Pieri donde uno de nuestros centros de salud fue saqueado casi al mismo tiempo. Estos ataques suponen que las comunidades locales se quedarán sin asistencia sanitaria.

El caso del hospital de Lankien está lejos de ser esporádico. Dirijamos la mirada al vecino del norte, a Sudán, asolado por un conflicto caracterizado por una flagrante falta de respeto por la ayuda humanitaria y la asistencia médica. En 2025, fue el país con más víctimas mortales entre personal sanitario y pacientes: 1.620. Cuando cayó Al Fasher (Darfur) tras más de 500 días de asedio de las Fuerzas de Apoyo Rápido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó del asesinato de al menos 460 pacientes y acompañantes en el Hospital Materno Saudí de la ciudad. 

Los ataques contra el personal sanitario y humanitario se han convertido en la nueva normalidad. En 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la OMS informó de 1.348 ataques contra instalaciones médicas que causaron la muerte de 1.981 trabajadores médicos, humanitarios y pacientes. Esto supuso un aumento dramático de las muertes, que duplicaron las 944 de 2024. 

Tendencias alarmantes

Palestina y Sudán ilustran tres tendencias alarmantes recogidas en el informe de MSF La atención médica, en el punto de mira: un desprecio creciente del derecho internacional humanitario por parte de las partes beligerantes, entre ellas, los Estados, el impacto desproporcionado en el personal local, y los ataques contra el transporte médico y humanitario (incluidas ambulancias y vehículos de suministro).  

Una vuelta de tuerca de la narrativa que justifica estos ataques es el salto del ‘error’ a la ‘pérdida de protección’ que les otorga el derecho internacional humanitario, bajo acusaciones de colaboración con el enemigo. Créanme cuando les digo que no hay nadie más interesado en preservar la estricta neutralidad de nuestras instalaciones y actividades que nosotros. Nos jugamos la vida en ello. Y la de nuestros pacientes. Pese a ello, en Gaza, Ucrania, Sudán y otros contextos, las acusaciones son recurrentes contra las agencias de Naciones Unidas y las ONG humanitarias. 

En Palestina, el número de trabajadores humanitarios asesinados supera al de cualquier otro país desde 1997, año en que la AWSD comenzó a recopilar datos

Como hemos visto en el caso de Lankien, los ataques contra las instalaciones y servicios médicos y el personal de salud ya sean deliberados o resultado de acciones militares indiscriminadas o de errores, privan a la población civil de un servicio esencial cuando sus necesidades son extraordinarias. 

Los Estados, detrás de la mayoría de los ataques

En 2023 y 2024, Israel fue responsable de los niveles más altos de violencia contra las misiones médicas y humanitarias. Según la OMS, al menos el 53% de los ataques y el 67% de las muertes de personal médico en esos años se produjeron en Palestina y Líbano, donde se atribuye a las fuerzas israelíes la inmensa mayoría de los ataques.

El personal local soporta la peor parte. Entre 2021 y 2025, los trabajadores contratados localmente representaron el 98% de los asesinados, según la Base de Datos sobre la Seguridad del Personal Humanitario (AWSD). 

En Palestina, el número de trabajadores humanitarios asesinados supera al de cualquier otro país desde 1997, año en que la AWSD comenzó a recopilar datos. Esto confirma a Palestina como uno de los epicentros de la violencia contra el personal humanitario (el otro es Sudán) con niveles de agresión sin precedentes, especialmente contra los trabajadores palestinos, que representan el 98% de las víctimas mortales. 

El derecho internacional humanitario establece que los heridos y los enfermos deben ser protegidos y atendidos, y proporciona protección subsidiaria a los transportes sanitarios. Sin embargo, los desplazamientos son cada vez más peligrosos. Según la AWSD, entre 2014 y 2020, 967 trabajadores humanitarios fueron atacados (muertos, heridos o secuestrados) en “la carretera”. En el periodo posterior, más corto, 2021-2025, aumentaron los ataques hasta los 1.057 trabajadores humanitarios. 

La impunidad es el elefante en la habitación. Los Estados, los principales responsables del 81% de los ataques en 2024 según la Coalición para la Salvaguarda de la Salud en los Conflictos armados, no los investigan adecuadamente ni exigen responsabilidades. Su reacción es pura hipocresía y una muestra de doble moral de buena parte de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Todo ello, casi diez años después de la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que condenaba y pedía el fin de los ataques. 

