El Departamento de Policía de Nueva York detuvo el miércoles por la noche a decenas de activistas propalestinos que ocupaban parte del edificio de la biblioteca principal del campus de la Universidad de Columbia, poniendo fin a un enfrentamiento de horas de duración, aproximadamente un año después de que las protestas estudiantiles contra la guerra se extendieran por la presigiosa universidad.

Claire Shipman, presidenta en funciones de la universidad, dijo en un comunicado que había pedido a los agentes de la policía de Nueva York que ayudaran a desalojar el edificio, después de que los manifestantes se negaran a abandonarlo a pesar de que se les advirtiera de que si no lo hacían se les aplicarían medidas disciplinarias y podrían ser detenidos por allanamiento. Un portavoz de la policía de Nueva York dijo que los agentes detuvieron a “varias personas” que se negaron a dispersarse.

Un vídeo publicado en Internet por el grupo activista estudiantil Columbia University Apartheid Divest (CUAD) mostraba a agentes de la policía de Nueva York con equipo antidisturbios entrando en la sala de lectura de la biblioteca Butler, mientras los manifestantes se agarraban de los brazos y coreaban: “¡No tenemos nada que perder, salvo nuestras cadenas!”.

La manifestación comenzó horas antes, el miércoles por la tarde, cuando un nutrido grupo de manifestantes enmascarados, muchos de ellos ataviados con el kufiya, el tradicional pañuelo a cuadros blancos y negros que ha sido durante mucho tiempo símbolo de la liberación palestina, inundaron la Biblioteca Butler de Columbia y tomaron la sala principal de la segunda planta, según declaraciones e imágenes compartidas en las redes sociales por CUAD.

Rebautizando el espacio como “Universidad Popular de Basilea Al-Araj”, algunos activistas se subieron a pupitres con megáfonos, mientras otros colgaban un cartel en el que se leía “huelga por Gaza” y distribuían panfletos en los que se pedía a la universidad que “desinvirtiera” de fondos y empresas que, según los activistas, se están beneficiando de la invasión israelí de Gaza.

“No seremos intelectuales inútiles”, afirmaron en una declaración publicada en Internet. “Palestina es nuestra brújula, y nos mantenemos firmes frente a la opresión violenta”.

La universidad envió primero a los agentes de seguridad pública del campus, que advirtieron a los activistas de que se enfrentarían a medidas disciplinarias y posiblemente a una detención si se negaban a marcharse. Los manifestantes dijeron que se negaron a mostrar sus documentos de identidad y describieron un enfrentamiento físico entre ellos y los agentes de seguridad. Según la universidad, dos agentes de seguridad pública resultaron heridos, mientras que los manifestantes denunciaron haber sido “acorralados” y que se les impidió abandonar el edificio.

A las seis de la tarde, los estudiantes recibieron una alerta diciendo que la biblioteca estaba cerrada y que la zona “debía ser desalojada”.

“Solicitar la presencia de la policía de Nueva York no es el resultado que queríamos, pero era absolutamente necesario para garantizar la seguridad de nuestra comunidad”, dijo Shipman en un comunicado, quien calificó las acciones de los manifestantes de “indignantes”.

Un vídeo compartido en las redes sociales mostraba a más de una docena de manifestantes, esposados con bridas, siendo sacados del edificio por agentes de policía y subidos a un autobús de la policía de Nueva York. El diario estudiantil Columbia Daily Spectator informó de la detención de unos 75 manifestantes.

En una entrevista con una filial local de la NBC el miércoles por la noche, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, calificó la protesta de “inaceptable”. En una declaración posterior, el alcalde dijo que había recibido una “petición por escrito” de la universidad para que la policía prestara refuerzos.

La gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, se mostró “agradecida a los agentes de seguridad pública por mantener a salvo a los estudiantes”.

“Todo el mundo tiene derecho a protestar pacíficamente. Pero la violencia, el vandalismo o la destrucción de la propiedad son completamente inaceptables”, dijo en un comunicado.

“Estamos revisando la situación de los visados de los intrusos y vándalos que tomaron la biblioteca de la Universidad de Columbia”, dijo Marco Rubio, el secretario de Estado. “Los matones pro-Hamás ya no son bienvenidos en nuestra gran nación”.

El enfrentamiento se produce en un momento frágil para Columbia, ya que la universidad se enfrenta a una ofensiva de la Administración Trump por su respuesta a las protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza la primavera pasada. La administración ha acusado a la universidad de no proteger a los estudiantes judíos del antisemitismo en el campus y canceló 400 millones de dólares en fondos federales de investigación de la escuela.

El martes, la universidad anunció una ronda de despidos como consecuencia de los recortes. Trabajadores de la universidad dijeron que estaban trabajando con la Administración Trump con la esperanza de conseguir la restauración de la financiación.

La primavera pasada, los manifestantes establecieron un campamento y tomaron Hamilton Hall, un edificio del campus, lo que llevó a decenas de arrestos e inspiró manifestaciones similares en universidades de todo el país.

Desde entonces, la universidad ha sufrido una serie de cambios en su dirección. En marzo, el presidente interino de Columbia renunció después de aceptar casi todas las demandas radicales de la Administración Trump, una decisión que indignó al profesorado y a los críticos, que dijeron que la universidad había sacrificado su independencia y libertad académica.

Entre los cambios ha estado la prohibición de que los estudiantes lleven máscaras para ocultar su identidad y la norma de que quienes protesten en el campus deben presentar su identificación cuando se les pida. La escuela también dijo que había contratado a nuevos agentes de seguridad pública facultados para efectuar detenciones en el campus.

La protesta se produce en medio de nuevas tensiones en las universidades estadounidenses por la guerra en Gaza. En los últimos meses, la Administración Trump ha emprendido una amplia campaña de represión contra manifestantes estudiantiles que participaron en las protestas universitarias del año pasado, entre ellos el recientemente liberado Mohsen Mahdawi, palestino con tarjeta verde y estudiante de la Universidad de Columbia que fue detenido por su activismo, y el graduado de la Universidad de Columbia y activista palestino Mahmoud Khalil, que fue detenido en marzo y sigue bajo custodia.

El bolso de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Donald Trump, Kristi Noem, con 3.000 dólares en efectivo (unos 2.800 euros), su pasaporte, carné de conducir y las llaves de su apartamento, fue robado mientras cenaba en un restaurante en el centro de Washington DC el domingo por la noche.

La propia Noem reveló el robo a los periodistas durante la tradicional celebración de Pascua en la Casa Blanca, este lunes por la noche. Noem afirmó que el incidente sigue sin resolverse.

En una declaración enviada por correo electrónico al New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional señaló: “Toda su familia estaba en la ciudad, incluidos sus hijos y nietos. El dinero en efectivo lo había retirado para invitarles a cenar, realizar actividades y comprar regalos de Pascua”.

Noem, que dirige un departamento encargado de proteger las fronteras y la seguridad interior del país, cuenta con la protección de agentes del Servicio Secreto. Según NBC News, que cita a una fuente que presenció el suceso, “al menos dos agentes del Servicio Secreto de EEUU vestidos de paisano” se encontraban en la barra del restaurante.

El Servicio Secreto forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, al igual que la agencia federal de gestión de emergencias (FEMA) y la Guardia Costera.

No está claro si Noem, una figura destacada del gabinete encargada de ejecutar la campaña de deportaciones masivas promovida por Trump, fue un objetivo específico o si se trató de un robo fortuito.

Según la CNN, que fue el primer medio en informar del incidente, una revisión de las cámaras de seguridad del restaurante por parte del Servicio Secreto mostró a “un hombre blanco no identificado, con mascarilla médica, robando el bolso y saliendo del local”.

Preguntada por el suceso, Noem declaró el lunes: “Aún no puedo hacer comentarios. No está resuelto”.

Noem ha defendido con firmeza la línea dura de Trump en materia migratoria. Recientemente viajó a El Salvador, donde fue criticada por visitar una prisión de máxima seguridad que alberga a cientos de venezolanos deportados desde EEUU a principios de abril. Entre ellos se encuentra un ciudadano de Maryland que fue expulsado por error y cuya repatriación la administración se niega a gestionar, a pesar de que el Tribunal Supremo dictaminó por unanimidad que el Gobierno debía “facilitar” su regreso.

Durante la visita, Noem grabó un vídeo frente a una celda abarrotada de presos, advirtiendo a los inmigrantes indocumentados que residen en EEUU: “Podríais acabar en esta prisión salvadoreña”. En redes sociales, recibió críticas no solo por el mensaje, sino también por el llamativo accesorio que llevaba en la muñeca: un reloj Rolex de oro valorado en unos 50.000 dólares (alrededor de 47.000 euros).

Antes de integrarse en la administración Trump, Noem fue gobernadora de Dakota del Sur y previamente representó a ese estado en la Cámara de Representantes de EEUU.

Bernie Sanders dijo que Donald Trump ha creado una crisis constitucional “absoluta” en Estados Unidos y está llevando al país “muy rápidamente hacia una forma autoritaria de sociedad”.

El senador independiente de Vermont ha estado movilizando la resistencia contra Trump en una gira por todo el país llamada “lucha contra la oligarquía”, reuniendo a algunas de las mayores multitudes de su carrera política, mientras canaliza la creciente indignación por las maniobras del presidente republicano.

En una entrevista después de un acto en Tempe, Arizona, el jueves por la noche, Sanders acusó a Trump de intentar “ilegalmente” disolver agencias gubernamentales, incluido un decreto firmado horas antes de que el senador subiera al escenario para desmantelar el Departamento de Educación de EEUU, algo que no puede llevarse a cabo sin la aprobación del Congreso.

Sanders también señaló la negativa del Gobierno de Trump a acatar la orden de un juez federal que prohibía la deportación de un grupo de inmigrantes venezolanos. “Así que sí, creo que estamos en medio de una crisis constitucional”, dijo Sanders.

