Hay algo que sigo sin entender de una buena parte de la sociedad española y de lo que necesitamos hablar. Me he enterado por redes sociales de la aparición del cuerpo de uno de los niños de Carabanchel, que junto con su hermano estaba desaparecido desde el 10 de diciembre. Y la lógica humana más elemental me podría llevar a pensar que esto es una tragedia sobre la que nadie podría sentir más que empatía y tristeza; sin embargo, esa lógica se desmorona sin más cuando leo los comentarios culpabilizantes y en tono de burla hacia estos menores y su familia, solo por ser gitanos. 

El desprecio por el pueblo gitano es algo irracional que se ha metido en la médula y en el inconsciente colectivo de millones de personas en este país, que son capaces de justificar cualquier cosa si recae sobre las personas gitanas. Sin ir más lejos, este verano presenciamos cómo viviendas de familias gitanas fueron incendiadas en Jaén, bajo la excusa de la indignación colectiva por el asesinato de un vecino del pueblo a manos de un hombre gitano. La convención social y jurídica de no tomar justicia por mano propia se evaporó y se justificó, como no se haría en ningún otro caso. Muchísima gente se amparó en la indignación que produce un asesinato para hacer y deshacer, incluso en contra de personas que ninguna responsabilidad tenían frente a este hecho, y para destilar comentarios racistas en contra de la población gitana. 

¿En qué país medianamente respetuoso de los derechos se permitiría y se sostendría en el tiempo una injusticia como la que se viene cometiendo desde hace dos años contra 4.000 personas, de las cuales 1.000 son niñas y niños, en la Cañada Real? Han tenido que intervenir organizaciones sociales nacionales e internacionales para conseguir que el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa inste al Estado español a restablecer el suministro de energía eléctrica, porque a la institucionalidad esto le ha dado igual. Seguro que si no se tratara en su mayoría de personas gitanas, esto se habría resuelto hace muchísimo tiempo.

Puedo afirmar que nunca, hasta que llegué a España, supe de prejuicios racistas contra las personas gitanas. Pronto me fui enterando de ello en la universidad y en la interacción social. Quiero hablarles de esto, porque a veces, sin darnos cuenta, naturalizamos lo que vemos en nuestro entorno y tendemos a pensar que simplemente es así y no hay más opciones.

Como algunas/os de quienes me leen ya lo sabrán, soy de Colombia, un país en el que también hace presencia el pueblo gitano. Así que me resulta inevitable pensar en ambas realidades. Siempre me ha llamado la atención que vi cosas allí que nunca he conseguido ver aquí, pese a toda la precariedad propia de la realidad colombiana y de su conflicto armado que, por supuesto, también atraviesa las vidas gitanas. Por ejemplo: que la Constitución les reconoce una protección especial dada su identidad y riqueza étnica y cultural, lo que le impone al Estado unas responsabilidades adicionales para preservar su protección, así como la de sus derechos, o que en una gran proporción la comunidad Rom -como se le conoce generalmente- aún mantiene su idioma romanés, porque se le respetaron sus prácticas culturales. Y, sobre todo, que no recae sobre el pueblo gitano una estigmatización social ni institucional, como sucede en España.

Es inevitable sentir y pensar en esos contrastes. El prejuicio social es enorme, se siembra desde muy temprano y se va quedando ahí instalado; en el mejor de los casos se sale de él, en otros, ya sabemos todo el daño que causa. He conocido gente que me ha contado que en la escuela tenía amigos gitanos, pero que, conforme fue creciendo e iba escuchando cosas sobre los gitanos, a pesar de haber interactuado con ellos, asumió los prejuicios sociales sobre esta comunidad. Seguro que muchos de ustedes podrán pensar ahora mismo en experiencias similares. Lo complejo de todo esto es que no es solo un asunto de prejuicios, sino de lo que ello implica en sus vidas y en sus derechos; que se ejemplifica en el hecho de que sus condiciones de vida sean mucho peores y que vivan entre 10 y 15 años menos que la población paya.

El odio y la deshumanización que existen en España sobre las personas gitanas invierten todos los acuerdos sociales. La presunción de inocencia opera en contra y la empatía está condicionada a que demuestres ser “uno de los buenos”. Que estas fechas en que todo el mundo pretende hacer reflexiones sobre el amor, la bondad y la empatía con las y los demás sirvan para que se reflexione sobre la violencia hacia las personas gitanas, la burla por el asesinato de un niño o la tortura sostenida de niños y niñas obligados a soportar frío.

En todo el mundo se está hablando de Qatar, la nueva sede del evento más esperado por los amantes del fútbol; el Mundial. Es imposible que no se hable de los abusos a nivel de esclavitud que se han dado en ese país alrededor de la organización y que ha llevado a la muerte de miles de personas inmigrantes. De las violencias que de manera sistemática padecen allí las mujeres y las personas LGTBI; de la pena de muerte o de los escándalos que han rodeado la manera en que Qatar consiguió ser sede del Mundial; sobornando a la FIFA.

Motivos hay de sobra para recriminar este Mundial y todo lo que se ha hecho con la anuencia de la FIFA. Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo: esta no sería la primera vez que para levantar un mundial de fútbol la organización se lleve por delante los derechos de cientos de miles de personas e ignore completamente las reclamaciones de las víctimas.

Solo basta con ver lo sucedido en los mundiales más recientes. En Alemania 2006 se registraron múltiples denuncias por la trata de mujeres para ejercer la prostitución, en la mayoría de los casos procedentes de Europa del Este. En Sudáfrica 2010 Amnistía Internacional denunció la persecución policial de personas sin hogar y migrantes, además de la destrucción de alojamientos ubicados en zonas aledañas a los estadios de fútbol sin ofrecer ningún tipo de reubicación.

En Brasil 2014 también se dio el desalojo de miles de familias de sus lugares de vivienda, sin ningún tipo de consulta previa, para que se pudiese dar espacio a la construcción de los estadios que la organización exigía. La explotación de las personas empleadas en la construcción de estas obras fue una constante; los salarios, las horas extras y mejoras de las condiciones de trabajo fueron algunas de las reclamaciones que los trabajadores hicieron públicas mediante movilizaciones que fueron reprimidas violentamente por la policía. En los medios se presentaban esas movilizaciones como actos de irresponsabilidad por parte de los trabajadores, generando la idea de que cualquier retraso en la entrega de las obras era culpa de su conducta y no porque estuviesen haciendo justas reivindicaciones.

El mundial de Rusia 2018 se realizó en medio de la peor crisis de derechos humanos en ese país desde la era soviética. Así lo afirmó en su momento la Organización Human Rights Watch. La persecución, encarcelamiento y tortura de activistas por los derechos humanos venía siendo una práctica recurrente que se agudizó con el mundial, lo que justificó la represión violenta de cualquier tipo de protesta. En aquel entonces las ONG y grupos activistas no ahorraron esfuerzos para visibilizar todos los horrores que allí ocurrían respecto de la persecución, estigmatización y violencia ejercida sobre el colectivo LGTBI o sobre la despenalización de la violencia intrafamiliar. En Rusia la explotación de los trabajadores en las obras de construcción preparatorias al mundial también se hizo presente. Retrasos en el pago de salarios y condiciones de trabajo inseguras que ocasionaron la muerte de decenas de trabajadores.

Aunque en su momento supimos de estas cosas porque algunos medios se hicieron eco de ellas, nunca se les dio un despliegue similar a lo que está siendo Qatar. Por supuesto que lo de Qatar es impresentable; restricciones severas de las libertades en un territorio con amplias concentraciones de riqueza y miseria a partes iguales y en general, unas condiciones de vida contra (y por) las que difícilmente la gente puede levantarse. 

Sin embargo, vale la pena preguntarnos si no hay una indignación selectiva. Las vulneraciones y abusos de poder en Rusia no han sido poca cosa -que por cierto ahora el mundo está viendo parte de sus implicaciones- y, sin embargo, nunca el reproche fue tan contundente como el de ahora con Qatar. ¿Tendrá esto que ver un poco con que el primero sea del mundo blanco europeo y el otro no? ¿Habrá algo de sesgo racista y arabófobo en todo esto?

Llama profundamente la atención que ahora se reivindiquen los derechos humanos desde todos los rincones del mundo por las atrocidades de Qatar, por los muertos que dejó la construcción de esos estadios; pero no por los que dejaron los estadios de Brasil o Rusia, por ejemplo. Por la violencia que se ejerce sobre las mujeres y personas LGTBI, pero se haya guardado silencio cuando esa misma violencia se denunció proveniente de Rusia.

La presión que se está ejerciendo sobre los artistas que han sido invitados a cantar en la apertura del mundial -muchos han declinado la invitación- no está siendo ni por asomo similar a la que se ejerce sobre los equipos o sobre la propia FIFA. La permisividad con la industria del fútbol, a la que se le ha perdonado de todo, requiere una revisión profunda. Esto no va solo de Qatar. Veremos si dentro de cuatro años, cuando el mundial se realice en Norteamérica, se levantará también este interés por los derechos humanos o si solo nos preocupan cuando sus vulneraciones no provienen del “mundo occidental”.

La indignación por los derechos humanos no puede ser selectiva. En nombre del fútbol se han permitido y justificado muchas injusticias. Que valga esto para recordar que Qatar no ha sido el único mundial por el que debimos indignarnos.

Creo que a estas alturas, para quienes hemos visto la serie 'House of the Dragon' no es un secreto la cantidad de escenas de partos que en ella aparecen, pero es que además pareciera que las escenas violentas de las batallas se hayan remplazado por partos violentos. No quiero que me acusen de hacer spoilers, de modo que anuncio desde ya que quien no la haya visto y no quiera que le hable de escenas de la misma, el momento de dejar la lectura es ahora. Pero si los spoilers no importan tanto como a mí, que hasta cierto punto les tengo el gustico, sigamos con esto.

Leí que el creador y guionista Ryan Condal había dicho en el podcast de la serie que querían dramatizar los partos de una manera distinta a esa en que han aparecido siempre en televisión; tipo muy pulcros, una mujer en una cama de un hospital que suda un poco y puja. Y aunque esa intención es buena, porque un parto es todo menos pulcro y fácil, la verdad es que ha habido una excesiva sobreexposición de los mismos —algunos se podían quitar de la historia sin que afectaran en nada— y no han logrado escapar a la perspectiva masculina.

El punto de partida de la serie es el parto de la reina Aemma Targaryen, a quien el rey elige sacrificar para salvar a su heredero, muriendo desangrada luego de que le abrieran el abdomen para sacar al bebé (podemos hablar de una cesárea), quien finalmente también muere. Todo esto en medio de una escena terrorífica y sangrienta. Luego está el parto de Laena Velaryon, quien tras escuchar al maestre (que vendría a ser el médico) decirle a su esposo que lo han intentado todo y que él debe decidir a quién salvan, aunque difícilmente ella sobreviva, decide ir hacia su dragón y ordenarle fuego al grito de “Dracarys” para morir incinerada. Y finalmente están los partos de Rhaenyra. Nada más terminar el primero, se ve obligada a atravesar todo el palacio, pálida, sangrando y tambaleándose, para no separarse de su hijo recién nacido ante la exigencia de presentarse ante la reina. Pero es el último el que sinceramente me ha movido a escribir esta columna.

