El pasado 4 de julio tuvieron lugar las elecciones generales en Reino Unido. Tras la aplastante victoria del Partido Laborista, con 411 escaños de un total de 650, han reaparecido (¿se fueron alguna vez?) los debates sobre el sistema electoral mayoritario y sus efectos en términos de proporcionalidad. Mientras que los laboristas han obtenido el 63,2% de los escaños con el 33,7% de los votos, el Partido Conservador tiene el 18,6% de los escaños con el 23,7% de los sufragios. Por su parte, el partido Verde obtuvo cuatro escaños con el 6,4% de los votos y el partido de Nigel Farage (Reform UK, el antiguo Partido del Brexit) cinco con el 14,3% de los votos.

Estas cifras han mostrado, una vez más, que la conversón de votos a escaños, en un sistema mayoritario, depende no solo del nivel de apoyo sino, sobre todo, de cómo se distribuye éste en las distintas circunscripciones. El caso más relevante ha sido el del Partido Liberal Demócrata, históricamente el tercer partido en Reino Unido: con un aumento de su porcentaje de votos de 0,6 puntos porcentuales (p.p.) ha pasado de 11 escaños en 2019 a 72. Para los laboristas, un aumento de 1,7 p.p. en el voto se ha traducido en 211 escaños más que en 2019.

Detrás de estos cambios en escaños no acompañados de variaciones de similar magnitud en el porcentaje de votos se encuentran diversas causas. Una de las más obvias ha sido la división del voto en el campo de la derecha: el resultado de Reform UK ha venido acompañado de una bajada de casi 20 puntos de porcentaje de voto para los conservadores; esto, en una elección mayoritaria, es una desventaja evidente. Por otro lado, tanto los laboristas como, especialmente, los Lib Dems, han hecho mucho más eficientes sus votos: en un sistema mayoritario, aumentar aún más tu porcentaje de apoyo en una circunscripción que ya es tuya no te proporciona diputados adicionales, mientras que pequeños aumentos en escaños marginales pueden ser decisivos. En este sentido, los liberal demócratas han centrado su campaña en unas cuantas decenas de circunscripciones en los que se encontraban bien posicionados para, principalmente, arrebatar diputados a los conservadores.

Es aquí donde ha jugado un papel crucial el llamado voto estratégico (voto útil). En un sistema mayoritario, quienes simpatizan con un tercer partido sin posibilidad de obtener escaño pueden decidir apoyar a un partido que, siendo menos favorito, tenga opciones reales de ganar (o, en su caso, hacerlo para evitar que otro, aún menos preferido, gane). La “pinza” entre laboristas y Lib Dems contra el gobierno tory ha sido más o menos evidente: desde aplicaciones o webs “anti-tory” que permitían conocer al partido mejor posicionado para disputarle el escaño a los conservadores, hasta estrategias explícitas de no hacer campaña en circunscripciones poco viables. De hecho, Ed Davey, el líder de los liberal demócratas, definió estas elecciones como “ABC” (anyone but the Conservatives).

En este contexto, surge una pregunta: ¿qué determina que un votante, ante la decisión de a qué partido votar para impedir una victoria del Partido Conservador, opte por apoyar al Partido Laborista o a los liberal demócratas? En aquellas circunscripciones en las que la distancia entre ambos partidos opositores es muy amplia, está claro cuál es el “caballo ganador”. Por eso, comparar los resultados donde los laboristas tenían mucha ventaja sobre los Lib Dems respecto a donde se daba la situación la opuesta es poco informativo y sesgaría nuestras conclusiones. Pero ¿qué sucede en aquellos escaños donde la distancia entre los otros dos partidos fue muy pequeña? ¿Basta con ser “segundo”, aunque sea por unos pocos votos, para ser percibido como “más viable”?

En un contexto distinto, aunque también electoral, Thomas Fujiwara y Carlos Sanz analizaron el efecto de ser “la lista más votada” a la hora de obtener la alcaldía. Los autores estudian si, dados dos partidos con el mismo nivel de apoyo (en términos de escaños), quien tenía (marginalmente) más votos (es decir, la lista más votada) acababa siendo quien formaba gobierno. La estrategia que sigo aquí es similar: comparando el incremento en el porcentaje de voto de los liberal demócratas entre 2019 y 2024 en aquellas circunscripciones en las que laboristas y Lib Dems quedaron casi igualados en 2019, puedo estimar el efecto de “quedar segundo” sobre el aumento de apoyo en 2024.

