El pasado 4 de noviembre se publicó una convocatoria para financiar, a cargo de los fondos europeos, proyectos que acerquen los cuidados a la comunidad. Se apoyarán iniciativas que apuesten por la desinstitucionalización, esto es, que ayuden a que las personas que necesitan cuidados se queden en su entorno cercano y no tengan que ir instituciones segregadoras, como grandes residencias, donde pierdan su autonomía vital. Se habla de avanzar hacia un modelo comunitario de cuidados como parte de la transición social. La convocatoria salió el jueves, entró en vigor el viernes y han dado la friolera de ocho días para presentarse, teniendo que pedir un mínimo de diez millones de euros y que demostrar capacidad para manejarlos. Una vía clara para construir comunidad. Seguro que ha habido cientos de redes de cuidados montadas en barrios y pueblos a raíz del Covid presentando propuestas.

Malas bromas aparte, ¿qué se mueve ahí? ¿Qué implica combinar una retórica comunitaria con una forma de hacer que expulsa toda iniciativa de base? Esta paradoja no es casual, sino elocuente de lo que está en el núcleo duro de los fondos europeos.

Un “país más feminista”. Eso será lo que construya el Gobierno mediante los fondos europeos Next Generation EU (NGEU). O de eso presume a nivel internacional y estatal. Lo hace, muy especialmente, por ser el único con un componente específico (supuestamente) feminista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: el componente 22 sobre economía de los cuidados e inclusión, en el que se enmarca la convocatoria comentada.

¿Son o pueden ser los fondos europeos una política económica feminista? Por supuesto, no hay una respuesta única, una respuesta verdadera. De entre quienes nos autorreconocemos en el feminismo, algunas dirán “sí”. Toca entonces pelearse por asegurar un buen uso de ese componente 22, por introducir de forma transversal criterios de género en el manejo general de los fondos, y por asegurar que una parte vaya a medidas específicamente pensadas para reducir la desigualdad de género. Que se apliquen las indicaciones contenidas en las guías elaboradas por el Instituto de las Mujeres, vaya. Otras respondemos “no”: no hay ni puede haber economía feminista ni en el componente 22, ni en los fondos en su conjunto. Y nos toca, antes de nada, argumentarlo y, segundo, esbozar una contrapropuesta.

El “Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión”, el 22, es, en primer lugar un “cajón de sastre”, tal y como ya denunciara María Palomares. Es una amalgama con poca seriedad que va desde la lucha contra la violencia machista hasta la promoción de la economía de los cuidados, pasando por combatir la pobreza o la acogida a personas migrantes y refugiadas. Segundo, está escandalosamente infradotado de recursos. Si oímos que el estado español es el único país receptor con un componente específicamente feminista y que se dedicarán a él 3.500 millones de euros (2.500 provenientes de los fondos), nos sonará a un dineral, pensando desde nuestras pequeñas vidas. Habrá a quien le entre orgullo patrio. Pero, si pensamos que es un solo componente de 30 y que no llega al 4% del total que se prevé recibir; si pensamos que el coche eléctrico se llevará 1.800 millones más; si pensamos que los trabajos no remunerados de hogar y cuidados son alrededor de la mitad del tiempo total de trabajo, entonces, quizá, nos parezca un nuevo brindis al sol: ¿cambiar los cuidados, la base de todo lo demás, con migajas?

No es que se trate de un brindis al sol, es que hay una peligrosa tergiversación en el enfoque del componente 22. Incorpora argumentos, lenguajes y propuestas que desde los feminismos y otras miradas críticas hemos defendido. Frente al modelo gigantista de residencias que anula a las personas, habla de acercar los cuidados al hogar, el entorno y la comunidad. Pero no aclara quién gestionará en esa cercanía: ¿cuidados por la empleada de hogar de siempre, en una casa, eso sí, bien domotizada, pertrechada de nuevas tecnologías? No hay un asomo de crítica a la mercantilización de los cuidados, que ha sido directamente promovida desde las políticas de cuidados. ¿Cuidados de cercanía por Eulen y similares? Se habla de mejorar la atención y centrarla en la persona, pero se apuesta todo a lo tecnológico y a los equipamientos. Esto supone una negación implícita de lo más obvio: los cuidados son, en primer lugar, relación humana; la fuerza está en el trabajo de cuidados y lo demás son apoyos. Esta negación es muy útil para desviar la atención de las condiciones laborales y para dirigir el dinero a las grandes empresas tecnológicas y de la construcción. 

Esta tergiversación del dichoso componente (supuestamente) feminista, recorre el conjunto de los fondos: El NGEU usa una retórica de preocupación por la vida colectiva y del planeta mientras refuerza un modelo socioeconómico en contradicción con la vida misma. Podemos agrupar en tres los problemas que lo hacen irreparable, problemas que se argumentan con detalle en este informe de ODG, OMAL y Ecologistas en Acción y en este de Euskal Herria Kapitalari Planto.

Primero: son deuda, aunque nos insistan en que no, en que son subvenciones a fondo perdido. Son deuda “mutualizada”, es decir, aquella que adquiere “solidariamente” el conjunto de la Unión Europea (y no un país concreto con la UE). Y la adquiere con los mercados financieros globales, aquellos mercados insaciables que hasta la derecha cuestionó allá por el 2008 (recordemos el llamado de Sarkozy a refundar el sistema financiero internacional). Y la deuda, los mercados exigen pagarla. En 2023 se recuperará probablemente el Pacto de Estabilidad, aquel que impone un máximo del 3% del PIB de déficit y un máximo de deuda del 60%. Y ahí tenemos el artículo 135 de la constitución para recordarnos que lo primero de todo es pagar la deuda (sí, ese 135 que se introdujo con agosticidad y alevosía en 2011 al tiempo que en las calles se gritaba “no somos mercancía en manos de políticos y banqueros”). Y gastar en pagar la deuda significa austeridad en otros gastos, por mucho que nos prometan cubrirla vía crecimiento. Ni consideramos factible ese “crecimiento” (los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se sostienen sobre un 7% de crecimiento del PIB mientras las previsiones de la Comisión Europea lo rebajan al 4,6%), ni queremos que crezca una economía monetizada que, más bien, consideramos debe decrecer.

Segundo: los fondos vienen con condiciones. Hay ayudas a cambio de reformas, de manera clave, reformas laboral, fiscal y de pensiones. Podríamos decir que todas queremos reformas y que la cuestión es hacia dónde reformamos. Muy bien pensada hay que ser para creer que una UE nacida como proyecto neoliberal en sí (y racista, dicho sea de paso y pensando en la previsible proliferación de muros para aislar aún más a esa fortaleza llamada Europa) va a permitir el tipo de contrarreformas profundas y emancipatorias por las que abogamos. Y, si queríamos bien pensar, ahí están ya las señales directas, desde la pugna por el contenido de la reforma laboral hasta la exigencia explícita de subir los años de cotización para calcular las pensiones a cambio de las “ayudas”, pasando por la “tramposa” subida de las cotizaciones y la fiscalidad regresiva que supone el anuncio de que todas la autovías serán de pago en 2024. Las compañeras latinoamericanas llevan décadas de vivir en carne propia lo que implican las supuestas ayudas condicionadas. No es hacer un ejercicio de pesimismo sumarnos a su denuncia de las condicionalidades impuestas por organismos internacionales. Es un ejercicio de inteligencia colectiva global.