Durante toda la serie, cuando aparecían los partos, no hacía más que pensar: “Uff, esto lo han escrito hombres, cómo se nota”. En el último dije: “Esto es el colmo”. Es que en esas escenas las decisiones las seguían tomando los hombres; ni siquiera en un plano imaginario, una creación ficticia como era esta serie, se planteó que alguna mujer tomara una decisión, que se le consultara al menos, ni siquiera la reina pudo decir algo. Es más, los creadores pudieron echar mano de cosas que pasaban en los partos en una época histórica equiparable como la Edad Media; por ejemplo, el hecho de que eran parteras y comadronas las que estaban al frente de ellos, pero en la serie nunca se les dio protagonismo alguno.

En el último capítulo, la perspectiva patriarcal cruza todos los límites del sentido común. Rhaenyra, una mujer devastada por la muerte de su padre, se pone de parto y decide —ahí sí— parir sola, dando a luz a una niña muerta. El estado físico y emocional de una mujer que pasa por algo así es brutal. Sin embargo, en el afán de mostrarla “fuerte”, ese mismo día, el día en que da a luz y sepulta a su hija muerta, sigue andando por todo el palacio, dirige las reuniones de estrategia militar para planear el ataque por el robo de su trono, es coronada en una ceremonia frente a decenas de personas, y al poco aparece montando su dragón para ir a confrontar al hombre de confianza del rey y se regresa caminando hasta su castillo —que tampoco es que le quedara a 20 pasos—. Todo esto sin quejarse, sin abrir siquiera un poco las piernas, sin decir un “ay”, sin que se le viera dolorida, sin que se le notara que una bebé acababa de salir por su vagina hacía unas pocas horas.

Todas esas escenas siguen permeadas por una perspectiva masculina, por la idea de fuerza que el sistema patriarcal nos ha metido hasta la médula. No por quejarse, caminar más pausado o por manifestar dolor, una mujer que acaba de parir deja de ser fuerte. ¡Acaba de parir! Qué esperas ver si no eso. No pueden medir nuestros procesos reproductivos bajo esos estándares patriarcales de fuerza y debilidad, menos quienes ni siquiera potencialmente podrían vivirlos. 

O sea, ¿entre una carnicería horrorosa de un parto en el que la mujer muere y otro en el que da a luz sola, se pone de pie y sigue su vida como si nada, no hay un punto medio? ¿Son esas las opciones que tienen las mujeres para que se cuenten sus partos en las series o en el cine? Al final los creadores “críticos” como Ryan Codal cambian las formas en cómo se presenta el parto en la ficción, pero el mensaje de fondo permanece idéntico, bajo la visión de los hombres y sin tener en cuenta la experiencia vital de las mujeres.

Es bueno saber que se empiezan a tratar estos temas en las pantallas, aunque la mirada patriarcal sigue imperando. La verdad es que para todo lo que resistimos, son pocas las veces en que gritamos: ¡Dracaryyyyysss! 

El lema de la Comunidad de Madrid presidida por Isabel Díaz Ayuso para festejar las fiestas de la “hispanidad” 2022 ha sido “todos los acentos caben en Madrid” -por cierto, concepto de “hispanidad” con cuya acepción oficial tengo muchos reparos, algo de lo que ya he hablado antes por aquí-. Y, sinceramente, no he podido evitar pensar en exactamente a qué se refiere. ¿De verdad todos los acentos caben en Madrid? ¿En dónde? Es que directamente me pregunto, ¿cuál es el nivel socioeconómico de esos acentos que le gustan a la Madrid de Ayuso? 

Cómo caben todos los acentos en un Madrid que segrega, discrimina y excluye. Para nadie es un secreto que los mayores índices de pobreza y precariedad en esta comunidad autónoma están en cabeza de las personas migrantes, además de países no europeos. Basta con mirar cómo funciona la segregación en las viviendas. La gran mayoría de las personas migrantes viven en las zonas más empobrecidas de la ciudad. Hay barrios en Madrid en donde los únicos residentes extranjeros apenas alcanzan el 10% de los habitantes y son gente rica, con una buena posición social, además de las trabajadoras del hogar que laboran allí; en contraste hay otros donde más del 40% son población migrante de la clase trabajadora.

Existe una línea imaginaria, entre el norte y el sur, que verdaderamente determina la vida de las personas por su poder adquisitivo y su lugar de origen en ese Madrid donde realmente no “caben todos los acentos”. La tasa de abandono escolar en Madrid sigue siendo determinante en la vida de mucha infancia y adolescencia migrante. Una realidad que la presidenta de la comunidad insiste en negar, a pesar de que numerosos estudios denuncian que los estudiantes extranjeros duplican la tasa de abandono escolar dadas sus circunstancias socioeconómicas. Una exclusión que forma parte del plan educativo de Ayuso y, por eso, sus políticas como las becas educativas van dirigidas a familias que ganan más de 100 mil euros.

A la Madrid de Ayuso tampoco le “caben todos los acentos” en el sistema sanitario que administra. Uno que sistemáticamente excluye la salud y las vidas de las personas extranjeras y empobrecidas. Esto tampoco es un secreto, lo vienen denunciando desde hace tiempo organizaciones sociales, ONG, e incluso trabajadoras/es del mismo sistema sanitario a quienes obligan a cumplir estos estándares de exclusión. Un sistema que mediante barreras burocráticas y administrativas deja por fuera incluso a la infancia, mujeres embarazadas y personas con VIH. Y en el que pensar en el acceso a derechos sexuales y reproductivos como el aborto es prácticamente un lujo. 

Algunos más generosos podrán pensar, bueno, pero es que muchas de estas cosas ocurren en varias de las grandes ciudades del país y, bueno, eso es posible; sin embargo, no en todas esas grandes ciudades hay dirigentes que niegan estas realidades, que no tienen ni la más mínima intención de resolverlas y que solo quieren estar al servicio de los ricos y las grandes empresas. 

Es posible que en el Madrid de Ayuso quepan algunos acentos distintos al de Madrid, pero acentos cuyos dueños tienen dinero y/o empresas a las cuales beneficiar. No olvidemos, por ejemplo, los 5.6 millones de euros que pagó en un contrato adjudicado a dedo a un empresario venezolano, para la consecución de material sanitario, empresario con al menos ocho sociedades en Barbados y Panamá. O la férrea oposición que está haciendo a la iniciativa del Gobierno de poner impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, frente a sus rebajas fiscales para los ricos; defendiendo con ello la posición y los intereses de empresarios como el millonario argentino Martin Varsavsky, fundador de Jazztel, quien ya anunció que de aprobarse la medida se iría de España a Estados Unidos. 

Esta perspectiva del Madrid de Ayuso no es fortuita ni casual. Es el resultado de la herencia colonial y racista del nacionalismo español, de ese mismo que defiende la “hispanidad” como una misión civilizatoria de Europa y la iglesia católica sobre las poblaciones indígenas y negras. Es la misma perspectiva que aplica en las políticas sociales y que discriminan a las personas migrantes y racializadas. 

Así que no, en el Madrid de Ayuso no caben todos los acentos. No caben aquellos atravesados por la precariedad, por la enfermedad, por la falta de poder adquisitivo, de documentación o de un correo postal de una zona lujosa. 

Seguro que si ahora mismo inicio diciendo que muchas mujeres en España no tienen derecho al aborto, van a pensar que estoy equivocada y me dirán que hace poco se emitió una reforma de la “ley del aborto” que lo hace universal. Y lo de la ley y sus reformas es verdad; sin embargo, eso no desvirtúa lo que he dicho. Aunque pensemos que el derecho al aborto en España es una realidad y que quienes estén frente a un embarazo no deseado pueden interrumpirlo legal y gratuitamente con apoyo del Estado; la verdad es que eso no es así para todas.

Las mujeres migrantes en España vienen desde hace años lidiando con el hecho de que las barreras burocráticas les impidan materializar su derecho a la salud en general y sus derechos sexuales y reproductivos en particular. Ya en otras ocasiones les he hablado sobre los obstáculos que viven las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo embarazadas para acceder a la asistencia sanitaria. Pues bien, esos obstáculos persisten y son incluso peores para quienes necesitan practicarse un aborto, pues detrás de las barreras burocráticas a menudo existen prejuicios morales y religiosos de funcionarios/as del sistema sanitario que se oponen.

Es verdad que la legislación sanitaria en España señala que en principio el acceso es universal; sin embargo también señala que solo podrán recibir asistencia sanitaria las personas que demuestren llevar más de 90 días residiendo en el país (por aquello de que no sean turistas). Esto se ha interpretado de la forma más restrictiva posible para negar insistentemente el derecho a la salud a las personas migrantes, para quienes en muchas ocasiones aportar un padrón es casi imposible; ya sabemos lo problemática que es actualmente la situación de la vivienda para las personas nacionales, ahora imaginen lo que puede ser para las personas migrantes. Pero es una restricción que incluso se usa en contra de quienes llegan solicitando asilo; es decir, para quienes ingresan al país buscando protección del Estado y aun así, les imponen las mismas exigencias de tiempo, del padrón y, además, deben lidiar con que la Administración no les dé citas para renovar documentación y por esos documentos caducados también les niegan la asistencia sanitaria.

Las mujeres migrantes en situación irregular que desean interrumpir su embarazo ven por descontada una doble afectación a su salud mental. No solo deben cargar con su angustia personal sino además con la que la institucionalidad le impone. La única opción que les queda ahora mismo son las redes que han ido construyendo, la autogestión, el intentar resolverlo como buenamente puedan de tal forma que sea de la manera más segura posible. Y quienes aún no llegan a esas redes y no conocen a nadie, pues están en el abandono absoluto. Que esto ocurra es injusto, discriminatorio e ilegal. No existe motivo alguno que justifique de manera medianamente racional este tipo de restricciones que exponen seriamente la salud y la vida de las mujeres migrantes, sin que pase por una abierta vulneración de sus derechos humanos.

Imaginen ahora esa situación de angustia junto al hecho de haber vivido una violación. Hace unos días, una amiga que trabaja en una ONG, me contaba todas las peripecias que tuvo que vivir acompañando en la solicitud de un aborto a una mujer latina solicitante de asilo que había sido víctima de violencia sexual a los pocos días de llegar a España. En el centro de salud no le querían dar fecha para la práctica del procedimiento argumentando que aún le quedaba mucho para cumplir el plazo máximo de 14 semanas, que volviera después. De no ser porque mi amiga conocía el funcionamiento burocrático y estaba respaldada por su cargo en esa ONG, esa mujer no habría podido acceder al aborto. Un embarazo forzado, un auténtico mecanismo de tortura absoluto derivado de una violación, una realidad silenciada y que viven muchas mujeres migrantes.

El pasado miércoles 28 de septiembre fue el día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro y en diversos países las mujeres se movilizaron por esta causa. En España también se manifestaron las mujeres migrantes antirracistas; en Madrid, por ejemplo, convocaron y se sumaron a esta fecha, reivindicando su derecho a un “aborto antirracista”, en su comunicado 'Panchitas y Moras insumisas', declaran que son mujeres excluidas en un sistema que es racista, en el que solo importan los derechos de las personas nacionales o con NIE y en el que los lazos de sororidad no son los mismos en el interior del feminismo blanco que cuando se trata de mujeres sin papeles para que puedan abortar. “Nosotras somos las mujeres que tenemos que abortar escondidas en la noche, porque somos internas; las que tenemos que trabajar al siguiente día de abortar porque si no, nos echan sin ninguna contemplación; las que abortamos en habitaciones compartidas en soledad; somos las madres que queremos tener hijes por decisión y no por imposición”.

Y es que mientras unas se manifiestan para que su derecho al aborto sea blindado y ninguna fuerza política o judicial se lo arrebate, otras lo hacen para que apenas se lo reconozcan. Para que el derecho al aborto sea realmente universal, debe ser accesible para todas, indistintamente del lugar de origen o el color de piel. Los derechos no pueden ser privilegios para unas y clandestinidad y peligro para otras. 

