El Gobierno andaluz presentó a finales de julio de este año el anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía. Un documento que ha pasado extrañamente desapercibido, a pesar de ser el mejor ejemplo de cómo una ley de vivienda puede pensarse para defender el derecho a especular antes que fomentar el acceso a la vivienda de los grupos más vulnerables, perpetuando los problemas endémicos de la gestión de la vivienda en Andalucía.

Para empezar, se trata de una ley que parte de un análisis erróneo de la realidad. El documento admite que nos encontramos ante un mercado del alquiler disfuncional que no satisface las necesidades de la población. Los precios del alquiler no se corresponden con los salarios, demandando un esfuerzo excesivo a los hogares, y la oferta es escasa en casi cualquier punto del territorio andaluz.

Sin embargo, hierra por completo al aclarar las causas de una manera que solo puede estar motivada por razones ideológicas. El texto, contra toda evidencia, ignora el muy conocido y estudiado efecto de las viviendas turísticas sobre el mercado del alquiler y deposita la responsabilidad del problema de la vivienda en un exceso de regulación y en la amenaza de los okupas, un elemento que se repite de manera obsesiva en el argumentario de la ley.

Supuestamente, los propietarios no alquilarían sus viviendas porque la legislación sobre arrendamientos favorece en exceso a los inquilinos, simplemente porque obliga a una prórroga por cinco años que proporciona algo de estabilidad a los hogares. Sin embargo, esta legislación es de 2022 y el problema de los arrendamientos viene de lejos. Cuando la renovación era solo de tres años o incluso de uno, el problema no era muy distinto. El problema de la Ley de Arrendamientos Urbanos es que no regula los alquileres de temporada y los mal llamados alquileres turísticos. Estos sí que se nutren de viviendas que en otro caso podrían ser parte del mercado de alquiler convencional.

Precisamente, si retiramos la vivienda del mercado y la dejamos deshabitada, es cuando la pueden ocupar. No se puede ocupar una vivienda que está siendo alquilada

Más allá de esto, se cae en el lugar común de achacar el elevado precio de vivienda y alquiler a la falta de construcción. Pero esto, de nuevo, ignora las razones reales, que tienen que ver con el carácter hiperespeculativo del mercado inmobiliario andaluz. Cuanto más se construía en España es en el año 2007-2008 y era cuando la vivienda era más cara. De hecho, en términos relativos todavía no hemos alcanzado los precios que había en aquella época. La única forma de controlar los precios y adecuarlos a los salarios es un mayor control social sobre el mercado de la vivienda, justo lo contrario de lo que se propone la ley.

A estos falsos problemas se sumaría el de los okupas. A decir de la ley no hay más oferta de alquiler por una “preocupación real ante la posible ocupación de su vivienda”. Esto es una contradicción en sentido estricto. Precisamente, si retiramos la vivienda del mercado y la dejamos deshabitada, es cuando la pueden ocupar. No se puede ocupar una vivienda que está siendo alquilada. Lo único sensato que puede ocultar esta expresión es el miedo al impago de alquiler, que a lo largo de la ley se equipara a la ocupación de forma totalmente irresponsable bajo el término de inquiocupación.

Esto lleva al carácter aporofóbico de la ley. Es una ley más preocupada en perseguir los comportamientos incorrectos de los pobres que en ayudarles a conseguir alojamiento

Esto lleva al carácter aporofóbico de la ley. Es una ley más preocupada en perseguir los comportamientos incorrectos de los pobres que en ayudarles a conseguir alojamiento. Una de las principales preocupaciones de la ley es mejorar los dispositivos para desahuciar y castigar a okupas o a personas que no puedan seguir pagando el alquiler. Es decir, va precisamente contra aquellas personas que se ven expulsadas del disfuncional mercado del alquiler y que la ley debería proteger, como recoge el propio Estatuto de Autonomía. La ley plantea excluir a las personas condenadas por ocupación de los registros municipales de vivienda, sancionando dos veces a una persona por los mismos hechos, lo que atenta contra el derecho español. En esta misma línea, la ley propone un endurecimiento del régimen sancionador para los usuarios de vivienda social y asequible, con recargos de las rentas impagadas de hasta el 97%, llegando a un nivel de usura. Es decir, estamos ante algo más parecido a una “ley de pobres” a usanza de hace un siglo, que ante una ley por el derecho a la vivienda.

