La vida política y la biografía personal del expresidente chileno Sebastián Piñera Echenique se vieron signadas por tsunamis y sismos, crisis sanitarias y migratorias, estallidos sociales y resistencias mapuches, incendios forestales y cataclismos mineros. Cuando este empresario multimillonario asumió su primera presidencia el 11 de marzo de 2010, el peor terremoto desde 1960 causaba los mayores daños registrados a la infraestructura nacional y dejaba 500 muertes. La segunda presidencia de Piñera se vio marcada a sangre y fuego por las violencias del estallido social de 2019 y la pandemia de COVID-19.

El líder de Renovación Nacional (RN), el partido de derecha chileno más antiguo que él abrazó y reformó con un decidido giro al centro, se enfrentó a todas las tempestades sin desviarse del norte que le señalaba la brújula de la preservación personal. Pero no pudo escapar de la última fatalidad. El incendio voraz de la región de Valparaíso exhibe máximos daños territoriales y mismo desprecio por la vida humana en febrero de 2024. Este martes, en el momento de la caída fatal en la comuna de Lago Ranco del helicóptero que mató al exaccionista principal de la aerolínea de bandera LAN a sus 74 años, las llamas ya se habían cobrado 20 víctimas.

Dos presidencias distintas

Sebastián Piñera Echenique fue el único presidente de derecha que gobernó Chile desde el fin de la dictadura pinochetista. Sin embargo, falta a su legado el sello de cualquier giro hacia esta orientación ideológica que lo distinguiera con nitidez de la obra de la Concertación de socialistas y democristianos que había gobernado el país latinoamericano hasta que su predecesora Michelle Bachelet le cediera el mando en medio de un terremoto que el ni el presidente ni sus cuadros inexpertos, que jamás habían integrado la administración, sabían cómo afrontar.

O de la Nueva Mayoría de su sucesora, nuevamente Bachelet, que incorporó al Partido Comunista a la Concertación. E incluso de su segundo sucesor, Gabriel Boric, que preside el gobierno más a la izquierda de la historia chilena. Porque tanto Boric ahora como antes Piñera han sido gobiernos de una debilidad tan extrema, por su ausencia de mayorías en el Congreso, y de apoyos exteriores sólidos y firmes, solo comparable a la endeblez padecida por el Gobierno de la Unidad Popular (UP) del derrocado socialista Salvador Allende. 

Un multimillonario en el poder

Al multimillonario le gustaba presentarse, desde el inicio de su carrera política, como un emprendedor. Un empresario de esos que crean riquezas para el país y puestos de trabajo para los pobres. La realidad era diversa: la fortuna de Piñera crecía gracias a su destreza para la especulación y la compra y venta de empresas como LAN Chile, la aerolínea de bandera nacional.

Cuando hizo campaña presidencial, dejó de especular, y un fideicomiso ciego se hizo cargo de la administración de su fortuna, una medida necesaria para evitar ostentosos conflictos de intereses. Como en los casos del italiano Silvio Berlusconi, el estadounidense Donald Trump, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el británico Rishi Sunak y el argentino Mauricio Macri –uno de los primeros en llorar la muerte de un aliado y hermano mayor trasandino–, cada vez que un millonario llega al gobierno, un poder que nunca será democrático entra en el Ejecutivo: el poder del dinero.

Del crecimiento económico al estallido social

Sebastián Piñera fue presidente de 2010 a 2014 y de 2018 a 2022.

En su primer mandato, representó a la coalición electoral Alianza por Chile, el equivalente de centroderecha de la centroizquierdista Concertación. Derrotó a su rival concertacionista, el expresidente y candidato presidencial democristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle. La victoria de Piñera puso fin a un ciclo de 20 años de poder de la Concertación a la vez que significaba el primer triunfo electoral de la derecha chilena en una elección presidencial desde 1958.

En los años del primer mandato de Piñera, Chile vivió un crecimiento económico acelerado y una simultánea caída del desempleo. Al mismo tiempo, en esos mismos años, varios socios comerciales de Chile, y sus países vecinos, reconocían crecimientos comparativamente muy lentos.

En su segundo mandato, Piñera había sido elegido con los votos de la extrema derecha, como los Republicanos del postpinochetista José Antonio Kast, y con los votos de la desilusión centrista de la Concertación que gobernó Chile durante más años que Pinochet. Se esforzó por encontrar esa ancha avenida del centro que siempre acaba por enangostarse a la hora de buscar la reconciliación entre democristianos y socialdemócratas, por la izquierda, y neoliberales y neoconservadores, por la derecha. 

Esta segunda presidencia quedará marcada por el estallido social de octubre de 2019 y las violaciones de derechos humanos en la violenta represión armada por las fuerzas de seguridad. Se trataba de protestas masivas contra la desigualdad social estructural del régimen económico neoliberal chileno heredado de la dictadura y domesticado, pero no sustancialmente modificado, por las dos coaliciones de centroizquierda y centroderecha que habían gobernado Chile alternándose en el poder durante décadas desde 1989 y que en esto se habían mostrado más concertadas y aliadas que antagónicas entre sí. Una popular consigna es la frase por la que se recordará a Piñera: “No son 30 pesos [los del aumento del billete de metro], Piñera: son 30 años”.

¿Un político de centro?

Llegada a su clímax, Piñera logró frenar la movilización al facilitar un intenso proceso para redactar una nueva Constitución que sustituiría a la Ley Fundamental pinochetista de 1981, aún en vigencia. El pacto entre partidos abrió las puertas al protagonismo de la izquierda independiente con un impulso que la llevó a su victoria electoral y a la actual presidencia de Gabriel Boric. 

Cuando fue elegido, Boric se convirtió en el presidente más joven de la historia chilena y americana. En 1990, Piñera había sido elegido como el senador más joven de la historia de Chile. Un año antes, en el plebiscito de 1988, el político centroderechista que en ese década se había enriquecido como pionero de las tarjetas de crédito votó 'no'. No a la prolongación durante ocho años más de la dictadura cívico-militar presidida por el capitán general Augusto Pinochet, sí a la convocatoria de elecciones presidenciales libres.

Criticado por la izquierda por su apoyo a sectores que habían respaldado la dictadura, el desplazamiento al centro de Piñera para la elección fue visible. Empezó a referirse a quienes defendían a Pinochet como “cómplices pasivos” de la dictadura.

Liberal en economía, de fe religiosa católica, Piñera no fue un neoconservador. Impulsó la entrega gratuita de la píldora del día después, promovió en el Congreso legislación en favor de la unión civil homosexual y en su segundo mandato vio cómo el matrimonio igualitario se convirtió en ley

Todo parecería indicar que de Piñera, que a principios de 2019 llegó a gozar de la popularidad sin par para un presidente en funciones del 54%, queda el recuerdo de un gestor ocasionalmente acertado, generalmente mediocre, siempre corto de miras y de horizontes futuros que solo eran la prolongación de la bonanza económica dada por descontada en un presente donde, sin embargo, ya estaba carcomiéndose.

En estas penurias, Piñera se reveló un auténtico pinochetista: al establecer con la sociedad un pacto fundado sobre promesas prudentes pero no incumplidas de mayores ingresos, mayor poder adquisitivo y mejor acceso al crédito en el medio pero soportable plazo para todas las familias que se entregaran a las manos del mercado benefactor. 

Tras una década de votar a la derecha por temor a convertirse en la Venezuela de Hugo Chávez, hoy Ecuador se parece mucho más a la Colombia de Pablo Escobar. En diciembre asumió el joven empresario Daniel Noboa como nuevo presidente derechista del país dolarizado. El recambio generacional como gobierno de los hijos: el papá de Daniel es el empresario bananero Álvaro Noboa: el hombre más rico del país. O lo era, hasta la llegada e instalación exitosa del negocio narco en un país sin Banco Central, abierto a la libre empresa y con la comodidad contable y evasora de operar legalmente con moneda extranjera (nacional, no hay).

El 8 de agosto, el candidato presidenciable Fernando Villavicencio, por Construye, fue asesinado por sicarios cuando salía de un acto de campaña en una escuela de la ciudad capital de Quito. Nunca antes se había asesinado en Ecuador a un candidato presidencial durante la campaña, nunca antes le había importado tan poco al crimen organizado, cuando se disponía a eliminar a un enemigo, si la democracia ecuatoriana se disponía a votar o si era cualquier otra fecha del año. Y, nunca antes se tuvo que asumir como ahora, forzadamente, que la grave situación sobre todo en la zona de la costa, donde el narcotráfico puede dar salida a su mercancía a través de los puertos, ha llegado a Quito, el corazón del país.

Algunas de las encuestas anteriores a la primera vuelta pronosticaban un posible segundo puesto para Villavicencio, detrás de la candidata correísta Luisa González de Revolución Ciudadana (RC). Con su asesinato, repudiado por la comunidad nacional e internacional, la crisis de seguridad en el país adquirió una magnitud hasta entonces desconocida. Que no hizo sino agravarse desde mediados de 2023: “Cada vez queda más claro que Ecuador es el centro de la violencia en el mundo andino, superando la tasa de homicidios de México”, sostiene Gonstantin Groll, director de la oficina ecuatoriana de la Fundación Friedrich Ebert.

Una ininterrumpida escalada de la crisis de seguridad, económica y social, marcada por asesinatos de políticos, masacres carcelarias, violencia del crimen organizado del narcotráfico: secuestros, extorsiones a comerciantes y también a empresas, universidades públicas, centros médicos. A esta serie hay que sumar que “cada vez hay más voces de expertos que indican que hay vínculos entre el Estado y el crimen organizado” según Groll.

Emplazado en el extremo occidental de América del Sur, en pocos años Ecuador se ha convertido en tierra del narcotráfico con una ola de violencia, sin precedentes en su historia. A finales de 2023, Ecuador supera los 35 homicidios por cada 100 mil habitantes, aventajando a países como México y Colombia.  

El huevo de la serpiente

Estos males recurrentes no son fruto de la casualidad. “La inestabilidad en Perú y Ecuador tiene mucho que ver con la falta de capacidad del Estado para proveer y expandir servicios de forma equitativa a la población en general. Y esto ha venido pasando desde hace muchos años, a pesar de revoluciones y de nuevos periodos democráticos”, opina Grace Jaramillo, politóloga ecuatoriana de la Universidad de Columbia Británica, en Canadá.

La inestabilidad política, la desigualdad, las protestas, los estallidos sociales, la violencia y el narcotráfico son los factores que oscurecen el panorama de los países andinos. En una suerte de eterno retorno, tras períodos de relativa calma, la situación vuelve a encresparse y abisma a los países en la incertidumbre y la desestabilización institucional.

El poder plutócrata

En la región andina durante décadas el grupo de poder fue más una plutocracia que una oligarquía compuesta por grandes familias que han controlado la banca, los medios de comunicación y las instituciones políticas. El presidente Guillemo Lasso, exbanquero, pertenece a una familia integrante de la plutocracia. Esta dinámica del poder empezó a resquebrajarse a principios de este siglo, con la asunción de los gobiernos progresistas.  

“La disputa no solo es por el control del poder político, sino, sobre todo, de los poderes económicos y mediático. Por eso se producen acá las grandes tensiones entre diferentes partidos y organizaciones sociales” explica Jacques Ramírez, profesor de la Universidad de Cuenca, en Ecuador.

De manera generalizada,  la ciudadanía no vota por un programa, sino por la persona que se cree que puede mejorar sus condiciones de vida. Cuando eventualmente, la situación mejora se produce una reacción muy fuerte por parte de los poderes establecidos que expresan intereses económicos, a veces de empresas extranjeras, y también de las viejas familias. “Los poderes establecidos van a tratar de defender sus privilegios a toda costa, no importa que intervenga el Ejército. Para esa elite, la democracia solo es válida cuando sirve a sus intereses”, opina Wolf Grabbendorf, experto alemán que ha ocupado diversos cargos de instituciones en Latinoamérica y profundo conocedor de la región.  

Los nexos entre el Estado y el crimen organizado

De manera sostenida el narcotráfico ha ido ganando terreno en los países andinos gracias, precisamente, a la debilidad institucional y a las fronteras porosas entre los estados. Sin embargo, no es exclusivo de esta región: “En Estados Unidos y en Europa, el narcotráfico puede actuar porque tiene vínculos con mayor o menor fuerza con los gobiernos, con la Policía, con la Marina... Es algo que pasa a nivel global, si no, uno no entendería el transnacionalismo del negocio del narcotráfico”, detalla Ramírez.

