Ni siquiera una montaña rusa de tensiones comerciales internacionales logró distraer a Donald Trump de cumplir una de sus viejas prioridades este miércoles: cambiar la definición federal de “cabezal de ducha”, una decisión que, según la Casa Blanca, pondrá fin a “la guerra de Obama y Biden contra la presión del agua”.

Trump lleva años quejándose de la baja presión en las duchas, los grifos y los inodoros en EEUU, y culpa de ello a las normas federales de ahorro de agua.

“En mi caso, me gusta darme una buena ducha para cuidar mi hermoso cabello”, dijo Trump al firmar el decreto que, según la Casa Blanca, se aplicará a varios aparatos domésticos, incluidos los inodoros y los lavabos: “Tengo que quedarme bajo la ducha durante 15 minutos hasta que se moja el pelo. Sale gota a gota. Es ridículo”.

La Casa Blanca afirmó en un comunicado sobre la orden: “Al restaurar la libertad en la ducha, el presidente Trump cumple con su compromiso de eliminar regulaciones innecesarias y poner a los estadounidenses en primer lugar”.

“Fue muy llamativo que el comunicado de la Casa Blanca incluyera inodoros y cabezales de ducha como prioridad presidencial. Realmente fue sorprendente”, dijo Andrew deLaski, director ejecutivo del Proyecto de Concienciación sobre Normas para Electrodomésticos, al Guardian en enero: “Pero creo que las preocupaciones de Donald Trump están un poco desfasadas, la verdad”.

Los comentarios de Trump este miércoles repitieron afirmaciones que ya ha hecho en varias ocasiones. En 2019 afirmó que “la gente tira de la cadena 10 o 15 veces, en lugar de una sola” debido a la escasa presión. “Cuando entras en estas casas nuevas con duchas, el agua cae lentamente, muy lentamente”, dijo en 2023.

Durante su primer mandato, Trump eliminó normas más estrictas sobre eficiencia energética en bombillas, argumentando que los consumidores debían tener libertad de elección. En ese momento, Xavier Becerra, entonces fiscal general de California, calificó la medida como “otra decisión absurda que desperdiciará energía a costa de nuestra gente y del planeta”.

El primer gobierno de Trump también introdujo excepciones que permitían fabricar electrodomésticos menos eficientes, como lavavajillas y duchas, decisiones que luego fueron revertidas por Joe Biden.

“Biden deshizo estos avances y las guerras de las duchas continuaron”, afirmó la Casa Blanca el miércoles, asegurando que la nueva orden ejecutiva de Trump “hará que las duchas de América vuelvan a ser grandiosas”.

Los ciudadanos en Estados Unidos han comprado cerca de 150 millones de armas en la última década, mientras el aumento de tiroteos masivos y otros actos violentos han convencido a más personas de que tener una pistola para la autodefensa hace que estén más seguras.

Pero Estados Unidos también es el país donde el suicidio por arma de fuego representa la primera causa de muerte y los expertos en salud pública ya están advirtiendo que es probable un aumento en el número de muertes relacionadas con la posesión de armas.

En los 10 años que han pasado desde el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook, en Connecticut, el movimiento a favor del centro de armas ha ganado algo de poder político, mientras la Asociación Nacional del Rifle se ha visto debilitada por disputas internas y batallas legales. A la vez, en general, la posesión de armas en Estados Unido parece haber crecido.

Los propietarios de un arma siguen siendo una minoría de la población estadounidense. Aproximadamente uno de cada tres estadounidenses tiene un arma y menos de la mitad vive en una casa donde hay una, según las estimaciones de las encuestas.

Pero en los últimos años parece haber aumentado el número total de estadounidenses con armas. El número de estadounidenses propietarios de armas ha aumentado en 20 millones desde 2015, pasando de 55 millones a 75 millones de personas, según un gran estudio de Harvard y de la Universidad Northeastern.

El número de ciudadanos que lleva armas en público también parece estar en aumento. Según un estudio reciente, 16 millones de personas dijeron en 2019 que al menos una vez al mes llevaban un arma de fuego encima, y seis millones dijeron que lo hacían a diario. Es aproximadamente el doble del número de personas que en 2015 decían portar armas de mano de manera habitual.