Para lo que sí sirve la ley es para defender el derecho a especular de los promotores. Mientras se endurece la vigilancia de los usuarios de vivienda pública, se relaja la de los promotores, estableciendo una declaración responsable prácticamente para cualquier cosa. El documento llega a calificar a las Socimis especializadas en vivienda como parte del tercer sector, que debe proveer parte de la vivienda asequible, asegurando los beneficios de los fondos de inversión con el dinero público. Al mismo tiempo que se afirma querer construir un parque público de la vivienda, se hace lo posible por rebajar el número de años que las viviendas están sometidas al régimen de protección pública, recurriendo la ley estatal en este sentido (que fijaba la protección en 30 años). La ley andaluza, por el contrario, abre la puerta a descalificar las viviendas construidas con recursos públicos a los 10 años.

Mientras se endurece la vigilancia de los usuarios de vivienda pública, se relaja la de los promotores, estableciendo una declaración responsable prácticamente para cualquier cosa

Es en definitiva una ley dirigida a defender a los rentistas de la denominada inquiocupación, a financiar a los desarrolladores inmobiliarios con dinero público, a justificar la labor de las empresas dedicadas al alojamiento turístico sobre suelos residenciales y a respaldar la especulación inmobiliaria. La persecución de los ocupas no puede en ningún caso ser una medida con la que se pretenda reducir el precio de los alquileres. Esta persecución y estigmatización legal responde a la protección del derecho a tener una vivienda vacía, especulando con su valor futuro. Ciudades como Sevilla podrían duplicar el parque de alquileres convencionales si se introdujesen en este mercado las viviendas turísticas y las viviendas vacías. Sacar estas viviendas al mercado debería ser el objetivo principal de la ley si realmente tuviese algún interés en corregir el terrible funcionamiento del mercado del alquiler para los inquilinos en Andalucía.

Finalmente, tras dos años de borradores, la Junta de Andalucía ha modificado el decreto que regula las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en Andalucía. El resultado debería satisfacer las expectativas de los inversores en viviendas turísticas, muy significativamente los de grandes inversores, mientras ignora por completo las consecuencias negativas de la concentración de viviendas turísticas y, por lo tanto, a los residentes de este tipo de áreas.

El decreto original se sancionó en 2016, teniendo como objeto los alquileres de corta duración (menos de dos meses), comercializados a través de plataformas digitales considerados como canales de oferta turística (Airbnb y similares). Bien porque el decreto surge en un contexto en el que las consecuencias de este tipo de alquileres no se habían podido evaluar todavía, bien porque simplemente dichas consecuencias no eran del interés de los legisladores, se trata de una norma que opta por la mínima regulación. Esto a pesar de que este tipo de actividad es genéticamente problemática, ya que, tal y como adelantaba el decreto original, se trata de usos comerciales (alojamiento) sobre suelos residenciales, lo conduce al problema de la compatibilidad e incompatibilidad, en la práctica y en el planeamiento, entre distintos usos, en concreto el hostelero y el residencial.

Desde entonces las ciudades patrimoniales y los núcleos costeros andaluces se han llenado de alojamientos de este tipo. Hoy encontramos numerosos barrios residenciales donde entre un tercio y la mitad de las viviendas censadas se consagran al alquiler turístico (muy significativamente los centros urbanos de Sevilla y Málaga). Se han denunciado los efectos perversos sobre el mercado de la vivienda: la sustracción de viviendas al mercado del alquiler convencional, la presión al alza sobre los precios y el vaciamiento residencial de los centros históricos. Hubo dos intentos de regulación por parte de ayuntamientos, Cádiz y Sevilla, que fueron recurridos por invasión de competencias sobre turismo por la Junta (algo que le negó el TSJA). Y un primer borrador en 2022 promovido por Ciudadanos, todavía en el Gobierno andaluz, que quedó dos años enterrado en un cajón. Ante la inactividad de la Junta, Andalucía se ha convertido en la región de Europa con la mayor concentración de viviendas turísticas según Euroestat.

La Junta de Andalucía pasa de intentar proteger el carácter "social" de la actividad, a legitimar que agentes de gran tamaño se aprovechen de esta figura para flexibilizar actividades hosteleras sobre suelos residenciales

El resultado de la espera es un decreto que sigue regulando poco. Aparte de un incremento de los requisitos de cara a la calidad del servicio ofrecido, el documento confirma la autonomía de las comunidades de vecinos para bloquear este tipo de alquileres en sus edificios y de los ayuntamientos para regular los usos del suelo, incluyendo la posibilidad de moratorias, cuestiones ambas sobre las que ya se habían pronunciado los máximos tribunales competentes. Si acaso el decreto se apresura a advertir que existirá un “estricto escrutinio” sobre los ayuntamientos para que estos no obstaculicen la libre competencia en el ejercicio de estos derechos. Si el decreto de 2016 se justificaba en la irrupción de una economía colaborativa, con un presunto contenido social, en el que pequeños propietarios ponían en uso bienes ociosos, la nueva norma asume que se ha convertido en una formula más del sector hostelero y se propone profesionalizar el sector con la figura de las Empresas Explotadoras de VUT.