En realidad, la magnitud del efecto (medida en puntos porcentuales de mayor apoyo al quedar por encima) es lo de menos. Lo que considero relevante (y quiero analizar) es si el efecto existe, ya que indicaría que los votantes tienen en cuenta la posición relativa de los partidos a la hora decidir a quién apoyar. Analizar este tipo de elecciones tiene una ventaja: evita el problema de atribuir el aumento del apoyo a un partido (Laborista o Liberal Demócrata) al hecho de que ya viniera siendo mucho más apoyado que el otro en 2019.

Sin embargo, aplicar este método a las elecciones de 2019 y 2024 tiene un problema adicional. En 2023 hubo una revisión del mapa de circunscripciones, lo que hace que no sean directamente comparables entre sí. De hecho, mientras que algunas de circunscripciones no han experimentado cambios, otras lo han hecho de manera notable, e incluso algunas han desaparecido. Por suerte, se dispone de estimaciones (denominadas “resultados nocionales”) del resultado de 2019 bajo las nuevas circunscripciones (la metodología se puede consultar aquí). Esta información, lejos de ser una curiosidad electoral o demoscópica, es relevante a efectos de conformación del voto, especialmente en campaña, al servir como base para animar al voto estratégico en las distintas circunscripciones.

A partir de los resultados nocionales de 2019 y los resultados de 2024, se estiman modelos de regresión discontinua utilizando como variable dependiente el aumento del porcentaje de voto a los liberal demócratas, utilizando como running variable la diferencia entre el porcentaje de voto de estos con los laboristas en 2019.

La estimación del impacto, para la muestra completa, es de 2,2 puntos porcentuales más de apoyo a los Lib Dems cuando estos están por encima de los laboristas, pero el efecto no es significativo. Posteriormente, se reestima el modelo, pero considerando únicamente aquellas circunscripciones en las que el Partido Conservador fue efectivamente primero en 2019. El efecto sube a 2,9 puntos porcentuales, pero sigue sin ser significativo.

Un hecho relevante a tener en cuenta en estos cálculos es que, como se ha comentado, el mapa de circunscripciones ha cambiado entre 2019 y 2024. Se puede estar eligiendo un escaño en un territorio más grande, más pequeño o, simplemente, distinto a aquel en el que se votó en 2019. Asumiendo que estamos utilizando los resultados (nocionales) de 2019 como “base” para estimar la viabilidad de un partido, se esperaría que esto fuera más sencillo y representativo en el caso de que las fronteras de la circunscripción hubieran cambiado poco que en aquellos casos en los que hubieran cambiado mucho.

Como la base de datos dispone de un “índice de cambio” de la circunscripción (que va de 0 si no ha cambiado a valores superiores 100 si hay “poco parecido con cualquier circunscripción previa”), se divide la muestra entre aquellas circunscripciones con un índice de cambio inferior a la mediana y aquellas con un índice superior. Reestimando los modelos, se obtiene un efecto de 5 puntos porcentuales para circunscripciones con poco cambio (significativo al 10%) y un efecto nulo (no significativo) en aquellas con mucho cambio. Los resultados, si solo se tiene en cuenta aquellas en las que los conservadores fueron primera fuerza, son de 6,6 puntos porcentuales (p < 0.05) para las circunscripciones con poco cambio y un efecto no significativo en aquellas con mucho cambio.

Estos resultados apuntan a que, en situaciones en las que la diferencia entre dos partidos es muy pequeña, el hecho de que uno sea percibido como más viable es relevante a la hora de que los votantes le brinden su apoyo, pero solo si la circunscripción se mantiene razonablemente similar en sus fronteras. Esto, además de ser relevante desde una perspectiva de aprendizaje del funcionamiento del sistema electoral y de atribución de viabilidad en contextos de voto estratégico, puede ser extraordinariamente importante en las elecciones de 2029. Por ejemplo, el número de escaños en los que los Lib Dems han quedado segundos es muy reducido, lo que puede limitar sus posibilidades de apelar al voto útil (anti-tory o anti-laborista, en su caso). Por otra parte, Reform UK ha quedado segundo en varias decenas de circunscripciones en las que los laboristas han sido primeros, lo que puede derivar en una campaña que refuerce su papel como alternativa, frente a los conservadores.

*El modelo se estima con un polinomio de grado uno (lineal) y anchos de banda óptimos arriba y abajo del umbral mediante el paquete rdrobust. La siguiente figura muestra gráficamente el aumento del porcentaje de voto respecto a la running variable, evidenciándose la discontinuidad en el umbral.