Eso son “típicas rencillas” de colegio, es tal vez una de las frases que más complicidad recoge frente a la denuncia de la infancia que es víctima de acoso escolar. Esa infame tendencia a minimizar la violencia y el testimonio de los niños y las niñas y que se agudiza cuando esa infancia no es blanca y el motivo por el que le persiguen, insultan y agreden, es su lugar de origen y/o su color de piel. Esto fue lo que le dijeron a la madre y padre de Saray en el colegio, cuando comentaron lo que estaba sucediendo con la niña, restándole importancia al asunto.

Una niña colombiana de 10 añitos ha tenido que soportar durante meses en un colegio nuevo al que llegaba luego de trasladarse a vivir en España, que sus compañeros la golpearan, tiraran del pelo, le gritaran cosas como “sudaca de mierda, vuelve a tu país”, “puta colombiana” o “no vas a tener amigos”. No puedo evitar preguntarme de dónde carajos sale tanto odio, cómo puede ser tan miserable una sociedad que siembra en la infancia tantas canalladas, para que el acoso, la persecución y la violencia se reproduzcan de esta manera, sin permitirles siquiera crecer en paz. 

Detrás de esas “típicas rencillas” o el tan frecuente “son cosas de niños”, a menudo lo que hay es un racismo brutal, que tiene podrido a un sistema que desprecia las vidas que no son blancas y que infamemente tampoco distingue la edad que tengan. Ese que se hace evidente en cosas tan absurdas como quejarse incesantemente en redes sociales porque un personaje imaginario de una película de Disney lo representa una actriz negra, o en cosas tan graves como justificar que un gobierno sea cómplice o responsable del asesinato de personas por cruzar una frontera.

A Saray le han bastado dos días de su regreso al colegio para tomar la decisión de lanzarse desde un tercer piso y acabar así con esa tortura. Su padre dice que ella en algún momento dejó de confiar en que ellos lo solucionarían o en que el colegio la protegería. Cuántas niñas y niños están ahora mismo como Saray, cuántas estarán sintiendo que los adultos de su entorno no les protegen. Cuál tiene que ser la situación física y emocional de la infancia en un país como España que recibe población migrante todos los días y que además de agredida se siente desprotegida.

Ella está ahora mismo en un hospital recuperándose de lesiones en la cadera y el tobillo, pero cuánto tiempo le tomará curarse de las lesiones emocionales que esto le ha dejado, cuánta terapia y años le llevará superar toda esa mierda que ha tenido que soportar. Saray no está a salvo y tampoco lo están las niñas y niños racializados, mientras los lugares que deberían ser seguros, sean entornos tan jodidamente hostiles y peligrosos. 

No dejo de pensar en que es algo sobrenatural, milagroso si se quiere, que ella haya sobrevivido. Solo espero que esto que le ha sucedido a Saray sirva para algo, para que como adultos nos revisemos lo que hacemos en general y respecto a la infancia, para que estos episodios tan profundamente dolorosos y traumáticos no los vuelva a vivir ninguna criatura y que sus familias puedan sentir la tranquilidad de que ellas estarán bien y seguras.  

Saray, si un día lees esto quiero que sepas que no hay nada mal en ti, ni en tu piel, ni en tu cuerpo ni en que seas de Colombia. Eres una niña maravillosa y valiente. Absolutamente nada de lo que ha pasado ha sido tu culpa. Somos muchísimas las personas que estamos deseando te recuperes pronto y puedas disfrutar de la vida y de tu familia tanto y tan feliz como lo mereces.

Si también me leen desde el colegio o personas que trabajan con la infancia en entornos educativos; quiero insistir en que no olviden que educar implica también cuidar, ninguna niña o niño podrá estar en condiciones de educarse si está viviendo un absoluto calvario y si quienes deben creerle y protegerle no lo hacen. Es necesario reconocer que nunca va a ser lo mismo ir al cole, que ir al cole en un país nuevo o ir al cole siendo una niña o niño negra/o, musulmana, china/o, latina/o, etc.; en un país mayoritariamente blanco. Reconocer el racismo como un factor de riesgo para la salud física y mental en los entornos educativos, es una tarea urgente que ustedes no pueden evadir. 

A las familias de los/as compañeritos/as de Saray, a las familias con criaturas en edad escolar y a la sociedad en general. Este tipo de conductas no se dan por generación espontánea ni son “cosas de niños”, esto es cosa de la información que estos niños y niñas reciben en su entorno, de lo que les han dicho que es lo correcto y eso es responsabilidad de los adultos. Qué han visto en su casa y qué han escuchado decir a los adultos con quienes interactúan. No, esto no se trató de un caso aislado o de un caso límite; este tipo de situaciones la viven todos los días la infancia racializada mientras los adultos creen que son cosas inofensivas y simples rencillas y se hacen así cómplices de una enorme espiral de violencia racista con consecuencias nefastas para la vida de muchísima gente. 

Saray está viva, pero bien sabemos que pudo no ser así, ya basta de minimizar la violencia y los relatos de la infancia. Que nunca más ni el origen ni el color de piel sean motivo del sufrimiento para una niña o un niño. 

Hace unos días estaba limpiando mi bloc de notas del móvil, como tesista que soy tomo apuntes de cuanta idea llega a mi cabeza en el momento menos pensado y todo va al móvil. Bueno, también va la lista de la compra, los gastos o los pendientes que tengo, en verdad es que me gusta hacer listas.

El caso es que en esa limpieza de notas encontré una que había hecho hace dos años y que se llamaba: “Mi historia de amor con Madrid”. Me enterneció leerla, no recordaba que la tenía por ahí. Yo siempre voy diciendo a los cuatro vientos lo feliz que soy en Madrid, a pesar de los ires y los venires, pero nunca lo había escrito y eso es un poco colmo para una columnista madrileña por adopción y para alguien que cree que, al igual que a las personas, a las ciudades también se les habla y se les agradece, así que hoy quiero hacerlo.

Hay dos palabras que atraviesan esta historia. Como colombiana de origen que soy sigo pensando muchas cosas en colombiano y por más que busque, no encuentro otras que reemplacen, en la jerga española, la carga semántica. Son: tusa y traga. La tusa ya se la enseñó al mundo Karol G (la cantante de reguetón) con su famosísima canción. Una tusa es una tristeza profunda causada por alguna decepción amorosa. Se está entusada/o cuando una extraña muchísimo a esa persona y no puede estar con ella. La traga en cambio es un sentimiento fuerte de atracción o enamoramiento hacia alguien y ¡ojo! que la traga puede ser correspondida o no. Una/o puede tragarse hasta platónicamente.

Así que podría iniciar diciéndoles que mi estado emocional con Madrid es de traga permanente y las razones se las voy a contar ahora. Caminar por ella es regocijarme una y otra vez con sus calles, sus historias, la tranquilidad que me generan, lo bonitas que son, siento que cada edificio me puede contar algo sorprendente. Quisiera capturar en imágenes con mis ojos cada rincón que de ella encuentro. Algo que no acabo de superar es su cielo azul profundo y perfecto, antes de ella nunca había visto un cielo tan despejado, tan enorme, tan imponente y dueño de sí.

Con Madrid pude sentir por primera vez la tranquilidad de ir por las calles sin miedo. Y sí, es parte de esta feminidad instaurada socialmente que nosotras vayamos por las calles con miedo. Pero hablo de otro tipo de miedo. De saber que no me iban a agredir por robarme o que podía hablar por el móvil mientras caminaba sin que algo malo me pasara, o sin tener que agarrar mi bolso todo el tiempo (sí, cada quien según sus historias tendrá sus razones para ser más feliz en un lugar). Madrid me enseñó la utilidad real de las cebras. Hasta entonces para mí solo eran unas líneas gruesas de pintura en el suelo que no tenían ningún fin práctico para los peatones. Todavía recuerdo la primera vez que crucé sobre una y que los coches amablemente se detenían, yo no lo podía creer, lo que para la gente aquí era rutina para mí estaba siendo todo un descubrimiento.

A la chica que venía del país de los jugos (zumos) y las frutas, Madrid le enseñó a beber agua. A beber agua con los alimentos, a beber agua a lo largo del día, a beber agua, sin más. Todavía cuando vuelvo a Colombia mi madre ve con tristeza que a veces prefiera solo beber agua en lugar de un jugo. Pero se anima cuando ve que ahora también como ensaladas y cocino verduras.

En Madrid conocí la fuerza del feminismo y las manifestaciones del 8M más grandes y poderosas del mundo y con ello a mujeres que me inspiraron y me acompañaron a ser libre. Conocí la dignidad pensionista en las calles defendiendo sus derechos. El movimiento de discapacidad reivindicando autonomía y no caridad. El pueblo gitano resistiendo y luchando. La dignidad migrante. El poder crítico y de movilización social de la gente. Tuve maestras y maestros que me mostraron otros paradigmas. Conocí la utilidad y la defensa de lo público (aunque por estos días ya escasea un poco).

Un día me fui de Madrid y ahí empezó mi tusa, en ese momento supe que una tusa se puede sentir también por una ciudad, ¿les ha pasado? No hubo un solo momento en que no la pensara, en que no la echara de menos, en que no planeara mi regreso, en que no soñara con volver a encontrarme con ella. Ese quererla y no poder verla que me hizo volver y quedarme. Verán, a veces pienso que somos tan distintas, que nuestra forma de pensar y de votar es tan diferente (no vamos a discutir sobre esto, pero es verdad que ella y yo tendemos a votar distinto) o en que hay cosas que nos separan; por ejemplo, la insistente manera en que algunas/os me hacen sentir que por mucho tiempo que pase nunca voy a ser parte de ella. Y hay otras tantas que yo le crítico y que seguiré haciéndolo, las cosas son así; pero yo, que soy una obstinada de primer nivel, una terca que no se da por vencida tan fácil, he decidido seguir queriéndola y ser feliz en ella. Hace 9 años que la conozco y la traga no se me pasa.

—Hola, ¿me escuchas?

—Sí, hija, te escucho. ¿Estás viendo? Yo llegué a casa y ya estoy aquí sentada frente al televisor viendo la transmisión.

—Jumm, yo estoy en esas desde hace como dos horas, mami (risas)

—Estoy impresionada con la multitud de gente. Nunca vi nada igual, esa plaza abarrotada de gente celebrando. ¿Viste que hay una silleta (arreglo floral típico de la zona antioqueña, que se expone en la célebre Feria de las Flores de Medellín) en honor a cada región del país?

—Sí, están hermosas. Y ¿qué me dices de la guardia indígena haciendo calle de honor al presidente?

Así empezaba el domingo a las dos de la tarde de España una conversación telefónica con mi madre. Ella en Colombia y yo en Madrid. Como nosotras, millones de colombianas y colombianos allá y regadas/os por el mundo, pendientes de lo que estaba siendo la posesión presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez. De pronto, estábamos frente a un gran evento de esos que reúnen a todo el mundo en casa o que les hacen conectarse desde donde estén. Como cuando Katherine Ibargüen (atleta) y Mariana Pajón (bicicrosista) compitieron en los Olímpicos de 2016 y ganaron cada una la medalla de oro para Colombia. O como cuando la selección colombiana fue al mundial de fútbol en 2014 y quedó en cuartos de final. Pero esta vez se trataba de una posesión presidencial. ¡Increíble! La Colombia que había perdido totalmente la fe en los políticos estaba absolutamente emocionada y conmovida porque uno se investía del poder para ser su presidente durante cuatro años.