También son destacables los cambios respecto del borrador de 2022, promovido por Ciudadanos, entonces en el Gobierno andaluz junto al PP. En este se avisaba del impacto sobre el mercado convencional de los alquileres y el desplazamiento de población de las zonas turísticas, restringiendo el número de alquileres turísticos a dos por propietario, para garantizar el carácter social de la actividad. La norma actual deja las manos libres a los grandes inversores para que usen las VUT para capitalizar el valor de sus propiedades.

En los dos años que separan un borrador del documento definitivo, la Junta de Andalucía pasa de intentar proteger el carácter “social” de la actividad, a legitimar que agentes de gran tamaño se aprovechen de esta figura para flexibilizar actividades hosteleras sobre suelos residenciales. ¿Cómo se ha producido este cambio?

El único interés que no aparece por ningún lado es el de los habitantes de los barrios turísticos y de los inquilinos, claramente perjudicados por la (des)regulación actual

El discurso de la economía colaborativa representaba los intereses de los pequeños propietarios. El giro del documento definitivo puede interpretarse como un alineamiento con los intereses de los distintos agentes profesionalizados y grandes inversores que se reparten los beneficios del sector. Al mismo tiempo, la norma no ataca a los propietarios individuales, aunque la regulación sobre usos del suelo local les afectará principalmente a ellos, o así ha sido en las propuestas que se han realizado hasta ahora. Al lavarse las manos de esta manera la Junta aparece como mediador entre los diferentes intereses económicos en torno a las viviendas turísticas. El único interés que no aparece por ningún lado es el de los habitantes de los barrios turísticos y de los inquilinos, claramente perjudicados por la (des)regulación actual. Bajo estas circunstancias, parece lógico pensar que el mercado del alquiler convencional seguirá empeorando su problemático funcionamiento en las ciudades turísticas, y continuará la expulsión de residentes en las zonas de mayor presión. Esto es tanto responsabilidad de la Junta como de la poca capacidad de organización que han conseguido hasta el momento los grupos de afectados.

De esta forma, el actual Gobierno andaluz ni siquiera gobierna para el interés de sus votantes, dentro de los cuales tiene un peso importante los habitantes de los barrios más castigados por la turistificación. La Junta gobierna para los intereses del capital inmobiliario y hostelero. No es otra cosa que el consejo de administración que rige los intereses colectivos de la industria hotelera e inmobiliaria, unidas por su confluencia en las ahora viviendas “de uso turístico”.

La construcción de vivienda protegida en Andalucía desde la crisis de 2008 ha venido reduciéndose hasta casi desaparecer. Entre 2019 y 2022 no se construyó ninguna nueva vivienda protegida según datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Aunque el problema no sea el déficit de construcción de vivienda sino la infrautilización del parque privado, el dato ejemplifica una tendencia de largo aliento en la administración pública: la de no intervenir sobre la cuestión de la vivienda, lo que no contribuye en ningún caso a la desaparición del problema.

En 2022 hubo 6.718 desahucios en Andalucía, de los cuales el 67% fueron desahucios de inquilinos, un incremento del 49% en apenas dos años. Si bien la proporción de hogares en alquiler sigue siendo minoritaria en relación con la propiedad, es un tipo de tenencia que tiende a aumentar a pesar de la inflación de los precios del alquiler.

Más allá de la escasa o nula producción de vivienda protegida en Andalucía, se trata de una política que, desde hace décadas, se preocupa más por proporcionar viviendas para una clase media solvente que para aquellos que realmente la necesitan. Los ingresos máximos para las viviendas de régimen general y para las viviendas protegidas de precio limitado, en el contexto andaluz, se sitúan en esa horquilla de ingresos medios (34.000 y 46.000 euros anuales respectivamente por unidad familiar).

El programa destinado a fomentar un parque público de vivienda en alquiler, indispensable, no llevó a cabo ninguna actuación, tampoco el programa de intermediación

La elección del tipo de viviendas públicas recae sobre los ayuntamientos, que se enfocan a producir para clases medias con capacidad de endeudamiento porque es lo más rentable, ya que estos y las empresas públicas de vivienda evitan ser deficitarios, cuando la realidad de la problemática de la vivienda exige una política deficitaria y de transferencia de recursos. La cara b es la ausencia de recursos para hacer frente a una crisis habitacional.

