Activistas y organizaciones de derechos humanos advierten de que se avecina una crisis humanitaria en la frontera entre Chile y Bolivia. Cada vez más migrantes se aventuran cruzar el perímetro fronterizo a pie, a través de la dureza del altiplano.

Chile cerró su frontera terrestre el año pasado como medida preventiva debido a la pandemia de la COVID-19 pero las autoridades reconocen que la cantidad de personas que la atraviesan de manera irregular no deja de aumentar. La mayor parte de esos migrantes son venezolanos que huyen de la inestabilidad económica y el conflicto político que azotan su país. 

Desde que comenzó 2021 han entrado en Chile por esa vía al menos 200 personas diarias. Cruzando parajes áridos, a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar y sometidos a temperaturas que pueden alcanzar los ocho grados bajo cero. 

Las autoridades chilenas han tratado de buscar soluciones para los migrantes. En la ciudad fronteriza de Colchane, que cuenta con electricidad intermitente, no tiene supermercados ni farmacias, y se encuentra a tres horas de la ciudad más cercana, los viajeros se han visto obligados a refugiarse bajo lonas de plástico.

En febrero murieron dos personas –una venezolana y otra colombiana- en el campamento improvisado de la ciudad, supuestamente como resultado de hipotermia. Otra mujer sufrió un aborto de manera inesperada.

“El lugar no está bien equipado y se ha visto sobrepasado por la llegada irregular de tantas personas”, dice Marcela Tapia, directora del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat en Iquique, especializada en migraciones en la frontera. 

1.600 personas entraron en un día en enero

El alcalde de Colchane, Javier García, describió la situación como “una de las peores crisis humanitarias” después de que unas 1.600 personas entraran en la localidad en un solo fin de semana a finales de enero. 

Amnistía Internacional y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile acusan a las autoridades de denegar el acceso a espacios públicos como gimnasios o instalaciones municipales en los que podrían acomodarse a los migrantes que no dejan de llegar. 

La policía de la región de Tarapacá, donde está ubicada Colchane, informó de 2031 casos de entrada irregular confirmados en enero, 32 veces más que el año pasado. Ese aumento se atribuye a la crisis que atraviesa Venezuela, que ha provocado la salida del país de más de cinco millones de personas en los últimos años. 

Chile ha recibido al menos 470.000 migrantes y refugiados venezolanos. Es el tercer país que más venezolanos acoge tras Colombia y Perú. Según el Instituto Nacional de Estadística, la población extranjera residente en Chile ha aumentado un 19,4% en tan solo dos años. 

El gobierno chileno ha desplegado al ejército para que patrulle la frontera y ha coordinado planes de envío de migrantes a sus casas. En febrero, el gobierno organizó una deportación masiva en la que expulsó a 86 personas a bordo de un avión militar rumbo a Caracas. 52 más salieron en autobús.  

La fuerza aérea chilena publicó en Twitter fotos de esa deportación. En ellas puede verse a migrantes embutidos en equipos de protección sanitaria y escoltados, uno a uno, por la policía. La decisión fue criticada por activistas, que acusaron al gobierno de tratar a los migrantes como criminales vulnerando su derecho a pedir asilo. 

“Es una grave crisis humanitaria que ha sido criminalizada por el Gobierno”, dice Vanessa González, de la Asamblea Nacional de Migrantes de Chile. “En lugar de presentar la inmigración como un problema necesitamos un plan humanitario que incluya los derechos de estas personas”.

Mientras tanto, el departamento de salud del Gobierno ha trasladado a algunas de las personas que acampaban en Colchane a instalaciones gestionadas por las autoridades con el objetivo de que cumplan con una cuarentena de 14 días. 

Esta cuarentena es obligatoria para cualquier persona que entre a Chile durante la pandemia, pero a los migrantes sin documentación en regla se les ha dicho que deben presentarse ante las autoridades por una “entrada ilegal”, algo que puede ser utilizado por los tribunales para justificar órdenes de expulsión y rechazar peticiones de asilo. 

“Las medidas sanitarias derivadas de la COVID-19 han servido como excusa para contener personas y expulsarlas después”, explica González. 

Los activistas afirman que el incremento actual del número de migrantes se debe, en parte, a que las normas migratorias del Gobierno encabezado por el presidente Sebastián Piñera son más rigurosas que antes y limitan estrictamente las pocas circunstancias por las que los venezolanos pueden conseguir visados y entrar legalmente en Chile. 

Pese a que la violencia y la represión por parte del Estado en Venezuela están bien documentadas, Chile solo ha reconocido como refugiadas a 17 personas de Venezuela desde 2010. En Perú han sido 1.282, en Ecuador 374 y en Brasil 46.343. Colombia regularizó hace poco a un millón de venezolanos para los próximos diez años. Desde la militarización de la frontera de Colchane, los migrantes han desviado su ruta para cruzar a Chile a través de Ollagüe, otra pequeña ciudad del altiplano 300 kilómetros al sur.

Romina Ramos, directora del Centro de Estudios Criminológicos de la Frontera de la Universidad Arturo Prat, defiende que el control fronterizo en Colchane solo ha servido para aumentar el problema y obliga a los migrantes a optar por rutas aún más peligrosas.  “La gente va a seguir encontrando el modo de entrar y, con cada nueva barrera que se interponga, se verán expuestos a situaciones más peligrosas”. 

Traducido por Alberto Arce.