En los dos meses desde que Trump volvió al poder, Sanders está llenando auditorios en todo el país, en distritos controlados por republicanos y en estados clave que los demócratas perdieron en 2024. El senador explica que los estadounidenses están claramente “muy preocupados” por el caos diario en Washington y que se sienten presionados, angustiados y desesperados por encontrar líderes dispuestos a defender sus intereses.

“Durante años, he hablado del concepto de oligarquía como una abstracción”, dijo Sanders. Pero cree que el mensaje cala más ahora que Elon Musk –la persona más rica del mundo y que donó casi 300 millones de dólares a la campaña de Trump y otros republicanos en 2024– lidera el esfuerzo de la Administración para desmantelar el Estado, lo que incluye reformas en los servicios para veteranos y en la Seguridad Social. “Hay que estar prácticamente ciego para no entender que tenemos un Gobierno de la clase multimillonaria, para la clase multimillonaria y por la clase multimillonaria”.

Excluido del poder en Washington, el Partido Demócrata debe aprender a luchar con más firmeza, dice Sanders, haciéndose eco de los llamamientos de los votantes en todo el país.

“Tiene que haber más determinación en el Congreso para hacer que los republicanos paguen un precio, de una forma u otra, por lo que están haciendo”, dijo Sanders, calificando el respaldo de los demócratas al proyecto de ley de gasto redactado por los republicanos como un “desastre”.

A pesar de sus críticas, Sanders se ha negado a responder preguntas sobre el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, quien enfrenta peticiones para dimitir tras allanar el camino para la aprobación del proyecto sin exigir concesiones. Durante una entrevista con ABC News el domingo, Sanders calificó de “tontería” una pregunta sobre si la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, debería postularse para el Senado, algo que algunos han sugerido como una forma de desafiar a Schumer en las primarias. Schumer se ha mantenido firme y ha citado su apoyo a la gira nacional de Sanders como ejemplo de su liderazgo.

En la entrevista, Sanders, un progresista que trabaja con los demócratas y ha buscado dos veces ser el candidato del partido, argumentó que los problemas de los demócratas van mucho más allá de una sola persona o una sola decisión. “El problema es que el Partido Demócrata no tiene base”, dijo en la entrevista del jueves. Señalando a la multitud que asistió a su mitin con Ocasio-Cortez en Arizona, preguntó sobre sus compañeros de partido: “¿Cuántos de ellos están saliendo a las calles?”.

La popularidad de Sanders llega en un momento en que la aprobación del Partido Demócrata está en sus niveles más bajos de la historia reciente.

En su opinión, la decadencia del partido coincide con el auge del dinero en la política, lo que con el tiempo hizo que los demócratas dependieran de grandes donantes y asesores del aparato político en Washington. Aunque reconoció que el Partido Demócrata impulsó avances en derechos sociales, como los derechos civiles, de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+, el senador dijo que lleva demasiado tiempo sin defender una agenda económica que responda realmente a las preocupaciones de la clase trabajadora, una evaluación que muchos dirigentes han rechazado de plano.

Sin embargo, tras décadas advirtiendo sobre los efectos nocivos de la concentración empresarial y la creciente desigualdad económica, Sanders, con una gran sonrisa en el rostro, dice que está “notando” que cada vez más colegas suyos comienzan a adoptar su discurso.

“Mis colegas no son personas tontas. En general, son personas muy inteligentes. Y hay que ser sordo, mudo y ciego para no darse cuenta de la solución”, afirmó, señalando que los demócratas no solo han perdido apoyo entre los votantes de clase trabajadora, sino que también han visto disminuir su respaldo entre los jóvenes y los latinos, sectores clave de la base electoral del partido. “Ven esas cosas, leen las encuestas. Y creo que, al menos, algunos de ellos entienden que tiene que haber un cambio y que deben empezar a responder a las necesidades de la clase trabajadora”.

A sus 83 años, Sanders prácticamente ha descartado una tercera candidatura presidencial. Sus apariciones conjuntas con Ocasio-Cortez el fin de semana pasado generaron especulaciones sobre su futuro político y sobre si ella está preparada para asumir el liderazgo del movimiento progresista.

En la entrevista, Sanders reflexionó sobre cuánto ha crecido el movimiento desde que fue elegido por primera vez como congresista en 1990 y cofundó el Caucus Progresista: “Hay decenas y decenas de progresistas fuertes que, creo, serán los futuros líderes políticos”.

A las puertas de la larga campaña electoral de 2024, que culminará con las elecciones presidenciales en noviembre, Joe Biden está sopesando la posibilidad de introducir cambios de calado en la política migratoria de Estados Unidos que endurecerían el control de las fronteras y abordarían una cuestión que se ha convertido en una de sus mayores vulnerabilidades políticas de cara a una probable reedición del duelo contra su rival Donald Trump y su retórica antiinmigración.

Un cambio de rumbo que representa también un riesgo para Biden, que llegó a la Casa Blanca en 2021 prometiendo “recuperar la humanidad y los valores estadounidenses en nuestro sistema migratorio” tras los cuatro años de mano dura de Trump. Poco después de jurar el cargo, Biden se puso manos a la obra para deshacer las políticas migratorias de su predecesor republicano y, al mismo tiempo, envió al Congreso un amplio paquete legislativo que incluía vías para conseguir la ciudadanía estadounidense para millones de migrantes que viven en el país.

El ambicioso paquete legislativo cayó con estrépito en el Capitolio, ya que los líderes demócratas tenían pocas ganas de enfrentarse a la siempre espinosa cuestión de la reforma migratoria. Desde ese momento, la política migratoria ha virado bruscamente hacia la derecha, dejando a los demócratas, y también al presidente, en la difícil situación de tener que negociar con los republicanos las medidas fronterizas que tanto habían condenado.

La llegada masiva de migrantes, a un ritmo excepcionalmente alto, en la frontera sur con México, así como los feroces ataques republicanos a la respuesta del presidente, que consideran tibia, han puesto esta cuestión en primer plano de la agenda política. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunió este miércoles con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de llegar a un acuerdo encaminado a limitar la llegada de migrantes a la frontera suroeste de Estados Unidos.

Un grupo bipartidista de legisladores del Senado ha mantenido conversaciones con la Casa Blanca sobre un acuerdo fronterizo que desbloquearía la ayuda a Ucrania e Israel ya que los republicanos no enviarán ayuda a Ucrania sin garantías de mayor dureza frente a la crisis migratoria. Una y otra cuestión han quedado aparcadas hasta después de las vacaciones de Navidad. “Todos sabemos que en la frontera tenemos un problema: el presidente, los demócratas”, señaló Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, en la última sesión de los senadores antes de su receso vacacional. “Nuestro objetivo es lograr avanzar en esta cuestión a nuestra vuelta”, añadió.

Biden, en la encrucijada

Sin embargo, para muchos cargos demócratas, defensores de los derechos de los migrantes y líderes progresistas, los profundos cambios que Biden sopesa para la ley de asilo y la aplicación de las leyes fronterizas son casi indistinguibles de las políticas de su predecesor. Argumentan que Estados Unidos tiene la responsabilidad humanitaria de proporcionar refugio a los millones de migrantes que huyen de la violencia, la pobreza y los desastres naturales.

En un discurso en las escalinatas del Capitolio a principios de mes, el senador demócrata por California Alex Padilla, hijo de migrantes mexicanos, señaló que “volver a las políticas de la era Trump no es la solución. De hecho, no hará más que empeorar el problema”.

Padilla, el primer latino en presidir el Subcomité de Inmigración, Ciudadanía y Seguridad Fronteriza del Comité Judicial del Senado, instó al presidente a oponerse a las propuestas de seguridad fronteriza de los republicanos: “Detención masiva, destripar nuestro sistema de asilo, el Título 42 con esteroides. Son propuestas inconcebibles”.

Sin embargo, muchos estadounidenses, especialmente republicanos, perciben el aumento de la llegada de migrantes sin documentos que llegan a la frontera sur como un problema que requiere medidas urgentes. Según una encuesta de AP-NORC, casi la mitad de los adultos estadounidenses afirman que reforzar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México debería ser una “prioridad alta” para el Gobierno del país.

Mientras tanto, los sondeos muestran un profundo descontento entre los partidos con la gestión de Biden en materia de migración y seguridad fronteriza. En una encuesta realizada en diciembre por el Wall Street Journal, el 13% de los votantes consideraba la migración y la situación en la frontera entre Estados Unidos y México como la cuestión que más les preocupaba, por delante de la situación económica.

Los votantes desaprobaban la gestión de la frontera por parte de Biden por un margen de más de dos a uno. Preguntados sobre quién creían los votantes que gestionaría mejor la cuestión, el 54% dijo Trump frente al 24% que dijo Biden, con diferencia la mayor distancia entre los dos posibles candidatos entre todas las cuestiones analizadas.

Esto supone un cambio con respecto al mandato de Trump, cuando los votantes tendían a dar ventaja a los demócratas en migración y rechazaban en gran medida los intentos de los republicanos de fomentar la hostilidad hacia los migrantes.

Los demócratas han luchado durante mucho tiempo para articular una agenda migratoria cohesiva y proactiva. Sus divisiones sobre cómo arreglar el maltrecho sistema de migración del país se desvanecieron durante el mandato de Trump, ya que el partido se unió contra la retórica del republicano contra la inmigración y las políticas de línea dura.

En la campaña presidencial de 2020, Biden prometió revertir el enfoque de Trump y apostar por políticas más humanitarias. Pero a medida que un número récord de migrantes sin documentación llegan a la frontera y buscan refugio en ciudades a cientos de kilómetros de distancia, Biden sufre la presión de los críticos republicanos y los aliados demócratas para abordar un problema que ambos partidos consideran una “crisis”.