Tras cuatro décadas privatizando y, en muchos casos, regalando el stock de viviendas públicas, ni la Junta ni las administraciones locales tienen recursos para hacer frente a crisis como la de las hipotecas o las derivadas del funcionamiento del mercado del alquiler. No existe una política de emergencia social con capacidad de reacción ante esas coyunturas porque no hay parque de vivienda pública que merezca tal nombre.

Esta situación no ha hecho más que empeorar en la última década: el plan de vivienda y rehabilitación de Andalucía 2016-2020 fracasó en los programas que podrían haber ayudado a la población más vulnerable: el programa destinado a fomentar un parque público de vivienda en alquiler, indispensable, no llevó a cabo ninguna actuación, tampoco el programa de intermediación, que buscaba mediar entre las entidades de crédito y las víctimas de desahucios, ni los programas de transformación y eliminación de infraviviendas.

El Plan Vive 2020-2030, que no implementa grandes cambios, además parte de un diagnóstico erróneo: presupone un mercado inmobiliario dinámico con bajos tipos de interés y una tendencia a la reducción del problema de los desahucios. Como novedad prevé el incremento de la construcción de viviendas protegidas, lo cual puede ayudar a dinamizar el sector de la construcción.

Son las instituciones públicas las responsables últimas de la ocupación, porque incumplen sistemáticamente el artículo 25 del Estatuto de Autonomía y el artículo 5 de la Ley de Vivienda andaluz

Sin embargo, el plan no actúa sobre el problema principal, originado por un mercado de la vivienda rentista y extremadamente especulativo. En lugar de eso continúa la tendencia de incluir en los planes de viviendas actuaciones dirigidas al espacio público y al patrimonio, que dan un barniz verde a una política de vivienda, además de redirigir fondos de la política sectorial de vivienda al fomento de la industria turística.

Para rizar el rizo, el año pasado, la Junta de Andalucía introdujo modificaciones del plan por decreto incrementando los ingresos máximos por hogar para acceder a las viviendas protegidas en régimen especial (de 2,5 a 3 veces el IPREM). Sin ser un gran incremento, lo demencial es que se justifique en la necesidad de aumentar el número de personas que puedan acceder a una vivienda pública e incluso permitir que se puedan beneficiar personas jóvenes, mientras que el problema real es que la mayor parte de la población con problemas de vivienda no tienen solvencia para acceder a la mayoría de las promociones de vivienda.

El decreto además ha abierto la puerta a la posibilidad de que los futuros beneficiarios de los programas de vivienda no puedan haber sido sancionados por ocupaciones ilegales, pues se pretende excluir algunos de los colectivos que más necesitan este tipo de programas. Con 7.000 desahucios al año, para muchas familias la ocupación ha sido y es la única forma de evitar quedarse en la calle. Por otro lado, en 2022 se ha aumentado un 7% respecto al año precedente las denuncias por usurpación resultas (hubo 688 denuncias), por lo que el alarmismo sobre esta cuestión es demagógico e interesado.

Son las instituciones públicas las responsables últimas de la ocupación, porque incumplen sistemáticamente el artículo 25 del Estatuto de Autonomía y el artículo 5 de la Ley de Vivienda andaluz, que determinan que son las tienen la obligación de garantizar el derecho a la vivienda a las familias que no puedan cubrir esta necesidad en el mercado.

En febrero de este año, el pleno municipal de Sevilla aprobó definitivamente la modificación del PGOU que regula las viviendas turísticas, asimilándolas a otros servicios de alojamiento. El motivo expuesto por el actual alcalde fue evitar “la competencia desleal” y avanzar “en la sostenibilidad del modelo turístico”.

Según el padrón municipal de habitantes, el centro histórico de Sevilla ha perdido más de 4.000 habitantes desde 2012, cuando en la primera década del siglo XXI ganaba población. Esto ha pasado de forma muy similar en otras ciudades andaluzas, como Granada, que pierde más de 6.000 habitantes en el mismo periodo, coincidiendo con el impacto de las viviendas turísticas. Ha coincidido también con protestas de asociaciones contra la saturación turística de las ciudades, que no solo implica a las denominadas viviendas turísticas, sino también a la saturación de bares, lugares de ocio y en general del espacio público.

