El 2 de octubre –siete meses y más de dos millones de muertes por COVID-19 atrás– los gobiernos de India y Sudáfrica solicitaron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que suspendiera temporalmente el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para asegurar un “intercambio global de tecnología y conocimientos sin obstáculos... para afrontar la COVID-19”.

Por aquel entonces, no había vacunas aprobadas para prevenir la propagación del virus. Pero los 100 países que se sumaron a la petición en los meses siguientes ya sabían lo que ahora es evidente: el sistema de las patentes farmacéuticas es una máquina de matar.

Ahora, el apoyo a la exención del acuerdo sobre los ADPIC es amplio y crece entre médicos, premios Nobel, senadores y la gran mayoría de la población estadounidense. Hace dos semanas, el Gobierno de Biden anunció finalmente su intención de apoyar una versión de la propuesta, un cambio de rumbo en medio del aumento global de casos de COVID-19. “Las circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID-19 exigen medidas extraordinarias”, dijo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, quien se comprometió a “negociar por escrito en la OMC”.

Pero la suspensión temporal es solamente una solución provisional a la crisis permanente del sistema de salud global. Cuando el sida estalló en todo el mundo en la década de los 90, las farmacéuticas respondieron con amenazas y demandas a las peticiones de medicamentos antirretrovirales genéricos y asequibles para frenar la pandemia en África. Y la pandemia de COVID-19 no es desde luego el final de esta crisis: desde el SARS hasta el ébola, pasando por las variantes de COVID-19, los epidemiólogos advierten de que hemos entrado en una nueva era de pandemias.

Para aprender las lecciones de un año perdido por la COVID-19 –y prepararnos para un siglo largo de emergencias sanitarias recurrentes– la suspensión temporal del acuerdo sobre los ADPIC debe dar pie a una transformación total del sistema de patentes farmacéuticas. Detener los engranajes de la máquina de matar no es suficiente. Nuestra obligación es desmantelarla.

Esa obligación atañe más a Estados Unidos que a cualquier otro país. El Gobierno estadounidense ha sido arquitecto y guardián del régimen de propiedad intelectual, amenazando con sancionar a países como Brasil, Tailandia y Sudáfrica por atreverse a promover la producción de genéricos que salvan vidas.

Pero una mayoría abrumadora de los votantes estadounidenses apoya una transformación radical del sistema de patentes farmacéuticas. Una nueva encuesta de Data for Progress y Progressive International revela que el 59% de los votantes estadounidenses apoya la renuncia de todas las protecciones de patentes para producir versiones genéricas de medicamentos que salvan vidas contra enfermedades críticas, desde la COVID-19 y el VIH/sida hasta afecciones cardíacas y diabetes.

Estas preferencias no son muestras de caridad. Los ciudadanos de Estados Unidos están entre las mayores víctimas del sistema de patentes: según una encuesta reciente, uno de cada cuatro estadounidenses no puede comprar los medicamentos que le son recetados por los precios astronómicos de los fármacos. Puede que la vacuna contra la COVID-19 se haya administrado gratuitamente a los ciudadanos estadounidenses esta vez, pero no hay razón para esperar que el Gobierno continúe pagando las cuentas cuando las variantes resistentes a los fármacos vuelvan a entrar en el país y manden a millones de familias sin seguro al hospital para recibir tratamiento.

Las farmacéuticas presionarán a nuestros representantes para que digan que son las mejores posicionadas para gestionar estas pandemias – y que lo que es bueno para los Investigadores y Productores Farmacéuticos de América (PhRMA, en inglés) es bueno para Estados Unidos. “Más que en cualquier otro momento de la historia, la sociedad entiende y se beneficia de las innovaciones basadas en la propiedad intelectual'', escribieron en una carta a Joe Biden donde le piden que rechace la exención del ADPIC ante la OMC.

Pero para los votantes estadounidenses –cuyos impuestos financiaron el avance médico de la vacuna de Moderna contra la COVID-19, tal como los de los votantes británicos financiaron la de AstraZeneca– son chorradas. Al preguntarles si el Gobierno estadounidense debería obligar a Moderna a compartir la tecnología de su vacuna con los productores de otras partes del mundo, el 59% de los votantes está de acuerdo, mientras que solo 27% se opuso, según la encuesta de Data for Progress y Progressive International.

Estos hallazgos reflejan la frustración creciente por la primacía del beneficio en el sistema de salud pública, no solo por los beneficios obtenidos por las farmacéuticas en el transcurso de la pandemia (Pfizer ganó más de 3.500 millones de dólares con su vacuna solamente en el primer trimestre de 2021), sino también con la resistencia a invertir en medicamentos que salvan vidas pero no resultan en estas enormes ganancias. “Cuando los precios son tan bajos que impiden producir beneficios, las empresas abandonan el mercado'', informó la OMS en 2017.

El sector farmacéutico puede alegar que un retroceso en la protección de las patentes afectará negativamente la producción de medicinas en el futuro. Pero fueron los gobiernos los que han tenido que intervenir para catalizar la producción de vacunas, y la población carga con los riesgos.

No hay que hacerse ilusiones con respecto a las perspectivas de una reorientación tan radical en la política exterior estadounidense. Mientras la agenda de Biden en casa ha buscado romper con los dogmas del pasado sobre la disciplina fiscal y la desinversión pública, su política exterior ha conservado el marco heredado de Donald Trump y Barack Obama.

Esto no es una coincidencia: la arquitectura de la gobernanza global fue diseñada para aislarse de las presiones democráticas. Jan Tumlir, el arquitecto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la ONU, describió el proyecto muy claramente: “Las reglas internacionales protegen al mercado mundial de los gobiernos”.

Pero el poder no otorga nada sin demandar algo, y en momentos como este –cuando el paradigma está cambiando, y el presidente de EEUU parece estar dispuesto a ejercer presión contra el viejo tercer riel de la política nacional– identificar la demanda correcta es tan importante como su articulación. La suspensión de las patentes de la COVID-19 puede ser un primer paso esencial. Pero, como parecen entender los votantes estadounidenses, el camino para salir de esta pandemia es largo. Necesitaremos dar grandes pasos para llegar.

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David Adler es economista político y coordinador general de Progressive International

La doctora Mamka Anyona es investigadora de la gobernanza sanitaria mundial y asesora de diversas organizaciones internacionales en asuntos sanitarios mundiales

Traducción de Ignacio Rial-Schies.