Tercero: los proyectos financiados y los mecanismos establecidos para seleccionarlos y gestionarlos, vistos de cerca, apuntan nítidamente dónde están los ganadores: grandes empresas y grandes consultoras. Los fondos europeos significarán (están significando ya) una inyección ingente de recursos del común para ellas. Esta preeminencia es especialmente clara en la creación de los llamados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económicas (PERTEs), que se llevan el grueso (muy grueso) de los fondos, y que son colaboraciones público-privadas donde el sector público pone las garantías y asume los riesgos. La urgencia por ponerlos en marcha ha permitido hasta saltarse la normativa de contratación pública, la misma que se vuelve una barrera infranqueable cuando en un municipio pequeño se propone, por ejemplo, sacar un pliego de contratación solo para entidades de economía social y solidaria, excluyendo a las empresas con ánimo de lucro. 

Los fondos no forman parte de un giro keynesiano hacia un estado más social, sino de una nueva modalidad de captura corporativa del estado: una presencia institucional más fuerte por la vía de inversiones y del sostenimiento del consumo. El poder corporativo necesita hoy un estado más activo, que apoye más con presencia directa y menos por omisión, como en tiempos anteriores. Y los NGEU son una explícita materialización de esta nueva forma de captura.

¿El problema es que el gobierno “no hace lo que debería”? Sí, porque el Gobierno acepta los fondos y los gestiona... y no. El Gobierno tiene profundas disputas internas y habitamos una economía-trampa. Que sean unas posturas y no otras las que prevalezcan depende, en gran medida, de la presión ciudadana que ejerzamos. Para que no haya solo buenas intenciones, cuando las hay, sino margen de maniobra, tanto el gobierno como todas y cada una necesitamos partir de una posición política fuerte, consciente de la gravedad de lo que enfrentamos (una transición ecosocial en marcha en la que es la vida misma lo que está en juego) y la profundidad de los cambios que necesitamos (una subversión total de un sistema articulado sobre lo que llamamos el conflicto capital-vida). 

Un rechazo frontal a los fondos puede permitirnos una posición política fuerte que nos sirva de base para exigir otra financiación distinta para unos cambios radicalmente distintos, unos cambios que nos permitan salir de esa economía-trampa. 

En concreto, entonces, ¿qué? Planteamos, por un lado, poner en marcha un proceso ciudadano de seguimiento de los fondos. Necesitamos embarcarnos en una auditoría ciudadana de la deuda permanente (que parta de lo ya aprendido) de cara a que, cuando llegue la austeridad biocida, podamos plantear con fuerza qué parte de todo lo que debemos es deuda ilegítima u odiosa, aquella frente a la cual necesitaremos plantarnos y decir “no debemos, no pagamos”.

Por otro lado, planteamos apostar por otras fuentes de financiación que no se basen en ampliar el radio de acción mercantil (los fondos necesitan ese crecimiento del PIB para no derivar en deuda impagable y austeridad biocida). No apostamos por “crecer”, sino por redistribuir lo que hay. Hablamos, obvio es, de una reforma fiscal progresiva, ecológica y profunda. Pero también de otras medidas que nos permitan quitar poder y recursos al poder corporativo: publificaciones de servicios esenciales para la vida (por ejemplo, de las residencias de mayores, que han sido auténticos nodos de vulneración de derechos durante la pandemia tanto para las trabajadoras como para las personas mayores) y de nuevos nichos de mercado (monopolio público de los big data en la era de la digitalización, por ejemplo); defensa de los bienes comunes; una reforma agraria contra el acaparamiento de tierras y para promover la economía campesina; expropiación de la vivienda vacía y generación de un parque público de vivienda en alquiler (verdaderamente) social; reducción drástica de la jornada laboral sin pérdida de salario (pero con mecanismos para contener las escandalosas desigualdades en las remuneraciones) para liberar tiempo de vida y repartir empleo...

No se trata aquí de enumerar las muchas vías que hay para obtener recursos mediante la redistribución, sino de enfatizar que son posibles si, colectivamente, partimos de un lugar distinto: de la crítica a unos fondos que constituyen una nueva manera de expolio a la vida en común. Unos fondos que, hoy por hoy, son aún la cara amable de un capitalismo biocida, pero que no solo coexisten con otras expresiones mucho más abiertamente violentas de ese mismo capitalismo, sino que pronto van a pasar a mostrar un rostro mucho menos seductor. 

Así que, y volviendo al inicio: no, los fondos ni son ni pueden ser una política económica feminista. No solo por la insuficiencia y deficiencias del supuesto componente feminista, sino por su articulación de conjunto. Necesitamos una postura crítica firme para exigir otras vías de financiación que permitan poner en marcha medidas distintas. Pero es que una postura de fuerza también la necesitan incluso quienes sí quieren usar los fondos y quieren pelear por que se destinen a otras medidas y para otras beneficiarias. Y esta fuerza no se construye desde los brazos abiertos y la paz social. Sino desde el señalamiento de los conflictos que subyacen.

“Sin nosotras, no se mueve el mundo”. Este reclamo, originariamente lanzado por las trabajadoras de hogar, ha permeado los últimos 8 de marzo. Son palabras que nos convocan a un cambio sistémico que, con la crisis de la COVID-19, se ha evidenciado más urgente que nunca. Cuando afirmamos que “si nosotras paramos, se para el mundo” estamos reclamando que se reconozca y valore este trabajo; dejar de mover el mundo solas; y, sobre todo, empezar a mover un mundo distinto donde el cuidado de la vida común esté en el centro. En este artículo nos preguntamos qué política pública puede responder este órdago y acoger la potencia de transformación y la capacidad de ilusionar que hay cuando luchamos desde los cuidados. 

Pero, antes de ello, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Hablamos de lo que no ha podido parar mientras todo lo demás paraba; son los trabajos que reconstruyen la vida de todas las personas día a día. Incluyen, pero desbordan, la atención a la dependencia y la infancia. Son aquellos trabajos históricamente asociados a las mujeres, repartidos entre nosotras de forma sumamente desigual; históricamente mal pagados o no pagados, sin derechos o con derechos de segunda; y que han sido siempre imprescindibles para sostener la vida en un sistema socioeconómico que no pone la vida en el centro, sino que explota la vida para el beneficio privado de unos pocos. 