Percepción errónea de la violencia

Según la profesora de la Universidad de Harvard Deborah Azrael, especializada en armas de fuego, las encuestas de las últimas décadas muestran una proporción cada vez mayor de estadounidenses con armas para defenderse, en contraposición a las usadas para cazar o para otras actividades recreativas. En 2021, un 88% de los propietarios de armas citaba la “protección contra el crimen” como el motivo para tener un arma de fuego, según la encuestadora Gallup.

Por lo general, la percepción que los estadounidenses tienen del riesgo de delincuencia y de violencia no coincide con la realidad. Según Gallup, un parte sustancial de la población lleva casi tres décadas afirmando sistemáticamente que la delincuencia a nivel nacional ha aumentado con relación a la del año anterior, incluyendo aquellos años en que, en realidad, disminuyó mucho. En 2013, una encuesta del centro de estudios Pew mostró que la mayoría del público sencillamente no sabía que desde 1993 la tasa de homicidios con armas en EEUU había caído en casi un 50%.

La pandemia de la COVID-19, las protestas por todo el país contra la violencia policial y el asalto al Capitolio han disparado la venta de armas en Estados Unidos durante los últimos tres años. Se estima que cinco millones de estadounidenses se convirtieron en propietarios de armas entre 2020 y 2021.

Los principales motivos para comprar un arma cuando comenzó la pandemia fueron el miedo a la anarquía, la inquietud por los presos que cumplen su condena y salen de la cárcel, un “Gobierno que va demasiado lejos” y el “derrumbe del Gobierno”, según una encuesta a residentes de California.

“Las armas están entre las herramientas que los estadounidenses tienen a su disposición cuando surgen problemas sociales”, dijo Jennifer Carlson, socióloga especializada en la cultura de armas de fuego de EEUU, a The Guardian en una entrevista de principios de 2020, cuando se disparó la venta de armas. Para muchos estadounidenses, según Carlson, las armas son “una herramienta familiar”. “Si se agota el papel higiénico, ¿qué va a ser lo siguiente? Lo [que esas personas consideran] prudente es tener un arma”, dijo.

Según las encuestas, la mayoría de los estadounidenses propietarios de armas siguen siendo hombres y de raza blanca, y muchos viven en el sur del país. Pero tanto las investigaciones como las fuentes del sector armamentístico coinciden en un cambio demográfico. Se estima que las mujeres representan la mitad de los nuevos compradores desde 2019, y los compradores que no son de raza blanca casi representan la mitad, según una gran encuesta. Entre 2019 y 2021, el 5% de los adultos negros de EEUU compró un arma por primera vez.

Sin datos oficiales

Los defensores del derecho a comprar armas han ejercido su poder político para evitar que el Gobierno tenga datos oficiales sobre el número de estadounidenses con armas o sobre la cantidad exacta de armas en manos de civiles. Según algunas estimaciones, hay entre 345 y 393 millones de armas. De acuerdo con los últimos datos de la mayor patronal de empresas de armas de fuego, son más de 420 millones.

Según Matthew Miller, profesor de la Universidad Northeastern y especializado en armas de fuego, aunque el increíble número de armas de fuego de EEUU despierte un gran interés, “lo que importa es cómo se distribuyen estas armas entre las personas y los hogares”, así como las implicaciones que esa distribución tiene en el aumento del riesgo de suicidio, de homicidios o de lesiones accidentales por armas de fuego. Según su estudio de 2021, la adquisición de armas antes y durante la pandemia ha significado que otros cinco millones de niños estadounidenses vivan ahora en un hogar donde hay armas.

La mejor manera de acercarse a una estimación para la venta de armas en Estados Unidos es mediante las comprobaciones a nivel federal de los antecedentes penales de los clientes, un requisito que deben cumplir los comerciantes de armas de fuego autorizados (aunque en muchos estados los particulares pueden venderse armas entre sí sin comprobación de antecedentes).

Según las dos estimaciones más citadas (basadas en las estadísticas de comprobación de antecedentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego), el número de armas vendidas en Estados Unidos desde enero de 2013 llegó a 150 millones.