Según los datos ofrecidos en el informe que realiza cada dos años la organización internacional Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), Ecuador alcanzó 7,07 puntos, que supera  la media global de criminalidad de 5 puntos, y es albergue  de “varias organizaciones delictivas internacionales, entre ellas las de Colombia, México, Albania y China”.

La extrema desigualdad entre la masa mayoritaria de la población y el reducido grupo de personas que detenta el poder es un factor clave para la inestabilidad en la región andina, agravado en Ecuador por la libertad económica

Ecuador, superautopista libre de la cocaína anarco

La nación ecuatoriana se ha convertido en pocos años en una superautopista de la cocaína a gran escala con un creciente mercado interno, afirma GI-TOC. Mafias y cárteles mexicanos asociados con bandas locales controlan gran parte de las operaciones vinculadas al narcotráfico. La extorsión y el chantaje sistemáticos para procurar protección amenazan la habitabilidad de determinadas zonas del Ecuador, uno de los mayores motivos que impulsa la migración de los ecuatorianos.

“Los delincuentes se han vuelto cada vez más audaces y violentos, cerrando carreteras principales para robar autobuses o cobrar peajes, matando a clientes y propietarios de negocios locales, e incluso amenazan con actos terroristas como colocar explosivos en gasolineras cuando los negocios se niegan a pagar”, expone GI-TOC sobre Ecuador. La investigación detalla que las llamadas extorsivas muchas veces proceden desde las cárceles o de delincuentes en el extranjero que se identifican como miembros de diversas bandas peligrosas. El anterior gobierno de derecha, del septuagenario presidente Guillermo Lasso, un ex banquero millonario, que renunció antes del fin del mandato, perdió el control de su sistema penitenciario que se ha convertido en base de operaciones para el tráfico de drogas y los asesinatos relacionados con la extorsión.

El mismo Informe asegura que el tráfico ilegal de armas ha aumentado en los últimos años alimentado por las estructuras criminales transnacionales. Las ‘narcoavionetas’  entran en el país con armas y dinero para entregarlos a las megabandas que trabajan para los cárteles mexicanos. Algunas armas adquiridas por grupos armados colombianos pasan por EEUU, México y Ecuador.

Para GI-TOC, el aumento del narcotráfico y el tráfico de armas han contribuido al incremento de muertes violentas, lo que ha derivado en que las estadísticas de asesinatos de Ecuador sean las peores de la última década. Muchas de estas muertes se atribuyen al enfrentamiento entre grupos de delincuencia organizada. La decisión del gobierno en abril 2023 de facilitar el acceso de armas a civiles podría haber exacerbado los niveles de violencia.

Narcotráfico, lavados de activos y corrupción del Estado

GI-TOC no es la única entidad que alerta sobre esta situación. El Observatorio del Crimen Organizado en Ecuador (OECO), una iniciativa de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, adelantó que en 2024 el país podría alcanzar una cifra récord de aproximadamente 7.000 muertos si la tendencia se mantiene. En el período comprendido entre enero y junio de 2023, Ecuador llegó a una tasa de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes y, según el OECO, la tasa podría escalar a las 35 muertes por cada 100 mil habitantes.

Los resultados a los que arriba OECO indican que el narcotráfico es la principal expresión criminal a nivel nacional con un 23% de incidencia, pero en segundo lugar está el lavado de activos con un 17 % que involucra actividades económicas vinculadas a la construcción, compra venta de inmuebles y vehículos, farmacias, restaurantes, gasolineras y centros de apuestas on–line. A este delito le sigue la corrupción en todas las instituciones del Estado con un 16%, el tráfico de armas con 10% y finalmente el tráfico de hidrocarburos relacionado al narcotráfico con el 9 por ciento.

En el informe publicado por OECO figuran una serie de recomendaciones para combatir el avance del crimen organizado en Ecuador que incluyen el diseño y establecimiento de una estrategia nacional contra la extorsión enfocada en reducir el control territorial de las organizaciones criminales en los cantones más críticos; fortalecer los pasos formales de frontera porque su infraestructura es deficiente; diseñar una política criminal orientada a debilitar las economías ilícitas; priorizar la asignación del presupuesto para logística, equipamiento y tecnología de Policía Nacional y FFAA, de la manera más eficaz.

Las escuelas y los colegios en riesgo

Ecuador fue testigo de una transformación extraordinaria con millones de personas que salieron de la pobreza, impulsados por la ola de un auge petrolero cuyos beneficios durante la década de Gobierno izquierdista del expresidente Rafael Correa (2007–20017) se invirtieron en educación, salud y otros programas sociales. Los sectores más empobrecidos comenzaron a creer que sus hijos podrían terminar el colegio, convertirse en profesionales y vivir vidas totalmente distintas que las que tuvieron sus padres. Después de los gobiernos de Lenín Moreno (2017–2021) y de Lasso, esos ecuatorianos ven cómo sus barrios se deterioran en medio de la delincuencia, las drogas y la violencia. Y cómo las escuelas no quedaron ajenas a la crisis aunque la ministra de Educación, María Brown de la gestión del exbanquero Lasso, aseguró que las escuelas son los “espacios más seguros” y en razón de este presupuesto, las autoridades gubernamentales no permiten a la Policía ingresar con personal armado en los centros educativos.

Se han constatado numerosas acciones de criminalidad dentro de esas instituciones, principalmente las públicas. Expertos en temas de seguridad, como el abogado penalista Hugo Espín, quien prioriza la definición de una política pública de seguridad basada en la correlación y corresponsabilidad entre todos los ministerios del frente social con las FFAA y la Policía, depuradas  en todas sus jerarquías de toda sospecha de relación con el narcotráfico, sostiene que debería autorizarse la intervención directa de la policía especializada en adolescentes infractores y hacer controles y registros en zonas conflictivas.

El control de los puertos y de las principales rutas del país

La ubicación geográfica del Ecuador, ubicado entre los países de Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína, su corta extensión territorial y estructura vial que permite movilizarse entre fronteras en menos de 12 horas; la dolarización y baja bancarización, que facilitan enormemente el lavado de dinero del narcotráfico; el perfil costero navegable y el escaso control del territorio marítimo y aéreo han favorecido el auge del crimen organizado.

El traslado de las cargas en toneladas requiere de una gran movilización y logística. La Policía tiene los equipos y medios necesarios, pero no ha habido la voluntad ni política ni la decisión logística por parte del mando, señala Espín.

Los controles aleatorios en la ciudad de Baeza –que es un punto clave para la movilización del Oriente hacia la Sierra– ni siquiera tienen cámaras para identificar las placas de los vehículos. No es un caso aislado. El fortalecimiento del sistema de inteligencia se ha visto totalmente mermado en los últimos años.

La gravedad de la violencia interna

Con unos efectos similares a los que causan las bandas, la infiltración y el narcotráfico, otros elementos estructurales condicionan el día a día de la vida de las familias, en los barrios más complejos, más problemáticos. “No estamos viendo la gravedad de la violencia interna en la diversidad de sus manifestaciones” sostiene Berenice Cordero, exministra de Inclusión Económica y Social de la gestión del expresidente Lenín Moreno.

Según los datos revisados por Cordero del Ministerio del Interior, “hay aproximadamente cerca de 2 millones de delitos cometidos entre 2018 y 2022” y distingue que “están los delitos contra la vida, pero también el abuso sexual. Por ejemplo, (las cifras) de la violencia familiar, prácticamente es el mismo número de detenciones que se producen por sustancias sujetas a fiscalización”. 

Cordero entiende que las soluciones frente al tema de la  violencia interna no se limitan sólo al gobierno central sino que requieren de la participación ciudadana en diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados. 

La pobreza que existe y no se menciona

El 8 de septiembre, al término de su estadía de dos semanas, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema y DDHH, Oliver De Shutter responsabilizó al entonces presidente Lasso por no actuar enérgicamente para acabar con el trabajo en régimen de servidumbre –especialmente entre las minorías–, e hizo notar la falta de oportunidades económicas, la cual ha permitido que los grupos criminales recluten a nuevos miembros. Declaró que el dinero que se destina a los subsidios al combustible más bien debería ser erogado en programas sociales.

El informe de De Schutter enfatiza que aproximadamente el 34% de los habitantes de Ecuador de entre 15 y 24 años viven en la pobreza.  Muchos de los jóvenes que abandonaron la escuela durante la pandemia de Covid-19 nunca regresaron a las aulas y han sido reclutados fácilmente por las pandillas. De Schutter destacó la diferencia enorme entre las comunidades urbanas y las rurales. En las primeras la tasa de pobreza multidimensional es del 23%, en tanto que en las rurales alcanza al 70%. Precisó que la pobreza es mayor en las provincias con mayor población indígena.

Con todo, “Nadie quiere mencionar la palabra pobreza. ¿Por qué?, ¿por qué nadie habla de pobreza?” se pregunta Cordero. 

“Porque  justamente saben que ese es uno de los indicadores más duros que tiene el país y para eso van a tener que trabajar en la red de protección social”, dice en su cabal respuesta.

Una macroeconomía bonita y lejana

El impopular gobierno pasado de Guillermo Lasso gestionó entre la espada y la pared tratando de cumplir con las apremiantes demandas vinculadas a la crisis de seguridad y economía y al cumplimiento de la deuda pública. Respecto al último tema, redujo el déficit fiscal  de 7.500 millones de dólares a 2.000 millones de dólares, equivalente a 6 puntos del PBI y con la inflación más baja de la región (3,7 %).  

Sin embargo, este ‘logro’ no ha calado en las familias, sino muy por el contrario. Una suerte de “efecto Macri en la Argentina”, afirma Andrés Albuja, analista y consultor internacional de Asesores AAA. Pocos o ningún beneficio les ha traído la estabilización de la macroeconomía, sino más perjuicios.

AGB

Para entender el encadenamiento de los acontecimientos que precipitaron el fin anticipado del mandato del presidente peruano, conviene atender solamente, y sin desvío, a las grandes líneas de una prolongada intriga narrativa, que no ha conocido variaciones esenciales desde 2018. Es verdad que resulta difícil hacer a un lado las anécdotas y peripecias finales, abundantes como la corrupia que figura en el escudo del Perú. En tres tumultuosas horas, Pedro Castillo fue destituido por el Congreso, arrestado por la Policía, y sustituido en el Ejecutivo por la primera mujer que será presidenta del Perú, y que no es ni Keiko Fujimori ni Lourdes Flores, sino Dina Boluarte, de nombre desconocido fuera de las fronteras nacionales.

En Perú sigue vigente la Constitución Política de 1993, que hizo redactar Alberto Fujimori después de su autogolpe de Estado de 1992. La Ley Suprema fujimorista establece un régimen presidencialista y un Congreso unicameral de 130 miembros. Entre las potestades del Legislativo se cuenta la de destituir al Ejecutivo si considera la mayoría de congresistas que la presidencia ha entrado en situación de “vacancia moral”. La causal es amplia, y discrecional. En cinco años hubo cinco presidentes, sólo uno llegó al fin del mandato sin ser vacado. La preparación de acusaciones y defensas contra el Jefe de la Administración pública le resta lo mejor de su tiempo útil a cualquier presidente, de cualquier calidad. La vacancia que destituyó a Castillo era la tercera que el Congreso organizó en su contra, y la primera y única en lograr los votos para lograrlo.

No sólo tiene el Congreso la facultad de controlar y juzgar políticamente al Presidente. También debe aprobar su gabinete, al primer o primera ministra que es la cabeza del gobierno. Puede también interpelar a cada titular de cada cartera. En la presidencia de Castillo, cayeron cuatro gobiernos, por renuncias de las jefaturas de gabinete, o por mociones destituyentes de censura votadas por las mayorías congresistas. Dos mociones de censura votó el Congreso, dos gabinetes tumbó sin que mediara renuncia previa de los primeros ministros. Según la Constitución, el presidente puede, llegado a esta impasse, y si lo considera la mejor salida hacia delante, disolver el Congreso, y gobernar por decreto hasta que en nuevas elecciones generales el electorado peruano se dote de gobernantes y representantes más representativos. Este fue el anuncio que hizo solemnemente, con lectura fluida del maestro de primaria que había sido, con la voz grave y temerosa del presidente que también habría de dejar de ser, pero sin quiebre ni temblor como el de las manos que sostenían el papel del texto del anuncio.

Castillo anunciaba la disolución, anunciaba elecciones en un plazo jamás mayor de nueve meses, durante el cual gobernaría por decreto. Pedía apoyo, a las FFAA, a las de Seguridad, a los ronderos o fuerzas autoorganizadas serranas y rurales. No tenía ninguno, y había hecho este anuncio sin anuncio previo, sin comunicarlo a la Administración pública, a los servicios de prensa del Estado, ni siquiera a su gabinete.

