A lo largo este escrito tengo la intención de explicar: ¿A cuento de qué hay un grupo de saharauis en Barajas pidiendo protección? ¿Por qué eligen España? Y lo que es más importante, ¿qué obligaciones tiene este país para con el pueblo saharaui?

Entiendo que, para cualquiera con conocimientos en materia de derecho Internacional y colonial, el titular de este artículo igual pueda inducir a confusión, pero no he encontrado otro término para referirme a la protección prevista en el artículo 73.a de la Carta de Naciones Unidas. Y, además, mi intención no es abrumar con términos científicos sino intentar dar una explicación, sucinta, del porqué de una realidad que viene acompañando a este país desde que es democracia y que, por hache o por be, no quiere aceptar. Exacto, el problemón de la no descolonización del Sáhara español y las consecuencias de la política española, desde la Transición, de tirar la pelota hacia adelante y que ahora, según parece, se ha encontrado con la pared.

Así las cosas, el Sáhara Occidental (antes Sáhara Español) fue una provincia española hasta el 19 de noviembre de 1975, momento en que se publica la Ley 40/1975 donde se reconoce que es una colonia y se autoriza al Gobierno para que “lleve a cabo las acciones necesarias para proceder a la descolonización”. Esto suena muy bonito y en aquella España de la transición se vendió como: ea, lo del Sáhara ya está resuelto. Pocas semanas antes de la publicación de esta ley, el Gobierno con el aún príncipe Juan Carlos había entregado el territorio a Marruecos y a Mauritania, lo que obligó al exilio de miles de saharauis hacia el desierto para huir del genocidio que, a día de hoy, aún investiga la Audiencia Nacional. Pero bueno, esto no viene al caso y en el enlace a este otro artículo pueden indagar más.

Voy al grano. Estas últimas semanas ha saltado a la parrilla informativa la presencia de decenas de activistas saharauis en Barajas pidiendo protección a España. La normativa interna española, en desarrollo de la Convención de Ginebra de 1951, se limita a la protección que merecen las personas que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, opiniones políticas, de género, etc., se encuentran fuera del país de su nacionalidad o residencia y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país.

¿Esto es aplicable a los saharauis que están en Barajas? A alguno, sí. A otros, quizás, pero, ¿y la obligación que impone el Artículo 73.a de la Carta de Naciones Unidas a las potencias administradoras?

Claro, esto es meter otra variable en la ecuación, ya que no estamos ante personas ajenas a España. De hecho, sería discutible si no se les debería seguir considerando como españoles. Bueno, esto es tema para otro artículo. El caso es que España sigue siendo la potencia administradora, legalmente hablando, del Sáhara Occidental y, aunque ya no tiene control sobre el territorio invadido por Marruecos en 1975, todavía administra el espacio aéreo y las zonas de rescate marítimas, entre otras. Y, lógicamente, en el Sáhara Occidental el español sigue siendo un idioma vivo. Por lo tanto, ¿qué mejor lugar hay para huir de la persecución marroquí?

Y es que, mal que le pese a sus gobiernos democráticos, España sigue siendo la Potencia Administradora del Sáhara Occidental. No lo digo yo: lo dicen, entre otros, la Audiencia Nacional en el Auto 40/2014 del Pleno de la Sala Segunda que, ¡oh sorpresa! lo firma el actual ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. El mismo que ha ordenado la entrega a Marruecos de 15 saharauis la noche del jueves. También lo dice la Asamblea General de las Naciones Unidas, que desde hace más de medio siglo viene considerando que el Sáhara Occidental es una colonia española (véase por ejemplo la Resolución A/RES/78/81, que aprueba el Informe del Secretario General A/79/63 –año 2023– relativo a la información sobre los Territorio No Autónomos). Y, por último, las sentencias del TJUE publicadas este 4 de octubre que insisten en que el Sáhara Occidental y su pueblo no son Marruecos. 

El artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, que es donde se regulan las obligaciones de las Potencias Administradoras, establece en su apartado a) que estas están obligadas a asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos respectivos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso. Un trato justo que, por experiencia, todos sabemos que Marruecos no les va a brindar, y un abuso que, sin lugar a dudas, van a sufrir en cuanto bajen del avión fletado por el Gobierno de España.

Entonces, si la tan manida Carta de las Naciones Unidas obliga a las Potencias Administradoras, España incluida, a dar un tratamiento justo a sus pueblos coloniales y a su protección contra todo abuso, y si el Sáhara Occidental y su pueblo se encuentran sometidos a una feroz e injusta ocupación militar por parte de Marruecos (Resolución 34/37 y siguiente de la Asamblea General ONU) que viola, de forma sistemática e indiscriminada, los derechos del pueblo saharaui (informes de Amnistía Internacional o HRW  entre otros), ¿no sería legítimo que, aquellas personas originarias de la colonia pudieran pedir amparo a su metrópoli?

Podemos entender, que no compartir, que el Gobierno de España no vaya a intervenir en el Sáhara Occidental para salvar a los saharauis de las barbaridades que contra ellos comete Marruecos, pero, ya que España no va a ir a rescatarlos, ¿qué le impide proteger a quienes, como sea, consiguen llegar al “lugar seguro”?

A falta de una respuesta oficial, me quedo con lo que la intuición me dice: miedo a Marruecos.

Antes de empezar, me gustaría hacer una advertencia, que quizás pueda parecer obvia, pero que no lo es, y así ahorrarte tiempo de lectura. Este relato ni es imparcial ni pretende serlo, pues quien escribe sigue sufriendo las consecuencias de lo acontecido aquel fatídico otoño de 1975.

Hecha la advertencia, y dado que sigues leyendo, creo que es justo que me presente: me llamo Sidi Talebbuia, soy abogado y nací en el campamento de Dajla, muy al sur de Argelia. Presumo de ser saharaui-hispalense por ser Sevilla mi casa.

Quisiera compartir contigo un pequeño pasaje de mi experiencia vital. Estos días habréis visto cómo los telediarios y periódicos han abierto con noticias sobre la crisis diplomática con Marruecos, lo de Ceuta, lo del presidente saharaui, pero pocas de esas noticias han entrado a contextualizar o explicar el porqué de todo este embrollo y qué pinta España en esta historia. Y es que lo del Sáhara, cada cierto tiempo, siempre vuelve.

El Sáhara Occidental fue la provincia española número 53 hasta que en el otoño de 1975 fue invadida por Marruecos y Mauritania. Con esa invasión militar España se marchó, los saharauis guerrearon contra marroquíes y mauritanos, y finalmente Marruecos, enorme muro de 2.700 kilómetros mediante, consiguió quedarse con la mayor parte de esa antigua provincia.

Pero ¿el Sáhara es español, es marroquí o es de los saharauis? ¿Qué dice el Derecho Internacional? Seré breve con la respuesta, lo prometo.

La ONU dice que sigue siendo una colonia española, cuyo pueblo tiene derecho a decidir sobre su independencia y que Marruecos lo ocupa militarmente. Marruecos dice que es suyo y que después de cuarenta años ocupándolo militarmente no se va a marchar.

España dice muchas cosas y todas ellas contradictorias.

Y, ¿los saharauis? Los saharauis seguimos esperando a que nos pregunten sobre qué queremos ser. Yo, desde luego, tengo muy claro que no quiero ser marroquí, y en eso coincido con toda la gente que vive en los campamentos y la mayoría de los que residen en las zonas saharauis ocupadas por ese país.

Volviendo al tema. Decía que España dice muchas cosas y todas ellas contradictorias porque los distintos gobiernos de la democracia se han puesto de perfil y siempre han querido escurrir el bulto hacia la ONU. Los tribunales españoles, en cambio, cumpliendo con su deber constitucional de respetar el Derecho Internacional, siguen considerando a esa provincia como territorio español, y esa es la razón por la que, a pesar de que en España se limitó la justicia universal a muy pocos supuestos, la Audiencia Nacional sí puede juzgar los hechos que ocurren en el Sáhara, por el principio de territorialidad.