Es probable que la estimación sea menor que la cifra real. Los estadounidenses pueden comprar varias armas de fuego a la vez con una sola verificación de antecedentes y algunos estados permiten a personas con licencia de armas oculta adquirirlas sin verificación de antecedentes.

El verdadero número de venta de armas en la última década es casi con toda seguridad superior a 150 millones, dice Mark Oliva, de la asociación del sector National Shooting Sports Foundation. Según las estimaciones de su organización, desde enero de 2013 se han vendido al menos 152 millones de armas de fuego.

Al mismo tiempo, el numero de controles de antecedentes en la última década también incluye algún recuento doble porque las mismas armas que revenden entre personas, según Jurgen Brauer, cofundador de la empresa de estadísticas de armas de fuego Small Arms Analytics. Brauer calcula que el número total de armas vendidas durante esta década en EEUU llegará a casi 164 millones a finales de diciembre.

Las muertes por arma de fuego han aumentado en los últimos años, con un marcado incremento del 35% en la tasa nacional de homicidios por arma de fuego en 2020. Pero un estudio que investigó el aumento en la venta de armas durante la pandemia y el incremento de homicidios por arma de fuego por estados no encontró pruebas de correlación clara.

Según los datos preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, en 2021 hubo casi 21.000 homicidios y más de 26.000 suicidios con armas de fuego en todo el país.

Traducción de Francisco de Zárate

Los Ángeles atraviesa una sequía histórica, pero eso no ha impedido que algunos de sus residentes más famosos sigan manteniendo bien regados el césped y los jardines de sus mansiones. En respuesta a ello, las autoridades locales han empleado un truco sorprendentemente simple para controlar a los más ricos. 

La solución es un pequeño disco de metal conocido como “limitador de caudal”. El dispositivo se puede instalar en cuestión de minutos en las cañerías de los usuarios que derrochen de manera crónica y reduce de manera considerable el suministro de agua del hogar. 

Ya se han colocado reguladores en los hogares de muchos famosos, incluyendo al comediante Kevin Hart, el rapero The Game y la expareja de Kourtney Kardashian, Scott Disick, según informes del servicio de agua a los que ha accedido The Guardian. A la lista podrían sumarse los nombres de más famosos, ya la lista de infractores a los que se podría aplicar el limitador de caudal incluye direcciones asociadas con Kim Kardashian, Sylvester Stallone y Madonna.

Para las autoridades se trata de un experimento para que los superricos tengan las mismas responsabilidades y los mismos estándares que todos los demás. 

“Hemos adoptado con firmeza la posición de que todos sean iguales. No importa quién seas, no importa cuánto dinero ganas ni lo conocido que seas: todos serán tratados igual”, dice Mike McNutt, un portavoz del servicio de agua de Las Vírgenes, que suministra a zonas como Calabasas y Hidden Hills, populares entre los famosos. 

Una solución pequeña pero poderosa

A medida que este año se ha intensificado la gran sequía en California, que ya dura décadas, las autoridades que controlan el suministro de agua han ordenado restricciones obligatorias con sanciones monetarias a quienes no las respeten. Pero el distrito de Las Vírgenes se encontró con un desafío particular, según McNutt: los clientes son tan ricos que las sanciones monetarias no suelen cambiar su comportamiento, aunque el distrito haya ordenado una reducción del 50% del consumo de agua en espacios exteriores. 

Así fue como Cason Gilmer, de 36 años, representante sénior del servicio de atención al ciudadano del distrito, se dirigió al taller de las oficinas del servicio proveedor de agua y empezó a buscar una solución mecánica. 

El resultado fue el pequeño pero poderoso limitador de caudal, un disco hecho con un acero inoxidable inocuo para los alimentos y que tiene un agujero pequeño en el centro. Tiene el poder de limitar el suministro de agua de forma tan brusca que resulta difícil ducharse y lavar los platos al mismo tiempo, mientras que el riego de espacios exteriores se vuelve imposible. 

