En este próximo agosto se cumplirán dos años de la recogida de firmas con la que respaldábamos (yo fui uno de los más de cuatro mil firmantes) la solicitud de indulto en relación con la condena de los ERE para José Griñan, e igualmente firmé apoyando el de Francisco Vallejo. Ninguno de ellos, como es sabido, prosperó. Las razones explicitas por las que los firmé se reflejaban en la motivación  que respaldaban los escritos respectivos. Pero, además, junto al conocimiento personal de los afectados y mi convicción de su honradez en el ejercicio de las responsabilidades políticas, me provocaba una profunda extrañeza  comprobar que las ayudas sociolaborales que se sentenciaban ilegales en su montante global, casi 700 millones de euros, seguían siendo percibidas por la inmensa mayoría de los 6.400 afectados porque, efectivamente, tenían derecho a ello. Se producía así una incoherencia evidente, al coexistir una ilegalidad por arriba y una legalidad a ras de suelo, si se me permite la expresión, que en ningún caso pretende poner en cuestión la legitimidad de las sentencias en los ámbitos respectivos.

En un reportaje de principios de 2021 en el diario El País se relataban las consecuencias del cierre, diez años antes, de la factoría de Santana Motor, aquel demoledor suceso que convirtió a Linares era “la ciudad con mayor paro de España”. Señalaba el texto que “desde entonces la economía de Linares gira en buena medida de la renta de los antiguos empleados de la factoría”. De esa renta formaban parte las ayudas sociolaborales para los trabajadores afectados por situaciones de crisis, que consisten en aportaciones económicas para empresas abocadas al cierre o la reestructuración, la mayoría del sector industrial, y a los trabajadores con una edad superior a los 50 años con unas dificultades prácticamente insuperables para ser recolocados en otras actividades. Para ilustrar esta circunstancia es interesante señalar cómo, entre 2003 y 2023, los trabajadores mayores de 55 años han triplicado su presencia como desempleados, del 6% al 19% sobre el paro general de España, mientras que su presencia en la población ocupada general ha pasado del 11% al 20%; es decir, el aumento del paro entre los mayores de 55 años es mucho más acelerado que su aumento en la participación sobre la población ocupada. 

En enero de 2014, la Comisión Europea adoptó la Comunicación 'Por un renacimiento industrial europeo', para invertir el declive industrial y alcanzar el objetivo del 20% del PIB europeo de actividades manufactureras en 2020. En 2013, año inmediatamente anterior, el peso del sector industrial en Andalucía era del 8,69%, de la mitad del objetivo europeo, ya que, en años anteriores, sobre todo a partir del inicio en 2008 de la Gran Recesión, se desencadenó una profunda crisis industrial que azotó, con particular intensidad, a Jaén y Cádiz, provincias con graves problemas de paro.

Es de toda lógica que un Gobierno y un Parlamento responsables y convencidos de que España, y por tanto Andalucía, es un Estado Social y Democrático de Derecho adopten medidas sociales y económicas para combatir situaciones como esa. Las alternativas empresariales que se pusieron en marcha no fructificaron en general y, por lo tanto, adquirieron mayor relieve  los amortiguadores sociales para los trabajadores afectados y para las empresas, las denominadas ayudas sociolaborales, sobre las que existía un fuerte consenso en aquellos años. Prueba de ello es que, en octubre de 2012, la Comisión de Economía y Empleo y el Parlamento andaluz aprueban por unanimidad proseguir, a través de tres proposiciones no de ley,  la aplicación de las ayudas sociolaborales para ayudar a los trabajadores y empresas afectadas por el desplome de la economía, en el marco de un compromiso del “Gobierno andaluz con la participación de los agentes económicos y sociales”. 

Este consenso se truncó con el paso de los año y se produjeron las decisiones judiciales conocidas, que el Tribunal Constitucional ha venido a anular en aspectos sustanciales. Como consecuencia de ello, las sentencias judiciales deben reescribirse en función del perímetro constitucional que ha marcado el Intérprete Supremo de la Constitución que es el Tribunal Constitucional.

Las sentencias conocidas del TC han resuelto la incoherencia que planteaba al principio: el hecho de que los trabajadores siguen, con el actual Gobierno andaluz, percibiendo sus prestaciones, que están basadas en decisiones políticas legítimas y legales, acordes con la separación de poderes que marca nuestra Constitución y protege el Tribunal Constitucional. En ningún caso esto supone la impunidad en relación con irregularidades o delitos que se hayan cometido en la aplicación material de las medidas. De hecho, en la etapa del Gobierno socialista andaluz se revisaron y depuraron a empresas y trabajadores que no cumplían con los requisitos legales.

Las sentencias del TC han resuelto también, a mi entender, una incógnita que provocaban las sentencias corregidas, y es si, efectivamente, se mantenían incólumes dos rasgos definitorios de nuestra Constitución, y de los Estatutos que emanan de ella, que son su carácter no militante y abiert. El segundo rasgo es el que asegura, y así ha ocurrido a lo largo de nuestra espléndida singladura constitucional, que se pueda producir la alternancia entre proyectos democráticos de carácter progresista y conservador, que se hacen visibles a través de la naturaleza de las leyes promulgadas. Las sentencias sobre los ERE se percibían por parte de la población española, entre la que me incluyo, como una modificación del significante nuclear Estado Social y Democrático de Derecho, que lo abocaba a Estado Social y Democrático de Derechas,  ya que decisiones legislativas con contenido social parecían quedar a extramuros del marco constitucional y, en situaciones como las de la Gran Recesión, la conclusión inexorable sería que había que dejar a los  trabajadores al albur del darwinismo social. Creo que las sentencias del TC vienen a despejar dudas sobre el carácter abierto de nuestra Constitución, sin que, y esto es muy importante, el TC haya tomado partido, ya que no ha entrado en el contenido de las políticas, sino en la legitimidad y legalidad de las decisiones del Ejecutivo andaluz a la hora de proponer anteproyectos o proyectos de ley al Parlamento. 

Una reflexión final: creo que es muy negativo, y peligroso democráticamente,  atacar la legitimidad de instituciones como el Gobierno andaluz actual, respaldado por la mayoría absoluta de los representantes parlamentarios de Andalucía. En el mismo sentido lo es atacar la legitimidad en la toma de decisiones del TC, cuyo presidente, en el que se centran la mayoría de las críticas, fue nombrado como  miembro del tribunal por el Rey en 2017, a propuesta del Senado, en el que contaba con mayoría absoluta el PP, respaldada por la mayoría de 3/5 que exige la Constitución. 

La lucha contra las desigualdades y la pobreza en Andalucía ha sido siempre vista con indiferencia no exenta de hostilidad por gran parte de la burguesía andaluza y del resto de España a lo largo de nuestra historia.  En el siglo XIX eran frecuentes los golpes y asonadas militares en nuestra tierra patria; bastantes de ellos se iniciaban en Andalucía, y se contemplaban con temor cuando la situación de hambre era “excesiva” en Andalucía, sin que se pusiera interés en resolver la situación de hambruna. La burguesía nacionalista catalana se ufanaba de su superioridad económica y biológica, por sus raíces indogermánicas, en contraste con la burguesía castellana que había sido contaminada por “la Andalucía agitanada”.

Estos terribles prejuicios con Andalucía se revistieron de criticas al denominado “voto cautivo” en el rechazo al subsidio agrario y PER, antiguo empleo comunitario. Recuerdo conversaciones infructuosas con dirigentes andaluces del PP en las que les argumentaba que lo que ocurría en los pueblos de Andalucía es que estaba muy reciente, y sobrevivía, el caciquismo, pero había una fuerza que lo contrarrestaba, las maestras y maestros de escuela, esparcidos por toda la geografía rural andaluza, verdaderos focos de opinión democrática. No era el dinero, era la educación la clave de sus derrotas. El subsidio agrario y el PER han permanecido con los sucesivos gobiernos, ya sean del PSOE o del PP, y en la actualidad, con la ultima reforma del subsidio de desempleo, se va a extender a zonas a las que no llegaba. Creo que los acontecimientos en cierta medida me han dado la razón, y también creo que ninguno de los dos grandes partidos, a la larga, puede salir beneficiado de una dinámica que deteriore la percepción social de nuestras instituciones democráticas, sino todo lo contrario. 

La legislatura que acaba de comenzar va a ser decisiva, porque en ella hay dos hitos temporales, 2025 y 2026, en los que se debe consolidar un modelo de financiación de las pensiones compatible con una cuantía suficiente de las mismas, en 2025, y sentar las bases para las transformaciones verde y digital en España, en 2026. Y, como palanca, esos objetivos han de servir para enderezar la marcha de nuestra economía, con el fin de mejorar de forma radical la productividad, y superar una fase de estancamiento de la desigualdad que nos sitúa como uno de los países europeos con mayor número de familias en riesgo de exclusión y de pobreza. Ambos objetivos están estrechamente entrelazados, porque el primero depende en gran medida del segundo: los fondos Next Generation tienen para su ejecución una cita decisiva en 2026, pero su recepción está condicionada, entre otros aspectos, a la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de pensiones.

El eslabón entre ambos objetivos y fechas es el empleo de calidad y dignamente retribuido, del que los ingresos de la Seguridad Social dependen, y el empleo, a su vez, va a depender de los cambios y transformaciones productivas que se produzcan por la digitalización y la lucha contra el cambio climático.

El sistema público de pensiones, en la última reforma pactada con los sindicatos, ha iniciado un camino por el cual su sostenibilidad ya no va a estar condicionada exclusivamente por la senda del gasto, sino que se han incorporado sendos mecanismos de mejora de los ingresos, vinculados a la evolución de las cotizaciones sociales y, por tanto, del empleo. El primero de estos mecanismos es la cuota de solidaridad, que iniciará su andadura a partir de 2025; el segundo es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que sustituye al Factor de Sostenibilidad de la Reforma de 2013, cuya consecuencia es el recorte de las pensiones, con incidencia muy grave sobre todo en las pensiones futuras, las que cobrarán los actuales jóvenes trabajadores. 