Por esta razón los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional tienen abiertas varias causas que se refieren a delitos cometidos en el Sáhara, y no, no me refiero al circo mediático que se ha montado con el Secretario General del Frente Polisario, Brahim Ghali, que como todos habéis podido comprobar en el auto dictado por el juez Pedraz “no existe elementos, si quiera indiciarios, para considerarle autor de los delitos de los que los querellados le acusan”. Muy al contrario, me refiero al auto de procesamiento del juez Ruz contra once altos cargos marroquíes por delitos de genocidio.

Ojo, que un delito de genocidio no es ninguna broma y cuando un juez lo contempla es porque tiene pruebas muy claras de que había una intención de exterminar a un pueblo. Y eso es lo que le pasó a mi pueblo. Sufrió una persecución salvaje por parte de Marruecos cuya única finalidad era someternos o eliminarnos. Por suerte no pudo con todos y por aquí seguimos algunos dando la lata y denunciando a ese régimen por sus salvajes e inhumanos comportamientos.

El trauma de la guerra

Yo nací en el exilio, un exilio provocado por la guerra que siguió a la invasión marroquí, por lo que, realmente, no fui consciente de lo que significaba lo que pasaba a mi alrededor hasta muchos años después. Pero mi madre, mi madre sí lo sufrió en sus carnes, mi madre tuvo que recorrer más 600 kilómetros a pie cargando con dos niñas de uno y tres años. Por suerte, nuestra cultura está vertebrada por los valores de la solidaridad y la hospitalidad, y por el camino encontró a otras mujeres que también huían. Entre todas se ayudaron a seguir.

Llegaron a Um Draiga, una localidad desértica situada al este del Sáhara donde la resistencia saharaui había dispuesto un refugio improvisado para la gente que huía. Resistieron el duro invierno del desierto con noches bajo cero y comiendo lo poquito que el Frente Polisario les podía distribuir. Al poco tiempo, ese campamento de mujeres, niños y ancianos fue bombardeado con napalm y fósforo blanco por parte de la aviación marroquí. La gente murió a centenares y los heridos que aún sobreviven tienen dibujada la piel con el abrasador recuerdo de esa carnicería.

Finalmente les lograron trasladar a Argelia, en improvisados campamentos cerca de Tinduf. Pero tampoco en ese lugar se sentían seguras. Tinduf cuenta con un aeropuerto militar y ese ir y venir de aviones les seguía recordando el bombardeo que sufrieron en Amgala y en Um Draiga. Me cuentan que la gente estaba tan traumatizada que cada vez que veía un avión en el cielo salía corriendo a gritos.

La solución fue establecer un nuevo campamento para esas personas, mucho más alejado de los demás y, sobre todo, apartado del ruido de los aviones. Así nació el campamento de Dajla. Yo nací en ese campamento de personas traumatizadas por las matanzas de Um Draiga y Amgala. Todavía recuerdo los zulos que la gente tenía construidos junto a sus jaimas y que mantuvieron hasta bien entrados los años 90. Realmente, nunca llegaron a ver ningún avión desde aquel trágico día, pero el miedo siempre es poderoso en los corazones de quienes han sufrido los horrores de la guerra.

Ese es uno de los crímenes de guerra que se investigan en la Audiencia Nacional y del que no se ha hablado, ese es el verdadero genocidio practicado contra el pueblo saharaui. De ese crimen las pruebas son tan contundentes que nadie puede refutar su existencia, las evidencias presentadas ante el tribunal eran tan reales que el juez, sin escuchar a los acusados de tan viles actos, acordó el procesamiento de once altos cargos marroquíes. Once altos cargos que, por cierto, Marruecos sigue ocultando y negándose a entregar.