“La Casa Blanca se encuentra en una situación muy delicada desde el punto de vista político”, señala Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de America's Voice, un grupo de defensa de los migrantes. En opinión de Cárdenas, Biden no debería “ceder” a las demandas republicanas, sino redoblar los esfuerzos “sin precedentes” de la administración para ampliar las vías de migración legal y los permisos de trabajo. Si bien afirma entender las limitaciones de lo que Biden puede lograr mediante la acción ejecutiva, insta al presidente a ser “audaz” y arriesgarse para atraer a una gran parte de los electores demócratas, como los jóvenes y los votantes situados más a la izquierda.

“Este gobierno tiene que demostrar que está dispuesto a impulsar alguna medida significativa en favor de las comunidades de migrantes”, afirma. “Si no lo hacen, va a ser muy difícil que los electores que están sensibilizados con la situación y con los derechos de los migrantes los voten en noviembre”.

Todo parece indicar que Biden considera que un acuerdo con los republicanos sobre seguridad fronteriza le beneficiará más que perjudicarle políticamente. Los que están de acuerdo con este enfoque argumentan que es poco probable que los partidarios de los derechos de los migrantes apoyen a Trump, cuyas políticas aborrecen, y que probablemente se verán motivados a acudir a las urnas por otras cuestiones como el derecho al aborto y la defensa de los valores democráticos.

“En lo que respecta a los demócratas, se trata de un gran lastre”, subraya Ruy Teixeira, investigador del American Enterprise Institute y coautor de ¿Dónde se han ido todos los demócratas?. “Harían bien en empezar a intentar deshacer parte del daño”, valora. En los grupos de discusión que se han organizado en vísperas de la campaña de 2024, Teixeira afirma que los votantes, incluidos los latinos, expresan una profunda ansiedad sobre la migración y consideran que la frontera está “fuera de control”. En su opinión, Biden tiene que dejar de preocuparse por la reacción de los grupos de derechos de los migrantes y los progresistas y empezar a presumir de las medidas que su gobierno está impulsando para frenar el flujo de migrantes, como la construcción de una sección del muro de Trump. “Ahora tiene lo peor de ambos mundos, ya que impulsa medidas duras contra los migrantes y luego alude vergonzosamente a ello de vez en cuando y afirma tener las manos atadas”, dice. “Con lo cual, la izquierda de su partido le ataca por lo que ha hecho y los votantes no saben qué ha hecho”.

A principios de este año, varios gobernadores republicanos empezaron a transportar en autobús y avión a miles de migrantes desde sus estados, especialmente Texas, a ciudades lideradas por los demócratas como Nueva York, Washington y Chicago. La táctica fue condenada por los grupos de defensa de los derechos de los migrantes por considerar que es inhumana y solo persigue fines políticos, pero también puso de manifiesto la tensión a la que se enfrentan las ciudades estadounidenses, donde los funcionarios demócratas afirman que la afluencia de migrantes ha desbordado los centros de acogida, las escuelas y los hospitales. En los últimos meses, varios alcaldes y gobernadores demócratas han pedido a la Casa Blanca que intensifique su respuesta federal a lo que el gobernador de Illinois, JB Pritzker, ha calificado de “crisis humanitaria nacional”.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, tras un repunte de tres meses que se acercó a máximos históricos, las detenciones por cruces ilegales a lo largo de la frontera sur cayeron un 14% en octubre, antes de repuntar de nuevo en noviembre.

A pesar de la preocupación por la frontera, una encuesta de Gallup de julio reveló que dos tercios de los estadounidenses siguen considerando que la migración es positiva para el país. Y los demócratas señalan que los republicanos exigen nuevas restricciones a la migración legal en un momento en que los economistas afirman que Estados Unidos necesita más trabajadores para hacer frente a la escasez de mano de obra. “Necesitamos trabajadores. Necesitamos mano de obra. Tenemos que ser competitivos en el futuro”, dijo recientemente la congresista Verónica Escobar, demócrata de Texas. “Los migrantes nos hacen mejores”.

Medidas contrapuestas

Durante gran parte de su presidencia, Biden ha presentado la oleada migratoria hacia Estados Unidos como un reto hemisférico: el aumento de la violencia, las crisis económicas y la agitación política empujan a millones de migrantes hacia las fronteras estadounidenses. En respuesta, el Gobierno de Biden ha buscado una combinación de nuevas vías legales para que los migrantes entren en el país junto con más restricciones para los que cruzan la frontera de forma ilegal. Algunos aspectos de este planteamiento han recibido elogios de los grupos de defensa de los derechos de los migrantes. Pero algunos también han acusado a la administración de “latigazo” político.

Este año, el Gobierno de Biden amplió el estatus legal temporal a casi 500.000 venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio, huyendo de la crisis económica y humanitaria en su país de origen. Semanas después, EEUU anunció que reanudaba los vuelos de deportación a Venezuela. La medida, que provocó fuertes reacciones de grupos de defensa de los derechos de los migrantes, se produjo después de que los agentes detuvieran por primera vez a más migrantes venezolanos que mexicanos.

El Gobierno de Biden también anunció recientemente que no tenía más remedio que construir hasta 32 kilómetros de barreras a lo largo de la frontera con México, rompiendo una promesa de campaña de no levantar ni un metro más del muro fronterizo de Trump. La administración, que renunció a más de 20 leyes y regulaciones federales para permitir la construcción de barreras en el Valle del Río Grande de Texas, dijo que no tenía otra opción porque los fondos ya habían sido autorizados por el Congreso durante la presidencia de Trump. 

De cara al año electoral, Biden se está centrando en el que probablemente será su rival. El presidente condenó recientemente la retórica demonizadora de Trump, incluidos los comentarios nativistas de que los migrantes indocumentados “están envenenando y destruyendo la sangre de nuestro país” y la promesa de ser un dictador “el primer día” para cerrar la frontera sur con México. La campaña de Biden también ha aprovechado las informaciones que apuntan a que, si Trump logra presentarse como candidato y es elegido para un segundo mandato, planea tomar medidas aún más duras contra la migración, con planes que incluyen deportaciones masivas y campos de detención.

Mientras tanto, la Casa Blanca afirma que las políticas migratorias de Trump son las culpables de la creación de algunos de los atrasos que están abrumando a los tribunales de inmigración. Los funcionarios también argumentan que los republicanos del Congreso se han interpuesto en el camino de las solicitudes para financiar más agentes de la patrulla fronteriza, trabajadores sociales, jueces y funcionarios judiciales.

Sin embargo, hasta ahora esos argumentos no han calado entre los votantes, que creen que el presidente ha hecho poco por abordar el problema. Si las negociaciones entre el Senado y la Casa Blanca llegan a buen puerto, la Casa Blanca espera que permitan a Biden mostrar avances en un tema que lo ha perseguido durante todo su mandato.

Algunos demócratas se muestran escépticos. Acusan a los republicanos de negociar de mala fe, diciendo que sólo están interesados en convertir el asunto en un arma, no en abordarlo. Cárdenas señala que los republicanos no dejarán de atacar a Biden en materia de migración, incluso si cumple con sus demandas de control fronterizo. “Cambian las reglas del juego sobre la marcha”, lamenta. “Y luego te quedas atascado con políticas que ni siquiera abordan el problema”.

Traducción de Emma Reverter

Con un retraso histórico, el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se enfrenta este miércoles a una prolongada batalla para asegurarse el mazo de presidente tras no conseguir suficientes votos en las tres primeras votaciones en la jornada inaugural del nuevo Congreso.

Se evitó una cuarta votación -y quizás más, durante la noche- cuando la Cámara levantó la sesión, por votación oral, hasta el mediodía de este miércoles.

Antes de eso, en las dos primeras votaciones para decidir quién será el próximo presidente, 19 republicanos se opusieron a McCarthy, lo que le dejó a 15 votos de los 218 necesarios para ganar. En la tercera votación, McCarthy perdió un partidario más, intensificando las preocupaciones de que no logrará unir a su grupo parlamentario.

En otra señal desmoralizadora para la nueva mayoría republicana, el demócrata Hakeem Jeffries recibió más votos que McCarthy en las tres primeras votaciones.

McCarthy es el primer candidato a presidente en 100 años que no gana la primera votación. Un consultor político republicano de California dijo que para McCarthy fue “el día más humillante de su carrera política”, frase que fue recogida en periódicos de todo el estado natal de McCarthy.

McCarthy había reconocido que era poco probable que ganara la presidencia en la primera votación, lo que preparaba el terreno para un retraso potencialmente largo antes de que los nuevos miembros de la Cámara pudieran jurar sus cargos. El republicano sugirió que se sentía cómodo batiendo el récord de la elección más larga de la historia, de dos meses y 133 votaciones. Ese enfrentamiento electoral se produjo en 1856, poco antes de la guerra civil estadounidense.

“Puede que tengamos una batalla en el hemiciclo”, dijo McCarthy a los periodistas. “Pero la batalla es por el Congreso y el país, y eso me parece bien”.

Oposición republicana

Este miércoles, Donald Trump pidió a los republicanos que apoyaran a McCarthy, solo horas después de negarse a decir si continuaría respaldando al candidato. “Veremos qué pasa. Veremos cómo se resuelve todo”, dijo a NBC News el ex presidente este martes por la noche.

Sin embargo, Trump dice ahora que “algunas conversaciones realmente buenas tuvieron lugar anoche [martes] y ahora es el momento de que todos nuestros grandes miembros republicanos de la Cámara voten por Kevin, cierren el acuerdo y tomen la victoria”.

“Republicanos, no conviertan un gran triunfo en una derrota gigante y vergonzosa. Es hora de celebrar, te lo mereces. Kevin McCarthy hará un buen trabajo, y tal vez incluso un gran trabajo”, añadió Trump a través de la red social Truth Social.