En los próximos meses, nuestro país comenzará a acceder, a través del Instrumento Europeo de Recuperación, a un total de 140.000 millones de euros hasta el año 2026. Esto nos plantea el debate sobre qué partidas priorizarán los políticos con el incremento de presupuesto y si podemos esperar diferencias entre partidos. Se trata de una pregunta relevante: conocer cómo se traducirían las preferencias declaradas en programas concretos de gasto o inversiones constituye no solo un interesante ejercicio empírico, sino que puede resultar informativo desde una perspectiva aplicada.

De hecho, hace unos meses, en este blog, Aina Gallego y Alba Huidobro presentaban los resultados de una encuesta realizada a más de 1.000 alcaldes y alcaldesas sobre qué partidas presupuestarias priorizarían, dentro de sus competencias, si contaran con un dinero no esperado. Además, se preguntaban si existirían diferencias sustanciales en las prioridades de gasto entre políticos de diferentes ideologías. En su artículo, señalaban lo siguiente: “[A]unque no podemos saber qué ocurriría si gobernaran partidos diferentes, sí podemos analizar si los políticos de izquierda y de derecha tienen preferencias distintas sobre a qué dedicar un dinero ‘extra’”. Las autoras concluían que las áreas que más se priorizaban en general eran protección social y educación, así como que existían diferentes preferencias entre alcaldes de derecha e izquierda.

Para analizar esta cuestión, sucede que, de manera muy conveniente, disponemos de una experiencia previa (en realidad, dos, muy cercanas en el tiempo) de transferencias cuantiosas y más o menos imprevistas a entidades locales, que permiten comprobar, por un lado, a qué prioridades de gasto se destinaron y, por otro, si existieron diferencias entre políticos de distintas ideologías: se trata del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) y del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL).

El FEIL y el FEESL fueron fondos estatales destinados a inversión municipal (mayoritariamente en obras) que, a efectos de este análisis, reúnen varias características relevantes. Por un lado, fueron aprobados por Real Decreto-ley como respuesta a la crisis financiera (el primero de ellos a los pocos meses de la quiebra de Lehman Brothers), lo que les confiere un carácter de shock imprevisto muy evidente; por otro lado, en su normativa de creación se especifica que las obras objeto de los contratos debían ser de nueva planificación y de ejecución inmediata, lo que refuerza su carácter discrecional. Además, la financiación de cada uno de los proyectos cubría el importe real de ejecución, no suponiendo un coste extraordinario para los ayuntamientos. Finalmente, el criterio de distribución era único y transparente (de manera proporcional a las cifras de población), lo que evitaría potenciales efectos de alineamiento partidista en la asignación de transferencias intergubernamentales. Dadas estas características, la experiencia de estos fondos estatales puede ser complementaria a los datos de encuesta para analizar cómo puede llegar a utilizarse el dinero de los fondos europeos, aportando una perspectiva más propicia, ya que se trata de datos de ejecución real y efectiva, distintos a las respuestas (declaradas) en un contexto hipotético.

Sin embargo, también presentan algunos aspectos que impiden que el análisis sea exactamente paralelo al que realizan las autoras con los datos de su encuesta. El primer fondo, de 8.000 millones de euros, estaba destinado “a financiar la realización de actuaciones urgentes en el ámbito municipal en materia de inversiones especialmente generadoras de empleo”, tales como adecuación, rehabilitación o mejora de entornos o espacios públicos urbanos, equipamientos e infraestructuras de servicios básicos, y construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de edificios y equipamientos. Por tanto, en el marco del análisis que realizaban Gallego y Huidobro, las obras del FEIL se encuentran profundamente sesgadas hacia la categoría de “Infraestructuras y transportes”. El FEESL, en cambio, estaba destinado “a financiar la realización por los Ayuntamientos de inversiones generadoras de empleo y actuaciones de carácter social, de competencia municipal, que contribuyan a la sostenibilidad económica, social y ambiental”, en un ámbito más amplio que abarcaba desde la promoción de la actividad económica, la iniciativa emprendedora y la innovación hasta el ahorro y la eficiencia energética, pasando por la construcción, adecuación, rehabilitación o mejora de centros de servicios sociales, sanitarios, culturales y deportivos. Por tanto, pese a tener el mismo objeto que el FEIL (obras de competencia municipal), su destino en términos amplios de políticas públicas era más diverso. Además, el FEESL contemplaba la posibilidad de financiar actuaciones de interés social: es decir, “gastos corrientes de programas de actuación de naturaleza social en que incurran los Ayuntamientos en el ejercicio de sus competencias” (educación, dependencia y servicios sociales y promoción y reinserción social), hasta el importe máximo del 20 por ciento de la cantidad total, lo que amplía todavía más el ámbito de las categorías.

