La mediación propuesta por Colombia, Brasil y México respecto a la entrega y verificación conjunta de las actas de las mesas en la última consulta electoral presidencial de Venezuela —incluso la posibilidad de una nueva consulta— se suma a la más de una docena de iniciativas de mediación entre Gobierno y oposición en los últimos años.

Desde 2013, con la llegada de Maduro a la presidencia, varios actores se han interesado en buscar una solución: la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, la Unión Europea, el Vaticano y distintos países. El último intento, hace apenas un año en Barbados, dejó un acuerdo sobre garantías electorales que se ha incumplido sistemáticamente en la consulta del pasado 28 de julio –cuyos resultados ha validado el Tribunal Supremo de Venezuela este jueves–. Todas dejan un reguero de instancias mediadoras y de arbitraje fracasadas en uno de los mayores ejercicios de profesionalismo en la dilación y el dribling político.

En esta década pérdida para Venezuela, la viabilidad actual y futura del país radica en propiciar puentes de entendimiento –aunque sean mínimos– para no profundizar en el cisma político y social poselectoral que alimenta el enfrentamiento civil en el país.

En este largo periodo, Maduro ha sido incapaz de propiciar las bases de ese entendimiento que faciliten una recomposición progresiva para que las distintas fuerzas políticas tengan cabida. Todo lo contrario: la persecución a los opositores, dentro y fuera de las filas maduristas, es una muestra clara del avance en la deriva autoritaria de la que ni tan siquiera han podido escapar símbolos, mitos y ritos. La identificación perfecta entre Estado, partido y líder carismático heredero de las esencias patrias de Bolívar y de Chávez, su profeta.

Con toda probabilidad, la frustración de todos los intentos de acercamiento demuestra que los sectores moderados dentro del régimen han perdido la batalla. En este momento de verdadera emergencia política y económica nacional, las vías para el acuerdo están cerradas y la práctica del “vale todo” frente al enemigo se ha impuesto. Acusaciones de corrupción, expedientes secretos de espionaje y escuchas, búsqueda de escándalos personales, persecuciones políticas o, incluso, llegar a robar unas elecciones de la forma más abierta y descarada ante la presencia de toda la comunidad internacional. Todas ellas hacen cada vez más difícil el entendimiento entre dos proyectos nacionales que, de forma inevitable, están obligados a encontrarse.

Sin embargo, aun siendo el escenario político complicado, es en la pauperización progresiva y en la diáspora imparable donde la ciudadanía venezolana se la juega. Más de 7,7 millones de personas –casi un 25% de su población total– han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor. La mayoría –más de 6,5 millones de personas– ha sido acogida por países de América Latina y el Caribe.

Los últimos datos económicos ponen a Venezuela a la cola continental. Según las principales magnitudes consideradas, los grandes niveles de desabastecimiento –que afecta al 60% de la “cesta básica”– y la crisis política desde las elecciones de julio –con acusaciones de autoritarismo y de graves delitos pre y poselectorales– llevan a Venezuela hacia eso que los expertos llaman “Estados fallidos”. Fallidos, no por su tierna institucionalidad, sino por la progresiva desaparición de la imprescindible cobertura pública en ámbitos como la salud, las pensiones, o la educación de la mano de una élite política, militar y social que asume el poder como oxígeno y cuyo único objetivo por encima de todo es no perderlo. Todo ello bajo el manto de la corrupción, la inviabilidad presupuestaria y la inseguridad física y jurídica.

La Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) –realizada entre marzo y mayo de 2023 por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en 16,212 hogares del país– es una de las más completas que se realiza desde hace casi una década ante el vacío de estadísticas oficiales. Desde 2015 el Gobierno venezolano dejó de publicar cifras completas de pobreza, inflación, escasez, causas de muerte o contagios por enfermedades, entre otros indicadores sobre las condiciones de vida de la población.

Según los resultados del estudio, el 51,9% de la población de Venezuela vivía en condiciones de pobreza el año pasado, una cifra ligeramente mayor que en 2022, cuando la pobreza multidimensional –que incluye el nivel de ingresos y acceso a servicios públicos como educación y salud— fue del 50,5%.