La modificación del texto refundido del PGOU de Sevilla implica que las viviendas con fines turísticos están sujetas a las condiciones de uso terciario de hospedaje establecidas en el PGOU. Esto supone que la vivienda turística necesita una licencia para uso comercial, que requiere pedir un cambio de uso de residencial a hospedaje y debe cumplir las condiciones que se le exigen a cualquier hospedaje, incluida la compatibilidad con el uso residencial. Resulta clave que este tipo de uso se restrinja a las plantas baja y primera, o en algunas zonas de la ciudad, a la segunda planta si cuenta con acceso independiente.

La nueva regulación no tiene efectos retroactivos, de modo que las nuevas condiciones que se aprueben no afectaran la oferta existente de viviendas turísticas registradas

De partida, la presente regulación, aunque supone una mejora frente a la situación anterior, parte con algunas limitaciones importantes. Para empezar, no tiene efectos retroactivos, de modo que las nuevas condiciones que se aprueben no afectaran la oferta existente de viviendas turísticas registradas. Esto ha sido sin duda clave a la hora de espolear un incremento de la conversión de viviendas residenciales en viviendas turísticas. Según los datos del registro andaluz, entre 2020 y 2022 las viviendas turísticas se han incrementado en todas las capitales de provincia. Esto ocurre en un contexto de crisis sanitaria y de freno a los desplazamientos, en los que la demanda debería haber tirado lógicamente a la baja de la oferta de alojamientos. Ocurre también que ha sido un contexto en el que han proliferado las iniciativas municipales y autonómicas planteando la regulación de este tipo de alojamiento. De hecho, a principios de 2022 apareció un borrador de la modificación del decreto andaluz de 2016 que regula las viviendas turísticas y que iría en consonancia con las propuestas de Cádiz y Sevilla. La cuestión clave aquí es que el mayor incremento de la inscripción de nuevas VFT durante este periodo de crisis se ha producido en las dos ciudades más avanzadas en los textos regulatorios y que de hecho ya los tienen aprobados actualmente. Así, Cádiz ha incrementado en dos años las VFT inscritas en un 21,6% y Sevilla en un nada desdeñable 14,6%.

Además, si comparamos las regulaciones de Cádiz y Sevilla, la de Sevilla es mucho más timorata; más incluso que el borrador del nuevo decreto andaluz (que probablemente nunca llegue a tramitarse ante el cambio de Gobierno). Al contrario que en Cádiz, la modificación del PGOU de Sevilla no establece unos umbrales de saturación de viviendas turísticas por barrios. En varios barrios del centro histórico de Sevilla, las viviendas turísticas ya son más del 30% de la vivienda residencial. Con esta reforma no hay razón para que estos números no sigan escalando.

Finalmente, la reforma no aborda en su integridad el problema de la conversión de edificios residenciales en alojamientos, sino que impone una determinada escala. Dificulta que esto se realice por viviendas sueltas frente a las iniciativas que se dirijan a transformar edificios enteros, favoreciendo principalmente a los agentes de mayor tamaño. Es previsible que la reforma prime los cambios de uso de residencial a comercial de edificios enteros, asemejándose a hoteles y apartahoteles, descentralizados y flexibilizados. Esto favorece a los grandes agentes, fondos de inversión e industria hotelera, que llevan introduciéndose en este mercado desde hace años.

Entre 2019 y 2020 se iniciaron o terminaron 23 nuevos establecimientos hoteleros, principalmente en el centro histórico y Triana

De hecho, la patronal hotelera ha sido el agente más activo en Sevilla a la hora de espolear la reforma, denunciando públicamente las VFT como intrusismo en su sector y participando activamente en las mesas que ha desarrollado el Ayuntamiento. Al mismo tiempo, los hoteles no han parado de copar el centro histórico de Sevilla, transformando viejos edificios, a menudo con carácter patrimonial, en alojamientos turísticos. Entre 2019 y 2020 se iniciaron o terminaron 23 nuevos establecimientos hoteleros, principalmente en el centro histórico y Triana. Una tendencia que ha continuado en los dos últimos años y que no para de transformar antiguos edificios residenciales en usos comerciales.

La solución al problema de la saturación turística pasa por regular las viviendas turísticas dentro de la ley de arrendamientos urbanos. Mientras se puedan sacar tan fácilmente viviendas del alquiler convencional al alquiler turístico, estos mercados serán totalmente interdependientes y deben regularse conjuntamente. Al mismo tiempo, la regulación de la saturación turística no puede centrarse exclusivamente en las viviendas turísticas e ignorar los excesos de la industria hotelera convencional.