Este segundo engranaje tendrá su primer análisis en 2025, y si las previsiones de ingresos se cumplen, lo que obviamente va a estar relacionado con el volumen de empleo y la cuantía de los salarios, puede asentarse una vía más justa, que desecha la idea de que llegar a viejo y cobrar una pensión adecuada casi es un delito de lesa hacienda pública. Y si no se cumplen los objetivos de ingresos, probablemente volveremos al debate sobre la cuantía de las pensiones y se intensificarán comparaciones carentes de sentido, como la última que se ha sacado a pasear en los medios, cual es el hecho de que los pensionistas cobran, en promedio, más que los jóvenes trabajadores, cosa que es verdad pero que obedece a causas distintas, y la penalización de las pensiones no va a resolver la insuficiencia salarial de los jóvenes. 

La doble transformación, verde y digital, que va a marcar nuestro destino y, sobre todo, el de las próximas generaciones, está provocando transformaciones que, si queremos conseguir el objetivo de neutralidad climática para 2050, van a ser muy profundas. La mutación en nuestra movilidad, interrelaciones sociales o empleo va a ser drástica, y la transición justa no va a ser fácil, ya que el término está muy presente, pero, sobre todo, en relación con el trabajo va a ser muy difícil de generalizar, más allá de sectores como la minería o la energía, a los trabajadores de pequeñas empresas y de sectores de industrias manufactureras, de servicios o ciudadanos en general. Las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia son un exponente de las resistencias sociales, que se pueden incrementar. Por esa razón, los cambios tienen que legitimarse con compromisos firmes en materias muy sentidas por la gran mayoría de la sociedad, como es el empleo, en cantidad y calidad, y la garantía de las pensiones. A mi juicio, es vital definir un triángulo virtuoso vinculando Descarbonización, Digitalización y trabajo con Derechos (D3), que acredite compromisos tangibles en las tres dimensiones. 

Es evidente que la legislatura va a estar marcada por el perímetro internacional de las guerras y, en el plano económico, los altos tipos de interés, la inflación, la deuda, el déficit y la vuelta a la senda de la estabilidad, esperemos que con más flexibilidad. Pero hay otros factores, de índole interno, en los que me quiero detener para concluir esta reflexión. 

La actual coalición gobernante ha pactado un programa que, en la orientación general, tiene vocación de avanzar en los objetivos que anteriormente he expuesto, pero que, probablemente, sea más apropiado considerarlo como una plataforma reivindicativa del gobierno frente a sus aliados parlamentarios independentistas, que son determinantes, incluyendo dos partidos de la burguesía nacionalista, cuya lógica política no se asienta en la búsqueda de la cohesión social, sino, precisamente, en un ángulo distinto y opuesto, como es el de la secesión territorial y la imposición de la diferencia, lo que les empujó, en la anterior legislatura, a votar en contra de la convalidación de la reforma laboral. A esta circunstancia hay que añadir el hecho de que, en la actual legislatura, el poder autonómico y municipal esta mayoritariamente en manos de la derecha, instituciones que tienen un gran peso en la gestión de los fondos europeos. El Gobierno de España y los gobiernos autonómicos y municipales se necesitan, pero, sobre todo, la sociedad española necesita que se entiendan y coordinen, que se abata el muro de enfrentamiento, aunque el clima político aboca al pesimismo. 

Dejemos el pesimismo… para tiempos mejores, rezaba una gran pintada que leí, durante la Gran Recesión, en una pared blanca como la nieve, en una calle de Granada que asciende hacia la Alhambra. Desde entonces esa frase es mi asidero mental cuando vienen mal dadas. En aquella época la prima de riesgo, referencia para la salud financiera y la confianza de nuestra economía, estaba en los 300, y era consciente de la cantidad de sufrimiento que esa fría cifra engendraba. En la actualidad, sigo mirando la prima de riesgo prácticamente a diario y, por fortuna, está en una cuantía, en torno a 100, que mis amigos economistas valoran muy favorablemente, aunque uno particularmente versado me advierte que la confianza de los inversores es muy volátil. La conclusión que se puede extraer es que la economía está “deslocalizada”, hoy por hoy y afortunadamente, de la crispación política.  

Luciano Lama, líder histórico del sindicalismo italiano, vino a Andalucía, ya retirado del sindicato y siendo senador de la república italiana, a finales de los años 80, y tuve ocasión de mantener una conversación con él, en la que le pregunté cómo era posible que en Italia la tensión política fuera permanente, los gobiernos duraran bien poco en aquellas fechas (en la década de los ochenta hubo ocho presidentes de gobierno) y, sin embargo, Italia era de las primeras economías industriales del mundo. Su contestación fue que, aunque la política partidaria italiana era vesánica y cerril, la gran mayoría de la sociedad era serena e inteligente, y se imponía sobre la furia la inteligencia social. La inteligencia social en España está protagonizada, en gran medida, por las relaciones entre UGT, CCOO, CEOE y Cepyme, y va a ser el diálogo social el depositario del avance hacia el destino que merece la sociedad española. Ojalá la inteligencia social impregne a la política.

A mediados de octubre de 2022 publiqué en este medio un artículo -La empatía la dan los hechos- advirtiendo que la valoración social del Gobierno permanecía estancada en las encuestas, mientras que su política social era muy valorada por la sociedad, y lo sigue siendo. Esto ocurría no porque el Gobierno estuviera enfrascado en la acción de gobierno y descuidara la comunicación, sino que tenía mucha (quizás más que ningún gobierno anterior) pero mal orientada, porque arrinconaba al gobierno de coalición en una esquina del tablero social y político, cuando, paradójicamente, su política ha sido para mayorías sociales.

Ese es uno de los problemas de fondo, que sigue sin resolverse, y que ha vuelto a aflorar en las elecciones municipales, en las que el presidente del Gobierno se ha erigido en protagonista y ha asumido en primera persona la responsabilidad de la gran pérdida de poder institucional, consecuencia del retroceso, escaso, del PSOE, 400.000 votos, y sobre todo del ascenso del PP, casi dos millones de votos respecto a 2019. Hay quienes defienden que se puede superar esta situación, como ocurrió en 2008, cuando, después de haberse perdido las elecciones municipales de 2007 (no dos meses antes de las generales), el PSOE liderado por Zapatero alcanzó el mayor número de votos que hasta la fecha ha acumulado el partido, arrancando más de un millón de votos al PP liderado por Rajoy. Entonces el bipartidismo era una realidad (PSOE y PP sumaban el 92% de los diputados), en las municipales 2007 el PSOE ganó en concejales, y en marzo del 2008 hubo elecciones en Andalucía y el PSOE repitió mayoría absoluta. Ninguno de esos factores se produce ahora, por lo que es muy endeble la comparación.

El tiempo se puede aprovechar en este difícil escenario desmontando falsedades como la del no poder dormir, que no tenía nada que ver sobre incluir a Podemos en el Gobierno sino apartarlos de ministerios claves y de estado, como así ha sido y que reconoció hace pocas fechas el periodista que en Onda Cero entrevistó al presidente del Gobierno. Reconocer los errores con sinceridad ante una ciudadanía madura necesita la identificación correcta de los motivos de inquietud de parte de la ciudadanía española. Estos pueden no ser tanto la incorporación de los independentistas al debate democrático sino sus consecuencias, como que en la Ley de Memoria Democrática y a instancias de Bildu se haya incorporado la investigación sobre crímenes contra los derechos humanos hasta 1983, o que se hayan modificado los delitos de prevaricación y sedición, todo esto en 2022, y, en menor medida, los indultos, competencia democrática del gobierno.

En octubre pasado también remarcaba los graves problemas de percepción social de la alianza con Bildu y ERC y el ruido del gobierno de coalición, primero de la historia de nuestro país, como problemas más relevantes. Tanto unos como otro van a condicionar la autonomía de la narrativa para el 23J del presidente del Gobierno, pretendiendo definir un precio conjunto para la siguiente legislatura, referido a la autodeterminación con fechas, o disputando la propiedad de las políticas progresistas, reclamando su cuota parte en los avances sociales y su papel fundamental en los apoyos de los independentistas en la legislatura agonizante

Es evidente que el candidato a la presidencia del Gobierno juega un papel importante, pero eso no es óbice para recuperar el sentido original de estas elecciones, reforzando la campaña en las 54 circunscripciones territoriales, donde se eligen 350 diputadas o/y diputados, que serán los que elegirán al presidente del Gobierno. A ese nivel sí que se le pueden poner cara y ojos a los 10 millones de pensionistas, que hubiéramos tenido un recorte brutal de la pensión en 2022 si se hubiera aplicado el 0,25 de la reforma PP en relación con la inflación del 8,5% del 22, o a los más de dos millones de perceptores de un digno, por primera vez, salario mínimo. En los ámbitos cercanos al votante se embota el burdo derogar el sanchismo y queda en lo que es, un eslogan patético de verano azul, con respetos al inmortal Chanquete.

Esta misión en las provincias, con apoyo en los medios locales, la tienen que desarrollar los más de veinte mil concejales, más de 500 candidatos y cientos de dirigentes, no sustituibles por debates televisados, o por conversaciones enlatadas entre designador y designados. Puedo estar equivocado, pero veo que “el relato” y la orientación de la campaña del Partido Socialista va orientada a los creyentes (votantes fieles), que van a ser varios millones, porque el PSOE tiene una implantación espléndida, pero no a los dudosos (indecisos) e incrédulos, que son el quid de la cuestión para alcanzar una mayoría de gobierno y reforzar, en la proximidad física al elector, la defensa de la gestión y los retos que tenemos que afrontar puede ayudar a corregir esa situación. 

