El pasado mes de abril la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, en tres votaciones separadas, aprobó paquetes de ayuda a Ucrania, Israel y a la región del Indo-Pacífico (Taiwan, pero no sólo). La ayuda militar a Ucrania se ha convertido en un elemento de disputa política relevante, con una parte del Partido Republicano paralizando durante meses la tramitación de la ley. La ley de ayuda a Israel fue aprobada con 366 votos a favor y 58 en contra; la ley de ayuda a Ucrania con 311 a favor y 112 en contra; la ley referente al Indo-Pacífico con 385 a favor y 34 en contra. Los resultados, aunque ampliamente favorables, fueron diferentes porque en la ley sobre Israel 21 Republicanos y 37 Demócratas se opusieron; en la ley sobre el Indo-Pacífico ningún Demócrata votó ‘No’ pero 34 Republicanos se opusieron; mientras que en la más controvertida ley sobre Ucrania ningún Demócrata se opuso pero 112 representantes del Partido Republicano votaron ‘No’ a una ley que incluía ayuda militar crucial para la defensa ucraniana.

Dejando a un lado la relevante variación en la actuación de los representantes conservadores y de derecha radical, el voto diferente de los representantes del Partido Demócrata según el país destinatario de la ayuda es también interesante. La oposición de una parte de los Demócratas a la ley sobre ayuda a Israel era previsible. Como, en cambio, también lo era su apoyo a la ley de ayuda militar a Ucrania. Y esto es especialmente interesante porque entre esos Demócratas de la Cámara de Representantes que apoyaron la ayuda militar a Ucrania se encuentran algunos/as que no dudaríamos en calificar como de izquierda o incluso de izquierda radical (por ejemplo, Bowman, Ocasio-Cortez, Omar, o Tlaib).

En contraste, entre la izquierda radical en los países de la Unión Europea (y de otras partes del mundo) podemos encontrar una considerable variación de posiciones sobre la ayuda militar a Ucrania que no encontramos en el unánime apoyo de esos Representantes de izquierda radical estadounidense. La izquierda radical europea ha condenado la invasión rusa de Ucrania, pero presenta una diversidad considerable en sus discursos sobre Rusia, sobre Ucrania, o sobre las actuaciones a implementar ante la invasión rusa, que se manifiestan igualmente en el voto de sus representantes en las cámaras legislativas. Un rango de diversidad que puede quedar ilustrado, por ejemplo, por el apoyo de la izquierda radical finlandesa a la entrada de su país en la OTAN tras la invasión rusa (cuando la Alianza de Izquierdas era parte del gobierno de coalición liderado por los socialdemócratas) y, en sentido opuesto, la continuada oposición de Podemos, IU y el PCE a que España envíe ayuda militar a Ucrania. Las posiciones de estos partidos no son irrelevantes puesto que se trata de actores con un apoyo significativo, que han ocupado y ocupan posiciones de gobierno en varios países de la UE, y la invasión rusa de Ucrania es una de las cuestiones más importantes de la política europea.

En este artículo vamos a aproximarnos a la descripción y medición de esa variación en las posiciones hacia Rusia y Ucrania de la izquierda radical europea. No pretendemos aportar ‘otro maldito artículo más sobre la izquierda y Ucrania’ (imitando, con perdón, el título de una de las novelas del columnista de este medio Isaac Rosa). La invasión rusa de Ucrania de 2022 ha generado ya múltiples artículos que señalan las implicaciones morales de la negativa de ciertos partidos de izquierda radical a apoyar a Ucrania, las consecuencias funestas para Ucrania si se siguiera esa política de no-intervención, las contradicciones desde una perspectiva anti-imperialista de no armar a Ucrania; artículos, en definitiva, que piden, más o menos directamente y diríamos que con poco éxito, que esos partidos de izquierda radical reconsideren su posición. Éstos no son nuestros propósitos. Las posiciones de los partidos tienen implicaciones morales y políticas, pero no las abordamos aquí, y tampoco pretendemos influir en sus orientaciones. En un momento en que las posiciones que se adopten hacia el régimen de Putin son especialmente trascendentales, en que las orientaciones de la derecha radical han sido observadas con atención dada la manifiesta cercanía de algunas de estas formaciones con Rusia, nuestro objetivo es clarificar qué ocurre con la también relevante izquierda radical europea.