N y sus hijas viven desde hace meses bajo la amenaza de un desalojo. Tiene una situación de vulnerabilidad reconocida y de emergencia habitacional. Sin embargo, sigue sin saber si en la próxima vista el juez decidirá finalmente llevar a cabo el desahucio. Solo los sucesivos decretos de emergencia a raíz de la pandemia, que están prontos a expirar, lo impiden. N acude regularmente al punto de encuentro sobre vivienda de la Asociación ProDerechos Humanos de Andalucía. Acompañada por dos personas vuelve a hacer una visita a los servicios sociales, a la oficina municipal por el derecho a la vivienda o a la empresa municipal de vivienda pública. La actitud y la respuesta es siempre la misma: “No hay vivienda pública”.

Esta escena se repite cada semana. Afecta a familias monoparentales y convencionales, igual a locales que a extranjeros. La realidad es que cientos de familias en Andalucía se encuentran en una situación desesperada en relación con su alojamiento. La crisis provocada por la COVID ha afectado de nuevo a los más vulnerables. Al contrario que en otros contextos, como el de la crisis hipotecaria de 2008, afecta principalmente a hogares alojados en régimen de alquiler. La crisis hipotecaria generó dos procesos paralelos. Por un lado, la concentración de las propiedades en bancos y fondos de inversión opacos; y por otro, el incremento del peso de los hogares en régimen de alquiler. A pesar de este peso creciente, los inquilinos no dejan de ser una minoría de los hogares, generalmente jóvenes y/o económicamente más vulnerables. Con la pérdida del empleo llegan los impagos y con los impagos la denuncia y el desahucio.

¿Qué sucede con la vivienda pública? La mayor parte de las grandes ciudades de Andalucía está ocupada por grandes conjuntos con algún tipo de vivienda pública. La gran mayoría fueron construidas entre las décadas de los años 60 y 70

Muchos de los caseros son propietarios convencionales que a veces tampoco tienen una situación económica óptima y dependen del pago de un alquiler para mantenerse a flote. Otras, cada vez más a menudo, son fondos opacos y bancos que aparecen para expulsar a los inquilinos cuando consideran que su propiedad podría obtener más beneficios dedicada a un uso más elevado. El llamado escudo social ha frenado hasta ahora gran parte de los desahucios de personas sin alternativa habitacional, aunque muchas veces dicha alternativa ha sido el pago por los servicios sociales de algunas semanas de alojamiento en una habitación de motel. La incertidumbre sobre qué sucederá, ahora que termina la última prórroga, es grande; más cuando la oficina de vivienda en Sevilla tiene 80 familias en situación de emergencia, prácticamente en la calle, pero afirma no tener viviendas. 

¿Qué sucede con la vivienda pública? La mayor parte de las grandes ciudades de Andalucía está ocupada por grandes conjuntos con algún tipo de vivienda pública. La gran mayoría fueron construidas entre las décadas de los años sesenta y setenta. Aunque es algo que venía de antes, desde la segunda mitad de los años ochenta se aceleró la privatización del parque público de viviendas, malvendidas a sus propios ocupantes. En algunos barrios obreros de Sevilla tuvieron incluso que hacer manifestaciones para mantenerse como inquilinos de vivienda pública (La Corza). Este proceso aumentó mucho el número de hogares propietarios, pero dejó por sin margen de maniobra a los gobiernos ante crisis habitacionales.

La política está diseñada de tal manera que la vivienda pública acaba en manos de gente que no necesita una subvención

Esa es sola una de las razones por las que “no hay vivienda pública”. La otra es porque prácticamente el sector público ha abandonado su intervención en el mercado. Si la máxima actividad pública en vivienda se produjo ya hace cincuenta años, todavía en los años noventa y primera década del siglo XXI se construían de media 9.000 viviendas al año en Andalucía. En ese periodo se construyeron barrios enteros de vivienda subvencionada (Polígono Aeropuerto o gran parte de Bermejales). Sin embargo, desde 2013, en el periodo posterior a la crisis hay una gran caída en la producción de viviendas públicas, de tal forma que apenas se construyen unos pocos centenares al año en toda Andalucía, 13 en 2017 y ninguna en 2019 o 2020 (Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana). Emvisesa ha adjudicado a penas 1.273 viviendas en seis años.

Esto coincide con un nuevo periodo inflacionario del mercado, de tal manera que esta vuelve a ser inasequible para gran parte de la población, especialmente los hogares jóvenes. En el registro de demandantes en Sevilla asciende a cerca de 15.000 personas inscritas, más de la mitad menores de 35 años, dos terceras partes con ingresos anuales declarados muy por debajo del salario mínimo. Lo que nos lleva a una tercera cuestión. Desde los años noventa, cada vez más, la poca vivienda pública que se construye está orientada a las clases medias que pueden obtener una hipoteca relevante en el mercado. En estas condiciones es imposible que los demandantes registrados accedan a la vivienda. Tras el sorteo inicial de las viviendas, los hogares adjudicatarios se ven obligados a desistir, hasta que llegan a un hogar con los ingresos suficientes como para que le concedan una hipoteca, que es uno que generalmente también podría acceder ella en el mercado libre. La política está diseñada de tal manera que la vivienda pública acaba en manos de gente que no necesita una subvención.