El 23J no sólo se dirimen las mayorías legislativas para formar gobierno, sino algo más importante, como es la consolidación de una política laboral social y económica alternativa, más eficiente y humana, aplicada en esta crisis y opuesta a otras anteriores. Esto ha sido así por la acción de gobierno, pero sobre todo por la intervención decisiva del dialogo social entre sindicatos y patronal y por la sustitución de las reglas de austeridad por una política más racional y eficiente de la UE, que a partir de 2024 va a tener una revisión previsible y restrictiva.

Laurent Berger, secretario general de la CFDT francesa y presidente de la CES -ETUC,  proporciona, en una entrevista a un medio francés, algunas claves para analizar correctamente el estallido social en Francia por la reforma de las pensiones: en Francia hay una superposición de regímenes, y la reforma Macron afecta sobre todo a los trabajadores que se han demostrado imprescindibles en la pandemia, lo que no parece un reconocimiento justo de sus impagables servicios a los ciudadanos. El sistema francés tiene unas características singulares y propias, como ocurre en España, y es erróneo hacer comparaciones con otros sistemas y reformas. 

Además, plantea dos oportunos recordatorios, el de la tendencia a vincular a la UE con las malas noticias sociales, cuando en las condiciones aprobadas por la UE para los fondos europeos sobre las pensiones, como en el caso español, no se impone un camino a la reforma, porque los sistemas de seguridad social son competencia de los estados miembros. La democracia política representativa, dice Berger, es la expresión suprema del sistema, ésta debe convivir con la democracia social y la tercera dimensión, la participación y la escucha de la población. No ha habido diálogo con los sindicatos, que tienen un papel decisivo en la democracia social y como canal para la participación de la población trabajadora, sobre todo en asuntos claves como el futuro de las pensiones,  con los resultados conocidos. Pide por último una suspensión del proceso, alertando de cómo la extrema derecha se alimenta de la desconfianza hacia las instituciones y del resentimiento social.

En España las reformas de pensiones y laboral han sido factores de enfrentamiento con más frecuencia que de entendimiento. Las aprobadas en esta legislatura son fruto del diálogo social, equilibradas, y la laboral, ya funcionando, está reduciendo la temporalidad. Ambas reformas, junto a su importante contenido, demuestran un hecho muy relevante: que la UE no impone los mecanismos internos de reforma para conseguir los objetivos perseguidos, que son responsabilidad de los gobiernos de los estados miembros, y que esos mecanismos, para ser eficaces y aceptables para la UE, no tienen que ser instrumentos inexorables  de sufrimiento y dolor para las personas afectadas. 

El reciente debate de la moción de censura ha dejado solo dos evidencias: Vox no tiene capacidad de liderazgo ni alternativas; su negociado es el del resentimiento y la vuelta al pasado arrojándonos de la UE, y ya estamos en campaña electoral. Lo demás se verá en las próximas elecciones.

Las declaraciones del señor Feijóo sobre las pensiones, alabando a Macron, exigen una explicación pormenorizada de su alternativa, para que el electorado sepa a qué atenerse, ya que será responsabilidad suya, y solo suya, cualquier recorte que pudiera producirse en relación con el sistema de pensiones, si llega a alcanzar una mayoría de gobierno, para la que la incorporación de Vox sería altamente probable. Esta situación obligaría a la transparencia sobre contenidos y alcance de dicha coalición en el debate de investidura correspondiente. Todavía muchos tenemos vívida en la memoria aquella infausta y obsequiosa frase del ministro De Guindos, del PP, al comisario europeo Rehn, con fama de “halcón”, alusiva a la reforma laboral de 2012, que provocó una huelga general: “Será extremadamente agresiva…”, añadiendo después: “Te va a gustar”.

En el caso del Gobierno actual, solo la repetición de la coalición, con los aliados independentistas como apoyo parlamentario, permitiría su continuidad. Esta fórmula de gobierno está siendo percibida por una parte de la población como negativa y está contrarrestando las decisiones sociales y económicas del Gobierno que pretenden apoyar a los sectores más débiles de la población, con el obstáculo añadido de que el Ejecutivo a veces confunde la publicación en el BOE con la materialización del efecto social de la medida. En el Gobierno no parece haberse analizado la más que probable relación entre el triunfo por mayoría absoluta del PP en Andalucía y la percepción del electorado de los pactos con independentistas.

El Gobierno y el grupo parlamentario socialista han proyectado una imagen de ir a remolque, sin límites claros, en los pactos con los independentistas. Mi impresión es que, con ERC, y tras el voto negativo de ésta a la reforma laboral, el Gobierno cometió un grave error con el reconocimiento oficial y público del espionaje ilegal, incluyendo al propio presidente Sánchez, cuando hay expertos que sostienen que no es posible demostrar la infección con Pegasus. Aquello dio alas a los independentistas, al no poner pie en pared el Gobierno, sino, por el contrario, asumiendo la versión del catalangate de forma acrítica, sin exigir, ante esas extraordinarias afirmaciones, evidencias igualmente extraordinarias, como dice Carl Sagan. A partir de ahí, la deriva hacia los cambios sobre prevaricación y malversación, que han caído como una bomba. La aceptación incomprensible a Bildu de prolongar, de facto, el periodo franquista hasta 1983, es otro de los factores de alejamiento de parte del electorado y de la militancia socialista, que también contrarresta el contenido social de la legislatura. Los independentistas realmente son aliados del coaligado menor, y éste está ya en la lógica de la ruptura, sin abandonar el Consejo de Ministros.

La experiencia sobre geometría variable del Gobierno de coalición y pactos con independentistas obliga a un compromiso programático, en las próximas elecciones, con transparencia sobre el contenido y límites de las alianzas parlamentarias. Creer que el electorado tiene memoria de pez y que es la última pantalla, en este caso las pensiones, la única recordada no parece muy realista. La clave no va a estar en el destino de Sumar, sino en recuperar la confianza de la parte del electorado que rechaza o recela, con razones, de esta dinámica política.  

Me ha sorprendido en Múnich, donde estamos mi mujer y yo con la parte de nuestra familia asentada en tierra bávara, la muerte de Pedro Solbes. Me he condolido de su muerte y no sabiendo a quién transmitir mi sentimiento, amablemente elDiario.es me brinda el espacio para expresar mi pesar y lo que pienso de la figura de Pedro Solbes. Para mí, Pedro Solbes no es una figura controvertida; sino que –al contrario– su trayectoria fue para mí siempre diáfana, al menos en la parte en la que coincidimos; yo, como Secretario General de la UGT; y él, como ministro de Economía de José Luis Rodríguez Zapatero. Su visión del decurso de la economía era la que prevalecía en la UE (esperemos que los matices de ahora se conviertan en cambio de rumbo) en los primeros años del siglo XXI, que pretendía compatibilizar el objetivo del pleno empleo, como aspiración, con la estabilidad a través de la contención efectiva de la deuda y el déficit públicos, no en balde había sido con anterioridad, desde 1999 y hasta abril de 2004, Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios de la UE.

Quiero detenerme en el hecho de que cambió un puesto europeo de máximo nivel, siempre más tranquilo y mejor retribuido, por un Ministerio como el económico, en un Gobierno que empezaba su andadura tras un terrible trauma como el atentado islamista (incluso esto estaba en discusión) del 11M de 2004.

Pedro Solbes, sin embargo, y sin ser un heterodoxo de las reglas financieras de la UE, tenía la vocación de explorar y modificar los limites rígidos de la ortodoxia comunitaria y defendía la necesidad de que, a la hora de exigir el cumplimiento de los objetivos sacrosantos de déficit y deuda a los países comunitarios, sería justo y racional establecerlos en términos de ciclo económico, y no año a año, de manera tal que los países pudieran acompasar el cumplimiento de los objetivos a su dinámica económica de ciclo, con más holgura en los momentos difíciles y mayor nivel de cumplimiento en los momentos de expansión económica. Esta filosofía, que pretende ceñir los objetivos de déficit y deuda a la dinámica económica en términos de ciclo de las economías de los Estados miembros es la que parece plantearse en la actualidad para recuperar la senda de la estabilidad económica en la UE.

Sin embargo, se mostró muy cauteloso en relación con la evolución del salario mínimo en España, cuando en 2007 planteamos UGT y CCOO pactar una onda larga de crecimiento de este, para alcanzar en 2016 el 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea. El recelo respecto al salario mínimo y su impacto negativo, infundado, sobre el empleo era algo habitual en la UE, entre otras cosas porque en la locomotora europea, Alemania, el salario mínimo no se implantó hasta el 2015, debido a que “…garantiza la paz social y aporta justicia laboral…”, siendo una de las condiciones del SPD para apoyar el primer Gobierno de Merkel.

La etapa de Solbes como ministro de Economía significó un periodo positivo y casi brillante de la economía española, en términos de reducción del paro, déficit y deuda, bajando esta última a un suelo, ya irrepetible, del 38% del PIB, siendo la mota negra los bajos salarios, que torpedeaban particularmente a los jóvenes, ya que en aquella época se acuñó el término mileurista, como expresión de preocupación por la precariedad y escasos sueldos de los jóvenes.

Después nos aplastó la Gran Recesión, que no se podía tildar, despectivamente, como aquellas del efecto tequila o el efecto caipiriña, las crisis financieras parciales acaecidas en México o en Brasil, sino que se generó en el vientre del Gran Leviatán capitalista, la Bolsa de Nueva York, en 2008 y arrastró a la UE, al aumento del paro, la desigualdad y la pobreza. La UE no intentó buscar una salida autónoma y solo se preocupó de los intereses financieros de los bancos, particularmente alemanes, que nunca preguntaron dónde se invertía su dinero en el sur de Europa, sino su preocupación era la rentabilidad.