Ustedes ya saben que el Gobierno de Petro y de Francia viene a ser el primero de corte progresista en la historia de Colombia. Pero ¿por qué nos conmueve tanto? ¿Por qué de pronto todas/os nos sorprendimos llorando en algún momento de esa transmisión de mando? ¿Qué pasa que de pronto un acto político nos hace sentir felicidad y esperanza? Les quiero responder estas preguntas desde mi experiencia como colombiana, pero –además– como víctima del conflicto armado. Un hecho que, aunque siempre me acompaña y me va a acompañar en la vida, pocas veces lo enuncio –ahora soy consciente de ello–.

Este nuevo Gobierno genera una sensación de identificación, de la urgencia de recoger las voces silenciadas, las pieles ninguneadas y criminalizadas, los lugares olvidados, la gente que nunca había existido para el Estado. Pero este Gobierno reconoce también el dolor. La sociedad colombiana ha soportado unos niveles de dolor inimaginables en medio de masacres, desplazamientos, secuestros, torturas, violencia sexual, etc. El informe final de la Comisión de la Verdad reveló que en medio del conflicto hubo casi 500.000 personas asesinadas y en total cerca de 8 millones de víctimas. Un dolor que por muchos años naturalizamos, aprendimos a vivir con ello y tirar para adelante porque era lo que nos quedaba.

Todo esto se ha quedado en cicatrices y traumas emocionales colectivos; esos que deja la violencia y que se activan de pronto, sin que seamos conscientes de ello y que se pueden manifestar en cosas aparentemente inofensivas e irrelevantes. Por ejemplo, el temor que nos produce el sonido de una moto de alto cilindraje que pasa cerca (donde se solían movilizar los sicarios) o el sonido de una explosión (que bien puede ser de juegos pirotécnicos) que nos remite inmediatamente a pensar en disparos o en bombas. O algo tan simple como ver una bolsa o un paquete abandonado en la calle; que puede ser incluso una bolsa de basura, pero que nos puede resultar sospechoso porque así se solían dejar muchas cargas explosivas en las ciudades. Traumas que devienen de experiencias que en algún momento vimos por televisión, escuchamos o vivimos. Yo, por ejemplo, recuerdo ver en mi colegio a compañeritas que llegaron con esquirlas en la cara y heridas en su cuerpo, producto de una bomba que habían puesto el fin de semana en su calle. O en otra ocasión, tener que meterme debajo de la cama siendo una niña porque cerca de mi casa grupos armados estaban tomando la cárcel del pueblo. Esto solo por mencionarles algo.

Muchos en medio del júbilo y la celebración en esa transmisión de mando, al menos en algún momento –desde que supimos que Petro era el nuevo presidente–, pensamos en que podían matarlo. Podrán pensar que exagero, pero les aseguro que en un país donde el aniquilamiento físico de la izquierda ha sido una lamentable constante y donde el asesinato de excombatientes que acordaron la paz y de quienes defienden los derechos humanos sigue dándose cada día; pensar en que pueden matar también al primer líder de izquierda que ha llegado al poder es casi un pensamiento inevitable.

Por eso, ese momento en que el presidente del Congreso llama a la senadora María José Pizarro para que sea ella quien le ponga la banda presidencial a Gustavo Petro fue tan conmovedor. María José es hija de Carlos Pizarro, el máximo comandante del grupo guerrillero M-19 (en donde militó Petro), quien tras dejar las armas y firmar el acuerdo de paz con el Gobierno, siendo candidato presidencial, fue asesinado en 1990. María José no solo se representaba a sí misma en ese momento, sino también a cada una de las personas que hemos perdido a alguien en ese absurdo conflicto. En mi caso, al igual que ella, perdí a mi padre en un atentado que por muy poco también se lleva a mi madre. Para María José era poder entregarle a Petro el legado de su papá, de lo que él habría hecho si no le hubiesen asesinado. Para nosotros, era entregarle también nuestro deseo de cerrar esta historia de dolor por fin.

Todo esto me ha hecho pensar en cómo a veces olvidamos la relación innegable entre la memoria y la política y nos descubrimos ahí hechas un mar de lágrimas por algo que en principio es un trámite formal, pero que en verdad viene representando más que eso. La política puede construir o enterrar la memoria y con ello puede ayudar a sanar o a perpetuar el dolor. La posesión de Petro y Francia nos recordó que cada acto institucional, por irrelevante que parezca, está lleno de poder y valor simbólico y que este debe servir para ponerse a favor de los que sufren y han sufrido.

Sabemos que la tarea del nuevo Gobierno no va a ser fácil. La enorme presencia de la derecha en el poder no se borra así como así, pero queremos confiar en que se puede y en que hay que empezar. Seguro que en muchas ocasiones tendremos que hacer control político ciudadano, porque habrá decisiones con las que no estemos de acuerdo, esa es la democracia. Pero ahora nos merecemos todas estas emociones, al fin y al cabo han sido 200 años esperando por esto, un Gobierno que en verdad nos represente. Ya es hora de empezar a vivir sabroso. Porque –como ha dicho Francia Márquez–, vivir sabroso es vivir en dignidad y vivir sin miedo. Hoy estos y estas nadies que nos creíamos condenadas a cien años de soledad hemos conseguido –como lo refirió Petro citando a García Márquez– una segunda oportunidad sobre la tierra.

Hace una semana conocimos el nuevo dictamen emitido por el Comité CEDAW (el comité que vigila el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres) en contra del Estado español por haber incurrido en violencia obstétrica. Es el segundo dictamen que este organismo realiza sobre este tema y ambos han sido en contra de España, esta vez, por hechos ocurridos en el Hospital Público de Donosti. 

Una decisión que se convierte en una gran herramienta jurídica, que sin duda es resultado del trabajo que se ha venido haciendo desde el activismo social y jurídico frente a este tipo de violencia de género en España y que además llega a dar más elementos de fuerza para todo lo que aún falta por hacer. No voy a hablar aquí sobre los detalles del caso, voy más bien a hacer una reflexión sobre lo que está pasando con la violencia obstétrica en España. Pero a quien tenga interés en él le dejo aquí este artículo en donde se explica desde la narración de Nahía Alkorta -quien es la víctima en este caso- y su abogada Francisca Fernández Guillén. Y también el dictamen, por si quieren acceder a él directamente.

Un par de días después de que se emitiera la decisión de Naciones Unidas, las autoridades de salud del País Vasco expidieron un comunicado en el que lejos de reconocer las faltas y el daño causado, manifiestan que “no existió ningún daño físico o psíquico causado a la paciente como consecuencia de la asistencia prestada en el Hospital Universitario de Donosti”. Esto inevitablemente me ha llevado a recordar aquel comunicado del Consejo General del Colegio Oficiales de Médicos de España en el que afirmando que ese “concepto no se ajusta a la realidad de la asistencia al embarazo, parto y posparto en nuestro país” y que además su uso los criminalizaba. 

Pues bien, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se ha encargado ya de eliminar cualquier resquicio de duda sobre si se puede o no hablar formalmente de violencia obstétrica. No solo hay una construcción jurídica enorme que respalda esas reivindicaciones por la salud y el derecho a una vida libre de violencias y discriminaciones, que envuelven la lucha por la eliminación de la violencia obstétrica; sino que hay informes y dictámenes oficiales de diversos organismos de derechos humanos, en donde se reconoce como tal. 

La postura de negar los malos tratos, las prácticas abusivas e injustificadas que se realizan en los cuerpos de quienes afrontan un embarazo y un parto no sirve más que para acrecentar el problema. Negar que la violencia obstétrica existe no es otra cosa que la manifestación deliberada de negar los derechos humanos de las gestantes. Sobreponer el poder y el paternalismo médico sobre el miedo y el dolor de las mujeres, además de egoísta resulta sumamente irresponsable. Se requiere un análisis profundo y estructural de la formación y la práctica médica. Muchísimas profesionales del ámbito de la salud ya trabajan en ello, nadando contra la corriente mientras las instituciones médicas se resisten a hacerlo. 

Sin embargo, la cuestión de la violencia obstétrica no se reduce a eso. Se requiere que el Estado y la sociedad comprendan que esto es un asunto de derechos humanos. Es decir, la responsabilidad de lo que sucede con las mujeres y personas gestantes, no se reduce exclusivamente a lo que ocurre en una sala de partos. Se trata también del acceso efectivo que se ha tenido a la atención sanitaria a lo largo del proceso gestacional. Que no hayan sufrido prácticas discriminatorias, racistas o segregacionistas. Que hayan podido trasladarse sin problema a su lugar de consulta a pesar de vivir en una zona rural o que tener una discapacidad no les haya supuesto barreras de acceso de algún tipo. Que todas indistintamente de su color de piel o su documentación, puedan ver garantizada su salud sexual y reproductiva.

Es hora ya de que se entienda, aunque las presiones institucionales insistan en negarlo y en conseguir que no se incorpore en la ley, que la violencia obstétrica existe, que ese es su nombre y que es responsabilidad del Estado garantizar su eliminación. Esto no es un asunto de forma y mera enunciación, se trata de la defensa de la salud y la vida de quienes viven un embarazo, un parto y un puerperio y eso no se puede someter a debate. La violencia obstétrica no es solo un asunto de praxis médica, es sobre todo un asunto de derechos humanos y eso es ineludible.

Estos días he visto un poco perpleja todo el revuelo que ha causado en la opinión pública cuestiones que van desde la cumbre de la OTAN hasta una foto en New York. Y el silencio vergonzoso sobre la atrocidad que acaba de ocurrir a manos de la gendarmería marroquí y la policía española, en la valla de Melilla. Han pasado ya dos semanas desde entonces y esto no ha durado una semana retumbando en los medios. Solo los movimientos antirracistas y de personas migrantes han logrado sostenerlo, como lamentablemente era de esperarse.

Me ha resultado inevitable plantearme algunas cuestiones y asombrarme con otras:

Cómo ha cambiado todo desde aquel Pedro Sánchez que en 2018 permitía el desembarco del Aquarius con más de 600 personas refugiadas a bordo, al de ahora que sale a felicitar a una gendarmería que muele a golpes y mata a seres humanos que —desesperados por el hambre y el miedo— buscaban saltar una valla. Uno cuya postura política en este tema es exactamente igual a la de su contrincante político de la extrema derecha.

Qué impresionante ver el silencio y la incapacidad cómplice de Unidas Podemos para salir a repudiar esta barbarie, ha tocado casi que perseguir a sus integrantes en el Gobierno para que alguna saliese a la opinión pública a decir algo. El mismo partido que en otras ocasiones no ha dudado nada en tomar distancias de las decisiones del Gobierno y sentar postura con vehemencia. Sin ir más lejos, el que hace unos meses pedía la dimisión de la ministra de Defensa por el caso de las interceptaciones ilegales a dirigentes independentistas catalanes, pero al que tal parece, pedir una investigación por 37 asesinatos —varios días después— le resulta más que suficiente.

Impresionante ver la tibieza, rayando casi en la obligación de salir a decir cualquier cosa por parte de Yolanda Díaz, la figura más relevante en estos momentos de la izquierda española y que aspira a ser jefa de gobierno, saliendo a dar condolencias como si ella no fuese parte del gobierno, como si esto no le tocara directamente y como si no pudiese (o no quisiese) en verdad hacer más que eso. ¿Cómo puede pretender que la gente le crea y le vote si cuando de verdad debe asumir una posición política ante una situación tan grave como esta no lo hace?