Por un lado, se podría esperar que la izquierda radical europea, auto-definida por su anti-imperialismo, adoptara una posición no sólo condenatoria de Rusia y de Putin (algo que ha hecho), sino también favorable a Ucrania, favorable a ayudar al actor más débil y vulnerable, que experimenta una agresión de un régimen con vocación neo-imperial, una invasión total, y sufre de modo cotidiano crímenes de guerra. Pero, por otro lado, basta un somero conocimiento de las posiciones de la izquierda radical europea sobre Rusia y Ucrania previas a la invasión de 2022 para anticipar que su respuesta es probable que no sea esa, ni que sea homogénea.

Antes de la invasión rusa de 2022 Ucrania sufrió ya una invasión y agresión del régimen de Putin en 2014 que culminó con la anexión rusa de Crimea y con la guerra en el Donbas. Desde 2014 no ha sido raro encontrar en algunos de los partidos de la izquierda radical europea (pero no en todos, y esto es importante) una interpretación de lo ocurrido en Ucrania desde entonces que, además de ser muy esquemática, se asemeja mucho al relato que hacía el propio régimen de Putin de la política ucraniana y de su intervención. Así, algunos políticos de la izquierda radical europea han descrito y describen las movilizaciones que llevaron al reemplazo del presidente ucraniano Yanukóvich en 2014 como un resultado de la influencia extranjera y como un golpe de estado, el conflicto Rusia-Ucrania como algo alimentado por la interferencia occidental, y a los gobiernos ucranianos como títeres de Estados Unidos o la UE y dominados por la ultraderecha o por ‘nazis’. A partir de ese relato es esperable una escasa asertividad hacia Putin pero también cierta diversidad en las posiciones de los partidos de la izquierda radical europea no sólo antes sino también después de la invasión rusa de 2022. ¿Ha sido así?

En un reciente artículo académico analizamos las posiciones de los partidos de izquierda radical en la UE hacia Rusia atendiendo no ya a sus palabras sino al voto de sus eurodiputados en el Parlamento Europeo, antes de la invasión rusa de Ucrania en 2022 e inmediatamente después. Lo que hacemos es medir el nivel de asertividad de estos partidos hacia Rusia usando como indicador el voto de sus eurodiputados en las iniciativas presentadas en el Parlamento Europeo relacionadas con Rusia (con sus actuaciones, con sus políticas, con su intervención en Ucrania) y con la posición que debiera adoptar la UE hacia el régimen de Putin. Los resultados de este análisis se pueden resumir en cuatro grandes conclusiones.

Primero, la posición media sobre Rusia de los partidos de izquierda radical y del grupo parlamentario de la izquierda radical en el Parlamento Europeo antes de la invasión rusa de Ucrania de 2022 era desde luego muy poco asertiva. Eso podría esperarse a partir de ciertos discursos de la izquierda radical sobre la actitud de la UE hacia Rusia, el papel de la OTAN y Estados Unidos, y las versiones del anti-imperialismo que asumen algunos de estos partidos. Pero lo que encontramos en nuestro análisis, y no resulta tan esperable, que esa posición de escasa asertividad hacia el régimen de Putin era incluso menos asertiva que la de otros grupos parlamentarios con partidos euroescépticos y de derecha radical (como el grupo Identidad y Democracia).

Segundo, la invasión rusa de Ucrania de 2022 transforma de modo muy significativo la posición de la izquierda radical. La izquierda radical pasa de una posición muy poco asertiva, como media, a una posición mucho más asertiva que, sin llegar a la que mantienen el grupo socialdemócrata y el grupo verde, la aleja de su disposición previa. Tras la invasión rusa la izquierda radical adopta finalmente una posición más crítica con Rusia y, así, supera en asertividad media al grupo ultraderechista de Identidad y Democracia, por ejemplo.

Tercero, y muy importante, la posición hacia Rusia de la izquierda radical era relativamente heterogénea antes de la invasión de 2022 y lo sigue siendo tras ella. Antes de la invasión de 2022 el rango de posiciones incluía algunas muy críticas y asertivas hacia Rusia en partidos nórdicos, como la Alianza Rojiverde danesa, en niveles comparables a los de otros partidos progresistas socialdemócratas y verdes, y posiciones en absoluto asertivas, como las Partido Comunista de Grecia. Tras la invasión de 2022 la familia de partidos de izquierda radical incrementó ligeramente su diversidad interna, con la izquierda radical nórdica y escandinava de nuevo en posiciones más críticas hacia Rusia y los comunistas griegos y portugueses en posiciones escasamente asertivas.