McCarthy siempre se mostró leal al expresidente, e incluso voló a Mar-a-Lago para reunirse con Trump poco después de que abandonara la Casa Blanca, solo unas semanas después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

“Hemos terminado con Kevin McCarthy”, dijo el congresista de Virginia Bob Good a CNN este martes por la noche. Según él, los votos republicanos contra McCarthy solo aumentarán en las próximas rondas de votación.

La oposición republicana a McCarthy ha estado liderada por miembros del Freedom Caucus de la Cámara de Representantes, un grupo de extrema derecha que ha presionado para que se modifiquen las normas de la Cámara. Scott Perry, presidente del Freedom Caucus, reiteró su oposición este martes y acusó a McCarthy de no trabajar de buena fe con su grupo.

“En casi todo momento, McCarthy nos ha dejado de lado o se ha opuesto a nosotros, y cualquier progreso percibido ha sido a menudo vago o contenía lagunas que amplificaban aún más las preocupaciones en cuanto a la sinceridad de las promesas que se estaban haciendo”, dijo Perry. “Kevin McCarthy tuvo la oportunidad de ser presidente de la Cámara. La rechazó”.

Los aliados de McCarthy arremetieron contra Perry y otros opositores, alegando que habían dado prioridad a sus propias ambiciones sobre el bienestar del partido.

Antes de la primera votación, Elise Stefanik, de Nueva York, apoyó la candidatura de McCarthy y criticó veladamente a sus oponentes.

“Nadie en este órgano ha trabajado más duro por esta mayoría republicana que Kevin McCarthy”, dijo Stefanik. “Un orgulloso conservador con una incansable ética de trabajo, Kevin McCarthy se ha ganado la presidencia de la Cámara del pueblo”.

Intentos fallidos de unidad

En la primera votación, una tercera candidatura fue presentada por el congresista de Arizona Paul Gosar, un republicano de extrema derecha que ofreció a su compatriota Andy Biggs como alternativa conservadora. De los 19 republicanos que se opusieron a McCarthy en la primera votación, 10 apoyaron a Biggs, que perdió ante McCarthy en la contienda por la nominación de noviembre, por 188 votos a 31.

En la segunda votación, Jim Jordan, de Ohio, obtuvo el apoyo de los 19 republicanos que se opusieron a McCarthy en la primera votación. Esto ocurrió después de que el propio Jordan nominara a McCarthy, en un intento de mostrar unidad. En su discurso, Jordan esbozó la agenda de los republicanos e instó a sus colegas a dejar de lado las diferencias.

“Tenemos que unirnos en torno a él”, dijo Jordan.

Pero McCarthy perdió apoyo en la tercera votación. Byron Donalds, de Florida, pasó de McCarthy a Jordan, elevando a 20 el número de detractores republicanos.

“La realidad es que... Kevin McCarthy no tiene los votos”, dijo Donalds en Twitter. “Nuestra conferencia necesita un receso y reunirse y encontrar a alguien o elaborar los próximos pasos [a seguir]… pero estas continuas votaciones no están funcionando para nadie”.

Sin entendimiento

Una reunión celebrada este martes no logró resolver los problemas entre McCarthy y sus detractores. Matt Gaetz, uno de los críticos más acérrimos de McCarthy, dijo que los que le negaban su apoyo eran amenazados con ser apartados de las comisiones parlamentarias.

“Si quieres drenar el pantano, no puedes poner al caimán más grande a cargo del ejercicio”, dijo Gaetz a los periodistas. “Soy de Florida y sé de lo que hablo”.

Gaetz y sus colegas no dieron muestras de ceder. Su oposición planteó la perspectiva de la primera larga lucha en el hemiciclo por la presidencia de la Cámara en 100 años. El último espectáculo de este tipo tuvo lugar en 1923.

“No vamos a retroceder hasta que nos reunamos en una sala y decidamos cómo vamos a ser capaces de levantarnos y luchar por el pueblo estadounidense, independientemente de quién sea el presidente”, dijo Chip Roy, congresista por Texas, a Fox News. “No voy a pestañear”.

El segundo republicano en la lista, el representante por Luisiana Steve Scalise, es visto como una posible opción de compromiso, pero hasta ahora se ha centrado en recabar apoyos para McCarthy.

“No será fácil”

Los demócratas apoyaron para presidir la Cámara a su líder, Hakeem Jeffries.

“No se arrodilla ante nadie que pretenda socavar nuestra democracia”, dijo Pete Aguilar, de California, el tercer demócrata, en un discurso de nominación de Jeffries.

El Senado se reunió sin incidentes. Los demócratas dieron la bienvenida a dos nuevos miembros, entre ellos John Fetterman, de Pensilvania, que ayudó a su partido a asegurarse una mayoría de 51 frente a 49.

En su primer discurso del nuevo Congreso, el líder de la mayoría, el senador demócrata Chuck Schumer, elogió a su homólogo, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, por haberse convertido en el líder del partido que más tiempo lleva en el Senado.

En el inicio de una era de Gobierno dividido, tras dos años de control demócrata, Schumer reconoció que el camino legislativo “no será fácil”, pero se mostró optimista.

“Después de todo lo que hemos logrado en un Senado y una Cámara divididos por igual”, dijo. “No hay razón para que ambas partes no puedan seguir trabajando juntas por el bien de nuestro país, nuestro querido país”.

Traducción de Lara Lema

La noticia del registro por parte del FBI de la mansión de Donald Trump en Florida provocó una gran conmoción en Estados Unidos y el expresidente republicano y sus aliados han amenazado con tomar represalias tras un movimiento dramático y sin precedentes. 

El caso ha despertado llamadas entre sus oponentes para que el ex presidente rinda cuentas y ha generado debates sobre las implicaciones que tiene esta acción del FBI para los planes de Trump de presentarse como candidato en las elecciones de 2024, ya que algunas voces han indicado que Trump podría anunciar su candidatura antes de las consecuentes elecciones legislativas de noviembre.

El registro del FBI, que contaba con autorización judicial, parece guardar relación con una laboriosa investigación sobre cómo gestionó el presidente saliente documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021 (tras perder las elecciones en noviembre de 2020). 

En las horas posteriores a que Trump anunciara el lunes por la noche que su “hermosa mansión Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente bajo asedio, allanada y ocupada por un numeroso grupo de agentes del FBI”, los republicanos más destacados salieron en su defensa. La política estadounidense, muy polarizada desde hace tiempo, ha ido reaccionando a esta noticia. 

Kevin McCarthy, el líder de la minoría republicana de la Cámara de Representantes, amenazó con investigar al Departamento de Justicia de Estados Unidos si su partido se hace con el control de la Cámara tras las elecciones legislativas de mitad de mandato; algo que, según los pronósticos, es probable. “Ya basta”, dijo el republicano de California en un comunicado. “El Departamento de Justicia ha llegado a un estado intolerable de politización armada”, ha indicado.

Fue más allá, insinuando que, en caso de tener el control el próximo año, los republicanos de la Cámara de Representantes abrirían una investigación en el Congreso sobre el fiscal general, Merrick Garland. “Fiscal General Garland, guarde sus documentos y despeje su calendario”, dijo.

“Un precedente horrible”

Los demócratas, que han presionado al Departamento de Justicia para que presente cargos penales contra el expresidente por el papel que desempeñó en el asalto contra el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, han aplaudido que el FBI haya entrado en la mansión de Trump para registrarla.

“Es un precedente horrible que el Departamento de Justicia investigue a un expresidente de Estados Unidos. La única opción peor sería que el Departamento de Justicia no lo investigara por tratarse de un expresidente. Nadie está por encima de la ley”, dijo el congresista demócrata Ted Lieu, representante de California, y que fue uno de los gestores del segundo proceso de destitución de Trump.

Los demócratas han tachado a los republicanos de hipócritas, ya que durante años pidieron que se investigara a Hillary Clinton por usar un email personal cuando era secretaria de Estado (el FBI lo investigó en 2015 y 2016 y llegó a la conclusión de que no había indicio de delito). Trump trató de sacar provecho de esa investigación y alentó los cánticos de “enciérrenla” en sus mítines de la campaña presidencial de 2016.

“Este hombre (Kevin McCarthy) y sus compañeros pelotas se escondían bajo tierra en lugar de responder cada vez que Donald Trump pedía que se persiguiera, se investigara, se encarcelara o se ejerciera violencia contra sus oponentes políticos”, aseguró el congresista Don Beyer, demócrata de Virginia. “Ahora, estas mismas personas hablan de Trump como si estuviera por encima de la ley. No está por encima de la ley”, dijo.

La presencia del FBI en la mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, el lunes, está relacionada con su investigación sobre si Trump se llevó ilegalmente documentos clasificados de la Casa Blanca a su residencia de Florida en lugar de entregarlos a los Archivos Nacionales. Algunos demócratas han señalado con regocijo que una posible, aunque poco probable, sanción por el mal manejo de documentos sensibles del Gobierno puede llevar a la inhabilitación para ocupar futuros cargos públicos (en realidad, hay un debate académico sobre el tema y esto abriría una larga batalla legal).

No está claro qué buscaba exactamente el FBI. Sí se sabe que para obtener la orden de registro (que tenían, según confirmó la abogada de Trump), los investigadores tienen que haber demostrado a un juez que tenían motivos sólidos para creer que el expresidente ha cometido un delito y que en la mansión de Mar-a-Lago encontrarían pruebas de ello. Trump dijo, en un comunicado iracundo, que los investigadores entraron en su casa y abrieron una caja fuerte.

El registro en una residencia de un expresidente, algo inédito hasta ahora, tiene implicaciones políticas al más alto nivel, por lo que los expertos legales especulan con que los investigadores probablemente pidieron autorización a las más altas instancias del Departamento de Justicia. Trump debe tener una copia de la orden de registro, pero ha optado por no hacer pública esa información.

Candidato a presidente en 2024

En una entrevista en Fox News el lunes por la noche, Eric Trump, uno de los hijos del expresidente, dijo que el registro se produjo porque “los Archivos Nacionales querían corroborar si Donald Trump tenía algunos documentos en su poder”.