Insertar un limitador de caudal en el caño de agua de la residencia de un cliente apenas lleva 10 minutos. Además, las autoridades añaden un sello y un letrero que advierte que manipular el dispositivo conlleva una multa de 2.500 dólares, dice McNutt. 

Gilmer dice que primero probó el dispositivo en su propia casa y que funcionó tal como esperaba. Los fregaderos y los baños “funcionaban bien”, la ducha operaba aproximadamente con un 60% del volumen normal, pero “tienes que ser realmente consciente del uso de agua” porque “no puedes usar dos cosas al mismo tiempo”. 

La reacción de los famosos

En su mayoría, los clientes, incluyendo los famosos, han sido razonables y no se han enfadado cuando se les advirtió sobre la posibilidad de que se les redujera el suministro de agua, dice Gilmer. 

En septiembre, el césped que rodea la piscina de la casa de Kourtney Kardashian en Calabasas adquirió un color marrón, lo que sugiere que los habitantes de la casa habían realizado cambios justo después de aparecer en la larga lista de clientes a los que se les podía aplicar un limitador de caudal, según informó CBS News Los Angeles. Por el contrario, el césped de la mansión de Kim Kardashian seguía teniendo un color “verde perfecto”, informó el canal de televisión. 

Scott Disick, la expareja de Kourtney, no evitó el limitador de caudal en su mansión de Hidden Hills, según los registros públicos. A fines de julio, el servicio de agua instaló el dispositivo durante dos semanas en su casa. Los registros de la oficina indican que alguien en la casa de Disick “se negó” a firmar el formulario de compromiso que permite a los clientes evitar la instalación del dispositivo si se comprometen a reducir el consumo de agua. Representantes de Disick, las Kardashians, Hart y The Game no han respondido a The Guardian.

Una mansión en Hidden Hills que pertenece supuestamente a Madonna y que actualmente se encuentra a la venta por casi 26 millones de dólares evitó la instalación de un limitador de caudal en julio tras informar a las autoridades que se había reparado una filtración en la propiedad. Representantes de Madonna y de su agente inmobiliario no han hecho declaraciones al respecto.

Un puñado de famosos, incluyendo a la ambientalista Erin Brockovich y a la exestrella de la NBA Dwayne Wade, hicieron declaraciones públicas acerca de lo que hacen para consumir menos agua, luego de que aparecieran en segmentos de las noticias locales por violar las restricciones por la sequía. 

Otros se han resistido: un representante de Sylvester Stallone dijo en una declaración que la estrella de cine estaba tratando de mantener vivos más de 500 árboles maduros en su propiedad, que había tomado otras medidas para reducir el consumo de agua y que estaba trabajando con el servicio de agua para resolver la situación. 

Enorme efecto disuasorio

Los residentes se convierten en candidatos a recibir un limitador de caudal cuando han superado el límite de consumo de agua en un 150% al menos cuatro veces desde diciembre de 2021. A pesar de que 1.600 clientes del distrito cumplían con estos criterios, McNutt dice que instalaron el dispositivo con moderación. Hasta principios de septiembre solo hubo seis o siete decenas de dispositivos instalados. 

El dispositivo permanece puesto durante dos semanas y el servicio de agua no permite cortar el acceso al agua potable por motivos de salud, dice McNutt. Hasta ahora la táctica no ha generado inconvenientes legales, añade. 

Antes de que se les reduzca el suministro de agua, los clientes tienen muchas oportunidades para hablar con funcionarios y cambiar sus hábitos. Incluso la firma de una carta de intención de que se cumplirán objetivos de conservación es suficiente para evitar el limitador de caudal, aunque las autoridades continuarán controlando que los clientes lo cumplan, dice McNutt.  McNutt y Gilmer creen que el regulador de corriente ya tiene un gran efecto disuasorio. 

Cuando recorrían el distrito a principios de verano solían ver muchos jardines con césped verdes, a pesar de las restricciones en el riego al aire libre. En agosto, los jardines comenzaron a verse marrones. Los equipos de noticias que quisieron hacer recorridos con los empleados de la oficina de aguas se vieron desilusionados porque había muy pocos usuarios que no cumplieran con las reglas, dice McNutt. Algunos hogares incluso llegaron a pintar con aerosoles el césped de sus mansiones para reducir el consumo de agua, dicen McNutt y Gilmer. 