Los medios y agencias extranjeras, como la oficial France24, consignaron que de inmediato medios locales y congresistas denunciaron el golpe de Estado de que se señalaban como primeras víctimas propiciatorias y fatales. En América Latina, por ejemplo, desde temprano se adoptó la rutina, para referirse a Castillo, de en vez de 'presidente' usar dictador y golpista y en todo caso falso presidente: no sólo era corrupto, era antidemocrático. Cambiando las señales mayoritarias, variaba poco el racismo: 'no está mal ser ignorante, no haber estudiado, si se quiere aprender, pero al bandido Castillo le falta ese respeto que no se aprende si no se tiene por la Majestad de la presidencia nacional peruana'.

Otros medios, como la brasileña Carta Capital, la más organizada revista y multimedia pro Lula, informaron del caso de la caída de Castillo como de uno de lawfare vía impeachment express. Aun si hubiera querido serlo Castillo, no es golpista ni dictador quien quiere, sino quien puede. La mala praxis no es Golpe. Y no hay Golpe sin coacción, sin coerción, sin capacidad de victoria por disponer del monopolio de la fuerza, o de un volumen competitivo de munición y de poder de fuego. Ni la Policía, ni las FFAA, cuyos jefes apenas una semana atrás juraban fidelidad al presidente acosado ante una delegación de la OEA que Castillo había invitado para consolidar su legitimidad (invitación también contemplada constitucionalmente).

Hasta el partido mariateguista Perú Libre (PL), de antiguas, neblinosas, posibles, demostrables pero nunca demostradas proximidades ni demostrados vínculos con la guerrilla maoista de Sendero Luminoso, el partido que históricamente lidera Vladimir Cerrón, pero que las últimas elecciones generales llevó a Castillo encabezando la fórmula presidencial, también había desertado al Presidente. Representantes del ex partido minoritario oficialista en el Congreso ya habían hecho conocer que en la tercera vacancia propuesta para Castillo, votarían a favor de la destitución. Es posible que el cálculo de que esta tercera votación fuera la vencida, y que le llegara la exoneración de la presidencia, el resorte que moviera el anuncio sorpresivo de la disolución hecho por Castillo al fin de la mañana. Que era un giro, porque él y su primera ministra la abogada Betssy Chávez habían proclamado que no disolverían el Congreso aprovechándose de la función presidencial que la segunda moción de censura ya había dejado activada.

Un Congreso con poder omnímodo y efímero: no hay reelección, las bancas se gastan al primer uso

Mucho se habla, y deplora, la fragmentación política peruana, la desaparición o atomización de partidos que fueron modelos continentales como el APRA. Perseguido como corrupto por la Justicia, Alan García, último presidente de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, no cometió un suicidio político como el de Castillo, sino que en 2019 el predecesor de Alberto Fujimori en su primera presidencia y sucesor del hoy auto-exiliado Alejandro Toledo en su segunda, se mató literalmente.

Es cierto. Sin embargo, ha habido una reforma constitucional que es una de las explicaciones mayores acerca de la actual hipekinesia destitutiva del Congreso. Si la vacancia existía desde 1993 como instituto para controlar al Ejecutivo, la aceleración de la actividad destituyente (porque por cada exoneración efectiva requiere de la práctica ganada en juicios políticos anteriores, ineficaces, propedeúticos, pero no menos absorbentes ni onerosos en recursos) es un rasgo de los últimos cinco años. Con un proyecto que gustó a la ciudadanía, y también en un primer momento a los congresistas que lo hicieron norma, el sucesor del empresario liberal Pedro Pablo Kuczynski , el 'populista' Martín Vizcarra estableció la norma de la no reelección absoluta para las bancas del Congreso. Esto significaba, no demoraron en advertir, que el enorme poder que había ganado el Congreso (en el que intervenía la aceptación de un concepto cada vez más amplio e inclusivo de 'vacancia moral') se veía drásticamente limitado por lo efímero de su duración: se gastaba al primer uso. Todo empate de fuerzas entre Ejecutivo y Legislativo dejaba en vía muerta la capitalización política (y no solo) de ocupar una banca. Si no había alianza, habría destitución.

Hay quienes dicen que tampoco esta vez habría contado con todos los votos la moción de vacancia, que la decisión de Castillo fue una pasión inútil. Es dificultoso recalcular sin incertidumbre esa hipótesis. Es seguro, en cambio, que el alud de sufragios nominales para la vacancia fue impulsado por la decisión del Ejecutivo de disolver a un Legislativo que la desestimó y se reunió a sesionar más temprano para acabar con la Presidencia Castillo. Destituido, asumió la vicepresidenta. Dina Boluarte juró con su idea de lo que es gala, es decir, según Moloko Podcast, vestida de 'pollo a las brasas' -en el programa político La encerrona, más intelectual, dijeron que era la transformer Bumblebee. Anunció un gobierno de 'todas las sangres'. Le falta poder, liderazgo, apoyos. El destino del nuevo Ejecutivo es incierto, aun si deviniera en Secretaría del Legislativo.

En las últimas elecciones peruanas, ninguna candidatura superó en mucho el 10% de los votos en primera vuelta. En el balotaje, rivalizaron Castillo y Keiko Fujimori. El candidato desconocido, del que CNN no tenía una fotografía, y dejaba su nombre sin ilustrar con una imagen de la persona. superó por un margen mínimo a la hija de Alberto Fujimori en la tercera elección presidencial en que ella era derrotada. Keiko jamás reconoció el triunfo de un provinciano, campesino, sin educación y modales, sin fortuna, sin vis administrativa, izquierdista, comunista. Siempre conservó el reclamo y la incriminación más o menos velada de fraude. Sin embargo, no ha ocurrido lo que se esperaba entonces. Keiko no se convirtió en la líder de la oposición militante, influyendo en el Congreso. Tal vez vea la irrelevancia a la que sucumbe el Ejecutivo. La crisis peruana es política (como la boliviana de 2019), no social (como la chilena del estallido de aquel año), ni mucho menos económica (como la argentina de 2001). Según evocó el presidente en Castillo en su último mensaje, en un pasaje súbitamente sarcástico, la economía capitalista crece en el Perú como en ningún otro país de Latinoamérica y el riesgo país es el más bajo de la región. A pesar de todas las vacancias encadenadas, los bancos prefieren prestar dinero a Perú antes que a Chile, y se lo van a cobrar más barato.

El atípico contexto peruano de alto crecimiento económico anual sostenido, recuperado de la pandemia, y la alta informalidad de la economía (estimada en un 70%), es solidario con el progresivamente menos atípico régimen constitucional de hecho. La erosión del poder Ejecutivo, más allá de la ya establecida en la Ley Suprema de 1993, ha sido operada por el Legislativo y tolerada o admitida por el Judicial. La folklórica apelación a los 'ronderos' en la última comunicación de Castillo puso de trágica evidencia hasta a qué punto carece hoy un presidente peruano de esas dos bases de apoyo indispensables para el populismo más banalmente estereotípico: los sindicatos de trabajadores con empleo (bastión del peronismo clásico en la Argentina) y los movimientos sociales de trabajadores sin empleo (el electorado planero atendido por el kirchnerismo que suspendió la represión de la protesta social). El mismo miércoles del adiós final del presidente Castillo, el batallador presidente electo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ya había renunciado a su viaje a Washington para 'hacer llover' y salvar el plan social Bolsa Familia en el Congreso de Brasilia antes del inicio de su tercera presidencia el 1° de enero.

AGB

El domingo terminó la edad de oro de las fake news políticas. Inferirlo de las elecciones brasileñas es apresurado, pero no contra intuitivo. Más impreciso, más indiscutible, es advertir que las fake news ya no son lo que eran. O cambiaron mucho o se desnudaron caras ocultas y se cayeron máscaras ocultadoras. Antes latente, una utilidad probada de estas 'noticias fabricadas' se volvió patente, presente, dominante y en definitiva la mayor de todas. A lo largo de las cuatro semanas de campaña de los dos presidentes que buscaban ganar las elecciones del 30 de octubre, cada nueva fake news fue una dosis de refuerzo para la inmunidad identitaria.

El buen éxito de las campañas de Jair Messias Bolsonaro para forjar y consolidar una identidad ético-política ‘bolsonarista’ resulta innegable. Esta superioridad, sin embargo, tiene un efecto paradójico. Aumentó el núcleo duro de la base del voto, lo que hoy los medios llaman ‘bolsonarismo raíz’ cuando clasifican a los aliados del presidente entre gobernadores y congresistas de derecha. Pero también consolidó su repudio. A la pregunta infaltable de los sondeos ‘¿Por qué candidato usted no votaría nunca jamás’?, la respuesta ‘Por Bolsonaro’ se estabilizó en un 30% del total de cada muestra.

Quienes nunca votarían por Luiz Inácio Lula da Silva nunca llegaron a esa proporción en las mismas muestras. Su número era mucho más variable, de encuesta a encuesta, y si no bajaba de un 20%, las variaciones hacia arriba tampoco conocían saltos agudos. Cuando Lula completó su segunda presidencia, era el político más popular de la vida democrática brasileña. Los recuerdos aciagos o arrepentidos de votantes de clase media del Partido de los Trabajadores (PT) se asocian a la presidencia y media de su sucesora Dilma Rousseff, destituida en 2016 por el Congreso de mayoría derechista. La identidad 'lulista' de su campaña, mucho antes que del Partido de los Trabajadores, y desde luego mucho antes que de izquierda social, y muchísimo antes que de izquierda de ‘nuevos derechos’, como las de Gabriel Boric en Chile, o Gustavo Petro y Francia Márquez en Colombia, fue un acierto.  

Otras dos novedades de esta semana delinearon el nuevo horizonte con mayor claridad y consolidaron el nuevo horizonte. Esta vez, la fuente de las noticias falsas más tendenciales, comentadas, y reproducidas, no fueron los medios periodísticos ni las redes sociales, sino las campañas oficiales de los candidatos en pugna, y eran publicadas en los espacios de propaganda partidaria en los medios masivos de comunicación, espacios cedidos por ley y prefijados y pagados por el Estado.

Y para enfrentar esta campaña, y proteger al electorado del poder malicioso de campañas, patrocinadores, multimedios, y redes sociales, la prensa internacional y diversas agencias mundiales o regionales enderezadas al control y facilitación de calidad institucional y transparencia a los procesos electorales democráticos, la Justicia brasileña se dotó del órgano control y fiscalización electoral más poderoso del mundo. Al Tribunal Superior Electoral (TSE), un juzgado de actividad estacional, se adjudicaron recursos y personal sin restricciones que cercenaran o mutilaran su actividad. También se ampliaron sus facultades, se acortaron los plazos para que sus decisiones surtieran efecto de inmediato y fueran ejecutadas una vez pronunciadas. Antes, para decidir si una noticia era una fake news, se evaluaba cada publicación en cada medio.

Los sondeos de intención de voto prestaron a Luiz Inácio Lula da Silva un sostén tan inquebrantable y exclusivo que día a día nos hacían entrever una victoria en primera vuelta en las elecciones de Brasil. O, al menos, una distancia de diez puntos con el segundo favorito. Dentro de los límites de error que ellas mismas declaraban tolerables, las encuestas no desacertaron reprochablemente en el caso de su primer y único favorito. Cumplido el escrutinio del 99% de los votos, Lula pasa en primer lugar a segunda vuelta, con el 48,3% de los votos.

Las encuestas no habían previsto que el presidente Jair Messias Bolsonaro seguiría detrás, y no tan lejos, con el 43,2% de los votos. Menos aún habían acertado, o siquiera prefigurado, cuáles fueron los cambios en la composición política y regional del electorado oficialista, que le crearon una novedosa pero muy propicia base para la campaña rumbo a la segunda vuelta del 30 de octubre.

El PSDB giró a la derecha y votó Bolsonaro

Acaso el rasgo histórico más importante que deja la elección del domingo es la consumación de la pérdida de relevancia política y electoral del Partido Social Demócrata de Brasil (PSDB), que con la elección y reelección de Fernando Henrique Cardoso gobernó Brasil durante dos períodos.

En la elección por el gobierno del estado de São Paulo, que el PSDB gobernó por 30 sólidos e ininterrumpidos años, este partido ha quedado en tercer lugar. São Paulo no es cualquier estado. Es el más rico de Brasil y la locomotora de la industria, las finanzas y el agronegocio.

El gran ganador, en contra de las encuestas, es Tarsício Freitas, candidato bolsonarista, que le lleva ocho puntos de ventaja a Fernando Haddad (del Partido de los Trabajadores), a quien los sondeos daban cómodo ganador. Quien se quede con la gobernación se dirimirá en la segunda vuelta del último domingo de octubre.