La mitad de los hogares no perciben los ingresos suficientes para cubrir la “canasta alimentaria”, situación que agrava la pobreza extrema. La mayoría de los venezolanos vive con un promedio de 300 dólares mensuales, pero varios millones reciben el salario mínimo, situado en 130 bolívares en abril de 2022, que entonces equivalían a 30 dólares. Ahora el salario mínimo se ha reducido a 3,59 dólares. El ingreso promedio per cápita en el segmento más pobre es de 10 dólares al mes, y la pensión de un profesional medio está en torno a los 4 dólares.

De la fuerza laboral compuesta por personas mayores de 15 años, únicamente 10,7 millones (52,2%) se encuentra ocupado. Dentro de este grupo, el 48,3% trabaja por cuenta propia. El gobierno de Maduro aplicó a finales de 2021 recortes de gasto público, subidas de impuestos e inyecciones de divisas en un intento de atajar el ciclo de hiperinflación en el país, que cerró ese año en un 686,4%. En 2023 llegó al 189,8% y la inflación anualizada a febrero de este año 2024 se ubicó en el 75,91%.

En cuanto a la sanidad, el servicio ha caído en picado en estos diez últimos años. En este momento, las intervenciones quirúrgicas, sea cual sea la gravedad, deben ser cubiertas en gran parte por los familiares del enfermo. Cuestiones básicas como los instrumentales y utensilios: oxígeno, alcohol, guantes, vendas y los fármacos, por no hablar de la alimentación durante su hospitalización, recaen por cuenta de las familias afectadas.

La población escolarizada es de 7,61 millones. Esto supone que un 34% de los venezolanos en edad escolar, incluidos menores de 24 años (más de 11,59 millones de personas), no cursan ningún estudio por motivos múltiples, entre los que se incluye la pobreza. Mientras que un 40% de los que sí están escolarizados, en tanto, tienen una asistencia irregular: el 30% por las protestas de los educadores, el 18% por el ausentismo del personal docente, el 19% a causa de enfermedades, el 10% por falta de comida en su hogar y un 14% por fallas en servicios públicos como luz, agua o transporte.

Ha llegado el momento de una recomposición total en Venezuela que tenga como base un pacto político y social hacia un proceso de transición amplio en donde las distintas fuerzas políticas tengan cabida. Esta llamada a la conciliación –por intermediación de los países más próximos al régimen– es urgente en este momento de emergencia nacional.

Ha llegado el instante protagonista de los sectores más institucionales y moderados de ambos bandos para que abran vías de acuerdo y de entendimiento entre dos proyectos nacionales condenados a entenderse en ámbitos fundamentales como son la recuperación social y económica, la reforma de las políticas públicas básicas, el déficit público y monetario, la distribución eficiente de los productos básicos, la nueva política energética y la seguridad como principales inquietudes ciudadanas. Todas estas cuestiones redundan en la imprescindible viabilidad histórica como nación y como Estado fundamental en la región.

Sin embargo, este imprescindible pacto nacional con mediación internacional o continental pasa por una cuestión previa: es necesario superar el cisma político y social poselectoral. Por un lado, la oposición debe evitar una progresiva marginalización alimentando un ambiente de radicalidad que sea la excusa de mayor represión y muerte. Por otro, el Gobierno no puede caer en la deriva autoritaria para contestar de esta forma a las acusaciones de falta de limpieza y transparencia democrática.

Para todo ello, sólo caben dos opciones: publicar las actas de recuento de las distintas mesas y/o poner en marcha un proceso de transición política como única fórmula contundente para cerrar con mano firme los peligros reales de la división interior.

Gustavo Palomares es catedrático europeo en la UNED y director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Fue el portavoz europeo en la Misión Electoral Internacional para las elecciones presidenciales de 2013 en Venezuela.

La Unión Europea, y España dentro de ella, se juegan bastante en la elección del próximo inquilino en la Casa Blanca. Probablemente mucho más que en cualquier otro momento desde que en 1948 y 1953, respectivamente, se estableciera el vínculo transatlántico que les une.

