“¿No hay agua? ¡Qué beban petróleo!”. Con este lema gigante pintado en el mismo lecho de un río seco en el sur de Francia, una gran campaña de movilización ha logrado una potentísima imagen que simboliza la dramática situación de sequía en toda Europa este verano. Nos dice a las claras que la causa de la sequía tiene nombre y apellido: la desenfrenada producción y el consecuente consumo de combustibles fósiles.  

Los gases de efecto invernadero producidos por la quema de carbón, petróleo y gas natural son los responsables de muchos de los fenómenos extremos que estamos viendo en Europa y en todo el mundo. Desde el Báltico hasta Gibraltar, Europa entera sufre las consecuencias de una sequía extrema: miles de hectáreas de cultivos perdidos y ríos que desvanecen. Como en Francia, el trágico escenario afecta a España, con un 40% de nuestro territorio en alerta por la escasez de agua y un 33% en situación de sequía prolongada, en las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y Ebro, así como en varias zonas del Duero. Las producciones de cereales de secano y de oliva se han desplomado entre un 50 y un 90% este año mientras los precios se disparan. 

A esta situación, ya catastrófica para los ecosistemas y la agricultura, se suma la mala gestión política del agua con los daños irreversibles en Doñana y el descontrolado boom del regadío en un país cada vez más seco. El desastre climático cuenta también con miles de víctimas humanas. Sólo en España las olas de calor récord del verano 2022 causaron 11.000 muertos. Aún no se tienen todos los datos del impacto del 2023, pero sí sabemos que este mes de julio ha sido el más caluroso jamás registrado desde que hay datos.  

Europa sufre, Europa se seca y la sobremortalidad humana nos demuestra cómo durante la última década el calentamiento se ha acelerado, especialmente en la zona mediterránea, incluyendo Francia y España. Mientras tanto, los responsables reales, las grandes compañías energéticas, gozan de total impunidad. 

El síndrome de María Antonieta de las compañías petroleras

A la luz de esta cruda realidad, el lema de la campaña “¿No hay agua? ¡Qué beban petróleo!” no podría ser más acertado. Nos remonta a hace más de dos siglos, en medio de la peor crisis de hambre que asolaba a Francia, la reina María Antonieta supuestamente exclamó: “¿No tienen pan? Que coman pasteles”. Esta frase pasó a la posteridad y al día de hoy, en medio de una sequía que abrasa Europa, trasluce como pocas la criminal irresponsabilidad y la ceguera de las grandes compañías petroleras ante el final ineludible de la era de los combustibles fósiles. 

Las seis principales compañías petroleras europeas han decidido rebajar sus compromisos climáticos, es decir ralentizar su inversión en energías renovables y aumentar su producción de gas y petróleo cuando ya han incrementado en un 58% sus beneficios totales en el primer semestre de 2023. El CEO de Shell, Wahel Sawan, justifica la revisión a la baja de su expansión en energías renovables argumentando: “si no podemos lograr rendimientos de dos dígitos en un negocio, necesitamos cuestionarnos mucho si debemos continuar en este negocio”.  

Que sigamos bebiendo petróleo hasta la muerte parece ser ahora mismo la única estrategia de todas estas compañías y de sus accionistas que han decidido producir y vender energía sucia a destajo para hacer el catering de una gran fiesta versallesca de especulación y disimulo, que ya está condenada a ser una de las últimas de este antiguo régimen climático. 

Las 'sucias 12'

Un reciente informe, Las sucias 12, publicado por Greenpeace Europa Central y el experto alemán Steffen Bukold, desvela el engaño de las petroleras sobre su virtuosos anuncios de alcanzar cero emisiones netas para el 2050. Analizando los informes anuales de 2022 de seis compañías internacionales y de seis compañías europeas, se señala que no existe absolutamente ninguna estrategia real de reducción de emisiones a cero para el 2050. Ahora mismo tan sólo un 0,3% de su producción de energía combinada viene de las energías renovables. No se trata de un informe más: es el mayor escándalo internacional de disimulo mediante una jerga de lavado verde de un modelo de negocios totalmente destructivo para la vida, que se organiza metódicamente para no cumplir con sus supuestos objetivos de inversión en energías renovables. 