Cuarto, esa variedad de las posiciones de la izquierda radical hacia Rusia antes y después de su invasión de Ucrania de 2022 parece mostrar cierta pauta. Con la prudencia a la que obliga el número de partidos observados, parece que la asertividad hacia Rusia tras su invasión de Ucrania de 2022 aumentó en todos los partidos pero más entre partidos de izquierda radical asociados a una versión ideológicamente más innovadora, de nueva izquierda radical, y aumentó menos entre partidos de izquierda radical comunistas o más tradicionales ideológicamente. Así, esta misma pauta parece repetirse cuando se observa el nivel de asertividad hacia Rusia tras 2022: los partidos de nueva izquierda radical suelen ser más asertivos, los partidos de izquierda radical ideológicamente más tradicionales o comunistas suelen ser menos asertivos.

Otros factores que pueden influir en la asertividad de los partidos, como la posición geoestratégica de su país, no pueden analizarse bien con la muestra de casos de la izquierda radical en el Parlamento Europeo. El efecto de que un partido esté en el gobierno o en la oposición no conduce a conclusiones claras con esta muestra de partidos: la izquierda radical finlandesa es muy asertiva hacia Rusia, y lo fue mientras estuvo en el gobierno; Podemos y el PCE-IU no son asertivos a pesar de que incrementaron su asertividad tras la invasión de 2022 estando en el gobierno.

Y esto enlaza con una última nota sobre el caso español con la que concluimos este artículo. En la izquierda radical española antes y después de la invasión rusa de 2022 se han producido referencias al ‘golpe de estado del Maidan’ como origen de la actual guerra, a amenazas occidentales a Rusia como su factor causal clave, a la expansión de la OTAN como explicación central de la invasión rusa de 2022, a la actual guerra como una guerra ‘proxy’ entre la OTAN y Rusia, a Ucrania como un actor carente de agencia en el conflicto, a la asistencia militar a Ucrania como una política destinada no a evitar la derrota ucraniana sino a alargar inútilmente el conflicto, beneficiar a lobbies belicistas y empeorar las condiciones de vida en Occidente, y otras referencias de orientación similar. Sin ser éste un relato excepcional, no toda la izquierda radical europea expone esta narrativa sobre la invasión rusa. Pero, en efecto, a partir de ese relato no puede extrañar que la izquierda radical española sea de las menos asertivas hacia la Rusia de Putin. Particularmente eran muy poco asertivos los eurodiputados de IU (ambos del PCE). Tras la invasión de 2022 los eurodiputados de Podemos e IU aumentaron su asertividad, pero, aun así, observada la izquierda radical europea en su conjunto, estos eurodiputados se encuentran entre los menos asertivos hacia Rusia. No sólo la izquierda radical nórdica y escandinava, sino grupos como el Bloque de Izquierda portugués, La Francia Insumisa o Syriza muestran un mayor nivel de asertividad. Los eurodiputados de IU, de hecho, se sitúan junto a los del AKEL chipriota, el Partido Comunista Portugués o el Partido Comunista de Grecia entre los menos asertivos hacia Rusia tanto antes como después de la invasión rusa de 2022. En un panorama de diversidad en la izquierda radical, ellos aparecen en posiciones ciertamente extremas incluso dentro de su familia de partidos.

Queda para otra ocasión la discusión sobre el impacto de esta posición extrema sobre la oferta política de la izquierda, y sobre el apoyo electoral y la simpatía hacia estos partidos. La ‘política exterior’ es cada vez más parte de la crecientemente relevante dimensión ‘cultural’ del conflicto político, pero la política europea (a pesar de las cercanas elecciones) y el apoyo a Ucrania no están siendo objeto de mucha atención en España (exceptuando, paradójicamente o no tanto, a algunos políticos españoles precisamente de izquierda radical). No obstante, es una cuestión merecedora de atención.

A raíz de la marcha de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad y de la necesidad de reemplazarlo en el contexto de la pandemia, el debate público ha vuelto a poner su mirada sobre la idoneidad de los perfiles de los ministros y ministras para ocupar un cargo en el Ejecutivo. Es decir, sobre si su formación y experiencia son las más adecuadas para dirigir una cartera de gobierno.