El derecho internacional humanitario prohíbe atacar instalaciones médicas y exige salvaguardar su capacidad y la del personal médico para prestar servicios vitales. La erosión de estas normas tiene consecuencias peligrosas también para los civiles. En Gaza resulta más que evidente. Israel ha exhibido una impunidad total posibilitada por aliados que juraron “respetar y hacer respetar” el mismo derecho internacional humanitario que agoniza con cada ataque a lugares que hasta hace poco se reclamaban como protegidos. 

Más de 100 Estados han rubricado su apoyo a Declaración sobre la protección del personal humanitario y reconocen la necesidad de revertir estas “tendencias mortíferas”. Si no se toman medidas decisivas, las normas fundamentales de la acción humanitaria, la atención médica y la protección de los civiles seguirán desmoronándose.

El pasado 25 de julio, mi compañero Javid Abdelmoneim, responsable médico en Gaza, entró en la sala de urgencias del Hospital Nasser (Jan Yunis) para revisar que no quedase allí ningún paciente. Detrás de una cortina, había una niña sola, muriéndose. No había nadie. Aún respiraba, pero la habían dejado morir porque en Gaza el sistema no da abasto. Y ese es el resultado: una niña de ocho años que muere sola en una camilla de urgencias.

No es un episodio aislado. Hay cientos de ellos cada día. Ver morir a familiares, recibir amenazas y tener que huir a la fuerza. Exactamente, 310 millones de personas necesitan asistencia y protección humanitaria hoy en el mundo, un 3,6% de la población. De ellas, más de 258 millones padecen inseguridad alimentaria aguda y 1 de cada 73 se encuentra en situación de desplazamiento forzado debido a conflictos, factores económicos o el cambio climático.

Los conflictos son cada vez más y con consecuencias devastadoras para la población. Según el Institute for Economics and Peace, se ha alcanzado el pico más alto de conflictos desde la II Guerra Mundial, con 56 guerras y 92 países involucrados. Sudán, tras el golpe de Estado en abril de 2023, y la guerra de Israel contra Gaza son, entre otros, escenarios terribles de violencia con números imparables de víctimas civiles. Sudán sufre la mayor crisis actual de desplazamiento forzado del mundo. Y en Gaza, el número de muertos asciende a más de 40.000.  

La acción humanitaria es más necesaria que nunca, pero nos enfrentamos a graves problemas de fondo para llevarla a cabo. El primero, la falta de financiación. Según Naciones Unidas, en 2023 solo se cubrió un tercio de los 57.000 millones de dólares necesarios, el peor déficit en años. Esto se concreta en una realidad aplastante: nuestros equipos en República Democrática del Congo, Chad, Níger, Afganistán o Burkina Faso, entre otros, ven cada día menos actores y recursos humanitarios.  

El bloqueo para acceder a las poblaciones es el segundo gran problema y una constante en nuestro trabajo: trabas administrativas, burocráticas, o directamente negativas en firme a que trabajemos. En ocasiones, porque somos testigos incómodos de lo que ocurre. En otras, simplemente, en el caos del conflicto, la acción humanitaria no es la prioridad para las partes enfrentadas. 

Sudán es un claro ejemplo de ello. El país concentra el 40% de las personas que necesitan ayuda humanitaria en África oriental y meridional, y ha experimentado un brusco aumento de las necesidades, pasando de 16 millones de personas en necesidad de ayuda humanitaria en 2023 a los 30 millones de este año. El pasado 4 de agosto lanzamos un mensaje desesperado: MSF disponemos de alimentos terapéuticos para tratar solo durante dos semanas más a niños con desnutrición en el campo de desplazados de Zamzam. Mientras, tres de nuestros camiones llenos de suministros médicos, incluidos alimentos terapéuticos, llevaban más de un mes bloqueados en la ciudad de Kabkabiya por las Fuerzas de Apoyo Rápido.

A la falta de financiación y los problemas de acceso, se suma un tercer factor: somos testigos de cómo el derecho internacional humanitario es pisoteado una y otra vez. Los ataques contra civiles, instalaciones sanitarias y trabajadores humanitarios son recurrentes. En lo que va de año, y según la OMS, se han producido más de 710 ataques a instalaciones, bienes y personal sanitario en 13 países. Es más, en las dos últimas décadas, tal y como indica Naciones Unidas, el número total de personal humanitario fallecido o herido se ha quintuplicado. El personal nacional se llevó la peor parte, copando el 86% del total. 