Todo invita a creer que la segunda vuelta acentuará la victoria de la derecha en el corazón económico de Brasil. São Paulo es tal vez el estado de perfil más nítida y decididamente 'antipetista'. En la capital, cada tanto el Partido de los Trabajadores gana el gobierno municipal, como lo hizo con Marta Suplicy y con el propio Fernando Haddad, que en las presidenciales de 2018 fue el candidato nacional del PT, con Lula inhibido políticamente, tras una decisión judicial que fue revocada debido a las irregularidades del proceso.

Dos datos son uno el espejo del otro. En São Paulo, Bolsonaro le gana a Lula por 8 puntos. Es un espejo del crecimiento del voto bolsonarista en la gobernación del Estado. El voto del PSDB pasó al bolsonarismo, entonces. Y este es un dato novedoso, e imprevisto, aunque no imprevisible. La fórmula del PT, que llevaba como candidato a vicepresidente a un excandidato presidencial derrotado del PSDB, Geraldo Alckmin, no drenó al PT el antiguo voto socialdemócrata. El traspaso del electorado fue para el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro y sus aliados regionales.

Si el PSDB pasa a segunda vuelta en Rio Grande do Sul, pasaría al sur su base de poder. Si, como lo parece, no lo consigue, el PSDB desaparecería de la escena política.

Río y Minas, dos aliados heterogéneos

El conservador Cláudio Castro, del Partido Liberal (PL), fue reelegido gobernador de Río de Janeiro en primera vuelta, al derrotar a Marcelo Freixo, que tenía el apoyo de Lula. Castro ganó por amplia ventaja con el 58,2 % de los votos, frente al 27,7 % obtenido por Freixo, según los datos oficiales divulgados por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

El resultado es un duro golpe para la izquierda brasileña que aspiraba llegar al poder del tercer estado más populoso del país. Castro, que era vicegobernador del también conservador Wilson Witzel, asumió como gobernador cuando el ex magistrado fue destituido por corrupción, apenas un año después de haber sido elegido y pese a las sospechas de irregularidades en su gestión, especialmente durante la pandemia.

El gobernador reelegido es un fiel seguidor de Bolsonaro y defiende como él la “mano dura” para combatir la violencia.

En Minas Gerais, el gobernador Ricardo Zema, del nuevo partido Novo, liberal pero no conservador, ganó una fácil reelección. De algún modo, es similar al rival de Gustavo Petro en el balotaje presidencial colombiano. Rodolfo Hernández, como Zema, fundó su legitimidad en la limpieza de las cuentas públicas –pese a sus sombras en la materia–. Antes de Zema, los empleados estatales en el tercer estado del país por número de electores, sufrían demoras de meses en la percepción de sus salarios, que además cobraban parcelados en cuotas.

Según las encuestas de intención de voto, la segunda preferencia en el electorado de Ciro Gomes, el candidato de izquierda que salió tercero, es Bolsonaro. Y lo mismo ocurre con la centro derechista Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileña (MDB), Simone Tebet, cuarta en la elección del domingo, y locuaz vencedora en la retórica de los debates presidenciales televisados. Esos votantes son los que Bolsonaro y Lula saldrán a buscar para alcanzar la presidencia de Brasil.

La Argentina reconoce en estos días un desconcierto unánime que sin embargo ya conoce desde casi siempre, el de los ídolos de todo género caídos. “Aprended flores de mí / cuánto va de ayer a hoy / que ayer maravilla fui / y sombra mía aún no soy”, canta la letrilla del cordobés don Luis de Góngora y Argote. ¿Cuántos Albertos hacen falta para una sola Cristina? La cotización, siempre en alza, sufre en estos días el aumento de una de una de esas pendientes ascendentes a cuales la pandemia nos acostumbró a adicionarles el epíteto épico de rutinarias. No solo el precio de las commodities parece haber caído, se constata, desde la última década y media, en los países latinoamericanos gobernados por las izquierdas y centroizquierdas. También la calidad intrínseca a la vez que el valor de mercado de sus liderazgos.

Incluso en las naciones sin commodities que vender, solo color local (in situ: turismo) o servicios (for export: médicos), como la caribeña isla de Cuba. Cuando en el fin de año de 1958 irrumpieron en las calles de La Habana las caravanas guerrilleras del primer ejército revolucionario de América, la imagen de Fidel Castro ya se había convertido en el icono que ahora es, y que sigue siendo. Ya era Fidel, un nombre de pila y una figura demasiado fácilmente caricaturizable por sus atributos. Su gorra, su barba, su cigarro, su verba florida. O la incambiable ropa deportiva de los años del final. A pesar de su muerte ya nonagenario, sigue omnipresente. Con un número entero del New York Times dedicado por entero a él a su muerte en 2016, con las cadenas de televisión mostrándolo con los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y por último, casi un triunfo personal, con Francisco, el papa jesuita y peronista, profesionalmente humilde y profesionalmente argentino como el Che.

Cuba sin Fidel y con Miguel parece una contradicción en los términos, una adivinanza en vísperas de disolución. Como la Nicaragua del inmortal Rubén, el poeta muerto cien puntuales años que Fidel, con un Daniel sombra en 2021 del Daniel de 1979. Aunque con una esposa poeta y política, Rosario Murillo, que se llama como se llamó una novia de Darío. Como la República Bolivariana de Venezuela sin el vociferante comandante Hugo pero con el gesticulante y cetáceo delfín Nicolás.  

En La Habana, en Managua, en Caracas, el sueño de la revolución hecha realidad fue ejemplar. Hoy resulta muy difícil de soñar para el exilio cubano insomne y desengañado en Miami, para los disidentes de la isla, para el gobierno electo norteamericano. Y aun, o sobre todo, para los herederos en el comunismo cubano, que saben que no son demasiados los años que separan al Castro muerto de Raúl, el Castro todavía vivo.

En 1959, Fidel era el jefe de la guerrilla que irrumpía triunfante en La Habana desde la virginidad de la Sierra Maestra. Cincuenta y siete años después, en 2016, iba a morir en la misma capital cubana. A sus 90 años de edad, aunque retirado del gobierno desde 2008, era el Líder Máximo indiscutido de la nación. Cuando murió en 2016, su sepelio fue anunciado para el 4 de diciembre por su propio Raúl Castro, su hermano y sucesor en la presidencia de Cuba, primer país comunista del hemisferio. En su obituario para la cadena británica BBC, el famoso periodista norteamericano Jon Lee Anderson sintetizó la figura del guerrillero y revolucionario cubano con la fórmula “el político más astuto del siglo XX”. El entonces presidente electo de EEUU fue más limitativo, más irrefutable, y más triunfalista. El republicano Donald Trump tuiteó: Fidel Castro is dead! Hoy su sucesor n°46 en la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden, al revés, viviría como una derrota, o como un problema más de aquella clase que más le molestan -porque se sabe tan inidóneo como impotente frente a ellos-, antes que con gorjeante regocijo, las muertes de Miguel, Daniel, o Nicolás. Y ni hablar de las de Cristina, Alberto, Evo, o Lula.

Las soledades selváticas de la guerrilla habían apartado para siempre a Fidel del profesionalismo de la vieja clase política, cubana y americana, y, finalmente, de todo profesionalismo. También, de su pasado de joven burgués y privilegiado. Junto con el argentino Ernesto Guevara Lynch (el Che), dio prueba de una inesperada fe en las transmutaciones alquímicas: los guerrilleros, aunque clasemedieros en su origen, habían sido proletarizados por las privaciones en la jungla. Cuando llegaron –como siempre llegan– las alianzas con los políticos de la ciudad, Fidel y el Che explicaron que eran puramente tácticas, y que dejarían de existir apenas se convirtieran en freno para la Revolución. Fidel Castro sería Fidel cuando era el mito inmarcesible, y Castro cuando era el gobernante obligado a compromisos.  

La endémica venalidad que había caracterizado a la política cubana anterior a la Revolución explicaba –al menos en buena parte– las ideas de la triunfante guerrilla castrista. Querían para la isla una vuelta al estado de Naturaleza. O un estado de Gracia con radicalidad utópica. La soberanía política o la reforma social y económica quedaban como pálidas ambiciones para un fondo sobre el cual se destacaría la gran creación revolucionaria, el Hombre Nuevo. Un hombre libre de ambición personal y de codicia material, que llevaría una vida justa en una comunidad justa sobre un suelo libre. 

La Revolución Cubana triunfante en 1958 introdujo cambios verdaderamente radicales en la isla. Aunque no fueran siempre los que esperaban los insurrectos en su lucha. El primer presidente revolucionario, Manuel Urrutia, tuvo que renunciar; el comandante Huber Matos, héroe de la guerrilla, fue encarcelado por traición cuando se sintió traicionado.  

Los sospechosos de haber apoyado al anterior dictador, el impresentable Fulgencio Batista, fueron sumariamente juzgados y más velozmente ejecutados por tribunales del pueblo que resultarían sospechosos a un jurista melindroso. No se convocó a elecciones: desde el triunfo revolucionario hasta 2016, el pluripartidismo fue la bestia negra de Fidel Castro.  

El sindicalismo pasó a estrechar sus lazos con el Estado y el gobierno. Desde un comienzo, la Revolución, sin remilgos, no se privó de recurrir a medidas con las que gobiernos latinoamericanos de todo signo habían seducido a los trabajadores: aumento general de salarios y control de precios.  

El resultado de la suma de estas políticas lleva a la Cuba de hoy. El entusiasmo revolucionario se enfrentó a la economía. La reforma agraria se convirtió en ley y grandes latifundios de una isla que no conseguía escapar del monocultivo azucarero se convirtieron en cooperativas; empresas, bancos e industrias fueron nacionalizados.  

Febrero de 1960 fue un mes clave para el futuro de la isla y para estigmas que duran hasta el presente. El encargado de negocios soviético Anastas Mikoyan viajó a Cuba y ofreció en nombre de líder del Kremlin, Nikita Kruschev, la compra de cinco millones de toneladas de azúcar en cinco años. Y además, un préstamo de cien millones de dólares para adquisición de tecnología en la Unión Soviética.  

Esa visita oficial auspiciada por Castro marcó que ya nada habría de ser como había sido hasta entonces en América Latina. Cuba había adoptado el comunismo como modelo declarado del Estado y de la economía.  

Tales milenarismos suelen traer todo resuelto. El prototipo del Hombre Nuevo era el guerrillero. Tendría su figura de mártir en el Che. En cambio, Fidel fue, y siguió siendo aún hasta hoy, ya muerto, un Cristo resucitado sin crucifixión, un mito sin martirio y sin calvario.  

Fines tan elevados conferían de por sí su legitimidad al gobierno surgido de la Revolución. “El hombre del siglo XXI somos nosotros mismos”, decía el Che con ese candor que le haría ganar el respeto de tantos adolescentes en todo el mundo occidental y oriental, un fervor que con los años sería menos ideológico y más temperamental. Como icono fotográfico, el Che empezó a parecerse al buen mozo con algo fatal y sombrío de un pasado añorado pero irrecuperable, al beatnik Jack Kerouac, a un James Dean del Boulevard de los sueños eternamente rotos. Castro llegó a la era de la televisión: como en la Cuba de hoy, es en colores y no en blanco y negro. Aunque el color de Migueles, Danieles bis, Nicolases y Albertos parezca ser el el de la medianía, el gris y el cuchicheo.

¿Cómo pudo ser -se preguntaron una y otra vez los historiadores clásicos al iniciar sus historias romanas- que algo tan pequeño como una villa miserable fundada por un niño expósito medrara hasta formar algo tan grande como un Imperio tricontinental? Este rutinario proemio simulaba asombro y admiración ante un enigma antiguo para el cual su única respuesta iba a ser la narrativa que seguía. Dos milenios más tarde, mayores asombros fingirían al advertir en este panorama el uso del alfabeto latino y de un idioma que, niño expósito del latín, sin embargo llegó a ser lengua imperial. El castellano vino a más en América por obra de los conquistadores ibéricos, que en tierra mexicana fundaron su virreinato de Nueva España. La historiografía invirtió para México la pregunta clásica de Roma. ¿Cómo pudo ser que algo tan pequeño como unos setecientos españoles armados se adueñaran de algo tan grande como el Imperio azteca? La pregunta se repetía el viernes 13, cuando se cumplían 500 años de la caída de la capital imperial de Tenochtitlan, hoy el DF. Y una respuesta también se reiteraba: ''La culpa es de los tlaxcaltecas''. Una nación india que se alió a los europeos desembarcados, una mujer, la Malinche, colaboracionista, traductora, amante del cruel conquistador Hernán Cortés, unas tropas indias que combatieron contra los indios. En la génesis de Roma había un fratricidio: al trazar las fronteras de la nueva urbe que fundaban, Rómulo mató a su hermano Remo; en el origen de los Reinos de Indias había una traición.