¿Debería el Ministerio de Sanidad estar pilotado por un médico de reconocido prestigio? ¿Un exitoso empresario del campo sería un buen Ministro de Agricultura? ¿La cartera de Economía debería recaer en manos de algún reputado economista? Es frecuente que este tipo de preguntas emerjan ante la formación o remodelación de un nuevo gobierno. Dicho planteamiento puede analizarse en dos planos diferentes, uno atendiendo a la reacción inmediata, intuitiva, aunque cargada de argumentos rudimentarios (¡quién si no va a saber más que un médico sobre salud pública!), y otro prestando atención a la corrientes de fondo en las que navega. Transitemos de momento por esta segunda vía.

El debate sobre qué tipo de perfil debería tener un miembro del Gobierno, o en nuestro caso concreto, quién debería ocupar la cartera de Sanidad en medio de una pandemia, entronca con una discusión profunda que va más allá del contexto del COVID-19 y que versa sobre la crisis de las democracias representativas. El debate apunta a cuál debería ser el papel de los expertos en la democracia de partidos, pues estos últimos, independientemente de color que sean, decepcionan con mucha frecuencia al no poder conjugar del todo su función de representación (atender a las demandas de los votantes) con la de responsabilidad (conseguir buenos resultados en el largo plazo en base a los intereses de los votantes pero articulándolos con demandas de otros actores –mercados, organismos internacionales, etc.-), todo esto en contextos de híper-interdependencia global y alta incertidumbre.

La respuesta tecnocrática (el gobierno de los expertos) se ha defendido como una de las posibles alternativas al papel de los partidos. ¿Deberían los expertos tener capacidad ejecutiva por encima de los ministros o estar subordinados a estos informándoles en el diseño de políticas públicas y apoyándolos en la toma de decisiones? Sobre este asunto hemos reflexionado hace poco en este mismo blog (véase aquí).

Dejando al margen la cuestión central, pero sin abandonar un aspecto importante del debate, en este post queremos compartir unos resultados producto de una reciente encuesta experimental realizada dentro de un proyecto más amplio sobre el estudio de las preferencias y las actitudes de los españoles hacia los expertos (financiada por el proyecto CSO2017-89847-P del Plan Nacional de I+D+i). En la encuesta empleamos un diseño llamado “conjoint experiment” en donde básicamente presentamos a una muestra de 2000 personas en España dos perfiles de candidatos para ocupar el Mando Único en caso de declaración del estado de alarma. Como sabemos, este órgano es el encargado de liderar la respuesta a la pandemia y de coordinar las actuaciones entre diferentes niveles de gobiernos. A los encuestados se les proporciona información sobre el género, la edad, el lugar de nacimiento, el tipo (si es político o experto), el partido político al que pertenece en caso de ser político, y el área de trabajo en la que los candidatos han realizado su profesión (en nuestro experimento solo ofrecemos dos opciones: sanidad o economía). El orden y el valor que adoptan todos estos atributos (si es hombre o mujer, por ejemplo) se presentan de manera aleatoria, generando varios perfiles diferentes entre los cuales los participantes eligen uno de los dos candidatos en una serie de cinco votaciones. La generación de datos en base a la aleatorización de los atributos nos permite evaluar a posteriori de forma rigurosa qué atributos han tenido más peso en la elección del Mando Único.

El principal resultado de este ejercicio es que ser experto es la característica que más condiciona la elección del candidato. Cuando el candidato para ocupar el Mando Único es experto en vez de político la probabilidad de que este sea elegido aumenta considerablemente (cerca del 40%).[1] Pero (¡atención!), este resultado se da independientemente del tipo de trabajo en el que el experto desarrolle su trabajo, puesto que cuando analizamos la interacción de los atributos, el área de trabajo del experto no ejerce una influencia estadísticamente significativa sobre la elección del candidato.

Para ahondar en este último aspecto, es decir, para comprender cómo condiciona el tipo de experiencia profesional en la influencia que tiene la cualidad de ser experto frente a ser político, hemos complementado el ejercicio anterior con un experimento de viñeta o experimento de marco (framing experiment). Este consiste en analizar cómo diferentes formas de presentar la crisis del COVID-19 (si como una crisis exclusivamente sanitaria o como una crisis sanitaria pero con importantísimas consecuencias económicas) puede desencadenar diferentes opiniones entre los encuestados acerca de la idoneidad de los perfiles de los candidatos para ocupar el cargo de Mando Único. Este condicionante, como es lógico, se introduce antes de pedirles a los encuestados que elijan entre los diferentes perfiles y la asignación de marco o frame para cada uno de ellos (el que enfatiza la crisis sanitaria, el que enfatiza la crisis económica o el grupo de control) se realiza de manera aleatoria.