Es intolerable. Como venimos repitiendo en la campaña #NuestraLíneaRoja: destruir un hospital, el último reducto de humanidad en un conflicto, no hace más que aumentar el número de muertes privando a los pacientes de atención sanitaria.  

Se criminaliza a la acción humanitaria porque denunciamos violaciones del derecho internacional humanitario, pero también porque operamos en zonas controladas por grupos armados no estatales o regímenes bajo algún tipo de régimen de sanciones. Sucede lo mismo con poblaciones enteras por el simple hecho de estar bajo el control de esos grupos o regímenes, como el caso de Afganistán. 

La Resolución 2664 de la ONU busca mitigar esos efectos negativos, asegurando que las sanciones no interfieran con las actividades humanitarias y el bienestar de la población. Es un avance crucial para proteger a las poblaciones y la acción humanitaria. En diciembre de este año, el Consejo de la Unión Europea debe renovar su adopción, pero esto dependerá de cada Estado, pues cada uno debe transponerla a la legislación nacional. El lunes es el día Mundial de la Asistencia Humanitaria, pedimos a todos los Estados miembros, y en especial a España, que la adopten. En medio de tantas sombras, sigue habiendo ocasiones donde la acción humanitaria se puede reforzar. Y esta es una de ellas.

Imagina que eres una persona infectada por el VIH en un país en vías de desarrollo. Has tenido complicaciones durante meses, pero desde que estás en tratamiento antirretroviral has recuperado una vida normal y saludable, sin riesgo de transmitir el virus a tu pareja o a tus hijos. Mientras tomas tus pastillas todos los días, llevas una vida normal: trabajo, amor e hijos.

Llega la COVID-19 y la pandemia complica que el tratamiento. Tu centro de salud cierra, el personal sanitario está enfermo o ausente, el suministro de medicamentos se vuelve irregular. El confinamiento dificulta los movimientos. El transporte a la ciudad está suspendido. Cada vez te quedan menos pastillas y te preocupas. Las vas racionando, tomas una cada dos días, o pides prestadas a algún paciente que conoces o acudes al mercado donde encuentras antirretrovirales muchos más caros. Aun así, al final, puede que tengas que interrumpir el tratamiento.   

Si vives en un contexto de bajos recursos, tu salud y tu vida dependerán de los donantes internacionales y, en particular, del Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria. En muchos países, este fondo es la principal, y a menudo, la única fuente de financiación para la prevención y el tratamiento de las personas que se enfrentan a estas tres enfermedades.

El próximo 21 de septiembre se espera que los países anuncien su compromiso de financiación para el Fondo Mundial. Esta organización ha calculado que se necesitan como mínimo 18.000 millones de dólares para el periodo 2024-2026, lo que implica un aumento del 29% de las contribuciones con respecto a la última conferencia de reposición de recursos en 2019. Alcanzar este objetivo determinará en gran medida lo que se puede hacer en la lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria. También determinará en qué medida será posible paliar y recuperar las pérdidas causadas por la crisis de la COVID-19.  

Muchos países donantes están tardando en comprometerse y muchos no consiguen ir más allá de sus aportaciones de hace tres o seis años. La vacilación de los países donantes hace improbable que se alcance el objetivo mínimo de la reposición de esos 18.000 millones de dólares. Han llegado anuncios positivos de Estados Unidos (6.000 millones), Alemania (1.300 millones) y Japón (más de 1.000 millones). Los tres han aumentado su aportación en un 30%, pero aún faltan los anuncios de muchos otros países de renta alta.

Un déficit de los donantes europeos, en particular, tendría un efecto doblemente negativo, ya que reduciría proporcionalmente el compromiso de Estados Unidos, que está limitado a un máximo de un tercio del total. 

Es el caso de España, que aún no ha hecho público si se comprometerá y en qué grado. En 2019, España retomó su compromiso con la salud global y volvió al Fondo Mundial. Es imprescindible que este compromiso sea reforzado en la próxima conferencia de donantes de este 20 y 21 de septiembre.

Su aportación no debería ser inferior a 129 millones de euros, para incluir el incremento mínimo que solicita el Fondo Mundial, y debería apuntar a un monto óptimo de 180 millones de euros que reflejara nuestra trayectoria y nos acercara al nivel de los países de nuestro entorno. Y así se lo hemos pedido al Gobierno español.