También hoy, como cinco siglos atrás, Tlaxcala es pequeño, el más pequeño de los 32 estados mexicanos. La conquista española y sus episodios sigue siendo un proceso singular, de significación ni saldada ni convencionalizada, en la historia de México, y es alternativa o simultáneamente considerado como un momento de trauma nacional o como el acto fundacional de la nación. Menos plural es la consideración de los tlaxcaltecas; a veces, cuando viajan a otras partes del país, son insultados como traidores por sus compatriotas. Hay un revisionismo en marcha, en el que colaboran el Estado federal, diversas instituciones académicas y unidades de investigación, divulgadores y medios de comunicación. Bajo la nueva óptica, la traición se transfigura en liberación: lucha de Davides contra el Goliat mexica, de pueblos subyugados contra la metrópoli central. Una versión de los hechos análoga, más rica en complejidades y dobles fondos, logró imponerse en Bolivia, donde se acepta que la conquista española interrumpió el avasallamiento total de los aymaras (la nación del expresidente Evo Morales Ayma y del actual vicepresidente David Choquehuanca Céspedes) por el Imperio Inca.

Good Morning, Vietnam!

''La culpa es de los tlaxcaltecas'' (1964) sigue siendo uno de los mejores cuentos latinoamericanos, y en ese título y en ese latiguillo ofrecido como clave en el diálogo de las mujeres ''traicioneras'' que lo protagonizan, Elena Garro alude a uno de los valores del cliché, el de asignar la responsabilidad de sucesos negativos a tribus o grupos o intereses tan lejanos y ajenos como para no guardar nexos ningunos con ellos. Es lo que ha hecho el presidente demócrata Joe Biden, al deshacerse de toda culpa y, más aún, al desvincularse de toda cadena causal, en la catástrofe militar y humanitaria y la hecatombe de violencias de todo tipo que siguió al cumplimiento de sus órdenes de retiro de efectivos y armamentos norteamericanos de Afganistán. La guerra más larga que libró EEUU en su historia, veinte años de tropas combatiendo en un terreno en el que nunca llegaron a vencer a los talibanes y en el que ahora van a ser derrotados y expulsados por ellos, que en un avance veloz sin un día de pausa y sin ni una escaramuza perdida, llegaron a treinta kilómetros de la capital Kabul, que asediarán, asaltarán y someterán en los próximos días.

El mensaje de Washington a los afganos que enfrentan el ataque ha sido que su supervivencia está en sus propias manos. Si bien existe consenso en que el fracaso del liderazgo y la unidad en Kabul ha jugado un papel importante en la caída dominó de las derrotas, también lo hay respecto a que el intento de culpar a los afganos por toda la culpa oscurece la parte de responsabilidad de EE.UU. A lo largo de los 20 años de la guerra de EE UU en Afganistán, está claro que las capacidades de las Fuerzas Armadas de Afganistán (ANSF) fueron exageradas constantemente por una sucesión de secretarios de defensa y comandantes militares de EEUU, que se entusiasmaron con el progreso realizado –o que eso dijeron.

Biden quería ser un Lyndon B. Johnson sin Vietnam, un reformador social que recreara un Estado, si no de Bienestar, al menos social, benefactor y dispendioso en sus gastos, ayudas, estímulos, prórrogas de desalojos y de deudas educativas y sanitarias, campañas de vacunación, extensión de gratuidades médicas, subsidios extra para afroamericanos y comunidades crónicamente desfavorecidas y sistemáticamente victimizadas por el racismo. La votación por el Congreso de un paquete de auxilios estatales por un billón de dólares fue un logro de la política que el presidente demócrata sabe hacer. La política doméstica. Este senador profesional, que en 1972 fue el más joven en sentarse en el Capitolio (como hoy es el más viejo en ocupar la Casa Blanca), es idóneo para reunir votos entre sus pares y conversar consensos y concesiones. En la política exterior, solo acumula parálisis o desaciertos, según el ex director de la CIA Robert Gates, quien apunta que Biden tiene el mérito de saber elegir entre varias opciones la peor.

El viernes, la prensa, hasta ahora monocorde en lisonjas suaves, pero lindantes con la adulación, fue unísona en el reproche. Los diarios ilustraban sus argumentos con fotografías del traumático abandono en helicóptero de Saigón en 1975 por los últimos diplomáticos y militares derrotados por las milicias anticoloniales vietnamitas. Ahora está negociando desesperadamente, con amenazas de retiro de colaboraciones futuras nunca pactadas, que las fuerzas talibanas no ataquen la Embajada de EEUU en Kabul, para poder completar el puente aéreo de evacuación del personal y de colaboradores. En el New York Times hay quien consigna: ''Biden pudo frenar a los talibanes. Prefirió regalarles Afganistán''. El Wall Street Journal opina que la política demócrata en Afganistán ha concluido ''en una derrota estratégica y una debacle moral''. El Washington Post, por una vez, es más concreto: ''Las vidas afganas perdidas son una herencia que Biden jamás podrá compensar, y que lo acompañará para siempre''.

A War is Better than a Wall

El viernes se cumplieron 70 años de la erección, clandestina y nocturna, del Muro de Berlín por las autoridades de Alemania Oriental. Era agosto, hacía calor, muchos berlineses estaban fuera de la ciudad, muchos habían buscado parques o lugares al aire libre donde celebrar el día del niño con picnics y juegos. Enterado tarde de la erección del Muro, el católico JFK se pronunció con uno de esos retruécanos homofónicos que hacían la fortuna de los políticos de posguerra, A Wall is better than a War. Muy tarde, porque el muro es de 1961, y su frase del verano de 1963, en el otoño de ese año lo iban a asesinar en Texas. Temía que cualquier ofensiva, más allá de lo verbal, podría detonar una guerra atómica. Documentos desclasificados revelan cuán equivocado estaba el presidente demócrata: aparentemente, una movilización de los tanques norteamericanos de Berlín Occidental a las cercanías del límite habría frenado la construcción de cemento.

En julio de este año más migrantes que nunca antes en la historia atravesaron, en la clandestinidad y sin papeles, el límite binacional que marca el Muro que más desvela y más resiste a las mejores intenciones del católico Biden. El Muro oprobioso que prometió demoler el primer día de su edificante gobierno. El Muro que su predecesor, el republicano Donald Trump, levantó y fortificó en la Frontera Sur de EE UU, para que contra él embistieran, como contra un rompeolas, las corrientes migratorias que venían desde México. Biden parece haber calibrado que a la supresión del oprobio seguiría una merecida morigeración de los problemas para los cuales se había dispuesto esa solución oprobiosa e inmoral; no fue así. La única guerra que ahora parece dispuesto a librar es aquella que lo libre de la necesidad del Muro -tan cercano México como alejado Afganistán-, aquella victoria letal que desaliente antes a las caravanas desesperadas por la violencia, la pobreza, la corrupción y las inclemencias de una naturaleza cada vez más hostil en América Central: A War is a hell of a lot better than this Wall.

Nunca escuché una historia tan triste. Más o menos así empieza -en inglés, “This is the saddest story I have ever heard”- la historia de El buen soldado (1915), del novelista británico Ford Maddox Brown, que conoció la Gran Guerra pero no el corazón de las tinieblas del Amazonas como Peter Fleming, hermano mayor de Ian, creador de James Bond. La del autor de Aventura en Brasil (1933) fue una busca infructuosa de la muerte en una selva que noventa años atrás exhalaba oxígeno y no dióxido de carbono como hoy, y donde los blancos que la penetraban temían, porque respetaban (o al revés), a sus pobladores originarios. Nunca escuché una historia tan triste como la del awá amazónico brasileño que sobrevivió a la matanza de los suyos, un pogromo selvático programado por ávidos colonos, vagabundeó diez años perdido en las sombras de las húmedas galerías vegetales o en el sol negro de las inhospitalarias tierras altas, reencontró a su familia, para después encontrar la muerte por el coronavirus.

Una emboscada mortal lo llevó a vagar solo durante una década a lo largo de 1500 kilómetros de tierras altas accidentadas al este de Brasil. Y el superviviente indígena murió por síntomas de COVID-19, según sus compañeros de la tribu y los activistas por los derechos indígenas. Karapiru, cuyo nombre significa halcón en su awá nativo, expiró en un hospital del estado amazónico de Maranhão el 16 de julio. Desarrolló síntomas graves de la enfermedad mientras estaba en su aldea adoptiva, Tiracambu, donde había vivido durante los últimos años. Aunque fue evacuado a la ciudad de Santa Inés, allí exhaló su último aliento. La muerte de Karapiru “en un ala de aislamiento, lejos de sus seres queridos y su pueblo, hace eco del sufrimiento y la soledad que marcaron su vida y su extraordinaria historia de supervivencia. Su historia personifica lo que vivieron los awá y otros grupos aislados, sobre todo ante una frontera móvil -afirma Louis Forline, antropólogo de la Universidad de Nevada (EEUU), que ha dedicado su carrera al estudio y la defensa de la tribu-: es emblemático de las dificultades y de todo lo que atravesaron”. Mientras Brasil no llega a vacunar a su población, mientras sea letra muerta la exhortación de la Organización Mundial de la Salud contra las terceras dosis de los países grasos y prósperos, las historias serán más y más tristes.

Vidas de muertos

En Centroamérica, cerca de EEUU, Guatemala vacunó solo al 2% de la población. En las católicas islas Filipinas, antigua posesión del sudeste asiático donde nunca se ponía el sol y país más poblado de la región; en Nigeria, el país más poblado de África y el único del continente en pertenecer al club de las potencias exportadoras de petróleo, apenas se vacunó un 10%. En China, la COVID-19, como un asesino obsesivo, volvió al lugar del crimen, a Wuhan, y las autoridades dispusieron restricciones y confinamientos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió a los países ricos que se abstengan de la sobreprotección de sus ciudadanías. Les señaló la oportunidad que tienen delante: en vez de organizar planes nacionales de aplicación de terceras dosis de refuerzo, inviertan en generosidad (inmunizándose contra futuros resentimientos globales por la flagrante inequidad manifiesta en su obrar) y socialicen e internacionalicen esas vacunas donándolas a países pobres y superpoblados. Este evangélico pedido enfrenta muchas probabilidades de ser desoído. Avanzan variantes como la delta, que perfeccionaron sus facultades y destrezas para el contagio. Y al horizonte se suma una certeza nueva, a las que flanquearán otras análogas. El jueves, los productores de Moderna, una de las más perfectas vacunas según la valoración científica, hicieron públicos los resultados de sus investigaciones, que establecieron que la inmunidad que proveen, aun sin caducar a los seis meses, sin embargo no basta para defenderse del invierno y las nuevas variantes. Con lo que las terceras dosis serán una necesidad, además de un lujo, que únicamente se podrán pagar los países más ricos. Y así Alemania ya empezó a administrar terceras dosis, seguida por Francia, que nunca quiere parecer más pobre que su temible vecino del otro lado del Rin.

Optimismo sádico

El martes, Joe Biden pudo finalmente felicitarse y proclamar 'Misión cumplida': había alcanzado su objetivo de que el 70% de la población adulta de EEUU estuviera vacunada con una dosis contra la COVID-19. Solo que el presidente demócrata, en mayo, había fijado ese objetivo para el 4 de julio. Y el martes era 2 de agosto. Es decir, un mes más tarde. 

El relato de los medios, que siguen siendo tan sacarinadamente dulzones con Biden como eran pasteurizadamente ácidos con Donald Trump, colocaba la historia del buen éxito que coronó la campaña de vacunación en el centro de un escenario mayor cuyo marco era la historia de esta historia. Ninguno dejó de evocar el simbólico Día de la Independencia, en el que todavía el 70% se veía lejano. Sin embargo, al día siguiente la noticia era otra, y es más reveladora la relevancia que le fue concedida que el hecho que presuntamente revela. El fracaso en cumplir con un plazo que la propia Casa Blanca se había impuesto a sí misma con cruel y visible precisión de día y mes, y visibilidad enfatizada por ser los del más importante feriado nacional del calendario, no le había causado el menor daño ni a la imagen del presidente ni a la administración demócrata en el gobierno. 