De forma resumida, los resultados encontrados nos dicen los siguiente: como antes, los expertos siguen siendo preferidos a los políticos, pero cuando presentamos la crisis de la COVID-19 subrayando exclusivamente sus aspectos sanitarios los ciudadanos prefieren con claridad expertos en salud pública que a expertos en economía. La probabilidad de que un perfil de experto-sanitario sea elegido es de 76% frente a un 58% en el caso de un perfil de experto-economista. Este resultado parece casi una obviedad y seguramente se ajuste a lo intuido por muchos lectores. A fin de cuentas el coronavirus representa una crisis sanitaria de primer orden. No obstante, resulta sorprendente la debilidad de dicha preferencia (la de sanitarios sobre economistas) en el momento que analizamos lo que sucede cuando la crisis de la COVID-19 se presenta como una crisis también económica. La probabilidad de que un perfil de experto-sanitario sea elegido para dirigir la respuesta a la pandemia es prácticamente igual a la del perfil de un experto-economista. De hecho, la del segundo es mayor que la del primero (66% y 69% respectivamente), lo cual significa que el tipo de experto pasa a ser irrelevante desde el punto de vista estadístico.

Estas evidencias señalan tres cuestiones. La primera, la considerable extensión de la preferencia por expertos en cargos ejecutivos, como se ha señalado en anteriores investigaciones. La segunda, que la preferencia por el tipo específico de experto es manipulable. La tercera, y relacionada con esta última, que esa maleabilidad de la preferencia por expertos está muy condicionada por cómo se presente ante los ciudadanos la cuestión política a gestionar. En este último terreno creemos conveniente que quienes proponen ciertos debates públicos sean conscientes de las implicaciones de usar argumentos potencialmente populares pero excesivamente rudimentarios. Ese uso de un argumento tecnocrático, elitista, antipartidista, antipolítico, puede generar sin duda simpatías pero también dinámicas que debiliten la democracia representativa. 

[1] Este hallazgo es coherente con otro resultado que también hemos presentado en este mismo blog sobre preferencias tecnocráticas durante la pandemia (véase aquí).

Hace aproximadamente un año llegaban las primeras noticias de un brote de una extraña neumonía en Wuhan, una provincia china de la que pocos habíamos oído hablar. Según pasaron las semanas, las noticias cada vez eran más preocupantes: confinamiento estricto en China, casos en aumento y en expansión global. En este contexto de alarma, sabíamos muy poco sobre la amenaza a la que nos enfrentábamos. Todo eran incógnitas: ¿Cómo se transmite el virus? ¿Cuál es la tasa de mortalidad? ¿Cuándo habrá una vacuna? En la búsqueda apremiante por obtener respuestas, el mundo acudió a los expertos: virólogas, epidemiólogas, médicos de salud pública. Ante nuestro desconocimiento, quisimos que su saber especializado, acumulado por décadas de formación, pudiera guiarnos como sociedades.

La necesidad de expertos era particularmente evidente ante los dilemas a los que se enfrentaban los gobiernos. ¿Qué tipo de medidas tomar para frenar el avance del virus? ¿Es necesario adoptar un confinamiento estricto? ¿Cómo conjugar el combate del virus con la protección de la economía? En estas primeras semanas los expertos al frente de las comisiones de asesoramiento a los gobiernos se convirtieron en nombres familiares. Anthony Fauci en Estados Unidos, Neil Ferguson en el Reino Unido, o Fernando Simón en España. Eso sí, sus recomendaciones no eran unánimes. Mientras que en China, Italia, o España los científicos proponían frenar la curva de manera vigorosa. En Suecia o en el Reino Unido entendían que la mejor opción era no establecer grandes restricciones y así avanzar hacia la inmunidad de rebaño. Según se empezaron a notar los terribles efectos de la pandemia sobre la actividad económica, al debate se incorporaron también economistas. En resumen, en tiempos de incertidumbre, el saber experto parecería ser un atributo en alza.

Sin embargo, es precisamente en este contexto cuando las teorías de la conspiración han tenido un mayor eco. Su principal elemento en común es un cuestionamiento de los mensajes de los profesionales especializados: (a) se ha sostenido que el virus había sido manufacturado por un laboratorio chino, (b) se ha dicho que Bill Gates está detrás del virus para hacerse rico con las vacunas, o (c) se ha cuestionado la utilidad de las mascarillas. Al éxito de estas teorías ha contribuido el amparo político que han recibido desde dirigentes y partidos muy importantes a nivel global como Trump o Bolsonaro.