Eric Trump arremetió contra el FBI y dijo que creía que el registro era un intento de evitar que su padre se presentara de nuevo a las elecciones de 2024.

“Sinceramente, espero -y lo digo por primera vez- que se presente y vuelva a ganar a estos tipos porque, sinceramente, este país no puede sobrevivir a este sinsentido”, aseguró. “No puede”, insistió.

Todo parece indicar que Trump quiere volverse a presentar y muchos han especulado con que este registro en una de sus residencias le puede beneficiar políticamente. Otros han indicado que, con esta acción del FBI, se alimenta la desconfianza de sus partidarios hacia los agentes de la ley federal, a los que Trump y sus aliados llevan mucho tiempo despreciando por considerarlos corruptos y tendenciosos y parte de una conspiración en contra de Trump a la que llaman el “Deep State” (literalmente, el “Estado profundo”, algo así como “las cloacas del Estado”).

Todo ello a pesar de que Steve Bannon, uno de los principales asesores de Trump durante la campaña y su mandato, reconoció que el “Estado profundo” no existía. También ha servido para que los aliados del expresidente y otros políticos republicanos que podrían ser potenciales candidatos en las presidenciales de 2024 cierren filas en torno a Trump. 

Ron DeSantis, gobernador de Florida y considerado como posible aspirante republicano a presidente en 2024, dijo que el registro de la mansión de Trump junto a la playa era “otra escalada en la militarización de las agencias federales contra los opositores políticos del régimen”.

A pesar de que los republicanos han insinuado que el presidente Joe Biden está detrás de los registros, la Casa Blanca ha asegurado que no estaba informado de los mismos antes de que se produjera.

“El presidente y la Casa Blanca se enteraron de este registro del FBI por la información publicada en los medios”, dijo el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. “No nos avisaron con antelación”, aseguró. Asimismo indicó que como presidente, Biden prometió restablecer la independencia del Departamento de Justicia después de años de esfuerzos de Trump para presionar a sus fiscales generales para avanzar su agenda.

Más problemas legales

El registro de su mansión en Florida no es ni mucho menos el único problema legal al que se enfrenta el expresidente. Aunque Trump ha tachado todos los casos como ejemplos de que hay una caza de brujas contra él. 

El Departamento de Justicia también está investigando el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y todos los esfuerzos que se hicieron para anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 ( que dieron la victoria a Joe Biden). Trump afirmó infundadamente que los comicios fueron amañados. No está claro si está siendo investigado por estos hechos.

Un fiscal de Atlanta está investigando una llamada telefónica que Trump hizo al secretario de Estado de Georgia, en la que le presionó para que “encontrara” los votos suficientes para revertir la victoria de Biden en 2020 en el estado. Y en Nueva York, la fiscal general del estado, Letitia James, lidera una investigación sobre los negocios de la familia de Trump. Este miércoles Trump acudió a declarar en el caso, pero se negó a contestar a las preguntas de la fiscal.

En otro golpe, el tribunal de apelaciones de la ciudad de Washington dictaminó el martes que la comisión presupuestaria de la Cámara de Representantes puede obtener las declaraciones de impuestos de Trump de Hacienda, una decisión que la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, saludó como una “victoria para el estado de derecho”.

Partidarios de Trump

Mientras las noticias sobre el registro de Mar-a-Lago resonaban en todo el país, una multitud se agolpaba en el exterior del lujoso club turístico y residencia privada de Trump, donde sus partidarios ondeaban banderas estadounidenses y algunos mostraban carteles de campaña con el nombre de Mike Pence tachado.

En Internet, los partidarios de Trump de extrema derecha mostraban su furia contra el registro del FBI en Mar-a-Lago. En las horas posteriores a que Trump diera a conocer esta acción del FBI, las referencias a la “guerra civil” se dispararon en Twitter, mientras que los foros de Maga (las siglas del eslogan de Trump) y QAnon (la red de bulos y fabulaciones) se encendieron con una retórica violenta y amenazas de disturbios civiles, alarmantemente similares al tipo de actividad observada en estas plataformas en el período previo a la insurrección del 6 de enero. El comentario más destacado en un tablón de mensajes pro-Trump fue “Lock and load” (una orden militar para cargar un arma).

Traducción de Emma Reverter

Cuando hace dos semanas Joe Biden terminó de dar una actualización televisada sobre la respuesta del Gobierno a la pandemia, los asistentes comenzaron a dirigir a la prensa hacia la salida mientras los periodistas gritaban preguntas. Biden se negó a responder.

“Amigos, hablaremos de eso más tarde”, dijo. Entonces llegó una pregunta de Kelly O'Donnell, de la NBC, que no pudo ignorar: “¿Tal vez una rueda de prensa pronto, señor presidente? Nos encantaría”. “A mí también”, contestó.

Al día siguiente, la Casa Blanca anunció que Biden daría la décima rueda de prensa de su presidencia: muchas menos que cualquiera de sus predecesores recientes durante el primer año de mandato. La celebró el pasado 19, la víspera del primer aniversario de su toma de posesión.

Insulto a un periodista

Cuando Biden sube al atril se enfrenta a un sinfín de retos y contratiempos y a unos periodistas ansiosos por preguntarle todo. Este lunes estalló una nueva polémica con el presidente cuando un micro abierto le cazó llamando “estúpido hijo de puta” a un periodista de Fox News que le había preguntado por el impacto de la inflación en las elecciones legislativas de este año.

El programa de política doméstica de Biden está estancado en el Senado, donde su impulso a la legislación sobre el derecho al voto también se ha topado con un muro. La inflación es la más alta en casi cuatro décadas. El Tribunal Supremo ha rechazado el mandato de “vacunar o testear”, parte fundamental del plan del Gobierno para combatir la pandemia, que está entrando en su tercer año.

La buena imagen de la que gozaba Biden al inicio de su presidencia se ha agotado casi por completo: su índice de aprobación ha caído al 42% del 53% que tenía en el momento de asumir el cargo, según indica el promedio de encuestas realizado por FiveThirtyEight.

Esto coincide con el aumento de peticiones de periodistas y defensores de la libertad de prensa para que Biden tenga más relación con los reporteros.

Cambio drástico

En un cambio drástico respecto a Donald Trump, Biden dijo que los periodistas son “indispensables para el funcionamiento de la democracia”, que el presidente ha advertido está amenazada tanto en su país como en el extranjero. Sin embargo, el acceso de la prensa al presidente ha sido limitado.

Este mes, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que se evalúa el vínculo del presidente con los medios de comunicación del país, así como el apoyo de su administración a la libertad de prensa en todo el mundo durante el primer año de gestión.

Titulado Night and Day (Noche y día), el informe elogia a la Casa Blanca de Biden por su “cambio casi completo respecto a la hostilidad generalizada, dañina y sin precedentes de la Administración Trump”, que “dañó gravemente la credibilidad de los medios de comunicación y a menudo difundió información errónea por todo el mundo”.

Sin embargo, el informe critica al presidente por su limitada disponibilidad para los periodistas. A lo largo de su primer año en el cargo, Biden ha dado menos ruedas de prensa y ha dado menos entrevistas que casi todos sus predecesores recientes.

Biden solo ha dado 10 ruedas de prensa oficiales durante su primer año de gestión, según los datos recopilados por The American Presidency Project. A esa altura de sus respectivas presidencias Trump había ofrecido 21 y Barack Obama, 27.

Solo Ronald Reagan, cuyas apariciones públicas se redujeron tras un intento de asesinato ocurrido en marzo de 1981, dio menos ruedas de prensa durante su primer año como presidente. Sin embargo, Reagan dio 59 entrevistas ese año, mientras que Biden solo dio 22.

Trump, que calificó a los medios de comunicación de “enemigos del pueblo estadounidense” y que elogió a un congresista que agredió a un periodista, dio 92 entrevistas durante el primer año de su mandato. Muchas de esas entrevistas se concedieron a medios de comunicación favorables a su figura, aunque también dio entrevistas a las principales cadenas y medios que él a menudo criticaba, como The New York Times y ABC News.

Tendencia a cometer errores

Biden responde a preguntas con mayor frecuencia que sus predecesores, pero en menor cantidad, según el recuento elaborado por Martha Joynt Kumar, directora de White House Transition Project. Estos intercambios improvisados con los periodistas suelen producirse después de las declaraciones y apariciones públicas programadas.

“Para el presidente es una cuestión de cómo utilizar su tiempo”, dice Kumar. “Y Biden ha querido utilizar su tiempo negociando sus políticas en privado”.

Kumar espera que la rueda de prensa del pasado 19 de enero marque el inicio de una etapa más pública para la Casa Blanca, que busca conseguir apoyo para el programa de Gobierno de Biden antes de las elecciones de mitad de mandato del próximo noviembre.

Cuando se le pregunta por la relativa falta de entrevistas y de ruedas de prensa oficiales, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, arguye que la interacción del presidente con la prensa ha sido frecuente y que Biden ha contestado a preguntas de los periodistas varias veces por semana.

“Creo que el pueblo estadounidense lo ha visto ahí fuera respondiendo preguntas”, dice. “Seguirá haciéndolo. Es una parte importante de su compromiso con la prensa y el público”.

Debido a la brevedad de sus interacciones y a su tendencia a cometer errores cuando habla intempestivamente, Kumar dice que Biden se apoya mucho en su gabinete y en su equipo para comunicar la agenda de la Casa Blanca. Por ejemplo, durante la última rueda de prensa el presidente generó polémica al sugerir que una “pequeña incursión” de Rusia contra Ucrania podría dividir la respuesta de los miembros de la OTAN –el mensaje de EEUU es que los socios de la OTAN están muy unidos en su respuesta ante un ataque–.