El gobierno había satisfecho un porcentaje de vacunación que nadie dudaba que pudiera cubrirse, tan pronto como hubiera las dosis y estuviera en marcha la logística. El auténtico desafío era hacerlo a tiempo; el genuino objetivo era la fecha, no el número de aplicaciones. 

Sobre el fondo del incumplimiento, el logro refulgía todavía más: el incumplimiento hacía ver, retrospectivamente, gigantescos los escollos, y sublime el triunfo. Los medios y la opinión pública mayoritaria no lo dudaban. Las vacunas habían estado a tiempo, la logística había funcionado. Si la vacunación había ido más lenta, era responsabilidad de las fake news, de la irresponsabilidad de algunas autoridades estaduales, de gobiernos locales, de líderes negacionistas: el peso de la culpa caía sobre la oposición republicana. Y el ponerse un plazo perentorio, aun a riesgo de llegar muy tarde, no era un error de cálculo, ni muestra de predilección por la retórica y de tedio ante la planificación, sino demostración de la  veracidad del presidente demócrata que juró que la primera prioridad de su mandato era coordinar los esfuerzos federales en la guerra contra los estragos nacionales de la pandemia global.

El ponerse objetivos tan elevados como irrealizables, para así después hacerse o mostrarse más fuertes y cosechar triunfos y halagos gracias a esa fortaleza exprimida de la desdicha, es una conducta que los gobiernos deben aplicar solo en prudentes dosis -homeopáticas.

En todo caso, Biden reincidió abiertamente en el método de la apuesta exagerada, secretamente apostando a que también del buen éxito va a haber reincidencia. El jueves 5, un decreto presidencial puso en números y fechas un objetivo gloriosamente codicioso. Para el fin de la década, la mitad de los autos en EEUU van a ser eléctricos. Es cierto que en el uso del petróleo como combustible del transporte está la más ineludible y abundante fuente de gases invernadero. Es quizás menos cierto que la urgencia y la exigencia deriven de la inflexible conciencia verde del demócrata en la Casa Blanca. La misma radio pública norteamericana (NPR) no tiene problemas en explicarlo así: ''Esto, como todo, tiene muy poco que ver con el clima pero mucho que ver con China''. Ya en mayo lo había prenunciado Biden: ''Vamos a ver si en la investigación de la energía somos los que guiamos al mundo o los que estamos a la zaga de los chinos''.

Para un demócrata, nada mejor que otro demócrata

De democracia demócrata a democracia demócrata -de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a Joe Biden-, el jueves 5 se supo que el Gobierno de México les había iniciado juicio en los tribunales federales de EEUU a los fabricantes de armamentos locales. Casi el 100% de los crímenes mexicanos son muertes con armas de fuego contrabandeadas que cruzaron ilegalmente la frontera desde el Norte: los carteles que proveen de droga (y de migrantes) a EEUU ocupan un lugar de lujo en las prósperas carteras de clientes de las empresas armamentistas.

El gobierno de AMLO alega que la relación es mucho más práctica y directa y fácil entre vendedores y compradores de lo que hasta ahora se creía. Es cierto también que, dicen los medios en EEUU, en todo México solo hay un único negocio de venta legal de armas de fuego.

Entre las arbitrarias unidades en que acabaron fraccionándose los Reinos de Indias cuando las tropas criollas sellaron con triunfos militares sus guerras contra las fuerzas leales a España, el Perú fue la más renuente a una emancipación cuyas exigencias y urgencia tardaban en imponérsele como justas y necesarias. En la hoy bicentenaria república liberal que devino el antiguo virreinato español, no se ha perdido la capacidad de asombro o resistencia ante cambios o giros. Tanto mayor es el desasosiego que las noticias infunden a quienes las reciben como un revés de la fortuna cuando antes no prefiguraron los hechos ahora consumados, ni después se explican o retratan la configuración de las fuerzas sociales que alentaron un indeseado progreso de los acontecimientos. El mismo miércoles 28 de julio, coincidieron en Lima la caducidad y el porvenir sin fecha de vencimiento declarada: el festejo del año 200 republicano y la inauguración del año 0 del gobierno del primer presidente campesino que dotará al país diverso de una nueva Constitución y de un mejor futuro. Con estas palabras se definió y así lo anunció Pedro Castillo en su discurso de asunción.

Desde antes de las elecciones generales peruanas del 11 de abril, cuando 18 candidaturas se habían disputado en primera vuelta la presidencia, el asombro y el desconcierto, y demasiadas veces la desazón, de la opinión pública que se trasluce en los medios, nacionales pero también internacionales, y del arco opositor, no ha dejado de crecer. Gastan toda la indignación en los hechos, y nada les queda como para indignarse, ni un poco, de la incomprensión de esos hechos (que, clásicamente, está en el origen de la historia).

En abril, el electorado y la sociedad peruana lucían tan fragmentados como los partidos y los liderazgos. Si quienes pedían el voto podían decir que en efecto representaban a aquellos sectores cuyo voto solicitaban, esto se fundaba sobre la pareja y correlativa atomización de candidaturas y grupos e intereses. En un cuadro percibido como de dispersión y desorden, ni había fórmulas presidenciales que encabezaran la intención de voto más allá del 10%, ni votantes que se encolumnaran para prestar un apoyo masivo o determinante a fórmulas lo suficientemente mayoritarias como para distanciarse de las siguientes.

Ante la falta de formaciones políticas idóneas, o siquiera voluntariosamente dedicadas a emprender el proceso de cambio necesario para limitar las heridas de desigualdad, que había aumentado durante la década de crecimiento económico del Perú, y se había manifestado más dolorosamente durante la pandemia, el electorado demandaba lo que le ofrecían: candidatos que fueran gestores en Lima y mediadores en el Congreso de sus propios intereses particulares, regionales, laborales o locales. La candidatura del ex maestro y ex gremialista docente Pedro Castillo empezó a destacarse por su capacidad de representar demandas más amplias y al tiempo más concentradas en la lucha contra la pobreza y mostrarse más dispuesto a emplear los instrumentos del igualitarismo, el soberanismo nacional, el poder del Estado, para cumplir con esos fines.

No sólo ganó en primera vuelta Perú Libre, el partido “marxista-leninista-mariateguista” fundado en 2008 a 3248 msnm en la sierra andina, acusado de connivencias y reivindicaciones de Sendero Luminoso y de enamoradiza simpatía con Cuba y Venezuela, sino que después el 6 de junio ganó el balotaje contra Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Sólo unos días antes de la jura presidencial fue declarada la victoria electoral de Pedro Castillo por las autoridades judiciales: tantos habían sido los recursos interpuestos por la candidata derrotada.

La hija y heredera del presidente Alberto Fujimori sigue escéptica (e indignada) ante los dictámenes desfavorables de la Justicia peruana, que además coinciden con los de observadores independientes, y de la UE y EEUU. Porque son esos números los que para ella resultan inexplicables: no son la solución del enigma, son el enigma que hay que explicar, y sólo la desmentida sería una solución al problema. Lo que para las autoridades electorales es la respuesta, para la rival derechista populista de Castillo sigue siendo la cuestión: que la hija de Alberto Fujimori, autor intelectual de la Constitución Política del Estado de 1993 hoy en vigencia, haya perdido la elección presidencial (la tercera que pierde en su vida). No basta con repetir incansablemente, dice, que 44.000 votantes figuran en las actas votando por su enemigo y no por ella. Lo que hay que explicar es por qué esos votos, los pocos que la separaron del triunfo, estén inscritos ahí en esas actas adversarias y no en las de ella. Desde la prensa del statu quo no han dejado de sugerirle -pero tampoco esto le interesa oír- que cualquier otro candidato de derecha, salvo la hija de la “fujicracia”, le habría ganado a Castillo.

En su discurso de asunción en el Congreso, con su típico sombrero de paja de ala ancha, Pedro Castillo prometió hacer cambios radicales en el país en su discurso inaugural, rindió homenaje a los pueblos indígenas y los  maestros de Perú y prometió combatir la corrupción, controlar los monopolios e impulsar el gasto público en educación y salud. El ex líder sindical de 51 años enfrentará enormes desafíos mientras Perú combate contra el brote de Covid-19 más letal del mundo y lucha con las tensiones dentro de su partido de izquierda Perú Libre y enfrenta un débil apoyo del Congreso en una nación dividida. Su primera prioridad como presidente sería, dijo, combatir la pandemia Covid-19, que ha matado a más de 196.000 peruanos y ha dejado huérfanos a uno de cada 100 niños, según un estudio de The Lancet.

En entre los primeros y respetuosos saludos del discurso que leyó el ex maestro hoy presidente Castillo se contaba su majestad real, el Rey de España, Felipe VI, el monarca Borbón que extendía sus largas piernas en la primera fila de la ceremonia. En Plagas y Pueblos (1976), libro clásico de un historiador clásico -clásico porque se lo enseñaba en clase-, William McNeill sostiene que la conquista de los pueblos de México y América por los invasores españoles sólo se explica por una pandemia. O mejor dicho, por los desfasajes de una pandemia. Los españoles transmitían la viruela, una enfermedad para la cual ellos ya habían adquirido inmunidad. La asimetría, la desigualdad, multiplicaban las muertes indias y preservaba a los blancos. A Pedro Castillo entregaron sus votantes la esperanza en un gobierno que sepa cómo moverse en un mundo donde los inmunizados son los otros. 

Si algo no sorprendió en los resultados de la primera vuelta en las elecciones generales peruanas del domingo fue que el voto resultase tan fragmentado como la oferta electoral y que habrá, por consecuencia, una segunda vuelta el 6 de junio. Sin embargo, lo que nadie se esperaba y a muchos alarmó fue que el gremialista docente de izquierdas, Pedro Castillo, a quien se vincula con Sendero Luminoso, haya sido el candidato presidencial con más posibilidades de cara a la segunda vuelta. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con un 20.9% de las actas procesadas, Castillo obtuvo el 15.9% de los votos emitidos a nivel nacional, seguido por el derechista liberal Hernando de Soto con 14.3%, el derechista conservador Rafael López Aliaga con 13.1%, y la derechista populista Keiko Fujimori con 12.3%.

Con 35 millones de habitantes y un censo electoral de 25 millones, Perú celebró sus elecciones legislativas y presidenciales siendo el país sudamericano con más muertes por cada 100 personas por COVID-19. Aunque el voto es una obligación y ausentarse a la convocatoria electoral tiene un castigo monetario, muchos votantes que podían permitírselo consideraron mejor opción pagar los 88 soles (unos 20 euros) de la multa para evitar hacer colas antes de votar, juntarse con mucha gente y entremezclarse, como ocurrió en Lima, con otras filas de gente que compraban bombonas de oxígeno en el mercado negro. 

El censo, que cuenta casi con tantos hombres como mujeres, eligió a una docena de partidos, entre los 19 que se disputaban llegar a las urnas, para ocupar los 130 escaños de su Congreso unicameral. Pudieron además elegir entre 18 candidaturas presidenciales y vicepresidenciales a aquellos partidos que pasarán a la segunda vuelta.

Nadie dudaba de esta prolongación en los comicios. Tampoco se tenían dudas acerca de los resultados de la elección legislativa, que se decidieron el domingo sin más vueltas. El divisionismo trasladó al interior del Congreso la fragmentación exterior de la oferta electoral. No habrá mayorías, y en el nuevo Congreso habrá todavía más fuerzas representadas que en el Congreso actual, el cual concluye en julio. Sea quien sea el partido que ocupe el Ejecutivo carecerá de respaldo legislativo y apenas contará, en el mejor de los casos, con 15 escaños. 

El Poder Legislativo peruano es unicameral, pero el Ejecutivo lo desempeñan el presidente y dos vicepresidentes. Así lo dicta la Constitución Política del Perú vigente desde 1993. Esta Carta Magna fue redactada en 1992 por un Congreso Constituyente Democrático convocado por el presidente Alberto Fujimori después de haber disuelto el Congreso por la fuerza en un denominado autogolpe. 

En primer lugar se encuentra Pedro Castillo. El docente y sindicalista es el candidato presidencial del Partido Político Nacional Perú Libre (PPNPL). Este partido de origen regional -debido a que se caracteriza por representar al Perú profundo-, fundado por Vladimir Cerrón, dos veces gobernador de la serrana Junín, antiguo foco de Sendero Luminoso, antiimperialista y autodefinido como marxista-leninista-mariateguista, ha cobrado fuerza en la víspera de las elecciones. De algún modo, representa el Perú indigenista insurgente guerrillero de izquierdas que Alberto Fujimori y su monje negro y asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos decían haber eliminado para siempre.