En este contexto que combina dependencia del saber experto con cuestionamiento sin precedentes de ese mismo conocimiento, los autores de este post hemos estudiado cómo ha afectado la pandemia en la percepción sobre el rol de los expertos. Para ello, hemos realizado dos encuestas, una antes de la pandemia -marzo 2019- y otra en pleno desarrollo de la misma -mayo de 2020-. Las mismas 1.200 personas respondieron a las dos encuestas (financiadas por el proyecto de I+D+i CSO2017-89847-P del Plan Nacional de Investigación), con lo cual podemos comparar cómo han evolucionado sus opiniones. En ambos cuestionarios incluimos una batería completa de preguntas sobre actitudes tecnocráticas. Estas preguntas están tomadas prestadas de la publicación reciente de Eri Bertsou y Daniele Caramani.

Cada una de las 10 preguntas de la batería se presenta como una afirmación ante la cual el entrevistado debe indicar su grado de acuerdo, donde el mayor desacuerdo se mide como un 0 y el mayor acuerdo como un 10. Esta batería busca capturar las tres dimensiones de la preferencia a que los expertos tomen decisiones: elitismo, apoyo a decisiones basadas en el conocimiento y el anti-partidismo. La batería de preguntas es la siguiente:

Elitismo

Apoyo a decisiones basadas en el conocimiento

Anti-partidismo

Para analizar el cambio de opiniones producido por la pandemia, hemos tomado la diferencia entre las opiniones dadas en mayo de 2020 y las opiniones emitidas un año antes. El gráfico siguiente muestra la media de estas diferencias para cada una de las preguntas de la batería.

Como podemos ver, con la pandemia ha aumentado en términos generales el grado de apoyo al rol de los expertos. La mayor parte de las diferencias son positivas, es decir, hay mayor apoyo a las afirmaciones de corte tecnocrático en mayo de 2020 que en marzo de 2019. En los casos en los que la media de apoyo ha bajado, lo ha hecho en muy pequeña medida y podemos decir que estadísticamente esa bajada no es significativa.

En concreto, del conjunto de preguntas, ¿Cuáles son las actitudes que más se han reforzado con la pandemia? Como podemos ver, son las preguntas 4-7. Esas cuatro afirmaciones reflejan la dimensión de apoyo a que las decisiones estén basadas en el conocimiento (expertise en inglés). El grado de apoyo a esas afirmaciones ha aumentado notablemente y de manera estadísticamente significativa. La magnitud de ese aumento es de 0.4, 0.7, 0.3, y 0.4, respectivamente. Pueden parecer cambios menores, pero reflejan el 17%, 29%, 17% y 18% de la desviación estándar de la respuesta en cada caso. Por lo tanto, podemos decir que con la pandemia se ha acentuado la preferencia de los ciudadanos por que los expertos estén involucrados en la toma de decisiones.

En conclusión, en un contexto que conjuga dependencia del saber profesional y experto con cuestionamiento de los argumentos científicos sin precedentes en los tiempos recientes, vemos que el resultado neto en la opinión pública española es muy claro: Los ciudadanos han redoblado su confianza en que las decisiones se basen en el conocimiento de los expertos.

Recientemente han aparecido en nuestro país declaraciones y pronunciamientos favorables a conceder a los expertos, a los científicos, a los investigadores, un papel más relevante en los procesos de toma de decisiones políticas. La discusión sobre la gestión de la pandemia, de manera muy destacada, y la administración de los fondos europeos para la recuperación, de manera incipiente, son dos de los temas en los que esta reivindicación del papel de los expertos ha sido evidente.

Que se produzcan este tipo de demandas es lo esperable dada la situación del país. En un momento en que se agolpan los problemas que han de resolverse de manera urgente es usual encontrar estos llamamientos. En una situación de crisis y de riesgos gravísimos en que los estados, las administraciones y los responsables políticos encuentran crecientes dificultades para asegurar objetivos centrales como la vida y un bienestar económico básico, no resulta extraño que se reclame un mayor peso del conocimiento experto en el diseño de políticas y en el proceso de toma de decisiones.

