Las repercusiones de las elecciones celebradas hace una semana en Alemania se dejarán sentir durante bastante tiempo, con unas conversaciones de coalición que pueden durar meses. Pero uno de los acontecimientos más significativos del fin de semana pasado fue el referéndum local en Berlín en el que los ciudadanos respaldaron con fuerza una iniciativa para expropiar viviendas de grandes empresas propietarias.

Más de un millón de berlineses votaron a favor de la campaña Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía, que apunta a empresas que posean 3.000 apartamentos o más (Deutsche Wohnen es uno de los mayores fondos de inversión de la ciudad). En total son 240.000 propiedades, el 11% de todos los apartamentos en Berlín, los que entrarían en los términos de esta iniciativa, que fue apoyada por una mayoría del 56,4% en el referéndum.

Sin embargo, el voto no es legalmente vinculante, por lo que ahora le corresponde al Gobierno de la ciudad, que también fue elegido el 26 de septiembre, decidir cómo avanzar. Y aunque la lucha por la vivienda no es nada nuevo en Berlín, esta campaña exitosa marca un momento potencialmente transformador, que podría tener un gran impacto en las luchas por la vivienda en otras ciudades, y servir de modelo e inspiración para activistas en Europa y otros lugares del mundo.

La campaña de resocialización (Vergesellschaftung) fue lanzada en 2018, en respuesta a la veloz financiarización [creciente peso del sector financiero] de las viviendas en una ciudad donde se invirtieron 42.000 millones de euros en proyectos inmobiliarios entre 2007 y 2020, más que en Londres y París juntas.

Los pequeños propietarios y las viviendas sociales de propiedad estatal han sido agresivamente atacados por grandes actores institucionales para los cuales las viviendas se han convertido en un medio para gestionar fondos de capital globales.

Para los inquilinos comunes de Berlín –donde al menos el 80% de la población alquila–, la transformación del mercado inmobiliario vino acompañada de una subida vertiginosa de los alquileres, desplazamiento generalizado y desmantelamiento de comunidades locales y vínculos sociales. Muchos barrios se gentrificaron rápidamente mientras los residentes de bajos ingresos tenían dificultades para conseguir viviendas decentes y asequibles.

Usar la ley

La verdadera habilidad de la campaña para el referéndum sobre la expropiación fue su uso de la ley fundamental alemana para presentar sus argumentos, como establece la Constitución de 1949, que sostiene que “la propiedad conlleva obligaciones” y “su uso también debe servir al bien público”.

La Constitución permite la socialización de bienes privados “mediante una ley que determine la naturaleza y el alcance de la compensación”. Muchos juristas también coincidieron en que recuperar la vivienda en propiedad social estaba permitido por la Constitución.

La campaña no solo logró, en un primer momento, recolectar la cantidad de firmas necesarias para convocar el referéndum, sino que presentó más de 350.000, lidiando todo el tiempo con los desafíos de la pandemia.

Esto demostró el gran esfuerzo de base sostenido por los equipos de barrios repartidos por todos los distritos de la ciudad. También se establecieron grupos de trabajo que se centraban en problemas legales y financieros clave y, en las últimas semanas, en la propia votación.

Después de su triunfo, la campaña se ha apresurado a pedir al próximo Senado de Berlín que reconozca el resultado y redacte una nueva ley para que la vivienda vuelva a ser de propiedad social.

Aún no está clara la coalición que formará el nuevo gobierno de Berlín, así como el gobierno federal, pero los políticos locales –exceptuando al partido de izquierdas Die Linke– han expresado poco interés por la resocialización de las viviendas. La futura alcaldesa de la ciudad, Franziska Giffey, del Partido Socialdemócrata (SPD), ya descartó la idea, pero le resultará difícil obviar la dimensión de la victoria en el referéndum y ha asegurado que respetará el resultado. La campaña ya ha esbozado una proposición de ley en un intento de ejercer presión sobre el Senado berlinés.

Los esfuerzos para llevar a cabo el proceso de socialización se enfrentarán sin dudas a desafíos legales, por no mencionar el problema de la compensación a las empresas propietarias. Los activistas insisten en que su modelo equilibrará el cumplimiento de una indemnización justa con una expropiación “neutra desde el punto de vista presupuestario”.

A algunos analistas les preocupa que la ciudad se vea obligada a comprar propiedades a los precios actuales de mercado y que, en realidad, sea más rentable un programa de construcción de viviendas sociales.

Sin importar cuál sea el caso, los activistas son muy conscientes de que lo conseguido hasta ahora debe ser parte de un proyecto más amplio para reactivar la construcción de viviendas “de orientación social”, incluyendo el apoyo a un espectro de políticas inmobiliarias sin fines de lucro.

Traspasa fronteras

El referéndum también constituye un momento crucial que trasciende a Berlín. Resalta el papel que los inquilinos de a pie –y las organizaciones de base– pueden tener en el desarrollo de políticas para viviendas asequibles mientras brindan apoyo a comunidades cada vez más expuestas al riesgo de desplazamiento. Podría ser un catalizador para los movimientos municipales por la vivienda en toda Europa.

Los resultados del domingo pasado son un recordatorio potente de la carencia de alternativas significativas para el acceso a la vivienda en otras partes de Europa, como en Reino Unido, a pesar de los esfuerzos incansables (y con frecuencia despreciados) de organizaciones de base en todo el país. Berlín ha demostrado que la organización comunitaria y un grupo comprometido de ciudadanos pueden diseñar y llevar a cabo una campaña da largo plazo en torno a la vivienda en una escala actualmente impensable en Reino Unido.

Como nos recuerdan David Madden y Peter Marcuse, la crisis contemporánea de la vivienda –ya sea en Berlín o en Reino Unido – no puede resolverse con pequeños parches políticos. Lo que se necesita son soluciones creativas a gran escala que aborden la inseguridad de la vivienda y empoderen a los residentes para combatir su creciente marginalización y vulnerabilidad. Aunque a algunos les incomode la naturaleza (y quizás la radicalidad) de la campaña de socialización en Berlín, también nos ha demostrado el poder del activismo de los inquilinos y de la organización comunitaria.

Tal y como exclamaron con orgullo los activistas de Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía: “Esta es nuestra ciudad, este es nuestro hogar”.

*Alexander Vasudevan es profesor asociado de Geografía humana en la Universidad de Oxford.

Traducción de Ignacio Rial-Schies