Aquella máxima de “América para los americanos” a cambio de que los Estados Unidos no se inmiscuirían en los asuntos europeos, elaborada por John Quincy Adams y proclamada por el presidente James Monroe allá por 1823, ha quedado hecha añicos en esta era de la mundialización; incluso con presidentes tan proclives al retraimiento global de los Estados Unidos como el actual mandatario de la Casa Blanca.

Hoy más que nunca estas elecciones afectan de forma directa el sistema internacional y a los socios europeos los que más porque son los que mayores vínculos históricos e intereses recíprocos comparten y los que en mayor medida necesitan al amigo estadounidense; más ahora que se viven instantes angustiosos de reconstrucción en el viejo continente. Esta elección de repercusión global, se realiza justamente ahora cuando muchos especialistas señalan que con la llegada de Trump, se confirma el declive estadounidense y el final de la era americana.

No es caer en exageración alguna si se señala que los principales puntos de la “agenda” de la Unión Europea (UE) pasan de forma medular por dos visiones completamente diferentes y encontradas como las que tienen Trump y Biden del papel que deben jugar la UE y los socios europeos.

La decisión electoral que se adopte afectará a los principales puntos de los objetivos políticos, sociales y estratégicos de la Unión Europea reflejados en el Libro Blanco para el futuro de Europa elaborado por la Comisión Europea tomando como referencia la fecha de 2025. Cuestiones como la lucha global contra la pandemia, la gestión del pos-Brexit, la reforma de la OTAN, la lucha antiyihadista, la nueva Política de Inmigración, Asilo y Refugio... todas ellas (y muchas más) dependen de forma determinante de la continuidad o no de Trump en la Casa Blanca.

Las elecciones del 3 de noviembre afectan a los puntos fundamentales de la relación transatlántica y la reelección de Trump puede suponer seguir prolongando la mayor crisis en dicha asociación estratégica, incluso peor que en los años posteriores al 11-S con la ocupación militar de Irak en 2003.

Por el contrario, la posible llegada de los demócratas –más 'obamanianos'– con Biden a la cabeza, puede propiciar una redefinición del actual concepto estratégico en la alianza atlántica y un nuevo marco de colaboración acorde con una seguridad más cooperativa que permita su adaptación a objetivos vitales para los intereses europeos, como ya se planteó durante la Administración Obama.

La postura de Trump con respecto a la UE y a la OTAN, caracterizada principalmente por su ambigüedad, desplantes sistemáticos y grandes contradicciones, es quizá una de las que más impacto han causado y peor ha evolucionado desde 2016 hasta la actualidad. Las cancillerías europeas aún recuerdan con cierto horror como en julio de 2016, justamente a pocas horas de su nominación, Trump dudaba de la utilidad de esta alianza y emplazaba a sus socios europeos a asumir el compromiso con más medios y más euros. Es el momento de “rascarse el bolsillo y hacer más pagos”, destacaba The New York Times de las palabras de Trump en su entrevista con este medio. Incluso llegó a amenazar con retirar a Estados Unidos del lazo transatlántico de forma simultánea a su retirada también del lazo transpacífico.

En estos años se ha demostrado que la política exterior errática, cambiante, reactiva e improvisada de Trump que ha caracterizado esta diplomacia de Twitter y de grandes bravuconadas con delirios de grandeza –pero con “pies de barro”–, no ha defraudado las peores expectativas. Las reuniones de Trump con la UE y la OTAN en 2017 y 2018 se vieron salpicadas de acusaciones directas, primero con su negativa a respaldar el compromiso de defensa colectiva del artículo 5 de la OTAN y, después, con los reproches a los Estados europeos –principalmente Alemania– por el gasto insuficiente en defensa y la necesidad de incrementarlo en 2019 hasta el 4% del PIB.

Aún con todo, a pesar de los gestos y los desplantes a sus aliados y a las instituciones de la Unión Europea, su posición de repliegue en lo económico y de un protagonismo militarista en el ámbito de la seguridad ha llevado también a la actual Administración –en una especie de esquizofrenia política– a destacar también el papel de la OTAN en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 e, incluso, a incrementar hasta 6.500 millones de dólares su aporte a la Iniciativa Europea de Disuasión en 2019.