Es muy desconcertante y no les voy a negar, lamentablemente ya todo esto no me sorprende tanto, pero me sigue indignando. Me sigue molestando que sea la misma gente de siempre la que se movilice, a la que estas cosas le duelan, la gente que siente respeto por la vida, la que no naturaliza el asesinato de casi 40 personas, la que organiza y acompaña las concentraciones y manifestaciones en rechazo de esas políticas de la muerte. Mientras que quienes están en el poder, el (así se autodefine) gobierno más progresista de la historia española, se esconde e incluso justifica esta atrocidad. ¿Qué nos queda entonces en las instituciones? ¿Cómo puede ser posible que una foto logre más atención y tiempo que las vidas de seres humanos? ¿En qué momento llegamos a este nivel de deshumanización?

De la derecha no se espera nada, la defensa de los derechos humanos nunca ha sido lo suyo. ¿Pero de la izquierda? De esa que, como lo contaba hace una semana Violeta Assiego, piensa que la migración no da votos, que no se le olvide que hay un montón de gente que es capaz de ver la cobardía y la incoherencia de un partido a kilómetros cuando de las personas migrantes se trata, y esas personas votan y la mayoría de las veces, lo hacen con memoria.

No se trata solo de apelar al electorado tradicionalmente progresista. Si la izquierda realmente quiere 'sumar', no puede dejar de lado a toda esa ciudadanía de origen migrante y racializada que no solo sufre la violencia en la frontera, sino que resiste al racismo en su día a día. Esa que forma una parte muy importante de las clases populares a las que la izquierda dice representar y luchar por mejorar sus condiciones de vida.

Y sí, podemos no estar de acuerdo en un montón de cosas, pero si la vida no es un acuerdo mínimo, tenemos que replantearnos entonces qué estamos entendiendo por derechos humanos y para qué sirve estar en el poder.

Hace un año llegué a la sección de opinión de este diario buscando hablar a través del dolor y la impotencia. Necesitaba contarles que en las calles de Colombia el gobierno de Iván Duque estaba reprimiendo brutalmente a la gente que se movilizaba reclamando derechos. Una represión policial de niveles nunca antes vista en las últimas décadas en América Latina, como afirmó Human Right Watch en ese momento. Necesitaba que el mundo supiera las arbitrariedades que se cometía contra la población civil, miles de heridos, centenares de asesinados y desaparecidos que fueron apareciendo descuartizados en los ríos de Colombia con el silencio y la complicidad absoluta del gobierno.

Un año después, me ilusiona contarles que Colombia tiene la posibilidad de elegir y dejar atrás toda esa historia de dolor e injusticia. Una que arrastra desde hace cientos de años y que se recrudeció con uno de los conflictos armados más largos y cruentos del mundo; con actores armados del Estado, guerrillas, grupos paramilitares y bandas criminales.  

El estallido social que se vivió el año pasado fue un grito ahogado de desesperación por el abandono estatal que tiene a más de 7 millones de personas aguantando hambre, a 16 millones de personas comiendo dos comidas o menos al día y a más de 300 niñas y niños que han muerto en los dos últimos años por desnutrición. La situación de pobreza y desigualdad es abrumadora y esta se agudiza si se trata de personas campesinas, afro o indígenas. La inflación está disparada y el peso colombiano cerró el año pasado siendo la moneda más devaluada de toda América Latina. La situación de violencia contra las mujeres es insoportable, solo en lo que va del año se han cometido 222 feminicidios. Sabemos que la historia no cambia de un día para otro y que tantas brechas no se cierran en un parpadear de ojos; pero ya es hora de empezar.

Este domingo, Colombia elige entre una opción de continuismo y de populismo machista en cabeza de Rodolfo Hernández; que aunque dice luchar contra la corrupción tiene abiertas diversas causas penales, entre otras por el delito de celebración indebida de contratos (buscaba beneficiarse económicamente de contratos públicos cuando fue alcalde de Bucaramanga). Además, está arropado por las toldas uribistas y se ha negado de todas las maneras a sostener un debate público con el otro candidato presidencial. Al punto que ha tenido que ser un juez de la república quien, protegiendo derechos constitucionales, lo obligue a exponer públicamente sus propuestas y a sostener ese debate que al momento en que se escribe esta columna aún no se ha realizado.

Del otro lado está la opción de cambio progresista por primera vez en la historia democrática del país, representado en Gustavo Petro y Francia Márquez —quien además ha sido toda una revolución política en estas elecciones—. Petro, que con esta enfrenta su tercera candidatura presidencial, ha encontrado en Francia Márquez una gran compañera de fórmula, pues ella ha logrado ser punto de encuentro de todas esas personas que no simpatizaban mucho con Petro y que ven en ella a una persona que viene del activismo ambientalista, feminista y antirracista y que conoce a Colombia en todas sus dimensiones. Las presiones y amenazas que han sufrido han sido tantas, que han tenido que hacer su campaña incluso con chalecos y escudos antibalas.

España es el país de Europa en el que más población colombiana hay y la población colombiana es a su vez en España, la población latina más grande, con más de medio millón de personas. Muchas de estas personas han salido de allí por motivos de seguridad (hablamos del país donde más activistas sociales y medioambientales se asesinan en el mundo) y también por motivos económicos, buscando mejorar sus condiciones de vida. Una gran parte de esta población se encuentra en situación de irregularidad administrativa en España, pues aunque corren un riesgo real en su país de origen y las amenazas de grupos armados siguen vigentes, como lo han confirmado diversos organismos internacionales, el Ministerio del Interior dice lo contrario en sus resoluciones de negación de asilo. Y bajo esas circunstancias considerar un retorno es impensable.

Así que es inevitable ilusionarnos con una posibilidad de cambio real, porque las colombianas y colombianos allá y acá, tanto si es para volver o para que nuestras familias vivan en dignidad, queremos 'vivir sabroso'. Y vivir sabroso como nos lo han enseñado las comunidades afrocolombianas, es vivir sin miedo, vivir con derechos. Es el goce de la vida, es su respeto, su disfrute en condiciones de dignidad, algo que en Colombia se le ha negado históricamente a su población. ¡Vamos a vivir sabroso!

Un juez de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite una denuncia contra Gustavo Petro, el candidato presidencial de corte progresista en Colombia y ganador de la primera vuelta en las elecciones; en la que se le atribuye la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra durante el tiempo que perteneció a la guerrilla del M-19, incluida la participación en el secuestro en 1981 de Fernando González Pacheco, un reconocido presentador y periodista colombo-español, que falleció en Colombia en 2014. Lo curioso del asunto es que el mismo juez descarta su competencia para investigar esos delitos, e incluso pese a la oposición de la fiscalía que es la titular de la acción de penal, abre la posibilidad de que sí tenga jurisdicción para investigar a Petro por dicho secuestro, si la familia del referido presentador interpone querella.

El mismo denunciante, François Roger Cavard Martinez, ha activado otras acciones judiciales contra Gustavo Petro en años anteriores, como la nulidad de su designación como senador, la cual fue rechazada por el Consejo de Estado en Colombia. En este caso en concreto, Petro era un joven militante de base, sin poder para ordenar un secuestro, pero es que además, el mismo no existió, fue una entrevista de dos días que Pacheco realizó a Jaime Batemán Cayón -líder del M-19- a petición de este último para que fuera mediador de un mensaje de paz que quería enviarle al Presidente de Colombia en ese momento, Julio César Turbay. Este episodio lo contó en su momento Alexandra Pineda, periodista del periódico El Espectador, quien también estuvo presente en ese encuentro y además, lo relató más adelante el analista político y escritor Darío Villamizar en su libro “Jaime Bateman, un profeta de la paz”.

Esta decisión es tomada por el juez Joaquín Elías Gadea, miembro de la APM (Asociación Profesional de la Magistratura), una organización de ideología conservadora y cuya membresía le permitió establecer contactos para tener una carrera de ascenso meteórico ocupando puestos que en principio le corresponderían a jueces y magistrados con muchos más méritos y experiencia; tal como se ha contado con anterioridad en este diario, en donde también se estableció que en sólo 11 años de carrera judicial ha pasado de juez a magistrado antiterrorista de la Audiencia Nacional. Y que además ha participado como experto judicial en proyectos de cooperación interinstitucional con Centroamérica para enseñar cómo aplicar justicia contra la corrupción consiguiendo su designación con métodos sospechosos de eso mismo. Me resulta aterrador que gente como esta pueda someter a un desgaste tan absurdo e innecesario a la administración de justicia. El actuar deliberado y con un evidente tinte político del juez Gadea, debería ser cuando menos investigado disciplinariamente.

Esta decisión no es más que otro caso de instrumentalización vergonzosa de las instituciones judiciales españolas para hacer favores políticos a la derecha, en este caso la colombiana. Es un “Lawfare” de manual contra la oposición política, como otros que hemos visto recientemente contra Pablo Iglesias, Ada Colau, los concejales de Ahora Madrid o, en el ámbito internacional, Lula da Silva. Esta denuncia no irá a nada y eso ya se confirmará en su momento, pues aquí lo que importaba era la mala publicidad contra Petro -que de llegar al poder representaría la ruptura de más de 200 años de gobierno de la derecha en Colombia-, algo a lo que las instituciones judiciales colombianas no han cedido. Tarea para la cual, por lo visto, ciertos jueces españoles han resultado muy útiles. 

Sin desconocer que como en toda institución, en su interior hay siempre personas comprometidas que de manera responsable hacen su trabajo; me resulta cuando menos reprochable y vergonzoso que la justicia española que es experta en cerrar las puertas a la garantía de los derechos humanos, ahora finja tal preocupación, por perseguir delitos presuntamente cometidos hace más de 40 años en otro país y no en el suyo. 

Si la justicia de verdad estuviese preocupada por juzgar delitos graves, hace rato habría prestado atención a las reclamaciones históricas de la gente que en este país sigue pidiendo verdad, justicia y reparación y habría procurado no poner palos en la rueda cuando se intenta hablar sobre  memoria histórica, para poner fin a un episodio doloroso de la historia española que necesita conciliarse socialmente. ¿De verdad quieren aplicar justicia? Empiecen por hacer su trabajo, se volvió rutina ver a tribunales internacionales corrigiendo sus sentencias y reconociendo los derechos que ustedes debían garantizar. Valga el ejemplo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien sólo en 2021 emitió diez condenas en contra de España.

La justicia española debería mirar hacia Colombia, pero no para aleccionar de lo que nunca ha podido hacer en su propio país; sino para aprender cómo se administra justicia garantizando derechos fundamentales como lo ha venido haciendo con nutrida jurisprudencia la Corte Constitucional, cuyas decisiones son referentes académicas y judiciales. O para ver cómo se implementa un sistema de justicia transicional conformado por jueces/as y magistrados/as que de manera comprometida investigan y sancionan crímenes graves; que escuchan y dan visibilidad a las víctimas, aún en medio de un conflicto armado. Para que tomen nota de cómo se trabaja la memoria histórica como mecanismo de reconciliación social, pese a todas las dificultades que en el camino se puedan presentar, sin pretender cumplir las expectativas partidistas de nadie.

La justicia está para ponerse al servicio de la sociedad y para cumplir los mandatos constitucionales. España merece una justicia que garantice y proteja derechos, no una que se instrumentalice a favor de la derecha. Es muy decepcionante que las instituciones judiciales queden para esto, para una guerra sucia, antidemocrática y que sólo sirve para minar cada día más la poca confianza que la gente tiene en ella.