Por lo que ellos saben, Las Vírgenes es el único distrito de California que usa limitadores de caudal, pero su enfoque único está despertando interés en todo el país. Han recibido consultas de Texas y Florida, al igual que de otros distritos de California. Gilmer dice que es similar a los dispositivos que se usan para reducir las corrientes de agua en la agricultura, pero que no hay nada exactamente igual. Está explorando la posibilidad de patentarlo.

McNutt dice que quisiera que más famosos estadounidenses usaran sus propias habilidades para enfocarse en la crisis del agua: “Les pido a todos los famosos, a cada uno de ellos, que den un paso adelante y usen sus plataformas para hablar sobre la conservación de agua, para hablar del cambio climático”. 

Traducción de Patricio Orellana

Al menos el 70% de las personas acusadas de participar en el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero han sido puestas en libertad a la espera del juicio, según una investigación de The Guardian.

Esta elevada tasa de puesta en libertad provisional contrasta con las tasas de detención habituales en el sistema federal de Estados Unidos, donde sólo el 25% de los acusados suelen obtener la libertad provisional antes de su juicio.

Eric Munchel, identificado presuntamente como “Zip Tie Guy” que fue fotografiado en el Senado portando equipo militar y esposas de plástico, fue puesto en libertad a finales de marzo, junto con su madre, después de que un tribunal de apelación pusiera en duda que supusiera un peligro fuera del contexto específico del 6 de enero.

Richard Barnett, el hombre de Arkansas fotografiado con el pie sobre el escritorio de Nancy Pelosi, fue puesto en libertad a finales de abril, casi dos meses después de gritar durante una vista judicial que “no era justo” que él siguiera en la cárcel cuando “los que llevaron a cabo actos de mayor gravedad ya estaban en su casa”.

A varios presuntos miembros de los Proud Boys y de los Oath Keepers, dos grupos ultraderechistas que se enfrentan a los cargos más graves de conspiración relacionados con planes violentos, se les ha concedido la libertad provisional, aunque algunos líderes destacados de estos grupos siguen detenidos.

Los asaltantes se enfrentan a delitos “menores”

El contraste en los porcentajes de detención preventiva entre los detenidos por el asalto al Capitolio y los detenidos por otros delitos federales comunes pone de manifiesto lo que, según los expertos jurídicos, es una realidad a la hora de castigar los hechos del 6 de enero: la posibilidad de que una parte importante de los asaltantes no cumpla ninguna pena de cárcel incluso si son condenados o se declaran culpables.

Según los expertos, muchos de los imputados por el asalto al Capitolio están siendo puestos en libertad antes de que se celebre el juicio porque se enfrentan a cargos menores, aunque creen que también han podido influir otros factores en el contraste que se aprecia en relación a otros delitos federales, como los prejuicios raciales.

“Me sorprende y no me sorprende. La mayoría de los imputados por el asalto contra el Capitolio son blancos”, dice Erica Zunkel, directora asociada del Centro de Justicia Penal Federal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. “La mayoría de los detenidos preventivamente en el sistema federal son personas de color”.

En un comunicado, la oficina del fiscal del Distrito de Columbia, que está llevando los casos, ha indicado que los presuntos asaltantes del Capitolio se enfrentan a un tipo de cargos muy diferentes a los de la mayoría de los imputados por delitos federales.

“Comparar el porcentaje de imputados por el asalto al Capitolio detenidos con la media del sistema federal es mezclar churros con merinas”, señala un portavoz de la oficina. “La mayoría de las personas imputadas por el sistema federal se enfrentan a cargos por delitos de inmigración o de drogas, y ambos suelen ir acompañados de detención. Los imputados por los actos del 6 de enero se enfrentan a una variedad de cargos de obstrucción, asalto y allanamiento. La comparación no tiene sentido”.