La crisis vital evidenciada por la crisis sanitaria hunde sus raíces en el actual modelo socioeconómico insostenible y frágil, sostenido por una cara B de cuidados injustamente repartidos. Necesitamos un “ajuste estructural” para poner el sistema socioeconómico al servicio de la vida. Y aquí los cuidados pueden actuar como política faro, para guiar la transición, porque proporcionan una mirada privilegiada al sistema de abajo hacia arriba, viendo más agudamente y con antelación lo que cuesta desentrañar al mirar desde los mercados. Y pueden actuar como política palanca, porque son la base de todo lo demás: cambiando la base, modificamos el conjunto.

Los cuidados pueden guiar un ajuste estructural que transite por dos vías: una, la reorganización de los trabajos socialmente necesarios, desmontando su actual organización biocida (a mayor valor social, menor valor de mercado; y mayor nivel de feminización y racialización); dos, la substitución de la lógica de lo público-privado por una lógica de lo público-social-comunitario, en la que lo público no se desresponsabilice ni ahogue las iniciativas comunitarias. 

Para lograr ese ajuste hay que cambiar el conjunto de políticas. Extranjería, ordenación del territorio, vivienda… Mencionemos dos. Primero debemos empujar hacia una política económica que proporcione recursos suficientes para el cuidado de la vida colectiva. Si no, los costes no desaparecerán y se derivarán a esa base en forma de costes invisibles. Esta financiación ha de basarse en la redistribución y obliga a una reforma fiscal profunda y progresiva. Necesitamos también una política laboral que deje de pensar a las personas trabajadoras como sujetos sin responsabilidad ni necesidad de cuidados. Apostemos por la conciliación, las cotizaciones a la seguridad social que costeen la reproducción de la mano de obra y la reducción de la jornada laboral. ¿Cuánto tiempo de vida nos queda para el empleo si repartimos primero los cuidados? Estas y otras propuestas se profundizan si empujamos y vigilamos el conjunto de las políticas desde los cuidados.

Además de faro y palanca, una política de cuidados requiere políticas específicas para materializar un derecho universal a cuidados dignos, especialmente en las situaciones vitales donde la vulnerabilidad es mayor. Esto ha de hacerse garantizando condiciones laborales en el sector, protegiendo los cuidados del ánimo de lucro y avanzando hacia lo público-social-comunitario. Precisamos un sistema de promoción de la autonomía (más que de atención a la dependencia) publificado y ampliado, que integre formas innovadoras en línea con el envejecimiento activo (como las viviendas colaborativas); un sistema integrado de educación y cuidado infantil; un sistema de prestaciones de cuidados incondicionales y deslaboralizadas; y un centro para la profesionalización de los cuidados en precario. 

Precisamos habilitar estructuras institucionales que operativicen esa triple función (faro, palanca y políticas específicas). La configuración de un Sistema Público-Comunitario de Cuidados territorializado podría ser el modo de lograrlo en el medio plazo. En el corto plazo, el avance hacia ese sistema puede comenzar con un plan de choque que lance un mensaje de compromiso institucional sólido y responda a las situaciones más sangrantes. 

Este plan debería contener, cuando menos, cuatro tipos de medidas: el lanzamiento de una red de diálogo social y de una mesa interinstitucional para ir conformando el SEC; medidas de urgencia para equiparar el empleo de hogar a otros sectores laborales y proteger las condiciones de vida de las trabajadoras; ampliar el empleo público en atención a la dependencia y mejorar las condiciones laborales en el sector; y facilitar los cuidados en los hogares con la aprobación de una prestación incondicional y universal por cuidado de menores.

Habitamos un mundo en transición ecosocial; un mundo que está cambiando lo queramos o no y de cuyo devenir debemos hacernos responsables. Una apuesta firme y radical por una política de cuidados de transición puede y debe jugar un papel clave en este momento. Desde la inteligencia colectiva, la que tantas veces no queda atrapada en títulos formales; y desde el debate radicalmente democrático, construyamos una política de cuidados de transición. Ideemos una política que combine los conocidos mecanismos del estado del bienestar con otros instrumentos que actualmente están en los márgenes o ni siquiera existen, para reinventar el estado del bienestar y construir una lógica de lo común. Con estos hilos diversos, construyamos una política que logre responder a las urgencias (marcadas por arreglos del cuidado precarios o colapsados) de manera tal que, desde la reorganización, la vida en lo cotidiano siente las bases de un cambio sistémico hacia un modelo reproductivo sostenible que tenga el cuidado de la vida común como eje vertebrador. 

No caigamos en el desánimo. Difícil tarea, sin duda, cuando la crisis actual, agravada por la pandemia, profundiza el cercamiento de nuestras condiciones de vida. Cuando, además, pareciera no haber otro horizonte común que el acotado por la hegemónica teoría del derrame, según la cual el bienestar general es únicamente una derivada de la ganancia corporativa. Cuando el empleo y las políticas públicas, principales intermediaciones entre bienestar y ganancia –extremos de dicha teoría–, evidencian su impotencia para frenar el exponencial proceso de precarización de la vida. Cuando ya no pueden esconderse, si alguna vez se pudo, las múltiples dominaciones y expulsiones sobre las que se asienta la trampa de la acumulación que sostiene ese supuesto derrame. Cuando la máxima de “los mercados y las grandes empresas, primero” nos conduce palpablemente a un escenario de colapso ecológico y crecientes desigualdades, control social y violencia. Pues sí, a pesar de todo ello, no caigamos en el desánimo.

Porque el capitalismo, el heteropatriarcado y la colonialidad entretejen un sistema apabullante, pero no divino. No es nuestro destino histórico inexorable. La clase trabajadora pudiéramos seguir pedaleando para mantener la rueda capitalista, confiando en alcanzar ciertas cotas de bienestar gracias a nuestras luchas en favor de mejores condiciones laborales, una fiscalidad progresiva, y políticas sociales justas. Sin renunciar a la disputa en estos ámbitos, también pudiéramos tomar la determinación de romper con este estrecho esquema, cuyo proyecto no solo hace aguas dada la actual crisis de onda larga, sino que ataca lo vivo. Tenemos capacidad para ello: si movemos la rueda, también podemos pararla. Y bajarnos. Qué sucedería si nos atrevemos a ampliar la mirada y prefigurar e implementar formas alternativas de organizar la vida en común, más allá de la centralidad de los mercados y de las empresas transnacionales.

Nuestra propuesta de antídoto contra el desánimo pasa por la elaboración y puesta en práctica de agendas y estrategias de transición que, por un lado, nos permitan mitigar los impactos derivados de la decisión de desmantelar la rueda capitalista. Estos, sin duda, serán notables, dada la asimetría de poder y la desposesión continuada que hemos sufrido en términos de propiedad y control de los medios básicos de reproducción de la vida, hoy convertidos en medios de acumulación de capital. Por otro lado y al mismo tiempo, las propuestas de transición deberían situar en un horizonte viable profundas transformaciones de las tramas, estructuras y sentidos comunes hegemónicos. Nuestro enfoque asume, por tanto, una tensión permanente entre presente y futuro; entre lo urgente y lo estratégico; entre prácticas y relatos; entre lo actualmente central, lo situado en los márgenes y lo emergente.