Con esto debería quedar bastante claro de qué habla la administración cuando dice que “no hay vivienda”.

La expresión “doctrina del shock” fue popularizada por el libro de Naomi Kleim y alcanzó cierto grado de popularidad para referir los desastres de distinto tipo, como recursos para generar climas políticos propicios a la introducción de reformas de tipo neoliberal. Guerras, tsunamis y crisis económicas se habrían convertido en recursos útiles para imponer los intereses de multinacionales y del capital financiero internacional en cuanto a la supresión de medidas regulatorias y el desmantelamiento de estados interventores y con vocación social por todo el mundo, prácticamente desde la famosa crisis del petróleo de los años setenta.

La pandemia ha sido un aldabonazo para la economía digital y de plataformas, al tiempo que ha dejado obsoletos otros sectores de la economía. La Covid-19 ha servido lo mismo para cerrar parques y quitar bancos, para suprimir puestos de trabajo o para entrar en un nuevo patrón de trabajo y consumo digitalizado. Y también, sin duda, se ha convertido en la gran escusa, el gran escudo para medidas políticas relativamente impopulares o que necesitasen de una fuerte justificación para ser defendidas frente a la ciudadanía. Podríamos hablar incluso de un urbanismo del shock que se ha empezado a entrever durante los dos últimos años, en el que prácticamente cualquier cosa se justifica en el ambiente de conmoción generado por la Covid.

Un ejemplo inmejorable de esto es el Decreto-Ley que intentó aprobar la Junta de Andalucía este verano, para la renovación y modernización de alojamientos turísticos, que parece que finalmente se ha reformulado como Proyecto de Ley a secas. El texto original dejaba claro en su preámbulo la enorme importancia del turismo para la comunidad, lo calificaba de “esencial”. Posteriormente exponía la terrible tara que ha supuesto para la economía la caída de las visitas, pernoctaciones y consumo, como justificación para desarrollar una batería de medidas de dinamización económica del sector. Lo que llama la atención es que, hoy en día, todavía no se relacione lo uno con lo otro, es decir, el enorme peso que viene adquiriendo el sector con el terrible batacazo para la economía que ha implicado la pandemia. No hay ninguna intención de problematizar esta cuestión y en el medio-largo plazo solo existe más turismo y más turistas. Hasta aquí todo correcto.

En términos generales, es necesario y beneficioso agilizar burocracia y tiempos del urbanismo. Pero el aumento de la edificabilidad y ocupación no solo altera los parámetros del planeamiento municipal, sino que los ningunea.

El proyecto de la Junta identifica como gran lastre para sector la antigüedad del parque de alojamientos turísticos y el reducido número de establecimientos de “alta categoría”. Frente a esto se está proponiendo un incremento en la edificabilidad y ocupación en los establecimientos de alojamiento turístico de entre un 15 y un 20%. El objetivo sería la modernización y aumento de categoría de dichos establecimientos. Esto beneficiará también a los inmuebles en situación fuera de ordenación, que por esta situación encuentran dificultades a la hora de ejecutar la reforma y ampliación de sus instalaciones. El cambio además favorecerá la financiación de los ayuntamientos, ya que los hoteles deberían entregar al Ayuntamiento el correspondiente 10% de los nuevos aprovechamientos.

La ausencia de leyes e instrumentos de ordenación del territorio y urbana, o la desobediencia a los mismos, han sido causa histórica de graves pérdidas en el patrimonio cultural y, especialmente, natural en Andalucía. Esta depredación del territorio, que indudablemente se ha producido y se sigue produciendo, se dirige precisamente contra el turismo de mayor variedad y calidad que el proyecto del gobierno andaluz dice perseguir, así como contra los criterios de sostenibilidad y organización inteligente que teóricamente deberían regir la política económica. Esto se encuentra en flagrante contradicción con la propuesta de legalización de los establecimientos fuera de ordenación y su ampliación. En términos generales, es necesario y beneficioso agilizar la burocracia y los tiempos del urbanismo. Pero el aumento de la edificabilidad y ocupación, especialmente en cuanto a los establecimientos fuera de ordenación, no solo altera los parámetros del planeamiento municipal respecto de edificabilidad y ocupación, sino que los ningunea.