El precio de los recortes

Los equipos de Médicos Sin Fronteras (MSF) no necesitan imaginar. En varios países ya ven las consecuencias del déficit de financiación. Describen las lagunas que existen hoy en día en la atención esencial y los dilemas imposibles que se plantean: ¿a quién hay que dejar sin tratamiento o qué servicios hay que racionar?

MSF ha realizado una evaluación en siete países que muestra que la lucha está lejos de terminar. La pandemia y las crisis económicas y sociales concurrentes han agravado los problemas existentes y amenazan los avances logrados en los últimos años. Las consecuencias para las personas que viven con las tres enfermedades son dramáticas: se reduce la cobertura y se ralentiza el despliegue de la prevención y el tratamiento y los países, presionados por el déficit de financiación, quitan prioridad a intervenciones esenciales, hacen concesiones en la calidad de la atención y retrasan importantes innovaciones.

Los equipos de MSF han visto la reducción de los programas de VIH para mujeres embarazadas y sus bebés nonatos y los dirigidos a grupos vulnerables. También han sido testigo de la eliminación de elementos claves, como las pruebas para determinar el nivel de virus en la sangre, los medicamentos para tratar a las personas con infecciones oportunistas y complicaciones relacionadas con el sida, y la atención pediátrica adaptada a la tuberculosis. 

En el ámbito global, la falta de progresos y los retrocesos muestran la pérdida de lo ganado en los años anteriores. En 2020 fallecieron 1,5 millones de personas por tuberculosis ascendiendo, por primera vez en más de diez años las muertes a causa de esta enfermedad. 9,5 millones de personas que viven con el VIH no reciben tratamiento; una de cada tres que buscan iniciarlo ya muestran signos de enfermedad avanzada, lo que les sitúa en un alto riesgo de muerte. El número de personas que padecen malaria ha aumentado un 12% situándose en los niveles de 2015. 

En el discurso mundial sobre la preparación y la respuesta a las pandemias, la atención se centra sobre todo en los futuros brotes de enfermedades emergentes con riesgo para los países de renta alta. Se presta poca atención a las necesidades de las personas debido a pandemias actuales como el VIH, la tuberculosis y la malaria. Si la reposición del Fondo Mundial se queda corta, es muy difícil dar credibilidad a esta narrativa. 

Si España y los países europeos no contribuyen, el Fondo Mundial se verá doblemente distorsionado: no se alcanzará el mínimo y este déficit reducirá proporcionalmente la contribución de Estados Unidos. Un déficit que conlleva, por tanto, un doble riesgo, o una doble responsabilidad. 

Raquel González es responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras.

La Comisión Europea ha presentado el esperado nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE, inicialmente previsto para febrero de 2020, que pretende establecer un nuevo marco común para la gestión de la migración en Europa. El documento reconoce que el sistema actual ya no funciona. Y que, durante los últimos cinco años, la Unión Europea no ha sido capaz de arreglarlo. Por tanto, parece necesario superar el actual estancamiento y dar con soluciones comunes a un desafío europeo.

El Pacto era una oportunidad para que Europa decidiera optar por una política migratoria que garantizara la protección adecuada a las miles de personas que llegan al continente buscando seguridad. Era una oportunidad para garantizar los derechos humanos y asegurar condiciones dignas a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo que solo buscan seguridad en nuestros países. El hecho de que un alto porcentaje de estas personas no consigan que Europa reconozca su derecho a una protección legal, basada en la Convención de Ginebra para los refugiados, no debería traducirse en que todas ellas sean olvidadas en campos de contención en condiciones infrahumanas, como hemos constatado en Lesbos y Samos los últimos años.