Esta tarea no es ni podrá ser sencilla. ¿Cómo la aterrizamos a la práctica? ¿Qué referencias nos ayudarían a articular estrategias a tal efecto? ¿Con qué fuerzas políticas impulsarlas? ¿De qué modo romper con el estrecho marco que nos ofrece la agenda socialdemócrata, esto es, la versión progresista de la trampa de la acumulación? ¿Cómo, en sentido contrario, evitamos perder el contacto con el proceso real de actuación en pos de un horizonte ideal? ¿Qué valor damos a las diferentes propuestas que están hoy sobre el tablero político, o a otras aún por posicionarse?

Un marco de referencia inacabado para transitar fuera de la rueda

Muchas preguntas en búsqueda de respuesta. Respuestas que, en ningún caso, pueden ser definitivas, máxime en el sistema hipercomplejizado y el contexto incierto en que vivimos. Desterrando cualquier pretensión de dogma, de agenda cerrada y totalizadora, asumimos la parcialidad y el carácter situado de nuestras propuestas, para así poder desarrollar un sincero diálogo horizontal e interseccional.

Desde ahí, y asumiendo nuestro sesgo economicista y europeo (escribimos desde Euskal Herria), planteamos el siguiente marco de referencia para la transición fuera de la rueda capitalista, basado en cuatro ejes complementarios: gaiaización, desmercantilización, descorporativización y territorialización de la organización colectiva de la vida.

Estos ejes son únicamente puntos de partida para la posterior elaboración de agendas y estrategias contextualizadas, nunca un edificio acabado. Los entendemos como faros que nos ayuden a navegar la complejidad de la contienda política actual y a prefigurar sendas por las que transitar del actual marco de lo posible, definido por el crecimiento capitalista, a otro alternativo que posicione una reorganización profunda de las bases del capitalismo a partir de una redistribución radical y multidimensional en favor de un común diverso.

La primera implicación de asumir este marco de referencia pasa por una redefinición integral y democrática de sentidos comunes, valores y prioridades socioeconómicas. Esto es incompatible con la primacía de la acumulación como valor hegemónico, ya que esta ataca los mínimos democráticos y pone en riesgo la sostenibilidad de la vida. La desposesión, minorización y descentramiento de los mercados capitalistas y las empresas transnacionales (espacio y protagonistas, respectivamente, de dicha acumulación), se convierte en condición necesaria.

En segundo término, nuestro horizonte exige la ampliación del debate político, hoy en día acotado fundamentalmente al crecimiento mercantil y a las intermediaciones basadas en la redistribución de recursos, siempre dentro de la teoría del derrame. Planteamos abrir todas las ventanas políticas desde una mirada integral de la redistribución (riqueza, renta, trabajos, derechos, tiempos, saberes, materia, energía, bienes comunes, etc., que incluya también la redefinición crítica de las intermediaciones clásicas) atravesada por una perspectiva de clase, feminista y decolonial, que ponga especial énfasis en la propiedad, control y gestión colectiva de los principales medios de reproducción de la vida.

Tercero y último, abogamos por redistribuir revirtiendo las múltiples dominaciones inherentes al capitalismo, sus caras b. Descentraríamos así a mercados y grandes empresas, y, en sentido contrario, se posicionaría en el centro lo que y quienes sostienen realmente la vida, tal y como se está evidenciando a lo largo de la pandemia, dando valor y protagonismo a los trabajos emancipados, los cuidados mutuos, las economías populares y campesinas, los territorios y los bienes comunes, a partir del fortalecimiento de la alianza público-comunitaria.

Bajo esta perspectiva de vuelco de prioridades y de ampliación del debate político, pasamos a explicar los ejes que aterrizan nuestro enfoque. Es un ejercicio necesariamente esquemático dado que se trata de un artículo de opinión; tras una sintética explicación de nuestra acepción de cada término, apuntamos ideas-fuerza que lo desarrollan políticamente. A su vez, realizamos algunas reflexiones sobre temas candentes en las agendas de las izquierdas: renta básica, cuidados, fiscalidad, green new deal, digitalización, etc., evaluando su potencialidad para favorecer la salida de la rueda capitalista y articularse con otras iniciativas en estrategias de transición, nunca exentas de tensiones.

Gaiaización

Gaia, Pachamama, Ama-Lurra… distintas palabras para nombrar la compleja trama de la vida y afirmar que lo socioeconómico no es más que un subsistema que dentro de un planeta finito y semicerrado. El decrecimiento de la base material de cualquier sistema socioeconómico (la reducción de la cantidad de energía y materia disponibles, así como la disponibilidad de sumideros para los residuos) no está en cuestión; se producirá sí o sí. El debate real que enfrentamos es cómo se distribuirá esa menguante base material, si desde premisas emancipadoras o, al contrario, ecofascistas.

La fe de la teoría del derrame en que la tecnología desmaterialice y vuelva sostenible la economía, sin cuestionar la acumulación, se muestra como una absoluta quimera. Bien al contrario, es preciso integrar a la economía dentro de los límites físicos del planeta y su naturaleza semicerrada, así como abordar una profunda redistribución ecológica a escala global. Esta gaiaización de la organización de la vida es una apuesta inevitable.

Como desarrollo de dichas apuestas, planteamos tres ideas-fuerza. En primer lugar, es clave avanzar en procesos de planificación democrática en la generación, utilización y gestión de energía, materiales y residuos. No asumiremos la gaiaización de la organización de la vida hasta que superemos los mercados y los precios como fórmulas de distribución de recursos en favor de planes a todas las escalas (desde lo global a lo local) que, desde una perspectiva de derechos, redefinan la propiedad, gestión y uso de la base material del sistema socioeconómico en función de las prioridades sociales y asumiendo los límites biofísicos. Para ello, es fundamental situar ciertos ámbitos en la órbita público-comunitaria, generar espacios de gobernanza global capaces de enfrentar una redistribución ecológica, así como plantear el cierre gradual de sectores y empresas específicas, acompañado de mecanismos de compensación social.

En segundo término, abogamos por la regulación democrática de los bienes naturales. Desterrar la maximización de la ganancia corporativa de ámbitos como la tierra y el agua; apostar inequívocamente por las economías campesinas y la agroecología como modelo; regular precios en el ámbito energético y favorecer la generación limpia y local (eliminando todo pool y/o monopolio), impidiendo la pobreza energética; y limitar la generación de residuos, asegurando su recogida y tratamiento sostenible (normativa de envases, apuesta por sistemas como el puerta a puerta), pudieran ser pasos fundamentales en este sentido. Además, proponemos la prohibición de megaproyectos como herramienta extractiva al servicio de los mercados globales.

Por último, planteamos la confrontación estratégica con el relato del capitalismo verde y el green new deal, que coloniza hoy el imaginario político y mediático, incluso de alguna izquierda. La apuesta verde de las élites globales es fruto de la necesidad del capitalismo por mantener su consumo incesante de recursos, ante el agotamiento de materiales y energía fósil. Al mismo tiempo, funciona como lavado de cara que oculta la práctica de depredación y mercantilización de todo lo viviente bajo el acto de fe en la desmaterialización. Entender el colapso como momento crítico para ensayar otras formas de organizarse desde las restricciones ecológicas vigentes podría complementar los esfuerzos de planificación y regulación necesarios para la gaiaización de nuestros modos de vida.