Recuerdo que en el Congreso de la UGT de 2009 recriminé la pasividad de Pedro Solbes ante lo que se abalanzaba contra la sociedad española. Cesó en el cargo algunos meses después y quien le sucedió no pudo enderezar la situación, porque no estaba en manos del Gobierno español de Zapatero, como ahora no lo está, la búsqueda autónoma de alternativas sino que estas solo pueden encontrarse en la UE.

Aquella acusación de pasividad me dejó mal sabor de boca y aún me pregunto si fue justa. En cualquier caso, aquella etapa de relación con Pedro Solbes me aporta muchas enseñanzas, porque siempre tuve la certeza de que escuchaba a una persona capaz y honesta, siendo esto más que suficiente, sino además alguien comprometido con el futuro de España.

Una vez estuve en una conferencia que él impartió, no recuerdo si aún era ministro, y coincidí tras ella con un banquero importante de Portugal, al que le pregunté por las carreteras secundarias terribles, comparables a la de los años 50 en España, que todavía y entonces existían en Portugal. Aquel banquero me aseguró que la inexistencia de una descentralización autonómica en nuestro país hermano provocaba esas deficiencias. Indirectamente, Pedro Solbes me aportó una razón más para defender el Título VIII de la Constitución Española. Por último, y lamentaría que alguien lo tome a frivolidad, soy aficionado al Real Madrid, y cada vez que contemplo enarcar las cejas a Ancelotti me provoca un cariñoso recuerdo de Pedro Solbes, que poseía el mismo ademán.

La tempestad de fuego y acero que ya va a hacer un año se está abatiendo sobre Ucrania, junto a la pandemia, ha provocado la irrupción de algunas verdades en Europa. La UE acaba de poner sobre la mesa su nueva estrategia industrial (“Plan Industrial del Pacto Verde: liderazgo de la industria europea con cero emisiones netas”) para afrontar las tres grandes crisis: climática, medioambiental y de biodiversidad. El pretendido liderazgo en la transformación verde se derrumba al evidenciarse nuestras carencias (energía, materias primas, tecnologías verdes y defensa) y la imposibilidad de recuperar el tiempo perdido en la transformación digital. 

Nuestra fe del carbonero en la globalización, que ni EEUU y ni China han secundado, nos ha dejado a merced de otros. Los dirigentes chinos han decidido además, y con razón, contradecir la inercia de las revoluciones industriales anteriores que remitía al denominado tercer mundo a ser los proveedores de materias primas, y en la disputa por la ubicación de los nuevos empleos industriales, derivados de la transformación verde y digital, va a intentar asentarlos en su territorio, gracias a su propio desarrollo tecnológico y a sus considerables reservas estratégicas de metales raros, fundamentales para la fabricación del coche eléctrico, aerogeneradores y placas fotovoltaicas. Por otro lado, el abandono en brazos de EEUU en el plano militar, a través de la OTAN, provoca que nuestro margen de maniobra sea muy estrecho para la búsqueda de salidas prontas a la guerra de Ucrania, que nos atenaza geopolíticamente. Además nos enfrentamos a la legítima tenaza de Biden, quien por un lado invierte en reafirmar su liderazgo en la Economía Digital y por otro, con su Inflation Reduction Act (IRA,) convoca con 369.000 millones de dólares a los inversores occidentales interesados en la economía verde para que se instalen en EE UU.

Este Plan industrial que inicialmente se presenta sin dinero fresco (se nutre de reajustes a partidas ya existentes) tiene el indiscutible valor de demostrar la determinación de la Comisión de seguir avanzando a pesar del sinnúmero de dificultades propias de las transformaciones ecológicas y digitales y su correlato industrial y de empleo. Cuatro son sus pilares:

• Un entorno reglamentario predecible y simplificado para movernos en el “Net Zero”, basado en: una Ley que apoye la capacidad de fabricación y los proyectos estratégicos multinacionales; una Ley de Materias Primas Críticas, para tratar de garantizar su acceso ellas; requisitos armonizados tanto de sostenibilidad y circularidad en la contratación pública, como exigir un diseño ecológico de los nuevos productos; Una reforma del  mercado de la electricidad, que la haga asequible a ciudadanos y empresas (solo un aspecto mas del Plan Verde, aunque en España el mercado eléctrico parece ocuparlo todo).

• Acceso más rápido a financiación. La Comisión se compromete a poner orden en la sopa de letras que usa para apoyar a su industria, al tiempo que llama la atención a los estados miembros que deben tener una política responsable respecto a aquello que pueden o no fabricar y financiar dentro del Pacto Verde. 

• Habilidades necesarias: Entre el 35- 40 % de todos los puestos de trabajo estará  afectado por las demandas de la transición ecológica, y habrá que desarrollar las capacidades que van a demandarse para los nuevos empleos. Toda una crítica a las universidades y centros de  FP. 

• Comercio abierto con cadenas de suministro resilientes. Se busca la cooperación mundial para que el comercio, durante la transición ecológica, funcione con arreglo a los principios de una competencia leal protegiendo el mercado único frente a las trampas en materia de subvenciones extranjeras en el sector de las tecnologías limpias (todo un mensaje ante la IRA) 

Ahora ya ha pasado el momento de las grandes declaraciones, hay una estrategia definida y solo cabe ponerse a trabajar. Quedan decisiones por tomar y ya se sabe la importancia de los detalles (¿Que tecnologías?, ¿Qué responsabilidades de los estados?, ¿Qué nuevas enseñanzas planteamos a los jóvenes?, etc), pero retengamos que estamos ante una hoja de ruta en la que los empresarios recibirán miles de millones de euros de dinero público sin ningún compromiso sobre los derechos de los 25 millones de trabajadores a los que esta política industrial va a afectar; hablamos de transición justa. La Confederación de Sindicatos Europeos  ha exigido compromisos que aseguren los derechos de los trabajadores, para lo que la aprobación de la taxonomía social UE conectada al Pilar de Derechos Sociales Europeos sería un buen instrumento. 

En España es vital un Pacto político, al menos entre los grandes partidos, Sindicatos y Patronal para alinear nuestras inversiones, y no solo las financiadas por Next Generation,  en la dirección de este Plan. A pesar del enfrentamiento y la polarización, y aunque sea machacar en hierro gélido, no dejaremos de insistir en esta necesidad. 

Escribo estas líneas sacudido por la noticia del fallecimiento de Nicolás Redondo, que nos ha dejado con 95 años, podría decirse con la vida cumplida, pero la trascendencia de su personalidad, en el presente y en la UGT de España, convierte su desaparición en un cambio de escenario al que tendremos que adaptarnos, ya que la identificación con su trayectoria sindical y política es un formidable cemento de cohesión para una organización diversa, como lo son por naturaleza los sindicatos de clase.

La figura de Nicolás Redondo, sin embargo, es imposible reducirla a la dimensión sindical, ya que su papel al frente de la UGT y también como socialista, fue muy importante para la recuperación de las libertades democráticas en España, y decisiones suyas, como la renuncia a dirigir el partido socialista en la clandestinidad, apoyando a Isidoro (Felipe González) y devolviendo la dirección al interior de la España franquista a principios de los años 70, fue un factor clave para que, años después y a partir de las elecciones generales de 1982 con el triunfo del PSOE, España acometiera un proceso de  modernización e integración en Europa.

Así como fue un factor clave desde la renuncia para la integración europea y la modernización de España, también jugó un papel decisivo desde la acción como Secretario General de la UGT-E para exigir, de forma rotunda, que los sacrificios de los trabajadores españoles por la reconversión industrial y la crisis de los años anteriores a 1986, año de nuestra incorporación a la UE, fueran reconocidos y compensados en términos de empleo, elevación de su nivel de vida y derechos laborales.

La exigencia de justicia social permanente tuvo, en la etapa de Nicolás Redondo, una fuerte dimensión a través de la negociación, con acuerdos fundamentales con la CEOE a finales de los 70 y principios de los 80 para abordar la crisis económica de la Transición, como son los acuerdos para establecer en el Estatuto de los Trabajadores los derechos laborales  y sindicales de carácter colectivo, las vacaciones de 30 días retribuidos para los trabajadores españoles, que se convirtió en ley tras un acuerdo previo sobre la duración de la jornada máxima laboral anual, el establecimiento de mecanismos de negociación, que siguen teniendo absoluta validez y lamentable actualidad, para compatibilizar la lucha contra la inflación con la preservación del poder adquisitivo de los salarios de la clase trabajadora española.

Las decisiones del segundo gobierno de Felipe González de abrir la contratación laboral a la temporalidad, que en España abrió un camino de inestabilidad laboral que la ultima reforma laboral está corrigiendo con acierto, y el intento de aplicar un plan de empleo juvenil precarizador, provocó un enrarecimiento de las relaciones entre el gobierno socialista de su segundo mandato y no solo la UGT sino del conjunto del movimiento sindical, que estalló, en 1988, en la Huelga General del 14 de Diciembre, movilización social sin parangón en la historia de los movimientos sociales de la etapa democrática de España. 

Sobre las motivaciones de esta huelga general se han producido simplificaciones, cuando no simplezas, achacando como origen el distanciamiento y las malas relaciones entre Nicolás y Felipe González, cuando los motivos eran profundamente sindicales, (ya he relatado algunos de ellos) y estos se encuadraban en una diferencia estratégica a la hora de abordar la recuperación y el crecimiento económico en la España receptora de los Fondos Europeos desde 1986. El Gobierno pretendía darle prioridad al crecimiento económico y, en un momento indeterminado en el futuro, redistribuir los frutos de ese crecimiento, mientras que la UGT y el conjunto del movimiento sindical defendíamos la necesidad de apostar por el crecimiento sin postergar la redistribución, es decir, crecer redistribuyendo. 

