La noticia de que la farmacéutica estadounidense Pfizer y la empresa alemana de biotecnología BioNtech habían producido una vacuna que tenía un 90% de efectividad contra la COVID-19 fue lógicamente acogida con aplausos, a pesar de la cautela. Este miércoles, la compañía ha difundido nuevos datos que elevan la eficacia a un 95% tras la conclusión de estudios más completos que los de la semana pasada.

Pfizer afirma que puede fabricar hasta 50 millones de dosis para finales de 2020 y hasta 1.300 millones de dosis en 2021. El deseo de que la vida regrese a la normalidad hará que la demanda de esas dosis sea altísima. Gobiernos de todo el mundo ya han empezado a anunciar a sus ciudadanos que recibirán una vacuna para Navidad. Pero, ¿cómo funcionará la distribución de este número limitado de dosis si la cantidad disponible solo será suficiente para vacunar a una séptima parte de la población mundial?

Países de renta alta como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia o la Unión Europea han reservado al menos 500 millones de dosis de la vacuna. Es posible que esta cantidad aumente hasta los 1.000 millones de dosis mediante acuerdos de compra anticipada, en los que los países pagan para reservar vacunas a un precio acordado en un intento de garantizarse el acceso prioritario. 

Durante la pandemia de gripe porcina de 2009, este tipo de acuerdos se generalizó de tal manera que la mayoría de los fabricantes afirmaron que no podían proporcionar el 10% de sus existencias de vacunas a las agencias de Naciones Unidas porque estaban obligados a cumplir compromisos preexistentes con los países ricos. En este sentido, el “nacionalismo de vacunas” –la dinámica que hemos visto en acción este año, ya que los países persiguen el interés propio en lugar del bien común mundial– no es algo nuevo.

Los países de ingresos bajos y medios llevan años presionando para lograr la igualdad en el acceso a tratamientos y las vacunas; saben bien que los acuerdos de mercado en los que descansa el sistema sanitario mundial favorecen a los gobiernos con mayor capacidad adquisitiva. Esta misma situación ya se puso de manifiesto con claridad en el acceso a los tratamientos antirretrovirales para el VIH en la década de 1990 o en la controversia sobre la “soberanía viral” de Indonesia de 2007.

El programa COVAX

La posibilidad de que los países ricos obtengan primero una vacuna está siempre sobre la mesa. Por eso la organización público-privada de salud GAVI, la fundación CEPI y la Organización Mundial de la Salud crearon el mecanismo COVAX a principios de este año. COVAX se creó para apoyar la distribución equitativa de una potencial vacuna contra la COVID-19 mediante acuerdos de compra conjunta que permiten a todos los países, independientemente de sus medios, comprar vacunas; se financia tanto mediante la compra directa por parte de países de renta alta como gracias a la cooperación para el desarrollo y las donaciones.

El objetivo de COVAX es conseguir vacunas suficientes para que todos los países participantes puedan inmunizar al menos al 20% de su población. Los países ricos que contribuyen a COVAX lo hacen como una póliza de seguro, para garantizarse el acceso en caso de que no se cumplan los acuerdos comerciales. Los países de ingresos más bajos ven COVAX como un salvavidas que les da al menos algún acceso a cualquier vacuna.

Pero la prometedora vacuna de Pfizer todavía no forma parte actualmente de COVAX (aunque hay una “expresión de interés para un posible suministro”). Si bien GAVI tiene acuerdos para el suministro de nueve posibles vacunas candidatas, incluida la prometedora vacuna de AstraZeneca/Universidad de Oxford, el aparente éxito de la vacuna de Pfizer plantea interrogantes más profundos sobre la forma en que los países de ingresos bajos y medios pueden acceder a las vacunas que han dado buenos resultados.

Incluso si COVAX negociara ahora con Pfizer, no está claro de qué cantidad se dispondría para el resto del mundo, dado que la mayor parte del suministro potencial ya está reservado. Tampoco se sabe si se daría prioridad al suministro a los países ricos con acuerdos de compra anticipada.

Quedan por resolver algunas cuestiones clave: ¿cómo se asignarán las dosis adquiridas mediante acuerdos de compra anticipada, quienes recibirán los primeros lotes y cómo se compartirá el resto? ¿Podrían cuestiones prácticas, como la capacidad de un país de proporcionar una cadena de ultrafrío –una red de refrigeración bajo cero que asegure que la vacuna no perezca–, influir en decisiones encaminadas a que las dosis disponibles no se desperdicien?

Mientras los países ricos se han dado prisa para ser los primeros en el reparto, debemos preguntarnos cómo garantizará COVAX el abastecimiento a los trabajadores sanitarios de los lugares más pobres del mundo que están primera línea en este momento.

Es importante no olvidar que esta vacuna no es la única en desarrollo: hay 10 ensayos en fase 3 actualmente. De hecho, en las 24 horas siguientes al anuncio de Pfizer, el gobierno ruso declaró que su vacuna Sputnik V también tenía una eficacia superior al 90%; China ha desplegado de forma similar el uso de emergencia de sus principales proyectos de vacuna de forma voluntaria.

Algunos análisis políticos encuentran ciertos paralelismos entre la carrera mundial por la vacuna y la carrera espacial, pero hay que ir más allá de anticuadas analogías propias de la Guerra Fría.

En primer lugar, este análisis pasa por alto el papel vital que desempeñan los Estados de ingresos medios en el desarrollo de la vacuna: algunas de las principales empresas biotecnológicas y la capacidad de fabricación están en Brasil e India. En segundo lugar, hay una diferencia entre las candidatas a vacunas patrocinadas por el Estado (en Rusia y China) y las de las empresas multinacionales como Pfizer y AstraZeneca. En tercer lugar, la verdadera carrera no trata sobre quién fabrica las vacunas, sino sobre quién puede acceder a ellas una vez fabricadas.

Lamentablemente, aunque la pandemia ha dejado claro a todo el mundo la interdependencia global, parece que los más pobres siguen siendo los que salen perdiendo.

Mark Eccleston-Turner es profesor de Derecho de la Salud Mundial en la Universidad de Keele y Clare Wenham es profesora adjunta de política de salud global en London School of Economics.

Traducido por Alberto Arce.