Lo que ha sucedido esta semana con la ley de salud sexual y reproductiva ha sido una gran noticia para quienes esperábamos estos avances en materia del derecho a la salud y derechos sexuales y reproductivos. Hace unos meses dediqué varias columnas a hacer diferentes análisis a los temas que se iban a incorporar y es bueno ver que la propuesta que aún debe ser votada, incorpora grandes avances en la materia. Pensaba hacer esta columna hablando de alguno de esos derechos y hacer un análisis al respecto, pero he optado por volver sobre el tema en las siguientes semanas, ya que sinceramente, me resulta más necesario ahora hablar de cómo el hecho de que las mujeres hablen en voz alta de sus vaginas, sus menstruaciones y su dolor, desata tanto alboroto y rechazo. En las redes sociales el debate sobre la baja por menstruación dolorosa ha dado para todo, pero especialmente para que muchos hombres (cis) hayan salido a opinar de algo que no han sentido ni sentirán en su vida: menstruar.

Mientras nosotras menstruamos y padecemos dolores muchas veces incapacitantes e insoportables que pueden llegar a equipararse al dolor que se experimenta en un infarto, pero con la pequeña variación de que esto nos sucede cada mes; ellos, se quejan. Se quejan de que hablemos abierta y públicamente de la menstruación, que verbalicemos que la vivimos y digamos que nos puede llegar a incomodar, que es sangre y por ello es roja y no azul como la han mostrado siempre los anuncios de compresas, como si menstruara una avatar o una pitufina. Se quejan de que reconozcamos que nos duele y ya no estemos dispuestas a aguantarnos más, ni a vivir jornadas laborales insoportables mientras estamos sufriendo. Y entonces, se quejan de que nos den permiso legal para llevar el dolor y para quedarnos en casa descansando, siendo “improductivas” por un par de días en los que decidimos no servirle a nadie más que a nosotras mismas. O siendo sinceras, al menos un rato, que ya sabemos que generalmente el ritmo de vida que llevamos, y más aún si se es madre, no va a dar para tanto.

Se quejan de que les reduzcan el coste a los productos para la menstruación, porque entonces les resulta ilógico e injusto que sea con nosotras y no con los productos que usan ellos; aun cuando el IVA del viagra, por ejemplo, es menor que el de las compresas o tampones. Cuando les explicamos que esto no es opcional, que es algo de primera necesidad, nos dicen que comer también y tiene IVA; la sutil diferencia es que el hecho de que tengamos durante toda una vida reproductiva la obligación de atender nuestra menstruación nos genera una carga económica que ellos nunca experimentarán y eso sí que es injusto.

De la nada se vuelven fiscalistas o tributaristas menstruales y hasta los más progres empiezan a cuestionarse el equilibrio económico, saliendo a opinar lo primero que se les ocurre y cuando les respondemos, se quejan. En definitiva, se quejan de que nos quejemos. Lo que pasa en las redes no es más que el reflejo de la sociedad misma, es inevitable que sea de otra manera, seguro que muchas de ustedes habrán tenido estas conversaciones con sus parejas, amigos, compañeros de trabajo, etc.

Por un lado, está el hecho de que la menstruación sigue despertando un asco infinito, que esa sangre que se desprende mes a mes ante la posibilidad frustrada de procrear, pareciese estar maldita y sucia; además, se tiene profundamente asumido que las mujeres deben ser capaces de soportar el dolor en todo lo que se relacione con su vida reproductiva (no olvidemos el “parirás con dolor”). Por otro lado, pareciese que causa mucha desazón que se legisle frente a derechos de los cuales los hombres de ninguna manera podrán ser los protagonistas, que el derecho se plantee desde una perspectiva jurídica feminista, incomoda mucho.

Pero bueno, nada que ya no hubiésemos visto antes frente a cualquier otro debate que verse sobre nuestro cuerpo. Todo lo que se ha dicho nos da una idea del asco, del desconocimiento y de la poquísima empatía que sigue existiendo por la menstruación y la salud de las mujeres y nos vuelve a dar la razón sobre cuánto trabajo falta para educar en salud sexual y reproductiva y por supuesto, de lo mucho que soportamos para lo poco que nos quejamos.

Lo que está sucediendo en Estados Unidos con la posible anulación por parte de la Corte Suprema del caso Roe contra Wade, que desde 1973 reconoció el derecho de las mujeres a abortar sin restricciones durante su primer trimestre, es algo muy preocupante para los derechos de las mujeres, no solo en Estados Unidos sino en el mundo. Sería una decisión sumamente regresiva y lesiva que se llevaría por delante todos los preceptos del derecho internacional de los derechos humanos en la materia. 

Es innegable la influencia global que esto podría tener en otros lugares, en grupos y gobiernos antiderechos que se verían inspirados y fortalecidos para proceder de forma similar. Lo que está en juego no es solo un precedente judicial, se trata en la práctica de la salud y la vida de millones de mujeres; generalmente mujeres migrantes, empobrecidas y racializadas. 

Me resulta inevitable pensar cómo esto contrasta con los avances que se vienen dando en América Latina y paradójicamente también desde tribunales judiciales como ha sucedido en México y Colombia, en donde se han reconocido en decisiones judiciales el derecho al aborto y la despenalización mismo; en este último país, hasta la semana 24, convirtiéndose en una de las legislaciones más progresistas sobre el tema en el mundo. El derecho y las instituciones jurídicas pueden configurar instrumentos de opresión o de salvaguarda para los derechos humanos y el derecho internacional está dado totalmente para que los Estados avancen hacia la eliminación de cualquier tipo de barreras para el reconocimiento y el acceso al derecho al aborto. Algo que se reafirma en el concepto de autoridades en materia de salud como lo es la OMS quien recientemente emitió “Directrices sobre la atención para el aborto” en la que expresamente recomendó a los estados la despenalización del aborto y la eliminación de todo tipo de barreras que impide u obstaculice el acceso al mismo.

Lo que está sucediendo en Estados Unidos no es más que una muestra de lo que los grupos antiderechos (que se hacen llamar provida) son capaces de conseguir -también en las instituciones judiciales- si no defendemos y blindamos los derechos humanos. Y así como en este tema, en muchísimos otros, con su discurso de odio y discriminación contra las mayorías sociales: mujeres, migrantes, personas LGTBI, personas con discapacidad, etc. Bastó que una Corte después de casi 50 años garantizando el derecho al aborto, se hiciese mayoría conservadora -impulsada por un gobierno abiertamente antiderechos como el de Trump- para poner en riesgo la vida de millones de mujeres. 

Así que aquí estamos de nuevo, hablando y defendiendo algo que creíamos estaba asegurado hace casi medio siglo, porque cuando se trata de restringir derechos e imponer medidas regresivas, lo que primero se ataca siempre son los cuerpos de las mujeres, su autonomía y su poder para decidir y esta es una decisión política para nada fortuita. En España la amenaza no desaparece del todo, recordemos que desde el año 2010 el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de aborto (vigente) y que ante el silencio del Constitucional a día de hoy sobre el mencionado recurso, han decidido denunciarlo ante el TEDH por el “retraso injustificado en dictar sentencia”. La denuncia fue presentada no solamente por diputados del Partido Popular, sino también de Vox.

Urge que el derecho y las instituciones judiciales estén a la altura de los movimientos sociales y del respeto por los derechos humanos. Que se entienda de una vez que las perspectivas morales individuales o religiosas no tienen por qué interponerse en el reconocimiento de derechos, y que la salud y vida de las mujeres no pueden ser un eterno objetivo de decisiones discriminatorias y violentas. Qué agotador y frustrante resulta que para las mujeres no haya nunca seguridad jurídica, que exista una incertidumbre permanente que nos obligue a estar todo el tiempo defendiendo los derechos reconocidos, a la vez que intentamos avanzar en la búsqueda de la igualdad.

Desde hace unos días estaba pensando en lo difícil que puede ser la academia para la salud mental de las personas. Hago una tesis doctoral, así que estas cuestiones inevitablemente me atañen. Y justo la semana pasada se publicó en este diario un artículo muy interesante que da cuenta del abuso y explotación laboral que sufren los doctorandos que tienen becas, a manos de sus directores de tesis. Es una realidad lamentable y recurrente en la vida académica.

Cuando se habla de estudiantes de doctorado en España, se suele asociar a la idea de beca o de financiación. Sin embargo, hay otra realidad de la que muy poco se habla y es la de quienes hacen investigación con la precariedad a cuestas y de cómo la academia, aunque se beneficia de ello, poco facilita las condiciones de quienes tienen que hacerlo. No todas las personas que hacen un doctorado en España tienen una beca; les escribe una de ellas y como yo muchísimas más, que tampoco somos de familias adineradas que puedan pagar nuestros estudios. A muchas nos toca trabajar y hacer una tesis (y en mi caso mil peripecias económicas que no acabaría de contar ahora). Pero además, trabajar en lo que se pueda porque si no somos nacionales españolas nos vemos además limitadas por la documentación. 

Nadie puede pensar y producir intelectualmente sin tener aseguradas unas condiciones materiales mínimas, eso en teoría lo sabemos. Pero paradójicamente, para la academia es como si se pudiera separar una cosa de la otra. Conozco casos muy cercanos que cuando comentaron esto en sus facultades les respondían cosas como “para qué vienen aquí si no tienen dinero, no vengan”. O cuando solicitaban apoyo con cosas tan sencillas como un espacio de estudio -que debería ser lo mínimo que una Universidad le garantice a un estudiante de doctorado, al menos un espacio adecuado en la biblioteca-; respondían con negativas rotundas sugiriéndole que estudiara entonces en su casa, cuando quien lo solicitaba tenía que compartir casa con varias personas.

Hace unos días hablé sobre este tema en mi Instagram (soy más de esa red social que de Twitter), sobre lo hostil que podía llegar a ser la academia para la salud mental. Me llegaron varios testimonios de personas que en diversos países y áreas del conocimiento opinaban lo mismo y me contaban sus experiencias. Una de ellas me dijo que durante sus estudios de maestría tuvo una depresión por la dificultad que le generaba compatibilizar su situación económica con sus estudios, al punto que no tenía ni qué comer. Que siempre se había sentido culpable por no haber cumplido con las expectativas académicas. Tengo en mi círculo cercano personas que llevan años trabajando en cosas muy por debajo de su perfil profesional para poder pagar su doctorado. También personas que aún no superan el trauma de ansiedad y estrés (que les ha repercutido en su salud física también), que les dejó el tener que responder a los altos estándares académicos, a la vez que tenían que trabajar rindiendo como cualquier otra persona que no llevase una investigación.

Yo he tenido la inmensa fortuna de contar con un director que ha entendido todas mis condiciones económicas y emocionales, no habría podido seguir en este camino de no haber sido por su apoyo (gracias, Carlos). Pero esta no es la suerte de muchas/os. Hace unos meses escuché a una profesora hablar de un estudiante de doctorado al que le dirigía la tesis y que había tenido un episodio de depresión meses antes de defenderla y que ella le decía: “Pero ¿por qué te deprimes?, a buena hora vienes a salir con estas tonterías, acaba esa tesis ya”. Así como esa profesora hay un montón de gente que cree que uno elige una depresión y que uno es culpable por no ser lo suficientemente “fuerte”, como si la salud mental se tratara de eso.

Llegué a este recuerdo porque otro de los testimonios que me llegó por Instagram decía “Yo no funciono para la academia porque no puedo producir como ellos esperan”. Ella es una persona que vive con diagnóstico de salud mental y que es escritora, pero no pudo seguir la vida académica, porque nos guste o no, la academia es capacitista, le sirve solo un tipo de persona que encaje en la “normalidad” para poder producir en los números y tiempos que se exige. 