“No descarto que veamos unos juicios de Nuremberg climáticos”, ha declarado recientemente el economista David Lizoain en su último libro Crimen climático, dado que las decisiones de estas grandes empresas petroleras generan millones de muertes, y que llegan a ser equiparables a los crímenes de guerra. 

De ahí que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pide a los gobiernos una intervención directa y reclama la completa eliminación de las masivas subvenciones públicas a los combustibles fósiles que no han parado de aumentar con la guerra en Ucrania. El FMI se suma así a una de las principales demandas de los activistas climáticos desde hace años para organizar políticamente lo que el filósofo francés Bruno Latour llamó muy acertadamente un “nuevo régimen climático”. 

 Democracia por el clima

Latour anticipó la posibilidad de un futuro esperanzador, con la emergencia de una clase ecológica capaz de crear las instituciones democráticas de un “nuevo régimen climático” mundial post-extractivista. En Ecuador, el pasado 20 de agosto, vimos que no es solo una utopía: tras décadas de movilizaciones ciudadanas, se celebró un referéndum durante las elecciones presidenciales de Ecuador, la primera vez que los votantes fueron considerados en una decisión relativa a la extracción de recursos naturales. Casi el 60% del pueblo ecuatoriano se decantó por cesar las operaciones petroleras de la empresa estatal Petroecuador en el amazónico Parque Nacional Yasuní. Este hito histórico en la acción climática internacional demuestra que la democracia representativa puede perfectamente articularse con mecanismos de participación ciudadana y así lograr resultados de primera importancia en la transición energética y social liberándose del poder de los lobbies del petróleo.  

El futuro de la acción climática en Europa pasa por esta renovada democracia participativa: en el Reino Unido, 70.000 personas y 200 colectivos se han manifestado esta primavera para reclamar una “asamblea climática vinculante”; en Francia y Bélgica, las ONGs y los partidos verdes apoyan la creación de una asamblea ciudadana climática permanente. En España, la iniciativa de la plataforma “Democracia por el Clima” abre una dinámica necesaria para construir colectivamente la participación ciudadana en España a partir de la experiencia de Asamblea Ciudadana por el Clima finalizada en 2022. Pero nos preocupa cada vez más observar la actual inercia colectiva del ecologismo español que de momento no integra en sus acciones o en sus programas la participación ciudadana efectiva a gran escala. ¿Hasta cuándo?  

No podemos beber petróleo. No podremos tampoco salir de los combustibles fósiles sin la plena participación de toda la sociedad y sin que la ciudadanía y sus colectivos se conviertan en actores centrales de una nueva democracia por el clima.

Esta campaña electoral viene marcada por la normalización de un negacionismo climático sin precedente en la historia reciente de nuestro país y sin equivalente en su magnitud en el resto de Europa. La comunidad científica comunica con detalle desde hace más de cinco décadas la gravedad de la influencia humana en el clima y el 97% de la población española considera que la crisis climática es un problema muy grave, mientras el 86% declara que no se actúa lo suficiente. Éstas son las cifras de una encuesta reciente del think tank liberal Oikos que demuestra que el negacionismo ambiental es totalmente marginal entre la población española y que también lo es entre los votantes de derechas, ya que sólo el 9% de los votantes del PP se declaran negacionistas climáticos. Y entre los votantes de Vox, un 64% está convencido de la realidad del cambio climático. Por ello, los autores analizan que “el ecologismo de derechas existe en España y puede y debe competir políticamente en el debate climático e impulsar la transición energética”.

Sin embargo, la extrema radicalización negacionista del programa del partido Vox, puede llevar a paralizar por completo la acción climática de un gobierno de coalición liderado por el PP. Así, corremos el riesgo de ver una legislatura retardista por bloqueo negacionista que llegará a detener la necesaria y justa transición ecológica a gran escala que recomienda a todos los gobiernos la comunidad científica internacional en el sexto informe del IPCC publicado en 2022. Actualmente España, –pese al impulso de las renovables- incumple el objetivo de reducción de emisiones de carbono de un 55% para 2030 marcado por la Unión Europea. El gobierno que saldrá de las urnas el 23J, independientemente de su signo político, tendrá que actuar en esta dirección, porque la realidad de la crisis climática no se puede derogar.