Resulta decepcionante el resultado de un Pacto cuyos arquitectos ni siquiera pueden argumentar que se ha diseñado “en caliente”. Y hay mucha hipocresía en anunciar este pacto como uno más humano, cuando en la práctica continúa elevando los muros de las fronteras en lugar de ofrecer protección. Es decepcionante comprobar cómo el Pacto constituye un eslabón más en la cadena de anuncios y promesas incumplidas de los últimos años. Los datos nos dicen que no hay una crisis migratoria alguna en Europa: lo que hay es una crisis de acogida, un fallo estructural de la gestión de las políticas de migración y asilo en la UE. El número de personas que han llegado a Europa a través del Mediterráneo ha descendido vertiginosamente desde 2015 debido al blindaje de las fronteras y la externalización de las mismas a terceros países como Libia y Turquía. Aquel año llegaron más de un millón de personas por mar procedentes fundamentalmente del éxodo que provocó la guerra civil en Siria; en 2016, la cifra descendió un 64% debido a la firma en marzo del acuerdo de la UE con Turquía, quien actúo de muro de contención de la migración hacia la UE. La cifra ha ido disminuyendo hasta las 46.000 personas que han llegado por mar en 2020, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Es una cifra que no tiene comparación con la de 2015.

El Pacto era una oportunidad para que no se hiciera un simple ajuste de la normativa vigente, que ha transformado nuestra política de acogida en un infierno para los solicitantes de asilo. Este nuevo Pacto podría haber implicado un profundo cambio de mentalidad, dejar de lado de una vez por todas las políticas de contención y disuasión, y apostar por una Europa más humana. Lamentablemente, no ha sido así.

El documento propone el llamado “Mecanismo de Solidaridad” a la carta, que no obliga a los países miembros a acoger a las personas, sino que pueden elegir el tipo de apoyo que brindan a la gestión migratoria. Simplificando, las cuotas de asilo no se aplicarán de manera uniforme en la UE y el sistema de asilo solo funcionará de forma reducida: los países pueden acoger a refugiados y migrantes, por lo que recibirán apoyo financiero de la Comisión Europea, o bien encargarse de la deportación de los solicitantes de asilo que no hayan sido aceptados. Hemos pasado de cuotas de acogida a cuotas de retorno. La devolución de las personas es una de las piedras angulares del Pacto, por lo que se refuerza también la colaboración con terceros países. Se fortalece de nuevo la seguridad en las fronteras exteriores, con la creación de un cuerpo permanente y más robusto de Guardia Fronteriza, cuyo despliegue está previsto a partir del 1 de enero de 2021, y con la figura de un nuevo Coordinador de Retorno de la UE.

Se acentúa también el control de los procedimientos en frontera para la identificación de personas que llegan sin permiso o provenientes de un rescate en el mar: por primera vez incluye un examen previo a la entrada que abarca su identificación y posterior clasificación, con el objetivo de acelerar la deportación de quienes no obtengan protección internacional.

En cuanto a las operaciones de rescate y salvamento en el Mediterráneo, de momento hay pocas certezas, pero sí una mención muy específica al refuerzo de la seguridad y el control a través de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas), que debería proporcionar un mayor apoyo operativo y técnico. No se menciona el vergonzoso campo de Moria en este pacto, ni el nuevo asentamiento donde, tras el incendio de Moria, trasladaron a 9.000 personas en condicionas igual de lamentables; pero la UE se compromete a reasentar entre los Estados miembros a 29.500 personas hasta 2022. Es destacable recordar que el acuerdo europeo de septiembre de 2015, que pretendía reubicar y reasentar a 180.000 de los refugiados que llegaron a Grecia e Italia en dos años, nunca se cumplió.

Hace apenas unos días, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se expresaba en estos términos en el Debate del Estado de la UE: “Tenemos la convicción de que cada ser humano posee una dignidad solemne a la que no se puede tocar, sin importar el lugar del que venga esa persona”. “Adoptaremos un enfoque humano y humanitario”, dijo.

A la retórica de las palabras nobles se enfrenta, como en un espejo deformante, la crudeza de los hechos que vemos cada día en nuestro trabajo: seres humanos despojados de su dignidad que no encuentran ni un atisbo de protección en el viejo continente. Dignidad que se niega a las personas atrapadas en condiciones infrahumanas en los campos de contención en las islas griegas; a las personas atrapadas en el mar, pues apenas existen operaciones de rescate y salvamento en el Mediterráneo central, porque continúa el hostigamiento y la criminalización de nuestro trabajo; a las personas bloqueadas en infames centros de detención en Libia, un país que a todas luces no ofrece garantías de ningún tipo.

La construcción de esta ‘Europa fortaleza’ continúa, cuando lo que necesitamos es una Europa más humana. Necesitamos la evacuación inmediata de las islas griegas, una gestión humana y respetuosa con el derecho de asilo y la aceptación de las operaciones de rescate en mar. No necesitamos más muros físicos y burocráticos.