El 14D tuvo consecuencias sociales importantes, como la implantación en nuestro sistema público de pensiones del pilar de pensiones no contributivas, y también propició en el ámbito sindical la consolidación de la unidad de acción entre la UGT y CCOO, y a su vez determinó de manera irreversible la practica de la autonomía sindical, sacudiendo las dependencias estratégicas de los partidos políticos de la izquierda.

El ejercicio de la autonomía sindical es consecuente con la dimensión constitucional, reflejada en el artículo 7 de la Carta Magna, que otorga a los sindicatos la defensa de los intereses generales de los trabajadores. La unidad de acción sindical, que es el reconocimiento de la coincidencia estratégica en la defensa del mundo del trabajo por parte de los sindicatos, sin Nicolás Redondo probablemente no se hubiera fraguado o al menos hubiera retrasado su desarrollo. 

Nicolás Redondo, cuya trayectoria sindical y laboral era el reflejo de un sindicalismo de corte industrial y masculino, reflejo también de la estructura laboral de la dictadura, es también un gran modernizador de las estructuras sindicales, abriéndolas a una mayoritaria presencia de los sectores de servicios, y a la irrupción irrefrenable de la mujer en el mundo del trabajo, que es probablemente el mayor impacto social de la Transición y del desarrollo democrático de la sociedad española frente al franquismo.

Nicolás Redondo, en su faceta personal, puede definirse como coherente y combativo, y su comportamiento estaba marcado por estos rasgos de su carácter, y profundamente imbuido de la capacidad de transformación social de las ideas y los valores, por encima de los intereses creados, y como palancas para abordar democráticamente el conflicto de intereses y su gestión en una sociedad democrática, cuya esencia es la gestión en libertad de dicho conflicto. 

Esos dos rasgos le hacían ser muy exigente, consigo mismo y con los gobernantes. La defensa de la dimensión social de la Constitución - Nicolás era un férreo defensor de la Constitución Española en su integridad- le hizo oponerse, como diputado y con su voto, a la primera reforma de pensiones del Gobierno Socialista, y dejar el escaño por Vizcaya, en 1987, para que se hiciera bien visible su exclusiva supeditación a la causa de los trabajadores y a la UGT.

Nicolás tenia un gran temperamento, no se andaba con paños calientes en las discusiones, pero sobre todo era un hombre bueno, en el sentido machadiano de la palabra. Tenía una gran veneración por su padre, y eso le llevaba a sacar a colación en algunas de las muchas conversaciones que hemos mantenido a lo largo de más de 40 años, la coincidencia en la persecución y condenas franquistas por ser ugetistas, de su padre y el mío, al que él conoció personalmente.

Mi decisión de presentarme a la Secretaría General contó con su inspiración y apoyo, y, sobre todo, conté con su aliento y el apoyo de su equipo, en la primera etapa de mi andadura como Secretario General, particularmente complicada. El hecho de ser el sucesor de Nicolás Redondo ha marcado mi ejecutoria como sindicalista y como persona. Siempre estará presente en mi corazón y en mi memoria.

El presidente del Gobierno afirmó acertadamente que la empatía “la dan los hechos” en una reciente entrevista porque la ciudadanía espera resultados de la acción de gobierno y no tanto sonrisas, aunque nunca sobren.

El Presidente andaluz, conocido por su empático hipocorístico 'Juanma', ha suprimido el Impuesto de Patrimonio, acreditando con este hecho empatía con el 0,2% de los contribuyentes y no con el 99,8% restantes. El patrimonio declarado de ese infinitesimal colectivo (2,74 millones de euros de media y casi 17.000 contribuyentes) es equivalente a la suma de la renta media (9.915 euros) de más de la mitad de los ocho millones y medio de andaluces.

Un regalo fiscal unido a un doble objetivo: competir con Madrid y atraer rentas altas de Cataluña, la tercera y cuarta comunidad en nivel de renta de España, siendo Andalucía la penúltima. Andalucía es una comunidad autónoma de las más beneficiadas, por razones de equidad, en las transferencias de fondos europeos y españoles, financiados con impuestos de millones de ciudadanos que observarán escandalizados, sobre todo desde la UE, la participación del gobierno andaluz en esta alocada carrera de rebajas fiscales.

Los impuestos directos e indirectos suponen para Madrid casi el doble de ingresos por habitante que para Andalucía (3480 y 1948 euros), colchón con el que el gobierno de Madrid absorbe, a costa de la desigualdad y los servicios públicos, sus ocurrencias fiscales.

La trashumancia de ricos catalanes a los pastos fiscales andaluces y su traducción en empleo no solo depende de la fiscalidad, sino de factores más importantes como la formación y la conectividad digital, la cercanía a los mercados o la infraestructura de transporte por mencionar algunos. Al final, todo se reducirá a un regalo fiscal a un grupo minúsculo de poderosos contribuyentes, y a un obstáculo, por la reacción hostil que ha provocado, a la aproximación política que a través de “la cordialidad lingüística” pretende el señor Feijóo respecto a Cataluña. 

La empatía la dan los hechos, que en España se han traducido en un aluvión de medidas laborales, empresariales y sociales adoptadas por el Ejecutivo de coalición, el último paquete del proyecto de Presupuestos 2022, con el soporte de los Fondos Next Generation y el aval de la Comisión Europea, asentando un escudo social con un sentido europeo radicalmente opuesto al despiadado tratamiento fiscal impuesto al sur de Europa en la gran recesión, y que supone un giro copernicano al tratamiento de las crisis económicas en la UE. La valoración ciudadana está a favor, de forma abrumadora, de estas medidas.

Esto es así y, sin embargo, no se traduce en incremento de apoyos al Gobierno en las encuestas, que lo que muestran es una subida impactante del bloque político de las derechas, y un estancamiento con deslizamiento a la baja de los partidos del Gobierno. Más preocupante que las encuestas son los resultados de las elecciones autonómicas celebradas a partir del 2020, seis, y en las que ha participado más del 60% del electorado español, con resultados malos, salvo en Cataluña, y desastrosos en Andalucía, para los partidos coaligados. Sucumbir a la tentación de remitirlos a la dinámica política autonómica sería un error de bulto porque en estos años de pandemia, postpandemia y guerra de Ucrania, la visibilidad y las actuaciones del Gobierno han tenido gran incidencia y visibilidad en todos los territorios.

El Gobierno y el partido mayoritario de la coalición han reaccionado desde julio, pero sin conseguir dar un giro significativo, que, a mi entender, lo frena sobre todo la percepción social de que hay una clara supeditación de la acción parlamentaria a los independentistas. No ayuda tampoco el ruido en la coalición, explicable por ser esta fórmula inédita hasta ahora. El Gobierno no parece estar en disposición de corregir estos factores clave, sobre todo el primero, pero sí podría evaluar algo de su competencia exclusiva, cual es la estrategia de comunicación.

Esta está basada en identificar a las clases medias trabajadoras como objetivo central de las decisiones del Gobierno y hacer pasar por “insolvente” al candidato del principal partido de la oposición, estando este al servicio de poderosos “poderes ocultos”. Estos poderes, evidentes, que no ocultos, no impidieron que Pedro Sánchez fuera reelegido Secretario General (en aquella campaña de partido ya se utilizó el argumento de los poderes ocultos), que ganara la moción de censura, y tras ella alcanzara la victoria en las dos elecciones de 2019.

Esta estrategia, a mi juicio, se ha convertido en una horca caudina para la acción de gobierno, porque reduce, sin necesidad, la amplitud descriptiva de la acción de gobierno vinculándola a las clases medias trabajadoras, porque puede deducirse que se excluyen a profesionales y trabajadores que están altamente cualificados, o trabajadores con sueldos bajos que, en ocasiones, rozan el umbral de la pobreza, entre ellos cientos de miles de titulados universitarios.

La dialéctica sobre los poderosos poderes ocultos, utilizados como coordenadas políticas para referenciar a la derecha, puede ser eficaz en la oposición, pero en el Gobierno es muy engorrosa de mantener, ya que tiene que compatibilizarse con entrevistas con fondos de inversión, más poderosos y menos evidentes que los autóctonos, o con peticiones publicas de alianza con grandes bancos, que, efectivamente, son necesarias para, a través de la colaboración público-privada, financiar la revolución digital o la transformación verde.  

A finales del año pasado se publicó una separata en papel donde el Gobierno, junto a la Patronal y la flor y nata del Ibex35 explicaba en distintos artículos cuáles son las claves de la recuperación económica en 2022. Esta publicación, que aúna opiniones del Gobierno y grandes empresas es razonable y más necesaria aún en el contexto de la guerra de Ucrania. Lo único sorprendente es que el patrocinio económico de la publicación era de Correos, empresa pública emblemática con fuertes pérdidas económicas y deficiencias de gestión, situación contra la cual, con toda justicia, están movilizándose UGT y CCOO de Correos con argumentos irrefutables alertando del grave riesgo de que la situación se torne irreversible. 

En conclusión, la estrategia de comunicación tiene flancos tan débiles que afloran por una mera opinión discrepante sobre las cualidades de Feijóo o decisiones fiscales de carácter temporal por parte de presidentes autonómicos con elecciones a menos de un año. ¿No sería más productivo explicar sencilla, profunda y machaconamente los resultados sociales y económicos de la acción de gobierno, partiendo de la base de que la inteligencia promedio de la sociedad española no es muy distinta de la de sus gobernantes? No sólo está en juego la mayoría actual de gobierno, sino la consolidación de una política laboral, social y económica alternativa, más eficiente y humana, aplicada en esta crisis y opuesta a otras anteriores. Si se produjera el cambio legítimo y democrático de gobierno, el riesgo de una vuelta a las recetas fracasadas de siempre sería muy alto, que solo la eventual oposición de la UE podría evitar. Aún resta más de un año para cambiar la percepción de la sociedad española.  