Castillo supo construir un lugar fuerte entre los maestros peruanos durante los dos meses de la importante huelga docente en 2017, cuando encabezó la Conare, una plataforma que pretende reconocimiento legal como gremio y que desplazó al histórico Sutep, aun cuando era público que era la mano derecha de Sendero Luminoso en la actividad sindical. En una actividad que registra a unos 400.000 afiliados, el voto docente puede haber ayudado a su buen éxito electoral.

Antes de ese rol entre los docentes, Castillo, nacido en la provincia de Chota, región de Cajamarca, militó y fue candidato de Perú Posible, el partido de Alejandro Toledo, y sobre el que recayeron decenas de acusaciones de corrupción hasta el punto de desaparecer como fuerza política. Pero Castillo no es el único ‘tránsfugo’ -que por otro lado es rasgo característico de la vida política peruana, en especial de la parlamentaria-, en su lista de candidatos al Congreso hay dirigentes con pasado en, al menos, otros siete partidos.

El casi octogenario economista e intelectual Hernando De Soto tiene un perfil mucho más técnico. Para poder competir, acudió a lo que en Perú llaman ‘vientre de alquiler’. Se afilió el año pasado a Avanza País (AP), un partido que se reivindica liberal, pero que en 2006 postuló a la Presidencia al nacionalista Ulises Humala, hermano del después presidente Ollanta Humala. Fue asesor de Fujimori y fue uno de los responsables de las políticas económicas de shock que terminaron con la hiperinflación y resultaron causa del crecimiento que Perú mantendría durante 20 años.

En una reciente entrevista dijo que si llega a la Presidencia, su gobierno no comprará vacunas, sino que dejará que lo haga el sector privado, en competencia libre, para que sean distribuidas a través de “la economía social de mercado”.

Conservador, católico practicante, miembro del Opus Dei, enemigo del aborto y del feminismo radical, practica el celibato y la mortificación desde los 19 años, la de Rafael López Aliaga es una candidatura peculiar en una elección tan extraña como la multitudinaria primera vuelta de las presidenciales peruanas. 

Empresario sexagenario, director de Peru Holding de Turismo y accionista del Ferrocarril Trasandino, era, hasta ahora, un desconocido, al igual que su partido, el flamante Renovación Popular, recién fundado en 2020. Perú21 describe así un típico día del célibe hombre de negocios en campaña: “Parte de una estrategia. López Aliaga continuó ayer su campaña en Arequipa, donde se le vio junto a personas disfrazadas de puercos”. Sus enemigos dicen que Aliaga es la versión peruana de Jair Bolsonaro. El empresario lo desmiente. Sabe contar, a él le faltan votos, como lo demuestra el que no triunfara en primera vuelta como sí lo hizo actual presidente brasileño.

La hija de Alberto Fujimori, Keiko, era la candidata presidencial favorita para las elecciones del domingo por el partido fujimorista Fuerza Popular. Es la heredera de los principios de enérgica derecha populista y autoritaria de la presidencia de su padre, de quien fue Primera Dama desde 1994, cuando en un contencioso divorcio Alberto se separó de Susana Higuchi, su madre, también política y después congresista por el Frente Independiente Moralizador (FIM).

Tan independiente pero menos moralizadora que su madre, Keiko está imputada desde 2017 por presunto lavado de dinero en la también presuntamente descuidada financiación de sus anteriores campañas electorales, entre 2018 y 2020 pasó 15 meses en prisión preventiva.

De todos los candidatos, es la más feliz por el resultado de la primera vuelta. Sabe que es muy posible que sea ella finalmente la rival de Castillo, y que en esta competencia ganará gracias a una avalancha de votos del Perú ‘sano’, quienes agradecen con sus papeletas que su padre pusiera fin al terrorismo en el país. 

En la elección de 2011 fue derrotada en la segunda vuelta, con más de medio millón de votos, por el político nacionalista y exmilitar Ollanta Humala, quien era entonces el candidato estratégico de Hugo Chávez y del ‘socialismo del siglo XXI’, quien también fue candidato presidencial en la elección del domingo por su Partido Nacionalista Peruano (PNP).En la última elección, en 2016, Keiko perdió finalmente contra Pedro Pablo Kuczynski por una diferencia de tan sólo 40.000 votos.

Pocos azares podrían haber favorecido más a Luiz Inácio Lula da Silva –y desfavorecido más a Jair Bolsonaro– que la ajustada sincronización, tanto más oportuna por imprevisible, entre la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) que el lunes lo liberó de prisión y el anuncio del martes del Consejo Nacional de Secretarios de Salud de los 24 estados de Brasil (CONASS) de que le había llegado al país el día más letal de la pandemia, con un récord que el miércoles ya superaba generosamente el número redondo y simbólico de las 2000 muertes cotidianas.

El mismo miércoles, el ex presidente ofreció una conferencia de prensa en la sede del gremio metalúrgico en la ciudad paulista de San Bernardo do Campo, donde había iniciado su carrera política como sindicalista que luchó por la democracia contra la dictadura militar que gobernaba desde el golpe de 1964. La misma que reivindica el actual presidente apartidario. Lo único que no llegó a decir Lula en su vehemente, pero reposado, examen condenatorio de la gestión de la pandemia por el actual gobierno fue que iba a desafiar a Bolsonaro en las elecciones de 2022 como candidato presidencial del Partido de los Trabajadores (PT). Pero esto fue lo que mejor entendieron propios y ajenos, que al Donald Trump brasileño le había llegado su Joe Biden. 

A sus 75 años, Lula desde el primer día se mostró dispuesto a comportarse, sin dejar lugar a la duda, como el perfecto centrista en un país desquiciado, tal como actuó el actual presidente norteamericano, tres años mayor que él. El jueves, el gobierno, el congreso, los gobernadores, las otras fuerzas de la oposición, los medios, el empresariado, todos habían tomado nota, y  admitiéndolo o no, reaccionaron a un nuevo escenario electoral donde un nuevo Lula enfrentará al Bolsonaro de siempre.

El analista político Cláudio Couto lo resumió así para radio Bandeirantes: “Lula vino a decirle al electorado: 'Yo sé que Brasil necesita, y que ustedes quieren, un candidato de centro para las presidenciales de 2022. Acá lo tienen: soy yo'”. El lema que guía a Lula parece ser 'Moderación o Muerte'. Ante las cifras de muertes y del colapso del sistema hospitalario por Covid-19 –y la perspectiva de que la pandemia siga cobrándoselas en números cuya mengua los epidemiólogos independientes o internacionales, y aun los funcionarios federales o estaduales calculan que demorará al menos hasta la primavera austral–, la disyuntiva se vuelve literal entre lo que él busca encarnar y lo que Bolsonaro de hecho encarna (a pesar de su constante reiteración de que la peste es un hecho natural contra el cual el gobierno puede poco, y arriesga mucho con cada error).

En su conferencia de prensa, Lula colocó el acento sobre la deficiente gestión de la administración Bolsonaro en campañas y medidas de prevención y evitación de los contagios y en programar anticipadamente la obtención de vacunas y planificar coordinadamente las campañas de vacunación. La base de la polarización, en esta primera presentación pública de un Lula razonable, que no exhibía heridas de los meses de cárcel, era el contraste entre dos presidencias suyas ahora lejanas pero nunca olvidadas, cuando los brasileños vivieron mejor que nunca, y la presidencia actual, cuando mueren más que nunca en un vacío de gestión tanto más firme porque el gobierno desiste de gestionar en áreas que considera extrañas, y señala que el límite de su responsabilidad son los recursos de los que dispone.

Aun si esas limitaciones fueran en verdad hechos naturales intangibles, aun si el ubicuo memento mori del presidente Bolsonaro –“Dejen de lloriquear, todos nos vamos a morir”– no fuera un resguardo del conformismo o la indiferencia, insistió Lula, el gobierno es errático, incompetente y fatalmente desprovisto de determinación y organización. En su reacción en vivo del jueves, Bolsonaro negó estas acusaciones una por una –están haciendo todo lo que se puede dentro de lo que se puede, aseguró al periodismo en Brasilia en una declaración cuidadosamente espontánea en la vía pública–. En cuanto a si gestiona bien, ¿qué duda cabe?, porque “imaginen a Lula presidente: todo sería peor, porque si ahora los recursos son siempre insuficientes, con esa ladrón habría mucho menos, porque se robaría el 90% de los fondos estatales asignados a la lucha contra el Covid-19.”

Hasta la decisión de Edson Fachin, el juez relator sobre el Lava Jato conocida el lunes, el discurso de Bolsonaro y de las masas de clase media que desde al menos 2012 protestaban en las calles contra los gobiernos del PT y que votaron al diputado ex capitán del Ejército como presidente en 2018, decía que Lula se había robado todo: la prueba era que se había robado algo, un tríplex en una playa paulista, y había sido condenado por la Justicia federal.

Desde el lunes, según esa misma Justicia no sabemos si Lula alguna vez se robó nada. La proyección de la nada a todo le parece exagerada, incluso, a aliados antes fidelísimos como el expresidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia, que en 2019 –en una complacida entrevista con el diario gaúcho Zero Hora, al cumplirse el primer año de Bolsonaro en el poder–, lo había elogiado como el gran estadista que había logrado de facto la reforma política que Brasil necesitaba: el jueves parece haberlo abandonado sin retorno posible el recuerdo del estadista, al que ahora ve  como un populista ineficiente, para pasar a elogiar a Lula como alguien “que tiene una visión de país, cree en la ciencia y reclama gestión en un plan urgente de vacunas”.  También en el mundo de los negocios muchas figuras que apoyaron a Bolsonaro están desilusionadas, y pueden cambiar nuevamente de lado con el nuevo Lula. Varios empresarios consultados por el diario británico The Guardian coinciden en la fórmula: “Si tengo que elegir entre el Diablo y Bolsonaro, voto por el Diablo”.

Lula evitó la polarización de Bolsonaro entre izquierda y derecha, que según algunos allegados al actual presidente será la vía regia de su campaña 2022, como lo fue en 2018.  El líder del PT tradujo el extremismo a un lenguaje tradicional en el largo pasado nacional, el de la oposición entre el orden del Estado y las anarquías libertarias. Antes que denuncia del lawfare, expresó su fe en que la Justicia, aunque tardó, llegó: “Estaba seguro de que la verdad vencería”. Bolsonaro no puede atacar demasiado a esa Justicia, porque la probidad del Lava Jato es la prueba de su moral de hombre común, de brasileño de ley, contra los privilegios de la casta política corrupta, del izquierdismo de un gobierno que usaba el dinero de las coimas de las grandes empresas para envenenar conciencias, llamar bien al mal, travestir la historia con un relato que glorificaba a los titulares del poder, repartía prebendas, y así ganaba votos. Este revisionismo se veía a sí mismo como centrista, cuando era de derecha, y halagaba a las bancadas rurales o de estados gobernados por quienes creen o dicen creer en la biblia, el buey y la bala. Los evangelistas fueron especialmente bien tratados en la conferencia de Lula, que los invita a un banquete donde la caridad cristiana dará panes y peces para todos, una mesa donde podrán sentarse justos y  pecadores, comunidades eclesiásticas y comunidades LGBT, en una armonía que sólo el PT puede asegurar.

La nueva opción por el centrismo

Otro tema seleccionado por Lula para su conferencia fue la seguridad, una promesa de campaña 2018 de Bolsonaro, y otro fracaso en producir algún cambio o mejora posible. Para posicionarse en el centro, Lula acepta ocuparse de su agenda: la batalla estará en quién gestiona mejor, y hay encuestas que señalan que si un 44% dice que no votaría por Lula, el 56 % repudia a Bolsonaro. Aun cuando todavía no se sabía que Lula había quedado habilitado para presentarse a las próximas elecciones, la encuesta IPeC (Instituto de Pesquisas Cananéia) que O Estado de S.Paulo publicó el sábado, computaba  que el 55% de los sondeados podría volver a votar a Lula en 2022, mientras que sólo el 39% volvería a votar por Bolsonaro.

Si el nuevo centrismo de Lula es una mala noticia para Bolsonaro, es catastrófica para el Centro preexistente que se llamaba a sí mismo con ese nombre, como el gobernador de São Paulo, que se había convertido en líder regional de la oposición. João Doria es del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que gobernó el país por última vez en los dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso, quien fuera sucedido en 2002 por un Lula que había ganado su primera elección presidencial. Otro centrista con aspiraciones ahora aparentemente esfumadas es el presentador de televisión y empresario Luciano Huck, una de las personas más populares de Brasil gracias a un programa ómnibus de los sábados que dura cuatro horas y lleva veinte años en antena. Es visto como el candidato de la red Globo. Sería un rival que gustaría a Bolsonaro o a Lula, quien en 2017 había dicho que nada le gustaría más que competir contra un adversario que llevaba la camiseta de O Globo.