Desmercantilización

Sabiéndonos hoy por hoy dentro de la rueda, apostamos por mitigar la esclavitud del salario, esto es, la hegemonía del ingreso individual como forma de resolución de nuestras vidas, para avanzar en fórmulas no monetizadas ni individualizadas de organización social a través de una alianza público-comunitaria que ensaye nuevas fórmulas de copropiedad y cogestión. En definitiva, se trata de descentrar los mercados capitalistas, el espacio natural en el que explota, domina y ejerce su control el poder corporativo.

Planteamos tres ideas-fuerza que desarrollan este eje. La primera consiste en la colectivización de los principales medios de reproducción de la vida. Abogamos por la publificación, desde nuevas concepciones de lo común y a partir de planificaciones democráticas, de aquellos sectores que definamos colectivamente como sectores esenciales por estar directamente vinculados a la sostenibilidad de nuestras vidas. Entendemos que están sin duda dentro de esta categoría y que, por tanto, habría que situarlos fuera del ámbito de los mercados: los cuidados, especialmente los vinculados a la infancia y situaciones de dependencia (atacando su doble privatización: en lo privado-mercantil y en lo privado-doméstico); la agricultura y la alimentación; la energía y los bienes naturales; la educación, la salud y los servicios sociales. A la par, debería también primar el interés general sobre la ganancia en ámbitos clave para el presente y futuro de nuestro sistema socioeconómico, como las finanzas, por un lado, y los datos y la inteligencia artificial, por el otro. Esta apuesta por lo público-común pasa también por apoyar e impulsar fórmulas que impugnan la propiedad privada, rompiendo incluso con la legalidad vigente, como la okupación o los centros sociales autogestionados.

La segunda se refiere a la redistribución, revalorización y reorganización de todos los trabajos. Frente a la división internacional sexual y racializada de estos, así como a su lógica inherente de competición transnacional por situarnos en las escalas superiores de la jerarquía laboral global, es clave apostar por su redistribución, tanto en lo referente al empleo como a los no remunerados en su cara b; y por su revalorización, conectando su valor con el aporte al sostenimiento de la vida, no al proceso de acumulación. Esto daría lugar a una reorganización de los trabajos, en la que los más esenciales sean los primeros en salir del terreno mercantil capitalista. Abogamos así por sacar de los hogares una pluralidad de trabajos que han de ser responsabilidad colectiva, como los vinculados a situaciones de dependencia; impulsar una legislación laboral que defienda la vida que hay tras la mano de obra, con énfasis en los derechos de conciliación; fortalecer los derechos laborales del empleo de hogar y combatir la figura de falsa autónoma; revisar las tablas salariales desde su aporte a la sostenibilidad de la vida; establecer topes salariales máximos y mínimos; reducir la jornada laboral sin rebaja salarial; revertir las brecha salarial de carácter racial y sexual; y garantizar las condiciones de negociación de la clase trabajadora y sus organizaciones sindicales.

La tercera plantea la desmercantilización y deslaboralización del marco de derechos. Si estos hoy se encuentran fundamentalmente vinculados al mercado laboral (desempleo, pensiones, viudedad, estatus migratorio, etc.) y/o atravesados por cierto nivel de copago en su materialización, planteamos su transición hacia su consideración como derechos ciudadanos, más allá de si se ha cotizado o no, o de si existe o no una caja común. Y planteamos un proceso de regularización incondicional y extraordinaria, apelando si es necesario al momento crítico.

Desmercantilizar ámbitos, trabajos y derechos es un eje clave para romper con la trampa de la acumulación. ¿Qué decir entonces de la renta básica universal? En nuestra opinión, en la medida en que garantiza ingresos individuales para consumir en el mercado, se trata de una propuesta posicionada dentro de la rueda capitalista –aún deslaboralizando su acceso–, que no podemos situar como eje vertebrador de nuestro horizonte emancipador. No obstante, si su puesta en marcha no sustituye, sino que complementa derechos, avanza en mecanismos de carácter colectivo, y se aplica con una vigencia determinada dentro de una estrategia de transición de mayor calado, pudiera ser una herramienta útil.

Descorporativización

De manera complementaria a la desmercantilización, revertir el ingente poder acumulado por las corporaciones en favor de la clase trabajadora –sobre todo el de los sujetos que, dentro de ella, se sitúan hoy en su cara b–, es un eje fundamental. Además de desmantelar el espacio natural de la acumulación, se apuesta por fortalecer el poder popular regulando al poder corporativo y recuperando espacios democráticos.

En este sentido, abogamos primero por el desmantelamiento de la arquitectura político-jurídica de la impunidad corporativa. Las grandes empresas han pergeñado un modelo global de gobernanza que, bajo una ínfima intensidad democrática, blinda sus intereses en base a una especie de constitución corporativa global. Es clave derribar esta arquitectura al servicio de las multinacionales, desde los organismos económicos multilaterales (OMC, FMI, BM, etc.) a los peligrosísimos tratados de comercio e inversión de última generación. Además, es importante meter en agenda un análisis crítico de proyectos regionales como el europeo, cuyos tratados y cuyo sistema euro estrecha el marco de lo posible a una perspectiva estrictamente neoliberal.

En segundo lugar, apostamos por regular al poder corporativo en favor de la clase trabajadora. Más allá de las propuestas laborales ya explicitadas, planteamos el incremento de las pensiones mínimas; la regulación de la vivienda (precios, suelo, prohibición permanente de desahucios, parque público estrictamente vinculado a alquiler social, vivienda en cesión de uso); la asunción de la ciudadanía universal frente a las leyes de extranjería; el control del mercado para impedir oligopolios y concentraciones de capital; el impulso de estrategias de defensa de los derechos y reciclaje de las trabajadoras en empresas y sectores en desmantelamiento; y la auditoría ciudadana sobre la deuda ilegal, ilegítima, insostenible y odiosa. En coherencia, abogamos por una fiscalidad progresiva que prime la imposición directa sobre la indirecta, con énfasis en las ganancias corporativas, el patrimonio y las rentas medias y altas. Es fundamental luchar contra el fraude, recuperar los impuestos sobre las grandes fortunas, eliminar toda la ingeniería vinculada a deducciones y bonificaciones, así como ensayar propuestas complementarias para momentos excepcionales, por ejemplo las diferentes variantes de tasa covid. Estas se sitúan indudablemente dentro de la rueda, pero tienen potencial para posicionar la obligación de que quienes más tienen, más pierdan ante las crisis.