En este contexto, la posibilidad de un pacto de gobierno con concesiones al negacionismo radical de Vox en materia ambiental y ecológica nos lleva a lanzar desde nuestros respectivos campos académicos una alerta clara, no partidista y fundamentada en datos científicos.

¿Es el papel de la ciencia intervenir en una campaña electoral?

Recordemos que en 2020, ante el programa negacionista que Donald Trump quiso reconducir en las elecciones presidenciales de EEUU, el conjunto de la comunidad científica norteamericana hizo una denuncia pública del balance de la acción gubernamental de la administración Trump entre 2017 y 2021, que llevó a la salida del país de los acuerdos de Paris, pero también de la UNESCO y de la Organización Mundial de la Salud con consecuencias desastrosas a escala nacional y global.

En concreto, durante la campaña electoral de 2020, la prestigiosa revista de referencia Nature, la histórica revista Scientific American y numerosos colectivos científicos, entre ellos todas las academias de medicina, presentaron una condena unánime de la segunda candidatura de Donald Trump por su negacionismo científico y climático.

Basándose en un riguroso análisis cuantificado de los graves impactos ambientales, sociales y democráticos de una gobernanza negacionista para la seguridad del país y para la salud de su población, el editorial de la revista Nature declaró: “Ningún otro presidente en la historia reciente trató hasta tal punto de politizar las agencias gubernamentales y purgarlas del trabajo científico. Las acciones de la administración Trump aceleran el cambio climático, arrasan la naturaleza, degradan el aire y matan la vida salvaje, así como a seres humanos.”

Estas declaraciones sin precedentes fueron apoyadas incluso por grandes figuras científicas del partido republicano y por 81 premios Nobel, independientemente de su orientación política personal y muchas veces en contra de su propia adhesión al partido republicano. La revista Scientific American, por primera vez en sus 175 años de existencia llamó a rechazar el voto a un candidato negacionista por considerarlo como un ataque a la integridad de la nación y llamando a defenderla garantizando “la importancia central de la ciencia en las políticas públicas de nuestra democracia”.

Actuar ante el riesgo colectivo de un negacionismo climático de estado

El ejemplo de las elecciones norteamericanas de 2020 es muy importante para orientar nuestra actitud como científicos y científicas y también como votantes ante las elecciones del 23J que, por primera vez en la historia de nuestra democracia, ponen el foco en un negacionismo climático de estado. El partido Vox ha presentado a los electores un programa de gobierno muy cercano al programa político nacionalista, xenófobo y negacionista climático de Donald Trump y cuenta con su apoyo público. Vox es actualmente el partido de extrema derecha más radical en sus posturas porque reclama para España la salida de los acuerdos de París, cosa que ni Giorgia Meloni ni Marine Le Pen plantearon en sus respectivos programas, y además deslegitima las recomendaciones de los expertos científicos internacionales del IPCC en materia climática, reclamando la paralización de la transición ecológica tanto a nivel europeo como nacional como si de un “fundamentalismo climático” se tratara.

Vox ha formado gobierno recientemente en diversos ayuntamientos y comunidades con el Partido Popular y estaría dispuesto a hacerlo a escala estatal si el resultado electoral les avala. Pero las políticas negacionistas de Vox, que admiten la existencia del cambio climático pero no que los humanos lo estemos causando y que proponen, por tanto, no hacer nada al respecto, significan una amenaza grave para las instituciones democráticas y para el conjunto de la población española, enfrentada a un reto vital de máxima extrema emergencia climática.