“Biden no siente la necesidad de hablar todo el tiempo”, dice. “Desde su punto de vista, no es se trata solo del presidente, sino de toda la Administración, y está dispuesto a dejar que hablen en su lugar”.

Es un marcado contraste con Trump, que contradecía habitualmente a su equipo y que daba ruedas de prensa irregulares, hostiles y plagadas de falsedades. Una de las portavoces de Trump, Stephanie Grisham, incluso se negó a dar ruedas de prensa.

“Nos acostumbramos a la forma de comunicar de Trump”, añade Kumar, “pero Biden es muy diferente”.

Tras cuatro años de ataques a la prensa por parte del anterior presidente y su equipo, Biden dice que recomponer la relación con los medios de comunicación era una “gran prioridad”, según Psaki. “Nuestro objetivo es —ha sido— restablecer la normalidad y el compromiso con los periodistas, estemos o no de acuerdo con ellos y haya o no una inclinación partidista en un medio de comunicación. Y creo que nos hemos comportado de acuerdo con ese objetivo”.

Los briefings y los intercambios fugaces con la prensa no sustituyen a escuchar de forma directa y en profundidad al presidente, dice Leonard Downie Jr, autor del informe del CPJ y director del Washington Post.

Según Downie, esta forma “sigue siendo la única oportunidad para que un gran número de periodistas que cubren lo que sucede en Washington y están informados sobre lo que el Gobierno hace pueda hacer preguntas y repreguntas en profundidad”.

Downie reconoce las desventajas de las ruedas de prensa: la posibilidad de que se produzca “teatro político”, la grandilocuencia de los periodistas y el obstruccionismo del presidente. Sin embargo, dice que estos eventos presentan una “valiosa” oportunidad para que los estadounidenses escuchen al presidente de forma directa y para que el mundo vea a un líder respondiendo a preguntas difíciles provenientes de una prensa libre e independiente.

Independencia de Radio Free Europe

El informe del CPJ reconoce que el Gobierno de Biden ha tomado medidas para proteger la libertad de prensa, pero advierte que se requiere un mayor trabajo al respecto.

Biden devolvió la independencia editorial de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, que produce Voice of America y Radio Free Europe y cuya libertad se había visto profundamente socavada por la Administración Trump. Horas después de su toma de posesión, Biden destituyó al director general de la agencia nombrado por Trump.

En julio, el fiscal general Merrick Garland emitió un memorando en el que prohibía a los fiscales federales utilizar citaciones, órdenes o mandatos judiciales para obtener registros telefónicos y de correo electrónico de los reporteros que investigaran filtraciones, lo que supuso un nuevo y firme límite a las prácticas tanto de la Administración Trump como de la Administración Obama.

Asimismo, un portavoz del Departamento de Justicia dijo a Downie que sus investigaciones sobre los departamentos de policía locales de Minneapolis, Louisville y Phoenix incluirían el tratamiento de las fuerzas del orden a los periodistas que cubrieron las protestas del movimiento Black Lives Matter.

Fuentes anónimas

Pero a pesar de la promesa de Biden de liderar la administración más transparente en la historia del país, los periodistas y expertos entrevistados para el informe del CPJ dicen que había habido “poca mejora” en la capacidad de respuesta de las agencias gubernamentales a las solicitudes de información de los periodistas y que “demasiadas sesiones informativas y conversaciones” con funcionarios gubernamentales se llevan a cabo de forma “demasiado discreta”, sin posibilidad de atribuir una fuente directa.

Los defensores de la libertad de prensa dicen al CPJ que las acciones de la Casa Blanca “no han estado a la altura” de sus ambiciosas declaraciones. En el informe, culpan al Gobierno por no haber protegido a los periodistas afganos durante la caótica retirada del Ejército estadounidense, así como por no haber responsabilizado al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, por el asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi.

La decisión tomada por del Departamento de Justicia en 2019 de extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en virtud de la ley de espionaje, también ha suscitado preocupación entre los defensores de la libertad de prensa, que advierten que esto podría sentar un “peligroso precedente contra los periodistas que intentan hacer su trabajo”.

“Como defensores de la libertad de prensa y periodistas necesitamos que Estados Unidos se ponga de pie y afirme (...) que la primera enmienda valora la libertad de prensa”, dice Robert Mahoney, director ejecutivo adjunto del CPJ. “No podrá hacerlo de forma creíble en el escenario internacional si la libertad de prensa no es respetada plenamente en su propio país, en Estados Unidos”.

Traducción de Julián Cnochaert.

El primer año del mandato de Joe Biden termina con un momento especialmente desalentador para el presidente estadounidense que prometió competencia y normalidad.

Gran parte de su programa de política doméstica está estancado en el Capitolio, obstaculizado por miembros de su propio partido. Una vez más, el virus está fuera de control: los contagios diarios de COVID-19 se han disparado a niveles récord, con más estadounidenses hospitalizados que en cualquier otro momento de la pandemia. El mandato del Gobierno de “vacunar o testear”, dirigido a las grandes empresas, ha sido bloqueado por la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo. La inflación está en su punto más alto de los últimos 40 años. Las conversaciones diplomáticas no han logrado que Rusia deje de estar al borde de una guerra con Ucrania.

Tras haber ganado con más votos que ningún otro candidato a presidente en la historia de Estados Unidos, Biden es hoy —tan solo 12 meses después— uno de los presidentes más impopulares del país.

Hace meses que los índices de aprobación de Biden languidecen, oscilando alrededor de una media del 42%. Una encuesta de Quinnipiac publicada la semana pasada lo situó en un pésimo 33%, lo que la Casa Blanca desestimó por considerarlo un dato atípico. Sin embargo, entre sus predecesores en la era moderna, Donald Trump ha sido el único en obtener peores resultados a estas alturas de su mandato.

El rompecabezas

Según los encuestadores y los analistas políticos, el rompecabezas de la impopularidad de Biden tiene muchas piezas. Es difícil determinar qué y cuánto está bajo su control.

Biden llegó al cargo con grandes ambiciones: prometió acabar con la amenaza del virus mortal y guiar al país hacia una nueva era de gobernanza responsable y bipartidismo en Washington. Este jueves se cumple un año de su toma de posesión, y Biden sigue enfrentándose a una pandemia que no da respiro, a una nación que permanece muy dividida y a un Partido Republicano que sigue apoyando la “gran mentira” de que Donald Trump ganó las elecciones de 2020.

“Siempre es un problema que un presidente decepcione las expectativas”, dice Bill Galston, investigador de estudios de gobernanza en el think-tank Brookings Institution. Galston también fue asesor político para la Casa Blanca durante la presidencia de Clinton.

Según Galston, el actual Gobierno “no ha hecho un buen trabajo de gestión de las expectativas” sobre la pandemia. En julio, Biden estuvo a punto de declarar la “independencia” del virus, hasta que la variante delta, con su rápida propagación, llegó para demostrar lo contrario.

Ahora, en medio de la ola causada por la variante ómicron, el presidente y su equipo están recalibrando. El doctor Anthony Fauci, el asesor del Gobierno y responsable del instituto de enfermedades infecciosas del país, dijo hace poco que ómicron “encontrará a casi todos”. Biden admitió recientemente que erradicar el virus era poco probable, pero que era posible “controlarlo”.

Es el caso de los votantes indecisos, que creyeron que Biden gobernaría como un centrista constructor de puentes en una época de profundas divisiones, añade Galston, y de los demócratas a quienes Biden prometió una ambiciosa agenda legislativa a pesar de tener márgenes muy estrechos en el Congreso.

Un momento difícil

Sarah Longwell, una estratega republicana crítica con Trump, ha observado una disminución en el apoyo al presidente entre los votantes a los que convocó durante el año pasado para ser encuestados. Cuando se les pidió que evaluaran el primer año de Biden, muchos votantes con los que habló, demócratas incluidos, lo calificaron con notas de “suficiente”, “suspenso” o “muy deficiente”.

Las calificaciones, dice Longwell, no son un reflejo de Biden, a quien muchos siguen “apoyando”, sino de un descontento común, paralelo a la pandemia que entra en su tercer año y la inflación que sigue en aumento. “Hay un elemento que no tiene nada que ver con Joe Biden”, dice. “Simplemente es un momento difícil”.

Cuando se le pregunta por los pesimistas comentarios sobre Biden, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ofrece una explicación similar. “La gente en todo el país está cansada. El virus afecta cómo viven, cómo trabajan. Están preocupados por sus hijos, por su capacidad de experimentar cosas alegres en la vida, como los conciertos e ir a restaurantes y ver a amigos”, dice Psaki. “Lo entendemos”.

“El presidente sabe que el paso más importante que puede dar es seguir luchando por tener la pandemia bajo control y también por reducir los costes para los estadounidenses en todo el país”, añade.

El golpe de Afganistán

La popularidad de Biden empezó a decaer cuando la variante delta de la COVID-19 se expandió por todo el país y cayó bruscamente tras la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán, durante la cual murieron 13 miembros del Ejército de EEUU a causa de un atentado suicida en el aeropuerto de Kabul.

Aunque la mayoría de los estadounidenses estaba a favor de la retirada de las tropas de Afganistán, las escenas desoladoras en Kabul en el momento en que los talibanes tomaban el control debilitaron la imagen de Biden como experto en política exterior que recobraría la posición de Estados Unidos en el escenario mundial.

“La forma en que salimos de Afganistán infligió un golpe a la imagen de experiencia y aptitud del presidente, lo que tuvo un efecto prolongado”, dice Galston.

Elecciones legislativas

Históricamente, los votantes han tendido a castigar al partido del presidente en las primeras elecciones legislativas, las llamadas de mitad de mandato, tras la llegada al poder de una nueva Administración. Pero las derrotas tienden a ser más pronunciadas cuando un presidente es impopular. Según la encuestadora Gallup, los partidos de un presidente con índices de aprobación inferiores al 50% han perdido una media de 37 escaños en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato.