El propio hecho de que se pretendiese introducir la norma en un principio como Decreto-Ley debería llevar a la alarma. Este constituye un instrumento de urgencia para intervenir sobre situaciones y problemáticas extraordinarias, como sería la situación provocada por el virus. Que estamos en una coyuntura extraordinaria y problemática es indiscutible. Ahora, que el incremento de la edificabilidad de los hoteles y el blanqueamiento de irregularidades urbanísticas, pasando por encima de la ordenación urbanística municipal, se argumente de esta manera, no puede parecer menos que arbitrario. Sin embargo, el virus ha venido para quedarse y para justificarlo todo. Urbanismo del shock. 

En octubre de 1924 una multitudinaria manifestación abarrotaba la céntrica calle Clavel de La Línea de la Concepción. A la cabeza de la misma una pancarta rezaba “La Línea necesita ferro-carril”. El panfleto que convocaba al acto tenía un tono dramático, no del todo exagerado, llegando a afirmar que de la actuación del pueblo ese día dependería “el porvenir que determine para siempre su prosperidad”. Firmado por La Comisión, el texto advertía de que el trazado ferroviario que se proyectaba entre Málaga y Cádiz dejaba fuera la necesaria conexión con La Línea. Ya a finales del siglo XIX, la Algeciras-Gibraltar Railway Company, que desarrolló el tren Bobadilla-Algeciras, había proyectado un ramal de nueve kilómetros, para conectar esta ciudad fronteriza con la estación de San Roque, que fue paralizado por el Gobierno Español. Esta extensión del ferrocarril se retomaría mucho después, llegando a ejecutarse en la década de 1970, sin embargo, nunca se ha puesto en funcionamiento. Hoy día, el tren conecta el importante puerto de Algeciras con la centralizada red ferroviaria estatal, pasando por San Roque, pero ignorando La Línea.

Es difícil pensar que este aislamiento histórico sea casual, siendo la única ciudad andaluza de más de 50.000 habitantes que no tiene conexión ferroviaria. Esta ciudad media, que nace a la sombra de Gibraltar, siempre ha sido un espacio incómodo y sospechoso para las autoridades. Desde aquí se ha suministrado mano de obra barata y recursos para la roca a lo largo de siglo y medio. Tratándose casi de una triple frontera, mulas, coches y barcas han desafiado históricamente las aduanas y las regulaciones estatales. No es extraño que las medidas que han buscado incomodar la colonia inglesa hayan acabado castigando invariablemente a la población linense. La política de infraestructuras, que ha tendido a recluir este continuo urbano como un gueto indeseable, es un buen ejemplo de esto. 

Habría que plantearse que, si La Línea quiere independizarse, es porque que desde hace más de un siglo han hecho de todo por independizarla.

El ferrocarril en los años veinte todavía era un símbolo indiscutible del desarrollo, posición que en gran parte ha perdido. Sin embargo, abstrayéndonos de los cambios tecnológicos de casi un siglo, el texto no carece de actualidad. Vuelve a afirmar La Comisión de 1924 que “La Línea se halla mil veces peor que muchos pueblos africanos, pues no nos liga al mundo sino una carretera, y hay miles de habitantes de esta ciudad que ignoran lo que es un ferrocarril”. Si en la actualidad, caminando por algunos de los nuevos desarrollos de Gibraltar, podríamos pensar que paseamos por el puerto de Chelsea, la estación de autobuses de La Línea no ofrece una experiencia muy lejana a la de las ciudades vecinas del sur del Mediterráneo. No creo que La Línea deba parecerse más a Londres que a cualquier otra ciudad. La Línea solo puede parecerse a sí misma, tan excepcional es este enclave fronterizo. Sin embargo, lo anterior puede dar una idea de la sensación de agravio que sienten sus habitantes.

No apoyaría que La Línea se independizara de Andalucía. Esto, más que por una cuestión sentimental, que la hay, porque el estatuto de ciudad autónoma se dirige a fomentar un modelo económico que no comparto. Se busca obtener beneficios fiscales que atraigan empresas financieras, inmobiliarias y similares, que permitiesen un crecimiento económico rentista y especulativo. En definitiva, dejar de ser la sombra de Gibraltar para convertirse en algo así como un reflejo del vecino. Sin embargo, es complicado criticar frontalmente este planteamiento conociendo las pocas opciones que se le han dejado a la ciudad. Habría que plantearse que, si La Línea quiere independizarse, es porque que desde hace más de un siglo han hecho de todo por independizarla.