Tercero, planteamos la descorporativización desde el impulso de iniciativas y sistemas basados en otras economías, favoreciendo el aumento de escala de los espacios que ocupan la economía solidaria, transformadora y popular, la soberanía alimentaria, las cooperativas, las PYMES, etc. Las instituciones públicas deberían acompañar este proceso priorizándolas en base a normativa y cláusulas en la compra e inversión pública, y favoreciendo propuestas innovadoras como las cooperativas integrales de cuidados, entre otras medidas posibles.

Finalmente, mención aparte merece la descorporativización de la economía digital. Esta, pese al relato de su carácter colaborativo y horizontal, ha hecho avanzar al poder corporativo a donde antes nunca había llegado, tanto en tamaño como en capacidades. Unas pocas empresas estadounidenses y chinas controlan todo el proceso económico, desde la materia prima (datos) y los espacios (plataformas), hasta los muy diversos servicios de inteligencia artificial. Las izquierdas no se pueden permitir asumir esta realidad acríticamente; la creación de bancos públicos de datos y el desarrollo público-social de servicios en favor del interés general son elementos indispensables en toda estrategia emancipadora.

Territorialización

La tendencia hacia una mayor hiperconexión global, deslocalización y complejización de los circuitos socioeconómicos ha demostrado su fragilidad e inviabilidad, además de haber generado un marco corporativo de gobernanza y un patrón muy desigual de poder y acumulación a escala internacional. Apostamos por revertir la actual primacía de lo global en favor de lo local y lo cercano, lo asumible en términos de ecosistemas, lo abarcable política y democráticamente, sin por ello plantear la eliminación definitiva –aunque sí la redefinición de roles– de las escalas global, regional y estatal.

Proponemos como primera idea-fuerza un nuevo modelo de gobernanza global, en base a una nueva arquitectura política, con capacidad real para enfrentar democráticamente los retos que compartimos, como el cambio climático, la redistribución ecológica o las migraciones. Estos desafíos evidencian la inter- y ecodependencia del conjunto del planeta, por lo que necesitamos avanzar en estructuras democráticas y sentidos comunes que los aborden de manera decidida y estableciendo compromisos vinculantes.

En segundo término, planteamos la revisión de la figura del Estado-nación, en línea opuesta a la actual captura corporativa. Creemos que este puede cumplir un papel dentro de la apuesta por una alianza público-comunitaria, pero debe redefinir su naturaleza en este sentido, además de avanzar en la respuesta a las legítimas demandas de autodeterminación y soberanía de los pueblos. Es clave arrebatar este debate de cualquier horizonte supremacista y de blindaje de comunidades-fortaleza, siempre con la prioridad por lo local como horizonte y con la conjunción de las soberanías feminista, alimentaria y energética.

En último lugar, defendemos el arraigo de los modelos socioeconómicos en el territorio, la simplificación y el acortamiento de los circuitos económicos. Las cadenas alimentarias y las de cuidados son dos ámbitos estratégicos por los cuales comenzar esta relocalización. En esa misma lógica, abogamos también por abrir el debate sobre la recampesinización de nuestras sociedades, rompiendo con el pensamiento de fatalidad urbana que está en la raíz de nuestras nociones de progreso.

Continuando el debate

Gaiaizar, desmercantilizar, descorporativizar y territorializar la organización de la vida, revirtiendo prioridades y abriendo el marco de lo posible desde una redistribución radical e integral atravesada por la clase, el feminismo y la decolonialidad, es la identidad de nuestro marco de referencia. Dado su carácter inacabado y situado, nos gustaría seguir debatiéndolo, alimentándolo y enriqueciéndolo junto a otras. Y que, a su vez, sirviera como herramienta de contagio, discusión e inspiración para impulsar y multiplicar diferentes estrategias de transición, a partir de sujetos, agentes, situaciones y contextos diversos.

El reto de fondo está en combinar ejes, ideas-fuerza y propuestas concretas dentro de estrategias que aúnen con audacia horizonte y urgencia, cara a y cara b, redistribución, reconocimiento y representación. Es una tarea plagada de tensiones, urgente y necesaria en estos momentos críticos de agudización del conflicto capital-vida. Pongámonos a ello, para no caer en el desánimo.

Un desánimo profundo. Quizá sea esto lo que respiramos casi todo el mundo. Al menos, los mundos que habitamos las mayorías sociales, el pueblo, la clase trabajadora, como queramos llamarnos. Un desánimo que nace por la conciencia de estar viviendo un cercamiento intenso de las condiciones de vida. Un cercamiento global, ecosistémico. “Sin casa, sin curro, sin pensión”. Así arrancaba Juventud sin futuro en 2011. “Sin miedo”, añadían también, conjurándose para que el desánimo no se convirtiera en miedo. 

Que no nos dé miedo un futuro distinto. Entender lo que nos pasa puede ser un antídoto contra esa sensación paralizante. Y lo que nos pasa, fundamentalmente, es el capitalismo, en su entretejido consustancial con el colonialismo y el heteropatriarcado. No obstante, parece que tenemos una incapacidad manifiesta para pensarnos más allá de sus límites, para imaginarnos que “un fin del mundo distinto es posible”. La clase trabajadora como hámster pedaleando sin parar para mantener la rueda capitalista y de ahí obtener su exigua cuota de bienestar es una imagen que, creemos, expresa bien nuestra situación. Una metáfora en la que subyace el muy extendido relato de que solo si prosiguen el crecimiento económico (léase: mercantil) y la acumulación de capital podremos sostener, aun precariamente, nuestras vidas. 

No hay más que analizar las diferentes propuestas para enfrentar el actual estallido pandémico y la crisis civilizatoria en la que este se inserta (crisis de acumulación de capital, ecológica, política, de reproducción social y de valores), tanto de las derechas como de parte significativa de las izquierdas, para confirmar que el marco de lo posible y la agencia política se limitan a asumir dicho mantra: el bienestar popular es solo una derivada de la acumulación capitalista. Es la vieja pero muy actual teoría económica del derrame, según la cual la ganancia empresarial se derrama en beneficio social gracias al empleo y las políticas públicas. 

Pero el capitalismo, con sus relatos, no es una imposición divina, ni un destino histórico inevitable. Es un proyecto que, en su huida hacia adelante, nos conmina a correr para mantener el ritmo incesante de una rueda que, con más o menos empleo y políticas públicas, nos despeña por una pendiente de colapso ecológico, desigualdades crecientes, violencia estructural y control social. Y cuya teoría del derrame, que siempre ha sido una falacia, muestra ahora enormes socavones: no hay crecimiento sostenido, el empleo se precariza y reduce vía digitalización y automatización, y las políticas públicas son capturadas, en términos generales, en favor del poder corporativo.  

Necesitamos salir de esta trampa de la acumulación: la rueda capitalista no derrama bienestar, sino que ataca lo vivo. El conflicto capital-vida, en este sentido, explica mejor el capitalismo. No obstante, dicha trampa existe: hoy por hoy estamos en la rueda. El poder corporativo controla los medios de reproducción de la vida, y nuestra propia concepción del bienestar está hondamente mercantilizada. La hegemonía actual del relato y la agenda corporativa es tal que el colapso capitalista tendría (está teniendo) un impacto notable en términos del bienestar de las mayorías sociales. No podemos negarlo. Tampoco resignarnos, desanimarnos, temer. 