Para los científicos y las científicas, no hacer nada respecto a este negacionismo extremo ya no es una postura posible como lo ha reafirmado la revista Nature hace poco: “cuando los candidatos amenazan con alejarse de la razón, toda la ciencia debe alzar la voz.” Por eso llamamos a toda la comunidad científica a apoyar un pacto de estado ecológico participativo contra el negacionismo climático. Un Pacto de Estado de un nuevo tipo, que no sólo integre el compromiso climático de los partidos políticos democráticos electos sino también la expresión de la ciudadanía informada por la ciencia en la Asamblea ciudadana por el Clima reunida en 2022, que fue nuestro primer dispositivo participativo de alcance estatal. Actualmente 18 organizaciones apoyan esta iniciativa apartidista de la plataforma Democracia por el Clima y reclamamos públicamente a todas las sociedades científicas españolas que lo apoyen para demostrar su compromiso con la democracia y su conciencia del riesgo que suponen un negacionismo y un retardismo de estado para la supervivencia de la humanidad.

El último informe científico del IPCC lo ha demostrado una vez más: no hay duda del origen humano del cambio climático y entramos en una zona de emergencia climática que según A. Guterres, secretario general de la ONU, representa una alerta máxima, un “código rojo” para la humanidad. Todos los gobiernos sin excepción deben actuar en función de lo que recomienda la ciencia para reducir de manera drástica y socialmente justa las emisiones de combustibles fósiles y preservar así las condiciones bio-físicas actuales necesarias para la vida humana en el planeta.

Negar estos datos científicos internacionales, negar la previsión de desertificación de un 75% del territorio español -uno de los países europeos donde las proyecciones de cambio climático son más alarmantes- y negar con ello el riesgo que suponen para todos nosotros los eventos meteorológicos extremos de sequías, tormentas y calor que estamos viviendo a diario nos obliga como científicos y científicas a tomar una posición clara antes de la votación del 23J y a declarar que el negacionismo es peligroso tanto para el clima como para la democracia.

Ningún gobierno puede tomar el riesgo de integrar políticas negacionistas o de ralentizar su agenda de acción climática dando a un partido como Vox la posibilidad de entrar a tomar decisiones en materia ambiental, ecológica, económica y social en contra de una justa transición ecológica que la toda la comunidad científica recomienda para proteger nuestro país, nuestras vidas y la vida de la generaciones futuras.

En los últimos tiempos están proliferando Asambleas Ciudadanas deliberativas elegidas por sorteo, un instrumento basado en los orígenes de la democracia real. Intentan dar respuesta a la manifiesta insuficiencia del actual sistema político para resolver problemas que requieren una visión a medio-largo plazo o para superar las presiones de importantes lobbies económicos.

Si hay un claro ejemplo de esta incapacidad es el de la crisis climática y ecológica. Desde la década de los 70 los poderes políticos y económicos tienen la evidencia de que el modelo actual de desarrollo económico conduce a un desastre global. En las siguientes décadas se han escrito ríos de tinta sobre el tema y se han realizado múltiples cumbres o procesos. Y el resultado de todo ello es que, pese a las recomendaciones científicas, en vez de reducirse, desde 1990 las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado en un 60%. Y los Acuerdos de París de 2015, que ningún estado está cumpliendo, ya están desfasados según la propia ONU, es decir, que su cumplimiento sería insuficiente para evitar un aumento desastroso de la temperatura global. En otras palabras: las instituciones políticas se muestran pertinazmente incapaces de estar a la altura y a la velocidad de los acontecimientos climáticos.

En palabras de Arantxa Mendiharat (co-autora de La democracia es posible. Sorteo cívico y deliberaciones para rescatar el poder de la ciudadanía) “…el sistema de partidos tiene sus periodos electorales que hacen muy difícil afrontar decisiones de muy largo plazo o cuestiones que supongan replantear de manera tan radical nuestra manera de vivir, de producir, de consumir… ”.

Es por eso que Extinction Rebellion incluyó desde sus inicios como una de sus tres demandas centrales la constitución de las Asambleas Ciudadanas, para romper la dinámica de impotencia política y adoptar las medidas necesarias.