El próximo año se cumplirán 50 del poemario Letras de Emergencia, de Benedetti, que incluye el poema Vamos Juntos, emblema de la lucha obrera por la libertad y la transformación social. Es evidente en España el protagonismo de la clase trabajadora en la recuperación democrática y su influencia en el contenido de la Constitución del 78. Lo que no es tan evidente es su presencia activa, en su diversidad laboral y profesional, donde se debaten y deciden las leyes para el cambio social, en parlamentos y consejos de ministros. Se podrían decir que en estos años quienes pueden son unos, y quienes quieren, porque lo necesitan y son la gran mayoría, la transformación social, siguen siendo otros. 

Michael Sandel, en su libro La Tiranía del Mérito resalta como a comienzos del nuevo milenio, en el Congreso, Senado y consejos de ministros hay una presencia abrumadora de graduados universitarios y una ausencia práctica de presencia, en relación con la actividad laboral o profesional, de los dos tercios de ciudadanos estadounidenses que carecen de estudios universitarios. La práctica ausencia de personas sin titulación universitaria en los parlamentos o consejos de ministros es ciertamente característica de esta era meritocrática, pero no es un fenómeno sin precedentes. De hecho, causa más que ligera inquietud comprobar que se trata de una vuelta a la situación imperante antes de que comenzara a extenderse el derecho al voto a la mayoría de la población. Es decir, el sufragio universal ha sido un éxito en términos de participación de todas las clases sociales en la votación, pero los elegibles no reproducen el universo de la diversidad profesional o laboral de la población. 

En España la situación es similar. La información publicada sobre el perfil profesional de nuestros diputados es abrumadoramente universitaria, creo que hay solo una diputada que se autoidentifica como empleada de fábrica, y un diputado vinculado a la formación profesional. En la actualidad, está claro que tiene mucha incidencia, afortunadamente, la variante de género, pero las variantes de titulación académica y clase social, en los partidos de la izquierda, por supuesto tampoco los de derechas, no se contemplan.

Hace algunos años, ya no era responsable de UGT-E, fui invitado a una cena en el Círculo Ecuestre de Barcelona, por parte de una asociación de jóvenes titulados universitarios. Aquella fue una cena con los postres atragantados por la sinceridad. Recibí una andanada de críticas, casi ninguna benevolente y bastantes con razón, del papel de los sindicatos y por lo tanto, de mis más de 20 años de trayectoria al frente de la UGT-E. Mi interés no era tanto contrarrestar críticas, sí aceptarlas, sino saber cuál era su situación laboral. Y me encontré que la mayoría eran de consultorías, banca, fondos, etc. Solo había alguien de una empresa emergente, creo teleco, que se ganaba la vida con cosas tangibles. Todos tenían problemas de sueldos, pero sobre todo de horarios y casi ninguno estaba satisfecho. 

Este año recibí una invitación para visitar un centro educativo en un barrio obrero, de la Fundación Padre Llanos. Lo más importante para mí fue el encuentro con chicas y chicos, de en torno a 16 años y de distintas nacionalidades de origen, todos españoles, estudiantes de Formación Profesional, que me hicieron una serie de preguntas, muy meditadas y bastante aceradas. Me acuerdo de las preguntas, pero no de la desolación de mis respuestas. Después, los directivos del centro me invitaron a comer en la escuela de hostelería, y pude ahondar, cavilando, en que no son visibles estas situaciones. Y llegué a la conclusión, semanas después, de que lo que oí a un buen periodista hablando de los problemas de los agricultores y de sus dificultades para que se supiera lo que les pasaba en esta crisis alimentaria y en relación al cambio climático, era aplicable a estos adolescentes porque no son, y probablemente no serán, visibles. Después de esta experiencia me dije, estas chicas y chicos que están aquí en enseñanza secundaria o Formación Profesional tienen que ser decisivos en construir el futuro de España, y tienen derecho democrático a representar sus esperanzas y sus modos de vida, más allá de las redes sociales, como pensé de los del Círculo Ecuestre de Barcelona, aunque estos tienen muchas más posibilidades de acceder a puestos de representación democrática, debido a su titulación.

En España y en la UE, donde la extrema derecha tiene bastante éxito entre los nuevos votantes y la izquierda tiene dificultades en conectar de forma estable con la mayoría social, creo que el aspecto de la composición de las listas hay que considerarlo. ¿Su composición va a seguir siendo de universitarios y la prioridad, estar más pendientes de lo que piensan los dirigentes que confeccionan las listas, que de lo que piensan y sienten los que votan? ¿No hay hueco en la representación para profesionales digitales, camareros, especialistas del automóvil, profesionales de la construcción?, por citar algunas profesiones. ¿No es esto una restricción de facto del sufragio universal, merced al cual todos, a partir de la edad legal, tienen derecho a elegir y a ser elegidos? El presidente del Gobierno insiste en sus mensajes en los últimos tiempos en que sus políticas están dirigidas a las clases medias trabajadoras, totalmente cierto; luego sería razonable que los destinatarios de dichas políticas tengan más participación legislativa y en su ejecución, a partir de este ciclo electoral.

'Hannibal ad portas' era la frase que expresaba el pánico romano ante la derrota de su ejército en la batalla de Cannas. Aníbal no atacó Roma, siendo después aplastado en Zama, territorio cartaginés, por Escipión el Africano. Este inicio se debe a que quedé bastante perplejo por el discurso del presidente del Gobierno, por extraño al contenido previsible del Comité Federal del PSOE. Sin embargo, he llegado a la conclusión de que refleja su conciencia por la grave situación del partido del Gobierno y del propio Gobierno, y de la certeza de que Feijóo no se va a quedar a las puertas del triunfo electoral dentro de año y medio, después de su abultado triunfo en Andalucía (su Cannas político). Y el asentimiento, sin fisuras ni protestas, del Comité Federal es el reflejo de la honda preocupación, rayana en el pánico, que el resultado en Andalucía y lo que indican las encuestas ha provocado entre los dirigentes del partido. Por esta razón no ha habido ni resistencia a los cambios de la ejecutiva ni a la forma de consumarlos, a menos de un año del congreso. “No hay que distraerse en clave interna…”, afirmó en relación con el Comité Federal García-Page.

A este estado de conciencia y honda preocupación por el declive electoral responde el presidente con una propuesta política en el plano organizativo y con un eje claro de acción de Gobierno, borroso hasta la fecha entre la insistencia en cuántas, muchas, iniciativas legislativas, aprobadas sin evaluaciones posteriores, o de cifras –a veces mareantes– de euros a invertir, estrategia poco eficaz para resaltar el escudo social y el contraste con los duros ajustes de la anterior crisis comandada por el PP, que siguió sin rechistar las ominosas directrices de la Comisión Europea para imponer sacrificios brutales a los trabajadores, pensionistas y las capas mas vulnerables de la sociedad.

El eje de la acción de gobierno va a ser, según el presidente, el cambio climático, de trágica actualidad por la oleada de incendios en España y Europa, una clara posición de solidaridad pero no de sumisión con la UE –de ahí la negativa a la reducción voluntaria del gas, para realzar la defensa de los intereses nacionales ante la opinión pública– e iniciativas de redistribución de las cargas de la crisis con decisiones, aún por precisar, para que la gran banca y las grandes energéticas y eléctricas aporten en la financiación de las ayudas a los mas vulnerables mas de lo que han hecho hasta la fecha.

Sin duda, estas iniciativas van a polarizar el debate social y político, y particularmente el impuesto a la banca puede generar una dinámica, junto a la defensa de nuestra capacidad de consumo energético respecto a la UE, que haga a las clases medias mirar con otros ojos al Gobierno. Con estas medidas sus cargas se aliviarían en la lucha contra la crisis de una forma mas racional que las rebajas de impuestos que plantea el PP, que junto a los beneficios empresariales sí que pueden provocar la segunda ronda inflacionaria, ya que los salarios siguen en una sangría de perdida de poder adquisitivo. El PP, por lo tanto, puede estar en una posición más complicada que hasta ahora, que se ha limitado, tras las elecciones andaluzas del 19J particularmente, a verlas venir engordando sus expectativas.

En el plano organizativo, el Comité Federal ha asumido que la numerosa Ejecutiva Federal sea sustituida, de facto, por un equipo en torno al secretario general de nueve personas, y un puntal de apoyo al secretario de organización con un ejecutivo adjunto al mismo. Este equipo coordinará el eje gobierno-parlamento-partido, y la actual vicesecretaria general será, desde el Gobierno, a su vez, el punto de unión con Yolanda Díaz –“tengo mejor relación con ella (...) no sólo compartimos proyecto político”, acaba de declarar estos días– que tendrá que concienciar al coaligado de que las graves dificultades de la sociedad española exigen unidad en el Ejecutivo.

Todo esto lo resumiría en dos conclusiones: la primera, que el partido se ha puesto detrás del presidente del Gobierno; y dos, que hay una estrategia apuntada clara para lo que resta de legislatura.

Ahora bien, las interrogantes son muchas: ¿Será eficaz mantener la compatibilidad personal en la acción de Gobierno y la del partido? ¿Esta acción de Gobierno reforzará las propuestas locales y autonómicas o no será así, como ocurrió en las últimas elecciones? ¿Cómo asegurar que el cambio climático sea el eje vertebrador de la política general del Gobierno, y su integración, esencial, con la transformación digital y el empleo con derechos, que no va a ser una consecuencia mecánica de ambas? ¿Cómo gestionar la tensión con la UE, manteniendo posturas distintas y distantes en energía nuclear y gas, sin dificultar la gestión de los fondos europeos Next Generation, que son la base financiera de nuestra estrategia de transformación?