La influencia del tono de piel para el sistema federal de Estados Unidos

Zunkel, un exabogado defensor federal, argumenta que es absolutamente justo preguntarse por qué los fiscales y los jueces toman decisiones de puesta en libertad provisional o permanencia en la cárcel diferentes para los casos de drogas e inmigración que para las personas acusadas de participar en el asalto del 6 de enero, que son blancas en más del 90% de los casos.

Según Zunkel, que se basa en datos de sentencias, más del 96% de las personas imputadas por delitos federales de inmigración son hispanas y más del 70% de los imputados por delitos federales de drogas son hispanos y negros.

“Nuestro sistema tiene un grave problema, algo está francamente mal, si tiene una tasa de detención del 75% en todo el país, y en cambio, un subconjunto con una tasa de liberación de más del 70%”, lamenta.

Zunkel y una colaboradora, Judith P. Miller, ambos ex abogadas defensoras, afirman que el nivel de prudencia y recelo con el que los jueces federales deciden si los acusados del Capitolio son lo suficientemente peligrosos como para seguir encarcelados no es en absoluto la norma.

En su opinión, el problema no es que los jueces se estén equivocando al dejar en libertad a los acusados del Capitolio, sino que no sigan el mismo criterio con la mayoría de las personas que esperan ser juzgadas por un delito federal.

“Para mis clientes negros y latinos, que quieren la libertad provisional, el listón está altísimo”, afirma Miller, profesora de Derecho de la Universidad de Chicago. “Los magistrados han mostrado un tipo de empatía y sensibilidad hacia los detenidos por el asalto al Capitolio que pedían ser puestos en libertad hasta el juicio que me gustaría verla en un contexto más amplio”.

La oficina del fiscal del Distrito de Columbia no ha querido confirmar cuántos acusados del Capitolio cumplen prisión preventiva, señalando que el número “puede fluctuar con frecuencia en función de las decisiones de detención en curso”.

La mayoría de los asaltantes esperan el juicio desde sus casas

Según el Departamento de Justicia, a mediados de mayo, habían sido detenidas por el asalto al Capitolio al menos 440 personas, de las cuales al menos 125 han sido acusadas de agresión o de obstrucción a la justicia.

De los 398 acusados que figuraban en la página web del Departamento de Justicia relativa al asalto al Capitolio hasta el 10 de mayo, al menos 330 figuraban en la página o en los registros de los tribunales federales como liberados. Al menos 56 de esos acusados seguían detenidos.

La cifra y el porcentaje exacto de imputados por el asalto al Capitolio que están en libertad frente a los que están detenidos varía constantemente, ya que mientras se detiene a nuevos presuntos alborotadores otros son puestos en libertad y otros corren el riesgo de volver a ser detenidos por violar las condiciones de su libertad. La cifra y la situación de los casos en la página web de las infracciones en el Capitolio del Departamento de Justicia también va a la cola de los expedientes judiciales.

Sin embargo, la tendencia es evidente: la inmensa mayoría de las personas contra las que se han presentado cargos por haber asaltado el Capitolio esperan el juicio en sus casas.

Según los registros judiciales, algunos de los imputados han sido obligados a cumplir condiciones de libertad más estrictas, con vigilancia por GPS, toque de queda o arresto domiciliario, y limitaciones en su acceso a Internet o a las redes sociales.

Muchos de los acusados se enfrentan a cargos menores, por haber entrado en un edificio de acceso restringido o por haber mostrado una conducta violenta. Un análisis de los documentos judiciales realizado por el Washington Post a mediados de mayo concluía que el 44% de los detenidos sólo se enfrentan a cargos por delitos menores.

Algunos de los jueces federales que se ocupan de los casos del asalto al Capitolio han expresado su preocupación por el hecho de que ciertos acusados puedan haber pasado ya más tiempo en prisión preventiva del que probablemente deban afrontar como castigo por sus delitos.

“En el caso de los acusados de delitos menores, es probable que no cumplan ninguna condena significativa, o incluso que no cumplan ninguna”, ha puntualizado Mary McCord, una experta en extremismo que trabajó casi 20 años como fiscal en la oficina del fiscal de Estados Unidos en Washington. “Es muy posible que si se declarasen culpables, fuesen condenados al tiempo que ya han cumplido o a 30 días”.