Además de esto hay una idea generalizada de que para avanzar en la academia hay que mostrar poder, visibilizar la jerarquía, esto que se materializa por ejemplo con comentarios displicentes, críticas ofensivas al trabajo de otros/as investigadores/as, que pueden llegar hasta la humillación pero que se amparan en el concepto de “rigor académico”. Hay varios casos que han trascendido públicamente y al ámbito del acoso laboral en España. Esto es una idea muy patriarcal, el someter mediante el uso del poder. Así que imaginen si además se trata de ejercer ese poder sobre las mujeres, pero además mujeres racializadas y migrantes en la academia, que para rematar investigan cuestiones de género (sí, también lo digo por experiencia). Pero esto no es un asunto de la academia española, sino de la academia en general. Así me lo ratificaban testimonios que me llegaron de América Latina y de Estados Unidos.

Y sí, seguro que ahora mismo les puede asaltar la idea de que esto sucede así en mucho otros ámbitos y que es un asunto del sistema. Pero resulta que la academia es el espacio por excelencia de reflexión y análisis y debería cuestionarse estas cosas y evitarlas a toda costa. ¿Qué tipo de academia se está construyendo en un lugar en donde las personas son seis veces más propensas a desarrollar afectaciones de salud mental en comparación con el resto de la población? o donde el 80% presenta altos niveles de agotamiento emocional, como es el caso de España. Pero además tendríamos que preguntarnos, ¿cómo se está conformando la academia? ¿Solo con quienes tienen el dinero para acceder a ella o la “suerte” de tener una beca y además de quienes encajan en el molde para ingresar, para seguir allí y no enfermar en el intento? 

La academia no debería ser un lugar donde se reproduzcan los sistemas de opresión. Un lugar para unos pocos, uno de privilegios y de enfermedad. No puede ser que quiera y pueda cuestionarlo todo, menos a sí misma.

Ha pasado más de un mes desde que empezó la invasión de Rusia a Ucrania, desde que vemos por los medios cada día la barbarie y el sufrimiento. La gente empatizando con el dolor de los ucranianos y Europa recibiendo a quienes consiguen salir de allí. Esto podría ser un panorama solidario lógico en medio de una guerra. Lo sería, si dentro de esa lógica hubiese lugar para toda la gente que sufre por las guerras y que llega diariamente a Europa buscando salvar su vida y la de sus familias, pero no lo es.

Es vergonzoso e inhumano lo que está sucediendo, la Unión Europea que siempre ha ejercido una política tan restrictiva en materia de fronteras para las personas migrantes y refugiadas, ahora se vuelca completamente, desempolvando hasta las normas más inutilizadas que tenía anidando en los cajones; como la directiva de protección temporal,   una que no había usado en 20 años a pesar de todas las crisis migratorias desde entonces. La misma Europa que no se inmuta por las miles de personas que deja ahogar en el mar, año tras año, esa a la que la injusticia ya se le convirtió en paisaje.

Algunos dirán que es apenas obvio y que está bien por la situación de guerra; pero es que en este momento hay más conflictos bélicos activos en el mundo, y cientos de personas que diariamente llegan desde allí, lo que pasa es que las víctimas no son personas blancas y a esas no se les ha dado una protección ni por asomo, similar. Y no estoy especulando con lo que digo, los datos sobre protección internacional del año anterior de la Agencia Europea de Asilo; muestran que 1 de cada 3 solicitudes presentadas por nacionales de Afganistán y 1 de cada 4 efectuadas por nacionales sirios fueron rechazadas. Paradójico, siendo tan evidente la situación de riesgo inminente de estas personas en sus países de origen. 

Ahora vamos a España, es impresionante la forma en como todo el sistema de acogida está girando en torno a lo que sucede en Ucrania y esto sería una magnífica noticia porque es lo que debe suceder para la protección de la vida de las personas que a la fuerza han tenido que salir de sus países; si no fuera porque es evidente el trato diferenciado en detrimento de las demás personas refugiadas. Quienes trabajan ahora mismo en ONG y que llevan proyectos de acogida o con personas refugiadas sabrán de qué hablo; de cómo ahora sí todo se facilita, el dinero incrementa, se contrata más personal, se abren centros de acogida y las barreras burocráticas se minimizan (vamos, casi que desaparecen). Las personas ucranianas tienen ahora un trámite prioritario en el sistema de protección internacional e incluso los canales habilitados para mantener sus solicitudes de asilo y bases de datos son otras distintas a las del resto de refugiados, como se evidenció con la pérdida de todas las solicitudes de asilo efectuadas desde enero en Valencia, todas menos las de los nacionales de Ucrania. 

El año pasado mucha gente estaba indignada en redes sociales porque era urgente salvar a las afganas, mientras otras hablábamos de reconocer sus derechos y garantizar el derecho de asilo. Pues bien, las cifras hoy nos dan la razón. Según datos del Ministerio del Interior sobre protección internacional el año pasado, se recibieron 1.622 solicitudes de personas provenientes de Afganistán de las cuales a solo 744 se les concedió el estatuto de protección. Sí, solo un 45% del total de solicitudes de personas que venían huyendo de una invasión de un grupo terrorista. Bastante poco para la barbarie de la que se pretendía “salvarlas”. 

Y aquí vamos de nuevo, presenciando el racismo social e institucional, la hipocresía de quienes privilegian unas vidas sobre otras según el color de piel que tengan y se asombran porque la guerra le toca a la gente “como ellos”. Hace un año decían que recibir afganos “envía una señal incorrecta y es probable que motive a otros a dejar sus hogares para ir hacia la UE”. Hoy Europa quiere ser ejemplo de solidaridad internacional abriendo sus puertas totalmente para recibir refugiados, eso sí, blancos, porque aquí los derechos y la dignidad humana se evaporan conforme la piel oscurece. 

Una mujer negra, feminista, antirracista y ambientalista pone a tambalear la clase política colombiana. Francia Márquez Mina, una lideresa social del Cauca, es hoy la tercera candidata más votada en las consultas interpartidistas para elegir las candidaturas presidenciales del país. Quedó segunda en la consulta del movimiento político “Pacto Histórico”, en la que ganó Gustavo Petro y consiguió incluso más votos que los candidatos ganadores de otros partidos

Francia ha sido una líder en su comunidad, ha hecho frente a empresas extractivas, a la minería legal e ilegal, incluso bajo amenazas de grupos paramilitares y su lucha le representó en 2018 ganar el Premio Goldman, que es el reconocimiento más importante del mundo al trabajo de líderes ambientales, es como un premio Oscar del medio ambiente.

Ella misma relata que se cansó de trabajar y no ver cambios para el país. Que, contrario a lo que se dice, las afectadas no son unas minorías sino una inmensa mayoría empobrecida a costa de las familias que han gobernado a Colombia y por eso ha querido representarles: a las mujeres, los pueblos étnicos, los campesinos, la comunidad LGTBIQ, la juventud a la que por exigir educación gratuita la asesinan y tildan de vándala y terrorista, a la clase trabajadora que sigue apostándole a un país mejor. Esa gente a la que llama “los nadies”, sí, esos mismos de los que hablaba Galeano, esos a los que ella representa, porque se cansó de esperar a que les dieran la palabra y fue a tomarla, como debe ser. 

Lo que Francia está haciendo es muy transgresor en un país donde solo un 12% de las alcaldías están ocupadas por mujeres, el poder ha estado siempre en manos de una élite política y económica predominantemente de hombres blancos y que es el lugar del mundo donde más activistas sociales y medioambientales se asesinan. Es una mujer cabeza de familia, víctima del conflicto armado que ha sobrevivido a atentados contra su vida por hacer activismo por los derechos humanos y que fue capaz de poner por primera vez en el debate público presidencial cuestiones tan necesarias como el racismo y el machismo estructural.

Francia le habla y representa a la Colombia invisibilizada; a la gente que no es blanca, como ella; a la gente que viene de zonas empobrecidas, como ella; a las víctimas del conflicto armado, como ella; a las mujeres que siendo madres muy jóvenes han tenido que criar y cuidar a sus hijas sola, como ella; a las que ponen el cuerpo y la vida defendiendo los derechos humanos, como ella. Francia le habla a la gente ninguneada, a la que han privado de derechos, a los y las “nadies” que le votaron y a quienes no y hace una revolución política que reescribe la historia de Colombia y de eso, ya no se regresa. 

La dicha es todavía más grande cuando esas “nadies” se toman el poder. Pues al tiempo que se realizaron las consultas interpartidistas se eligió el nuevo congreso de Colombia al que llegaron, entre otras, una lideresa indígena y una lideresa afrodescendiente. Ellas son Aida Quilcue, de la comunidad indígena nasa de Tierradentro Cauca y perteneciente al Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC–, (de la misma región y organización de la Guardía Indígena de la que les había hablado hace unos meses). Ha luchado incesantemente por mejorar las condiciones de vida de las comunidades de su territorio, porque acabe la guerra y por la defensa activa de los derechos de los pueblos indígenas. Su trabajo le ha ocasionado todo tipo de ataques y persecución, en 2008 su esposo fue asesinado por las fuerzas militares de Colombia. A ella no le ha tocado nada fácil. Por todo esto en 2021 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos por toda una vida en la defensa del movimiento indígena en Colombia.

Está también Cha Dorina Hernández, que se convierte en la primera mujer palenquera en llegar al Congreso; ella es oriunda de San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América, fundado por personas africanas que escaparon de la esclavitud. Es etnoeducadora, lideresa comunitaria y gestora cultural, quien desde el Congreso espera continuar trabajando por las comunidades afro, por las mujeres, por las comunidades rurales, la juventud y la clase trabajadora.

Esto merece ser contado, este despertar político y social, esta maravillosa movilización democrática. Decía Galeano: “sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte”. Quiero pensar que está empezando a llover, que los “nadies” lo están consiguiendo, no solo que llueva la buena suerte, sino que empiece su revolución.

El pasado martes el presidente de Colombia, Iván Duque, asistió al Parlamento Europeo para hablar de la cooperación internacional y el proceso de paz entre otras cuestiones. Duque fue recibido por un grupo de europarlamentarios recordándole su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos en Colombia durante su administración, lo cual se agradece mucho. Fue allí a hablar de un país con una economía creciente, un país de políticas públicas que responde a las necesidades de la gente, uno que está implementado adecuadamente los acuerdos de paz, vamos, uno que solo existe en su imaginación y que respalda sus intereses económicos con la Unión Europea. 

Voy a tomar algunas de las afirmaciones realizadas por él en su discurso –me falta espacio para desvirtuar otras tantas– y seguidamente mostrarles cómo eso que dice no corresponde a la realidad. Lo primero que plantea es que le dieron la noticia de que en Colombia “alcanzaremos en el año 2021 el mayor crecimiento de nuestra historia”. No se entiende cómo mide ese crecimiento económico en un país en donde 7,3 millones de personas aguantan hambre, en donde la inflación está disparada y el poder adquisitivo está por los suelos. Esto lo sabe la población colombiana que lo padece todos los días, pero lo reveló el mes pasado el informe “Focos de Hambre”, elaborado por la FAO de Naciones Unidas. Más de 300 niñas y niños han muerto en los últimos dos años por desnutrición. Además, el peso colombiano cerró el año pasado siendo la moneda más devaluada de toda América Latina. 

También afirmó “logramos poner en marcha el programa de educación pública gratuita que hoy es política de Estado y que nos permite llevarle matrícula gratis al 97% de los matriculados”. Pero olvidó decir Iván Duque que esa política fue una respuesta que se vio obligado a dar a las constantes movilizaciones sociales promovidas por los jóvenes universitarios como la del paro del 2019, año en que la represión policial fue brutal, con torturas, detenciones ilegales y asesinatos como el del joven Dilan Cruz a manos de la policía nacional y cuya muerte sigue en la impunidad.