Necesitamos, en consecuencia, propuestas de transición: estrategias que mitiguen ese impacto negativo, a la vez que abren sendas para una reorganización socioeconómica fuera de la rueda, bajo otros sentidos de la vida que merece ser vivida en común. Y este proceso solo podemos abrirlo desde el conflicto con el sistema y la conciencia de su trampa. 

El presente artículo se centra en el llamamiento a transitar fuera de la rueda capitalista. En breve le sucederá un segundo texto planteando una serie de ejes teórico-políticos para orientar estrategias de transición. Ambos buscan un diálogo horizontal, que construya inteligencia colectiva, única forma de afrontar la complejidad del momento, más aún de las respuestas. A ese diálogo queremos contribuir desde nuestra mirada situada, localizada en Europa y con un cierto tamiz económico; desde ahí es desde donde vemos nuestras realidades. Lo hacemos sabiendo que nadie hablamos desde la pureza, por lo que sí o sí nos vamos a equivocar. Toca buscar respuestas suficientemente buenas, nunca perfectas. 

El capitalismo derrama bienestar

Habitar el capitalismo no es estar aquí por casualidad, como podríamos estar en otro sitio. Es estar permeadas por su consigna civilizatoria según la cual el flujo del capital y de la renta se convierte en la premisa del bienestar general. La prioridad colectiva consiste entonces en favorecer la dinámica de maximización de las ganancias empresariales para, desde ahí, derramar bienestar sobre el conjunto de la sociedad a partir, fundamentalmente, de dos intermediaciones: el empleo y el estado. 

El empleo es la principal bisagra que articula ambos polos: a mayor ganancia, supuestamente mayor inversión y, en consecuencia, mayor empleo, del que se deriva el consumo, ergo, el bienestar. Genera así los ingresos suficientes para sostener la vida, para consumir de manera masiva y sostener el flujo de la renta vía demanda. Además, permite acceder a una parte importante de los derechos sociales, estructuralmente vinculados al trabajo en el mercado (salud, paro, jubilación, viudedad, etc.). 

El estado, por su parte, sería la segunda intermediación, a través de una doble vía: la primera, el desarrollo de políticas públicas sociales a través de ciertas dinámicas redistributivas, permitiendo mitigar las desigualdades y aportar a la sostenibilidad y reproducción de las vidas; la segunda, el impulso de normativa de regulación de los mercados y contención del poder corporativo, bajo la premisa de que estos se sujeten, de una u otra manera, al interés general. 

Ahí se sitúa el marco capitalista de lo posible. El mayor o menor peso concedido a estas intermediaciones marca las diferencias políticas dentro de ese posibilismo capitalista: cómo generar sendas estables de inversión, cómo crear más y mejor empleo, qué fiscalidad y qué políticas públicas se pueden poner en marcha… ese es el margen aceptado. Se comparte un esquema similar: que siga rodando la rueda de la acumulación de capital es condición sine qua non para nuestras vidas. Para las derechas, condición (cuasi) suficiente. Para las izquierdas que asumen este marco, condición necesaria, pero no suficiente, por lo que se apuesta por fortalecer instituciones públicas y condiciones laborales. 

El debate se entrampa de este modo en la secuencia capital-empleo-estado-bienestar, que nos cohesionaría a todxs en torno a objetivos compartidos, nos garantizaría un escenario de estabilidad y crecimiento, sin grandes conflictos. Un horizonte… ¿qué ahonda en el desánimo?

Del derrame al conflicto capital-vida

El desánimo es, quizá, consecuencia de la promesa incumplida. Un relato falaz que siempre ha ocultado una realidad marcada por la insostenibilidad y por múltiples desigualdades, mientras el horizonte de bienestar popular se alcanzaría a través de dos débiles intermediaciones, sin alterar lo más mínimo la lógica de la acumulación de capital como premisa incuestionable. 

Respecto al empleo, cierto es que nuestro bienestar actual depende de este en gran medida. Sí, somos esclavas del salario. Pero este nexo no es inalterable ni ahistórico. Se genera en el marco de un proceso de desposesión de los medios de reproducción de la vida colectiva, que pasan a convertirse en medios privatizados de producción (acumulación) de capital. A su vez, una vez desposeídas, nuestros sentidos comunes y expectativas se mercantilizan y dirigen hacia el empleo como única alternativa aparentemente viable. 

Reconocer esta esclavitud nos permite identificarnos a las mayorías sociales como clase trabajadora. Podría ayudarnos a construir confrontación política no desde el empleo, sino contra el empleo, en tanto que un trabajo alienado que no hacemos por su sentido social, sino porque necesitamos dinero para resolver una vida mercantilizada. Por eso el poder corporativo juega, en ocasiones, al despiste. Lanza así lo que podríamos llamar dispositivos de dilución de las clases, que nos empujan a los trabajadores bien a tratar de vivir de rentas y finanzas y no del salario, bien a convertirnos en nuestros propios jefes a través de la figura del emprendedurismo. Pero este despiste tiene poco recorrido y es que sí, dependemos del empleo. Y, en lugar de confrontar desde esta constatación, caemos en el argumento trampa, del que se sirve el poder corporativo para amenazar con la pérdida de puestos de trabajo como excusa para socializar sus riesgos. 

Además, este nexo entre empleo y bienestar tiene una contracara, una cara B que resuelve (o intenta resolver) todo aquello donde no llega el salario y todo el daño que los mercados hacen a la vida. Son ese acumulado de los trabajos invisibilizados, aquellos que en ocasiones hemos llamado cuidados, que, en última instancia, mal-sostienen la vida. Son la cara oculta del trabajo asalariado, su residuo y su base, trabajos que se feminizan, racializan e invisibilizan. Son la base oculta del iceberg que ha pugnado por salir a la luz con la pandemia. 

De este modo, el capital y el trabajo se evidencian como antagonistas, en ningún caso como aliados, tanto en lo que se refiere a la desigual disputa ente clases por el plusvalor en el ámbito mercantil, como a esa cara B indispensable para el mantenimiento del flujo del capital. Frente a un relato que nos hace sentir que la vida y el trabajo dependen de las empresas, podemos afirmar que son estas las que dependen de la reproducción de la vida. 

Este conflicto entre el capital y el trabajo se vincula a otra serie de conflictos estructurales. Un segundo, el conflicto heteropatriarcal, que garantiza que ese mal-sostenimiento de la vida se realice desde los trabajos que no existen (los cuidados) en los ámbitos que no son económicos (los hogares en red) y por los sujetos que no son sujetos políticos (las mujeres*); siendo este el sentido profundo de la división sexual del trabajo en el capitalismo. Tercero, la desigualdad intrínseca al sistema y los procesos globales de acumulación y despojo, legitimada bajo un relato y una práctica racista y colonialista que rechaza, otrifica y degrada vidas, saberes y poderes alejados de los centros y las élites. Y cuarto, la dinámica de crecimiento incesante del capitalismo, que se sostiene sobre la farsa de una base física y material infinita, así como de un ecosistema perfectamente abierto, dando lugar en su evolución depredadora a un conflicto entre capital y naturaleza, hoy llevado al paroxismo. 