Cuando Gregoire Fraty fue convocado en 2019 a la Convention Citoyenne pour le Climat -Asamblea Ciudadana Climática- que se organizó en Francia, él no sabía nada sobre la emergencia climática ni sobre participación ciudadana. Sencillamente, fue elegido por sorteo para participar en la primera Asamblea Climática realizada en Europa, junto a otras 149 personas a partir de una edad de 16 años, para configurar una muestra representativa de la población francesa según criterios de género, edad, territorio, profesión y nivel socioeconómico. 

Gregoire Fraty aceptó, por civismo y por el futuro de su hija de tres años. En su libro recién publicado, Moi, citoyen (Yo, ciudadano), relata esa experiencia de participación que le ha cambiado la vida.

Durante la primera sesión en octubre 2019 escuchó la presentación científica detallada de la magnitud real de la crisis ambiental. También escuchó el dramático balance de la inacción pública y que los efectos serán devastadores para ésta y las próximas generaciones. Al salir de esta primera sesión, Gregoire Fraty, como otras muchas personas integrantes de la asamblea, tuvo una crisis de ansiedad: “algunos se pusieron a llorar y todos estuvimos en estado de shock”. 

En junio de 2020, tras nueve meses de intenso trabajo en plena pandemia, la asamblea ciudadana había reaccionado con fuerza colectiva para superar el choque inicial: presentó al gobierno un informe de 146 propuestas. 

¿Asamblea Ciudadana por el Clima o simulacro digital?

Las oleadas de desobediencia civil no violenta movilizadas por Extinction Rebellion en el Reino Unido y la presión conjunta de grupos sociales y ecologistas en Francia, lograron que en 2020 se establecieran Asambleas Climáticas en Inglaterra, Francia y, a partir de noviembre hasta la fecha, en Escocia.

En enero de 2020, el gobierno español, siguiendo los pasos de países de nuestro entorno, hacía una declaración de emergencia climática, junto a un programa de acciones, entre ellas la presentación de una Ley del Clima -actualmente en tramitación parlamentaria- y el anuncio de la convocatoria de una Asamblea Ciudadana por el Clima. A diferencia de Francia, Reino Unido y Escocia, donde las restricciones por la pandemia del COVID no fueron obstáculo, el gobierno español se escudó en ellas para no llevar a cabo su convocatoria durante el 2020.

Según consta en los presupuestos de este año y según mensajes recientes, todo indica que en breve se presentará. Nos parece paradójico de entrada que la convocatoria pueda ser posterior a la aprobación de la Ley del Clima, al contrario de lo ocurrido en Francia, donde se hizo en orden inverso, justamente con la previsión de recoger las propuestas en la ley. Una Ley del Clima española que parece que se aprobará con unos objetivos de reducción de emisiones absolutamente insuficientes y que incumplirán de manera flagrante lo marcado por la UE.

Además, parece que se organizaría de manera virtual mientras que todos los órganos de nuestra democracia representativa se reúnen presencialmente cumpliendo con las reglas sanitarias.

Basándonos en las recientes experiencias europeas, presentamos aquí lo que consideramos fundamentos mínimos para que esta Asamblea Ciudadana por el Clima sea realmente un instrumento que merezca tal nombre.

El objetivo concreto de la asamblea

El Parlamento Europeo propuso en septiembre pasado una reducción de emisiones de efecto invernadero en un 60% -respecto a los niveles 1990- en 2030. Posteriormente, en diciembre, el Consejo Europeo - con el voto favorable del gobierno español- dejó en un 55% este objetivo de reducción de las emisiones. Creemos que ambos objetivos se quedan cortos, si queremos realmente mantenernos por debajo de 1,5 grados de aumento de la temperatura global. Sin embargo, los objetivos marcados por las instituciones europeas son los mínimos que debería recoger la pregunta que se encomiende a la Asamblea Ciudadana. 

También nos parece clave que, junto a unos objetivos de reducción de emisiones adecuados, la pregunta incluya, como se hizo en el caso francés, la necesidad de que las propuestas se hagan con una visión que garantice la justicia social. 

Cualquier pregunta que baje de estos mínimos o que se formule en términos ambiguos, supondría un brindis al sol. No se puede convocar una Asamblea Ciudadana por el Clima a bombo y platillo y encargarle como tarea que sea cómplice del incumplimiento de los mínimos compromisos ya adquiridos por el propio gobierno. 