En definitiva, ¿funcionará y se recuperará el voto perdido entre las clases medias trabajadoras? Por último, ¿cuáles serán las consecuencias de esta dinámica para la cultura democrática del partido?

Hay más de 375  crímenes de ETA de los que aún se desconocen sus autores materiales e intelectuales, y por lo tanto no se han producido los actos imprescindibles de justicia y reparación, puesto que la verdad de la inhumanidad de la banda terrorista sí es suficientemente conocida.

Ya han pasado 10 años desde que ETA dejara de matar, y durante este tiempo ha gobernado el Partido Popular, por mayoría absoluta hasta 2015, y con mayoría relativa hasta 2018, año del voto de censura, con el apoyo de Cs y PNV.

La Presidencia de Pedro Sánchez ha cumplido cuatro años, y por lo tanto, no parece razonable intentar achacar el retraso en la imprescindible labor de aclarar los crímenes a éste, salvo que en un reparto aritmético del tiempo transcurrido le achaquemos el 60% del retraso a Mariano Rajoy y al PP. Hago esta consideración, porque he oído a un notorio dirigente del PP intentar justificar la errónea, a mí me lo parece, intervención de la portavoz Gamarra, con este argumento de la justicia y reparación pendiente, y, a su vez, sobre esta base prometer la derogación de la Ley de Memoria Democrática, que aun no está aprobada y publicada en el BOE. 

Antes de nada, quiero afirmar que soy partidario de que esa Ley salga adelante, y tengo razones personales profundas para hacer esta afirmación. A mi padre, Cándido Méndez Núñez, lo condenaron a muerte en juicio sumarísimo los rebeldes nacionalcatólicos golpistas por el sarcástico delito de Adhesión a la Rebelión Militar el 13 de diciembre de 1939, y conmutada a 30 años el 19 de septiembre de 1940. Yo no conocía estas fechas, (mi padre nunca me las mencionó) por lo que quiero agradecer a Fernando Barrero Arzac su investigación sobre los sucesos acaecidos en el frente de Extremadura en los días finales de la Guerra Civil y la persecución y apresamiento de los defensores de la República, de los que mi padre es uno de tantos.

El proyecto de ley, que conozco aunque no sé si suficiente, incorpora la ilegalización, entre otros importantes contenidos, de los juicios franquistas, y profundiza en la necesidad de seguir localizando, e identificando, los cuerpos de los aproximadamente 114.000 fusilados que aún yacen en las cunetas, merecedores del póstumo derecho a que se les reconozca públicamente su dignidad, que nunca perdieron, y se repare el sufrimiento de sus familias, aunque hayan pasado más de 80 años, porque el tiempo transcurrido no puede ser una excusa para discriminar a las víctimas.

A continuación, quiero manifestar que comprendo la preocupación de los que firmaron el manifiesto que tanta polémica ha provocado, al menos en lo referente a los firmantes socialistas, y alguno que no lo es. He leído el manifiesto, y sé que se ha elaborado desde la buena fe y desde el mejor sentido histórico de nuestra Transición, y no me quiero arrogar ninguna interpretación e intencionalidad de éste, ya que cada firmante, probablemente tenga las suyas, o al menos matices importantes. Por esa razón soy muy cauteloso a la hora de firmar manifiestos, cosa que, en general, no hago. 

Comprender e incluso compartir la preocupación de los firmantes se asienta en la interpretación que la portavoz de Bildu hace de la transaccional aceptada como adicional XX del proyecto, cuando ha afirmado que se trata de “poner en jaque el relato de una Transición Ejemplar”. Creo que en la negociación de esta transaccional se ha confundido precio y valor, ya que el precio del apoyo de los 5 diputados de Bildu, para éstos tiene el inmenso valor de darles un asidero para intentar, infructuosamente espero, explicar que ETA, tras 1978, siguió matando por ser nuestra democracia de “escasa calidad”. Soy consciente de la endiablada aritmética parlamentaria, que se agrava por la frialdad que, ante esta deuda histórica pendiente en España, muestran reiteradamente los partidos políticos de la derecha española 

Los firmantes del manifiesto al final exigen “…el replanteamiento del Proyecto de Ley…”. He buscado sinónimos de replantear y de derogar, ambas palabras tienen bastantes, pero en ningún caso derogar es sinónimo de replantear.

A mi juicio esta es una buena ley, muy necesaria para terminar con lo que se inició con los primeros gobiernos democráticos, se intensificó con Felipe González y se enmarcó jurídicamente de forma apropiada con la Ley de Zapatero. Sin embargo, creo que la disposición adicional XX es absolutamente prescindible, no tanto por su contenido literal sino por la puerta interpretativa que propicia, y que inquieta, con razón, a muchos buenos demócratas de mi generación, más aún con el tantarantán que sobre el Régimen del 78 hemos tenido que soportar en los últimos 10 años.

Creo que el presidente del Gobierno debería recibir a los firmantes del manifiesto, tranquilizarles respecto al objetivo y desarrollo de la ley, y acelerar la ejecución de esta, que es la mejor manera de despejar dudas e incertidumbres, aunque el desarrollo de las leyes es el talón de Aquiles de nuestro marco jurídico desde el inicio de nuestra democracia, como acertadamente Carlos Sebastián, en su libro España Estancada, publicado en 2016, advierte.

Mi sensación es que esta reunión, sobre todo con los socialistas firmantes, serían una buena contribución para enviar un mensaje de unidad, ya que la imagen pública no es lo suficientemente sólida en este aspecto, mientras que el PP ha recuperado su unidad hacia afuera con el presidente Feijóo. El debate último, positivo para el Gobierno y para el PSOE, donde hemos encontrado un pie de apoyo para superar el trauma de Andalucía, no debe hacernos creer que las peligrosas curvas del camino próximo se han enderezado.

“La propaganda” es el nombre de un documental norcoreano que se conoció en el 2012 en Occidente, en el que se pretende demostrar cómo se lava el cerebro a los ciudadanos en EEUU. Los aspectos que denuncia, el consumismo desaforado, las banalidades políticas o la obsesión por los medios de comunicación, entre otros, hipnotizan e impactan a gran parte de los occidentales que lo ven. Realmente el documental lo hizo un joven cineasta neozelandés, Slavko Martinov y es una denuncia, desde Occidente, de algunos aspectos de nuestro modo de vida, es por lo tanto “…una verdad disfrazada que nos arrastra…”. 

Diez años después, y aquí en España, la banalización de la política y la obsesión por los medios de comunicación y las redes sociales ha alcanzado unas cotas muy preocupantes en la dinámica y los mensajes políticos, y también en la dimensión más sensible para nuestro presente y futuro, que es la acción del Gobierno de España. La impresión que éste traslada es que es más importante el denominado impacto de imagen que las consecuencias de la gestión gubernamental, de forma tal que el presente mediático se impone sobre los resultados sociales futuros, es decir el mensaje mediático sobre las consecuencias de la acción de gobierno. Esta circunstancia, paradójicamente, está empequeñeciendo y malbaratando decisiones políticas trascendentes como pueden ser las relacionadas con el denominado escudo social o la reforma laboral, al inflarse las expectativas a través de los anuncios gubernamentales. Un ejemplo, una buena negociación con la UE para la excepción ibérica sobre el precio del gas queda menoscabada cuando se anuncian unas reducciones del precio que no se verifican en la realidad, entre otras razones porque la evolución del precio del gas tiene poco que ver con los deseos del Gobierno de España, y es frustración lo que se provoca en gran parte de la sociedad española.

Un problema que hay que intentar soslayar en la negociación de los convenios colectivos, y alguna experiencia tiene quien esto escribe, es que los trabajadores retengan lo que al inicio de la negociación se reivindica y comparen el resultado, no con la base de la que se partía, sino con lo que exigías, que en raras ocasiones se alcanza.

Las expectativas que el propio Gobierno está generando con la reforma laboral, en términos de empleo y reducción de la precariedad, es probable que provoquen, cuando tengamos más perspectiva temporal, un deterioro de la valoración publica de un buen acuerdo por atribuirle efectos que no tiene, como es un impacto decisivo en la creación de empleo, que deriva sobre todo de la actividad económica, o confundir reducción de la temporalidad con reducción de la precariedad. 

En Andalucía, el PP ha conseguido la mayoría absoluta, frenando a la ultraderecha de Vox. Para el PSOE intentar identificar, exclusivamente, estos resultados como consecuencia de factores reales como el conocimiento insuficiente del candidato, un buen candidato por cierto, o las deficiencias en la labor de oposición del grupo socialista en el Parlamento andaluz, sería, además de una injusticia, un error de bulto en el análisis de los resultados, que también son consecuencia de la política y la estrategia de alianzas del gobierno de Pedro Sánchez, y por lo tanto podemos afirmar que Andalucía le rinde un nuevo servicio al partido socialista, avisándolo de lo que tiene que corregir con urgencia, si no quiere precipitarse al abismo en las siguientes convocatorias electorales. Además, todavía queda tiempo, año y medio de legislatura, para dar un golpe de timón.

A mi juicio hay un tema fundamental, que es la percepción, extendida, de que el Gobierno tiene una fuerte supeditación con los partidos independentistas, en particular con ERC sobre todo a raíz de la desacertada estrategia que el Gobierno ha seguido con el caso Pegasus, comprando una versión del mismo que nunca debía haber aceptado, y para más inri, publicitando urbi et orbe el espionaje al presidente, no sé si para contentarlos mostrando que del espionaje no se libra nadie, sin, a continuación haber ejercido la transparencia en relación con los contenidos espiados. 