Sin embargo, algunos de esos requerimientos parecen deslizarse hacia una reivindicación de una gestión política tecnocrática. Las recientes declaraciones de Luis Garicano, profesor de Economía, diputado en el Parlamento Europeo por Ciudadanos y vicepresidente del grupo Renew Europe, sobre cómo gestionar los fondos europeos para la reconstrucción se sitúan en esta aproximación tecnocrática. Garicano declaraba en Radio Nacional de España:

“Lo que yo sugiero es una oficina independiente con poderes por encima de todos los ministerios que realmente consiga llevar a cabo las reformas necesarias, fiscalizar este dinero, asegurar que se gasta bien, asegurar que hacemos lo que tenemos que hacer, en una oportunidad histórica. Si perdemos esta oportunidad, seguramente no vamos a tener otra”.

Son unas declaraciones muy interesantes que ponen sobre la mesa qué papel deben jugar los expertos y el saber experto en política, qué papel juegan la administración, los responsables políticos y los políticos, en general. Y proponen una respuesta tecnocrática a la cuestión de cómo gestionar, en este caso, unos fondos europeos. Es una propuesta que puede ser sin duda atractiva, pero sobre la que, si se nos permite la ironía, precisamente el conocimiento previo, el saber acumulado, nos avisa de que contiene también problemas potencialmente graves.

¿Por qué la propuesta de Luis Garicano es una propuesta tecnocrática? La tecnocracia, en una definición mínima, supone la implicación de expertos (individuos dotados de ciertas credenciales académicas de especialización) en el proceso de toma de decisiones políticas. En cierta medida esa implicación se puede entender como un continuo en que la intervención de los expertos es más o menos intensa, en que su protagonismo es mayor o menor en la definición y diseño de los problemas y de sus soluciones. En el extremo de mayor implicación y mayor protagonismo de los expertos encontraríamos las propuestas tecnocráticas. Éstas suponen delegar en los expertos la identificación de los problemas, la definición de los objetivos, el diseño de las soluciones. Asociada a la propuesta tecnocrática está la asunción de que sólo el saber experto y sólo la delegación de autoridad política en los expertos pueden lograr la identificación de una especie de interés general óptimo —que se gaste bien— así como las políticas públicas más eficaces para conseguirlo. En cambio, los arreglos institucionales habituales de la democracia representativa, los partidos, tendrían menor capacidad para conseguir dichos propósitos. Una élite de técnicos, independientes, ajenos a los imperativos de la competición electoral, a las presiones de la opinión pública, dotados de un saber experto objetivo, neutral, apolítico, pueden perseguir el bien común y el beneficio general mejor que los representantes públicos. En las declaraciones de Luis Garicano resuenan obviamente varios de estos elementos tecnocráticos.

La propuesta tecnocrática puede resultar sugerente por varios motivos. ¿Quién puede negar la bondad de políticas públicas que se sitúen por encima de particularismos, por encima de clientelismos varios, que persigan un bien común que todos compartimos? Es comprensible que, en momentos de descontento, de crisis, de reclamaciones de regeneración, las propuestas tecnocráticas abunden y sean vistas favorablemente por muchos.

De hecho, como ya hemos documentado en un estudio (aquí), en el caso español estas propuestas pueden ser bien acogidas porque los españoles mostramos, en términos comparados, una visión muy positiva de la implicación de expertos en los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, paradójicamente, las propuestas tecnocráticas parecen pasar por alto la evidencia empírica que señala que los ciudadanos, teniendo una visión positiva de los expertos, no se muestran favorables a que dispongan de una autoridad política autónoma, independiente del poder político representativo y democrático. Esta cuestión está documentada por los trabajos de Joan Font y Ernesto Ganuza para el caso de España (aquí y aquí), por Dommet y Temple para el Reino Unido (aquí) y por Eri Bertsou con evidencia comparada para siete democracias europeas (aquí).

Las propuestas tecnocráticas tampoco parecen tener en cuenta algunas de las enseñanzas y evidencias procedentes del análisis de la gestión de la Gran Recesión de 2008, cuando políticas impulsadas por instituciones ajenas a los gobiernos democráticamente elegidos de varios países europeos fueron acogidas muy negativamente por la ciudadanía, resultando esto en una crisis del apoyo a la democracia en esos países (véase aquí) y, en algunos casos, quizás un trampolín para las opciones populistas (véase aquí y la conclusión de este reciente estudio publicado en una de las más prestigiosas revistas de Ciencia Política, aquí).