La base de datos de la que se han extraído los proyectos permite obtener abundante información (nombre, municipio y provincia, importe y tipología, de entre 12 para el FEIL y 16 para el FEESL, agrupadas en este caso en tres grandes líneas: sostenibilidad económica, ambiental y social) sobre los 30.579 proyectos del FEIL y los 25.223 del FEESL. Además, contiene información sobre las 5.200 actuaciones de interés social del FEESL, aunque no las categoriza de manera exhaustiva, por lo que han sido incluidas de manera agregada en una tipología denominada “actuaciones de interés social”.

En definitiva, mientras que, desde un punto de vista comparativo, las categorías son distintas a las seleccionadas por las autoras, el FEESL permite analizar de manera satisfactoria tanto las distintas prioridades de gasto e inversión llevadas a cabo por los alcaldes y alcaldesas tras recibir una cantidad imprevista (y relativamente importante) de dinero como las diferencias en las prioridades entre políticos de diferentes ideologías. Para estudiar ambas cuestiones, se han seleccionado todos los proyectos de aquellos municipios con más de 2.000 habitantes en el año 2008, agrupándolos por categorías y calculado los porcentajes de gasto sobre el volumen total, utilizando la media del conjunto de municipios (y no la proporción del gasto en el total de municipios) para obtener la distribución del gasto por tipo de inversión.

En el gráfico 1 se puede ver dicha distribución: la inversión más elevada fue en construcción, adecuación y mejora de centros de servicios sociales, sanitarios, culturales o deportivos (35%), seguida de la eficiencia en la gestión de recursos hídricos y otras redes de suministro de agua (14%) y de ahorro y eficiencia energética (13%). El gasto en actuaciones de interés social fue, en media, de un 10%, lejos del 20% máximo que permitía la normativa, pero relativamente importante considerando que se incluía como una actuación adicional en el FEESL respecto al FEIL y además estaba limitada en su cuantía. El resto de las categorías tuvieron una importancia mucho menor, aunque destacan las inversiones en construcción, adecuación y mejora centros educativos (6%) y en sostenibilidad urbana, transporte menos contaminante y seguridad vial (4%).

Gráfico 1. Porcentaje de gasto por tipo de inversión (FEESL)

Por otro lado, utilizando los datos de la Base de datos de Alcaldes y Concejales, se ha aproximado la ideología de los alcaldes y alcaldesas identificando a los del Partido Popular como de derechas y a los del PSOE como de izquierdas, para calcular los porcentajes medios de gasto por tipología en municipios con alcaldes de distinta ideología, sin considerar la potencial relación entre la ideología y las prioridades de gasto.

En el gráfico 2 pueden observarse las diferencias, o más bien la ausencia de ellas, salvo en lo relativo a las inversiones en eficiencia en la gestión de recursos hídricos y otras redes de suministro de agua. Similares resultados se obtienen en el caso del FEIL (resultados no mostrados), con pocas diferencias salvo en la inversión en equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos, donde la derecha invierte unos cinco puntos porcentuales más de media.

Gráfico 1. Porcentaje de gasto por tipo de inversión (FEESL), por ideología.

¿A qué puede deberse esta ausencia de diferencias sustanciales en las prioridades de gasto entre políticos de diferentes ideologías? En primer lugar, puede estar condicionada por el contexto normativo específico que regulaba los Fondos, centrado en inversiones en obras. Por otro lado, puede haber influencia del contexto económico: la encuesta se realizó en época de crecimiento, cuando uno puede disponer de más margen para implementar su política favorita, mientras que los Fondos se crearon y ejecutaron en un contexto de crisis económica, lo que quizá convirtió en prioritario el mantenimiento del empleo o la rápida ejecución de las inversiones más allá de las preferencias políticas.

También podría suceder que los tipos de inversión sean demasiado generales, especialmente en el caso del FEIL, donde dos de las tres categorías principales (rehabilitación y mejora de espacios públicos y promoción de la movilidad y seguridad vial, que suman más del 50% de la media de inversión) tienen proyectos con objetos muy solapados y donde la restante (equipamientos y edificios culturales, educativos o deportivos), es muy amplia y abarca tres de las prioridades consideradas por Gallego y Huidobro. Un análisis más en detalle para ahondar en estas diferencias requeriría poder categorizar los proyectos más allá de la tipología estándar, que ha venido siendo utilizada, por ejemplo, por el Gobierno en sus análisis o por el Tribunal de Cuentas.

Finalmente, y en todo caso, podría darse simplemente el caso de que las preferencias declaradas no siempre estén alineadas con las decisiones que se acaban implementando.