¿Qué tiene esto que ver con Andalucía?, bastante, ya que, a primeros del mes de junio, se publicó en El País, un análisis muy interesante de cómo se ha producido una auto ubicación de los ciudadanos andaluces, de toda edad y sexo, más a la derecha. Dice literalmente dicho análisis: “…la crisis catalana (el golpe independentista de 2017) se antoja uno de los motores del vuelco a la derecha en Andalucía”. El gobierno de la Nación ha aportado un contorno a las elecciones andaluzas, con una vertiente positiva, el escudo social y un aspecto negativo, la imagen de supeditación a los independentistas, lo que ha ahuyentado al electorado templado. ¿Cómo es posible que, tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso con la oposición del bloque independentista, el Gobierno no haya reflexionado, actuando en consecuencia, sobre la reforma laboral, uno de los mayores activos sociales del Gobierno, si Casero no se hubiera equivocado de botón?

El resultado no es lo inexplicable, ya que lo anticipaban la mayoría de los sondeos que se han quedado cortos, sino la orientación de la campaña del partido del gobierno de España, el PSOE. Esta ha sido la continuación de la ¿lógica? que debió de inspirar la foto de las banderas de septiembre del pasado año, increíble acto de reconocimiento de Ayuso como interlocutora y antagonista del presidente del Gobierno. Una reunión de colaboración para doblegar la curva de la pandemia se convirtió en trampolín de la Sra. Ayuso, a la que, como dice con sorna un amigo mío, la Presidencia del Gobierno de España la convirtió en “figura del toreo”.

El efecto ha sido de tal calibre que el partido más votado en las anteriores elecciones ya salió como virtual perdedor, de forma tal que se renunció al objetivo de ganar las elecciones para ser el primero entre los perdedores. Ese es un traje que nunca le ha sentado bien al PSOE. Es inexplicable que, con ese objetivo real, el sedicente era el de ganar al PP, se haya incrustado el presidente del Gobierno en la campaña, y tras el episodio de las cartas amenazantes con balas y una navaja, también lo hicieran el ministro del Interior y la directora de la Guardia Civil, cosa absolutamente insólita en cualquier circunstancia y particularmente en unas elecciones autonómicas. A su vez, el episodio de las amenazas, extendido posteriormente a la propia presidenta Ayuso y al expresidente Zapatero, convierte la defensa de la democracia, al parecer en peligro, como objetivo central.

La consecuencia inmediata fue la de renunciar a lo que debería ser el núcleo del debate político, análisis crítico de las políticas concretas del gobierno de Madrid, defensa de alternativas en su marco competencial, todo enmarcado en los problemas, muchos, de Madrid, y las potencialidades, también muchas, de la comunidad autónoma (Más Madrid con esa orientación de campaña se ha visto justamente premiada en las elecciones). Aquello por lo que anhelaban los spindoctors de la Sra. Ayuso, que no se hablara de la gestión porque se vería la fragilidad de ésta, se lo encontraron hecho por el propio gobierno de España, y así se pasó a confrontar el binomio Libertad Seguridad de Ayuso con Democracia de Pedro Sánchez. Honestamente pienso que se confrontaban eslóganes, en este caso no valores, propios de la dinámica política de la posverdad, por parte de los spindoctors respectivos.

Se dice que la posverdad tiene éxito porque pretende trasladar al elector, con frases simples, una doble protección, la de la seguridad y la de evitarle malas noticias, lo que se cumplía casi al pie de la letra en el caso de Ayuso, donde la libertad viene acompañada del alivio de poder tomar una caña para una población agobiada por la pandemia. En el caso del gobierno, poner en cuestión, por la irrupción de un partido de extrema derecha, la estabilidad de la democracia es un error de bulto, más aún esgrimido este temor por el representante del partido que más años ha gobernado la joven democracia española, lo que puede llevar a cualquiera a preguntarse a qué se ha dedicado este partido en todos sus años de gobierno. Este eslogan, por lo tanto, no transmitía seguridad, sino lo contrario, sensación que se reforzaba con la gestión política deplorable que se ha hecho de las cartas amenazantes, que existen y merecen todo el rechazo y de forma unánime, cuando la presencia en mítines de los representantes del Gobierno, mencionados anteriormente, sugería más necesitar ser protegidos que capacidad para ofrecer protección. Reflexión aparte merece la sonrojante foto de la Ministra de Industria, asiendo una foto de la navaja que le remitieron. Qué pensarían los centenares de miles de personas, trabajadores y empresarios, de comercio, hostelería, turismo e industria la mayoría trabajadoras en el caso del turismo y hostelería, que están englobados en ese ministerio de industria, en relación con la atención que sus problemas le merecen a la titular de este. Que el líder del partido coaligado del gobierno se haya metido hasta el tuétano en la campaña tiene una explicación, la de salvar los muebles en esta campaña, cosa que ha hecho, pero sigo sin encontrar una explicación razonable, o no, a la orientación de la campaña del PSOE, y creo que la atribución de daños y responsabilidades no puede limitarse al PSM. La estrategia de campaña de los spindoctors ha sido muy distinta en el caso del PSOE y del PP. En el primero se ha diseñado una campaña alejada de los contenidos concretos, pero también ajena a las características personales del candidato, dotado de las mejores cualidades a priori para el clima político existente en Madrid, cosa que desgraciadamente, y de manera inexplicable Gabilondo ha asumido. Se ha supeditado la política y la persona a la estrategia de comunicación. El spindoctor del PP ha diseñado una campaña alejada de los contenidos concretos, pero estrechamente orientada a aprovechar las características personales de la candidata, es decir se ha supeditado la estrategia de comunicación a la política y las características de la personal. Ahí están los resultados.

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Lo es, y si puede gobernar será un buen presidente para la Comunidad, que está, desde que Gallardón dio paso a Esperanza Aguirre, es decir 18 años, cercada y ahíta por las estridencias, escándalos, corrupción y maltrato a los servicios públicos, y necesita, con urgencia una pasada por la moderación, las buenas formas, la profundidad y el sosiego en la definición de las políticas, y un rescate de nuestros vapuleados servicios públicos. Ángel Gabilondo tiene todas estas características, que también las necesita España desde la Comunidad de Madrid. La Sra. Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, es una adversaria política formidable, a la que se la ha infravalorado, de forma boba, por los partidos de izquierda, y, paradójicamente, con una gestión plagada de errores graves en relación con la covid, y con una imagen atrabiliaria en la prensa europea de Madrid, como el Paraíso de las copas en época de pandemia , ha incrementado notablemente, al menos las encuestas así lo evidencian y todo parece apuntar que es muy real, sus apoyos electorales. Esto se suele endosar al debe de la portavocía de Gabilondo, y por eso hay militantes de la izda. que piensan que ya ha pasado su tiempo y que, además, en términos coloquiales, está “quemado”, La verdad es que no es difícil llegar a la conclusión que está quemado, ya que ha tenido que caminar sobre brasas ardientes, que es una práctica de algunos pueblos de España, que al parecer, sirve para elevar los espíritus de quienes atraviesan esos braseros, y hasta tal punto los eleva que no se queman, incluso con una persona a cuestas. Ángel Gabilondo lleva atravesando las brasas no con una persona a cuestas, sino a veces con dos, e incluso tres personas a la vez, figuradamente hablando. Lo que quiero decir es que Ángel Gabilondo ha tenido que soportar el peso de tres errores del partido socialista, que por separado tendrían un peso más o menos llevadero pero que en conjunto son una verdadera losa, muy difícil de conllevar. Estos tres errores pueden deberse, a mi juicio, a una falta de estrategia del partido para Madrid, o, a una estrategia gravemente errónea para Madrid consistente en darle cancha a la presidenta Ayuso, con el objetivo de debilitar la posición de Casado al frente del PP, cosa para la que tampoco necesita mucha ayuda. Los tres errores son los siguiente. La designación como delegado del gobierno del Secretario General del Partido, con lo que se ha anulado, en la práctica, la labor opositora del partido ante la sociedad, necesariamente complementaria de la del Portavoz en la Asamblea de Madrid. En vez de corregir esta situación, removiendo de su confortable recostamiento en la Moncloa a la Secretaría General del PSM, se busca un alter ego para la Asamblea más incisivo, supuestamente, a Gabilondo, y se presenta de tal manera que se anula el pretendido objetivo desde el mismo inicio de la operación, menoscabándose la figura del Portavoz, por el propio partido al que representa. El tercero, ultimo, pero no menos importante, la reunión en la sede del gobierno madrileño, rodeados por un apretado bosque de banderas, del presidente del Gobierno con la presidenta Ayuso, a la que se le concede, gratis et amore, un rango de interlocución con el Gobierno de España, que lógicamente ha hecho bien en aprovechar. 

Se ha vuelto, con justicia, a nombrar candidato a Ángel Gabilondo, y, más allá del porqué de esta decisión creo que hay que echar toda la carne en el asador en estas elecciones para alcanzar el gobierno de Madrid. Pienso que hay que explicar a los madrileños que no hay falsas disyuntivas, que no caigan en trampantojos, ya que nuestras libertades públicas las garantiza la constitución y el cumplimiento de las leyes, pero sí hay una bifurcación de caminos en estas elecciones. Uno nos adentra en un sendero de resolución de los problemas de las personas, de alejamiento del ruido, la furia y la política trumpiana del Twitter. El otro nos adentra en una lógica de gobierno en coalición con la extrema derecha, legitima si así lo deciden los ciudadanos, pero que nos aleja de los fundamentes democráticos y de defensa de la libertad personal y colectiva, a través de los cuales nos hemos ido acercando a la Europa más libre, respetuosa con la diversidad y más próspera. En estas elecciones sí que se puede abrir un camino sombrío, para Madrid y para España, o, bien por el contrario, abortar democrática y decididamente, una deriva de retrocesos en derechos civiles, laborales y democráticos. Honestamente creo que esta es la disyuntiva real a la que nos enfrentamos, y no debería minusvalorarse el calado de este envite democrático. La Sra. Ayuso lo tiene claro, por Madrid y por España. Esperemos que los demás lo tengan igual de claro, por Madrid y por España.