Esta falta de coherencia entre el discurso, posicionamiento y gran parte de sus acciones dice mucho de las distintas caras que ha tenido Trump con el conjunto del sistema internacional y de forma muy especial con la Unión Europea. En ello, bastante ha tenido que ver el diverso y contradictorio grupo de asesores de los que se ha rodeado. Hay una gran distancia entre la posición de un Trump asesorado por Steve Banon y su apoyo al Brexit y la dinamitación del proceso de integración –incluso con una visita a Londres en 2018 para apoyar a Farage y a Johnson– y, por otro lado, el Trump asesorado por John Bolton –halcón del idealismo conservador- cuando ofrecía ayuda a Europa para ser la primera en contener a China y Rusia. Y ello paralelamente a la cercanía de Trump al “oso ruso”, fuente del principal escándalo de los muchos que han salpicado al presidente en estos años.

Es difícil que con Biden pudiera irle peor a Europa que con Trump. Durante estos cuatro años, en todas y cada una de las cuestiones fundamentales de esa relación, los socios europeos han sido tratados por Washington más como rivales que como socios.

Trump paralizó la negociación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre ambas regiones, cuando se iniciaba la decimocuarta ronda de negociaciones. Un acuerdo que hubiese amparado el 49,6% del PIB mundial y sería un instrumento imprescindible cuando el 19,4% de las exportaciones de la UE van a los Estados Unidos. Por su parte, un 15,4% de las exportaciones de EEUU van a la UE. El acuerdo contemplaba un compromiso para suprimir el 97% de los aranceles. En este momento, valga la paradoja, EEUU, el principal socio histórico de Europa occidental, es el único de todos los principales actores económicos y comerciales del planeta que no tiene acuerdo de libre comercio con la UE.

A cambio, la Administración Trump en este período ha abierto una verdadera guerra comercial para imponer a la Unión Europea aranceles comerciales por valor de 7.500 millones de dólares (unos 6.900 millones de euros) anuales. La medida entró en vigor el pasado 18 de octubre después de que la Organización Mundial del Comercio (OMC), en un inesperado fallo, avalara la decisión de Trump.

Los países que van a sentir el mayor peso de los gravámenes por parte estadounidense son Francia, Alemania y España. Concretamente el coste para la economía española ronda los 765 millones de euros. En total, las nuevas tasas que pondrá en marcha la Casa Blanca afectarán a unos 1.270 millones de euros en exportaciones españolas, de los que la amplia mayoría, unos 970 millones, son del sector agroalimentario. Esta cantidad supone el 47% de las exportaciones de alimentos españoles al mercado estadounidense, que en 2018 sumaron un volumen total de 2.032 millones.

Las empresas españolas más afectadas, según la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, serán las del aceite de oliva, cuyas ventas en el mercado estadounidense suman unos 400 millones, seguido del ámbito del vino, que ve peligrar unos 300 millones. Les siguen el de la aceituna (180 millones) y el del queso (87 millones). A estas cantidades hay que sumar el impacto que sufre España por las nuevas tasas a componentes del sector de la aviación civil, incluidos aviones, que suma unos 300 millones. De esta manera, un 15% de las exportaciones españolas a Estados Unidos (unos 8.076 millones el año pasado) se verán impactadas por la medida tomada por el gobierno de Donald Trump a tenor de lo señalado por el Ministerio de Industria y Turismo.

Con todo lo pasado, que ya es mucho, la Unión Europea cruza los dedos porque, con seguridad, lo peor de una reelección de Trump no está en los costes económicos, de seguridad o comerciales de este continuado desencuentro, sino en que su victoria pueda seguir alimentando el nacionalismo y el populismo reaccionario de muchos grupos con un creciente peso en Europa –también en España– que carcomen las instituciones democráticas, atentan contra la convivencia y ponen en duda el mismo proceso de integración. Sobre cómo incubar el 'huevo de la serpiente' del autoritarismo, Europa y España saben demasiado.

Gustavo Palomares Lerma es profesor de política exterior de Estados Unidos en la Escuela Diplomática de España, catedrático europeo “Jean Monnet” y Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la UNED.