La inesperada fortaleza de los republicanos en las elecciones para gobernador en estados en los que Biden había ganado por un amplio margen en 2020 —como Virginia y Nueva Jersey— fue una dura advertencia para los demócratas sobre el peligroso futuro que les aguardaba.

Los resultados sugerían que se había desvanecido la pasión impulsada por la resistencia que condujo a las victorias demócratas durante la era Trump. Quizá lo más alarmante para los demócratas haya sido la sensación de profundo malestar dentro del electorado. A pesar de la campaña de vacunación masiva y los billones de dólares en dinero en ayudas, los votantes se sienten peor ahora respecto al estado de la pandemia y de la economía que a principios de la presidencia de Biden, de acuerdo con una encuesta de CBS News/YouGov.

Pocos votantes le reconocen a Biden el mérito de haber conseguido una inversión de un billón de dólares para las infraestructuras del país o de haber aprobado el Plan de Rescate Estadounidense, mediante el cual envió cheques a la mayoría de los estadounidenses y redujo los índices de pobreza.

“Es una situación irónica en la que las políticas son más populares que los políticos, lo que es muy inusual”, dice Celinda Lake, una encuestadora demócrata veteran. “Por lo general, es al revés”.

La frustración del electorado quedó plasmada en una encuesta de Gallup publicada el lunes y que muestra un cambio drástico en la preferencia partidista a lo largo del último año: de una ventaja demócrata de nueve puntos a principios de 2021 a una ventaja republicana de cinco puntos a finales de año. El cambio se ha producido tras el desplome de los índices de aprobación de la gestión de Biden.

Desencanto de jóvenes y minorías

Con su programa de gobierno en un punto muerto, los demócratas están desencantados con Biden.

Durante meses, legisladores y activistas demócratas han advertido sobre la caída del apoyo al presidente entre los sectores clave de la coalición del partido. Está perdiendo apoyo entre los votantes jóvenes, enfadados por la inacción ante el cambio climático, la cobertura de salud y la condonación de la deuda estudiantil. Los votantes hispanos ya no confían en Biden para la gestión de la pandemia y de la economía, lo que supone una señal de alarma para los demócratas dado el viraje de este segmento del electorado hacia Trump y el Partido Republicano en 2020. Y el apoyo ha ido en descenso entre los votantes negros, que fueron fundamentales para la victoria de Biden pero que se sienten decepcionados por la falta de avances en el derecho al voto y en la reforma policial.

En sus intentos recientes de reordenar la situación, Biden dio un par de discursos apasionados, en los que imploró al Senado que aprobara una ley de alcance federal por el derecho al voto y arremetió contra los republicanos —contra cualquier senador— que se interpusieran en el camino hacia estar del lado de Bull Connor y Jefferson Davis.

Muchos demócratas celebraron el cambio en la retórica de Biden, pero algunos líderes de los derechos civiles y defensores del derecho al voto boicotearon el discurso en Atlanta para expresar su desaprobación ante lo que consideran un impulso tardío de una cuestión que es primordial para sus comunidades y para el funcionamiento de la democracia misma. En un comunicado, el presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), Derrick Johnson, dijo que ya era hora de que el Gobierno “acompañara sus palabras con hechos”.

Dos días después, los esfuerzos de Biden por impulsar la protección del derecho al voto en el Congreso fracasaron en medio de la oposición demócrata a la eliminación del “filibusterismo”.

Aunque no todas las variables están bajo el control de Biden, Lake dice que todavía hay mucho tiempo —y oportunidades— para que el presidente mejore su posición antes de las elecciones de mitad de mandato, en noviembre. Dice que el nuevo tono más agresivo del presidente es un buen comienzo que ayudará a “animar” a los demócratas, a la vez que es una señal de “fuerza” para los independientes recelosos.

“Ahora está en modo liderazgo”, dice.

Lorella Praeli, copresidenta del grupo progresista Community Change Action, dice que los votantes necesitan ver a Biden luchando en su nombre.

Instó al presidente a implementar todas las herramientas ejecutivas a su disposición para aliviar las presiones financieras a las que se enfrentan millones de estadounidenses, como la condonación de la deuda estudiantil, mientras sigue ejerciendo presión para avanzar en la iniciativa Build Back Better, el derecho al voto y la reforma migratoria.

Parte del reto para Biden, dice, es convencer a un público desmoralizado de que “el futuro aún está en juego”.

“Luchar por la gente, cumplir con la gente y después asegurarse de que los votantes saben lo que ha sucedido”, dice. “Es así de simple”.

Traducción de Julián Cnochaert.

Joe Biden ha defendido que su plan de dos billones de dólares para la reconstrucción de infraestructuras como puentes, carreteras y vías férreas competirá en ambición con la carrera espacial y que ofrecerá cambios económicos y sociales tan enormes como los logrados gracias al New Deal. El presidente también ha prometido que las inversiones servirán para revertir la desigualdad racial estructural que las recientes movilizaciones han puesto de manifiesto.

La agenda de infraestructuras de Biden, anunciada en parte esta misma semana, contiene proyectos e inversiones de cientos de miles de millones de dólares con los que su administración pretende impulsar el avance de la equidad racial en cuestiones como vivienda, empleo, transportes, sistema de salud y educación, al mismo tiempo que mejora la situación económica de las comunidades racializadas.

“Este plan no es importante solo por lo que pretende o por cómo pretende desarrollarlo, sino también por dónde pretende hacerlo”, ha declarado Biden durante una visita a un centro de formación profesional en carpintería gestionado por un sindicato a las afueras de Pittsburg. El presidente ha indicado que “incluye a todos, independientemente de la raza o el barrio en el que vivan”.

Su propuesta sustituiría elementos como tuberías de plomo e infraestructuras similares que han perjudicado de forma desproporcionada a los niños negros; reduciría la contaminación ambiental derivada de puertos y centrales eléctricas que han dañado históricamente a los barrios negros y latinos ubicados cerca de ellas; “reconectaría” barrios que han quedado aislados debido a la organización de los sistemas de transporte; expandiría las opciones de vivienda a precio asequible para permitir que más familias racializadas puedan acceder a la propiedad, crearía riqueza y eliminaría leyes de zonificación excluyentes; reconstruiría el sistema de vivienda pública y priorizaría las inversiones en comunidades expuestas en “primera línea”, las más afectadas por el cambio climático y los desastres medioambientales, habitadas sobre todo por personas afrodescendientes.

Su plan también pretende destinar 100 millones de dólares a la formación profesional de quienes viven en comunidades históricamente desatendidas y 20 millones para la mejora de universidades predominantemente negras y otras instituciones que atienden a las minorías (MSI). La propuesta multiplicaría por cuatro los fondos destinados a un programa de expansión de la economía productiva con el objetivo de dar un impulso a las inversiones en empresas “ubicadas en el mundo rural y con dueños pertenecientes a minorías”.

La justicia racial en el centro de sus políticas tras el caso Floyd

Biden ha presentado la propuesta en medio del juicio por asesinato contra Derek Chauvin, el ex policía de Minneapolis que se arrodilló sobre el cuello de George Floyd hasta que este murió. El fatal encuentro desencadenó protestas durante todo el verano y una reflexión nacional sobre el racismo, que empujó a Biden a situar la justicia racial en el centro de su programa de gobierno.

Maurice Mitchell, directora nacional del Partido de las Familias Trabajadoras, dice que el énfasis en la equidad racial en el plan de infraestructura de Biden evidencia que el presidente ha escuchado a los activistas y ha comprendido los retos asociados a la injusticia racial, el cambio climático y la desigualdad económica. “Porque no son neutrales desde una perspectiva racial, son en realidad bastante agresivos y concretos”, agrega Mitchell, quien sostiene que el plan refleja las prioridades de los votantes negros y las mujeres, quienes contribuyeron, primero, a que Biden obtuviera la nominación demócrata y, posteriormente, a su llegada a la Casa Blanca.

Quizás la medida más audaz para abordar la desigualdad racial a través del plan de infraestructura es la inversión de 400.000 millones en el sector de los cuidados de las personas mayores y las personas discapacitadas. Durante su discurso, Biden defendió que su propuesta creará empleos y aumentará salarios y derechos sociales para millones de personas que trabajan en los cuidados, sobre todo mujeres racializadas que ahora son “invisibles, mal pagadas y minusvaloradas”.

“No podemos construir carreteras, puentes o túneles sin cuidados”

Ai-jen Poo, confundadora y directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Empleadas Domésticas, lo califica como “uno de los planes más impactantes para abordar la inequidad racial y de género en nuestra economía”. Poo dice que la pandemia, que ha afectado de modo desproporcionado a las mujeres y las personas racializadas, ha puesto de manifiesto la relevancia de las personas que trabajan en los cuidados en el bienestar del conjunto de la población. Para muchas de las personas empleadas en el sector es muy difícil cuidar de sí mismas y de sus familias.

Poo cree que la propuesta de Biden puede ofrecer a la economía y los cuidados lo que otros programas ofrecieron a la industria. Es decir, que trabajos peligrosos y mal pagados puedan convertirse en espacios donde sea posible el ascenso económico y social con una cierta seguridad. Durante generaciones, las personas que trabajan en el servicio doméstico han sido excluidas de los derechos laborales. Ahora, según Poo, ellas se encuentran en la primera línea del plan con el que Biden busca reconstruir la economía estadounidense.

“Nada hay más fundamental para la rehabilitación económica que cuidar de las familias”, dice. “Sin eso, no funciona nada más. No podemos construir carreteras, puentes o túneles sin cuidados”.

Brecha digital entre los blancos y las familias negras y latinas

El plan de Biden cuenta con 100.000 millones de dólares para invertir en Internet de banda ancha y en medidas para favorecer acceso y conseguir precios asequibles. En la Casa Blanca creen que ese tipo de ayudas contribuirá a disminuir la brecha digital entre los blancos y las familias negras y latinas.