Huck invita ya a no votar en 2022 ni por Lula ni por Bolsonaro, mostrándose como el candidato del cambio: “figurita repetida no completa álbum”.  Doria invita a no dejarse avasallar por el aluvión de noticias sobre 'Lula Livre', a tener en cuenta que falta mucho para las elecciones, a no malgastar ese tiempo cuando en Brasil hay temas más urgentes que el dueto del presidente con el ex presidente. Pero actuó de inmediato en respuesta a las críticas de Lula a Bolsonaro, para demostrar que ni las merece ni se las ahorra a su ex aliado. Si Lula dijo el miércoles que era “estúpido” creer en lo que dice el presidente o seguir sus directivas sobre salud, Doria en una declaración en inglés a la BBC llamó a Bolsonaro “a crazy guy”. Y el jueves, en una gran ceremonia pública que fue también conferencia de prensa en la ciudad más grande del país, capital del estado más rico, declaró, él y todo su gabinete hablándoles a los medios sin quitarse jamás las mascarillas negras, que había ordenado el toque de queda en todo el estado entre las 8.00 de la noche y las 5.00 de la mañana, el cierre de las escuelas y las iglesias, de las playas , los parques y las canchas.

Anita Dunn, asistente clave de Joe Biden, dijo a los autores del primer libro publicado sobre la campaña electoral que llevó a su triunfo que el Covid-19 había sido una bendición única para el septuagenario candidato demócrata, sin la cual nunca habría llegado a la Casa Blanca. La inoperancia de Trump y las muertes que se acumulaban pelearon a favor de la victoria imparable de un candidato inmóvil, y sin particulares brillos y luces propias, que no era el primer motor del incremento de las preferencias en su favor. Biden es un político de centro derecha que se corrió al centro en la elección de 2020. Lula se desplaza desde la izquierda hacia una posición centrista, pero el derechismo de Bolsonaro influye para que, en la contraposición entre uno y otro, el candidato del PT, que ya ha sido dos veces presidente, pueda representar a sus bases sin renuncias a principios o derechos, ni deslealtades o inautenticidades de que recelar, en el contexto de una pandemia que también en Brasil está peleando por la victoria del opositor.

Cuando el lunes el juez Edson Fachin, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), aceptó un habeas corpus que había presentado en noviembre la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva y anuló todas las decisiones judiciales previas tomadas en contra de quien fue dos veces presidente de Brasil, la noticia dio la vuelta al mundo.

Las consecuencias judiciales y las consecuencias políticas del anuncio del relator (o ministro especializado) del Lava Jato en la máxima corte constitucional brasileña guardan entre sí un vínculo necesario que, sin embargo, parece menos indisoluble y menos inmediato que el nexo ya manifiesto entre el resultado de la batalla por la interpretación de esta noticia y quién será el vencedor de las próximas presidenciales brasileñas. El supremo Fachin está lejos de haber sustituido el veredicto de culpabilidad pronunciado por el juez federal Sérgio Moro por uno de inocencia. Pero sí sustituye el mayor efecto práctico de aquella sentencia: si el magistrado de Curitiba inhabilitó políticamente con su fallo a Lula para las elecciones de 2018, el de Brasilia levantó la proscripción para quien ahora sin duda será en 2022 el candidato del Partido de los Trabajadores (PT). El único que podría vencer a Jair Bolsonaro, quien en las elecciones pasadas lo derrotó sin enfrentase a él, y que buscará su reelección.

Al aceptar el habeas corpus de la defensa de Lula, el juez Fachin dejó sin efecto las decisiones tomadas por el Juzgado Federal n°13 de Curitiba, en el estado de Paraná, en cuatro procesos que habían culminado en sentencias condenatorias. En todos estos cuatro casos, la causa pública de la condena era la misma: atribuir a la corrupción y al cohecho la proximidad del ex presidente con determinados bienes. En cada uno de estos cuatro casos, lo que diferían  eran los bienes: un tríplex en la ciudad balnearia paulista de Guarujá, un terreno en la localidad paulista de Atibaia, otro terreno comprado para la fundación suprapartidaria sin fines de lucro Instituto Lula (dedicada a la colaboración de Brasil con África y Latinoamérica), y donaciones destinadas a este Instituto.

Fachin dio la razón a los abogados defensores, Cristiano Zanin y Valeska Martins, que el 3 de noviembre de 2020 habían presentado un habeas corpus. El juez supremo concordó en que el Juzgado Federal n°13 de Curitiba, al mando del juez Sergio Moro durante la mayor parte de la Operação Lava Jato, que había investigado la cartelización de la obra pública encabezada por la empresa constructora Odebrecht en sus vínculos con el Estado brasileño y la petrolera estatal Petrobras, era incompetente aceptar esas cuatro acciones penales dirigidas contra Lula, y por lo tanto mucho más incompetente aún para encausar al expresidente, procesarlo, juzgarlo y condenarlo. Esta incompetencia jurisdiccional, que debería haber tenido como efecto que el juez Moro derivara las denuncias e investigaciones que dieron origen a las causas, no es, o no es ante todo, territorial. Importa que los bienes cuya existencia en la proximidad del ex presidente era señalada por los denunciantes no estuvieran en el estado de Paraná, sino en otros estados. Pero importa menos que algo más grave, que señala Fachin. Aun si estos bienes pertenecieran a Lula –como entendió, más que demostró, Moro–, aun si su origen fuera espurio o dudoso –como lo decidió Moro–, la relación de esos bienes con Lula y con el objeto de las investigaciones del Lava Jato era tenue en el mejor de los casos –si hubiera que razonar las decisiones de Moro– , e inverificable en el peor.

El juez no declaró la inocencia

En otras palabras, Fachin no declaró la inocencia de Lula. Sencillamente, dijo que los cuatro procesos que se le siguieron en Curitiba no tendrían que haberse iniciado allí. Si es que tenían que iniciarse, si es que realmente había indicios suficientes como para procesar a Lula. Fachin no se pronuncia al respecto. Remite todo lo actuado a la Justicia Federal en el Distrito Federal de Brasilia. Quien lo reciba, podrá utilizarlo –si es que este profuso material le sirve, y si decide que hay elementos suficientes para abrirle una nueva causa a Lula, porque la de Curitiba es como si no hubiera existido.

Un juez del TSF como Marco Aurélio Mello buscó enfatizar el argumento menos importante –la incompetencia por el domicilio– y no mencionar el mayor –la irrelevancia del objeto procesal para la operación Lava Jato, en la cual, en pro de la economía de fuerzas y de la concentración unitaria de la instrucción, se había concedido extraterritorialidad a Moro. Mello dijo a la radio–televisión Bandeirantes que “la sociedad en general” entiende mal el derecho, y que esta decisión no va a beneficiar el buen nombre del Lava Jato, que dejó de existir el 3 de febrero, según lo informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Paraná.

Lo menos que podría decir el PT en este momento, y hay que decir que está desplegando, desde su presidenta Gleisi Hoffmann (diputada federal, coincidentemente, por el estado de Paraná) una disciplinada sobriedad, es que Lula, condenado como corrupto victimario, fue víctima. Y, en la versión mínima, si no de una persecución política encarnizada y personalizada, que distraía a jueces y fiscales de otros procesos y otros crímenes y gastaba recursos preciosos y escasos en una investigación –que no llegó a resultados muy determinantes o determinados– acerca del estatuto legal de un departamento en una playa de segundo orden en el menos turístico de los litorales brasileños, sí de un error procesal mayúsculo, cometido en primera instancia y confirmado en segunda. En el caso del triplex de Guarujá, donde la construcción de departamentos triplex en serie es elegida por economía, no lujo, Moro condenó a Lula a 12 años y 7 meses. El Superior Tribunal de Justicia redujo la pena a  8 años y 10 meses, con enorme velocidad procesal, apenas conoció la sentencia de la instancia inferior. La clemencia de la reducción ocultaba la severidad de la confirmación: por la ley de ‘Ficha Limpa’, todo reo condenado en segunda instancia queda en Brasil privado de sus derechos políticos pasivos, no puede ser candidato.

Error procesal

Si no quedan dudas, según el relator del STF, de un error procesal que costó a un ex presidente del PT un año y siete meses de prisión, y una proscripción política fatal para su partido, en cambio se fortifican todas las que pesan sobre el accionar de Moro, que surgen de la pura observación del encadenamiento de los antecedentes, en especial cuando se unen los posteriores con los anteriores. Que lucen como si estuvieran conectados como causas y consecuencias.

El enjuiciamiento de Lula, sus puntuales y oportunas y veloces condenas en primera y segunda instancia, la inhabilitación de su candidatura presidencial, la derrota en la segunda vuelta del 28 de octubre de un mal conocido (por el electorado) candidato petista Fernando Haddad ante el populismo de derecha de Jair Bolsonaro con su lema “Brasil y Dios por encima de todos”, y la designación, aceptada con entusiasmo, de Sergio Moro como ministro de Justicia en su primer gabinete, invitaban a una interpretación retrospectiva de unos hechos de los cuales, con prescindencia absoluta de cuál hubiera sido la intención o propósito, habían tenido una facilitación sine qua non en el activismo procesal del magistrado de Curitiba.

En su decisión, el juez Fachin no se limitó a aceptar el habeas corpus que reabrió la carrera política de Lula. Al mismo tiempo, extinguió diez habeas corpus de la defensa del ex presidente que pedían la anulación con otro argumento, el de denunciar la parcialidad de Moro, a la luz de las revelaciones de sus diálogos con el Ministerio Público, conocidos por The Intercept Brasil, en el que juez y fiscal Deltan Dallagnol parecían en colusión, prejuzgando la culpabilidad del acusado, para buscar pruebas que demostraran una autoría criminal que para ellos no la requería, porque estaban íntimamente convencidos de ella de antemano. De este modo, las audiencias en el STF, fijadas para el segundo semestre de este año, en la que se consideraría si el ex juez cometió algún delito en el ejercicio de sus funciones, no tendrán lugar: no se puede determinar si un magistrado o funcionario obró bien o mal en un juicio que no tuvo lugar, o que ahora debe considerarse como si nunca hubiera existido.

En los hechos, Fachin salvó a Lula sin entrar en cuestiones sustantivas. Otro tanto ocurre con Moro. Y salvando a Moro, salva al Lava Jato. Si el STF hubiera encontrado a Moro culpable de prejuzgamiento, eso habría desencadenado un efecto dominó sobre todas sus sentencias en el contexto de la operación anti–corrupción. Aquí el deslinde es nítido: en estos cuatro casos era incompetente, dice Fachin, pero (o, incluso, porque) en el conjunto del Lava Jato sí era, y fue, competente. Esta segunda parte de la decisión de Fachin es vista en Brasilia por demasiadas voces como el motor de la primera: para salvar a Moro, dicen, libera a Lula. Con lo cual el ex presidente petista encuentra aliados improbables, como el actual presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, líder del Centrão, grupo de partidos que ven a Moro como enemigo, porque ellos mismos están investigados en el Lava Jato. Lira tuiteó que Lula acaso se merezca este sobreseimiento, pero Moro ¡nunca!

El efecto para Bolsonaro

Si esta habilitación de la candidatura de Lula favorece o no a Bolsonaro, es también motivo de especulación. El presidente ya reaccionó para CNN Brasil, cual Donald Trump, contra la Justicia y los medios y los progresistas aliados contra el pueblo y defensores de su impunidad de casta. Llegó a la presidencia como caudillo de la antipolítica y el más incorrecto de los opositores al PT, la polarización será mayor con Lula haciendo campaña que preso. A la vez, lo volverá más dependiente de su alianza con el Congreso. Y entonces, cada vez que diga que Lula es ‘ladrón, bandido, que debe estar detrás de las rejas’, eso será un búmerang para diputados y senadores que fueron o están siendo procesados por el Lava Jato, en causas con jueces naturales no controvertidos. La primera víctima del Lava Jato había sido la presidenta Dilma Roussef, que cayó en 2016.

Había caído gracias a un impeachment express hábilmente armado, con una estrategia que hace recordar a la de Fachin. De 36 pedidos de impeachment contra la ex presidenta petista, el entonces presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, que sabía que contaba con los votos destitutorios en el Senado, eligió uno, por ‘pedaladas’ fiscales, reasignación de partidas entre los rubros de la contabilidad del Estado, que sólo iba a afectar a Rousseff, sin arrastrar a terceros en su caída. Fachin liberó a Lula, salvó a Moro, y el resto sigue como estaba. Por ahora.