Esta intersección de conflictos nos lleva a priorizar la vigencia de un gran conflicto capital-vida frente a la teoría del derrame como explicación de lo que hoy en día ocurre. Se trata de una tensión estructural e irresoluble sobre la que se asienta el capitalismo y que nunca ha sido, ni puede ser, eliminada por la acción del empleo ni de las políticas públicas. 

El estado del bienestar se legitima a sí mismo como el mecanismo para eliminar el conflicto, para garantizar condiciones de vida dignas en el marco de una economía de mercado capitalista. Juega una doble función de legitimidad, garantizando ciertos mínimos de bienestar, y de acumulación, asegurando que el circuito del capital funciona. Podemos decir que es a la par logro momentáneo (y parcial, porque los estados del bienestar del norte global siempre se han asentado sobre la división sexual y racializada del trabajo, el despojo del sur global y el expolio medioambiental) de la clase obrera y renuncia estructural. Pero la tensión siempre acaba saltando y, cuando salta, el estado vira siempre hacia el mismo lado. 

A lo largo de décadas hemos asistido a una ofensiva corporativa por la captura de lo público y lo común. Por un lado, las empresas transnacionales han logrado elevar los principales ámbitos de decisión hacia escalas regionales y globales, alejadas de la ciudadanía y mucho más proclives a la presión corporativa. Tanto es así que están conformando una constitución corporativa global de la mano de la nueva oleada de tratados de comercio e inversión de última generación. Por otro, la apisonadora neoliberal lleva desde los años 70 privatizando empresas públicas, desregulando derechos colectivos, jibarizando las políticas sociales allí donde hubieran estado vigentes, así como enarbolando nuevos imaginarios como las alianzas público-privadas, que en la práctica ponen a las instituciones al servicio de lo corporativo. 

Sin obviar que sigue estando muy vigente la disputa por lo público desde nuevas perspectivas de lo común, es evidente que no podemos confiar en la figura del estado como intermediario de bienestar a escala planetaria dentro del capitalismo, máxime en un contexto como el actual de crisis profunda de acumulación. De este modo, y en el mejor de los casos, las políticas sociales y redistributivas tienden a mitigar, a conciliar lo irreconciliable de una extrema y creciente situación desigual de control y propiedad de los medios de reproducción de la vida, sin poner mínimamente en riesgo la máxima del business usual. 

En definitiva, el sistema orquestado alrededor del capitalismo, más que derramar bienestar en base a ciertas intermediaciones, se muestra como un sistema múltiple de dominación atravesado por diversos conflictos que confluyen en ese meta conflicto capital-vida. Posicionar este conflicto significa decir que, en este sistema, las vidas tienen valores radicalmente desiguales: las de valor máximo de quienes detentan el poder corporativo; las de valía desigual y con márgenes para ejercer ciertos privilegios en la medida en que sirven a ese poder; las que solo valen muertas o son simplemente despojos. Para poder construir el carácter biocida del capitalismo como un problema común, debemos abordar las profundas desigualdades que atraviesan la vida colectiva. Posicionar este conflicto significa, también, asumir que la reproducción de la vida está en peligro, por lo que debemos trascender el estrecho marco de lo posible, de manera decidida y urgente. 

La vida en alerta en un capitalismo atravesado por la pandemia

Hoy asistimos, además, a un momento de extrema agudización del conflicto entre capital y vida. El capitalismo no garantiza un horizonte de estabilidad y crecimiento, por un lado, ni cuenta ya con dispositivos que mínimamente generalicen trasvases de bienestar a las mayorías populares, aunque sea solo en ciertas latitudes, por el otro.

El capitalismo está gripado. Es incapaz en primer lugar de generar una nueva onda larga de productividad generalizada, inversión, empleo y consumo, tal y como hasta la OCDE afirma. En segundo término, su dinámica de crecimiento incesante ha superado ya los límites físicos del planeta, como evidencian el imparable cambio climático y el agotamiento de materiales y fuentes fósiles de energía. Se ve así ante la irresoluble paradoja de crecer con una base física menor y más vulnerable, fenómeno sin parangón histórico. Tercero, la apuesta estratégica por la economía digital, si bien no hay constancia de que sea el motor para una nueva fase sólida de acumulación, sí que ahondará en las lógicas de precarización y reducción en términos absolutos del empleo, minimizando su relevancia como intermediación. Cuarto, el impresionante protagonismo de las mega-empresas big tech amplía el alcance y dimensión del poder corporativo, en detrimento de unas instituciones públicas incapaces (o sin voluntad alguna, en muchos casos) de regularlo. Y quinto y último, la mayoría de los estados sufren en la actualidad una nueva ofensiva para consolidar la alianza público-privada en favor de la hegemonía corporativa, con un rol más significativo en términos de inversión y sostenimiento del consumo, lo que les alejaría definitivamente de un horizonte de defensa del interés colectivo.

De este modo, la teoría del derrame ya no es que muestre grietas, sino que hace aguas. Sus intermediaciones se diluyen. Si esta teoría pudo seguir seduciendo con la promesa del éxito, hoy el hilo de continuidad entre la precariedad en la vida y la exclusión es el régimen de existencia que habitamos de forma desigual cada vez más segmentos de población, en cada vez más zonas del planeta. El sueño del desarrollo se ha hecho añicos. Y, a menor capacidad de seducción, mayor es la violencia que nos sujeta y que se ejerce para garantizar la subalternidad de quienes, con sus trabajos, pelean por que la vida mal continúe en condiciones cada vez más hostiles. El redoble de las violencias racistas y heteropatriarcales no se explican solo por su funcionalidad al capitalismo, pero tampoco son ajenas al mismo.

Por lo tanto, hoy más que nunca necesitamos salirnos de una rueda que está despeñándose. Enfrentar con fuerza y esperanza el abismo social y el colapso ecológico en que nos encontramos requiere ampliar el marco de agencia política más allá del empleo, la fiscalidad y las políticas públicas, que siempre tienen su condición en el sostenimiento de la acumulación de capital. Precisamos estrategias de transición que salgan del posibilismo capitalista, pero que tampoco se impongan como formas iluminadas incapaces de conectar con los actuales sentidos comunes. Estrategias que combinen lo mejor de lo hegemónico (derechos laborales para un trabajo estructuralmente alienado, mecanismos de ese estado del bienestar que pretende borrar el conflicto capital-vida), con las periferias que no han sido totalmente capturadas por el poder corporativo (redes de cuidados, economías campesinas y populares, economía social transformadora…) y con lo nuevo que inventemos. El momento que atravesamos nos empuja a poner ahí nuestros esfuerzos, con determinación y audacia. Salgamos de la rueda.