Se mostró muy preocupado por temas medioambientales afirmando que “la Colombia que hoy les habla es la segunda nación más biodiversa del planeta y juntos tenemos que enfrentar la crisis climática que nos agobia”. Sin embargo, pasó por alto que Colombia es el país en el que más líderes medioambientales son asesinados en el mundo y que su gobierno no ha ratificado el “acuerdo de Escazú”, como se le conoce al acuerdo regional para la protección del medio ambiente. 

Señaló: “La paz no la dejamos de atender un solo momento en plena pandemia, hemos logrado más de 3.000 millones de dólares de inversión en las regiones que han sido históricamente más golpeadas por la violencia”. Gran parte de los problemas sociales y económicos que enfrenta hoy Colombia se debe a la negativa del gobierno de Duque a cumplir con lo pactado en los acuerdos de paz firmados con las FARC, mientas va por el mundo pidiendo dinero de la cooperación internacional para “cumplirlos” mostrando avances que ni siquiera han dependido de su trabajo, sino del esfuerzo de las comunidades y organizaciones sociales. La misma Corte Constitucional declaró el pasado mes de enero el Estado de Cosas Inconstitucional por la falta de implementación del acuerdo de paz, es decir, reconoció judicialmente que hay una violación masiva del acuerdo final de paz por parte del gobierno nacional. Este incumplimiento, del que también habló el informe de la FAO –señalado anteriormente–, ha provocado nuevas oleadas de ataques violentos y 61.000 nuevos desplazados internos entre enero y septiembre de 2021. Solo en este año van 19 masacres y 23 líderes sociales asesinados, en total 1309 líderes sociales y 303 excombatientes desde que se efectuó la firma del acuerdo final en 2016.

No podemos olvidar la brutal represión policial y militar a la que se sometió a la población colombiana que salió el año pasado a reclamar por todo esto. Estamos hablando de 80 personas asesinadas, de más de 3200 detenciones arbitrarias (sometidas a torturas y tratos crueles) así como cientos de personas desparecidas –algunas de las cuales han ido apareciendo descuartizadas en bolsas en los ríos del país–, de violaciones, pérdidas oculares y muchos horrores más que el Gobierno nacional no investigó y, en su lugar, ha desarrollado una política criminal de persecución contra las personas manifestantes acusándoles de vandalismo y terrorismo, así como contra organizaciones que estuvieron informando sobre los abusos policiales.

Y finalmente, se preocupó por criticar al gobierno de Venezuela –como si tuviese autoridad alguna para hacerlo con todo el desastre que tiene en casa–, diciendo que es “la causa de la tragedia (…) que día a día va generando más diáspora, más flagelo y más deterioro del tejido social”. Y es curioso, con esa cita sí que me identifico, porque es justo lo que yo pienso de su gobierno y la recibo desde el país de Europa que más población colombiana recibe año tras año solicitando asilo y huyendo de la guerra. A Iván Duque le falta vergüenza y le sobra cinismo para salir del país a decirle a Europa que Colombia es un remanso de prosperidad y bienestar, cuando a la gente la está matando el hambre y la violencia, siendo él con su desgobierno el responsable directo de todo lo que está sucediendo.

Hace unos días el periodista colombiano Gustavo Tatis Guerra, publicó en el periódico “El Universal” de Cartagena de Indias, una crónica en la que cuenta lo que él ha llamado “el secreto mejor guardado de Gabriel García Márquez” y ha revelado así, que el escritor tuvo hace 30 años una hija por fuera del matrimonio con Mercedes Barcha, la que fuera su esposa por casi 60 años.

La hija se llama Indira Cato y su madre es la periodista, guionista y escritora de cine mexicana Susana Cato, con quien habría tenido una relación sentimental cuando ella tenía alrededor de 30 años y él 63 (sí, le sacaba 33 años). Hoy Indira es una consagrada cineasta de 30 años a quien su padre no reconoció y mantuvo en el anonimato. En defensa de García Márquez sus amigos más cercanos cuentan, —como lo relata Tatis en su crónica— que él siempre la tuvo muy presente y “le dio una casa en una zona muy bonita y un coche”. Hasta aquí todo esto para ponerles en contexto de la situación.

Esto me ha llevado inevitablemente a revivir esas historias de todos los días en Colombia en las que los hombres se eximen muy fácilmente de su responsabilidad paterna porque se tiene socialmente asumido que quien es la verdadera responsable de las/os hijas/os es la madre. Allí, el 87% de los hogares monoparentales está a cargo de las mujeres (1.785.884), quienes asumen el cuidado y crianza de sus hijas/os. Pero es que esta realidad se replica en América Latina, en donde es claro el patrón sistemático de padres abandonadores y que, guardadas las proporciones, es también una realidad en el mundo entero. En España por ejemplo, el 81% (1.582.094) de los hogares monoparentales están encabezados por las mujeres.

García Márquez hizo uso de sus privilegios de hombre para escurrirse de su responsabilidad paterna, se dio el lujo de ser un padre ausente que además no reconoció ni social ni jurídicamente a su hija y la mantuvo escondida. Él podía permitírselo porque al igual que a todos los hombres que como él dejan descendencia regada de la que no se hacen cargo nunca, la sociedad los patrocina; pero es que además, su estatus de Nobel respetable le protegía, al punto que nunca ninguna de las personas allegadas o de quienes por alguna razón supieran la verdad –que en 30 años han de ser algunas cuántas— se atrevió a decirla.

Dice Gustavo Tatis en su crónica que aún después de muerto el Nobel no se dijo nada “por respeto a Mercedes Barcha y lealtad a Gabo”, porque claro, imaginemos el panorama si esto se hubiese conocido en su momento; ¿creen que la vergüenza y el reproche habría caído mayoritariamente en la cabeza de García Márquez? No, claro que no, en esta sociedad aunque las faltas las cometan los hombres la censura y la vergüenza siempre recae sobre las mujeres. En este caso seguramente se habría señalado sin piedad a Susana Cato y la vergüenza pública para Mercedes Barcha iba a ser de tamaño monumental ya que eso no solo implicaba la traición de su marido, sino y sobre todo, una crisis de su matrimonio, del cual, por ser ella la mujer, era implícitamente la responsable de su éxito, de preservar su familia.

Es imposible negar la maravillosa obra de García Márquez –pese a todas las críticas que como feminista pueda tener sobre ella— pero tampoco voy a caer en esto del “Gabo intocable que está por encima del bien y del mal” –como lo afirma Tatis—. No hay manera de justificar algo tan egoísta y miserable. Muy célebre escritor y premio Nobel, pero García Márquez fue también un padre abandonador, de esos que conforman las enormes cifras de América Latina y que gozan de total impunidad social y jurídica, y eso también hay que decirlo. Fue irresponsable con sus actos, no asumió las consecuencias de los mismos y dejó a cargo de ellas a todas las mujeres de esta historia, a Susana, a Mercedes y a Indira, a quien le robó los afectos, el derecho a un padre, a su propia identidad, a los recuerdos, a construir vínculos con sus hermanos (con lo que cuesta esto de empezar de cero con gente que lleva tu misma sangre pero que no conoces de nada) y tantas cosas más.

García Márquez es ahora el protagonista de su propia historia, de esta que parece sacada de Macondo, de ese realismo mágico que como bien lo afirmó él, no inventó nada y solo fue un notario de la misma realidad que veía y que, aunque muy poco de mágica tenga, esta realidad es la suya. García Márquez es uno de esos patriarcas sobre los que escribió y del que ahora el mundo descubre su verdad.

Por estos días en que hacemos cuenta regresiva para llegar a final del año, también es común que hagamos el balance de lo que fue este año, de lo bueno y malo que vivimos. Sin duda la pobreza, la desigualdad, el racismo y la exclusión se han agudizado con la crisis del COVID-19 y estos no son sólo conceptos socio-políticos, sino que se traducen en prácticas cotidianas que le hacen la vida imposible a muchas personas, en muchos casos literalmente.

Así que partiendo del reconocimiento explícito de todas esas realidades dolorosas, algunas de las cuales he hablado desde este espacio durante estos meses, quiero hablar también de una reflexión muy personal sobre algo de lo que no era tan consciente hasta hace poco.

Suelo ser una persona de esas que da mucho las gracias: a la persona que me vende algo, a quien me atiende en un bar o en un restaurante, a quien me escribe preguntando cómo estoy, a quien me dice algo bonito, a los lugares donde he sido feliz, a las personas que se han ido de mi vida y me han querido y cuidado, a quien me da comida (a esta gente más que a todas porque yo amo comer), etc.  Con mi suegra me pasa algo curioso y es que cada vez que nos invita a su casa a comer yo le doy las gracias cuando termino de comer y cuando me despido, puedo decirle algo así como “muchas gracias por todo, ha estado delicioso, me ha encantado” y ella siempre me dice “hija, que no me des las gracias”. Ella siente que por tratarse de la familia no hay como una necesidad explícita de agradecer porque hay confianza y hay un acuerdo de cuidados. Y así llevamos un buen tiempo y ninguna ha convencido a la otra, aunque sinceramente creo que no es necesario, de hecho, estoy segura de que ya entiende un poco de qué va mi intensidad por agradecerle.

Eso que ella siempre me dice lo entiendo y de hecho me ha llevado a pensar algo que consideraba natural hasta entonces; y fue cuando empecé a ver hacia mi familia materna y me di cuenta que todos (no exagero) nos damos las gracias por todo lo que hacemos por los otros, pero además hasta bromeamos con ello, como haciéndonos caer en cuenta de lo graciosos que nos vemos formando una cadena eterna —porque somos un montón— de “gracias martica, gracias pedrito, gracias carito”. Nosotros sentimos que, aunque seamos familia, el agradecimiento es algo que no puede faltar, el manifestarle a alguien cuánto apreciamos lo que hace por nosotros, el amor que le imprime a eso, es algo que debe expresarse porque, además, es una manera de devolver ese cariño también en deseos de abundancia para esa persona.

Para los pueblos indígenas todos somos una suma de energía que pertenece a la madre tierra, una suma de intenciones que puede servir para cosas buenas o malas y yo, que soy una mujer de la selva amazónica colombiana que cree en estas cosas, no puedo más que sumarme a las buenas intenciones. Para ello quiero aprovechar estos últimos días de 2021 para agradecerle a la vida y al universo las cosas maravillosas que me ha dado y no podía completar esa intención sin venir a agradecerles a ustedes, sí, a ustedes que me acompañan desde hace ya algunos meses cuando empecé esta maravillosa aventura de escribir cada semana. A ti que me estás leyendo y que sigues mis columnas, porque compartes mi opinión o porque algo de lo que escribí te gustó y decidiste quedarte, o a ti, que me lees por primera vez y te preguntarás: ¿Esta tipa de qué va? A toda la gente que fue llegando a mis redes sociales y que espera atenta lo que voy diciendo cada semana. Muchas, muchísimas gracias, por el cariño, por la confianza, por tomarse el tiempo de leerme y de compartir lo que escribo. No saben lo que valoro que la gente te dé parte de su tiempo. Que el universo les multiplique en cosas bonitas, que cure ese corazón que por algún motivo hoy duele y que el próximo año sigamos por aquí, conspirando con todas esas cosas que tenemos en común y aunque a algunos les incomode, pensándonos un mundo un poco mejor y más justo.