“Internet es un instrumento en el que todas nos apoyamos. Cuando parte de la población se queda atrás, si no tienen acceso a los mecanismos [digitales], especialmente quienes han sido menos favorecidos históricamente, se queda aún más atrás”, afirma Angela Siefer, directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Inclusión Digital.

Biden ha anunciado que su plan ayudaría al descenso de los costes a través de un incremento de la competencia, mediante la oferta de subsidios a corto plazo a las familias de menos ingresos. Siefer cree que este tipo de medidas son importantes, pero se mostró escéptica respecto a la posibilidad de que las tarifas bajen lo suficiente para que las familias con pocos recursos puedan pagar Internet de alta velocidad en el caso de que estas ayudas no sean permanentes.

Según Siefer, la mejora de la alfabetización digital es de gran importancia para enfrentarse a la desigualdad racial. Añade que “para llegar a la equidad real, tenemos que ir más allá de las ideas: tenemos que ponerlo a disposición de la gente”.

La propuesta también incluye 5.000 millones de dólares para programas de prevención de la violencia en las comunidades. Los activistas negros y latinos defienden desde hace tiempo que ayudaría a reducir el impacto de la violencia.

La administración ha sugerido que se incrementarán los esfuerzos adicionales para reducir la brecha racial de riqueza. Medidas como guarderías de acceso universal, una educación superior al alcance de todos los bolsillos y un aumento de las bajas laborales por motivos familiares, dicen, aparecerán en la segunda parte de un programa que podría incrementar su presupuesto hasta los cuatro billones.

Progresistas piden más inversiones contra el cambio climático

Los republicanos acusan a Biden de entregar un “Caballo de Troya” para financiar iniciativas progresistas. “El plan de Biden incluye cientos de miles de millones de gasto en políticas de izquierda y prioridades de los estados azules”, ha dicho el Comité Nacional Republicano, que cuestiona aquellas medidas del proyecto de ley que pretenden abordar la desigualdad racial y de género, como la destinada a las trabajadoras domésticas.

Aunque muchos demócratas de alto nivel han acogido con satisfacción el plan, muchos progresistas consideran que no va lo suficientemente lejos. En este sentido, han pedido 10 billones de dólares durante la próxima década para hacer frente al cambio climático, incluyendo inversiones más fuertes en energías renovables y el objetivo de que Estados Unidos pase a tener cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2030.

Biden ha dicho que está abierto a la negociación y espera poder atraer a los republicanos al plan. Ante las críticas despertadas, el presidente ha sugerido que los republicanos se apresurarían a actuar si supieran que el agua potable del Capitolio fluye por tuberías de plomo.

Mientras el Congreso comienza el proceso de convertir el proyecto de Biden en legislación, los grupos progresistas están montando una campaña para presionar a los legisladores para que adopten una agenda aún más ambiciosa. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) forma parte de una coalición de grupos que organizan protestas para exigir al Congreso una “recuperación económica transformadora”.

“Si van a ser grandes y audaces, sean grandes y audaces y resuelvan el problema por completo”, dice Mitchell. “Estamos en un momento de crisis y no tendremos otra oportunidad”.

Traducido por Alberto Arce

Dependiendo del punto de vista, la mujer que respondía ante la comisión de asuntos judiciales del Senado en las audiencias de confirmación de esta semana podía ser la versión femenina del difunto juez conservador Antonin Scalia o una anti-Ruth Bader Ginsburg –la jueza progresista fallecida en septiembre–. Quizá las dos cosas a la vez.

En una sala de audiencias bien iluminada y cuidadosamente desinfectada, Amy Coney Barrett, tercera jueza nominada por Donald Trump para el Tribunal Supremo, comenzó describiéndose a sí misma como una “originalista”, es decir quien interpreta la Constitución al pie de la letra, en la tradición de su mentor. Al igual que el juez Scalia, para quien trabajó como asistente legal, Barrett suscribe la idea de que se debe interpretar la Constitución literalmente y de acuerdo con “el significado que tenía en el momento en que fue ratificada por el pueblo”.

Ese momento al que se refiere es a la década de 1780, cuando solo podían votar blancos y terratenientes. De esta manera, Scalia a menudo emitía opiniones que contentaban a los conservadores. Este martes, delante del Capitolio un grupo de mujeres conservadoras se reunió para cantar y rezar con las manos extendidas hacia el cielo.

El senador republicano y presidente de la comisión de asuntos judiciales del Senado, Lindsey Graham, preguntó a Barrett si era apropiado llamarla la “mujer Scalia”. Ella lo rechazó. “Si confirman mi nombramiento, no tendrán al juez Scalia”, dijo. “Tendrán a la jueza Barrett”.

Eso es exactamente lo que temen en el partido demócrata. En varias rondas de preguntas, los senadores de ese partido pintaron a la aspirante a jueza del Supremo como una cruzada de la derecha elegida para deshacer el legado de derechos civiles de Ruth Bader Ginsburg, la jueza a la que aspira sustituir y un símbolo del progresismo, conocida mundialmente por su lucha en favor de las mujeres.

Delante del Capitolio, un grupo de activistas progresistas se había vestido el lunes con túnicas de rojo intenso y tocados, símbolos de la opresión femenina en la novela distópica 'El cuento de la criada' de Margaret Atwood.

Barrett tiene raíces en el carismático grupo católico People of Praise, que ha sido citado como una de las inspiraciones de Atwood. Hacer esa relación no es correcto, pero en las audiencias los demócratas pintaron un cuadro distópico de lo que podría ser Estados Unidos con un Supremo de mayoría conservadora.

En su relato, millones de personas, votantes con nombres, caras y desgarradoras historias que los demócratas contaron en detalle: personas que se arriesgan a perder el acceso a los servicios sanitarios vitales del sistema de seguro médico; mujeres pobres que no pueden permitirse viajar para abortar estarán obligadas a tomar decisiones peligrosas; las parejas del mismo sexo ya no tendrán el derecho de casarse.

Barrett se negó a responder las preguntas sobre estas cuestiones. Cuando lo hizo, de una forma que podría interpretarse como provocadora, citó un argumento pronunciado en 1993 por Ginsburg durante su audiencia de confirmación: “No hay pistas, no hay pronósticos, no hay avances”.

“Estas son cuestiones de vida o muerte para la gente”, insistió Dianne Feinstein, senadora por California y la demócrata de mayor rango en el panel. Para Feinstein, la repetida negativa de Barrett a responder las preguntas sobre el aborto era “inquietante”. Según ella, Ginsburg fue mucho más abierta a la hora de compartir sus opiniones sobre el tema.

El plan de Trump

“No tengo ningún plan”, dijo Barrett una y otra vez. Pero Donald Trump sí que lo tiene. El presidente eligió a Barrett entre una lista de jueces “pro-vida”, en sus propias palabras, y ha dicho que confía, incluso que espera, que el Supremo revoque el fallo de 1973 del caso Roe contra Wade donde se estableció el derecho al aborto en todo el país. El presidente también ha insistido en que necesita tener a un noveno miembro del Supremo antes de las elecciones, en caso de que se impugne el resultado de los comicios.

“¿A quién se le ocurrió esta idea, esta idea ofensiva, de que usted podría violar su juramento?”, preguntaba sarcásticamente el demócrata Dick Durbin, de Illinois, después de que los republicanos acusaran al Partido Demócrata de poner en duda la independencia judicial de Barrett solo por preguntar su opinión en algunos temas clave. “¿Dónde puede haberse originado esta idea? ¿Tal vez tenga que ver con la Casa Blanca? ¿Tal vez se haya originado en los tuits del presidente sobre lo que espera que un nominado a la Corte Suprema haga políticamente por él? Ahí es donde nació”.

Pese a todo, la audiencia transcurrió con una atmósfera de inevitabilidad. Lindsey Graham lo dijo claro. Aquello se trataba de una “audiencia para confirmar a la jueza Amy Coney Barrett en el Tribunal Supremo”, nada de la tradicional oportunidad para “considerar” la idoneidad de los candidatos.

Debido a la pandemia, algunos senadores participaron de la audiencia a distancia. El personal de limpieza desinfectaba la sala durante los descansos y no se permitió la entrada al público. Aún así hubo símbolos y sonidos para evidenciar el desacuerdo. En la sala, algunos demócratas llevaban mascarillas y complementos que homenajeaban a Ruth Bader Ginsburg. Fuera, había manifestantes con trajes de protección contra sustancias peligrosas, un recordatorio de que, en medio de la pandemia del coronavirus, la audiencia se desarrollaba en un potencial caldo de cultivo para el patógeno, la sala 216 del Edificio Hart del Senado.

Fuera del Capitolio también había simpatizantes de Barrett, muchos de los cuales han trabajado mucho para que el fallo del caso Roe contra Wade deje de ser ley. “Mujeres con Amy, #EllaRezaEllaVota”, decía el mensaje pintado en el lado de un autobús rosa.

Estas mujeres confían en que Barrett seguirá los pasos de Scalia y creen que podría convertirse en el equivalente de Ruth Bader Ginsburg solo que en el lado conservador: una madre trabajadora tan profundamente religiosa como capaz.

“A todas las jóvenes conservadoras de ahí fuera les digo que, en mi opinión, el tema de esta audiencia es que haya un lugar para ustedes”, dijo Graham. Y volviéndose a Barrett, añadió: “Espero que cuando todo esto termine, haya un lugar para usted en la mesa, que haya un lugar para usted en el Tribunal Supremo como lo hubo para la jueza Ginsburg”.

Para los demócratas, el procedimiento no era más que un espectáculo de teatro, como dijo a los periodistas Sheldon Whitehouse poco antes de que se levantara la sesión. Si solo prestas atención a lo que se ve, dijo el senador por Rhode Island, te estás perdiendo la historia.

Traducido por Francisco de Zárate