Las propuestas tecnocráticas parecen sobrestimar la posibilidad de identificar áreas en las que un consenso amplio sobre los objetivos permita que expertos independientes, a resguardo de la rendición de cuentas democrática, puedan centrarse en diseñar aspectos meramente técnicos que no impliquen diferentes valores, preferencias e intereses políticos. Estas propuestas parecen también sobrestimar la existencia de un conocimiento científico consensuado y consolidado de modo que permita un debate técnico ajeno a sus implicaciones políticas. Qué es saber experto y quiénes son los expertos son cuestiones problemáticas, disputadas, que los favorables a soluciones tecnocráticas tienden a abordar de modo despreocupado.

En una medida no despreciable las soluciones tecnocráticas tienden a generar una reacción contraria en la opinión pública, confían en una concepción excesivamente simplificada del saber experto o científico y no parecen considerar adecuadamente su probable contribución al debilitamiento de nuestras democracias. Contraponer la autoridad política de representantes democráticamente elegidos —supuestamente ineficaces y tendentes al clientelismo— al conocimiento experto, como finalmente hacen los partidarios de arreglos tecnocráticos, no parece el camino más seguro para lograr el bienvenido objetivo de que la administración y los políticos se apoyen más en la investigación, en la ciencia y en los expertos durante los procesos de elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Hay otras posibilidades. En ese continuo de implicación de los expertos en el proceso de toma de decisiones que mencionábamos antes hay otras opciones menos extremas que la tecnocracia que pueden aprovechar el saber experto, buscar su adecuada inserción en el entramado político, burocrático y administrativo de un país y, además, ser mejor recibidas por la opinión pública.

Los expertos, dentro y fuera de los partidos, en la administración, en agencias, departamentos de investigación, participan habitualmente en la elaboración de políticas públicas. Un tipo de expertos, los conocidos en el lenguaje académico como technopols (expertos académicos, científicos, que son afiliados de un partido y que aceptan puestos de responsabilidad política) son una figura frecuente en muchos gobiernos. Su combinación de rasgos (disposición de un conocimiento experto e inserción en el entramado político representativo) es particularmente bien valorada por los ciudadanos como nosotros mismos hemos mostrado en una investigación reciente junto a Pablo Fernández-Vázquez (aquí).

Conseguir que la administración, que los gobiernos, aprovechen el conocimiento científico no es fácil. Hay campos en los que la transferencia de conocimiento se ha demostrado repetidamente difícil; hay organizaciones más tendentes que otras al uso del conocimiento científico de un modo simbólico, estratégico, a modo de legitimación o como respaldo de posiciones políticas previas; hay organizaciones que a pesar de su buena predisposición no consiguen aprovechar el conocimiento científico por falta de recursos o capacidad. En definitiva, dirigir el saber experto hacia la solución de problemas sociales es extraordinariamente complejo. Pero las propuestas tecnocráticas no es probable que resuelvan esas dificultades, límites y complejidades sin generar problemas adicionales graves.

Al comienzo de este artículo decíamos que es habitual encontrar propuestas tecnocráticas en el debate público en momentos de crisis. Las propuestas tecnocráticas se han sugerido desde hace años como soluciones a los desafíos crecientemente complejos a los que se enfrentan los gobiernos democráticos. Curiosamente, como recordaba precisamente un reconocido experto en el análisis político, el profesor Peter Mair, en su libro póstumo Gobernando el vacío. La banalización de la democracia occidental, no es inusual encontrar políticos de diversos partidos que, favoreciendo soluciones tecnocráticas, tienden a descalificar su propia labor, políticos que menosprecian precisamente la actividad política, representantes políticos que defienden opciones tecnocráticas como soluciones eficaces ante la inoperancia de las instituciones representativas a las que pertenecen. Pero estas propuestas tienden a olvidar que, como también sugería Mair, la retórica tecnocrática supone una retirada de las élites políticas del ámbito político democrático, ahonda la crisis de representación política y, con ello, constituye un elemento más de la crisis de nuestras democracias.

España se enfrenta a desafíos muy graves; en esa situación es sin duda necesario mejorar la conexión entre las decisiones políticas y la investigación científica, es necesario eliminar las lagunas de información y conocimiento en algunas áreas clave, es necesario mejorar la transferencia de conocimiento. No resulta evidente que para enfrentarse a estos desafíos el mejor camino sea instaurar instituciones y soluciones tecnocráticas.