Las limitaciones del sistema de justicia penal

Según expertos legales, existe una tensión entre el efecto logrado por la suma de las personas que asaltaron el Capitolio, que impidió momentáneamente la certificación oficial de la elección de Biden como presidente de Estados Unidos, y amenazó la legitimidad de la democracia estadounidense, y aquello que los fiscales federales pueden probar que hicieron cada una de las personas que participaron en el asalto.

“Tenemos un sinfín de leyes que tipifican actos como delitos y es irónico que no se puedan presentar cargos de mayor gravedad”, señala Zunkel.

Daniel Richman, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia y exfiscal federal, señala que para poder presentar cargos más graves contra los participantes, como el relativo a conspiración o conspiración sediciosa, sería necesario demostrar la existencia de un acuerdo previo entre los asaltantes, y esto parece faltar en el caso de muchos de los participantes en la caótica turba que entró en el Capitolio.

Richman destaca que parte de la dinámica actual de los casos del Capitolio consiste en ver cómo las limitaciones normales del sistema penal contrastan con las elevadas expectativas de un público que vivió en directo cómo se iba desencadenando la impactante violencia del 6 de enero.

“Los procesos penales nunca terminan en gloriosos momentos de rendición de cuentas en los que todo el mundo está satisfecho de que se haya hecho lo correcto”, dice.

En el caso de muchos de los acusados por el asalto al Capitolio que se enfrentan a estos cargos menores, los fiscales del Departamento de Justicia ni siquiera intentaron que permanecieran en la cárcel hasta el juicio, y fueron puestos en libertad rápidamente con las condiciones habituales.

Los fiscales federales lucharon durante meses para mantener a otros acusados bajo custodia, y los jueces federales acabaron anulando su decisión, sobre todo después de la crucial sentencia del tribunal de apelación que cuestionaba la detención de Munchel, el presunto “tipo de las esposas de plástico”, y de su madre, que concedieron entrevistas en las que hablaban de su voluntad de ejercer la violencia para promover sus creencias, pero que no estaban acusados de haber cometido ningún acto concreto de violencia o vandalismo mientras deambulaban por el Capitolio.

“Mi opinión es que los jueces que decidieron poner en libertad bajo fianza a algunas de estas personas pensaron que el 6 de enero se daban las condiciones ideales para que estos ciudadanos cometieran un delito, y ahora ya no se dan esas condiciones ideales, por lo que no es probable que vuelvan a hacerlo”, señala Wanda Bertram, estratega de comunicación de la Iniciativa de Política Penitenciaria, una organización sin ánimo de lucro que quiere sensibilizar sobre el impacto negativo del encarcelamiento masivo.

En este sentido subraya que la misma lógica podría aplicarse otros delitos menores, e “invertir en las comunidades” para “crear condiciones diferentes” que hagan improbable que las personas que cometan delitos repitan el mismo comportamiento.

“El trato dispensado a las personas implicadas en el asalto al Capitolio debería evidenciar lo que es posible y lo que es lógico en términos de cómo tratar a partir de ahora a aquellas personas que esperan un juicio”.

Ex fiscales defienden la labor del Departamento de Justicia en los casos del Capitolio, y dicen que la identificación y detención de gran parte de los cientos de personas que asaltaron el edificio es fruto de un gran esfuerzo y demuestra hasta qué punto el Gobierno quería asegurarse de que este ataque no quedaba impune.

“Tenían la determinación, y la siguen teniendo, de encontrar a todas las personas que han participado en este asalto”, dice Laurie Levenson, profesora de la facultad de Derecho de Loyola. “Para el fiscal general, las cifras importan. Realmente importa que se responsabilice a cientos de personas. Ese es el mensaje para la gente: no hay que jugar con el sistema”.

“Creo que quieren que en los expedientes de todos aparezca que fueron responsables de estas acciones”, dice Levenson. “Que estas personas salgan de un juicio con un expediente de delito federal menor significa algo. Tiene un impacto en su empleo, en su vida, en su posición en la comunidad. Incluso si sólo obtienen la libertad condicional, a partir de ahora tendrán que ser más cuidadosos”.

Traducido por Emma Reverter.