Un compromiso político vinculante: deliberar para actuar

Éste es un punto clave y estos días ya han empezado a oírse voces desde la ortodoxia jurídica y constitucional aduciendo que la Asamblea Ciudadana por el Clima no es una institución reconocida en nuestro ordenamiento político y que, por lo tanto, no cabe tal carácter vinculante. Pero el fondo de la cuestión no es éste, sino si existe voluntad política de poner la acción de gobierno y el respaldo parlamentario al servicio de las propuestas que surjan de la ciudadanía informada. En caso afirmativo, haría falta un compromiso o “contrato” con la Asamblea y con la ciudadanía de todo el país, claramente explicitado, con los procedimientos y canales institucionales que pueden llevarse a cabo para implementar las diferentes propuestas. 

Sin ese fuerte compromiso democrático, la Asamblea se convertiría en un órgano consultivo más como otros tantísimos, en los que las administraciones escuchan atentamente a la ciudadanía para luego seguir haciendo lo mismo de siempre. 

Garantizar y difundir la deliberación ciudadana

El Comité o grupo de personas encargadas de la gestión de todo el proceso -en cuyos detalles no nos extenderemos aquí- también tiene una importancia obvia, por lo que se requeriría una composición que asegure su independencia, así como una presencia equilibrada y transparente.

El número de sesiones y la duración de la asamblea deben ser los necesarios para que personas que no son especialistas en la materia puedan recibir un número suficiente de aportaciones de personas expertas y tener un proceso adecuado de deliberación y selección de propuestas. En el caso de la asamblea inglesa, por ejemplo, fue manifiestamente insuficiente. En este sentido, creemos que la presencialidad también aumentaría la calidad del proceso.

En la composición de las personas que compondrán la asamblea también habría que incluir la representación proporcional de algunos colectivos que no forman parte de nuestro censo electoral, como jóvenes entre 16 y 18 años o ciudadanía residente sin nacionalidad española.

Se debe asegurar el vínculo entre la asamblea y el resto de la ciudadanía, haciendo públicas las sesiones y estableciendo instrumentos de difusión e interacción entre ambas. En este aspecto nos parece mucho mejor la experiencia francesa, que con un órgano de comunicación autónomo y eficaz logró una amplia recepción pública: un sondeo realizado reportó que 7 de cada 10 personas conocían y habían oído hablar de sus conclusiones y 3 de cada 5 consideraban que la Convención estaba legitimada para hacer propuestas en nombre de la ciudadanía francesa.

España ha batido este año su récord de desconfianza política: un 49,5 % de la población considera que partidos y políticos “son el principal problema que existe actualmente en España”, justo después del desempleo. La convocatoria de estas asambleas por parte de un número creciente de gobiernos supone un reconocimiento implícito de la insuficiencia e incapacidad del sistema político actual. La asamblea francesa ha servido además para extender a toda la ciudadanía y a los medios el debate sobre la emergencia climática y ha puesto en la agenda política y mediática temas como el delito de ecocidio o los tratados de comercio e inversión.

Pero ya no hay tiempo para “victorias morales” y “consultas”: la participación ciudadana es decisiva para acabar con décadas de inacción y profundos bloqueos institucionales. De hecho, debemos reducir las emisiones y la economía fósil en un 8% cada año de esta década. En este sentido, Extinction Rebellion no podrá avalar una asamblea que sea un mero simulacro participativo y, de no darse las mínimas condiciones en la propuesta que presente próximamente el gobierno, seguirá vigente nuestra tercera demanda de una Asamblea Ciudadana sobre la justicia climática y ecológica.

Porque no estamos hablando de negociar unas reivindicaciones ecologistas, estamos hablando de cómo evitar el fin de la habitabilidad del único planeta que tenemos. Después de más de cuatro décadas de pertinaz y consciente inacción de los poderes políticos y económicos, la y la destrucción de biodiversidad y la transformación climática ya están en curso y el margen de negociación con ellas es mínimo y no admite más simulacros.